Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-40-000-2016-00095-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-40-000-2016-00095-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-40-000-2016-00095-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 18001-23-40-000-2016-00095-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
TESIS: LOS DEPARTAMENTOS TIENEN EXPRESAS FUNCIONES LEGALES
DE CONCURRIR CON APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RELLENOS SANITARIOS
CON EL OBJETO DE SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL GOCE DE
UN MEDIO AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO, A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, AL ACCESO A
LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y
OPORTUNA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ1 contra la sentencia de 30 de
marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá2.
1
En adelante el DEPARTAMENTO.
2
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 18001-23-40-000-2016-00095-01
Actora: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
La PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA
EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, en ejercicio de la acción
popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19983, presentó
demanda contra el MUNICIPIO DE SOLANO4, la CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA
AMAZONÍA5 y AGUAS DE CHIRIBIQUETE S.A.S. E.S.P.6,
tendiente a que se protegieran los derechos colectivos al goce de un
medio ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, a la
seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos y
a que su prestación sea eficiente y oportuna, y los derechos de
consumidores y usuarios.
3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4
En adelante el MUNICIPIO
5
En adelante CORPOAMAZONÍA.
6
En adelante AGUAS DE CHIRIBIQUETE.
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DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
I.2.- Hechos
Expuso que en el MUNICIPIO opera un botadero de basura a cielo
abierto, en el que AGUAS DE CHIRIBIQUETE realiza la disposición
de la basura generada por la población, el cual no cuenta con
cerramiento frontal ni celdas para la disposición de residuos sólidos
y, además, hay presencia de semovientes y aves de rapiña, lixiviados
a la intemperie, fosa de huesos sin cubrir, agua estancada,
escombros en concreto7 e impacta severamente el recurso hídrico,
razón por la que su operación genera un impacto ambiental negativo.
Aseguró que puso en conocimiento formalmente de dicha situación a
CORPOAMAZONÍA, que inició el proceso administrativo núm. OJ
059 – 2015, en el que: i) suspendió las actividades de disposición
final de residuos sólidos y dispuso que solo podrían desarrollarse
actividades de restauración ambiental; y ii) requirió a AGUAS DE
CHIRIBIQUETE para que realizara de forma inmediata la
disposición final de los residuos sólidos en un relleno sanitario con
licencia ambiental aprobada, para lo cual debía presentar, en un
7
Según la parte actora, así lo precisó la Contraloría Departamental del Caquetá en el informe de
auditoría llevada a cabo al contrato de obra núm. 030 de 2014, cuyo objeto es “la adecuación y
conformación con maquinaria tipo cargador de la disposición final de los residuos sólidos en las celdas
del relleno sanitario provenientes de la recolección de basuras de la zona urbana del municipio de
Solano”.
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término de 30 días, el plan de cierre, clausura y restauración
ambiental y paisajística del botadero a cielo abierto.
I.3.- Pretensiones
La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos
colectivos invocados, lo siguiente:
«[…] 1. Que el municipio de Solano Caquetá, la Corporación Autónoma
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía y Aguas de
Chiribiquete S.A. E.S.P., se encuentran incursos en omisión administrativa
al permitir el funcionamiento del centro de disposición final de los residuos
sólidos en condiciones no permitidas por la ley.
2. Que se ordene de manera inmediata al municipio de Solano apropiar
recursos económicos suficientes con el objeto de garantizar una adecuada
disposición final de los residuos sólidos generados por la población de
Solano Caquetá.
3. Que se ordene al municipio de Solano fortalecer a grupos de recicladores
y educación ambiental en separación de residuos sólidos del citado
municipio.
4. – Que la empresa se servicios públicos Aguas de Chiribiquete S.A. E.S.P.,
adelante las gestiones y expida los actos administrativos y contractuales
cuyo objeto consista en la construcción de relleno sanitario y adecuada
disposición final de los residuos sólidos, para lo cual deberá apropiar los
recursos necesarios.
5. Que la Alcaldía de Solano realice las gestiones necesarias para que se
aísle de los escombros y basura al resguardo ISMUINA del pueblo
Koreguaje, donde se encuentra la construcción de dos malocas, a menos
de 300 mt del casco urbano.
6.Compulsar copias de la providencia respectiva a la Procuraduría General
de la Nación para que declare la omisión y/o negligencia en que pudo
incurrir el Alcalde municipal de Solano, el director de CORPOAMAZONIA y
el gerente de Aguas del Chiribiquete, con el fin de que adelante la
investigación disciplinaria respectiva […]».
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I.4.- Defensa
I.4.1.- CORPOAMAZONÍA expuso que cumplió a cabalidad las
obligaciones previstas en los artículos 31 y 35 de la Ley 99 de
1993, actuando de forma diligente en el marco de sus
funciones, por tanto, no le era atribuible responsabilidad
alguna por la vulneración alegada y lo procedente era negar
las súplicas de la demanda.
Se refirió a las actuaciones administrativas efectuadas por los hechos
aquí ventilados, tales como: i) el inicio de 2 procesos sancionatorios
ambientales que culminaron con la imposición de multas; ii) emisión
de un informe técnico de 30 de septiembre de 2011 y de un concepto
técnico de 23 de abril de 2014; iii) y la expedición de un acta de
visita, control y seguimiento de metas de aprovechamiento y
permisos ambientales del PGIRS.
Propuso las excepciones que denominó “inexistencia de causa”,
“inexistencia de vulneración de los derechos colectivos invocados” y
“ausencia probatoria de causalidad en los motivos alegados versus
los daños”.
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DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
I.4.2.- El DEPARTAMENTO8 expuso que la parte actora no
probó la amenaza o vulneración de los derechos colectivos y,
en todo caso, carecía de competencias de fiscalización,
seguimiento y control del basurero del MUNICIPIO, así como
a las licencias ambientales, permisos y trámites ambientales.
Adujo que, en caso de ser necesario, compete al MUNICIPIO hacer
la solicitud al PDA para “que reajuste el plan de acción para
modificarlo y hacer acompañamiento para verificar el lugar para el
relleno sanitario” pero que, a la fecha, ello no ha ocurrido.
Afirmó que las entidades competentes para adelantar las acciones
tendientes a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
así como imponer sanciones legales, son el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a través de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales y CORPOAMAZONIA.
Argumentó que no existe un vínculo causal material ni jurídico entre
la transgresión alegada y su actividad funcional, porque no incurrió
8
Vinculado mediante auto de 4 de agosto de 2017, visible a folio 124 del archivo
“ED_07CUADERNOPPAL2.pdf) NroActua2”, índice SAMAI 00002
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en un actuar irregular u omisivo en el cumplimiento de sus deberes,
puesto que no tenía conocimiento de la presunta amenaza de los
derechos colectivos, de manera que se tornaba imposible supervisar
la actividad del relleno con ocasión de la recolección de basuras de
la zona urbana del municipio de Solano.
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, “ausencia de responsabilidad frente a la supuesta vulneración
de derechos colectivos” y “la genérica o innominada del artículo 306
del C.P.C.”.
I.4.3.- El MUNICIPIO y AGUAS DE CHIRIBIQUETE no
emitieron pronunciamiento alguno sobre la demanda.
I.5.- Audiencia de Pacto de Cumplimiento
La audiencia tuvo lugar el 6 de marzo de 2018, declarándose fallida
por falta de pronunciamiento de la parte actora frente a la propuesta
presentada por el MUNICIPIO el 26 de octubre de 2017.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 30 de marzo de 2023, declaró la
vulneración de los derechos e intereses colectivos a un ambiente
sano, a la salubridad pública y al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, al encontrar acreditado
que el MUNICIPIO no cuenta con un relleno sanitario que cumpla
las exigencias técnicas y sanitarias.
Destacó que las tres celdas habilitadas por AGUAS DE
CHIRIBIQUETE en el predio destinado para la disposición final de
los residuos, además de no ser aptas, resultaban insuficientes,
máxime, si la actividad no se hacía en debida forma comoquiera que
los sólidos se descargaban sin ningún control de peso o clasificación.
Anotó que si bien el Concejo Municipal autorizó al alcalde para la
compra de un terreno para la disposición final de los residuos sólidos,
el MUNICIPIO y AGUAS DE CHIRIBIQUETE no acreditaron las
actuaciones desplegadas luego de obtener tal autorización, al punto
de no existir certeza de si el negocio jurídico se concretó.
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Indicó que tampoco se probaron las gestiones de AGUAS DE
CHIRIBIQUETE y el MUNICIPIO en virtud del convenio
interadministrativo núm. 004 de 2020 suscrito para la
implementación de actividades establecidas en el PGIRS, y si el
mismo continuaba o no vigente.
Adujo que resultaba claro el incumplimiento por parte del
MUNICIPIO y de AGUAS DE CHIRIBIQUETE del deber contenido
en el artículo 130 del Decreto 1713 de 2002, consistente en ejecutar,
a partir de la fecha de su promulgación (6 de agosto de 2002), todas
las acciones necesarias para clausurar y restaurar ambientalmente o
adecuar técnicamente el botadero de basura a cielo abierto utilizado
como sitio de disposición final de las basuras, en tanto que para el
año 2020 continuaba realizándose.
Argumentó que, aunque no compete al DEPARTAMENTO construir
directamente los rellenos sanitarios, sí tiene como función asesorar
y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera, en el marco
la Ley 715 de 2001, artículo 27, numeral 74.5; de la Ley 99 de 1993,
artículo 64 y de la Ley 142 de 1994, artículo 7º.
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Sostuvo que, en el Plan Departamental de Agua, fueron incluidas
consideraciones para prestar el servicio de disposición final mediante
la utilización de tecnologías del relleno sanitario del MUNICIPIO, en
el que se relacionaron las posibles áreas de ubicación de la
infraestructura requerida e indicando que había sido presentado un
proyecto que debía ser priorizado en el marco de dicho plan, aspectos
que refuerzan el deber que le asiste al DEPARTAMENTO de hacer
cesar la afectación demostrada.
Consideró que también le correspondía a CORPOAMAZONIA tomar
los respectivos correctivos ante el incumplimiento de normas, dado
que sus funciones no se limitan a adelantar procesos sancionatorios,
sino que también se extienden a la prevención de posibles daños
contingentes o riesgos como los advertidos en este caso.
En virtud de lo anterior, impartió las siguientes órdenes:
«[…] TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE SOLANO y al
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, dentro del ámbito de sus
competencias, de manera coordinada, lo siguiente:
3.1. En el término improrrogable de un (01) año, contado a partir de
la ejecutoria de esta providencia, adelantar las acciones técnicas,
ambientales, administrativas, presupuestales y contractuales,
requeridas para garantizar la prestación eficiente de los servicios de
saneamiento básico en ese municipio, con criterios de calidad,
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continuidad y eficiencia, a través de la construcción y puesta en
funcionamiento de un relleno sanitario, con arreglo al Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
En dicho término, se deberá: (i) gestionar la financiación para la
ejecución del proyecto; (ii) celebrar los contratos pertinentes, y (iii)
poner en funcionamiento las obras.
Si por alguna razón sobreviniente, debidamente justificada, no se
pudiese cumplir con la orden judicial dentro del término
anteriormente indicado, deberá informarse tal situación al Tribunal de
primera instancia, para que, en el marco del comité de verificación
conformado, determine la necesidad de ampliar dicho plazo hasta por
un (1) año más.
CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE SOLANO y EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS – AGUAS DEL CHIRIBIQUETE S.A.S. E.S.P.,
dentro del ámbito de sus competencias, de manera coordinada, lo
siguiente:
4.1. En caso de que no se haya hecho, culminen el cierre, clausura y
saneamiento ambiental del relleno ubicado en el predio El Armadillo,
utilizado como botadero de basura a cielo abierto, para lo cual se
concede un término de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia.
4.2. Agilicen y prioricen los trámites administrativos a que haya lugar
para obtener, en un término no superior a seis (6) meses después de
establecer el predio donde se construirá el relleno sanitario, el plan
de manejo ambiental y las licencias necesarias para el manejo de los
residuos.
4.3. Si aún no lo ha hecho, elaboren e inicien la ejecución del Plan
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
4.4. Inicien las gestiones presupuestales para la contratación de las
obras requeridas para la construcción de un relleno sanitario, con
arreglo al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
4.5. Procedan a iniciar la ejecución de las obras del relleno sanitario,
dentro del término de un (01) año contado a partir de la ejecutoria
de esta providencia.
4.6. Con el acompañamiento y asesoría del Departamento del
Caquetá y de Corpoamazonía, realicen campañas de cultura
ambiental a los habitantes del municipio. Se hará una (1) cada seis
(6) meses.
4.7. Deberán adelantar todas las acciones administrativas,
ambientales y técnicas requeridas con el propósito de reducir el
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impacto que genera la acumulación de basuras a cielo abierto. De
esto se presentará un informe cada seis (6) meses.
QUINTO: ORDENAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS –
AGUAS DEL CHIRIBIQUETE S.A.S. E.S.P, dentro del ámbito de sus
competencias, lo siguiente:
5.1. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente
providencia, implementar y poner en ejecución un programa efectivo
de control de vectores, roedores y aves de carroña, de generación de
olores ofensivos y otras molestias que propicien la transmisión de
enfermedades a los seres humanos o animales.
5.2. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente
providencia, implementar el adecuado manejo para la disposición final
de los residuos sólidos. Cada dos (2) meses deberá rendir un informe
sobre el cumplimiento de esta orden.
5.3. Implementar y poner en ejecución un sistema idóneo de depósito
de residuos sólidos, de tal manera que no se siga afectando el medio
ambiente con los botaderos a cielo abierto. Igualmente, cada dos (2)
deberá rendir un informe sobre el cumplimiento de esta orden.
SEXTO: ORDENAR a la CORPOAMAZONIA, dentro del ámbito de
sus competencias, lo siguiente:
6.1. Apoye al Municipio de Solano en el proceso de otorgamiento del
plan de manejo ambiental y licencias que se requieran para la
culminación del cierre del botadero de basura en el predio El Armadillo
y la construcción del nuevo relleno sanitario.
6.2. Participe activamente y ejerza control y seguimiento en cada una
de las actividades ordenadas a la Empresa de Servicios Públicos –
Aguas del Chiribiquete S.A.S. E.S.P y al Municipio de Solano en esta
providencia.
6.3. Tomar los correctivos respectivos iniciando las acciones
pertinentes ante el incumplimiento de normas, teniendo en cuenta
que su misión no se limita a adelantar un proceso sancionatorio, sino
a la prevención ante posibles daños contingentes o riesgos como se
evidenciaron en el presente caso.
6.4. Realizar las acciones pertinentes para que se materialice y haga
efectivo el cierre, clausura y saneamiento ambiental del relleno
ubicado en el predio El Armadillo, dentro del mismo término
concedido en el numeral cuarto.
SÉPTIMO. CONFORMAR un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia, el cual estará integrado por el
Despacho Cuarto de este Tribunal, la parte demandante, el
Departamento del Caquetá, el Municipio de Solano, un representante
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de Aguas del Chiribiquete, Corpoamazonía el Defensor del Pueblo del
Caquetá y la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria […]».
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El DEPARTAMENTO manifestó que, en la organización del Estado,
el municipio es descentralizado y autónomo, ejerce sus funciones a
nombre propio y asume su propia responsabilidad, sin que haya
mérito para trasladarla a otro ente territorial.
Sostuvo que, en relación con los servicios públicos, ejerce funciones
de apoyo y coordinación a la luz de lo previsto en los artículos 298
de la Constitución Política y el 76 de la Ley 715 de 2001, y bajo este
contexto no puede endilgársele omisión alguna.
Anotó que sus recursos y los del MUNICIPIO son limitados y, por
tanto, imponerle sufragar una obra de tal magnitud resulta excesivo,
comoquiera que no es la única que se requiere a nivel departamental,
amén de que, en la actualidad, no existe certeza sobre su valor real.
Afirmó que la presente acción “adolece de vicio” por: i) indebida
legitimación por pasiva, ii) inexistencia de vulneración de los
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derechos colectivos incoados e iii) inexistencia de causa, conforme
con lo sustentado en el escrito de contestación de la demanda en
cuanto a la imposibilidad atribuírsele una omisión en el cumplimiento
de sus funciones.
En consecuencia, solicitó que se revoquen los numerales primero y
tercero de la parte resolutiva del fallo impugnado y, en su lugar, se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y sea excluido
de las órdenes a cumplir de forma conjunta con el MUNICIPIO.
IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Delegado ante esta Corporación solicitó confirmar la
sentencia impugnada porque, a su juicio, las entidades accionadas
deben actuar armónicamente, dentro del ámbito de sus
competencias, para adelantar las acciones estratégicas y prioritarias
ordenadas en el fallo, con el fin de proteger los derechos vulnerados
y prevenir nuevos eventos que conduzcan a su vulneración.
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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA9
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199810, tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de los derechos colectivos deprecados.
Problemas jurídicos
De acuerdo con los reparos formulados por el apelante contra el fallo
de primera instancia, a la Sala le corresponde determinar lo
siguiente:
9 Mediante auto de 11 de julio de 2024, visible en el índice 36 del expediente digital, la Sala aceptó el
impedimento del consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes y, en consecuencia, lo separó del
conocimiento del proceso de la referencia.
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“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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i) ¿El DEPARTAMENTO está legitimado en la causa por pasiva?
ii) ¿Está acreditada la vulneración de los derechos colectivos
invocados en la demanda por parte del DEPARTAMENTO?
iii) ¿La orden impartida al DEPARTAMENTO es ajena a sus
competencias?
iv) ¿La limitación presupuestal es una razón válida para flexibilizar
las órdenes impartidas con miras a la protección de los derechos
colectivos?
De la falta de legitimación en la causa por pasiva
Sobre el particular la Sala destaca que, en materia de acciones
populares, el estudio y análisis de esta excepción supone establecer
la relación jurídica material existente entre los extremos de la litis y,
a partir de esta, determinar quién tiene injerencia real en la causa o
fuente del hecho constitutivo de la trasgresión de los derechos
colectivos.
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En consecuencia, están legitimados por activa y pasiva, según la ley
(artículos 13 y 14 de la ley 472 de 1998) las personas naturales o
jurídicas que se vean perjudicados por la violación o amenaza a los
derechos e intereses colectivos y aquellas que, con su accionar u
omisión, sean las que producen dicha violación o amenaza.
Lo anterior, da cuenta de que dicha excepción constituye a su vez un
presupuesto procesal que, de no acreditarse, conlleva a la
imposibilidad del juez de emitir un pronunciamiento de fondo
respecto del sujeto procesal en quien recae la falta de legitimación
para concurrir al litigio, siendo procedente disponer su desvinculación
del proceso.
Precisado lo anterior, y una vez revisados en su integridad los
supuestos fácticos de la demanda, sus pretensiones y lo relatado en
las respectivas contestaciones, la Sala advierte que mediante
Resolución núm. SSPD – 20154010040815 de 29 de septiembre de
2015, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
descertificó al MUNICIPIO para la administración de recursos del
Sistema General de Participaciones destinados al agua potable y
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saneamiento básico, correspondiente a la vigencia 201411, decisión
que fue confirmada por medio de Resolución núm. 20154010001735
del 22 de enero de 201612. Durante este tiempo, el DEPARTAMENTO
asumió dicha gestión con el fin de garantizar, entre otros, el servicio
público domiciliario de aseo, el cual tenía asignado una parte del
presupuesto proveniente de dicho sistema para las obras de la
adecuación, recolección y compactación de los residuos sólidos que
se encontraban fuera de las celdas de disposición final en el ente
local.
Además, en el marco de ejecución del Plan Departamental de Agua
de Caquetá, el DEPARTAMENTO brindó al MUNICIPIO apoyo
técnico para identificar las potenciales zonas en las que sería viable
establecer la infraestructura necesaria para la prestación del servicio
de aseo.
En tal contexto, para la Sala es claro que las gestiones adelantadas
por el DEPARTAMENTO, en la época en que ocurrieron los hechos
sustento de esta acción, impone su vinculación al proceso en virtud
11
Fls. 36 a 38, expediente digital “14ED_07CUADERNOPPAL2.pdf”.
12
Fls. 39 a 43, ídem.
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de la potencial injerencia de sus decisiones, actuaciones u omisiones
en la configuración de la problemática alegada.
Distinto es que, en el marco del juicio de responsabilidad que
corresponde adelantar, luego de encontrar acreditada la vulneración
de los derechos colectivos, eventualmente se advierta que la acción
u omisión susceptible de calificarse como causa determinante de la
transgresión que motivó a la parte actora a acudir ante el juez
constitucional, no resulte atribuible al DEPARTAMENTO.
Bajo tal entendido, la Sala considera que el cargo de apelación acerca
de la ausencia de legitimación por pasiva no tiene vocación de
prosperidad y, por tal razón, se confirmará la decisión del Tribunal
de declarar no probada dicha excepción, tal como se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
De la vulneración de los derechos colectivos por parte del
Departamento y sus competencias
La Sala se referirá a los hechos relevantes de los que da cuenta el
acervo probatorio del proceso para dilucidar si, al igual que al
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MUNICIPIO y a AGUAS DE CHIRIBIQUETE, es atribuible al
DEPARTAMENTO la vulneración de los derechos.
Al respecto, la Sala advierte que está probado que, conforme se
indicó en precedencia, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios descertificó al MUNICIPIO para la administración de
recursos del SGP destinados al agua potable y saneamiento básico,
correspondiente a la vigencia 201413.
La determinación en comento fue reiterada por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante en Resolución núm.
SSPD - 20164010052195 de 30 de septiembre de 2016, en la que se
dispuso la descertificación al MUNICIPIO para la administración de
los recursos del SGP para la vigencia 2015; sin embargo, por medio
de Resolución núm. SSPD -20174010003536 de 28 de febrero de
201714, fue revocada y, en consecuencia, se otorgó nuevamente la
certificación al ente territorial.
13
Mediante Resolución núm. SSPD – 20154010040815 de 29 de septiembre de 2015, visible a Fls. 36
a 38, expediente digital “14ED_07CUADERNOPPAL2.pdf”. Decisión que fue confirmada por medio de
Resolución núm. 20154010001735 del 22 de enero de 2016, visible a Fls. 39 a 43, ídem.
14
Fls. 61 a 66, ídem.
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Con ocasión de la desertificación, el DEPARTAMENTO asumió la
administración del presupuesto del SGP asignado al MUNICIPIO,
precedida de una reunión de empalme llevada a cabo el 11 de julio
de 2016 y de la cual se levantó un acta en la que se consignó:
«[…] 1. Frente a los recursos del SGP – APSB:
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Lo anterior, evidencia que dentro de los recursos del SGP el
MUNICIPIO destinó presupuesto para la ejecución del Convenio
núm. 001 de 29 de marzo de 2016, cuyo objeto consistía en realizar
adecuaciones en el lugar destinado para la disposición de residuos
sólidos, así como la recolección y compactación de los residuos que
estaba por fuera de las celdas en funcionamiento.
Asimismo, se advierte que el 29 de marzo de 2016, el MUNICIPIO
y AGUAS DE CHIRIBIQUETE suscribieron un convenio con un plazo
de ejecución de dos (2) meses y un presupuesto total de $
48.136.463.8815, distribuidos así:
15
De los cuales el ente territorial aportó $ 46.139.463.88, de conformidad con lo previsto en la cláusula
segunda, numeral 2, del convenio.
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En la cláusula décima cuarta del convenio se estableció:
«[…] IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. EL MUNICIPIO cubrirá el valor a
transferir con cargo al rubro Disposición Final – por valor de
CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 88/100
($46.139.463.88) M/CTE. De acuerdo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No 112 de 08 de Marzo del 2016 […]».
Según el acta de inicio del convenio, su ejecución inició el 26 de
octubre de 201616, extendiéndose hasta el 26 de diciembre de esa
misma anualidad.
16
Fls. 145 y 146, “17ED_10INFORMEACTIVIDADES.pdf”.
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Luego, según acta de desembolso parcial núm. 001 de 1o. de
noviembre de 201617, el DEPARTAMENTO como administrador de
los recursos del MUNICIPIO giró a Aguas de Chiribiquete la suma
de $23.069.731,94 en cumplimiento de las obligaciones adquiridas
al suscribir el referido convenio.
Ahora, con el fin de llevar a cabo las actividades pactadas en cabeza
de AGUAS DE CHIRIBIQUETE, la empresa suscribió el contrato de
prestación de servicios núm. 008, el 12 de diciembre de 2016 con
plazo de ejecución de catorce (14) días, que finalizó el 25 de
diciembre de esa anualidad, tiempo en el cual se cumplieron las
labores encomendadas al contratista, de acuerdo con lo consignado
en el informe final de supervisión18 y el acta de liquidación del
contrato19.
Posteriormente, en virtud de la notificación de la Resolución núm.
201740100035385, el alcalde del MUNICIPIO mediante Oficio de
19 de marzo de 201720, solicitó al DEPARTAMENTO transferirle los
17
Fls. 143 y 144, ídem.
18
Fls. 161 a 164, “17ED_10INFORMEACTIVIDADES.pdf”.
19
Fls. 192 a 196, ídem.
20
Fl. 58, expediente digital “14ED_07CUADERNOPPAL2.pdf”.
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recursos que administró en el tiempo que no estuvo certificado,
habida cuenta que por medio del referido acto administrativo fue
certificado nuevamente.
Así las cosas, a juicio de la Sala, lo reseñado previamente no
evidencia irregularidad o falta de diligencia alguna en la gestión
llevada a cabo por el DEPARTAMENTO respecto de los recursos del
MUNICIPIO en el lapso que le fue vedada dicha administración y,
concretamente, en lo atinente al cumplimiento de la obligación de
transferir los recursos económicos comprometidos por el ente
territorial en el marco del convenio 001 con el fin de garantizar el
desarrollo del objeto pactado dentro del plazo estipulado.
Adicionalmente, está probado que el DEPARTAMENTO atendió la
solicitud de apoyo formulado por el MUNICIPIO en el marco del
PDA, consistente en la elaboración de un informe técnico en el cual
se identificaran las áreas potenciales para la ubicación de
infraestructuras para la provisión del servicio público de aseo en la
actividad complementaria de disposición final mediante relleno
sanitario21, remitido al ente territorial mediante Oficio núm. 004804
21
Fl. 221 a 295, expediente digital “17ED_10INFORMEACTIVIDADES.pdf”.
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recibido en la Secretaría de Planeación municipal el 18 de agosto de
201722.
Entonces, si bien es cierto que dentro del plenario no se acreditó una
acción u omisión que conlleve a endilgar al DEPARTAMENTO
responsabilidad por la transgresión de los derechos colectivos,
también lo es que, en su ámbito competencial están inmersas
expresas atribuciones legales que imponen su participación en la
puesta en marcha de las medidas necesarias para superar la
problemática que motivó esta acción constitucional, atendiendo a los
los principios de coordinación y trabajo armónico y articulado que
rigen las actuaciones de las entidades a cargo de la materialización
de los cometidos del Estado, concretamente, en lo referente a las
necesidades insatisfechas en saneamiento ambiental advertidas en
este asunto.
Sobre el particular, esta Sección23 ha puntualizado:
«[…] [L]os municipios son los principales obligados a garantizar la
prestación de servicios públicos en su jurisdicción, para efectos de
ello pueden evaluar la necesidad de gestionar el apoyo de las
entidades de los órdenes departamental y nacional, con el propósito
22
Fl. 219, ídem.
23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
noviembre de 2023, radicación: 17001 23 33 000 2017 00884 01.
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de lograr la adopción de medidas orientadas a garantizar la prestación
y consecuencialmente proteger los derechos e intereses colectivos
relacionados con los servicios públicos domiciliarios y, en especial, los
de acueducto y alcantarillado. La Sala encuentra que la vinculación
del Departamento del Quindío se encuentra demostrada en la
Resolución 1130 de 16 de mayo de 2019, expedida por la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, en la cual se incluyó a la entidad
territorial departamental en el presupuesto del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos del Municipio de Montenegro, debido a que
se comprometió a gestionar recursos por medio del Plan
Departamental de Aguas haciendo la salvedad de no poder considerar
dichos recursos como ciertos “[...] hasta tanto se tenga certeza de
los mismos [...]”. (…) [L]a Sala precisa que, contrario a lo
manifestado por el Departamento del Quindío, las órdenes
impartidas no obedecen a la determinación de la existencia de
una acción u omisión por parte de esa entidad, que implique
amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados y, por ende, responsabilidad en ese sentido, como
lo alega en el recurso de apelación, sino que su comparecencia
al proceso y las órdenes impartidas se fundamentan en, por un
lado, su condición de “[...] entidad administrativa encargada
de proteger el derecho o el interés colectivo afectado [...]”; y,
por el otro, en que el ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en los términos
explicados, son “[...] necesarias para volver las cosas al
estado anterior a la vulneración del derecho o del interés
colectivo [...]” o, al menos, superar la situación evidenciada
en torno a los derechos e intereses colectivos objeto de
pronunciamiento. (…) [Para la Sala] el Departamento del Quindío
deberá contribuir, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias y en los términos explicados anteriormente,
con la gestión de recursos orientados a la construcción de la
infraestructura necesaria para garantizar la prestación del servicio
público domiciliario en la zona objeto de esta acción popular. (…) [S]i
bien el Municipio de Montenegro y Empresas Públicas del Quindío, al
ser prestadores de servicios públicos domiciliarios son los
principalmente responsables de la construcción, mantenimiento y
mejoras de la red de alcantarillado; en el marco de los principios
de coordinación, concurrencia, complementariedad y armonía
regional, deben trabajar articuladamente con la entidad
departamental en el ejercicio de sus competencias propias, y
propender por la superación de la problemática planteada en
el caso concreto. (…) [L]a Sala considera que en este caso se debe
modificar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida por el Tribunal, en el sentido de excluir al Departamento
como responsable de la vulneración de los derechos e intereses
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colectivos. Sin embargo, atendiendo a las competencias
constitucionales, legales y reglamentarias del Departamento y a la
importancia de este en la superación de la vulneración de los derechos
e intereses colectivos, en este caso, no se declarará probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento del Quindío y se confirmará en lo demás la precitada
sentencia, en cuanto le impartió órdenes de protección.
No obstante, la Sala considera que, en virtud de los principios de
coordinación y complementariedad, el Departamento del Quindío sí
debe ser vinculado como parte de la solución a la problemática que
ocupa la atención de la Sala y, por consiguiente, en el marco de sus
competencias, dicho ente debe concurrir en la implementación
definitiva para solventar la problemática del presente asunto.
En ese orden de ideas y sin desconocer que las principales obligadas
en la superación de la situación estudiada son las entidades
territoriales, la orden impartida se orienta a que la Nación - Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio continúe apoyando al Municipio y al
Departamento, en el marco de sus específicas competencias, y que,
para ello, recurra al presupuesto que previamente se había destinado
para la implementación del Plan Departamental de Aguas y, en
especial, del Plan Maestro de Acueducto del Municipio objeto de esta
acción popular. (...) la Sala considera que el Tribunal impartió las
ordenes relacionadas con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
de conformidad con sus competencias legales ligadas a la asistencia
y apoyo que debe brindar en los asuntos de agua potable y
saneamiento básico.
[E]s claro para la Sala que a los Departamentos les
corresponden potestades de carácter complementario en
servicios públicos, es decir deben auxiliar a los municipios en
esa materia, cuando así lo requieran. (...) [L]o que advierte la
Sala es que aunque en principio asiste razón a la entidad
recurrente cuando afirma que el Municipio de Chinchiná es el
responsable del mantenimiento la infraestructura en la zona
objeto de controversia y que, además, debe gestionar la
financiación de una eventual obra de infraestructura, sin que
lo haya hecho. No es menos cierto que, como se vio, al
Departamento también le corresponde asesorar y financiar las
obras que sean necesarias para garantizar la prestación del
servicio público en la zona objeto de controversia. Lo expuesto
cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el Municipio ha
manifestado falta de recursos, por lo que el Departamento no puede
eludir su responsabilidad de prestar asistencia en aras de asegurar la
prestación del servicio público, dado que cuenta con obligaciones
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constitucionales y legales, que lo obligan garantizar el suministro de
agua potable en el área rural del Municipio de Chinchiná […]»
(Resaltado fuera del texto).
En esa misma línea, en sentencia de 23 de mayo de 202424, se
estableció:
«[…] 83. En relación con la competencia de los departamentos, el
artículo 298 de la Constitución Política también dispuso que: “[…]
[l]os departamentos tienen autonomía para la administración de los
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo
económico y social dentro de su territorio […]”. Además, “[…] ejercen
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de
la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios
y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las
leyes […]”. Adicionalmente, les asisten funciones de apoyo y
coordinación en materia de servicios públicos, en los términos del
artículo 367 de la Constitución.
84. Con base en tales atribuciones, los artículos 7.° de la Ley 142 y
7465 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200166, establecen, entre
sus responsabilidades, los deberes de apoyo financiero, técnico y
administrativo, desde un eje de planificación multisectorial que
permita la materialización del principio de coordinación […]».
Ahora, respecto del deber que le asiste al departamento desde el
punto de vista técnico y presupuestal en la construcción de la
infraestructura para la operación de un sistema de relleno sanitario,
esta Sección25 expresamente ha indicado:
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación:
150012333000201900147-01
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de agosto
de 2006, radicación: 20001-23-31-000-2003-02026-01(AP)
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«[…] [L]a Sala precisa que aunque no compete a los Departamentos
construir directamente los rellenos sanitarios de los municipios, sí es
función de aquellas entidades, conforme al artículo 74.5 de la Ley715
de 2001, asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y
financiera a los municipios y a las instituciones de prestación de
servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley,
cuando a ello haya lugar […]».
Aunado a lo anterior, de la lectura de lo previsto en el artículo 64 de
la Ley 99 de 199326 acerca de las funciones que le asisten al
DEPARTAMENTO en materia ambiental, se advierte con suficiente
nivel de claridad que este reviste el carácter de garante de los
derechos conculcados y, en esa medida, está llamado a cooperar en
la solución adecuada y definitiva para la disposición final de los
residuos sólidos en el MUNICIPIO, razón jurídicamente válida para
incluirlo en las órdenes impartidas en el fallo apelado y, por
consiguiente, tal decisión se mantendrá incólume, como se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
De la limitación presupuestal
26
«[…] ARTÍCULO 64. Funciones de los Departamentos. Corresponde a los Departamentos en
materia ambiental, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen
a los Gobernadores por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales,
las siguientes atribuciones especiales: [...] 3. Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y
administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás entidades
territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de programas y proyectos y en
las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables
[...]».
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El DEPARTAMENTO anotó que la financiación de la obra que
demanda la problemática sustento del proceso excede su capacidad
presupuestal, habida cuenta que existen otras necesidades que
también requieren su intervención desde el punto de vista
económico, al tiempo que no existe certeza acerca de valor de la obra
a ejecutar.
Sobre el particular, esta Sección27 ha sido enfática en establecer que
la restricción de orden presupuestal no constituye una razón
suficiente para excluir de las órdenes judiciales necesarias para
materializar la protección de los derechos conculcados a quienes,
conforme con el ordenamiento jurídico, están llamados a hacer cesar
la situación fuente de la transgresión advertida, y mucho menos
cuando esta viene presentándose desde el año 2015.
Así, en sentencia de 15 de diciembre de 201628 se estableció:
27
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencias 30 de noviembre de 2023, Rad. 85001-23-33-000-2019-00102-02, C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, de 25 de octubre de 2001. Rad. 2000-0512-01(AP), C. P: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; 5 de septiembre de 2002, Rad 2001-00303-01, C. P: Camilo Arciniegas Andrade; 10 de abril
de 2008, Rad 2001-01961-01, C. P: María Claudia Rojas Lasso; 15 de septiembre de 2011, Rad. 2004-
01241-01 y 22 de enero de 2015 Rad 2011-00256-01, C. P: Guillermo Vargas Ayala; 15 de diciembre
de 2016, C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés (E); 11 de mayo de 2020, Rad 2010-01363-01, C. P:
Oswaldo Giraldo López; 26 de junio de 2020, Rad 2018-00091-01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato
Valdés; 3 de junio de 2021, Rad 2010-01320- 01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés, entre
otras.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de
diciembre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E). Radicación: 2015-00084-01(AP).
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«[…] La falta de recursos públicos no es óbice para proteger los
derechos e intereses colectivos; la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan
atención prioritaria de las autoridades administrativas, y si su
actuación no colma las exigencias de protección impuestas por el
ordenamiento jurídico, es deber del juez Constitucional de Acción
Popular velar porque dicha situación sea debidamente atendida.
Cosa distinta es que para el cumplimiento del fallo se requieran hacer
erogaciones presupuestales y que para ello en la sentencia se deban
tomar en consideración los tiempos necesarios para surtir los trámites
del caso y ordenar agotar los pasos presupuestales y trámites
administrativos correspondientes. Es claro que las órdenes impartidas
por el juez de Acción Popular no pueden hacer abstracción de las
exigencias impuestas por la realidad material en que opera la
Administración ni por la legislación vigente en materia presupuestal
en particular, ni por el marco legal que rige las actuaciones
administrativas en general. De aquí que en esta clase de procesos la
juez Constitucional deba siempre ponderar cuidadosamente qué clase
de obligaciones impone con el tiempo y las condiciones en que debe
llevarlas a cabo [...]».
En igual sentido, mediante providencia de 26 de junio de 202029 se
precisó:
«[...] ii) En atención a que aún no se cuenta con los estudios que
definan la magnitud y las particularidades de las obras que deben ser
desarrolladas, ni con una oferta o estimación razonada sobre el valor
que las obras podrían llegar a alcanzar, ni se conoce el porcentaje que
podría llegar a asumir la alcaldía municipal de San Luis de Palenque,
toda elucubración tendiente a señalar desde ya que la gobernación
departamental de Casanare no tiene capacidad administrativa para
prestar la asistencia que llegare a necesitar el municipio de San Luis
de Palenque o que los plazos de cumplimiento son insuficientes,
deviene en impertinente y, por demás, carente de fundamento.
iii) En este mismo sentido y conforme lo precisa nuestra reiterada
jurisprudencia30 la Sala ha precisado que los trámites presupuestales
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio
de 2020, C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación: Rad 2018-00091-01(AP).
30
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencias de 25 de octubre de 2001. Rad. N.º 2000-0512-01(AP), C. P: Gabriel Eduardo Mendoza
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y de planeación, la falta de disponibilidad presupuestal o de recursos
económicos, no es de ninguna manera un argumento válido para
desvirtuar la afectación de los derechos colectivos y mucho menos
para cohibir al juez de la acción popular de adoptar las medidas de
amparo que las circunstancias ameriten en aras de la protección de
tales derechos.
Es obligación de la Administración Pública con capacidad financiera,
desplegar, dentro del marco jurídico establecido, todas las gestiones
técnicas y administrativas pertinentes en materia de planeación y
programación presupuestal, a fin de ejecutar las obras, proyectos o
actividades necesarias para salvaguardar los derechos colectivos
afectados.
En todo caso, como ya se advirtió, cualquier tipo de dificultad que
interfiera en el debido cumplimiento de las órdenes de la sentencia,
debe ser acreditada en el marco del respectivo comité de
cumplimiento, el cual deberá estar encabezado por el Tribunal
Administrativo de Casanare [...]».
Las anteriores consideraciones resultan suficientes para desvirtuar la
procedencia del cargo de apelación atinente a la insuficiencia de
recursos económicos para apoyar al MUNICIPIO en la ejecución de
las acciones y obras que involucra la solución definitiva para la
disposición final adecuada de los residuos sólidos y, en consecuencia,
las órdenes judiciales de primera instancia se mantendrán en los
términos que estableció el Tribunal, como en efecto de dispondrá en
la parte resolutiva de esta sentencia.
Martelo; 5 de septiembre de 2002, Rad. 2001-00303-01, C. P: Camilo Arciniegas Andrade; 10 de abril
de 2008, Rad. 2001-01961-01, C. P: María Claudia Rojas Lasso; 15 de septiembre de 2011, Rad. 2004-
01241-01 y 22 de enero de 2015 Rad. 2011-00256-01, C. P: Guillermo Vargas Ayala; 15 de diciembre
de 2016, C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés; 11 de mayo de 2020, Rad. 2010-01363-01, C. P:
Oswaldo Giraldo López.
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DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Del comité de verificación
En el numeral séptimo de la parte de la parte resolutiva del fallo
apelado, se dispuso:
«[...] SÉPTIMO. CONFORMAR un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia, el cual estará integrado por el
Despacho Cuarto de este Tribunal, la parte demandante, el
Departamento del Caquetá, el Municipio de Solano, un representante
de Aguas del Chiribiquete, Corpoamazonia el Defensor del Pueblo del
Caquetá y la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria [...]».
De lo anterior se advierte que el Tribunal omitió establecer quien
presidiría el Comité de Verificación encargado de hacer seguimiento
a las órdenes impartidas en el fallo estimatorio de las pretensiones
del actor popular.
Por consiguiente, la Sala atendiendo al artículo 34 de la Ley 472 y la
jurisprudencia de la Sección, se modificará el numeral en mención en
el sentido de establecer que corresponderá al Magistrado Ponente del
fallo de primera instancia presidir el Comité de Verificación en
referencia.
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Finalmente, la Sala advierte que dentro de las órdenes impartidas,
en relación con el depósito de residuos sólidos, en el numeral 5.3 se
impuso a la empresa de servicios públicos la siguiente obligación:
«[…] Implementar y poner en ejecución un sistema idóneo de
depósito de residuos sólidos, de tal manera que no se siga
afectando el medio ambiente con los botaderos a cielo abierto.
Igualmente, cada dos (2) deberá rendir un informe sobre el
cumplimiento de esta orden […]» (Resaltado fuera del texto).
No obstante, al fijar la periodicidad con la que debían rendirse los
informes de cumplimiento de dicha actividad se incurrió en una
omisión, circunstancia que exige a la Sala precisar el término dentro
del cual debe acreditarse ante el Comité de Verificación el estado de
avance de tal obligación, a efectos de imprimirle eficacia y garantizar
su cabal observancia de cara a la salvaguarda de los derechos
colectivos afectados.
Por consiguiente, considerando los términos fijados para el
cumplimiento de las demás órdenes y, concretamente, para acreditar
la ejecución de actividades como la implementación del manejo
adecuados para la disposición final de los residuos sólidos prevista
en el numeral 5.2. de la parte resolutiva del fallo apelado, se
modificará el numeral 5.3., en el sentido de precisar que el informe
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allí mencionado deberá presentarse cada dos (2) meses, tal como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales 5.3 y SÉPTIMO de la parte
resolutiva de la sentencia de 30 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, los cuales quedarán así:
«[...] 5.3. Implementar y poner en ejecución un sistema idóneo de
depósito de residuos sólidos, de tal manera que no se siga afectando
el medio ambiente con los botaderos a cielo abierto. Igualmente, cada
dos (2) meses deberá rendir un informe sobre el cumplimiento de
esta orden.
[…]
SÉPTIMO. CONFORMAR un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia, el cual estará integrado por el
Magistrado Ponente de este Tribunal, a quien corresponderá
presidirlo; la parte demandante, el Departamento del Caquetá, el
Municipio de Solano, un representante de Aguas del Chiribiquete,
Corpoamazonia, el Defensor del Pueblo del Caquetá y la Procuraduría
Judicial II Ambiental y Agraria [...]».
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SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 30 de marzo
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión 7 de noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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