RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2017-00884-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2017-00884-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2017-00884-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esa providencia, el cual quedará así: TERCERO: DECLARAR LA VULNERACIÓN de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, con la seguridad y salubridad públicas, con el acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública, con la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos y con el acceso al agua potable de los habitantes de los centros poblacionales de las veredas del municipio de Chinchiná, por parte del municipio de Chinchiná, el Departamento de Caldas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En consecuencia: SE ORDENA a las entidades demandas que, en el marco de su competencia y en aplicación del Decreto 1898 de 2016, modificado por el Decreto 1688 de 2020 y de la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018, impulsen y ejecuten los proyectos para la optimización de los acueductos Naranjal, El Trébol, Alto de Mina, Alto del Chuscal y la Estrella. Para el efecto, se concederá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, para que el Municipio de Chinchiná y el Departamento de Calda, dentro del ámbito de sus facultades, cumplan los lineamientos requeridos por el PDA y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la financiación de la obra y, además, adecuen los proyectos dispuestos en ese plan, a los componentes técnicos a los definidos en el Decreto 1898 de 2016 y sus normas concordantes. En el mismo plazo. deberán radicar los resultados de dichos estudios ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su aprobación. Dentro del término de treinta (30) días la citada cartera ministerial deberá pronunciarse sobre su aprobación y, en caso de ser afirmativa, tendrá la obligación de cofinanciar las obras junto con el Departamento de Caldas y el Municipio de Chinchiná. De requerirse información adicional a los proyectos o de solicitarse correcciones en los mismos, éstas deberán ser subsanadas o allegadas por el anotado municipio y el citado Departamento, dentro de los dos (2) meses siguientes. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2017-00884-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

2 de noviembre de 2023

1

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Actor: Personería de Chinchiná
Demandado: La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Departamento
de Caldas y Municipio de Chinchiná.
Tesis: No es cierto que los habitantes de la zona rural del Municipio de Chinchiná
no están de acuerdo con la potabilización del agua, dado que les implicaría un gasto
adicional ni que esa comunidad no se ha visto afectada por recibir ese líquido vital
sin ningún tratamiento.
Es competente el Municipio de Chinchiná para adelantar las obras necesarias para
la optimización de unos acueductos ubicados en la zona rural de ese municipio,
pese a que los aludidos proyectos estaban inscritos en ese PDA y que para esos
efectos, ese ente ha destinado recursos públicos.
Son competentes el Departamento de Caldas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio para adelantar las obras necesarias para la optimización de unos
acueductos de un Municipio, aunque ese último ente territorial no haya gestionado
debidamente ante las autoridades su financiación y ejecución.
No está legitimada en la causa por pasiva una autoridad ambiental para adelantar
las medidas que permitan superar el estado de vulneración de los derechos
colectivos en el presente asunto, ocasionada por la falta de suministro de agua
potable en la zona rural de un ente territorial, si ello no guarda relación con la
defensa del medio ambiente o con la recuperación de éste.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de
Chinchiná, el Departamento de Caldas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, contra la sentencia del 2 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas por medio de la cual se ampararon los derechos al goce
de un medio ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

infraestructura que garantice la salubridad pública, la prestación eficiente y oportuna
de los servicios y el acceso al agua potable.

I. SÍNTESIS DEL CASO

I.1. La Personería Municipal de Chinchiná presentó el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos de los habitantes de las zonas rurales
del Municipio de Chinchiná (Caldas), como consecuencia de la carencia de
infraestructura que les permita gozar de agua potable, salubre y de calidad1.

I.2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRETENSIONES

Primera: Que se declare que las entidades demandadas, MUNICIPIO DE
CHINCHINÁ, representado legalmente por el Alcalde Dr. SERGIO LÓPEZ
ÁRIAS o la persona que haga sus veces al momento de la notificación.
GOBERNACIÓN DE CALDAS (SECRETARÍA DE VIVIENDA): Representada
por la Dra. MARÍA ZULAY TATIANA LEÓN ALZATE. MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Representado por el Dr. JAIME
PUMAREJO HEINS, han incurrido en una omisión que amenaza, vulnera y
pone en alto riesgo los derechos colectivos y del medio ambiente d ellos
residentes de las zonas rurales del Municipio de Chinchiná, por no haber
desarrollado y ejecutado hasta el momento un proyecto viable de infraestructura
que permita a los residentes rurales gozar del mínimo de agua potable, salubre
y de calidad.

Segunda: Que de acuerdo con la pretensión anterior, se ordene a las entidades
demandadas: MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, representado legalmente por el
Alcalde Dr. SERGIO LÓPEZ ÁRIAS o la persona que haga sus veces al
momento de la notificación. GOBERNACIÓN DE CALDAS (SECRETARÍA DE
VIVIENDA): Representada por la Dra. MARÍA ZULAY TATIANA LEÓN
ALZATE. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Representado
por el Dr. JAIME PUMAREJO HEINS, haga cesar de manera inmediata el daño
causado ejecutando las obras necesarias para la optimización, construcción y/o
adecuación de los acueductos veredales, con las especificaciones técnicas que
den prevalencia a la calidad y componentes de seguridad establecidos por Ley,
de la siguiente manera:

a. Optimización de los sistemas de acueducto y construcción de la planta
de tratamiento de agua potable (PTAR) del centro poblado Alto Chuzcal.
b. Adecuación planta de tratamiento de agua potable y optimización del
sistema de acueducto centro poblado el Trébol.
c. Adecuación planta de tratamiento de agua potable y optimización
sistema de acueducto centro poblado Quiebra Naranjal.
d. Optimización de los sistemas de acueducto y construcción de la planta
de tratamiento de agua potable (PTAP) del centro poblado Alto de la Mina.

1 Folio 9 del documento denominado “90_0090Otros_ED_CUADERNO1 NroActua 2”, obrante en el

índice 2 del Sistema de Gestión Judicial - SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

e. Optimización y mejoramiento del sistema de acueducto AUCOLPA
(Palestina), incluye la Plata – Cartagena (Palestina) y Tres Esquinas
(Chinchiná).

Tercera: Que las entidades demandadas, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ,
representado legalmente por el Alcalde Dr. SERGIO LÓPEZ ÁRIAS o la
persona que haga sus veces al momento de la notificación. GOBERNACIÓN
DE CALDAS (SECRETARÍA DE VIVIENDA): Representada por la Dra. MARÍA
ZULAY TATIANA LEÓN ALZATE. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO Representado por el Dr. JAIME PUMAREJO HEINS, acaten de
manera inmediata la orden impartida por su despacho y, según lo dispone el
artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

Cuarta: Que las entidades aquí accionadas adopten las medidas
administrativas, Jurídicas, presupuestales y técnicas necesarias para hacer
cesar la vulneración de los derechos colectivos y del medio ambiente
relacionados con el ambiente sano, la seguridad y la salubridad pública, el
acceso a los servicios públicos y a una infraestructura de servicios, para lo cual
se servirán:

a. Adquirir los predios necesarios para la construcción, mejoramiento,
optimización y adecuación de cada uno de los acueductos de las zonas rurales
nombrados en el acápite de hechos según las necesidades de cada acueducto
comunitario.
b. Realizar la respectiva capacitación, socialización y sensibilización a la
población de este sector sobre el beneficiario del agua potable, el manejo de
los acueductos, mantenimiento y funcionamiento de estos.
c. Efectuar el acompañamiento necesario para estructurar un esquema
administrativo sólido, funcional y adecuado que demuestre buena capacidad
institucional para el manejo de los acueductos.
d. Garantizar la adecuada captación y conducción de redes hidráulicas para
que se repare o reponga los acueductos de estas veredas.

Quinta: Por tratarse de una acción en nombre de nuestra comunidad donde no
se persigue ningún tipo de indemnización o compensación, solicitó que los
gastos que ocasiones el trámite del presente juicio se atiendan con cargo al
Fondo de Acciones populares y de Grupo manejado por la Defensoría del
Pueblo”2. (Negrillas del original)

1.3. Como sustento de las pretensiones adujo que:

Pese a que el Acuerdo 030 de 1999, por el cual se adopta el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de Chinchiná, establece la forma en
que los once (11) acueductos rurales serán surtidos de agua por microcuencas con
el propósito de proporcionar ese servicio público en condiciones dignas, lo cierto es
que los cinco (5) que se denominan “Comunitario Naranjal”, “Alto de la Mina”, “El
Trébol”, “La Estrella” y “Alto Chuscal” carecen de la infraestructura y de las plantas
de tratamiento de agua potable que les permita cumplir con dicho fin, pues no están
en condiciones de abastecer de agua salubre a las cuatro mil ochocientas personas

2 Folios 9 a 10 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

(4.800) que según el Departamento Nacional de Planeación, viven en las veredas.
Ciudadanos que utilizan el agua cruda para los cultivos de café y otros sembradíos,
pero que no tienen la posibilidad de cubrir con ella sus necesidades para
alimentación y actividades domésticas.

En esa línea, señaló que el mencionado PBOT venció en el año 2011, pero que no
ha sido reemplazado y que en él se estableció un plan de política ambiental para el
manejo de las fuentes de agua de los acueductos veredales, así como una política
sobre optimización en la prestación de los servicios públicos en los artículos 14 y
15. Sin embargo, dicho objetivo no ha sido cumplido en el sector rural, pues debido
a la carencia de plantas de tratamiento se consume agua que no es potable. De ahí
que para los pobladores de las veredas la prestación del servicio no haya llegado a
ser óptima.

Luego, relató que en el artículo 17 ibídem se relacionaron los proyectos a mediano
y largo plazo, encontrándose en los primeros la asesoría, apoyo e inversiones como
manejo de los acueductos rurales, así como el mejoramiento de redes y la
instalación de contadores específicamente en “El Trébol” y “La Floresta”. No
obstante, esas acciones encaminadas a la expansión de los servicios públicos no
se concretaron y el lapso planeado para tal fin expiró, así como “el tiempo aplicado
para nuestro PBOT”3.

En lo que sigue, informó que a través del Acuerdo No. 024 del 16 de septiembre de
2008, el Concejo Municipal autorizó a la Alcaldesa del momento para que, como
estrategia para ejecutar los recursos de apoyo de la Nación al Sector Agua y
Saneamiento Básico, vinculara al Municipio al Plan Departamental de Aguas.
Circunstancia que facultó al ente territorial para reestructurar y reorganizar la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Para
tal fin, el 11 de noviembre de 2009 se suscribió el Convenio de Cooperación y Apoyo
Financiero, el cual se ha modificado en cuatro (4) ocasiones y del que fue designada
como gestora la Secretaría de Vivienda del Departamento, comprometiéndose
también a brindar asistencia técnica para la implementación y ejecución del Plan
Departamental de Aguas. La destinación de los recursos para el Municipio se
efectuó a través de una Fiducia Mercantil. A raíz del referido Acuerdo, el ente

3 Folio 5 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

territorial también se obligó a obtener los permisos para las obras de infraestructura
relacionadas y a adelantar los procesos de contratación.

Lo anterior debido a que los proyectos deben ser presentados ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio para su aprobación. Bajo esa lógica, aquél encaminado
a la optimización, construcción y adecuación de los sistemas de acueducto de las
plantas de tratamiento de agua potable de los centros poblados “El Alto Chuscal”,
“El Trébol”, “Quiebra Naranjal”, “Alto de la Mina” y “Tres Esquinas” fue radicado,
pero devuelto por la referida cartera por el incumplimiento de requisitos como la
adquisición de predios y servidumbres para la construcción y adecuación de las
nuevas estructuras para los acueductos veredales por parte del ente territorial
demandado.

Como consecuencia de esta problemática, puso de presente que reunió
documentación de la comunidad de los sectores rurales e informes detallados de la
Banca de Desarrollo Territorial – FINDETER y la Oficina de Saneamiento Ambiental
del Municipio. Ello para tener certeza de la situación en relación con el suministro
del agua potable a la comunidad rural. Los siguientes fueron los hallazgos del
informe presentado por FINDETER en el mes de mayo de 2015:

● Acueducto “El Naranjal”: proporciona agua potable a los sectores de “La
Quiebra”, “Borde”, “La Floresta”, “Naranjal” y “Fundación Manuela Mejía”. No
obstante, los dos últimos también reciben agua que no es potable. Varias de
sus unidades de filtros se encuentran fuera de servicio, los operadores de la
planta carecen de un manual de mantenimiento que los guíe, por lo que
desconocen como efectuarlo. En consecuencia, el agua de los tanques se
torna turbia, lo que tiene como consecuencia altos niveles de sulfato de
aluminio. Adicionalmente, no se cuenta con laboratorio para control de
calidad ni almacén para el suministro del cloro.

● Acueducto “Alto de la Mina”: no tiene sistema de tratamiento de agua por lo
que toda la que se capta, transporta y distribuye a ciento treinta (130)
usuarios es agua que no es potable. Su infraestructura de catorce (14)
viaductos requiere mantenimiento y reubicación debido a que se ubica en
una falla geográfica. El tanque de almacenamiento presenta filtraciones por

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

altas presiones y la comunidad debe ser informada acerca de la importancia
de que el agua sea potable.

● Acueducto “El Trébol”: el sistema de cloración de la planta no es utilizado.
Esta se compone de tres (3) tanques, uno (1) de los cuáles se encuentra
fuera de servicio. Respecto de este último, tampoco funciona el sistema de
cuatro (4) filtros aledaños. Adicionalmente, carece de macromedidores, de
válvulas reductoras y manual para su mantenimiento. Por ello es necesario
efectuar capacitaciones para su operación y el manejo del sistema de
tratamiento. Abastece a trescientos sesenta y nueve (369) usuarios de ocho
(8) veredas.

● Acueducto “La Estrella”: la unidad final de cloración de los cuatro (4) módulos
de filtración se 3encuentra averiada. Los filtros no son sometidos al
mantenimiento necesario. Deben fortalecerse la instalación de sistemas de
tratamiento, así como los aspectos técnicos pues las treinta y seis (36)
personas a las que abastece agua, la reciben con problemas de calidad que
fueron detectados por la Secretaría de Salud.

FINDETER no se refirió al acueducto de la Vereda “Alto Chuscal”, pero este también
se encuentra en el marco de proyectos por ejecutar a través del Plan Departamental
de Aguas (en adelante PDA).

Posteriormente, indicó que solicitó un informe sobre la calidad del agua para
consumo humano a la Oficina de Saneamiento Ambiental de la Alcaldía, entidad
que el 7 de abril de 2017 le puso en conocimiento que el agua de los acueductos de
las Veredas “El Trébol”, “La Cachucha” y “La Estrella” presentan un nivel de riesgo
alto, por lo que su consumo es inviable sanitariamente.

De lo expuesto hasta este punto, señaló que la situación descrita implica una
vulneración a los derechos colectivos contemplados en literales a), g), h), j) y m) del
artículo 4 de la Ley 472 de 1998, así como los artículos 49, 79 y 88 Superiores y la
Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Adicionalmente, se refirió al
derecho al agua potable, derivado del numeral 1 del artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho que hace

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

parte de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado pues
se trata de una de las condiciones fundamentales para la supervivencia y que se
concreta en que las todas las personas deben disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable y accesible para el uso personal y doméstico. Sobre el particular citó un
aparte de la sentencia T-.790 de 2014 proferida por la Corte Constitucional.

Luego, se refirió al principio de precaución. Citó la sentencia proferida por esta
Corporación el 5 de marzo de 2015, en el proceso de radicación 2013-00361 con
ponencia de la Consejera María Elizabeth García González en materia de servicio
público de acueducto y alcantarillado y, finalmente, refirió la Resolución
A/RES/64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como
la Resolución A/HCR/RES 16/2 de 2011 del Consejo de Derechos Humanos, ambas
sobre el acceso seguro al agua potable y salubre y al saneamiento como derechos
humanos fundamentales.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

II.1. La acción fue presentada el 24 de noviembre de 2017. Correspondió al Juez
Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, quien mediante proveído del 27
de noviembre de 2017 declaró la falta de competencia y ordenó la remisión del
proceso al Tribunal4.

El proceso se remitió el 6 de diciembre del mismo año al citado Tribunal, autoridad
judicial que admitió la demanda mediante auto del 12 de diciembre de 2017,
notificado por Estado Electrónico el 13 del mismo mes y año 5. En ese auto se
ordenó notificar a los representantes legales del Departamento de Caldas, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de Chinchiná, así como al
Procurador Judicial Administrativo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado (en adelante ANDJE).

Con la contestación de la demanda, el Municipio de Chinchiná efectuó un
llamamiento en garantía de varias personas jurídicas al proceso 6. A través de auto
del 2 de febrero de 2018, el Tribunal ordenó la vinculación como demandadas de la

4 Folios 110 a 111 ibidem.
5 Folios 112 a 115 ibidem.
6 Folios 188 a 197 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Fundación Ecológica Cafetera (FEC), la Asociación de Usuarios de Servicios
Colectivos de Naranjal, La Quiebra y La Floresta, y las juntas de acción comunal de
La Pedrera, El Chuscal, Bajo Chuscal, Buena Vista, Buena Vista Baja, La Cahucha,
El Trébol, La Estrella, La Floresta, La Floresta Sector El Reposo, Alto de Mina,
Quebrada Naranjal, Bajo Español Sector Crucetas, Bajo Español Sector Cunetas,
Altamira, La Esmeralda, San Andrés y Guacamayo7.

De aquellas únicamente fue posible notificar a las dos (2) primeras, por lo que en
proveído del 8 de marzo de 2018, se ordenó al Municipio demandado que remitiera
la comunicación respectiva, de conformidad con lo establecido en el numeral tercero
del artículo 291 del Código General del Proceso8. En consecuencia, el ente territorial
allegó la constancia de notificación a cada una de las Juntas de Acción Comunal de
Chinchiná9, a quienes les corrió el término para allegar contestación sin que
emitieran pronunciamiento alguno10.

De otra parte, mediante auto del 9 de abril de 2018, se admitió al ciudadano Javier
Elías Árias Idárraga como coadyuvante del proceso de la referencia11.

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo en dos audiencias, los días
10 de septiembre y 12 de noviembre de 201912. La primera fue suspendida con
miras a que el Municipio de Chinchiná estudiara los estudios que le fueron
entregados para el mejoramiento de los sistemas de acueducto y la segunda fue
declarada fallida al llegarse a un acuerdo parcial, que no total.

Posteriormente, el 13 de noviembre de 2019 se resolvió la solicitud efectuada por el
Ministerio Público de vinculación de la Corporación Autónoma Regional del Caldas
(en adelante Corpocaldas), en el sentido de ordenarla. De igual forma, de oficio se
ordenó la vinculación de la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité
Departamental del Cafeteros de Caldas13.

7 Folios 316 a 320 ibidem.
8 Folios 384 a 386 ibidem.
9 Folios 392 a 395 ibidem.
10 Folio 404 ibidem.
11 Folios 397 a 398 ibidem.
12 Folios 71 a 74 y 93 a 96 del documento “91_0091Otros_ED_CUADERNO1A NroActua 2” ibidem.
13 Folios 97 a 98 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Al presentar su contestación, Corpocaldas solicitó la vinculación de la Dirección
Territorial de Salud de Caldas. Petición que fue resuelta mediante proveído del 2 de
febrero de 2021, en el sentido de acceder a ella14.

II.2. Las accionadas contestaron la demanda, esgrimiendo los siguientes
argumentos:

II.2.1. El Departamento de Caldas se opuso a las pretensiones de la demanda
arguyendo que ha adelantado todas las actuaciones en el marco de sus
competencias para mejorar las condiciones de los acueductos veredales, por lo que
no se le puede endilgar vulneración alguna de derechos colectivos. Relató que
asesoró al Municipio de Chinchiná para que presentara los proyectos para la
optimización de los acueductos “Alto Chuscal”, “El Trébol”, “Naranjal” y “Alto de la
Mina”, pero el ente territorial incumplió con los requerimientos para hacerlos viables:
no compró los predios necesarios. Realidad ante la cual el 19 de octubre de 2016,
el Alcalde retiró dichos planes priorizados en el PDA indicando que serían
efectuados con recursos de la municipalidad y solicitó que en su lugar se priorizara
el proyecto “Construcción Sistema por Bombeo para la zona sur de Chinchiná”.
Solicitud a la que se accedió. Sin embargo, el componente de aseguramiento de la
prestación del servicio, el PDA ha seguido trabajando con las juntas administradoras
municipales, circunstancia de la que da cuenta el informe final de actividades No.
007 del 27 de mayo de 201715.

II.2.2. El Municipio de Chinchiná, se opuso a las pretensiones de la demanda y
planteó las excepciones de mérito denominada “CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE AGUA POTABLE”16 y
“GENÉRICA”17. En lo que hace a la primera, señaló que ha estado al tanto de la

situación de los acueductos comunitarios y para darle solución ha proferido
decisiones y ha suscrito contratos con el Departamento de Caldas encaminados a
reajustar la problemática del agua potable en su jurisdicción. No obstante, el ente
departamental no ha cumplido con los compromisos adquiridos. Adicionalmente
puso de presente que la Comunidad, con auspicio de la Federación Nacional de
Cafeteros han creado personas jurídicas encargadas de administrar el sistema,

14 Folios 220 a 221 del documento “92_0092Otros_ED_CUADERNO1B NroActua 2” ibidem.
15 Folios 127 a 132 ibidem.
16 Folio 100 ibídem
17 Folio 101 ibídem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

suministro y tratamiento de las aguas destinadas al consumo humano. Respecto de
la segunda de las excepciones, solicitó que se decretara lo que se encontrara
probado en el proceso18.

II.2.3. La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se opuso a las
pretensiones al considerar que carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que
demuestren la violación u omisión en los deberes de cuidado por parte de esa
entidad. Lo anterior debido a que aquella ha actuado conforme a la ley y no ha tenido
injerencia en los hechos generadores del proceso de la referencia. Así, resaltó que
no tiene asignadas las funciones relacionadas con la prestación del servicio público
de agua potable o la construcción de plantas de tratamiento de agua para los
residentes de las zonas rurales del Municipio de Chinchiná. Ello en atención a que
es el encargado de dictar la política en materia habitacional, pero el responsable de
estructurar los proyectos y gestionarlos es el Municipio, quien debe concertar los
proyectos que se ejecutarán en el marco del Programa Agua para la Prosperidad
cada vigencia fiscal con el gestor del PDA.

En esa línea, explicó el objetivo primordial de esa cartera consistente en formular,
adoptar, dirigir coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia
del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema
de ciudades con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta
las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Ello a la luz de los
artículos 1 y 2 del Decreto 3571 de 2011. Siguiendo esa lógica, añadió que, si bien
es cierto que dentro de sus objetivos debe apoyar financieramente los proyectos del
sector de agua potable y saneamiento básico que se enmarquen en las políticas
estratégicas de la Ley 1450 de 2011, ello depende de que los municipios se
encuentren vinculados al PDA. De ahí que los proyectos respecto de los cuales se
solicite el apoyo de la Nación, deban cumplir los requisitos de presentación de la
“Guía de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico”
(Resolución 379 de 2012, modificada por las Resoluciones 0504 de 2013 y 0770 de
2014).

18 Folios 97 a 102 ibídem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Así, respecto del Municipio de Chinchiná se registraron once (11) proyectos, uno
de los cuales tiene concepto favorable, otro está en estudio, cuatro (4) son viables
y cinco (5) fueron devueltos con ajustes. Estos últimos relacionados con la
adecuación de plantas de tratamiento o de los acueductos rurales. Siendo ello así,
esa entidad ha cumplido con lo que es de su competencia mientras que el ente
territorial no lo ha hecho, pues pese a que los proyectos fueron devueltos para que
se ajustaran, aquello no ha ocurrido. Ello aunque cuenta con la asistencia técnica
de esa cartera, por lo que puede formular y presentar proyectos y una vez cuente
con el concepto técnico favorable del mecanismo de viabilización, puede buscar
otras fuentes de financiamiento como el Sistema General de Regalías, aportes de
las Corporaciones Autónomas Regionales, la línea de redescuento tasa
compensada, financiación externa y recursos propios.

Concluida esa explicación, planteó la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUDA POR PASIVA”19, indicando que de sus competencias no es posible derivar

responsabilidad por los hechos generadores de esta acción popular pues ni la
selección y adjudicación de contratos de obra, ni la construcción de estas últimas le
corresponde. Circunstancia por la que no es el llamado a cumplir con las
pretensiones invocadas en la demanda.

II.3.4. La Fundación Ecológica Cafetera – FEC se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, aclarando que las considera válidas pero que aquella no ha vulnerado
ni puesto en peligro derecho colectivo alguno. En ese sentido, destacó que tiene
convenios con algunas de las asociaciones de usuarios de los acueductos rurales,
cuyo objeto consiste en prestar apoyo social, técnico, ambiental, así como
acompañamiento en la facturación, operación y mantenimiento de los acueductos
rurales. De ahí que no pueda atribuírsele responsabilidad alguna en la vulneración
de los derechos colectivos debido a que su labor se circunscribe al
acompañamiento, tal como lo demuestran los convenios20.

II.3.5. La Asociación de Usuarios de Servicios Colectivos de Naranjal, la
Quiebra y la Floresta señaló que presta el servicio de acueducto a las Veredas La

19 Folio 158 ibídem.
20 Folios 329 a 333 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Floresta, Quiebra de Naranjal, El Borde, y El Reposo y se refirió de manera general
a cuáles eran las características técnicas del Acueducto Naranjal21.

II.3.6. La Federación Nacional de Cafeteros – Comité Departamental de
Cafeteros de Caldas, presentó una contestación similar a la de la FEC, pues aun
cuando consideró que los reclamos son válidos, no cree que la vulneración de los
derechos colectivos reclamada en este proceso le pueda ser endilgada. Reiteró los
argumentos acerca del rol de la FEC y los convenios que ha celebrado con algunas
de las asociaciones de acueductos comunitarios. Iteró su condición de persona
jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro y, finalmente, planteó la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva resaltando que lo pretendido con la
demanda solo es exigible de las entidades prestadoras de servicios públicos22.

II.3.7. Corpocaldas se opuso a las pretensiones de la demanda. Ello al manifestar
que ha cumplido con los postulados legales y reglamentarios que rigen su actividad.
En ese orden, planteó las excepciones de “AUSENCIA EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS POR LA CORPORACION AUTÓNOMA Y REGIONAL DE CALDAS –
CORPOCALDAS, EN ATENCIÓN A SU ÓRBITA DE COMPETENCIA”23 y “FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA24”. La primera pues, insistió, no ha incurrido

en afectación por acción u omisión de los derechos colectivos cuya vulneración se
alega. La segunda, en tanto el municipio es el responsable de prestar el servicio
público domiciliario de acueducto en las zonas rurales. En este punto se refirió a los
artículos 311 y 313 de la Constitución, 65 de la Ley 99 de 1993 y a las Leyes 9 de
1989 y 388 de 1997 y adujo que carece de las competencias para solucionar la
problemática puesta de presente en este proceso.

Por último, solicitó la vinculación al trámite de la referencia de la Dirección Territorial
de Salud de Caldas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 1575 de
2007, según el cual esa entidad es la competente para efectuar la certificación
sanitaria del agua para la prestación del servicio público domiciliario de agua a las
comunidades de las zonas rurales del Municipio de Chinchiná.

21 Folios 348 a 350 ibidem.
22 Folios 106 a 110 ibidem.
23 Folio 439 ibídem.
24 Ibídem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

II.3.8. La Dirección Territorial de Salud de Caldas solicitó que el Juez negara las
pretensiones de la demanda. Como argumento planteó las excepciones de i)
“AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD”25, ii) “INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS

COLECTIVOS POR PARTE DE LA D.T.S.C.”26, iii) “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR

PASIVA”27 y iv) la “EXCEPCIÓN GENÉRICA28”.

En cuanto a la primera, resaltó que no existe nexo de causalidad entre la alegada
vulneración de derechos colectivos y su actuación. Respecto de la segunda, precisó
que de ninguno de sus comportamientos se puede derivar la consecuencia jurídica
de declarar que la Dirección Territorial vulneró los derechos colectivos de los
accionantes. Al explicar la tercera, aclaró que al no ser una entidad responsable por
la prestación de los servicios públicos no le compete responder en el proceso en la
calidad de demandada. Como cuarto punto solicitó que el juez decrete de oficio
cualquier excepción que se advierta o resulte probada en el proceso.

Para finalizar, la Dirección Territorial hizo referencia a varias normas: los artículos
367 a 370 de la Constitución, los artículos 2 y 5 de la Ley 142 de 1994, el artículo 7
del Decreto 302 de 2000 (modificado por el Decreto 229 de 2002), el artículo 12 de
la Ley 388 de 1997, los artículos 3 y 8 del Decreto 302 de 2000, el artículo 8 del
Decreto 1575 de 2007, el artículo 43 de la Ley 715 de 2001 y la Ordenanza 446 de
201229.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

III.1. El Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia el 2 de septiembre de
2022, en el sentido de amparar los derechos colectivos de la comunidad afectada.
A continuación, se transcribe la parte resolutiva:

“PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el Magistrado
Fernando Alberto Álvarez Beltrán para conocer el presente asunto.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por federación (sic) Nacional de Cafeteros,
la Fundación Ecológica Cafetera, la Corporación Autónoma Regional de Caldas
– CORPOCALDAS y la Dirección Territorial de Caldas.

25 Folio 668 ibídem.
26 Folio 669 ibídem.
27 Ibídem.
28 Ibídem.
29 Folios 228 a 236 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

TERCERO: DECLARAR LA VULNERACIÓN de los derechos colectivos
relacionados con el goce de un ambiente sano, con la seguridad y salubridad
públicas, con el acceso a una infraestructura que garantice la salubridad
pública, con la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos y con el
acceso al agua potable de los habitantes de los centros poblacionales de las
veredas del municipio de Chinchiná, por parte del municipio de Chinchiná, el
Departamento de Caldas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En consecuencia:

SE ORDENA al Municipio de Chinchiná en un plazo de un año (1) a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, adquirir los predios y demás derechos de
servidumbre que según los estudios se hacen necesarios para viabilizar el plan
de aguas para ese municipio, una vez lo anterior, en concurrencia con el
departamento de Caldas, y dentro del marco del Plan Departamental de Aguas
del Departamento de Caldas, todas las entidades comprometidas en virtud de
ese principio de concurrencia, municipio de Manizales (Sic), , Departamento de
Caldas y Nación-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberán acometer
las obras necesarias para la construcción de las plantas de tratamiento y redes
de conducción que se requieren para optimización de los acueductos del
Naranjal, El Trébol, Alto de Mina, Alto del Chuscal y la Estrella, dentro de una
plazo de un (1) año, siguiente a que el Municipio demuestre haber adquirido los
predios y servidumbre necesarios, en todo caso las obras no pueden excederse
en su ejecución al de tres (3) años, siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

Así mismo, deberá el municipio con apoyo del Departamento y del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, adelantar las capacitaciones necesarias dirigidas
a las personas que tienen a su cargo la administración y mantenimiento del
acueducto sobre el manejo, uso y mantenimiento de los mismos a fin de
garantizar el funcionamiento continuo de los mismos y el suministro de agua
potable; de igual forma deberá organizar charlas con las comunidades de dichas
veredas para explicarles la importancia de contar con un acueducto que
distribuya agua potable.

De igual forma se exhortará a la Asociación de Usuarios de Servicios Colectivos
de Naranjal, La quiebra y La Floresta para que en el marco de sus competencias
presten su colaboración y apoyo al municipio para la implementación de los
programas y proyectos de optimización de los acueductos veredales y la
construcción de las plantas de tratamiento de agua potable.

Respecto de la federación (sic) Nacional de Cafeteros, la Fundación Ecológica
Cafetera, la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, y
la Dirección Territorial de Caldas, se exhortará teniendo en cuenta los objetivos
de estas organizaciones, para que en el seno de sus directivas, apoyen estos
cometidos que son en beneficio de la comunidad que ustedes agrupan, siendo
que el bienestar de los mismos seguro redundará en beneficio de sus objetivos,
a fin de que la infraestructura que poseen la cedan o faciliten para el desarrollo
de este plan de aguas para las veredas de Chinchiná.

CUARTO: CONFÓRMASE el comité de verificación de que trata el artículo 34
de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por el Magistrado ponente, quién
será su presidente, el Personero del Municipio de Chinchiná, la Defensoría del
Pueblo – Regional Caldas, el Municipio de Chinchiná, el Departamento de
Caldas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio Público.

Para lo anterior, el Personero del Municipio de Chinchiná – Caldas, ejercerá
como secretario y se obligará a pedir informes a las partes vinculadas en forma

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

trimestral, y cuando advierta incumplimiento lo hará saber al presidente del
Comité, para que inicie las actividades correspondientes a saber.

QUINTO: Para los efectos del artículo 80 de la ley 472 de 1998, la Secretaría
del Tribunal, se enviará copia de la demanda, del auto admisorio y del presente
fallo a la Defensoría del Pueblo con destino al Registro Público de Acciones
Populares y de Grupo.

SEXTO: Sin costas en esta instancia, según lo indicado en la parte motiva.

SÉPTIMO: EJECUTORIADA esta providencia ARCHÍVENSE las diligencias
previas las respectivas anotaciones en el Sistema Siglo XXI”30.

III.2. Para llegar a esa decisión, hizo el recuento del material probatorio y aludió al
marco normativo aplicable al caso bajo estudio. Así, en cuanto a las
responsabilidades institucionales en materia de prestación del servicio de
acueducto, se refirió a los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley 142 de 1994. Sobre la
responsabilidad de los municipios relacionada con la infraestructura para la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, citó el artículo 8 de la Ley 388 de
1997, así como el artículo 1 de la Resolución 1458 de 2005, por la cual se modifica
la Resolución número 1096 de 2000, que adopta el Reglamento Técnico para el
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

Continuó mencionando el Documento CONPES 3463 de 2007 que, sobre los Planes
Departamentales de Agua y Saneamiento para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, estableció que los Departamentos
serían la instancia de coordinación con el Gobierno Nacional y precisó las
responsabilidades principales de los implicados en dichos planes por niveles
territoriales. Posteriormente, citó el artículo 10 de la Ley 1176 de 2007 sobre
destinación de recursos para los departamentos; el artículo 250 de la Ley 1450 de
2011 acerca de la evaluación y viabilización de los proyectos de agua y
saneamiento; el artículo 2 del Decreto 3571 de 2011 en el que se establecen las
funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como el artículo 32 del
Decreto 1484 de 2014, acerca de que es esa cartera la responsable de girar los
recursos.

Lo anterior para concluir que en la prestación del servicio público de acueducto y
alcantarillado confluyen responsabilidades de los órdenes nacional, regional y local,
siendo el Municipio el primer y mayor responsable en su garantía. Ente que, si bien

30 Folios 29 a 31 del documento “53_0053Otros_ED_56SENTENCIAPRIMERAIN NroActua 2”
ibidem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

puede apoyarse en la Gobernación, no se exime de sus obligaciones por razones
de presupuesto o infraestructura operativa. Ello en virtud de que por mandato
Superior deben priorizar en sus presupuestos la debida prestación de los servicios
públicos.

Sobre la participación de los departamentos en la prestación del servicio público de
agua potable, señaló que el artículo 288 de la Constitución estableció que los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad rigen la atribución de
competencias de los diferentes niveles territoriales. Al respecto, citó la sentencia C-
1051 de 2001. Luego, citó el artículo 2 del Decreto 3571 de 2011 para precisar las
funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en materia de agua potable
y saneamiento ambiental.

Al referirse al caso concreto, encontró probado que solo la Vereda El Naranjal y
aquellas del Municipio de Chinchiná a las que ese acueducto suministra el agua
reciben agua potable31. Las demás reciben para su consumo y uso diario agua sin
potabilizar que genera un alto riesgo para la vida, salud y seguridad de los
habitantes del sector. Situación que amerita el desarrollo de proyectos de
implementación de plantas de tratamiento, así como la optimización de la totalidad
de los acueductos veredales. Igualmente, resaltó que el Municipio de Chinchiná es
consciente de esa problemática, por lo que en virtud del convenio celebrado con del
Departamento de Caldas en el marco del PDA, adelantaron estudios encaminados
a estimar las necesidades y obras pertinentes con el fin de garantizar el acceso al
agua potable, pero los proyectos destinados a esos fines no pudieron ejecutarse por
falta de adquisición de bienes y derechos de servidumbre.

De ahí, evidenció la afectación de los derechos colectivos relacionados con el goce
de un ambiente sano, la seguridad y la salubridad públicas, el acceso a una
infraestructura que garantice la salubridad pública, la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos y el acceso al agua potable de los habitantes de los centros
poblacionales de las veredas. Todo ello derivado de las conductas activas y
omisivas del Municipio de Chinchiná, el Departamento de Caldas y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

31 A través del informe presentado por la Ingeniera Civil contratista del Plan Departamental de Aguas.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Con respecto a la Federación Nacional de Cafeteros, la FEC, Corporcaldas y la
Dirección Territorial de Caldas declaró probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, pero resolvió exhortarlas a que en el marco de
sus objetivos apoyen las iniciativas encaminadas a lograr el amparo de los derechos
colectivos cuya vulneración amparó.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

IV.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó recurso de
apelación solicitando revocar la sentencia de primera instancia. Según esa cartera,
el Tribunal erró al encontrarlo responsable de la vulneración de los derechos
colectivos. Como sustento, desarrolló los ítems de autonomía administrativa y
prestación de los servicios públicos.

En cuanto al primero señaló que la autonomía administrativa de las autoridades
territoriales, según la Corte Constitucional en la Sentencia C-189 de 2019, implica
tres aspectos esenciales: autogobierno, ejercicio de competencias asignadas por la
ley y administración de recursos. Además, según los artículos 1, 287 y 298 de la
Constitución las autoridades nacionales deben respetar las competencias de las
autoridades territoriales, ya que no existe una relación de subordinación jerárquica
entre ellas. Adicionalmente, los Departamentos tienen la responsabilidad de
coordinar acciones municipales, actuar como intermediarios entre la Nación y los
Municipios, así como promover el desarrollo económico en su territorio.

Expuso que, según los Decretos 3571 de 2011 y 1604 de 2020, esa cartera es
responsable de formular y coordinar políticas para el sector de agua y saneamiento.
En ese orden, el Viceministerio de Agua y Saneamiento se encarga del seguimiento
y asignación de recursos para estos sectores. Agregó que esas autoridades
territoriales son responsables de formular proyectos y garantizar la prestación de
los servicios de agua y saneamiento, según lo establecido en la Ley 142 de 1994 y
la Ley 136, modificada por la Ley 1551 de 2012.

En ese orden, se refirió al estado actual de los proyectos de los acueductos a
desarrollar en el Municipio de Chinchiná, información que obtuvo al consultar el
Sistema de Información para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico – SIGEVAS.
Así, reportó que cinco (5) fueron devueltos para que se efectuaran ajustes. Por ello,

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

recalcó que el Municipio no ha cumplido con sus deberes legales, pues las
correcciones no han sido radicadas y a esa entidad no le está permitido intervenir
para que el ente territorial local cumpla con sus funciones.

De ahí que la vulneración y amenaza de los derechos colectivos sea atribuible al
Municipio de Chinchiná, quien no ha garantizado el servicio de acueducto con
calidad, presión y continuidad, más no a ese Ministerio, a quien dicha prestación no
le corresponde, así como tampoco la elaboración de estudios y diseños de los
proyectos para las comunidades rurales o adelantar capacitaciones y charlas a los
encargados del mantenimiento de los acueductos. Manifestaciones de las que
concluyó que al no haberse demostrado en el proceso un nexo de causalidad con
entidad para generar responsabilidad en su cabeza, no puede declarársele como
obligado a responder por la vulneración de unos derechos colectivos cuya garantía
desborda el ámbito de su competencia32.

VI.2. El Departamento de Caldas presentó recurso de apelación en el que solicitó
revocar el fallo de primera instancia aduciendo que en el proceso no se demostró
que ese ente territorial hubiese vulnerado los derechos colectivos de los habitantes
del sector rural del Municipio de Chinchiná. Por el contrario, de conformidad con la
información obrante en el plenario, quedó claro que a través de la Secretaría de
Vivienda Departamental asesoró al Municipio para que presentara los proyectos
para la optimización de los acueductos rurales. Sin embargo, fue aquel quien
incumplió con lo requerido para viabilizarlos pues no se compraron los predios
necesarios y a través de su representante legal, se retiraron dichos proyectos de la
priorización del Plan Departamental de Aguas. De ahí que las obras que requieren
los acueductos no hayan sido adelantadas, pues el componente predial es
responsabilidad de los municipios.

Luego, citó los artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 142 de 1994. Posteriormente,
aludió a la asistencia técnica, administrativa y financiera para radicar los proyectos
por la ventanilla única del Departamento, en desarrollo de la Resolución 0672 de
2015. Aseveró que, pese al incumplimiento del ente territorial local, ha estado
comprometido con el desarrollo de las obras necesarias para la construcción de las
plantas de tratamiento y redes de conducción para la optimización de los

32Recurso que se encuentra en el documento ”55_0055Otros_ED_58RECURSOAPELMINVIVI
NroActua 2” ibidem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

acueductos, ello en virtud de los principios de concurrencia y subsidiariedad. En ese
orden, procedió a relatar los avances que se han efectuado, resaltando que todo
ello ha sido en el marco de sus competencias. Línea argumentativa que lo llevó a
afirmar que contrario a lo manifestado por el Tribunal, el único que amenaza o
vulnera los derechos colectivos de sus habitantes es el Municipio de Chinchiná.

Posteriormente, manifestó su desacuerdo con la decisión de desvincular a
Corpocaldas argumentando que, por hacer parte del Sistema Nacional Ambiental,
es responsable de la política y acción ambiental señaladas en la Ley. Por último, se
refirió a las competencias de los niveles territoriales en materia de saneamiento
ambiental, citando los artículos 49, 365 y 366 de la Constitución y las leyes 99 de
1993 y 715 de 2001.

IV.3. El Municipio de Chinchiná presentó recurso de apelación planteando su
desacuerdo con que se haya declarado la vulneración de los derechos colectivos,
pese a que en el proceso se encuentra probado que el Municipio inscribió en el PDA
proyectos que se están ejecutando y que son responsabilidad de ese plan, más no
del Municipio. En tal virtud, aseveró: “es el PDA quien debió ser condenado a
adelantar todos los trámites necesarios para ejecutar los proyectos en las diferentes
fases, para eso el municipio aportó unos dineros o recursos propios para que se
ejecuten esas labores, situación que no fue apreciada de fondo por el magistrado
que falló de fondo las pretensiones de la acción”33.

Adicionalmente, señaló que en el proceso se incumplió con la carga de la prueba
pues no se demostró que las entidades condenadas efectivamente hubiesen
vulnerado los derechos colectivos de los habitantes de las zonas rurales. En este
punto indicó que la comunidad no está de acuerdo con la potabilización del agua
debido a que “se surten del abasto de sus regiones para el beneficio del café y ahora
ese tratamiento del agua, les implicaría un gasto adicional”34. Ello debido a que se
trata de un servicio que tendrían que pagar “y esa es una actividad que ha venido
funcionando desde hace muchísimos años y la comunidad no se ha visto
afectada”35. Continuó esa línea argumentativa indicando que no se demostró que
hubiese incurrido en vulneración de derecho colectivo alguno, por el contrario, lo

33 Folio 5 del documento denominado “57_0057Otros_ED_60RECURSOAPELMPIOCHI NroActua

2” ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

que sí quedo probado fue que los proyectos estaban inscritos en el PDA. Es decir,
ese ente territorial, en asocio con otros, estaba trabajando en dar solución a la
problemática presentada ante el juez popular, razón por la cual no comparte el
sentido del fallo.

Finalmente manifestó lo siguiente:

“Frente a las obligaciones del municipio no hay ningún reparo y la entidad estará
presta a lo que se decida por la segunda instancia, en lo que no hay conformidad
es en declarar que el municipio de Chinchiná vulneró los derechos de los
habitantes de dichas veredas, es por tal motivo que solicitó se revoque su
decisión y se absuelva al municipio de Chinchiná de las pretensiones incoadas
por el interesado, al menos en lo que se refiere a la vulneración de tales
derechos”36.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante autos del 5 de octubre de 2022 y 21 de septiembre de 2023, el Despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento de Caldas y el Municipio de
Chinchiná. Adicionalmente, prescindió del traslado para alegar de conclusión, en
aplicación del numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el cual fue
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Ello debido a que en los
recursos de alzada no se solicitaron pruebas que requirieran ser decretadas y, por
ende, habilitaran la presentación de alegatos de conclusión37.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia del proceso de la
referencia.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VII.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por

36 Folio 7 ibidem.
37 Visibles en los índices 4 y 13 de SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.

VII.2. Planteamiento

Para resolver los recursos de apelación, la Sala observa que las partes coinciden
en la vulneración de los derechos colectivos en el asunto de referencia. Esto se
debe a que los acueductos del Municipio de Chinchiná no proporcionan agua
potable a los habitantes de las zonas rurales de ese ente territorial. Además, no hay
controversia en cuanto a que los proyectos que se planeaban en ejecutar en esa
zona a través del PDA, no pudieron culminarse debido a que el citado municipio no
ha adquirido los terrenos donde se llevarían a cabo ni ha conseguido los derechos
de servidumbre que se requieren. También es importante señalar que coinciden
respecto a que el ente local no ha subsanado las deficiencias en los proyectos que
ha presentado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, lo que ha impedido su
financiación por parte de la Nación.

Sin embargo, discuten frente a: (i) la necesidad de potabilizar el agua que se
suministra en la zona rural del Municipio de Chinchiná, (ii) la autoridad competente
para resguardar los derechos colectivos y (iii) la legitimación en la causa por pasiva
de Corpocaldas para adoptar medidas que permitan solventar la problemática en el
presente asunto.

En cuanto al primer punto, para el Municipio de Chinchiná la comunidad no está de
acuerdo con la potabilización del agua, pues se trata de un servicio que se verían
obligados a pagar y además, es del criterio que el suministro de ese líquido sin
tratamiento no ha ocasionado ningún impacto negativo a sus habitantes. Mientras
que, para el Tribunal sí era necesario ordenar que se potabilice el agua, pues en las
condiciones actuales de prestación del servicio se generaba un alto riesgo a la vida,
salud y seguridad de los residentes de ese sector.

Sobre el segundo aspecto, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el
Departamento de Caldas, la autoridad competente para adelantar las gestiones que
se requieren para superar la problemática objeto de controversia es el Municipio de

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Chinchiná, dado que ese ente territorial no ha realizado los ajustes a los proyectos
que ha presentado ante esas entidades, lo que ha imposibilitado la financiación y
ejecución de obras que permitan potabilizar el agua y según el orden departamental,
este ha observado los lineamientos jurídicos en orden a asesorarlo para conseguir
los recursos pertinentes. Mientras que, el Tribunal considera que, en virtud de los
principios de concurrencia y solidaridad, las recurrentes y el Municipio deben
adelantar las obras que permitan la optimización de los acueductos veredales.

A su vez, para el Municipio de Chinchiná, el encargado de llevar a cabo dichas obras
era el PDA, quien era responsable de su ejecución, pues para esos efectos dicho
ente territorial le ha aportado recursos. De otro lado, para el Tribunal, el ente local
sí debe acometer las obras que permitan la distribución de agua potable en su zona
rural, toda vez que es el responsable directo en la prestación de ese servicio y quien,
además, no ha adquirido los predios en los que se ha planean efectuar dichos
proyectos, ni ha solicitado las respectivas servidumbres.

Finalmente, en cuanto al tercer aspecto, el Departamento de Caldas manifestó su
desacuerdo con que el Tribunal haya decretado la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva respecto de Corpocaldas, señalando que por ser la autoridad
ambiental de la jurisdicción debe hacer parte del proceso. A su vez, para el Tribunal
era menester la desvinculación de esa autoridad ambiental al no hallarla
responsable de la vulneración de los derechos colectivos en el presente asunto.

VII.3. Generalidades de la acción popular

De acuerdo con su definición constitucional – artículo 88 de la Constitución Política-
y legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998-, las acciones populares se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución
y la ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de acciones que
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o particulares
que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Por ende,
a la luz de lo dispuesto por los artículos 2 y 9 ejusdem, la acción popular se ha

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

calificado como un medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o
restitutorio, dependiendo de las particularidades del caso.

VII.4. Del cargo relacionado con la necesidad de potabilizar el agua

En este punto se tendrá que definir si es cierto que como alega el Municipio de
Chinchiná, los habitantes de la zona rural de ese ente territorial no están de acuerdo
con la potabilización del agua, dado que les implicaría un gasto adicional, máxime
cuando esa comunidad no se ha visto afectada por recibir ese líquido vital sin ningún
tratamiento.

VII.4.1. Con el fin de abordar esta cuestión, en primer lugar se debe señalar
que el citado ente territorial no allegó ningún elemento material probatorio concreto
que respalde la afirmación de que los habitantes de las zonas rurales se oponen al
suministro de agua potable. Prueba de ello es que inclusive, no intervino ningún
residente de ese sector pidiendo que se nieguen las pretensiones de la demanda.

Además, al revisar el expediente, lo que se observa es que se llevaron a cabo varias
reuniones de socialización de los proyectos que originalmente se tenían previstos
ejecutar en colaboración con el PDA, en cuyas actas se señaló de manera explícita
que la comunidad ha mostrado una actitud receptiva hacia la realización de obras
de este tipo. A modo de ejemplo, en el documento denominado “informe final de
actividades”38 llevado a cabo el 13 de mayo de 2017, por el señor Jhon Jairo López
Pérez, de la unidad del PDA fortalecimiento, se indicó:

“Cartografía social: Objetivo general: Sentar las bases metodológicas y
prácticas para el desarrollo de conocimientos en sus diversas dimensiones que
contribuyan a una formación comunitaria en el proceso de capacitación.

Objetivos específicos:

• Conocer por medio del dibujo una realidad sobre el sistema de acueducto de
la localidad
• Ser un espacio de encuentro de los diferentes actores sociales de la
comunidad
-Reforzar el sentido de pertenencia al reconocer el territorio e ir reafirmando o
construyendo identidad sobre la cuenca como actor principal del sistema de
acueducto.

Se realizó taller de cartografía social el cual tuvo los siguientes momentos:

38 Folio 81 del Cuaderno número 1

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

• Presentación sobre conceptos básicos de la cartografía social e importancia
del ejercicio.
• Actividad de división de grupos para ejecución de la actividad.
• Elección de un líder por grupo que al finalizar socializo los resultados del mapa
• El ejercicio tuvo mucha receptividad por parte de la comunidad, les permitió
identificar temas de interés frente al agua y saneamiento básico, también se
prestó para recordar diversas actividades que realizaban años atrás.
• De acuerdo a la ficha metodológica se recopilo la siguiente información: La
vereda está ubicada en la vereda ALTO DE LA MINA del municipio de
Chinchiná, fuente abastecedora Quebrada la Onda, no poseen planta de
tratamiento solo tanques de almacenamiento (2), son 130 viviendas, 350
personas en promedio, las organizaciones que han intervenido en la vereda
son: Alcaldía de Chinchiná, el plan departamental de agua, comité de cafeteros,
tienen junta de acción comunal, están organizados por comités (Ambiental y
empresarial) tienen escuela, cancha de fútbol, centro de salud, es considerada
la vereda como punto turístico de la región.”39 (Subrayas de la Sala).

De otro lado, tampoco se presentó ninguna prueba que permita acreditar que esa
población no se ha visto afectada por consumir agua sin tratamiento. De hecho, a
lo largo del proceso se allegaron documentos que dan cuenta de los peligros que
representa el consumo del líquido que se suministra actualmente en esa zona.

En efecto, en el informe denominado “Levantamiento de información para la
elaboración de los mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano
de la zona rural del Municipio de Chinchiná – Caldas”40, elaborado por la Ingeniera
Ambiental Viviana Rojas Vásquez, en el marco del contrato No. 315 del 11 de julio
de 2019, que la aludida ciudadana suscribió con la Oficina de Proyectos Especiales
y Desarrollo Económico del Municipio de Chinchiná, se expusieron los siguientes
riesgos asociados al agua que se distribuye en la zona rural del ente local:

“4. VEREDA EL GUACAMAYO

(…)

También se realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica de las
aguas, que de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de
2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano”, el agua no es apta para el consumo humano por presencia
de Escherichia”coli y Coliformes Totales.

5. VEREDA GUAYABAL

(…)

También se realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica de las
aguas, que de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de

39 Folio 81 ibídem.
40 Folio 600 ibídem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano”, el agua no es apta para el consumo humano por presencia
de Escherichia”coli y Coliformes Totales.

6. VEREDA BAJO CHUSCAL
(…)

También se realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica de las
aguas, que de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de
2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano”, el agua no es apta para el consumo humano por presencia
de Escherichia”coli y Coliformes Totales.

7. VEREDA LA ESTRELLA

(…)

También se realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica de las
aguas, que de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de
2007 'Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano", el agua no es apta para el consumo humano por presencia
de Escherichia coli y Coliformes Totales.

8. VEREDA CRUCETAS

(…)

También se realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica de las
aguas, que de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de
2007 "Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano", el agua no es apta para el consumo humano por presencia
de Escherichia coli y Coliformes Totales.

OBSERVACIONES Del presente informe resultan las siguientes observaciones:

1. De acuerdo al Decreto 1575 del 09 de Mayo de 2007 "Por el cual se establece
el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano", en sus artículos 8° "RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES
DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES DE SALUD" y el 9°
"RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS PRESTADORAS." Tanto el
Municipio como las Personas Prestadoras tienen la responsabilidad de
suministrar o distribuir agua APTA para el consumo humano en este caso en el
Zona Rural, y para esto deben de realizar el control de las características físicas,
químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, como también de
las características adicionales definidas en el mapa de riesgo o lo exigido por la
autoridad sanitaria de la jurisdicción, según se establezca en la reglamentación
del presente decreto, para garantizar la calidad del agua para consumo humano
en cualquiera de los puntos que conforman el sistema de suministro y en toda
época del año; por consiguiente el Municipio de Chinchiná debe realizar las
gestiones necesarias para dar cumplimiento a los artículos en mención ya que
el agua de los acueductos trabajados en la Zona Rural del Municipio NO ES
APTA para el consumo humano, la caracterización de las aguas no cumplen
con los valores máximos aceptables presentes en la Resolución 2115 del 22 de
Junio de 2007 "Por medio de la cual se señalan características, instrumentos
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

para consumo humano", pues en dichas aguas hay presencia de Eschenchia
Coli y Conformes Totales, considerados de alto riesgo e inviable
sanitariamente, a excepción de Acueducto Vereda Quiebra Naranjal que
suministra agua APTA para consumo humano.”41 (Subrayas y negrillas de la
Sala).

Mientras que en el oficio llamado “Diagnóstico Acueducto Vereda El Trebol –
Municipio de Chinchiná Caldas”, realizado en marzo de 2022 por la Gobernación
del Departamento de Caldas, se reconocieron los siguientes impactos a la
comunidad por el consumo de agua sin potabilizar:

“Respecto a las condiciones de salud pública, en la vereda cuentan con puesto
de salud; las brigadas de salud se realizan cada 6 meses y para los niños cada
3 meses, resalta que prestan un buen servicio a la comunidad que asiste. Por
otro lado, desconoce los problemas de salud que afectan a la comunidad, pero
reconoce que por el agua cruda que ingieren se presentan enfermedades
gastrointestinales y parásitos, principalmente en los niños y niñas. Las
técnicas de tratamiento del agua para consumo humano en la vivienda son:
Agua hervida, filtro en grifo, filtro purificador, reposo del agua, pero también hay
personas que consumen directamente el líquido vital sin tratamiento.”42
(Subrayas y negrillas de la Sala)

En consecuencia, es evidente que el consumo de agua cruda sí puede causar
impactos en la salud de las personas y que, al parecer lo que pretende el Municipio
de Chinchiná es evadir sus competencias constitucionales y legales en la prestación
ese servicio público (las cuales serán desarrolladas a profundidad en el punto
VII.5.1. de esta providencia), sin detenerse a considerar que con ello, inclusive se
puede poner peligro para la vida de sus pobladores.

En efecto, sobre el particular es pertinente señalar que el acceso al agua potable ha
sido reconocido como un derecho autónomo de rango de fundamental por la Corte
Constitucional que se encuentra estrechamente ligado al principio de dignidad
humada. Lo anterior, dada su importancia para garantizar la vida y la salud de las
personas, derechos éstos últimos indispensables para la concreción y ejercicio de
las demás prerrogativas señaladas en la Carta Política43.

En similar sentido, debe precisarse que existen distintos instrumentos
internacionales que reconocen la necesidad de garantizar el acceso al agua potable

41 Visible a folios 600 a 612 ibídem.
42 Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
43 Entre otras, ver la sentencia T-401 del 16 de noviembre de 2022, con ponencia del Magistrado

José Fernando Reyes Cuartas. T-058 del 12 de marzo de 2021. Magistrado Ponente: Gloria Stella
Ortiz Delgado. T-282 del 3 de agosto de 2020. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
T-012 del 22 de enero de 2019. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. Entre otras.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

como un derecho fundamental. Frente a estos, resulta ilustrador el recuento
normativo que hizo la Corte Constitucional en sentencia T-401 del 16 de noviembre
de 2022, en donde se expuso:

“3.1. El desarrollo del derecho al agua potable y al saneamiento básico en
el derecho internacional de los derechos humanos

35. En el ámbito internacional existen una serie de mandatos de optimización
para que los Estados adopten, en el marco de sus competencias, los mayores
esfuerzos normativos, logísticos y presupuestales destinados a garantizar que
los ciudadanos tengan acceso al agua. Estas obligaciones se traducen en un
deber institucional de gestionar y ejecutar las obras necesarias para garantizar
que los habitantes de un determinado país puedan acceder al recurso hídrico
en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad44.

36. El derecho internacional ha avanzado en el reconocimiento del agua potable
y del saneamiento básico como condiciones indispensables para la salud y el
desarrollo de una vida digna. De esta manera, en Colombia los derechos al
agua potable y al saneamiento básico no pueden ser plenamente entendidos
sin hacer referencia al marco normativo internacional que se integra al bloque
de constitucionalidad.

37. El derecho al agua se ha reconocido en diferentes instrumentos, como
declaraciones, resoluciones o planes de acción. Estos fueron adoptados en
Conferencias Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (en
adelante la ONU) fueron elaborados por organismos que integran esa
organización. De este corpus iuris internacional hacen parte, entre otros, la
Declaración de Mar del Plata (1977). Este fue el primer llamamiento a los
Estados para que realizaran evaluaciones nacionales de sus recursos hídricos
y desarrollaran planes y políticas nacionales dirigidas a satisfacer las
necesidades de agua potable de toda la población. También reconoció que
todas las personas y pueblos tienen derecho a disponer de agua potable de
calidad y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

38. Por su parte, en la Declaración de Dublín (1992) se reiteró que el derecho
al agua es un derecho fundamental. Allí se advirtió sobre la amenaza que
suponen la escasez y el uso abusivo del agua dulce para el desarrollo
sostenible, la protección del medio ambiente y de los ecosistemas; y para el
desarrollo industrial, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar humano.

39. En la Declaración de Río de Janeiro (1992) se resaltó la importancia del
agua y la necesidad de su preservación. El capítulo 18 estableció como objetivo
general velar porque se mantuviera un suministro suficiente de agua de buena
calidad para toda la población del planeta. Además, incluyó la meta de
conservar las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas.

40. El Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas
sobre Población y Desarrollo (1994) hizo una clara referencia al derecho al
agua. En el principio número 2 se sostuvo que los seres humanos tienen el
derecho a un adecuado estándar de vida para sí y sus familias; lo que incluye
alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento.

41. En la Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible (2015), se reconoció que
el acceso universal al agua y saneamiento es uno de los 17 Objetivos Globales.

44 Sentencia T-475 de 2017.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

El objetivo número 6 se refiere al acceso al agua. Este dispone que para el año
2030 los Estados deben unificar los esfuerzos y adoptar las medidas necesarias
tanto para garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible
como para proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene
en todos los niveles.

42. Por otra parte, la observación General No. 15 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (en adelante CDESC) sostuvo que acceder
al agua y al saneamiento básico es un derecho humano. Se trata de una de las
garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado y el “disfrute
del más alto nivel de vida posible”45. El Comité señaló que su efectiva realización
implica garantizar las siguientes condiciones mínimas. Por una parte, la
disponibilidad. Esta se refiere a que el suministro de agua para cada persona
debe ser continuo y suficiente para cubrir las necesidades básicas de uso
personal y doméstico. En segundo lugar, la calidad. Esta implica que el agua
debe ser salubre para su consumo personal y doméstico. Por último, la
accesibilidad. La cual indica que los servicios de abastecimiento de agua deben
ser físicamente accesibles y económicamente asequibles para estar al alcance
de todos los sectores de la población.

43. En relación con la cantidad, el CDESC precisó que este indicador hace
referencia a una medición cuantitativa del número de metros cúbicos necesarios
para una persona46. La Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS)
ha definido que los metros cúbicos mínimos necesarios para una persona
siempre están alrededor de cincuenta a cien. Al respecto, este Tribunal ha
señalado que una cantidad suficiente de agua abarca el recurso necesario para
el saneamiento, usos personales y domésticos (consumo, preparación de
alimentos e higiene)47.

44. En la Resolución 64/292 (2010), la Asamblea General de la ONU reconoció
explícitamente: “que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos”48. Asimismo, la ONU exhortó a que tanto los Estados como las
organizaciones internacionales contribuyeran de forma financiera y tecnológica
con la asistencia y la cooperación internacional, sobre todo a los países en
desarrollo. Esto con el fin de intensificar los esfuerzos por proporcionarle a toda
la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.

45. En la Resolución 70/169 (2015), la Asamblea General de la ONU reconoció
la existencia autónoma e independiente, pero interrelacionada de “los derechos
humanos al agua potable y el saneamiento como componentes del derecho a
un nivel de vida adecuado”49. Según la Asamblea General, el agua potable y el
saneamiento básico están estrechamente relacionados entre sí, pero tienen
características particulares “que justifican su tratamiento por separado a fin de
abordar problemas específicos en su realización, ya que demasiado a menudo

45 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Artículos 11 y 12.

Ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
46 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario
General: “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre
el Alcance y el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos
Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que Imponen los
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3, 2007, párr. 15.
47 Sentencias T-891 de 2014, T-760 de 2015, T-100 de 2017 y T-476 de 2019.
48 ONU. Asamblea General. Res. 64/292 El derecho humano al agua y el saneamiento. Sesión no.

64. Julio 28, 2010.
49 ONU. Asamblea General. Res. 70/169 Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

básico. Septuagésimo periodo de sesiones. Diciembre 17, 2015.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

el saneamiento se sigue descuidando si no se reconoce como un derecho
diferenciado”50.

46. En efecto, según el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre el
derecho humano al agua potable y al saneamiento, la importancia del
saneamiento básico se ve aminorada debido a la preponderancia otorgada al
agua. Reconocer el agua y el saneamiento como derechos humanos separados
permite desarrollar normas específicas para la realización plena de cada uno.
Además, la individualización de cada derecho supone tener en cuenta que no
todas las opciones de saneamiento se basan en sistemas relacionados con el
agua51.

47. Además de los anteriores, existen otros instrumentos internacionales que
han reconocido obligaciones relativas a garantizar el acceso al agua potable y
al saneamiento básico. Por ejemplo, la Convención Contra la Eliminación de
Todas las formas de Discriminación contra la Mujer. En su artículo 14.2, la
CEDAW señala que los Estados deben asegurarles a las mujeres el derecho a
gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente, en las esferas de la
vivienda, los servicios sanitarios y el abastecimiento de agua.

48. En el ámbito del Sistema Interamericano de derechos humanos, el derecho
al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante CADH)52. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha considerado que el acceso al
agua comprende el consumo, el saneamiento, la preparación de los alimentos
y la higiene personal y doméstica. Para algunos individuos y grupos también
implica los: “recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las
condiciones de trabajo”53. La Corte IDH ha indicado que el acceso al agua
implica obligaciones de realización progresiva. Sin embargo, los Estados tienen
obligaciones inmediatas, como garantizar dicho acceso sin discriminación y
adoptar medidas para lograr su plena realización54. Entre las obligaciones
estatales que se pueden entender comprendidas en el deber de garantía se
encuentra la de brindar protección frente a los actos de terceros. Esto exige que
los Estados impidan tanto menoscabar el disfrute del derecho al agua como
garantizar un mínimo esencial de agua en aquellos casos de personas o grupos
de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua por
razones ajenas a su voluntad.

49. En el caso Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010), la Corte IDH analizó el
reconocimiento a la propiedad del territorio ancestral de una comunidad
indígena que carecía del servicio de distribución de agua. El tribunal
interamericano consideró que, según los estándares internacionales, el agua
debía ser de una calidad que representara un nivel tolerable de riesgo.
Determinó que el Estado no proporcionaba el agua en cantidad suficiente para
garantizar un abastecimiento para los mínimos requerimientos. Esa situación

50 ONU. Asamblea General. Res. 70/169 Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

básico. Septuagésimo periodo de sesiones. Diciembre 17, 2015. p.4.
51 Catarina de Albuquerque, Derechos hacia el final. Buenas prácticas en la realización de los

derechos al agua y al saneamiento, Relatora Especial de las ONU para el Derecho Humano al Agua
y al Saneamiento, Lisboa, 2012, p. 32.
52 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra

Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C
No. 40, párr. 222.
53 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio

ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal
• interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de
noviembre de 2017. Serie A No. 23. párr. 111.
54 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

expuso a las personas a riesgos y enfermedades. La Corte IDH indicó que el
Estado debía adoptar de manera inmediata, periódica y permanente el
suministro de agua potable para el consumo y aseo personal de los miembros
de la comunidad55.

50. Asimismo, en el caso de las comunidades indígenas miembros de la
Asociación Lhaka Honhat vs. Argentina (2020), la Corte IDH estableció
expresamente que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26
de la CADH. El tribunal interamericano aseguró que, en cumplimiento de sus
obligaciones relativas al derecho al agua, los Estados deben prestar especial
atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido
dificultades para acceder a este derecho. En ese sentido, deben velar porque
el acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras
ancestrales sea protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas y facilitar
recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su
acceso al agua. Además, las autoridades deben asegurar que las comunidades
nómadas tengan acceso al agua potable en sus lugares de acampada
tradicionales56

51. De lo anteriormente expuesto se concluye que el derecho internacional de
los derechos humanos ha avanzado en el reconocimiento del agua potable y
del saneamiento básico como condiciones indispensables para la salud y el
desarrollo de una vida digna. Se trata de las garantías indispensables para
asegurar un nivel de vida adecuado y el “disfrute del más alto nivel de vida
posible”57. Además, como se acaba de indicar, la Corte Interamericana ha
decidido que el derecho al agua es una garantía exigible judicialmente a través
del artículo 26 de la CADH.

52. De manera que, una vez que se ha delimitado el panorama nacional e
internacional relacionado con el derecho al agua y el saneamiento básico, es
indispensable realizar un estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional
frente a estas mismas prerrogativas.”58 (Subrayas de la Sala).

En consecuencia, resulta sumamente sorprendente que en pleno siglo XXI con el
desarrollo normativo que tanto a nivel nacional como internacional se ha establecido
sobre la relevancia del acceso al agua potable y su connotación como derecho
fundamental, se niegue a su prestación el Municipio de Chinchiná argumentando
que la comunidad no está de acuerdo con ello y que el consumo de agua cruda no
ha causado algún daño a esa población. En efecto, debe recordarse que el
suministro de ese líquido en condiciones de potabilidad es un elemento vital para la
existencia del ser humano, de ahí que su prestación no pueda estar sujeta a la

55 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214.
56 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra

Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C
No. 40, párr. 230.
57 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Artículos 11 y 12.

Diciembre 16, de 1966. Ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
58 Corte Constitucional.Sentencia T-401 del 16 de noviembre de 2022, Magistrado Ponente: José

Fernando Reyes Cuartas.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

voluntad de la administración, especialmente considerando que algunas fuentes
hídricas están contaminadas debido a diversas actividades trópicas y antrópicas.

En suma, el reparo no tiene vocación de prosperidad.

VII.5. De los cargos relacionados con la autoridad competente para
resguardar los derechos colectivos

VII.5.1. De los reparos del Municipio de Chinchiná

En este punto, tendrá que definirse si es competente el citado ente territorial para
adelantar las obras necesarias para la optimización de unos acueductos ubicados
en la zona rural de ese municipio, si esa entidad alega que ello debe ser asumido
por el PDA, debido a que los aludidos proyectos estaban inscritos en ese plan y que
para esos efectos, ese ente ha destinado recursos públicos.

VII.5.1.1. Con el fin de absolver ese interrogante, debe indicarse que el artículo
311 de la Carta Política señala, respecto de la competencia de los municipios para
la prestación de los servicios públicos, que, “como entidad fundamental de la
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes”.

Por su parte, los numerales 1, 7 y 19 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994,
contemplaron:

“Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.

(…)

7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los
habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis
en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los
demás sujetos de especial protección constitucional.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

(…)

19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico
a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en
materia de servicios públicos domiciliarios.” (Subrayas de la Sala).

En ese mismo sentido, el Legislador desarrolló las normas constitucionales en la
Ley 142 de 1994, estableciendo el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y
advirtió al respecto que su prestación es competencia de los municipios, y que,
cuando el servicio sea suministrado por una empresa privada, corresponde al ente
territorial asegurar que su prestación sea eficiente. Expresamente señaló:

“Artículo 2o. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de
que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365
a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición
final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de
agua potable y saneamiento básico.

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico
que así lo exijan.

2.5. Prestación eficiente.”

“Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de
los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos
que con sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter
oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del
respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.”

Aunado a esto, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, al definir las competencias de
las entidades territoriales, dispuso literalmente:

“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

76.1. Servicios Públicos

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos
además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos.”

Mientras que, el numeral 2.3.7.2.1. del Decreto 1077 de 2015, modificado por el
Decreto 1898 de 2016, prevé que es responsabilidad de los municipios asegurar la
prestación de los servicios públicos en zonas rurales; veamos:

“Artículo 2.3.7.1.2.1. Adopción de infraestructura básica de agua potable y
saneamiento básico en zonas rurales. Es responsabilidad de los municipios y
distritos asegurar que los centros poblados rurales cuenten con la
infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. En
caso de que el municipio o distrito identifique razones técnicas, operativas o
socioeconómicas que impidan la prestación mediante sistemas de acueducto,
alcantarillado o el servicio de aseo en los centros poblados rurales, se podrá
implementar lo dispuesto en la sección 3 del presente capítulo.

Parágrafo. Para la identificación de los centros poblados rurales y demás zonas
rurales, se emplearán las categorías del suelo rural determinadas en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de cada municipio o
distrito, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 388 de 1997 y en los
artículos 2.2.2.2.1.3 y 2.2.2.2.1.4 del Decreto 1077 de 2015, o aquellas
disposiciones de ordenamiento del suelo rural que las modifiquen, adicionen o
sustituyan. Los municipios y distritos deben informar sobre las condiciones de
acceso a agua potable y saneamiento básico en dichas áreas, de acuerdo con
los reportes, los mecanismos y la periodicidad que defina el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.”

En similar sentido, el artículo 2.3.7.1.3.1. ibídem, previó:

“Artículo 2.3.7.1.3.1.Adopción de soluciones alternativas en zonas rurales. Es
responsabilidad de los municipios y distritos asegurar el aprovisionamiento de
agua potable y saneamiento básico en zona rural diferente a los centros
poblados rurales. Para estos efectos, los proyectos de soluciones alternativas
deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 2.3.7.1.3.6. del presente
capítulo.

Parágrafo 1°. En zonas rurales diferentes a los centros poblados rurales en las
que sea viable la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo,
se podrá aplicar lo establecido en la sección 2 del presente capítulo.

Parágrafo 2°. Teniendo en cuenta que las soluciones alternativas definidas en
la presente sección no se constituyen en prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en los términos de los
numerales 14.22, 14.23, y 14.24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, para las
mismas no son aplicables las disposiciones de la citada norma. En
consecuencia, los administradores de puntos de suministro o de abastos de
agua no están sujetos a la regulación de la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento, y no son objeto de vigilancia por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.” (Subrayas de la Sala).

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Por su parte, el artículo 2.3.7.1.5.3. del Decreto 1077 de 2015, modificado por el
Decreto 1688 de 2020, refiere:

“ARTÍCULO 2.3.7.1.5.3. Apoyo y promoción a proyectos de agua para
consumo humano y doméstico o de saneamiento básico. Las entidades
públicas deben asegurar la atención básica de las necesidades de agua para
consumo humano y doméstico y las de saneamiento básico en zonas rurales
de acuerdo con sus competencias:

1. Los planes departamentales de agua podrán financiar con los recursos del
Sistema General de Participaciones - SGP que corresponden a los
departamentos, o con recursos de otras fuentes de financiación, las actividades
de preinversión para proyectos de soluciones alternativas de agua para
consumo humano y doméstico o de saneamiento básico, tales como la
elaboración de estudios y diseños.

2. Los municipios y distritos deben asegurar la atención básica de las
necesidades de agua para consumo humano y doméstico y las de saneamiento
básico en zonas rurales, con soluciones alternativas colectivas o individuales,
donde no exista disponibilidad de servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado o aseo. Para ello, deben apoyar técnica y financieramente el
diseño, construcción y puesta en marcha y realizar la entrega de infraestructura
con soluciones alternativas colectivas o individuales, a las comunidades
organizadas cuando sea el caso, gestionando recursos de las fuentes de
financiación habilitadas para estas inversiones.

3. Los municipios y distritos y otras entidades públicas podrán promover
proyectos de acueducto, alcantarillado o aseo y/o de aprovisionamiento de agua
y saneamiento básico que beneficien a las zonas rurales, aun cuando no se
haya constituido legalmente el prestador o el administrador de las soluciones
alternativas para su operación y mantenimiento. En este caso, el municipio o
distrito deberá apoyar el fortalecimiento comunitario requerido para que la
comunidad pueda organizarse para suministrar el servicio, respetando la
autonomía de la comunidad para tomar decisiones respecto de los servicios que
les benefician." (Subrayas de la Sala).

VII.5.1.2. En ese orden de ideas, lo que advierte la Sala es que corresponde al
Estado, a través de los municipios, asegurar a sus habitantes la prestación eficiente
y oportuna de los servicios públicos domiciliarios, por lo que debe adoptar las
medidas necesarias para garantizar el suministro de agua potable a los mismos.

Siendo ello así, es claro que el hecho que el Municipio se haya inscrito en el PDA
no es óbice para que se desligue de su responsabilidad constitucional y legal de
garantizar el suministro de agua potable en su área rural, pues dicho mecanismo lo
que busca es la financiación de los proyectos, de modo que para esos efectos se
deben cumplir con los requisitos exigidos en ese plan.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Ahora, es pertinente señalar que tal y como quedó en evidencia en el planteamiento,
los proyectos de optimización de los acueductos veredales del Municipio de
Chinchiná que han sido propuestos en ese plan, no han podido ser ejecutados
debido a que ese ente territorial no ha adquirido los predios que se requieren para
su ejecución, ni se ha solicitado las correspondientes servidumbres, por lo que es
por razones imputables a ese ente local que no se han podido desarrollar esas
obras. De lo anterior da cuenta el siguiente oficio emitido el 7 de septiembre de
2016, por la Gobernación de Caldas:

“En atención a su oficio PMCH-257 del 26 de Agosto de 2016, la Secretaría de
Vivienda como Gestor Departamental de Aguas de Caldas “Agua para la
prosperidad”, le informa que en la actualidad se tiene los siguientes diseños
correspondientes a las optimizaciones de los sistemas de acueductos con la
información suministrada en el siguiente cuadro:

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Los proyectos antes mencionados, se encuentran devueltos por el MVCT en la
Secretaría de Vivienda, pues las observaciones recurrentes correspondientes a
la adquisición de los predios y servidumbres de los mismos, no se pudieron
subsanar.

Dado que el MVCT de acuerdo a la resolución 379 de 2012 y su modificatorio
504 de 2013, permiten su nuevo radicado ante la Ventanilla Única del MVCT
con el proyecto completo, es decir, subsanados los aspectos técnicos,
documentales y prediales que en la actualidad no se han podido realizar por la
falta de los predios. Es de aclarar que la responsabilidad para la compra de los
predios para la construcción de las estructuras nuevas y las servidumbres es
de los Alcaldes Municipales; en conservaciones con el señor Alcalde de
Chinchiná quien además está muy interesado en adquirir dichos predios se
coordinó una visita para los días 22 y 23 de septiembre de 2016, con el fin de
visitar los sitios para la adquisición de los predios de cada proyecto y poder
determinar áreas, sitio exacto, información predial y dueño de los mismos.

La Secretaría de Vivienda radicará los proyectos correspondientes al Municipio
de Chinchiná, cuando la Alcaldía Municipal aporte los documentos de
propiedad, de acuerdo a la información particular de cada proyecto, y quedará
a la esperar de obtener la viabilidad técnica y financiera con el propósito de
ejecutar los proyectos en mención”59 (Subrayas de la Sala).

En suma, como el Municipio de Chinchiná es el responsable directo en el suministro
de agua potable a los habitantes de su área rural, es claro que sí debe adoptar
medidas que permitan solventar la problemática objeto de controversia, de modo
que el cargo no tiene vocación de prosperidad.

VII.5.2. De los reparos del Departamento de Caldas

De otro lado, deberá absolverse si es competente el mencionado Departamento
para adelantar las obras necesarias para la optimización de unos acueductos de un
Municipio, si esa entidad alega que ello debe ser asumido por ese último que no ha
gestionado debidamente ante las autoridades su financiación y ejecución.

VII.5.2.1. Con miras a dirimir tal interrogante, debe indicarse que al tenor de lo
dispuesto en el artículo 365 de la Carta Fundamental, la prestación de los servicios
públicos es un asunto inherente a la finalidad social del Estado, a quien le
corresponde en todo caso, su regulación, control y vigilancia, además de asegurar
que su ejecución sea eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, aun
cuando se defiera su prestación a los particulares.

La norma en cuestión es del siguiente tenor:

59 Visible a folios 8 a 9 del Cuaderno del Tribunal.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

“Articulo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley,
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría
de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley,
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.” (Subrayas de la Sala).

Por su parte, el artículo 366 ibídem, determinó:

“Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de
su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.” (Subrayas de la
Sala).

Además, el artículo 288 Superior, dispuso que “Las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.”
Así, el artículo 298 ibídem expuso que, “los departamentos ejercen funciones
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que
determinen la Constitución y las leyes.”

A su vez, el artículo 3 de la Ley 1551 de 201260, definió los principios de
coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, en los siguientes
términos:

“Artículo 3o. El artículo 4o de la Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 4o. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento
territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el
artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los
siguientes principios:

60“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben
ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre
sí para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación
del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas
asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los
municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias
cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán
hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;”

En ese sentido, es preciso indicar que conforme con el artículo 7º de la Ley 142 de
1994, a los Departamentos en observancia de los principios de coordinación y
complementariedad con los Municipios, les corresponde auxiliarlos cuando por
razones técnicas y económicas sea necesario en la prestación de los servicios
públicos61.

Por su parte, el numeral 5º del artículo 3º de la Ley 136 de 1994, determinó que es
función de los municipios solucionar las necesidades insatisfechas de la población,

61 “Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios
públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las
siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los
reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas:
7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por
parte de empresas oficiales, mixtas o privadas.
7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que
operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a
las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar
las funciones de su competencia en materia de servicios públicos.
7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y
promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen,<sic> la organización de
asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios
interadministrativos para el mismo efecto.
7.4. Las demás que les asigne la ley.”

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

en temas tales como el agua potable. Dicha función debe ser ejercida en
concurrencia, complementariedad y coordinación con los demás entes territoriales
y la Nación62.

Entre tanto, el artículo 74 de la Ley 715 de 2001, determinó que los Departamentos
en cumplimiento de los anotados principios deben:

“Artículo 74. Competencias de los departamentos en otros sectores. Los
Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su
territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y
los Municipios y de prestación de los servicios.

Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:

74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios
públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.

74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales
o municipales de interés departamental.”

VII.5.2.2. Bajo tal contexto normativo, es claro para la Sala que a los
Departamentos les corresponden potestades de carácter complementario en
servicios públicos, es decir deben auxiliar a los municipios en esa materia, cuando
así lo requieran.

En efecto, así se pronunció esta Sección en providencia del 22 de mayo de 2014:

“En virtud de lo anterior, es claro que la prestación del servicio público de
acueducto es responsabilidad de los Municipios, a quienes como lo
mencionaron las normas transcritas, les compete asumir de manera directa o
indirecta (a través de empresas prestadoras de tal servicio u operadores) el
suministro del mismo.

En efecto, el Legislador estableció en forma taxativa que dichas entidades
territoriales tienen la obligación de solucionar las necesidades insatisfechas de
agua potable de la población a su cargo y de asegurar que se les preste de
manera eficiente el servicio público de acueducto.

Así mismo, determinó que la función de los Departamentos en este aspecto se
circunscribe a ofrecer «apoyo y coordinación» a los Municipios o Distritos.

62 Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
(…)
5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social
y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de los municipios y los recursos
públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de
gasto público social de conformidad con el artículo 1o, numeral 8 de la Ley 397 de 1997.”

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

En concordancia con lo anterior, se observa que la Ley 715 de 2001 «Por la
cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001)
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.», prevé:
(…)

La norma anterior reitera, por un lado, la responsabilidad de los Municipios en
relación con la prestación de servicios públicos, y por el otro, que la función de
los Departamentos frente al asunto, es de carácter complementario, en la
medida en que impone a éstos el deber de otorgar apoyo y coordinación, lo cual
no configura su responsabilidad en la prestación del servicio como tal más sí en
relación con el soporte que deben brindar a los Municipios en la materia.”63
(Subrayas de la Sala, negrillas dentro del texto).

A su vez, en proveído del 9 de julio de 2020, se expuso:

“Se reitera que estos principios deben guiar armoniosamente el desarrollo de
las competencias de las entidades territoriales. Esto es, en el caso concreto, el
adecuado relacionamiento entre el municipio de Morelia y el Departamento de
Caquetá.

Nótese que a ese municipio “le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley y construir las obras que demande el progreso local”, “cuando
las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen, conforme a lo dispuesto en los artículos 311
y 367 superiores.

Esos preceptos constitucionales fueron desarrollados por el artículo 3°64
(ordinales 10 y 19) de la Ley 136 de 199465; el artículo 5°66 de la Ley 142; y el

63 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 22 de

mayo de 2014. Proceso radicado número: 73001 23 31 000 2012 00169 02. Consejera Ponente:
María Elizabeth García González
64 “[…] 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y ambientales, de conformidad

con la constitución y la ley; […].
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y de saneamiento básico a los habitantes
de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos
domiciliarios […]”.
65 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento

de los Municipios”.
66 “Es competencia de los Municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los

términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, por empresas de servicios públicos de carácter
oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo Municipio en los
casos previstos en el artículo siguiente. […]”.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

artículo 867 de la Ley 388 de 199768, en el sentido de precisar que la prestación
de los servicios públicos relacionados con el saneamiento ambiental constituye
una función principalísima a su cargo.

Sin embargo, el artículo 298 superior también dispuso que “[l]os departamentos
tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su
territorio”. Además, “ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y
los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución
y las leyes”. Y, adicionalmente, les asisten funciones de apoyo y coordinación
en materia de servicios públicos (artículo 367 Constitucional).

Por ello, los artículos 7° de la Ley 142 y 7469 de la Ley 715 de 2001 contemplan,
entre sus responsabilidades, los deberes de apoyo financiero, técnico y
administrativo, desde un eje de planificación multisectorial que permita la
materialización del principio de coordinación.”70 (Subrayas de la Sala).

67 “Artículo 8º.- Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce

mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones
administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el
ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre
otras: […].
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los
equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios,
aeropuertos y lugares análogos. […].
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas
o privadas, de conformidad con las leyes. […]”.
68 Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 68 de 6 de julio de 2012 “Por la cual se modifica la Ley

9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, el cual actualizó y adicionó las
funciones de los Municipios.
69 “Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son

promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación
entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de
las siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el
departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de
interés departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la
tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento
y con la Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las
instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley,
cuando a ello haya lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los
servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación,
autoridades locales y a la comunidad. […].
74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las
actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del
departamento. […]”. [Subraya la Sala].
70 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 9 de

julio de 2020. Proceso radicado número: 18001 23 33 000 2018 00035 02. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

VII.5.2.3. Siendo ello así, lo que advierte la Sala es que aunque en principio
asiste razón a la entidad recurrente cuando afirma que el Municipio de Chinchiná es
el responsable del mantenimiento la infraestructura en la zona objeto de
controversia y que, además, debe gestionar la financiación de una eventual obra de
infraestructura, sin que lo haya hecho. No es menos cierto que, como se vio, al
Departamento también le corresponde asesorar y financiar las obras que sean
necesarias para garantizar la prestación del servicio público en la zona objeto de
controversia.

Lo expuesto cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el Municipio ha
manifestado falta de recursos, por lo que el Departamento no puede eludir su
responsabilidad de prestar asistencia en aras de asegurar la prestación del servicio
público, dado que cuenta con obligaciones constitucionales y legales, que lo obligan
garantizar el suministro de agua potable en el área rural del Municipio de Chinchiná.

En consecuencia, el Departamento de Caldas sí debe llevar a cabo, en coordinación
con el Municipio de Chinchiná, las obras que sean necesarias para la optimización
de los acueductos veredales de este último ente.

Ahora, revisado el numeral tercero de la parte resolutiva de la parte motiva de la
providencia enjuiciada, lo que se evidencia es que allí no se observaron las etapas
previstas para la adopción de esquemas diferenciales que permitan el tratamiento
de ese líquido vital para el consumo humano, pues el Tribunal en la providencia
recurrida ordenó que luego de la adquisición de los predios que se requieren para
esos efectos y de la consecución de los derechos de servidumbre por parte del
Municipio de Chinchiná, correspondía a Manizales (Sic), el Departamento de Caldas
y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio acometer las obras necesarias para
la construcción, tratamiento y conducción de los acueductos veredales del primer
ente territorial en comento. Además, se ordenó al citado Departamento y al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, adelantar las capacitaciones para que el
personal encargado del mantenimiento y administración de los mencionados
sistemas de acueducto.

Por ende, como se verá el numeral VII.7 de este proveído, la Sala modificará dicho
mandato con el fin de que los anotados proyectos se ajusten a los esquemas
diferenciales para la prestación del servicio de acueducto conforme a lo señalado

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

en el Decreto 1898 de 2016, modificado por el Decreto 1688 de 2020 y de la
Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018, de modo que las órdenes que
sean impuestas a las entidades demandadas, se ajusten a las competencias que
les fueron asignadas en el ordenamiento jurídico.

VII.5.3. De los reparos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Al respecto, tendrá que definirse si es competente la citada cartera ministerial para
adelantar las obras necesarias que se requieren para la optimización de unos
acueductos de un Municipio, si esa entidad alega que ello debe ser asumido por
este último ente territorial quien no gestionado debidamente ante las autoridades
competentes la financiación y ejecución de esa clase de proyectos.

Con miras a resolver ese interrogante, debe volverse a señalar que en la orden
tercera del fallo recurrido, se impuso al mencionado Ministerio, al Municipio de
Manizales (Sic) y al Departamento de Caldas, realizar las obras necesarias para la
optimización de sistemas de acueductos veredales de Chinchiná. El mandato en
cuestión es del siguiente tenor:

“SE ORDENA al Municipio de Chinchiná en un plazo de un año (1) a partir de
la ejecutoria de esta sentencia, adquirir los predios y demás derechos de
servidumbre que según los estudios se hacen necesarios para viabilizar el plan
de aguas para ese municipio, una vez lo anterior, en concurrencia con el
departamento de Caldas, y dentro del marco del Plan Departamental de Aguas
del Departamento de Caldas, todas las entidades comprometidas en virtud de
ese principio de concurrencia, municipio de Manizales (Sic), Departamento de
Caldas y Nación-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberán acometer
las obras necesarias para la construcción de las plantas de tratamiento y redes
de conducción que se requieren para optimización de los acueductos del
Naranjal, El Trébol, Alto de Mina, Alto del Chuscal y la Estrella, dentro de una
plazo de un (1) año, siguiente a que el Municipio demuestre haber adquirido los
predios y servidumbre necesarios, en todo caso las obras no pueden excederse
en su ejecución al de tres (3) años, siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.”

Sin embargo, lo que advierte la Sala es que únicamente cuando el Municipio de
Chinchiná cumpla los requisitos técnicos que le fueron requeridos por el PDA y por
la anotada cartera ministerial para dar viabilidad a los proyectos de optimización de
los acueductos veredales, es posible la entrega recursos públicos para su
realización. Sobre el particular, resulta oportuno indicar que los artículos 1 a 3 de la
Resolución 661 de 2019 prevén:

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

“Artículo 1o. Objeto. Por medio de la presente Resolución se establece el
mecanismo y los requisitos para la presentación, viabilización, reformulación y
expedición de conceptos técnicos para los proyectos del sector de agua potable
y saneamiento básico que sean presentados por las entidades territoriales que
soliciten apoyo financiero de la Nación y se adoptan las guías para presentación
y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento básico.

Artículo 2o. Mecanismo de viabilización de proyectos. Es el proceso
mediante el cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, emite conceptos sobre los
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico presentados por las
entidades que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como las
reformulaciones que estos requieran.

Artículo 3o. Alcance de la viabilización. El proceso de viabilización
corresponde a la verificación de los parámetros requeridos de conformidad con
el reglamento técnico del sector, los requisitos establecidos en la presente
resolución y la Guía de presentación de Proyectos de Agua Potable y
Saneamiento Básico (contenida en el Anexo I) y se realiza a nivel documental
de acuerdo con la información presentada por la entidad formuladora, no implica
visita de verificación en campo al proyecto, ni la revisión y verificación detallada
de la calidad de los estudios y diseños, ni la aprobación de su cumplimento
normativo, dado que los mismos deben venir aprobados por el interventor y
avalados por la entidad responsable del proyecto.

En ningún caso el Mecanismo de Viabilización de Proyectos suplirá las
funciones o responsabilidades de los formuladores del proyecto; consultores
encargados de estudios, diseños e interventoría; de los contratistas de obra,
interventoría de obra y de los supervisores de los contratos en sus diferentes
etapas” (Subrayas de la Sala).

Mientras que, el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1898 de 2016, modificado por el
Decreto 1688 de 2020, dispuso:

“Artículo 2.3.7.1.2.3. Plan de gestión para la prestación del servicio de
acueducto o alcantarillado en zonas rurales. Los prestadores que deseen
acogerse a cualquiera de las condiciones diferenciales del artículo 2.3.7.1.2.2.
del presente capítulo, deberán formular un plan de gestión que deberá ajustarse
a los contenidos, exigencias y plazos que para tal efecto defina el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

El plan de gestión deberá sustentarse en los siguientes documentos:

1. El plan de aseguramiento previsto para el prestador del servicio, en el que
se establezca el fortalecimiento requerido.
2. El plan de obras e inversiones previsto para el sistema o sistemas de
acueducto, alcantarillado, o para el servicio de aseo, en el que se indiquen
los plazos en los que se ejecutarán los componentes de infraestructura
requeridos para alcanzar los estándares de prestación de estos servicios y
las fuentes de financiación previstas para ejecutar dicho plan.
3. El plan de cumplimiento de acciones a corto mediano y largo plazo, de
conformidad con las disposiciones vigentes sobre calidad de agua para
consumo humano.

Parágrafo 1°. Una vez formalizado el plan de gestión, el prestador deberá
reportarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y deberá

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

incluir en el contrato de condiciones uniformes para la prestación de los
respectivos servicios, la manera en que dará cumplimiento progresivo a las
condiciones diferenciales.

Parágrafo 2°. Los municipios y distritos, acorde con su obligación constitucional
y legal de asegurar la prestación de los servicios a todos los habitantes de su
territorio, deberán apoyar técnicamente y mediante la financiación de proyectos
a los prestadores de su jurisdicción y en la formulación e implementación de los
planes de gestión a los que se refiere el presente artículo.” (Subrayas de la
Sala).

Por ende, asiste razón a la anotada cartera ministerial en el sentido que no pueden
imponerse un deber de financiar las obras que fueron impuestas en la sentencia
recurrida pues, se insiste, en el evento en que no se realicen los ajustes que sean
requeridos para esos fines, no sería posible algún desembolso. Ahora, cuando se
cumplan la totalidad de requisitos dispuestos para ese fin, la citada cartera
ministerial sí debe auxiliar en los costos que impliquen las citadas obras de
potabilización del agua en Chinchiná.

De este modo, como se verá en el numeral VII.7 de esta providencia, se modificará
el anotado numeral tercero de la sentencia recurrido, entendido de que el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio otorgará la financiación de los proyectos de
optimización de los acueductos veredales del Municipio de Chinchiná, cuando se
cumplan con la totalidad de los requisitos previstos para ese fin.

VII.6. De los reparos sobre la legitimación de Corpocaldas

De otro lado, tendrá que dirimirse si está legitimada en la causa por pasiva una
autoridad ambiental para adelantar las medidas que permitan superar el estado de
vulneración de los derechos colectivos en el presente asunto, ocasionada por la
falta de suministro de agua potable en la zona rural de un ente territorial.

Con miras a resolver dicho interrogante, es preciso señalar que de conformidad con
el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales son
entidades encargadas de proteger, regular y vigilar el adecuado manejo y uso de
los recursos naturales renovables que cuentan con autonomía, identidad propia e
independencia.

Los numerales 4, 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99, prevén que las corporaciones
autónomas regionales tienen, entre otras funciones, (i) coordinar el proceso de

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental
que deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema
Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción, y en especial, asesorar a
los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la
definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en
materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de
manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones
adoptadas por las distintas entidades territoriales; (ii) ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos; (iii) imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.

También el numeral 20 ibídem, dispone que a éstas autoridades corresponde
ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

A su vez, el artículo 22 de la Ley 1450 de 2011, prevé que las autoridades
ambientales pueden financiar proyectos que permitan garantizar la distribución de
agua potable en Municipios. La norma en cuestión es del siguiente tenor:

“Artículo 22. Inversiones de las corporaciones autónomas regionales en
el sector de agua potable y saneamiento básico. Las obras de infraestructura
del sector de agua potable y saneamiento básico financiadas con recursos de
las Corporaciones Autónomas Regionales, podrán ser entregadas como
aportes a municipios o a las Empresas de Servicios Públicos que operen estos
servicios en el municipio, de acuerdo con lo que este determine, bajo la
condición de que trata el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 o
las normas que la modifiquen o sustituyan.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

En ningún caso la entrega de aportes bajo condición por las Corporaciones
Autónomas Regionales se constituye como detrimento patrimonial del Estado.
Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán exigir contraprestaciones
por la entrega de las obras de las que trata este artículo.

La ejecución de los recursos de destinación específica para el sector de agua
potable y saneamiento básico por las Corporaciones Autónomas Regionales,
deberá efectuarse en el marco de los PDA, lo anterior sin perjuicio de las
inversiones que puedan realizar las mismas en los municipios de su jurisdicción
no vinculados al PDA.

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán participar en
la composición accionaria, propiedad, administración y operación de un
prestador de servicios públicos domiciliarios. El presente parágrafo no se
aplicará a las Corporaciones Autónomas Regionales que sean accionistas o
hayan efectuado sus inversiones con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 1151 de 2007.” (Subrayas de la Sala)

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que las funciones reconocidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
implican la obligación de estas autoridades ambientales de intervenir y preservar el
recurso hídrico, a través de acciones de control, vigilancia, sanción, asesoría y
apoyo de programas ambientales, que desarrollen las entidades territoriales en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

Ahora, frente a la competencia dispuesta en los artículos 20 de la Ley 99 de 1993 y
22 de la Ley 1450 de 2011, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que si
bien dichas autoridades ambientales están habilitadas a financiar proyectos de
infraestructura, ello se encuentra limitado a que se busque la conservación de los
recursos naturales, la descontaminación o recuperación del medio ambiente.

Al respecto, esta Sección en sentencia del 21 de mayo de 2021, señaló:

“Conforme con lo expuesto, la Sala concluye que si bien la competencia
señalada en el numeral 20 del artículo 31 de la Ley 99, incluye obras de
saneamiento básico, entre ellas, las de acueducto y alcantarillado, en
concurrencia con la competencia de los municipios de adelantar obras
necesarias para el progreso municipal y la solución de saneamiento ambiental
y garantía de prestación de servicios públicos, esta se encuentra limitada por la
legislación especial de servicios públicos, lo que significa que la intervención de
las corporaciones autónomas regionales se justifica en tanto sea para la
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

Siendo ello así, se advierte que si bien, la CVC no está en la obligación de
prestar el servicio público de acueducto y alcantarillado, sí debe ejecutar,
administrar, operar y mantener, en coordinación con la entidad territorial,

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.

(…)

Del anterior recuento probatorio, la Sala advierte que desde el año 2008 se
vienen emprendiendo acciones por parte del Departamento, el Municipio y las
empresas ACUAVALLE S.A. y Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P tendientes a
suministrar, en el marco del PDA, el servicio de acueducto a toda la población
del Municipio de La Cumbre, en virtud de lo cual se han asignado y destinado
recursos, así como también se han suscrito diversos contratos y emitido
concesiones para lograr dicho fin.

Siendo ello así, resulta claro para la Sala que en el caso concreto, los principales
obligados en el cumplimiento de la orden contenida en el numeral tercero de la
parte resolutiva de la sentencia apelada son el Departamento, el Municipio y las
empresas ACUAVALLE S.A. y Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, los cuales
ya han emprendido diferentes acciones para lograr la prestación del servicio
público de acueducto a la población del Municipio de La Cumbre.

Si bien, como se explicó en precedencia, las corporaciones autónomas
regionales tienen competencia para efectuar obras de saneamiento básico,
como lo son las de acueducto y alcantarillado, lo cierto es que dicha intervención
solamente se justifica cuando esté de por medio la protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

En consecuencia, comoquiera que, en el caso concreto, la orden impartida por
el Tribunal propende exclusivamente por la prestación del servicio público de
acueducto a la población del Municipio de La Cumbre, respecto de lo cual las
principales entidades responsables han venido emprendiendo acciones para el
efecto y ya se han asignado funciones y recursos, no se encuentra justificada
la intervención de la CVC para la realización de obras civiles tendientes a
culminar la Fase I del Contrato de Obra núm. 200.13.05.001-2018 e
implementación de las Fases II y III, pues no está en vilo la defensa y protección
del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”71 (Subrayas de la
Sala, negrillas dentro del texto).

En ese orden, lo que se observa es que las órdenes fijadas en la sentencia de
primera instancia buscan que se suministre agua potable en la zona rural del
Municipio de Chinchiná, de modo que como lo que se pretende es la garantía de un
servicio público y no la defensa de ambiente ni mucho menos su conservación o
restauración, no es posible ordenar a Corpocaldas que adelante alguna obra
tendiente a superar la problemática objeto de controversia.

Por ende, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

71 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 21 de

mayo de 2021. Proceso radicado número: 76001 23 33 000 2016 01827 01. Consejera Ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

VII.7. De las medidas a adoptar en el presente asunto.

Finalmente, como se señaló al resolver los cargos del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y del Departamento de Caldas, en el numeral tercero de la parte
resolutiva de la sentencia recurrida no se dispuso la adopción de las etapas de los
esquemas diferenciales para la optimización de los acueductos veredales del
Municipio de Chinchiná.

En ese orden, como existen propuestas para la realización de la optimización de
esos sistemas de acueducto en el PDA, lo que se advierte es que éstas deben ser
actualizadas de acuerdo con los componentes técnicos definidos en el Decreto 1898
de 2016, en el Decreto 1688 de 2020 y en la Resolución 0844 del 8 de noviembre
de 2018, en la medida que fueron descartadas en el año 2016, toda vez que el
Municipio de Chinchiná no realizó la compra de los predios ni solicitó las
servidumbres que le correspondían.

VII.7.1. Así, para la ejecución de la citada obra, los lineamientos a aplicar son
los establecidos en el artículo 8 de la mencionada Resolución; veamos:

Artículo 8. Gestión de proyectos de esquemas diferenciales en zonas
rurales. Los proyectos de agua y saneamiento básico de que trata esta
Resolución deberán tener las siguientes etapas, que incluyen fases para la
organización secuencial de los proyectos:

1. Perfil del proyecto
2. Planeación
3. Construcción y puesta en marcha
4. Administración, operación y mantenimiento (…)”

Para un mejor entendimiento, se explicará al detalle cada una de las aludidas
etapas:

A) Perfil del proyecto

Normas que contemplan Responsable Objetivo
la etapa
Luego de reunir la
Artículos 9 y 10 de la Entidad pública que información requerida en el
Resolución No. 0844 de promueva el proyecto, para artículo 9 ibídem, se debe
2018 el caso, el ente territorial. tener certeza sobre los
problemas de agua y
saneamiento y se debe
identificar, preliminarmente,

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

el esquema diferencial a
desarrollar en un posible
proyecto y las propuestas
de solución.

Es necesario indicar que el artículo 9 ibidem, señaló que en dicha fase se debe
reunir la siguiente información:

“Artículo 9o. Formulación del perfil de proyecto. Las entidades públicas y/o
privadas que promuevan inversiones del sector de agua potable y
saneamiento básico en zonas rurales, deberán formular perfiles de proyecto
con información suficiente en la que se identifique, la posible zona de
actuación, las condiciones particulares de dicha zona, y posibles soluciones
identificando el esquema diferencial aplicable. Para ello, cada perfil de
proyecto deberá contener, como mínimo, la siguiente información para su
zona de influencia:

a) Identificación del uso y clasificación del suelo rural: cabeceras de
corregimientos, centros poblados rurales, parcelaciones campestres, u otros
núcleos de población aunque no hayan sido incluidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), u otras viviendas
dispersas.

b) Número de viviendas y entornos, y descripción del área en que habita la
comunidad, con datos estimados o aproximados si no existen datos precisos.

c) Información, cualitativa o cuantitativa, sobre alertas sanitarias o incidencia
de enfermedades asociadas al agua o al saneamiento básico en la localidad.

d) Identificación de los sistemas de agua o saneamiento básico que ya existan
en la comunidad, cualquiera que sea su estado de operación actual.

e) Identificación de personas prestadoras de los servicios de acueducto,
alcantarillado y/o aseo que atiendan zonas urbanas o rurales próximas a la
comunidad y posible disponibilidad para abastecerla.

f) Identificación preliminar de posibles fuentes abastecedoras.

g) Antecedentes y alertas asociadas a amenazas y vulnerabilidades en la
localidad.

h) Para los proyectos de aseo, identificar los componentes del servicio público
de aseo que se están prestando en la localidad.

El perfil de proyecto deberá contener las siguientes conclusiones:

1. La descripción de los problemas de agua y saneamiento de la posible zona
de actuación.

2. La identificación preliminar del esquema diferencial a implementar en un
posible proyecto, y propuestas de solución, de acuerdo con el artículo 6o de
la presente Resolución.

Parágrafo. Los municipios y distritos, acorde con su responsabilidad de
atender las necesidades básicas y el aseguramiento de los servicios de agua

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

y saneamiento básico, identificarán y priorizarán las inversiones para mejorar
el acceso a estos servicios en las zonas rurales de jurisdicción, de acuerdo
con los perfiles de proyecto definidos en este artículo.

Cuando no se cuente con información de fuentes oficiales para elaborar un
perfil de proyecto, el respectivo municipio o distrito deberá recopilar
información, con sustento en otras fuentes secundarias confiables o mediante
visita de campo.”

B) Etapa de planeación

Norma que contempla la Responsable Objetivo
etapa

Artículos 11 a 17 de la Entidad pública encargada Determinar acciones para
Resolución No. 0844 de del proyecto una adecuada formulación
2018 del proyecto de esquemas
diferenciales.

Ahora, el artículo 11 ibidem determinó que, a su vez, la etapa de planeación se
dividía en las fases de preparación, verificación en campo, diagnóstico integral e
identificación de alternativas tecnológicas. La norma en contexto dispuso:

“Artículo 11. Fases de la etapa de planeación. La planeación de proyectos
de agua para consumo humano y doméstico -con volumen para subsistencia
de la familia rural cuando aplique- o de saneamiento básico, incluye acciones
orientadas a una adecuada formulación de proyecto de acuerdo con los
esquemas diferenciales aplicables para cada servicio, organizadas
secuencialmente para facilitar la toma de decisiones, con observancia de los
principios orientadores del artículo 4o de esta resolución.

Las fases a seguir en la etapa de planeación son:

1. Preparación

2. Verificación en campo

3. Diagnóstico Integral

4. Identificación de alternativas tecnológicas

5. Selección participativa de alternativas

6. Estudios y diseños.

El director del equipo técnico de la etapa de planeación debe ser ingeniero
civil, o ambiental, o sanitario, con mínimo tres (3) años de experiencia general
y experiencia específica en dos (2) proyectos de agua y saneamiento básico.

Los profesionales en ciencias sociales que participen en el equipo técnico,
deben contar con experiencia específica en mínimo dos (2) proyectos rurales.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

El equipo técnico mínimo para la fase de verificación en campo estará
conformado por:

a) Un (1) ingeniero civil, o ambiental, o sanitario.

b) Un (1) profesional en áreas sociales encargado de los aspectos
socioeconómicos y culturales.

c) Un (1) topógrafo.

d) Un (1) geotecnista.

e) Un (1) interventor o supervisor, que represente los intereses del financiador
del proyecto.

f) El responsable de proyecto deberá convocar a delegados de la comunidad
que puedan suministrar información útil para el proyecto, como miembros de
la Junta de Acción Comunal (JAC) o comunidad organizada, fontaneros
locales u otras personas que conozcan la zona.

Dependiendo de la escala, complejidad y naturaleza del proyecto, el director
del equipo técnico definirá la participación de otros profesionales con
competencias específicas.” (Subrayas de la Sala).

En ese orden, en la fase de preparación se debe recopilar la información necesaria
para precisar o complementar el perfil de la obra requerida y establecer condiciones
territoriales que pueden tener impacto en las fases posteriores del proyecto (artículo
12 ibidem); verificación en campo, allí se debe efectuar una caracterización
geográfica, técnica y predial, de las comunidades y de las fuentes abastecedoras
(artículo 13 ibidem); diagnóstico integral que busque que se identifiquen las razones
socioeconómicas que justifiquen el esquema diferencial aplicable, los componentes
del proyecto, la identificación de alternativas, el estado de la infraestructura
existente y los factores de riesgo que podrían afectar su operación (artículo 14
ibidem); en la identificación de alternativas tecnológicas se deben establecer las
diferentes herramientas que permitan construir, operar y mantener al proyecto,
cumpliendo con las normas vigentes (artículo 15 ibidem); para la selección
participativa de alternativas el responsable del proyecto debe seleccionar la
alternativa tecnológica más favorable para la zona de actuación (artículo 16 ibidem);
y en la fase de estudios y diseños se determinó que se debe tener en cuenta lo
dispuesto en las fases previas en relación con la alternativa seleccionada y se
advirtió que el responsable del proyecto únicamente puede iniciar sus estudios y
diseños luego de la suscripción del acta de aceptación de la comunidad (artículo 17
ibidem).

C) Etapa de construcción y puesta en marcha

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Norma que contempla la Responsable Objetivo
etapa

Artículo 18 a 21 de la Entidad pública encargada Dicha etapa comprende las
Resolución No. 0844 de del proyecto actividades requeridas para
2018 la construcción y entrega de
las obras, con base en los
estudios y diseños.

Entre tanto, de conformidad con el artículo 18 ibidem, la etapa de construcción y
puesta en marcha, a su vez, comprende las fases de alistamiento y construcción,
de ejecución de obras y puesta en marcha y entrega de la infraestructura. La norma
en cuestión dispone:

“Artículo 18. Etapa de construcción y puesta en marcha. Comprende las
actividades requeridas para la construcción y entrega de obras, con sustento
en los estudios y diseños, en las siguientes fases:

1. Alistamiento de la construcción.
2. Ejecución de obras.
3. Puesta en marcha y entrega de la infraestructura.” (Subrayas de la Sala).

La fase de alistamiento tiene por finalidad revisar el cumplimiento de los requisitos
de la obra, previo a la construcción, así como definir los presupuestos y
cronogramas para su entrega y formular los pliegos de condiciones para la
contratación cuando ello se requiera de acuerdo con la fuente de financiación
(artículo 19 ibidem); la ejecución de la obra debe ser efectuada por parte del
contratista, asegurando la participación de las comunidades en el seguimiento y
veeduría de la misma (artículo 20 ibidem) y, por último, la puesta en marcha y
entrega de la infraestructura, que prevé que el contratista deba observar los
artículos 233, 234, 235, 236, 237 y 238 de la Resolución 330 de 2017; así como
aportar la documentación sobre los aspectos detallados de que tratan los artículos
27, 240 y 241 ibidem (artículo 21 ibidem).

VII.7.2. De este modo, la Sala modificará el numeral tercero de la decisión
enjuiciada y en su lugar ordenará a las entidades demandas que, en el marco de su
competencia y en aplicación del Decreto 1898 de 2016, modificado por el Decreto
1688 de 2020 y de la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018, impulsen y
ejecuten los proyectos para la optimización de los acueductos Naranjal, El Trébol,
Alto de Mina, Alto del Chuscal y la Estrella.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Así las cosas, se concederá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia, para que el Municipio de Chinchiná y el
Departamento de Caldas, dentro del ámbito de sus facultades, cumplan los
lineamientos requeridos por el PDA y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
para la financiación de la obra y, además, adecuen los proyectos a los componentes
técnicos a los definidos en el Decreto 1898 de 2016 y sus normas concordantes. En
el mismo plazo. deberán radicar los resultados de dichos estudios ante el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio para su aprobación.

Dentro del término de treinta (30) días la citada cartera ministerial deberá
pronunciarse sobre su aprobación y, en caso de ser afirmativa, tendrá la obligación
de cofinanciar las obras junto con el Departamento de Caldas y el Municipio de
Chinchiná. De requerirse información adicional a los proyectos o de solicitarse
correcciones en los mismos, éstas deberán ser subsanadas o allegadas por el
anotado municipio y el citado Departamento, dentro de los dos (2) meses siguientes.

Una vez aprobado el financiamiento de la obra, se concederá un plazo de doce (12)
meses, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo que las apruebe,
para que el Municipio de Chinchiná o la persona que se contrate para ese fin, las
lleve a cabo cumpliendo con la etapa construcción y puesta en marcha, en los
términos de la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018.

VII.7.3. Del comité de verificación de la sentencia

Por último, la Sala modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida que encargó al Personero Municipal de Chinchiná de ocupar el cargo de
Secretario del Comité de Verificación de la sentencia. En su lugar, se señalará que
el Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia, en calidad de Presidente
de ese órgano, podrá designar potestativamente el respectivo Secretario así como
las funciones que considere pertinentes para lograr el cumplimiento del fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esa providencia, el cual
quedará así:

TERCERO: DECLARAR LA VULNERACIÓN de los derechos colectivos
relacionados con el goce de un ambiente sano, con la seguridad y salubridad
públicas, con el acceso a una infraestructura que garantice la salubridad
pública, con la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos y con el
acceso al agua potable de los habitantes de los centros poblacionales de las
veredas del municipio de Chinchiná, por parte del municipio de Chinchiná, el
Departamento de Caldas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En consecuencia:

SE ORDENA a las entidades demandas que, en el marco de su competencia y
en aplicación del Decreto 1898 de 2016, modificado por el Decreto 1688 de
2020 y de la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018, impulsen y
ejecuten los proyectos para la optimización de los acueductos Naranjal, El
Trébol, Alto de Mina, Alto del Chuscal y la Estrella.

Para el efecto, se concederá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia, para que el Municipio de Chinchiná y el
Departamento de Calda, dentro del ámbito de sus facultades, cumplan los
lineamientos requeridos por el PDA y el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio para la financiación de la obra y, además, adecuen los proyectos
dispuestos en ese plan, a los componentes técnicos a los definidos en el
Decreto 1898 de 2016 y sus normas concordantes. En el mismo plazo. deberán
radicar los resultados de dichos estudios ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio para su aprobación.

Dentro del término de treinta (30) días la citada cartera ministerial deberá
pronunciarse sobre su aprobación y, en caso de ser afirmativa, tendrá la
obligación de cofinanciar las obras junto con el Departamento de Caldas y el
Municipio de Chinchiná. De requerirse información adicional a los proyectos o
de solicitarse correcciones en los mismos, éstas deberán ser subsanadas o
allegadas por el anotado municipio y el citado Departamento, dentro de los dos
(2) meses siguientes.

Una vez aprobado el financiamiento de la obra, se concederá un plazo de doce
(12) meses, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la
apruebe, para que el Municipio de Chinchiná o la persona que se contrate para
ese fin, la lleve a cabo cumpliendo con la etapa construcción y puesta en
marcha, en los términos de la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia, el cual quedará así:

CUARTO: CONFÓRMASE el comité de verificación de que trata el artículo 34
de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por el Magistrado ponente, quién
será su presidente, el Personero del Municipio de Chinchiná, la Defensoría del

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Radicado: 17001 23 33 000 2017 00884 01
Demandante: Personería de Chinchiná

Pueblo – Regional Caldas, el Municipio de Chinchiná, el Departamento de
Caldas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio Público.

El Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia, en calidad de
Presidente de ese órgano, podrá designar potestativamente el respectivo
Secretario y le designará las funciones que considere pertinentes para lograr el
cumplimiento del fallo.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala el 2 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.