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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2018-00960-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2018-00960-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 80 Temáticas establecidas en los artículos 315 de Constitución; 5 de la Ley 388 de 1997; 7, 8, 10, 25 y 87 de la Ley 1801 de 2016; y 18 a 23 del Decreto 120 de 21 de enero de 2010, “[…] Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol […]”. 81 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 82 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, C.P.: Rocío Araújo Oñate, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. 34 Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01 Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre SEGUNDO: INSTAR a los establecimientos de comercio ubicados sobre las carreras 10 y 14, entre las calles 19 y 25 del barrio Sucre del municipio de Girardot, para que, en el marco de sus deberes legales, cumplan con las instrucciones impartidas por las autoridades competentes y se constituyan en actores relevantes en la superación de la problemática. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2018-00960-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SUCRE
Demandados: MUNICIPIO DE GIRARDOT Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación presentados por el municipio de Girardot
y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca contra la sentencia de 15
de mayo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1.La Junta de Acción Comunal Sucre en ejercicio del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el municipio de Girardot y la Policía
Nacional, con el propósito de obtener la salvaguarda de los derechos colectivos
establecidos en los literales a), d), e) y g) del artículo 4.°1 de la Ley 472 de 5 de
agosto de 19982.

2. La demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Se amparen los derechos e intereses colectivos del goce de un
ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y las
disposiciones reglamentarias; al goce del espacio público y la utilización y defensa de
los bienes de uso públicos; la defensa del patrimonio público y la seguridad y
salubridad públicas.

SEGUNDA: Como consecuencia, se declare al MUNICIPIO DE GIRARDOT, a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, CAR y a la

1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
e) La defensa del patrimonio público;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas […]”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

POLICÍA NACIONAL, que por su omisión vulneraron los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público y la seguridad
y salubridad públicas, de los residentes de la Junta de Acción Comunal Sucre, dentro
de la jurisdicción comprendida entre la Carrera 14 y 10 entre Calles 19 y 25, del
municipio de Girardot, Cundinamarca, por permitir la proliferación de los
establecimientos de comercio, en contravención al Plan de Ordenamiento Territorial.

TERCERA: Ordenar a la POLICÍA NACIONAL y al MUNICIPIO DE GIRARDOT,
adelantar las gestiones pertinentes sobre el control y vigilancia, para que no se
presenten nuevos casos referidos a la presente demanda.

CUARTO: Se ordene al MUNICIPIO DE GIRARDOT, que oficie a la CÁMARA DE
COMERCIO DE GIRARDOT y/o a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, para que una vez ejecutoriada las decisiones del numeral Segundo,
cancele las matrículas mercantiles otorgada a los establecimientos de comercio, para
que en lo sucesivo, se abstenga de expedir matricula mercantil a establecimiento de
comercio alguno que ejerza actividad económica que contraríe el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Girardot en los inmuebles respectivos,
dentro de los términos establecidos en el numeral 5 del artículo 223 de la Ley 1801
de 2016. […]”3. (Negrilla del texto).

3. Explicó que varios establecimientos comerciales ubicados sobre las carreras 10 y
14, entre las calles 19 y 25 del barrio Sucre, en el municipio de Girardot, se dedican
a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, sin acatar los niveles de intensidad
auditiva y los parámetros urbanísticos exigibles en materia de espacio público y uso
del suelo en sector residencial.

4. Adujo que presentó una acción de tutela, peticiones y quejas ante diferentes
entidades para obtener una solución de la problemática, sin recibir una respuesta
integral y definitiva. Incluso presentó ante la Procuraduría General de la Nación
varias solicitudes orientadas a promover el cumplimiento de las decisiones
tramitadas ante la Inspección de Policía de Girardot y solicitó al municipio que
resolviera distintos recursos de apelación pendientes.

5. Sostuvo que el Acuerdo 024 de 16 de diciembre de 20114 contiene el Plan de
Ordenamiento Territorial de Girardot (POT). Dicha norma fijó un plazo de cuatro (4)
años para cumplir con el programa de relocalización de los establecimientos “[…] de
alto impacto negativo […]”. Sin embargo, aunque han transcurrido 7 años no se
cumplió el programa, y tampoco se impuso la sanción establecida en el numeral 4
del artículo 104 de la Ley 388 del 18 de julio de 19975.

6. Agregó que la permanencia de dichos establecimientos ha incrementado los
índices de delincuencia común, servicios sexuales, venta de sustancias
alucinógenas y ubicación de vendedores informales en espacios públicos destinados

3
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 93-94.
4
“[…] ACUERDO POR EL CUAL SE ADOPTA LA MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL "POT" MUNICIPIO DE GIRARDOT, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NOVIEMBRE DE 2.011. […]”.
5
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. […]”.

3

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

al tránsito vehicular. Sumado a ello, el sector no cuenta con la presencia de la fuerza
pública cerca al hogar geriátrico ubicado en el barrio Sucre.

7.Adujo que no se han adoptado medidas correctivas de la problemática de
ocupación indebida del espacio público, ni se exige el cumplimiento de las normas
sobre uso del suelo, lo que evidencia una falta de acción por parte de las autoridades
de policía.

8.Finalmente, manifestó que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
también ha incurrido en omisión debido a que no ha concluido el proceso
sancionatorio núm. 55506 que abrió el 31 de diciembre de 2016 contra la señora
Luisa Fernanda Aragón Moncaleano como representante legal del establecimiento
CAOBA VIP BAR.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

9. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot, mediante auto de 19
de abril de 20186, admitió la demanda con radicación 25307-33-33-002-2018-
00067-00, ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la CAR, al municipio
de Girardot y al Comando de Estación de Policía de Girardot, notificó al agente del
Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, y dispuso comunicar la acción de la
referencia a los miembros de la comunidad.

10. El día 4 de julio de 20187 se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento,
la cual se declaró fallida.

11. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot, mediante auto de 19
de septiembre de 20188, declaró la falta de competencia y remitió el proceso al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

12. La magistrada sustanciadora de la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 18 de julio de 20199
avocó conocimiento del proceso que recibió la radicación núm. 25000-23-41-000-
2018-00960-00 y declaró la validez de todo lo actuado.

13. Mediante auto de 29 de julio de 202210, el tribunal decidió sobre las pruebas del
proceso.

6
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 136-138.
7
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 291-292.
8
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 306-309.
9
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 323-326.
10
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 333-339.

4

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Municipio de Girardot11

14. La entidad territorial presentó la excepción de “[…] carencia de legitimación en la
causa por pasiva […]”, dado que no vulneró los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda y, en caso de existir alguna afectación, los encargados
de intervenir son la Policía Nacional y la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca.

15. Afirmó que los intereses generales deben estar por encima de los particulares,
por lo que la pretensión de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial siguiendo
los intereses del accionante no tiene vocación de prosperidad. El POT vigente es
producto de una serie de estudios que cumplen con las condiciones establecidas en
la ley.

16. Indicó que ha realizado de manera oportuna todos los trámites necesarios para
garantizar un ambiente sano, ha apoyado a las autoridades competentes en el
ejercicio de sus funciones y ha respondido las solicitudes dentro del plazo legal.

17. Explicóque los alcaldes no tienen facultades para solucionar la situación
planteada por el accionante, ya que la ley solo les permite resolver recursos de
apelación en procesos verbales abreviados cuando no existen autoridades
especiales de policía, o decidir en segunda instancia sobre las decisiones de la
policía. Por eso, trasladó la problemática a la Policía Nacional, autoridad que
actualmente la está atendiendo.

18. Señaló que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot, mediante sentencia
de 15 de marzo de 2018 proferida en la acción de tutela identificada con radicación
núm. 25307-40-03-002-2018-00125-00, decretó improcedente el amparo porque se
configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del municipio de
Girardot.

I.3.2. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca12

19. Laautoridad ambiental se opuso a las pretensiones de la demanda con
fundamento en la excepción de “[…] AGOTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN […]”.

20. Expresó que no ha vulnerado los derechos ni intereses colectivos mencionados
por la demandante. Por el contrario, ha realizado visitas de control y operativos para
medir los niveles de ruido, y ha enviado dichos resultados a las autoridades
municipales para que actúen según sus competencias.

11
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 219-226.
12
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 238-252.

5

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

21. Señaló que las situaciones relacionadas con el orden público y el uso del suelo
son responsabilidad del municipio. La CAR tiene competencia sobre las emisiones
y ruidos ambientales, pero no sobre la perturbación del espacio público.

22. Indicó que, según los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 232 de 26 de diciembre de
199513, la verificación de la intensidad auditiva corresponde al alcalde o a la persona
que él delegue. Sin embargo, la autoridad municipal puede solicitar el apoyo de las
autoridades ambientales para realizar las mediciones necesarias. Por esto, la CAR
ha llevado a cabo actividades de apoyo y, en cumplimiento de la sentencia de tutela
con radicado 2017-00257-00, está trabajando en una mesa interinstitucional en la
que cada entidad ejecuta las acciones de su competencia con el propósito de reducir
los niveles de ruido de las discotecas demandadas.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

23. LaSubsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 15 de mayo de 202514 resolvió:

“[…] PRIMERO. DECLÁRASE configurada la vulneración de los derechos colectivos
al medio ambiente sano, goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de usos (sic) público, la defensa del patrimonio público, la seguridad,
salubridad pública invocados por los accionantes por parte de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, Municipio de Girardot, Policía Nacional.

SEGUNDO. – ORDÉNASE al alcalde de MUNICIPIO DE GIRARDOT, al Director de
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, Comandante -
Director de la POLICÍA NACIONAL que en el término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación de esta providencia,

i) Realicen una visita a todos y cada uno de los establecimientos de comercio
ubicados en la Carrera 10 y 14 entre Calles 19 y 25 de la jurisdicción de la Junta
de Acción Comunal Sucre con el fin de verificar el cumplimiento de las normas
ambientales y urbanísticas para su funcionamiento, y en caso de evidenciar su
incumplimiento proceder a adoptar las medidas preventivas, correctivas y
sancionatorias a que haya lugar según la Ley.

ii) Proceder a la revisión de todos los trámites, procesos administrativos, policivos,
ambientales y sancionatorios adelantados a los establecimientos de comercio
ubicados en la Carrera 10 y 14 entre Calles 19 y 25 de la jurisdicción de la Junta
de Acción Comunal Sucre con el fin de adoptar en un término perentorio las
decisiones de fondo a que haya lugar según la Ley.

iii) Realicen de manera mensual y de acuerdo a las funciones de cada entidad
operativos y vistas (sic) técnicas a los establecimientos públicos ubicados en la
Carrera 10 y 14 entre Calles 19 y 25 de la jurisdicción de la Junta de Acción
Comunal Sucre con el fin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales
y urbanísticas adoptadas por el Plan de Ordenamiento Territorial.

13
“[…] Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales […]”.
14
Cfr. índice 58 del expediente digital de primera instancia.

6

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

TERCERO. CONFÓRMESE un comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia, el cual estará presidido por el Despacho sustanciador e integrado por un
representante de los accionantes, un representante de cada una de las entidades
accionadas, el agente del Ministerio Público delegado ante el Despacho
sustanciador, el cual deberá rendir informe mensual sobre las acciones desplegadas
para el cumplimiento de la Sentencia.

CUARTO.- NIÉGUENSE las excepciones propuestas por las partes accionadas.

QUINTO.- Sin condena en costas.

SEXTO.- En caso de no ser apelada la presente sentencia, para los fines de que trata
el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 remítase copia integral de esta a la Defensoría
del Pueblo. […]”. (Negrilla del texto).

24. El tribunal consideró que no se configuró el fenómeno de agotamiento de la
jurisdicción con la acción de tutela identificada con radicación núm. 25307-40-03-
001-2017-00257-00/01, porque: i) ya se profirió sentencia de segunda instancia el
27 de julio de 2017; ii) no se aportó la demanda de tutela para comparar las
pretensiones; iii) “[…] aunque la problemática es similar a la debatida en el presente
medio de control, se trata de demandas distintas en ejercicio de medios de control
constitucionales instauradas en diferentes jurisdicciones […]”; y iv) las partes son
diferentes porque la acción de tutela fue dirigida “[…] contra distintos bares del
municipio de Girardot que no se encuentran como accionados en el presente medio
de control […]”.

25. Analizó el marco normativo y jurisprudencial relacionado con el ruido al ambiente
y el control de las normas de ordenamiento territorial.

26. Indicó que los demandantes han realizado múltiples requerimientos a las
entidades accionadas informando la problemática y solicitando apoyo para su
superación. Sin embargo, las autoridades no han tomado acciones concretas, a
pesar de que algunos negocios ubicados en la carrera 14 entre las calles 25 y 19,
en la carrera 12 entre las calles 22 y 25, y en la carrera 11 con calle 24, no cuentan
con la aprobación necesaria para operar en esos lugares, “[…] al no ser compatibles
con el sector por ir en contravía a los usos del suelo establecidos en el Acuerdo 024
del 2011 […]”.

27. Destacó que estos establecimientos no cumplen con las normas del Plan de
Ordenamiento Territorial ni con los parámetros de ruido. Adicionalmente, los
procesos sancionatorios y policivos iniciados en su contra están pendientes de
concluir o, en algunos casos, han resultado en sanciones mínimas. Incluso algunos
establecimientos de comercio, luego de la visita técnica de la autoridad ambiental,
excedieron los límites máximos permisibles de niveles de emisión de ruido y los
horarios permitidos.

28. Por lo tanto, concluyó que las medidas hasta ahora adoptados no representan
una solución definitiva de la problemática vulneradora de los derechos colectivos
amparados.

7

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

III. RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. Municipio de Girardot15

29. La entidad territorial solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia,
por cuanto no vulneró los derechos amparados, pues ha adelantado acciones
administrativas en ejercicio de sus funciones policivas y ha impuesto medidas
correctivas de conformidad con la Ley 1801 de 29 de julio de 201616, como el cierre
de establecimientos comerciales que incumplen la regulación de ambiente sano y
salubridad auditiva.

30. Explicó que no le compete solucionar la problemática expuesta por la accionante,
y que ha resuelto todas las peticiones, dado que “[…] De lo probado en el proceso
no se observa que el accionante haya interpuesto recursos de apelación ante el
alcalde municipal, por lo tanto, la primera autoridad municipal, no tiene la
competencia frente a la situación planteada por la accionante razón por la cual, no
puede endilgársele ninguna responsabilidad por situaciones ajenas a su
competencia. […]”.

31. Explicó que “[…] a través de la prueba decretada de oficio por este Honorable
Despacho, aportada oportunamente por el MUNICIPIO DE GIRARDOT, se ha
podido acreditar de manera palmaria con los oficios allegados que las sanciones
contra los establecimientos de comercio se han interpuesto por las autoridades
competentes, siendo estás la policía nacional. […]”.

32. Planteó que los responsables de la afectación incoada en la demanda son los
establecimientos de comercio debido a que son quienes actúan contrariando las
disposiciones de la materia.

III.2. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

33. La autoridad ambiental señaló que se cumplen los presupuestos para declarar el
agotamiento de la jurisdicción respecto de la acción de tutela 2017-00257-00/01
debido a que los hechos, las pretensiones, las partes y el asunto eran los mismos.

34. Precisó que “[…] en primera instancia la tutela fue negada y en segunda instancia
revocada, en su lugar el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, resolvió
conceder la acción de tutela a los demandantes, ordenando a los propietarios de los
bares que en un plazo no mayor a un mes iniciaran las obras tendientes a la
insonorización de sus establecimientos de comercio, de igual manera ordenó a la
Alcaldía Municipal de Girardot, a la CAR, a la Inspección de Policía de Girardot, a
la Personería Municipal de Girardot y a la Defensoría del Pueblo conformar una
mesa interinstitucional con un delegado de cada una de las entidades junto con los

15
Cfr. Índice 63 del expediente digital de primera instancia.
16
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.

8

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

propietarios de los establecimientos de comercio, para coordinar y determinar un
plan de trabajo sobre las acciones que cada entidad dentro de sus competencias
vaya a realizar con el fin de erradicar de tajo el exceso de los niveles sonoros de los
bares y discotecas accionados. […]”.

35. Adujo que “[…] De las pretensiones y hechos planteados en la demanda, no se
puede apreciar por ningún lado que, alguno de ellos apunte ni siquiera
tangencialmente a una acción u omisión por parte de la CAR, lo que de entrada
evidencia que no ha habido vulneración de ningún derecho por parte de la
Corporación, ya que ha actuado dentro del marco de sus competencias, realizando
las visitas y midiendo los niveles de ruido, pero en calidad de apoyo al ente territorial
quien es el llamado a resolver la problemática planteada, por cuanto el tema es de
policía y convivencia ciudadana y no ambiental. […]”.

36. Argumentó que ha adelantado una serie de actividades en cumplimiento de la
sentencia proferida dentro de la acción de tutela 2017-00257-01 dentro de lo que se
encuentra conformar una mesa interinstitucional para coordinar un plan de trabajo
sobre las acciones que son competencia de cada entidad para erradicar los altos
niveles de ruido de los establecimientos demandados.

37. Explicóque la normativa sobre el control de ruidos ha cambiado y ahora
establece claramente que las corporaciones autónomas regionales son
responsables de la calidad del aire y el control ambiental de las emisiones, incluidos
los ruidos ambientales. Sin embargo, cuando el ruido afecta el espacio público,
especialmente por parte de establecimientos comerciales, esa competencia
corresponde a los municipios. Por lo tanto, el control de la intensidad del ruido
compete a los alcaldes municipales, conforme a lo estipulado en la Ley 232 de 1995.

38. Finalmente, manifestó que no está dentro de sus competencias establecer las
normas que regulan el ruido, reubicar los establecimientos comerciales ni manejar
otros asuntos relacionados con el espacio público. Estas funciones corresponden a
la entidad territorial y a la Policía Nacional. La primera autoridad puede solicitar su
apoyo, tal como lo establece el artículo 66 del Decreto 948 de 5 de junio de 199517.
La segunda es el cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

auto de 2 de septiembre de 202518, el Tribunal Administrativo de
39. Mediante
Cundinamarca concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación

17
“[…] Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de
1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire […]”.
18
Cfr. Índice 65 del expediente digital de primera instancia.

9

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

presentados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el
municipio de Girardot.

40. A través de auto de 25 de noviembre de 202519, se admitieron los recursos de
apelación, se prescindió del traslado para alegatos de conclusión, y se le informó al
Ministerio Público que podía emitir concepto. Sin embargo, las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

41. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201120 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201921, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

42. La Junta de Acción Comunal Sucre atribuyó a la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca, al municipio de Girardot y a la Policía Nacional, la trasgresión
de los derechos colectivos previstos en los literales a), d), e) y g) del artículo 4.° de
la Ley 472, debido a que los establecimientos comerciales ubicados en las carreras
10 y 14 entre las calles 19 y 25 del barrio Sucre del municipio de Girardot
desconocen el uso del suelo, el espacio público y los parámetros de ruido exigibles.

43. En la sentencia de 15 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano, al goce del espacio público, a la utilización y defensa de
los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público y a la seguridad
pública.

44. El tribunal ordenó a las entidades accionadas que realizaran una visita a los
establecimientos de comercio de la zona objeto de esta acción popular con el
propósito de verificar el cumplimiento de las normas ambientales y urbanísticas.
Adicionalmente, debían revisar los trámites administrativos relacionados con este
asunto para adoptar decisiones de fondo y realizar mensualmente, de acuerdo
con las competencias de cada entidad, operativos y visitas técnicas a
los establecimientos.

19
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
20
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
21
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

10

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

45. El municipio de Girardot afirmó en el recurso de apelación que no vulneró los
derechos colectivos amparados y, por el contrario, ha adelantado oportunamente
todas las acciones administrativas e impartido medidas correctivas en los
establecimientos que no acaten la regulación. Además, indicó que el alcalde
municipal no tiene competencias en la solución de la problemática expuesta por la
accionante, máxime cuando los establecimientos de comercio son quienes infringen
las disposiciones aplicables.

46. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca argumentó que: i) se
configura el agotamiento de jurisdicción con la acción de tutela con radicación 2017-
00257-00; ii) no vulneró los derechos amparados porque sus competencias se ciñen
a la afectación del ruido ambiental y ha adelantado actividades de apoyo a la
entidad territorial; y iii) el municipio y la Policía Nacional son las entidades
responsables de solucionar la problemática.

V.3. Análisis del caso concreto

47. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) el agotamiento de
jurisdicción con la sentencia proferida en el proceso con radicación 25307-40-03-
001-2017-00257-01, ii) los deberes y competencias de los integrantes del extremo
pasivo en el caso concreto, y iii) si es pertinente modificar o confirmar la sentencia
de 15 de mayo de 2025, conforme a los planteamientos de los recursos de apelación
del municipio y la CAR.

V.3.1. Del agotamiento de jurisdicción con la sentencia proferida en el proceso
con radicación 25307-40-03-001-2017-00257-01

48. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca argumentó que se
configuró el instituto de agotamiento de jurisdicción, ya que previamente se admitió
la acción de tutela con radicación núm. 2530740030012017025701 que trata sobre
los mismos hechos, está dirigida contra los mismos demandados y busca proteger
los mismos derechos que se analizan en este proceso.

49. Frente a dicho reparo, el tribunal advirtió que en el plenario no obraba el escrito
de tutela, sino únicamente la sentencia de segunda instancia que accedió al
amparo.

50. Sinembargo, a partir de los antecedentes plasmados en el fallo de tutela,
concluyó que no se configuraban los supuestos del agotamiento de jurisdicción
porque: i) no se acreditó la identidad de hechos ni de causa petendi, ya que se trata
de acciones distintas tramitadas en jurisdicciones diferentes; ii) ambas acciones no
estaban en el mismo trámite procesal, pues la tutela 2017-00257 se resolvió en
segunda instancia el 27 de julio de 2017; y iii) tampoco existía identidad del
demandado, ya que en este proceso la demanda no se dirigió contra los bares que
originaron la problemática.

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

51. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 11 de septiembre de 201222, al resolver una solicitud de revisión
eventual, unificó la jurisprudencia en torno al agotamiento de jurisdicción en este
medio de control en los siguientes términos:

“[…] [L]a Sala Plena del Consejo de Estado unifica su postura sobre la materia,
en el sentido de determinar que, con apoyo en los principios de economía, de
celeridad y de eficacia que rigen la función judicial, y que por expresa
disposición del artículo 5° de la Ley 472 de 1998 deben orientar el trámite de
las acciones populares, cuando se esté ante demandas de acción popular
en las cuales se persiga igual causa petendi, basada en los mismos
hechos, y contra igual demandado, lo que procede es dar aplicación a la
figura del agotamiento de jurisdicción […]”. (Negrilla fuera de texto).

52. En ese orden, el agotamiento de jurisdicción resulta plenamente aplicable a las
acciones populares siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: i)
que ambas acciones en curso versen sobre los mismos hechos y tengan igual causa
petendi; y ii) que las demandas se dirijan contra los mismos demandados, pues no
es necesario que el demandante sea el mismo, ya que esta acción busca proteger
derechos que benefician a toda la colectividad.

53. Respecto del primer presupuesto, en la sentencia de 24 de octubre de 202423,
esta autoridad judicial explicó que, aunque el objeto de la acción de tutela es la
protección de los derechos fundamentales, cuando existe una conexidad estrecha
entre estos y la salvaguarda de los derechos colectivos, debe considerarse que el
fallo del juez de tutela protegió también los derechos colectivos.

54. Sin embargo, en el caso concreto se observa que los procesos mencionados por
la CAR no comparten la misma situación fáctica o causa petendi.

55. En el expediente con radicación núm. 2017-0257-01 la señora Gladys Garzón
Sarmiento, en calidad de presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio
Sucre, Patricia Rozo Acevedo, directora de la Casa de Reposo Ancianato de
Girardot, Sandra Milena Ortegón y otros ciudadanos interpusieron acción de tutela
contra 9 establecimientos de comercio ubicados en la carrera 14 entre las calles 22
y 19, denominados CAOBA VIP BAR, KZ VALLEDUPAR BAR, OKLAHOMA CLUB
VIP, SAN ANDRES BAR, FARRA Y SON, WING BAR, LA ESQUINA BAR, MONAS
BAR y SON CHOCOANO. El juez de tutela vinculó de oficio al municipio de Girardot,
a la Policía Nacional y a la CAR.

56. La tutela buscó la protección de los derechos fundamentales a la intimidad, a la
tranquilidad y a la salud de los accionantes. Por lo anterior, solicitaron que se ordene

22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de septiembre de 2012, M.P. Susana
Buitrago Valencia, radicación núm. 41001-33-31-004-2009-00030-01(AP). En esta sentencia, la Sala declaró ajustado a
derecho el auto de 24 de julio de 2009, por el cual el Tribunal Administrativo del Huila, confirmó el proveído de 15 de mayo
de 2009, mediante el cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva declaró nulo todo lo actuado por agotamiento
de jurisdicción y en consecuencia rechazó la acción popular.
23
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Margoth Peña Garzón, radicación núm: 85001-23-33-000-2020-00505-01.

12

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

a los establecimientos demandados adecuar sus instalaciones para cumplir con las
normas sobre niveles permitidos de ruido e insonorizar los bares según lo dispuesto
en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 y en el artículo 8 del Decreto Municipal 182
de 2010. Así mismo, pidieron que se le ordene a la Policía Nacional hacer cumplir
el mencionado Decreto Municipal; a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria
que vigile el cumplimiento de las órdenes; y a la CAR que presente un informe sobre
el estado de insonorización de los establecimientos demandados.

57. En contraposición, el objeto de la presente acción popular refiere a la presunta
transgresión de los derechos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio
público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la defensa del
patrimonio público y la seguridad y salubridad públicas, debido a que los
establecimientos de comercio ubicados sobre las carreras 10 y 14, entre las calles
19 y 25 del barrio Sucre, en el municipio de Girardot, se dedican a la venta y
consumo de bebidas alcohólicas, sin respetar el espacio público, los usos del suelo
en sector residencial y los niveles de intensidad auditiva.

58. Se indicó que el POT de Girardot aprobado en 2011 estableció un plazo de cuatro
(4) años para ejecutar el programa de reubicación de los establecimientos
considerados como “de alto impacto negativo”. Sin embargo, pese a que han
transcurrido 7 años, dicho programa no se ha cumplido y tampoco se ha impuesto
la sanción prevista en el numeral 4 del artículo 104 de la Ley 388 de 1997.

59. La demandante sostiene que la permanencia de estos establecimientos ha
provocado un aumento en la delincuencia común, la oferta de servicios sexuales, la
venta de drogas y la presencia de vendedores informales en zonas públicas
destinadas al paso de vehículos. Además, señala que en el sector no hay suficiente
presencia de la fuerza pública cerca del hogar geriátrico ubicado en el barrio Sucre,
por lo que solicitan el cierre de dichos establecimientos.

60. La parte demandante presentó en el oficio de 23 de julio de 2018 la relación de
los establecimientos de comercio que se encuentran en la zona objeto de la
presente acción popular:

“[...]

ORDEN DE
ESTABLECIMIENTO COMPARENDO
DIRECCIÓN
DE COMERCIO EFECTUADO POR LA
POLICÍA NACIONAL
SIN NOMBRE Calle 19 No. 12-58 —
KZ VALLEDUPAR
Calle 19 No. 12-100 25307006604
BAR
Sin nomenclatura, queda
ZAMARA BAR enseguida de KZ VALLEDUPAR 25307004902
BAR por la Carrera 14
LICORERA LUZMAR Carrera 14 No. 19-67 —

13

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

Sin nomenclatura, queda
SIN NOMBRE enseguida de LICORERA —
LUZMAR por la Carrera 14
SIN NOMBRE Carrera 14 No. 19-77 —
MAMBO CROSS Carrera 14 No. 20-03/09 25307005051
Sin nomenclatura, queda en la
FARRA Y SON —
Carrera 14 entre Calles 20 y 21
ARUBA VIP Carrera 14 No. 20-36 25307113705
Carrera 14 No. 20-35 Segundo 25307006605 /
VERANO BAR
piso 25307003954
Antes BAR KALLUAS –
MICERINOS Carrera 14 No. 20-35
25307003662
TEXAS
RESTAURANTE Carrera 14 No. 20-45 —
BAR
CASA DE LOS
Calle 21 No. 13-47 Local 2 —
AMIGOS POKER
ESCAPE BAR
Calle 21 No. 13-47 25307113711
GIRARDOT
CAOBA Carrera 14 No. 21-20 —
LA ESKINA BAR Carrera 14 con Calle 21 25307007704
Sin nomenclatura, queda
enseguida de BAR SON
MONAS BAR 25307003957
CHOCOANO GIRARDOT por la
Carrera 14
BAR SON
CHOCOANO Carrera 14 No. 21-63 25307003956
GIRARDOT
RESTAURANTE Sin nomenclatura, queda en la
—
BAR ROSCAS Calle 25 con Carrera 13 Esquina
FUENTE DE SODA Sin nomenclatura, queda en la
—
PIEL ROJA Calle 25 con Carrera 12 Esquina
FUENTE DE SODA Sin nomenclatura, queda en la
—
DOMINO Calle 25 con Carrera 12 Esquina
Sin nomenclatura, queda en la
LA ESQUINA DE
Calle 24 entre Carrera 11 —
XIOMI
Esquina
PUNTO DE Sin nomenclatura, queda en la
—
ENCUENTRO LA 11 Carrera 11 con Calle 23
BOLIRANA LOS
RECUERDOS DE Calle 22 No. 11-88 —
ELLA
SUPERMERCADO
Calle 20 No. 13-26 —
DONDE JUNIOR
VASIJA DE BARRO Calle 20 No. 11-63 —
Carrera 10 No. 20-21 diagonal al
CASA REAL —
Éxito
LICORES MARIAMS Carrera 10 No. 20-21 —
DISCOTECA OASIS
Carrera 10 No. 19-77 —
GIRARDOT

[...]”24.

24
El Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 301-303.

14

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

61. A partir de lo anterior, la Sala advierte que
ambos procesos refieren a una
problemática relacionada. Sin embargo, los derechos objeto de protección son
distintos en cada proceso e incluso la causa petendi de la acción popular es más
amplia, e incorpora hechos nuevos y posteriores que no fueron considerados en su
momento por el juez de la tutela.

62. Como la causa petendi de la acción de tutela, refería a que los establecimientos
CAOBA VIP BAR, KZ VALLEDUPAR BAR, OKLAHOMA CLUB VIP, SAN ANDRES
BAR, FARRA Y SON, WING BAR, LA ESQUINA BAR, MONAS BAR y SON
CHOCOANO no cumplían con las normas de intensidad auditiva ni los horarios
autorizados de funcionamiento, el Juzgado Primero Civil de Circuito en la sentencia
de 27 de julio de 2017 resolvió:

“[...] SEGUNDO. En su lugar, CONCEDER la acción de tutela interpuesta por
GLADYS GARZÓN SARMIENTO, como presidente de la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DEL BARRIO SUCRE, PATRICIA ROZO ACEVEDO, directora CASA
DE REPOSO ANCIANATO DE GIRARDOT, SANDRA MILENA ORTEGÓN Y
OTROS, contra CAOBA VIP BAR, KZ VALLEDUPAR BAR, OKLAHOMA CLUB VIP,
SAN ANDRES BAR, FARRA Y SON, WING BAR, LA ESQUINA BAR, MONAS BAR,
SON CHOCOANO, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a los propietarios y/o representantes legales de los
establecimientos de comercio bares y/o discotecas CAOBA VIP BAR, KZ
VALLEDUPAR BAR, OKLAHOMA CLUB VIP, SAN ANDRES BAR, FARRA Y SON,
WING BAR, LA ESQUINA BAR, MONAS BAR y SON CHOCOANO, que en un plazo
no mayor a un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, INICIEN
las obras tendientes a la insonorización de sus establecimientos de comercio, las
cuales deberán CULMINAR en un término de cuatro (4) meses para que dichos
establecimientos queden adecuadas totalmente. Obras que deberán ser verificadas
directamente por las autoridades administrativas acá vinculadas bajo la coordinación
permanente del Juez de Primera Instancia, una vez vencido el término concedido.

CUARTO: ORDENAR a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, la
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE GIRARDOT, la PERSONERÍA MUNICIPAL DE
GIRARDOT y la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en virtud de los principios de
colaboración y coordinación administrativa, y en aras de efectivizar el cumplimiento
apropiado a la normatividad vigente, tendiente a mitigar la fuente originadora del daño,
CONFORMEN una mesa interinstitucional con un delegado de cada una de esas
entidades, junto con los representantes legales de los establecimientos de comercio
acá accionados, en la que se COORDINE Y DETERMINE un plan de trabajo sobre
las acciones que cada entidad dentro de sus competencias vaya a realizar, con el fin
de erradicar de tajo el exceso de los niveles sonoros de los bares y/o discotecas
accionados. De lo anterior, deberán emitir un informe detallado, dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de este fallo, en el que consten las actuaciones a
las que se hayan comprometido, el plazo para tal efecto, la verificación del
cumplimiento y los responsables del mismo. Este informe será remitido al Juez
Primero Civil Municipal de Girardot, quien deberá hacer un seguimiento
concienzudo de las órdenes aquí dictadas, y por ser el encargado de evaluar el
cumplimiento de este fallo.

QUINTO. ORDENAR al COMANDANTE DE LA POLICÍA DE GIRARDOT, que en
cumplimiento de sus competencias legales y constitucionales, proceda a tomar las

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

medidas policivas que correspondan, en caso tal de que los establecimientos
accionados sigan operando sin cumplir la orden que se imparte directamente a ellos,
una vez vencido el término que se les concede para la realización de las actividades
que se les imponen. [...]. (Negrilla del texto).

63. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que la acción popular y la tutela
tienen enfoques y propósitos diferentes. Aunque las partes demandadas en esta
acción popular coinciden con las que fueron vinculadas en la acción de tutela, lo
cierto es que la finalidad y el alcance de los procesos no son equivalentes.

64. En la acción de tutela se abordó específicamente la falta de insonorización de
nueve bares concretos, mientras que en la presente acción popular se examinan de
manera integral la problemática urbanística, social y ambiental derivada del
funcionamiento de 29 bares, la ocupación indebida del espacio público por
vendedores ambulantes, el desconocimiento de los usos del suelo en sectores
residenciales y el ruido acumulado generado por la existencia de veintinueve
establecimientos de comercio.

65. En esta acción popular se pretende la implementación de medidas estructurales
para el beneficio de toda la comunidad. De manera que es procedente efectuar un
análisis de fondo del recurso de apelación del actor popular, al no configurarse el
fenómeno de agotamiento de la jurisdicción.

V.3.2. Los deberes y competencias de los integrantes del extremo pasivo en
el caso concreto

66. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de 15 de
mayo de 2025, declaró que las entidades apelantes vulneraron los derechos
colectivos al ambiente sano, al goce del espacio público, a la defensa del patrimonio
público y a la seguridad y salubridad pública por incumplimiento a las normas
ambientales y urbanísticas relacionadas con ruido y ocupación del espacio público.

67. El municipio de Girardot y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
afirmaron que no son causantes de la afectación de derechos colectivos. El primero
indicó que los establecimientos de comercio son quienes realmente son
responsables de la transgresión de derechos. La segunda adujo que su función se
ciñe al ruido ambiental y se limita a ser acompañamiento a las autoridades
municipales por cuanto la problemática es de convivencia ciudadana y no ambiental.
Adicionalmente, ambas autoridades indicaron que la Policía Nacional es la
autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de las normas urbanísticas, de
ocupación del espacio público y de ruido.

68. A efectos de resolver los reparos, es relevante tener que, de conformidad con la
Ley 2450 de 4 de marzo de 2025, la contaminación acústica es una problemática
cuyo abordaje debe efectuarse de forma coordinada entre las distintas autoridades
ambientales, de salud y policivas, en los siguientes términos:

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
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“[…] ARTÍCULO 17°. Coordinación de la Acción sancionatoria ambiental, de salud
y policiva. Las acciones sancionatorias ambientales, de salud y policivas, en los casos
de comportamientos asociados a la contaminación acústica o ruidos que afecten la
tranquilidad o la convivencia, serán concurrentes. En ese sentido, las autoridades
ambientales, de salud y policivas en cada uso de sus competencias, deberán coordinar
sus actuaciones bajo el principio de la economía procesal, a fin de garantizar la
optimización de los medios de prueba y evidencia legalmente recaudados, evitando
duplicidades en el proceso.

Cada autoridad actuará de manera autónoma dentro de su respectiva
competencia, pero compartirán activamente información y capacidades, con el fin
de prevenir y abordar de manera oportuna y coordinada aquellos fenómenos que
puedan deteriorar la calidad acústica de los entornos […]”. (Negrilla del texto).

69. Conforme a la exigencia normativa supra, a continuación, se estudiarán las
competencias de los municipios, las corporaciones autónomas regionales y la
Policía Nacional, en materia de control de ruido, espacio público y respeto de los
usos del suelo, con el propósito de determinar si el análisis de responsabilidad del
juez de primera instancia fue acertado o si resulta necesario modificar las órdenes
de amparo. Además, se determinará si la participación de los particulares en la
vulneración de los derechos colectivos exime de responsabilidad a los apelantes
por las acciones realizadas en el marco de sus funciones.

A. La responsabilidad de los municipios

70. La función urbanística es la potestad de los municipios y distritos prevista en
nuestro ordenamiento jurídico a efectos de garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales a la propiedad privada, a la productividad, a la competitividad, al
trabajo, a la convivencia pacífica, al goce de un ambiente sano, a la igualdad
material y a la intimidad. El ejercicio de esta función permite, en el marco de un
orden justo, el respeto de los derechos y las libertades ajenas sin abusar de las
propias25. Por ello, los derechos que le asisten a la colectividad en materia de
urbanismo26 están fuertemente relacionados con la forma en que los entes
territoriales competentes planifican, organizan, ordenan y distribuyen el territorio de
su jurisdicción.

71. En línea con lo anterior, los artículos 1º.
2.º, 3.º y 5.º de la Ley 388 recuerdan
que el ordenamiento del territorio municipal comprende un conjunto de acciones
político-administrativas y de planificación que orientan el desarrollo
socioeconómico, ambiental y cultural del territorio, y regulan la utilización,

25
“ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2007. C.P: Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad.
N.° 63001-23-31-000-2004-00243-01(AP).
En el mismo sentido, Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009. C.P: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta. Rad. N.° 17001-23-31-000-2004-01492-01(AP).

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Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

transformación y ocupación del espacio. Mientras que los artículos 87 y 92 del
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana señalan que quien
incumpla con las normas referentes al uso reglamentado del suelo incurre en un
comportamiento que afecta la actividad económica.

72. Además, como el ruido es un agente contaminante del medio ambiente, el artículo
8 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 197427 y el artículo 2 del Decreto 948 de
5 de junio de 199528 establecen unos límites auditivos máximos para las emisiones
sonoras dependiendo de la situación espacial y temporal en la que se produce el
sonido.

73. Esta Sección pacíficamente ha sostenido que los municipios desempeñan un rol
fundamental en el control de la contaminación auditiva, la invasión del espacio
público y el respeto de los usos previstos en el ordenamiento territorial por parte de
los establecimientos de comercio de alto impacto29. El artículo 86 de la Ley 1801 de
2016 sobre el particular señaló:

“[…] ARTÍCULO 86. CONTROL DE ACTIVIDADES QUE TRASCIENDEN A LO
PÚBLICO. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que
funcionen bajo la denominación de clubes sociales sin ánimo de lucro cuya actividad
pueda afectar la convivencia y el orden público, casas culturales, centros sociales
privados o clubes privados o similares, que ofrezcan servicios o actividades de
recreación, diversión, expendio o consumo de licor, sala de baile, discoteca,
grill, bar, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier
tipo de espectáculo para sus asociados o para el público en general, estarán sujetos
a las normas del presente Código. […]”. (Negrilla fuera del texto).

74. Conforme a los numerales 6.°, 7.° y 9.° del artículo 65 de la Ley 99 de 22 de
diciembre de 199330, los alcaldes, como primera autoridad de policía, ejercen
funciones de control y vigilancia del ambiente y los recursos naturales, con el apoyo
de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema
Nacional Ambiental (SINA).

75. Aquellas entidades territoriales no solo ejecutan programas de control de las
emisiones contaminantes del aire; sino coordinan y dirigen, con la asesoría de las
corporaciones autónomas regionales, actividades de control y vigilancia
encaminadas a evitar la degradación de aquel recurso.

27
“[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente […]”.
28
“[…] Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73,74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811
de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 9 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire […]”.
29
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 4 de abril de 2019, C.P.: Oswaldo Giraldo López, radicación núm.
17001-23-33-000-2013-00423-02(AP); de 11 de abril de 2019, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 68001-23-
31-000-2012-00258-01(AP); de 5 de mayo de 2019, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 05001-23-33-
000-2015-02397-01(AP), entre otras.
30
“[…] por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones. […]”.

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
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76. En el componente de salud y salubridad, la Ley 715 de 21 de diciembre de 200131
explicó que los municipios son los encargados de vigilar, inspeccionar y controlar: i)
los factores de riesgo de la salud humana presentes en el ambiente32; ii) las
condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población
generadas por ruido33; iii) el adecuado funcionamiento de los bares y las tabernas34;
y iv) las emisiones contaminantes al aire35.

77. Por otro lado, el numeral 2º del artículo 315 de la Constitución Política y el
numeral 3.° del artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 establecieron que los alcaldes
municipales son la primera autoridad de policía del nivel local y, en consecuencia,
les corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción.

78. Los artículos 83 y 86 de la Ley 1801 de 2016 agregaron que toda actividad
económica, ya sea pública o privada, debe sujetarse a regulaciones que garanticen
la convivencia y el orden público. Para ello, los alcaldes tienen la facultad de fijar
horarios y tomar medidas correctivas cuando estas actividades puedan afectar la
tranquilidad social, especialmente en establecimientos como bares, discotecas y
clubes sociales. Asimismo, las autoridades de policía están autorizadas para
ingresar y verificar el cumplimiento de los horarios y normas establecidas para estos
negocios.

79. Esto significa que el alcalde del municipio de Girardot, como primera autoridad
de policía de ese municipio, tendrá que verificar el cumplimiento de los requisitos
legales exigibles a los establecimientos de comercio y, en consecuencia, desplegar
las actividades de control respectivas36.

80. El municipio tiene plenas facultades para imponer las medidas preventivas37
tendientes a controlar el respeto de los usos del suelo, el goce del espacio público
o las emisiones de ruido que exceden el valor máximo permisible para la zona
afectada.

81. De igual modo, esa administración es responsable de: i) garantizar que los
particulares respeten la regulación establecida para los usos del suelo; ii) iniciar los
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar por cuenta de las
infracciones urbanísticas constatadas en los establecimientos de comercio y sus
alrededores; y iii) exigir, como requisito indispensable para el ejercicio de la
actividad económica, las adecuaciones estructurales de los locales comerciales.

31
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
32
Ley 715 de 2001, artículo 44, numeral 44.3.3.
33
Ibídem, numeral 44.3.3.3.2.
34
Ibídem, numeral 44.3.5.
35
Ibídem, artículo 76, numeral 76.5.1. y ss.
36
Ibídem, artículos 87 (parágrafo 1) y 140 (parágrafos 1 y 2).
37
Ley 1333 de 2009, artículos 2, 36 y ss.

19

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B. Las competencias de las corporaciones autónomas regionales

82. Las corporaciones autónomas regionales, como máximas autoridades
ambientales del territorio de su jurisdicción, deben ejercer “[…] las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental […]” de las conductas transgresoras de
las normas de emisión de ruido contenidas en la Resolución núm. 627 de 2006 y,
en consecuencia, aplicar las medidas administrativas y sancionatorias
correspondientes.

83. El Decreto 948 de 1995, compilado en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201538,
confirió a las autoridades ambientales las siguientes funciones en la materia:

“[…] ARTÍCULO 2.2.5.1.6.2. Funciones de las Autoridades Ambientales. Las
Autoridades Ambientales competentes dentro de la órbita de su competencia, en el
territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la contaminación
del aire, las siguientes; (…)

d) Realizar la observación y seguimiento constante, medición, evaluación y control
de los fenómenos de contaminación del aire y definir los programas regionales de
prevención y control;

e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos
contaminantes del aire en asocio con los municipios y distritos, y absolver las
solicitudes de conceptos técnicos que éstos formulen para el mejor cumplimiento de sus
funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire;

(…) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y
vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica;

Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio
con las autoridades de salud y con la participación de las comunidades afectadas o
especialmente expuestas;

j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión
de infracciones a las normas sobre emisión y contaminación atmosférica […]”.
(Negrilla fuera del texto).

84. La Resolución 0627 reforzó esas competencias en los siguientes términos:

“[…] Artículo 28. Competencia: Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la
Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, ejercerán las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, a lo dispuesto en la presente
resolución, de conformidad con las competencias asignadas por la Ley 99 de 1993
y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 29. Sanciones: En caso de violación a las disposiciones ambientales
contempladas en la presente resolución, las autoridades ambientales competentes,
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de
conformidad con el artículo 85 de la ley 99 de 1993 y sus disposiciones
reglamentarias, o las que las modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás
acciones a que hay lugar. […]”. (Negrilla fuera del texto).

38
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.

20

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85. La Ley 99 de 1993 precisó que las corporaciones autónomas regionales deben:
i) asesorar a los municipios en la definición de los programas de protección del
ambiente39; ii) ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos y emisiones al aire40; y iii) imponer y ejecutar a prevención las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental41. Como refuerzo de lo anterior, la Ley 1333 de 21 de julio de
200942, modificada por la Ley 2387 de 25 de julio de 202443, confirió a esas
autoridades una potestad sancionatoria prevalente en materia ambiental.

86. EstaSección, al resolver un caso con similares supuestos fácticos, en las
sentencias de 4 de abril de 201944 y 11 de abril de 201945, 13 de junio de 202446
ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, a la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y a la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, respectivamente, que efectuaran
acciones de medición y control de los niveles de contaminación auditiva junto con
los municipios demandados.

C. Las competencias de la Policía Nacional

87. La Policía Nacional es una institución fundamental para la convivencia pacífica y
el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos. El fin primordial de este
cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la Nación, según el
artículo 218 de la Constitución Política, “[…] es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar
que los habitantes de Colombia convivan en paz […]”.

88. Dicha institución debe ejercer sus funciones de forma articulada con las demás
autoridades de policía. Por ello, el artículo 91 de la Ley 136 de 2 de julio de 199447,
modificado por el artículo 29 de la Ley 1151 de 6 de junio de 201248, estableció el
siguiente lineamiento de coordinación institucional en materia de orden público:

“[…] ARTÍCULO 91.- Funciones. Modificado por el art. 29, Ley 1551 de 2012. Los
alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la
República o gobernador respectivo. (…)

39
Artículo 31, numeral 4).
40
Ibídem, numeral 12).
41
Ibídem, numeral 17).
42
“[…] Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones […]”. Cfr. Artículo 1.
43
“[…] Por medio del cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental, Ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar
herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras disposiciones […]”.
44
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 17001 23 33 000 2013 00423 02. 49
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 68001-23-31-000-2012-
0025801(AP).
45
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 68001-23-31-000-2012-00258-
01(AP).
46
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 05001-23-33-000-
202201296-01 (AP).
47
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
48
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

21

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1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el
alcalde por conducto del respectivo comandante. […]

3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación
con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden
público y la lucha contra la criminalidad y el delito. […]”. (Negrillas fuera del texto).

89. El Decreto 948 de 5 de junio de 199549, compilado en el Decreto 1076 de 201550,
igualmente reconoce la participación complementaria de la Policía Nacional en el
control de ruido como factor contaminante, veamos:

“[…] ARTÍCULO 2.2.5.1.6.7. Apoyo de la fuerza pública y de otras
autoridades. En todos los casos en que la autoridad ambiental competente
adopte medidas de restricción, vigilancia o control de episodios de
contaminación, podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública y de las demás
autoridades civiles y de policía del lugar afectado, las cuales tendrán la obligación
de prestárselo para garantizar la ejecución cabal de las medidas adoptadas. Incurrirá
en las sanciones previstas por el régimen disciplinario respectivo, la autoridad civil,
militar o de policía que rehúse injustificadamente la colaboración o apoyo debidos.
[…]”. (Negrillas fuera del texto).

90. El artículo 87 de la Ley 1801 enlistó los siguientes deberes de los particulares,
cuyo cumplimiento verifican las autoridades de policía, en relación con el caso:

“[…] Artículo 87. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio,
para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social,
cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, o
que siendo privadas, trasciendan a lo público; que se desarrolle o no a través de
establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos
previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad
económica los siguientes requisitos:

1. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue
construida la edificación y su ubicación.

[…] Durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los
siguientes requisitos:

1. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica
desarrollada.

[…] Parágrafo 1º. Los anteriores requisitos podrán ser verificados por las autoridades
de Policía en cualquier momento, para lo cual estas podrán ingresar por iniciativa
propia a los lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de sus actividades
económicas […]” (Negrillas fuera del texto).

49
“Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73,74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de
1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 9 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire”.
50
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

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91. Los numerales 2, 4, 6 y 7 del artículo 140 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana proscriben, entre otros, los comportamientos que atentan
contra la integridad del espacio público, como lo son: i) “[…] realizar obras […] en
[…] espacios públicos […] o similares, sin la debida autorización de la autoridad
competente […]”; ii) “[…] ocupar el espacio público en violación de las normas
vigentes […]”; iii) “[…] promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en
violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente […]”; y iv) “[…]
consumir bebidas alcohólicas […] en el espacio público […]”.

92. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, es claro que la Policía Nacional tiene
la obligación constitucional y legal de propender por la garantía de los derechos de
los habitantes del territorio colombiano, la conservación del orden público y la
prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad y tranquilidad
públicas.

93. En el marco de esas responsabilidades el tribunal de primera instancia ordenó al
municipio, a la autoridad ambiental y a la Policía Nacional que, de forma conjunta y
articulada debían corregir los problemas de convivencia que motivaron la presente
acción popular, siguiendo el criterio jurisprudencial dispuesto en las sentencias de
6 de abril de 201751, 11 de abril de 201952 y 5 de diciembre de 2019.

D. La corresponsabilidad de los establecimientos públicos de alto impacto

94. Con el propósito de resolver el argumento de la apelación relativo a que los
particulares son quienes vulneran los derechos colectivos amparados al desarrollar
su actividad incumpliendo las normas urbanísticas y ambientales aplicables, la Sala
pone de presente que la participación de la comunidad en la generación de las
amenazas o transgresiones de los derechos colectivos no constituye una causal de
exoneración de responsabilidad para las entidades y autoridades públicas53.

95. Sin embargo, en escenarios como los aquí descritos, esta Sección ha
considerado que la medida de instar a la población que desarrolla actividades que
vulneran o amenazan los derechos amparados, para que cumpla con las
instrucciones impartidas por las autoridades competentes a efectos de controlar la
afectación, es pertinente y necesaria.

96. El respeto del espacio público, las normas urbanísticas y los niveles de ruido
permitidos en los establecimientos comerciales, bares y discotecas, constituye una
obligación fundamental para preservar la convivencia, el entorno natural y el
bienestar de la comunidad.

51
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 76001-23-33-000-2015-00833-01, C. P. Carlos Enrique Moreno
Rubio (E).
52
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 68001-23-31-000-2012-00258-
01(AP), actor: Hernando Rueda Díaz y Mauro Serrano Escobar.
53
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 19001-33-31-005-2011-00294-
01.

23

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97. El municipio de Girardot, mediante Oficio O.A.P.200.13.01.0434 de 28 de febrero
de 201854, aclaró que el Acuerdo 024 de 2011 que modificó el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) precisó cual es el perímetro habilitado para el desarrollo de
actividades de "Zona de alto impacto", el cual corresponde a la Zona Suburbana 3
establecida en el plano F-1A.

98. El área de alto impacto comprende toda actividad de explotación o comercio del
sexo en casas de lenocinio, prostíbulos, establecimientos similares o centros de
diversión sexual, ubicándose específicamente en la vereda San Lorenzo, sobre la
vía a Nariño, con una extensión de 8,60 hectáreas. Los usos principales permitidos
son el comercio de alto impacto como tabernas, discotecas y zonas de albergue
temporal. Los usos complementarios incluyen droguerías, licoreras y restaurantes,
mientras que los usos residenciales y cualquier otro no mencionado están
prohibidos.

99. El artículo 64 del POT precisa las condiciones bajo las cuales se permite el
ejercicio de la prostitución y actividades afines, las cuales solo pueden ejercerse en
el área determinada (Suburbano 3), quedando prohibidas en el resto del municipio.

100. Aunado a ello, el Decreto 948 de 1995, compilado en el Decreto 1076 de 26 de
mayo de 201555, adoptó la siguiente clasificación sectorial en materia de ruido:

“[…] ARTÍCULO 2.2.5.1.2.13. Clasificación de sectores de restricción de ruido
ambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambiental el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible atenderá a la siguiente sectorización:

1. Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén situados
hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos.

2. Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o
exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas
urbanas, escuelas, universidades y colegios.

3. Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos industriales
y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.

4. Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas
rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales
suburbanas y zonas de recreación y descanso. […]”. (Negrilla fuera del texto).

101. En desarrollo del Decreto 948, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial profirió la Resolución 0627 de 7 de abril de 200656. Esa norma
fijó los criterios de medición de la contaminación auditiva, así como los límites
máximos de ruido permitidos dependiendo del respectivo uso del suelo. En ese
sentido, el artículo 9.° ibídem estableció los siguientes parámetros relacionados con
el caso:

54
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 87-88.
55
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.
56
“[…] Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental […]”.

24

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Sector Subsector Estándares máximos
permisibles de niveles de
emisión de ruido en dB(A)
Día Noche
Sector B. Zonas residenciales o 65 55
Tranquilidad y exclusivamente destinadas
Ruido Moderado para desarrollo habitacional,
hotelería y hospedajes.
Universidades, colegios,
escuelas, centros de estudio
e investigación.
Parques en zonas urbanas
diferentes a los parques
mecánicos al aire libre.
Zonas de Recreación y
descanso, como parques
naturales y reservas
naturales.

102. El cumplimiento de las normas de ordenamiento territorial y de los límites de
ruido es un deber de todos los particulares, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 6.º57 de la Ley 1437 de 2011, 33 de la Ley 1801 de 2016 y el numeral 3°
del artículo 1.° de la Ley 388. Este último precepto explica que la función urbanística
se encamina a garantizar que la utilización del suelo por parte de los propietarios se
ajuste a la función social de la propiedad. Por ello, los títulos VIII y XIV de la Ley
1801 exigen que quien pretenda realizar determinada actividad antrópica cuente
con un concepto favorable y vigente de la autoridad territorial en materia de usos
del suelo.

103. En ese orden de ideas, la Sala instará a los establecimientos de comercio para
que, en el marco de sus deberes legales, cumplan con las instrucciones impartidas
por las autoridades competentes y se constituyan en actores relevantes de la
superación de la problemática.

V.3.3. La resolución de los argumentos de las apelaciones

104. La entidad territorial y la autoridad ambiental afirmaron que no son responsables
por la vulneración de los derechos colectivos. Señalaron que el fallo de primera
instancia no reconoció los operativos de control, las acciones de policía y las
medidas correctivas que han impuesto a los establecimientos de comercio para
controlar la problemática.

105. Con el propósito de resolver los argumentos, los supuestos sustanciales para la
procedencia de las acciones populares son, en primer lugar, que se demuestre la
existencia de un daño contingente, peligro, amenaza o vulneración de los derechos

57
“[…] ARTÍCULO 6. Deberes de las personas. Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en
las actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes:
1. Acatar la Constitución y las leyes. […]
3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente
improcedentes. […]”.

25

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colectivos58. En segundo orden, la acreditación de una acción u omisión por parte
de las autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de
sus deberes legales59. Y, en tercer lugar, la relación de causalidad entre la acción u
omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados60.

106. Frente al cumplimiento de estos supuestos, la Sala advierte que, en el plenario
se demostró que las acciones adelantadas por los integrantes del extremo pasivo
han sido insuficientes para garantizar el respeto del uso del suelo autorizado en el
POT, así como para controlar los impactos en el ambiente y el espacio público
causados por los establecimientos de comercio que operan en el sector del litigio.

107. Se demostró que, mediante Auto DRAM 203 de 19 de mayo de 2016 61, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca inició un procedimiento
administrativo ambiental de carácter sancionatorio con sustento en el Informe
Técnico DRAM 869 de 31 de diciembre de 2015, en el que se determinó:

“[…] Con base en el análisis realizado y la normatividad vigente para las emisiones de
ruido, se concluye desde el punto de vista técnico ambiental, que las emisiones de ruido
generadas a la fecha del monitoreo por la fuente emisora ubicada en el establecimiento
de comercio ‘CAOBA VIP BAR’ ubicado […] en la Carrera 14 No. 20 – 45 […] excede
los límites de los Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido
en dB(A) establecidos en la Resolución N° 0627 de 2006 Resolución N° 0627 de 2006
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el Sector B. Tranquilidad y
Ruido Moderado, Subsector: Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para
desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes. Generando un impacto ambiental
negativo de tipo puntual en el periodo Nocturno teniendo en cuenta el horario de
funcionamiento y la medición efectuada, y posible afectación sobre la comunidad
residencial ubicada en este sector, toda vez que el establecimiento, genera una
emisión de ruido total de 84.7 dBA (A) que sobrepasa en 29.7 dB(A).

El presente informe reporta incertidumbre de medición de acuerdo a la norma
internacional ISO 1996 - 2 : 2007, en donde se tienen en cuenta factores de
incertidumbre asociados al tipo de instrumento utilizado, el ruido de fondo, las
condiciones de medición, el tráfico vehicular rodado aducido por el operador, los
diferentes ruidos erráticos que se presentaron durante la realización de la medición, el
dato está dado por un valor de incertidumbre equivalente, el cual no puede sumarse
linealmente al resultado obtenido en el nivel ruido de medición, sino que se debe
considerar como información que puede ayudar a la toma de decisiones técnicas del
ruido presente en este caso particular. Así mismo este valor puede cumplir con los
parámetros de calidad solicitados por la norma NTC-ISO/IEC 17025 por la cual se
estandariza y orienta el protocolo de medición ambiental. […]”. (Negrilla fuera del texto).

108. El informe determinó que el ruido producido por los comercios en esa zona
supera los niveles permitidos para un área residencial, donde se espera tranquilidad

58
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación
núm. 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). El artículo 9. ° de la Ley 472 previó que: “[…] Las acciones populares proceden
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los
derechos e intereses colectivos. […]”.
59
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. María Elizabeth García González, radicación
núm. (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01.
60
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación núm.
50001-23-31-000-2004-00640-01(AP).
61
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 72-81.

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y poco ruido. Específicamente, se encontró que el ruido excede en 29.7 dB(A) el
límite máximo autorizado para este tipo de sector, que está destinado solo a
viviendas, hoteles y hospedajes.

109. También se acreditó que la Junta de Acción Comunal del barrio Sucre desde el
año 2017 solicitó a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional del municipio
de Girardot, la corrección de la problemática de contaminación acústica y la
verificación del uso del suelo por parte de los establecimientos de comercio
ubicados en la carrera 14 entre las calles 19 y 25.

110. Entre las actividades adelantadas por la accionante, el 13 de marzo de 201762
la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Sucre radicó un derecho de petición
en la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional del municipio de Girardot. Allí
informó sobre la contaminación acústica ocasionada por los establecimientos de
comercio ubicados en el sector de la carrera 14 avenida ferrocarril entre calles 19 y
25 y solicitó el cumplimiento de las normas ambientales relacionadas con el ruido y
el uso del suelo de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial.

111. El 3 de abril de 2017 la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional
respondió, mediante Oficio núm. 851, informando que el 6 de abril de ese año
realizarían una reunión ordenada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot
donde asistirían representantes del municipio, la personería, la CAR, la Policía
Nacional y comerciantes del sector involucrados.

112. Mediante Oficios núm. 168 de 19 de mayo de 201763 y 188 de 26 de mayo de
201764 se notificó la decisión de cancelar de la matrícula mercantil de los
establecimientos de comercio denominado “360 grados club” y “Ozono Bar Gdot”.

113. El 6 de junio de 201765 y el 23 de junio de 201766 la accionante radicó solicitudes
ante el municipio para que se diera cumplimiento al Acuerdo 024 de 2011 debido a
que se venció el término de relocalización de los establecimientos y continuaba la
invasión del espacio público por lo que solicitaron la realización de brigadas para su
recuperación.

114. El 30 de junio de 201767, mediante Oficio O.A.P.200.07.3073, el municipio de
Girardot indicó que no se había dado “[…] concepto favorable para ningún
establecimiento que se ubique en la carrera 14 o avenida ferrocarril desde la calle

62
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 10-17.
63
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 46-57.
64
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 58-69.
65
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 19-20.
66
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 22-23.
67
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Página 84.

27

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25 hasta la 19 carrera 12 con calle 22 y 25, carrera 11 con calle 24 esquina […]”,
los conceptos se habían expedido como “[…] NO COMPATIBLE CON EL SECTOR
POR IR EN CONTRAVÍA DEL ACUERDO 024 DEL 2011 […]”.

115. El jefe de la Oficina de Planeación del municipio respondió a las peticiones de
la accionante, mediante Oficio núm. 3254 de 10 de julio de 201768, que los
propietarios del predio son quienes deben realizar el trámite de relocalización y se
comprometió a adelantar el acercamiento entre comerciantes y propietarios con el
propósito de lograr dicho cometido.

116. Posteriormente, el municipio informó, a través de Oficio núm. 1935 de 13 de
julio de 201769, que junto a la Policía Nacional y personal de agentes recuperadores
de espacio público han realizado operativos en las direcciones indicadas y que a
partir de la vigencia de la Ley 1801 de 2016 los comportamientos que alteren la
convivencia y la remoción de bienes de espacio público son competencia de la
Policía Nacional.

117. Más adelante se siguieron adelantando trámites administrativos contra los
establecimientos de comercio, como denota el oficio de 4 de octubre de 201770
suscrita por el Centro de Policía de Girardot en los siguientes términos:

“[…] con referente a los establecimientos públicos de razón social MAMBO CROSS
antes VERANO BAR, SUPERBOLI Y ALGOMAS antes OZONO BAR, y por ultimo un
nuevo establecimiento de razón social CARNAVAL COMPANY, los cuales vienen
generando ruidos que afecta la tranquilidad de las personas y nuestro entorno, debido a
que carecen las medidas de insonorización, además de invadir el espacio público
ubicando silletería y una pantalla gigante en el caso de CARNAVAL COMPANY en virtud
de lo anteriormente expuesto me permito dar contestación a su petición, así:

[…]

Es importante que se tenga en cuenta que el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria
por Cuadrantes MNVCC, tiene el potencial para lograr la transformación de la relación
Ciudadano - Policía - Estado y para mejorar progresivamente la convivencia y seguridad
ciudadana, en corresponsabilidad con las demás autoridades del municipio de Girardot,
para lo cual se ha instruido de manera puntual a los integrantes de los cuadrantes de
este sector, con quienes se puede tomar contacto […].

De igual forma se le dio amplia instrucción al cuadrante 1 para que ejerza un control
sobre este sector, realizando planes preventivos, disuasivos y de control sobre dichos
establecimientos antes mencionados teniendo en cuenta que se encuentran ubicados
en el barrio Gaitán de esta localidad, misma forma para el dia 31 de Agosto del año en
curso se dio aplicabilidad a la Ley 1801 del 2016 Código Nacional de Policia y
Convivencia en su artículo 92 literal 12 al establecimiento de razón social MAMBO
CROSS, según orden de comparendo número 25-307- 005051, para ese mismo día se
realizó otra orden de comparendo al establecimiento de razón social SUPERBOLI con
número de comparendo 25-307-005052 en su artículo 92 literal 12, dichas diligencias

68
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Página 21.
69
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Página 25.
70
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 107-108.

28

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

fueron remitidas a la secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional para que se le
asignara una inspección municipal.

Con referente al establecimiento de razón social CARNAVAL COMPANY se le han
venido realizando los diferentes planes preventivos, disuasivos y de control con el fin de
mitigar que se siga presentando comportamientos contrarios a la convivencia […]”.
(Negrilla del texto).

118. Las actividades de cooperación continuaron, el Oficio 20172145352 de 11 de
octubre de 201771, expedido por la CAR, indicó que habían realizado una reunión
interinstitucional para acordar las actividades que correspondían a cada entidad. En
asuntos relacionados con el Acuerdo 024 de 201172 se adujo que “[…] es
competencia directa del municipio de Girardot dar cumplimiento con lo establecido
en dicho acuerdo, dentro de los parámetros y plazos fijados. Para el caso de la zona
de alto impacto se estableció un plazo de 24 meses para la relocalización de esta
actividad; y que según lo revisado por los profesionales de la Dirección Regional
Alto Magdalena de la CAR, dentro del proceso de seguimiento y control a los
asuntos ambientales, a la fecha el Municipio NO ha efectuado las acciones
correspondientes. […]”.

119. En concordancia con lo anterior, la Comandante Operativa de Seguridad
Ciudadana, mediante Oficio S-2018-006108/SUBCOCOSEC38.10 de 1 de febrero
de 201873, afirmó que “[…] respecto al manejo de los establecimientos abiertos al
público, las sanciones pendientes, las decisiones en cuanto al manejo del suelo
(POT), por parte de la Alcaldía Municipal, para la futura ubicación de estos
establecimientos. […]”.

120. En Oficio O.A.P.200.13.01.0434 de 28 de febrero de 201874, el municipio de
Girardot dio respuesta a otra petición de la accionante y destacó:

“[…] revisado el Acuerdo 024 del 2011 Modificación Excepcional al P.O.T. el perímetro
destinado en el Municipio de Girardot para el ejercicio de las actividades de que trata el
Art. 84 de la Ley 1801 de 2016, específicamente en materia de prostitución y actividades
afines, es el siguiente:

Artículo 7. Se modifica del articulo 3 el Literal c. coordenadas geodésicas del
municipio para su clasificación del suelo en el plan de ordenamiento territorial del
Acuerdo 029 de 2000, quedará así:

LITERAL C. COORDENADAS GEODESICAS DEL MUNICIPIO PARA SU
CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

8- COORDENADAS ZONA SUBURBANA 3 (ZONA DE ALTO IMPACTO).

PERIMETRO ÁREA SUB-URBANA 3

71
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 128-129.
72
Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot.
73
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Página 116.
74
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 87-88.

29

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

ZONA DE ALTO IMPACTO
COORDENADAS
No. MOJÓN ESTE NORTE
1 911626 963657
2 911476 963896
3 911979 963740

PLANO F- 1A CLASIFICACION DEL USO DEL SUELO RURAL (Perimetro SUELO
SUBURBANO-3)

El predio identificado con: Cédula Catastral N° 00-00-0001-0074-000, se encuentra
dentro en el sector Rural del Municipio de Girardot, se le asigno según el Plano F-1 A
Clasificación del Uso del Suelo como SUELO SUBURBANO-3, que hace parte integral
del Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. aprobado mediante acuerdo 024 de 2011
por el Honorable Consejo Municipal, el cual establece lo siguiente:

PARÁGRAFO 12- AREA DE ALTO IMPACTO REFERIDOS A LA PROSTITUCION Y
ACTIVIDADES AFINES SUBURBANO 3: Son aquellas que comprenden cualquier clase
de actividad de explotación o comercio del sexo, realizados en casas de lenocinio,
prostíbulos o establecimientos similares, o centros de diversión sexual, Esta área está
identificada dentro de la Vereda San Lorenzo con una extensión de 8,60 Hectáreas sobre
la vía de salida al Municipio de Nariño, localizada en el Plano F1 y F1A, como suburbano
N° 3.

Usos Principales. Comercio de Alto impacto como: tabernas, tabernas show, grilles,
discotecas, zona de albergue temporal.

Usos Complementarios: Droguerías, licoreras, comercio de comidas rápidas,
restaurantes […] y servicios complementarios para el desarrollo de las actividades del
uso principal.

Usos Prohibidos. Todos los demás usos que no se nombran en el uso principal,
especialmente los residenciales.

Artículo 64. Se adiciona al Acuerdo 029 de 2000, después del artículo 30 el
siguiente articulo:

ARTÍCULO.- NORMAS PARA LOS USOS DE ALTO IMPACTO REFERIDOS A LA
PROSTITUCION Y ACTIVIDADES AFINES

DEFINICIÓN .- Son aquella que comprende cualquier clase de actividad de explotación
o comercio del sexo heterosexual u homosexual, realizados en casas de lenocinio,
prostibulos o establecimientos similares, o centros de diversión sexual.

30

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

LOCALIZACIÓN DE LAS ZONA DE ALTO IMPACTO.- Esta área está ubicada en la
parte sur del Municipio, Área Suburbana N° 3, sobre el costado occidental de la Vía
Departamental Girardot-Nariño, Vereda San Lorenzo.

SE ADICIONA: LOS USOS DE ALTO IMPACTO.- Son los relacionados con el ejercicio
de la prostitución, se permitirán únicamente en el área determinada. Sus usos están
definidos en el artículo 28 del presente acuerdo.

SE ADICIONA: PARÁGRAFO.- Los usos a que se refiere el presente articulo quedan
expresamente prohibidos en la totalidad de las Areas diferentes a la determinada como
área suburbana N° 3. […]”. (Negrilla del texto).

121. En Oficio DISPO2 ESTPO 1.2.1-29.25 de 24 de mayo de 201875, el comandante
de la Estación de Policía de Girardot indicó que la corresponsabilidad de las
autoridades administrativas de policía resulta fundamental, no solo en términos de
ejecución y cofinanciación sino en trabajo articulado para favorecer la convivencia
y seguridad. Asimismo, relacionó las órdenes de comparendos efectuados en la
zona y destacó que ha cumplido con ejercer las funciones de su competencia.

122. El 15 de septiembre de 202276, el comando de la Estación de Policía de Girardot
expidió el Oficio DISPOESTPO-29.25 mediante el cual respondió un requerimiento
del tribunal e informó que los procedimientos adelantados en los años 2020 y 2021
fueron:

“[…]
GIRARDOT
CARRERA
TROPICAL
14 N°16-78 25307001023 93 2 10 20/01/2020 29/01/2020
FASHION
SUCRE
BAR
SON CARRERA
3
CHOCOANO 14 N°21-63 25307006156 38 1 E 16/02/2020 16/05/2020
meses
GIRARDOT GAITÁN
CARRERA
14 N°19-24
LION BLACK 25307003950 92 9 5 02/03/2020 06/03/2020
LOCAL1
SUCRE
CALLE 20
CANDELARIA
N°11-26
SOCIAL 25307012056 38 1 E 10 25/10/2020 03/11/2020
BARRIO
CLUB
SUCRE
CRA 14 N°
DISCOTECA
22-55 25307011158 92 5 10 10/12/2020 19/12/2020
EL CARTEL
GAITÁN
CARRERA
FUENTE DE
14 CALLE
SODA 25307011086 92 4 6 11/02/2021 16/02/2021
16 BARRIO
CAGUAN
ESTACIÓN
CRA 14 N°
LION BLACK
29-24 25307012444 92 16 5 05/06/2021 06/06/2021
DISCOTECA
SUCRE

75
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 253-265.
76
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 385-386.

31

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

CARRERA
NATIVE BAR 14 N°20-35 25307014901 92 4 5 18/07/2021 22/07/2021
GAITÁN
CARRERA
DISCOTECA
14 CALLE
PACIFIC 25307011857 92 4 8 02/10/2021 09/10/2021
17
ONLINE
ESTACIÓN
CARRERA
14 # 20-62
MILO’S BAR 25307014458 92 4 3
BARRIO
SUCRE
CARRERA
DISCOTECA
14 CALLE 25307011588 92 16 3 17/10/2021 20/10/2021
EL CARTEL
22 GAITÁN
CARRERA
NATIVE BAR 14 N° 20-35 25307014460 38 1 E 10 18/10/2021 28/10/2021
GAITÁN
MATHIAS CARRERA
COCKTAILS 14 CALLE
25307012719 92 4 7 20/11/2021 26/11/2021
DISCOTECA 21 13-47
BAR SUCRE
CAOBA VIP CARRERA
25307013390 92 4 5 28/11/2021 03/12/2021
BAR 14 21-20
[…]”.

123. En el Oficio de 19 de septiembre de 202277, el municipio de Girardot relacionó
que los expedientes que ha tramitado en los últimos dos años con relación a
establecimientos de comercio de alto impacto ubicados entre las carreras 10 y 14 a
las calles 19 y 25, así:

“[…] 2021-312: LION BLACK DISCOTECA
Dirección: Carrera 14 No. 19-24 Local 1 Barrio Sucre
Matrícula mercantil: 92997 del 21 de marzo de 2019
Propietario: YECIKA YOANA MOSCOSO AVENDAÑO
Comparendo: 25-307-012444 del 05/06/2021 art. 92 no. 16: falta
certificado bomberil.
Folios: 92.

Informe de la CAR: Incertidumbre de medición de acuerdo a la norma internacional ISO
1996-2: 2007 en donde se tienen en cuenta factores de incertidumbre asociados al tipo
de instrumento utilizado, el ruido residual, las condiciones de clima y terreno y el tráfico
rodado cuando el nivel de emisión de ruido generado por tráfico vehicular se considera
relevante para la medición, el dato está dado por un valor de incertidumbre expandida.

2021-443: DISCOTECA NATIVE
Dirección: Carrera 14 No. 20-35 Barrio Gaitan.
Comparendo: 25-307-014460 del 18/10/2021 art. 38 no. 1 literal e: ingreso de menores
de edad al establecimiento.
Folios: 15.
Estado: en proyección. […]”. (Negrilla y subrayas del texto).

124. La inspección de policía del municipio de Girardot manifestó, mediante Oficio
de 20 de septiembre de 202278, que el establecimiento “Manhattan Beer VIP

77
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 351-352.
78
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 410-411.

32

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

Discoteca” también fue receptor de una medida preventiva de suspensión inmediata
de las actividades que generan ruido por orden de la Resolución DRAM
03217000096 de 29 de septiembre de 2021 expedida por la CAR. Dicha información
fue reiterada en Oficio de 2 de octubre de 202279, suscrito por el comandante de la
Estación de Policía, quien agregó que se había realizado una visita técnica para una
sonometría en el establecimiento “Caoba VIP Bar”.

125. Como puede apreciarse, en el plenario no se acreditó un actuar coordinado,
sistemático y oportuno por parte de las autoridades competentes para garantizar el
control de los usos del suelo y la protección del espacio público en el sector objeto
del litigio.

126. Los informes técnicos y las actuaciones administrativas demuestran que los
niveles de ruido generados por los establecimientos de comercio ubicados en el
sector objeto de esta acción popular exceden de forma significativa los estándares
máximos permitidos para zonas residenciales, afectando la tranquilidad del sector y
configurando una vulneración al derecho colectivo a gozar de un ambiente sano.
Aunado a ello, no se demostró que los locales hayan implementado las medidas
adecuadas de aislamiento y absorción acústica, en cumplimiento de las
recomendaciones técnicas.

127. En tal sentido, la obligación de la administración no solo recae en imponer las
medidas correctivas y preventivas previstas en la Ley 1801, sino también en
garantizar que la actividad de estos establecimientos se ajuste a los parámetros del
ordenamiento territorial, lo cual refuerza la necesidad de articular acciones eficaces
de control y seguimiento para proteger los derechos colectivos comprometidos.

128. Para la Sala el municipio no demostró un ejercicio suficiente de sus
competencias en materia policiva, si bien se hizo un extenso relato de las
actuaciones realizadas, no se observa la imposición de medidas correctivas
inmediatas o de sanciones frente a todos los comportamientos que vulneran la
tranquilidad y la salud de la comunidad.

129. Tampoco se evidencia un despliegue efectivo de las funciones de inspección,
vigilancia y control en materia de salud, ni el ejercicio de la potestad encaminada a
revisar con rigor los permisos de operación frente al ordenamiento territorial. Incluso
no obra prueba sobre los acondicionamientos internos y sistemas de control de
ruido, según lo recomendado por la CAR. Ello deja en evidencia la falta de gestión
administrativa y de coordinación interinstitucional.

130. Los alcaldes, como primera autoridad de policía, tienen que ejercer funciones
de control y vigilancia de las actividades transgresoras del derecho colectivo al goce
de un ambiente sano, con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las
demás entidades que conforman el SINA.

79
Cfr. 2 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “6ED_ExpedinteDigitDemand(.zip) NroActua
2(.zip) NroActua 2”, archivo: “01. CUADERNO PRINCIPAL 1”. Páginas 490-491.

33

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

131. En el sub lite quedó demostrado que la CAR llevó a cabo la medición de los
niveles de ruido en establecimientos de comercio, como consta en el informe técnico
DRAM 869 de 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, sus actuaciones resultaron
insuficientes porque no se demostró un actuar oportuno y coordinado con el
municipio, ni la implementación efectiva de medidas sancionatorias, correctivas y
preventivas que garantizaran el cumplimiento de los estándares máximos
permisibles de emisión de ruido en la zona afectada.

132. Nótese que, aunque se adelantaron trámites administrativos, cancelaciones de
matrículas mercantiles, comparendos y algunas medidas preventivas, estas
actuaciones resultan desarticuladas entre las distintas autoridades y carentes de
seguimiento eficaz, como lo advirtió incluso la CAR al señalar que el municipio no
había efectuado las acciones correspondientes para dar cumplimiento al proceso
de relocalización previsto en el Acuerdo 024 de 2011.

133. Esto quiere decir que los apelantes no aciertan cuando afirman que no existe
un vínculo entre la conducta activa u omisiva tanto del municipio de Girardot como
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el ruido presente en el
sector, porque el control urbanístico y la imposición de medidas correccionales,
corresponden igualmente al municipio de Girardot80.

134. En esa medida resulta claro que el municipio de Girardot y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca deben participar en la restauración de los
derechos amparados como autoridades corresponsables de la conservación del
ambiente. Por lo tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia.

135. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201281 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201982, no se condenará
en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

80
Temáticas establecidas en los artículos 315 de Constitución; 5 de la Ley 388 de 1997; 7, 8, 10, 25 y 87 de la Ley 1801 de
2016; y 18 a 23 del Decreto 120 de 21 de enero de 2010, “[…] Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de
alcohol […]”.
81
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
82
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019, C.P.: Rocío Araújo Oñate, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01.

34

Radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00960-01
Demandante: Junta de Acción Comunal Sucre

SEGUNDO: INSTAR a los establecimientos de comercio ubicados sobre las
carreras 10 y 14, entre las calles 19 y 25 del barrio Sucre del municipio de Girardot,
para que, en el marco de sus deberes legales, cumplan con las instrucciones
impartidas por las autoridades competentes y se constituyan en actores relevantes
en la superación de la problemática.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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