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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2020-00505-01

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2020-00505-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de septiembre de 2022, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 64 Número único de radicación: 85001-23-33-000-2020-00505-01 Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 85001-23-33-000-2020-00505-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

24 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 85001-23-33-000-2020-00505-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE

TESIS: CONFIRMA LA DECLARATORIA DE COSA JUZGADA EN ACCIÓN
POPULAR, PUES MEDIANTE SENTENCIA DE TUTELA SE DECIDIÓ LO
RELATIVO A LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE
LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO,
POR LO QUE NO RESULTA PROCEDENTE UNA NUEVA DECISIÓN
JUDICIAL EN EL MISMO SENTIDO, SINO BUSCAR SU CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DENTRO DEL PROCESO QUE LE DIO ORIGEN.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS:
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA, ACCESO A UNA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD
PÚBLICA Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU
PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la

DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE y la

PROCURADURÍA 53 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE

CASANARE contra la sentencia de 15 de septiembre de 2022,

proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare1.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 85001-23-33-000-2020-00505-01
Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE2, en

ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la

Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de

19983, presentó demanda contra los ministerios del INTERIOR y

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, el DEPARTAMENTO DEL

CASANARE4, los municipios de PAZ DE ARIPORO y HATO

COROZAL y la empresa ACUATODOS S.A., tendiente a obtener la

protección de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad

pública, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la

salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su

prestación sea eficiente y oportuna.

I.2. Hechos

Indicó que el Resguardo indígena de Caño Mochuelo se constituyó

como territorio de propiedad colectiva por medio de la Resolución

2
En representación de las comunidades del Resguardo Indígena Caño Mochuelo.
3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4
En adelante el Departamento

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3

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núm. 003 de 29 de enero de 1985, proferida por el entonces Instituto

Colombiano ·de Reforma Agraria (INCORA), para albergar diversos

pueblos indígenas entre los que se encontraban el pueblo Saliba,

Sikuani, Amorúa, Yamalero, Yaruro, Wipijiwi, Wayennato Wiji

(Tsiripo), Podi Podi Masiwar (Maibén Masiware), Wamonae (Kuiba), y

Piapoco.

Sostuvo que dicho resguardo está ubicado en el extremo oriental del

departamento de Casanare en jurisdicción de los municipios de Hato

Corozal y Paz de Ariporo, en un área de 93.430 hectáreas, de

conformidad con la cartografía del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi.

Indicó que los 14 asentamientos indígenas del Resguardo indígena

Caño Mochuelo carecían de agua potable y saneamiento básico lo que

generaba graves efectos en la salud de la población, tales como

epidemias de enfermedad diarreica aguada - EDA, brotes de

tuberculosis, propagación de vectores y enfermedades de

transmisión sexual.

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Destacó que los más afectados eran los menores, quienes

recurrentemente sufrían de enfermedades prevenibles de contarse

con potabilización de agua, además de que padecen desnutrición y

algunos habían fallecido por dicha circunstancia.

Agregó que la problemática de salud pública en el resguardo se

genera principalmente por el consumo de agua no potable ya que la

que utilizaban la tomaban generalmente de los ríos Aguaclara,

Ariporo o de pozos profundos.

Señaló que los sistemas de saneamiento básico eran deficientes, no

tienen baterías sanitarias, no había planta de tratamiento de aguas

residuales o de gestión de residuos efectivos, lo que, aunado a las

condiciones ambientales y culturales de la población, había derivado

en la paulatina contaminación de fuentes de abastecimiento de agua

superficial y subterráneas aptas para la captación del recurso hídrico

para consumo humano.

Adujo que en el año 2014, se planteó la ejecución de un proyecto de

agua potable con la construcción de pozos profundos, pero no pudo

ser puesto en funcionamiento debido a la falta de energía eléctrica,

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por lo que el contratista tomó la decisión de dar filtros de agua a la

comunidad, los cuales ya superaron su vida útil, y solamente la

población del territorio La Esmeralda, donde se encuentran los

pueblos Sikuani y Wamonae, tenían acceso al agua potable por medio

de una planta potabilizadora portátil que suministró la Cruz Roja

como una medida de contingencia y que era operada en convenio

con la Gobernación de Casanare.

Sostuvo que en el año 2016 se presentó una acción de tutela radicada

con el número 2016-00131, que en primera instancia se tramitó por

el Tribunal y la segunda instancia estuvo a cargo de la Sección

Primera del Consejo de Estado, la cual ordenó5: i) gestionar la planta

de tratamiento para el pozo de agua de la comunidad de El Calvario

similar a la que operaba en el pozo de la comunidad La Esmeralda;

y ii) la presentación al OCAD del DEPARTAMENTO de un proyecto

de inversión de saneamiento básico para implementar la construcción

del sistema de alcantarillado, acueducto y PTAR.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente María
Claudia Rojas Lasso, sentencia de 29 de septiembre de 2016, expediente núm. 85001-23-33-000-2016-
00131-01.

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Explicó que en el fallo en comento se excluyó de las órdenes de

amparo a las demás comunidades que integraban el resguardo

indígena de Caño Mochuelo, pese a que el Tribunal sí las había tenido

en cuenta.

Manifestó que el 8 de julio de 2019, la autoridad tradicional del

Pueblo Wamonae comunidad de Caño Mochuelo, informó al

DEPARTAMENTO sobre la emergencia presentada debido a que se

quemó la caja de control del sistema de acueducto, por lo que se

encontraban sin abastecimiento, pero a la fecha de radicación de la

demanda popular no había recibido respuesta.

Indicó que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante

Oficio de 22 de julio de 2019 informó a la señora Rosa Angélica

Romero Tovar, líder del Resguardo, que era responsabilidad de los

entes territoriales garantizar la prestación eficiente de los servicios

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y que el proyecto de

agua potable para Caño Mochuelo debía ser gestionado por el

MUNICIPIO, sin tener en cuenta que el Resguardo no se ubica en

ese ente territorial.

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Indicó que el gobernador indígena del Resguardo de Caño Mochuelo,

mediante un comunicado, informó a las entidades públicas, privadas

nacionales, departamentales e internacionales, entre otras cosas,

que los niños se estaban muriendo por desnutrición, que la entidad

de salud no cubre en su totalidad a la población y las comunidades

carecen de agua potable.

Señaló que el 29 de octubre de 2019 se reunió una representante del

Resguardo Indígena de Caño Mochuelo y de la Defensoría del Pueblo

para verificar el estado de cumplimiento de la tutela 2016-00131 en

la comunidad El Calvario y La Esmeralda de Caño Mochuelo, en cuya

reunión, la representante del resguardo indicó que pese a que el

Tribunal dio por cumplidas las órdenes en la comunidad de La

Esmeralda, el sistema estaba en etapa de construcción y en El

Calvario no se ha iniciado ninguna obra.

Finalmente, sostuvo que el Resguardo indígena de Caño Mochuelo

elaboró un documento denominado Plan de Salvaguarda, que fue

concertado con las entidades territoriales, así como con los

ministerios de Vivienda y del Interior, en el que se estableció una

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solución definitiva para el problema de agua y saneamiento básico,

la cual debía cumplirse el 30 de julio de 2014, pero ello no se cumplió.

I.3. Pretensiones

Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como

vulnerados, lo siguiente:

“[…] SEGUNDA: Ordenar a las entidades accionadas ejecutar las
acciones necesarias para evitar el daño contingente, y hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e
intereses colectivos ya enunciados.

TERCERA: Proteger los derechos vulnerados, ordenando a los
accionados que en un término perentorio realicen las acciones que
lleven a dar SOLUCIÓN DEFINITIVA e inmediata frente a la situación
dada a conocer, en favor de los pueblos Saliba, Sikuani, Yamalero,
Wipijiwi, Wayennato Wiji (Tsiripo), Podi Podi Masiwar (Maibén
Masiware), Wamonae (Kuiba), y Piapoco que integran el Resguardo
Indígena de Caño Mochuelo.

CUARTA: Proteger los derechos colectivos, ordenando a los
accionados en un tiempo perentorio, que estudien, diseñen, adopten
y ejecuten el tipo de construcción o intervención que se encuentre
idónea y pertinente y que resuelva de fondo la falta de acueducto,
alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de agua potable y la
planta de tratamiento de aguas residuales para la totalidad de la
comunidad del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo, así mismo
teniendo en cuenta que en la comunidad de Womonae se planteó la
ejecución de un proyecto de agua potable con la construcción de
pozos profundos, pero no pudo ser puesto en funcionamiento debido
a la falta de energía eléctrica, se solicita se ordene a los demandados
hacer todas las gestiones necesarias para suministrar energía
eléctrica requerida para llevar a buen término el proyecto.

QUINTA: Ordene las medidas necesarias para que se logre la
prestación efectiva del servicio de salud a la comunidad del Resguardo
Indígena de Caño Mochuelo, en favor de los pueblos Saliba, Sikuani,

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Yamalero, Wipijiwi, Wayennato Wiji(Tsiripo), Podi Podi Masiwar
(Maibén Masiware), Wamonae (Kuiba), y Piapoco.

SEXTA: Que se establezca la conformación de un comité para la
verificación del cumplimiento de sentencia, en el cual se haga efectiva
la participación de personas pertenecientes a la comunidad […]”.

I.4. DEFENSA

I.4.1. El MINISTERIO DEL INTERIOR indicó que no tiene a su

cargo las actividades que solicita la parte actora y que si bien su

Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías es el ente articulador

de políticas públicas y garante de los derechos de esa población, no

realiza las construcciones que se piden en el libelo y, por lo mismo,

no podía ejecutarlas ni intervenir en ellas, pues esa función estaba

en cabeza de los entes territoriales.

Estimó que en este asunto se configuró la cosa juzgada, dado que la

situación que se planteó en la acción popular fue resuelta en otras

instancias judiciales.

Refirió las acciones adelantadas en cumplimiento de lo dispuesto por

la Corte Constitucional en el Auto 04, para concluir que ha realizado

tareas y gestiones en el marco de sus competencias para lograr el

cumplimiento de los derechos que invoca la accionante.

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Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,

porque no hay relación de causalidad entre la presunta vulneración

y sus competencias, habida cuenta que la petición estaba dirigida al

saneamiento básico.

I.4.2. El MINISTERIO DE VIVIENDA adujo que no era responsable

de la vulneración endilgada, pues lo solicitado en la demanda estaba

a cargo de los municipios accionados, quienes debían garantizar la

prestación de los servicios públicos de las comunidades Saliba,

Sikuani, Yamalero, Wipijiwi, Wayennato Wiji (Tsiripo), Podi Podi

Masiwar (Maibén Masiware), Wamonae (Kuiba), y Piapoco que

integran el Resguardo Indígena de Caño Mochuelo; por lo que planteó

las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e

“inexistencia de vulneración de los derechos colectivos invocados”.

Sostuvo que venía apoyando técnica y administrativamente a los

municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal en varios proyectos,

tanto de acueducto, alcantarillado, como de saneamiento básico, y

que no debe financiar los estudios, ni diseños de los proyectos, pues

estos eran responsabilidad de los entes territoriales.

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Indicó que habían varios proyectos para las comunidades de Caño

Mochuelo que fueron devueltos para ajustes por no cumplir con los

requisitos que exige el Mecanismo de Viabilización de Proyectos,

previstos en la Resolución 0661 de septiembre de 2019; de manera

que, cuando sean radicados nuevamente los analizará y decidirá si

emite concepto de viabilidad y, en consecuencia, los entes

territoriales podrán suplir parte de las necesidades de su población.

I.4.3. El MUNICIPIO DE HATO COROZAL se refirió a los contratos

suscritos para atender la problemática objeto de la acción, así: i) en

el año 2011 suscribió con la Empresa de Servicios Públicos el contrato

de obra núm. 800.09.03.01 para la terminación de los acueductos

localizados en las comunidades de Mochuelo, Getsemaní y Morichito,

el cual ya está liquidado; y ii) en el año 2016 celebró con Ferreaguas

el contrato de obra núm. 110.10.04.002 para la adecuación y

mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua potable de

las comunidades Mochuelo y Morichito.

Aseguró que, en relación con el agua potable y saneamiento, las

comunidades del Resguardo de su jurisdicción cuentan con pozo

profundo, planta eléctrica, tanque de almacenamiento y planta de

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tratamiento, pero por falta de recursos para su operación y

optimización, para la fecha de contestación de la demanda, no estaba

funcionando.

Indicó que el servicio de salud se presta a través de la EPS

CAPRESOCA y la IPS COOMEDICAM, y que en Mochuelo, Getsemaní

y Morichito existía puesto de salud y la IPS Coomedian realizaba la

atención de manera permanente con los servicios de medicina

general, odontología, laboratorio, entrega de medicamentos,

enfermería y vacunación.

Adujo que aunque tiene la mayor disposición para atender la cantidad

de necesidades que tienen sus habitantes, incluidos los pueblos

indígenas, los recursos con los que cuentan son insuficientes para tal

fin y, por lo mismo, requería que en virtud de los principios de

subsidiariedad, concurrencia, complementariedad y coordinación, las

entidades departamentales y nacionales le colaboren para fortalecer

la atención y garantizar los derechos de las personas que hacen parte

del Resguardo Caño Mochuelo.

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Sostuvo que debido a la lejanía con el casco urbano era muy difícil

atender las necesidades de las comunidades accionantes, pues,

además del escaso presupuesto, los grupos al margen de la ley

impedían el acceso a esos lugares.

I.4.4. ACUATODOS manifestó que en su calidad de gestor del PDA

y teniendo cuenta la sesión de OCAD departamental llevada a cabo

el 1o. de agosto de 2018 y lo dispuesto en el Acuerdo núm. 053 de

8 de agosto de 2018, fue designada para adelantar el proyecto de

Obra Pública núm. ACUA-SPO-002-2019, cuyo objeto era la

“CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE

LA COMUNIDAD LA ESMERALDA DEL RESGUARDO INDÍGENA DE

CAÑO MOCHUELO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO,

CASANARE”, en virtud del cual, el 4 de junio de 2019 suscribió el

Contrato de Obra Pública núm. 025, cuya fecha de terminación es el

3 de noviembre de 2020.

Adujo que quienes debían atender las necesidades expuestas en la

demanda eran los entes territoriales y las EPS o IPS que prestan los

servicios en esas comunidades, por lo que propuso la excepción de

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falta de legitimación en la causa por pasiva, pues lo que le

corresponde es ejecutar los programas, planes de obras e

inversiones, proyectos específicos, estrategias de fortalecimiento o

de transformación institucional, que han sido aprobados previamente

por el Comité Directivo, de acuerdo con las necesidades planteadas

por los entes territoriales que hacen parte del PDA.

Destacó que en su rol de gestor tiene que adelantar varias funciones

relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico a

nivel departamental, pero estas las ejerce siempre y cuando los entes

territoriales que lo componen expresen las problemáticas de los

diferentes sectores del municipio, para prestar la asistencia técnica

correspondiente, lo que no ha ocurrido en el caso concreto, pues no

se han presentado proyectos para ser viabilizados o incluidos en los

planes estratégicos y de inversiones que versen o tengan relación

con el acueducto, alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de

agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales.

Puso de manifiesto que suscribió el proyecto de obra pública núm.

ACUA-SPO-002-2019, pero en virtud de la orden impartida al

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DEPARTAMENTO y a otras entidades dentro de la acción de tutela

radicada con el número 85-001-22-08-001-2017-00097-00.

I.5.- Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 27 de

enero de 20216, la cual se declaró fallida por no existir ánimo

conciliatorio entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 15 de septiembre de 2022,

declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por el

MINISTERIO DEL INTERIOR, y en consecuencia, dispuso la

terminación del proceso, al considerar que mediante la sentencia de

tutela de 29 de septiembre de 2016, proferida por la Sección Primera

del Consejo de Estado dentro del expediente radicado bajo el número

850012333002-2016-00131-00, se ordenó la protección de los

derechos colectivos que solicitó la parte actora, cuyo fallo hizo

tránsito a cosa juzgada constitucional.

6
Visible en el índice núm. 2.

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Destacó que fue en cumplimiento de la orden de tutela que se

suscribieron los contratos y se adelantaron las demás actividades

para la protección de los derechos colectivos invocados.

Sostuvo que, una vez confrontadas las medidas de protección

dispuestas por la Sección Primera del Consejo de Estado en la

referida sentencia de tutela respecto de las solicitadas por la aquí

demandante, se advertía que todas ellas ya fueron decididas en esa

instancia judicial.

Precisó que no le asistía razón a la demandante al señalar que la

sentencia de tutela no cobijó a todas las comunidades que

conformaban el Resguardo Indígena Caño Mochuelo sino únicamente

a las correspondientes al Calvario y La Esmeralda, dado que la

sentencia de tutela amparó los derechos de todas las comunidades.

Al respecto, el Tribunal señaló lo siguiente:

“[…] -. En el ordinal segundo se garantizó el servicio médico dentro
del Resguardo Caño Mochuelo durante los 30 días del mes y 24
horas al día. Esta es una de las pretensiones dentro de la acción
popular.

-. En su ordinal tercero se ordenó a la Alcaldía de Paz de Ariporo, la
Alcaldía de Hato Corozal y la Gobernación del Casanare que gestionen

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de forma inmediata ante quien corresponda, una planta de
tratamiento para el pozo de agua del Calvario, similar a la que opera
en el pozo de la Esmeralda.

-. En su ordinal cuarto se dispuso que las autoridades del resguardo
indígena, así como los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal y
la gobernación de Casanare debían de presentar ante el OCAD del
Casanare un proyecto de inversión de saneamiento básico para
implementar la construcción del sistema de alcantarillado,
acueducto y PTAR que sugiere el mencionado estudio y que esta
orden deberá ser cumplida, una vez concluya el contrato de diseño
de los sistemas de saneamiento básico.

-. Y en el ordinal quinto se exhortó al Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, para que a través de su Viceministerio de Aguas asesore
de manera permanente el proyecto que sistema de saneamiento
básico que deberá presentarse al OCAD después de que culmine el
contrato de estudios del sistema.

Y con lo dispuesto en los ordinales tercero, cuarto y quinto se
materializaron las demás medidas que la Defensoría del Pueblo pide
en la acción popular. Cabe precisar que esas medidas se emitieron en
favor de todo el Resguardo Indígena Caño Mochuelo y no solamente
de las comunidades El Calvario y La Esmeralda […]”.

Relacionó los contratos que se suscribieron con motivo de la referida

orden de tutela y concluyó que a pesar de que no se había cumplido

a cabalidad lo dispuesto en la sentencia de tutela, ello no implicaba

la inexistencia de la cosa juzgada, pues lo que se requería era acudir

al incidente de desacato para hacerla cumplir.

Sostuvo que de llegarse a aceptar que no se configuró la cosa

juzgada, las medidas que se adoptarían serían las mismas de la

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acción de tutela, lo cual consideró resultaba redundante e

innecesario.

III.- FUNDAMENTO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- La DEFENSORÍA DE PUEBLO REGIONAL CASANARE

estimó que la decisión del Tribunal de declarar probada la cosa

juzgada contrariaba la realidad fáctica y jurídica, además de que

constituía un formalismo excesivo, pues no se verificó en cada caso

la población objeto de amparo.

Sostuvo que no se verificó lo que se decidió en cada acción, ni los

derechos objeto de debate, lo que, a su juicio, desconoce los

derechos humanos colectivos de acceso a agua potable, saneamiento

básico y servicio médico de los pueblos indígenas que conforman el

resguardo indígena de Caño Mochuelo.

Resaltó que presentó la acción popular en procura de obtener el

acceso al agua potable y saneamiento básico para los 14

asentamientos indígenas que hacían parte de los 10 pueblos

indígenas que constituyen el Resguardo indígena de Caño Mochuelo,

dado que su carencia generaba graves efectos en la salud de la

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población (Epidemias de Enfermedad Diarreica Aguada- EDA, brotes

de tuberculosis, propagación de vectores y enfermedades de

transmisión sexual), con una afectación diferencial sobre los niños y

niñas quienes recurrentemente sufrían de enfermedades prevenibles

y evitables de contarse con agua potable, aunado a la condiciones de

desnutrición y la falta de atención medica oportuna, todo lo cual

había llevado a que se presentaran algunos fallecimientos.

Destacó que la Sección Primera del Consejo de Estado revocó el

amparo de tutela de primera instancia, con el argumento de que no

se contaban con los elementos probatorios y de juicio que

permitieran adoptar medidas de intervención; pero en la presente

acción popular, pese a contarse con los elementos probatorios claros

de la vulneración, se negó el amparo por la existencia de cosa

juzgada con ocasión de la acción de tutela. Para el efecto, adujo que:

“[…] En el amparo concedido en la acción de tutela 2016-00131
únicamente se ordenó gestionar planta de tratamiento para el pozo
de agua de la comunidad del Calvario similar a la que opera en el pozo
de la comunidad la Esmeralda, así como presentar ante el OCAD de
Casanare proyecto de inversión de saneamiento básico para
implementar la construcción del sistema de alcantarillado, acueducto
y PTAR. Es decir que, al desatar el recurso incoado contra la acción
de tutela, se emitieron órdenes de amparo únicamente a favor de la
comunidad del Calvario y de La Esmeralda, que solo son dos de las
catorce comunidades indígenas que hacen parte del resguardo

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indígena de Caño Mochuelo, siendo excluidas del amparo, las otras
doce comunidades que integran el resguardo indígena.

Solamente la población del territorio la Esmeralda donde se
encuentran los pueblos Sikuani, Wamonae tiene acceso al agua
potable, por medio de una planta potabilizadora portátil que
suministró la Cruz Roja como una medida de contingencia y que es
operada en convenio con la Gobernación de Casanare.

Ahora bien, las circunstancias fácticas se han mantenido y agravado,
tal como se consignó en el informe de Alertas Tempranas 050 de
2019, emitidas por la Defensoría, y en despacho en el curso de la
acción popular, se pudo constatar que los pueblos indígenas no tienen
el acceso al agua potable, a la salubridad ni a la atención medica
básica permanente, así lo reconocen las accionadas, que refieren
proyectos incompletos, desconectados, en curso o que simplemente
consideran no es de su resorte las problemáticas expuestas […]”.

Agregó que para diferenciar lo dispuesto dentro de la acción de tutela

y las pretensiones de la presente acción popular, desde los alegatos

de conclusión realizó un paralelo en el que se constató que lo

ordenado en la acción de tutela solo amparaba una parte de la

problemática de una comunidad indígena, pues no cobijaba a todos

los pueblos o comunidades que hacían parte de resguardo indígena

de Caño Mochuelo.

Sostuvo que la situación que se presentaba en la comunidad de Caño

Mochuelo y que motivaba esta acción, hacía necesario, la

concurrencia de las autoridades locales, departamentales,

Nacionales- ministerios de Vivienda, del Interior y de Salud, teniendo

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en cuenta la dimensión del problema planteado y la cantidad de

recursos necesarios destinar para la mejora de las condiciones de

vida de los habitantes del resguardo, cuyas carencias no debían de

dejarse sin satisfacer, puesto que existía una afectación a los

derechos humanos de forma colectiva y permanente a un grupo de

personas de especial protección constitucional.

Alegó que a los jueces de conocimiento les correspondía, con los

elementos obrantes en el expediente y con base en las sentidas e

históricas necesidades del resguardo indígena de Caño Mochuelo,

emitir las órdenes ejecutables, medibles, verificables y articuladas

que deben cumplir las accionadas, para que dentro de su órbita de

competencias y en aplicación a los principios de subsidiariedad,

concurrencia y complementariedad, procedan a adoptar

coordinadamente las medidas administrativas y presupuestales que

garanticen el abastecimiento, suministro y acceso al agua potable de

manera permanente, así como la prestación del servicio de

alcantarillado sanitario, suministro eficiente de energía y acciones en

materia de salud preventiva de los habitantes de las comunidades

que conformaban el Resguardo Indígena de Caño Mochuelo.

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III.2.- La PROCURADURÍA 53 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA

DE CASANARE manifestó que no se cumplían los requisitos para

declarar probada la cosa juzgada y, por tanto, no se resolvió la

controversia planteada por la parte demandante.

Adujo que el Tribunal incurrió en un error al considerar que las partes

de la acción de tutela y de la acción popular eran las mismas, pues

confundió entre quien efectivamente impetró las demandas y

aquéllos en favor de quienes se activó el aparato jurisdiccional, pues

era fácil concluir que la Defensoría Regional del Pueblo era una

persona distinta a las comunidades que conformaban el Resguardo

Indígena de Caño Mochuelo7.

7
En este punto, la Procuraduría 53 Judicial II Administrativa de Casanare señaló:

“[…] Entonces, la señora Defensora Regional del Pueblo de Casanare en ejercicio de las atribuciones
que le confiere la Constitución Política y la Ley, esto es, EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL
procedió conforme al conocimiento directo que dicho organismo tiene de la situación de indigencia en
que sobreviven los indígenas de las comunidades que hacen parte del Resguardo de Caño Mochuelo, a
impetrar la presente demanda de acción popular solicitando declaratoria de vulneración de derechos
colectivos y no de derechos fundamentales directamente y sin tener que haber obtenido poderes de los
habitantes de esa región, razón por la cual sin explicación jurídicamente atendible se consignó
inexactamente en el auto admisorio de la demanda que:

“TIENEN la condición de accionantes los pueblos indígenas Saliba, Sikuani, Amorúa, Yamalero, Yaruro,
Wipijiwi, WayennatoWji (Tsiripo), PodiPodiMasiwar (MaibenMasiware), Wamonae (Kuiba) y Piapoco,
integrantes del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo, que se encuentra ubicado en el extremo oriental
del departamento de Casanare en jurisdicción de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.
Se reconoce la calidad de representante de dichos pueblos a la Defensoría del Pueblo – Regional
Casanare, en cabeza de su titular, Dra. SONIA SHIRLEY BERNAL SÁNCHEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.228.817, en los términos del artículo 12 de la Ley 472 de 1998 […]”.

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Señaló que las entidades demandadas en la acción de tutela y la

acción popular no eran las mismas, pues si bien coincidían en

algunas, ello por sí solo no podía calificarse como determinante para

pasar por alto que la atribución de responsabilidad era distinta en

cada una de las demandas, lo que, a su juicio, era lógico al tratarse

de defensa de derechos de naturaleza diferente.

Indicó que las pretensiones planteadas en cada uno de los libelos

también resultan disímiles no solo por la naturaleza de los derechos

en litigio sino porque el análisis o concepto de vulneración que debía

efectuarse desde la misma demanda no podía ser similar, como se

podía apreciar en las respectivas demandas.

Señaló que en el auto de 1o. de septiembre de 2021, el Tribunal

consideró que no existía cosa juzgada, para lo cual sostuvo que a

pesar de que los hechos y las pretensiones en los dos procesos

guardaban relación, no eran idénticas, ni tampoco las partes

intervinientes, por lo que no era posible considerar la existencia de

la cosa juzgada.

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Precisó que la anterior providencia no fue recurrida por las partes y

quedó debidamente ejecutoriada, por lo que no era entendible la

razón por la cual en la sentencia objeto del recurso se desconoció

dicha decisión, retomó el tema y decidió declarar probada la cosa

juzgada, lo cual indicó constituía una violación al debido proceso8.

Adujo que el Tribunal desestimó sin fundamento los argumentos que

expuso la demandante en sentido de que la sentencia de tutela

únicamente amparó los asentamientos humanos correspondientes a

La Esmeralda y El Calvario, los cuales formaban solo una parte del

Resguardo de Caño Mochuelo, pasando por alto lo que expresamente

se indicó en el auto de 1o. de septiembre de 2021.

Concluyó que no era legalmente admisible alegar que la vulneración

de los derechos colectivos a los que alude la demanda se superó con

8
Sobre el particular, la Procuraduría 53 Judicial II Administrativa de Casanare señaló:

“[…] Esa posición del JUEZ POPULAR vulnera abiertamente el DEBIDO PROCESO y los principios de
CONFIANZA LEGÍTIMA Y RESPETO POR AL ACTO PROPIO, porque resulta contrario al ordenamiento
jurídico que se sorprenda a los Sujetos Procesales adoptando decisiones sorpresivas respecto de temas
que ya habían sido resueltos y decantados definitivamente en el curso del proceso y ellos sí habían
hecho tránsito a cosa juzgada.
(…)
Entonces, lo que se espera en esta clase de procedimientos es que quien los adelanta sea congruente
con las actuaciones y decisiones adoptadas desde el momento mismo en que se da inicio a la actuación
judicial propiamente dicha y respete las reglas que la Constitución Nacional y la Ley hayan señalado
para la misma, sin aplicarlas a su arbitrio y personal punto de vista, actuación indebida que SÍ aconteció
en el presente asunto, en donde con desconocimiento de su propia decisión anterior, el Honorable
Tribunal la pasa por alto y vuelve a manifestarse respecto a un tema “COSA JUZGADA” que ya había
sido resuelto dentro del proceso, por lo que legalmente le estaba vedado retomarlo nuevamente […]”.

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las disposiciones que se adoptaron en la acción de tutela respecto de

la vulneración de los derechos fundamentales de cada uno de los

habitantes de las comunidades indígenas que hacen parte del

Resguardo Indígena de Caño Mochuelo, los cuales gozan de

protección constitucional reforzada.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1. Mediante auto de 2 de febrero de 20239, el Despacho

sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por la

DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE y la

PROCURADURÍA 53 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE

CASANARE contra la sentencia de primera instancia y le advirtió al

señor Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el

Consejo de Estado que, de conformidad con el numeral 6 del artículo

247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo -CPACA, podría emitir su concepto hasta antes de que

ingresara el proceso al despacho para sentencia.

Asimismo, en dicho auto se indicó que si en el término de ejecutoria

de la providencia las partes no solicitan la práctica de pruebas en los

9
Visible en el índice núm. 13 del expediente digital.

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términos del artículo 327 del CGP, se prescindirá del traslado para

alegar de conclusión y, en consecuencia, el expediente ingresará al

Despacho para fallo, conforme lo ordena el numeral 5 del artículo

247 del CPACA; y que, en todo caso, de acuerdo con el numeral 4 de

la norma idem, los sujetos procesales podrían pronunciarse en

relación con los recursos de apelación interpuestos hasta la

ejecutoria del auto.

IV.2.- En el término referido en precedencia las partes y el ministerio

público guardaron silencio, razón por la que se prescindió del traslado

para alegar de conclusión.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

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comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Problema jurídico

Con fundamento en los antecedentes expuestos, el problema jurídico

a resolver es determinar si se configuró la cosa juzgada dentro de la

presente acción popular con ocasión de la acción de tutela radicada

con el número 85001-23-33-002-2016-00131-00.

Previo a resolver el problema jurídico, la Sala advierte que la

PROCURADURÍA 53 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE

CASANARE en su recurso de apelación indicó que el Tribunal vulneró

el debido proceso de la parte actora y la sorprendió al resolver

nuevamente sobre la excepción de cosa juzgada en la sentencia,

pues dicho asunto ya se había definido negativamente en el auto de

1o. de septiembre de 2021, decisión contra la cual no fue interpuesto

recurso alguno y, por tanto, estaba en firme.

En consecuencia, la Sala deberá determinar si, en efecto, el juez se

encuentra facultado para declarar probada la existencia de la cosa

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juzgada en la sentencia, aún cuando en oportunidad anterior la

hubiese denegado.

Los recurrentes cuestionaron que el Tribunal en el auto de 1o. de

septiembre de 2021, consideró que no existía cosa juzgada, pues en

dicha providencia se sostuvo que a pesar de que los hechos y las

pretensiones en los dos procesos guardaban relación, no eran

idénticas, ni tampoco las partes intervinientes, por lo que no era

posible considerar la existencia de la cosa juzgada.

Al respecto, la Sala advierte que si bien durante el trámite del

proceso en primera instancia el Tribunal consideró que no se

configuraba la cosa juzgada, dicha circunstancia no impide que al

momento de proferir sentencia se proceda a su declaratoria en el

evento de que se advierta que está probada, pues de conformidad

con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 472 dicha excepción será

resuelta por el juez en la sentencia y “[…]las pruebas pertinentes se

practicarán en el mismo plazo señalado para las pruebas solicitadas

en la demanda y en la contestación de la misma […]”.

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Siendo ello así, si el Tribunal al valorar en su conjunto las pruebas

recaudadas en el expediente junto con las respectivas alegaciones,

encontró que se configuraba la cosa juzgada, estaba en la obligación

de declararla, aun cuando con anterioridad la hubiese denegado,

pues dicha providencia no ata al juez en su decisión sobre el

particular10, máxime si se tiene en cuenta que la única decisión que

hace tránsito a cosa juzgada es la sentencia11.

En consecuencia, a juicio de la Sala, el hecho de que contra el auto

de 1o. de septiembre de 2021 no se hubiesen interpuesto recursos

y, por tanto, esté en firme, ello no indica que el Tribunal en la

sentencia, que es la oportunidad prevista por la norma para resolver

sobre esta excepción, y al valorar en su conjunto las pruebas y

alegaciones, se encuentre imposibilitado para declarar la cosa

juzgada cuando la encuentre probada por el hecho de que en

oportunidad anterior ya resolvió sobre el asunto.

En ese sentido, el argumento expuesto por la PROCURADURÍA 53

JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE CASANARE al indicar que al

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, consejero
ponente Martín Bermúdez Muñoz, providencia de 19 de octubre de 2022, expediente núm. 19001-23-
31-000-2010-00225-02 (58044).
11
Código General del Proceso, Artículo 303.

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quedar ejecutoriado el auto que declaró no probada la excepción y

retomarse nuevamente el asunto al momento de proferir sentencia

vulneró el debido proceso, no está llamado a prosperar.

Caso concreto

De la cosa juzgada

Para resolver, la Sala precisa que la cosa juzgada fue definida en el

artículo 303 del Código General del Proceso –CGP -, en los siguientes

términos:

“[…] ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para
que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa
juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el
emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión
[…]”.

De la disposición en comento se desprenden tres requisitos para la

configuración de la cosa juzgada, a saber: que (i) el nuevo proceso

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verse sobre el mismo objeto; (ii) se funde en la misma causa que el

anterior; y (iii) entre ambos procesos haya identidad jurídica de

partes.

Descendiendo al caso concreto, y previo a comprobar la configuración

de la triple identidad, la Sala traerá las consideraciones expuestas

por la Sección Primera de esta Corporación que justificaron su

intervención, a través de la acción de tutela12, en la problemática

aquí expuesta:

“[…] 5.3. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUANDO
SE CUENTA CON MECANISMOS ORDINARIOS DE DEFENSA:

Respecto a la acción de tutela y su procedencia por la existencia de
un medio de defensa ordinario como lo es la acción popular, esta
Sección ha sostenido que, excepcionalmente es procedente proteger
derechos colectivos a través de una acción de tutela cuando se
evidencia una vulneración de derechos fundamentales y se demuestra
que la acción popular no es el medio idóneo para resolver y garantizar
los derechos que se pretenden proteger. Así se expuso en fallo con
ponencia del doctor Guillermo Vargas Ayala fechado el 16 de junio de
2016:

[…]

De la jurisprudencia expuesta con antelación se pueden extraer dos
grandes conclusiones:

En primer lugar, por regla general la acción de tutela es improcedente
para la protección de derechos colectivos y, en este mismo sentido,
la acción popular no procede para la protección de derechos
fundamentales. No obstante, la jurisprudencia admite que

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
septiembre de 2016, Rad. núm. 85001-23-33-000-2016-00131-01, CP. María Claudia Rojas Lasso.

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cuando el hecho generador de la vulneración afecta derechos
de una y otra clase, por ejemplo, cuando por la violación o
amenaza del derecho al medio ambiente resultan afectados
derechos de rango fundamental, tales como la vida o la salud,
en tales casos se admite excepcionalmente que la acción de
tutela puede ser un mecanismo judicial idóneo para
salvaguardar derechos fundamentales, siempre y cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

Que exista una relación de conexidad entre la vulneración del
derecho colectivo y la violación del derecho fundamental.

Que el demandante sea la persona directamente afectada.

Que se acredite la violación del derecho fundamental.

Que la orden judicial debe orientarse al restablecimiento del derecho
fundamental y no el derecho colectivo.

Y, finalmente, se debe comprobar la falta de idoneidad de la
acción popular en el caso concreto.13

En segundo lugar, la jurisprudencia también ha planteado de tiempo
atrás la teoría de la transmutación de las acciones
constitucionales, esto es que en virtud de los principios Iuria Novit
Curia (el juez es quien conoce el derecho) y la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal, así como del mandato de promoción y
protección del derecho de acceso a la administración de justicia de los
ciudadanos, el juez puede adaptar la acción dependiendo de las
pretensiones y los supuestos fácticos del caso específico. Por ejemplo,
si se presenta una acción de tutela para proteger derechos colectivos
y no se advierte que como consecuencia de la violación de los
derechos colectivos resulte afectado un derecho fundamental, el juez
debe darle el trámite de acción popular, con todas las etapas
procesales que ello implica. Esto en aras de garantizar la protección
expedita de los derechos constitucionales y garantizar un verdadero
acceso a la administración de justicia […]”14.

[…]

13
Ver, entre otras, sentencia T-041 de 2011 de la Corte Constitucional.
14
Consejo de Estado, Sección primera, M.P. Guillermo Vargas Ayala, 16 de 2016 (sic), radicación núm.:
47001 23 33 000 2016 00067 01, actor: Luis Alberto Tete Samper, Demandados: Nación - Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Municipio de Ciénaga, el Departamento del Magdalena, la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la Dimar y la Presidencia de la República.

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“[…] En este orden de ideas, la Sala encuentra que en el presente
caso, en efecto, existe una vulneración al derecho fundamental a la
vida digna de quienes habitan el resguardo Caño Mochuelo en la
medida que los problemas demostrados en la prestación del servicio
agua, vulneran de forma clara el derecho fundamental a vivir en unas
condiciones mínimas de sanidad.

Lo mismo ocurre con el servicio de salud el cual es prestado de forma
parcial, hecho que afecta de forma clara el derecho fundamental a la
salud y la vida digna de esta población.

No obstante lo anterior, la Sala evidencia que el Juez a quo omitió
analizar la idoneidad de la acción de tutela respecto de la acción
popular, y de forma superflua consideró la procedencia de ésta de
manera preferente, considerando que existía una vulneración de un
derecho fundamental, sin analizar cuál podría ser la incidencia e
idoneidad de resolver la litis a través de una acción popular,
así como lo exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado; por lo que esta Sala de Decisión,
llevará a cabo el análisis en mención a fin de definir la
procedencia de hacer un pronunciamiento de fondo.

En ese orden de ideas, a juicio de la Sala, la presente litis
puede ser analizada a través de una acción de tutela, dado que
hay una vulneración al derecho fundamental a la vida digna
que afecta a una comunidad indígena y en ella a ancianos y
niños.

La muerte de niños de la comunidad en el año 2013 y 2014 a causa
de la desnutrición, si bien pone de presente que en la actualidad no
se han vuelto a presentar este tipo de casos, también demuestra que
hay una comunidad vulnerable que debe ser atendida de forma
urgente y bajo tal perspectiva se puede concluir que es
procedente que se prefiera la acción de tutela por su eficacia
y sea el Juez de tutela quien intervenga de forma inmediata.

De ese modo y dado que la acción de tutela es una acción perentoria,
esta Sala considera conveniente resolver lo propuesto por la entidad
demandante, a través de la acción de tutela, y así procederá
analizando los tres factores demandados por el accionante que a
saber son, servicios de agua potable, servicio médico y seguridad
alimentaria […]”.

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De lo anterior, la Sala evidencia que en esa oportunidad la Sección

reconoció la existencia de una conexidad entre los derechos

colectivos con los fundamentales, cuya transgresión afecta a la

comunidad indígena que está en una condición de vulnerabilidad

evidente, razón por la que consideró que la acción popular no era el

mecanismo idóneo para obtener el amparo de los derechos

transgredidos y, por tanto, impartiría las órdenes tendientes a

satisfacerlos.

Asimismo, es de precisar que esta Sección ya ha declarado la cosa

juzgada en acciones populares cuando advierte que la orden que

satisface el derecho colectivo transgredido ya ha sido decretada en

el marco de una acción de tutela, dada la conexidad inescindible

entre los derechos pese a su diferencia en la naturaleza, tal como

ocurrió en la sentencia de 27 de octubre de 2017, en la que se

consideró que:

“[…] Ahora, en atención a que ambas acciones si bien son
constitucionales, lo cierto es que persiguen el amparo de derechos
constitucionales diferentes como lo son los fundamentales y
colectivos. No obstante, en asuntos como el sub-examine, que están
íntimamente relacionados con el derecho al agua, cuyo
reconocimiento satisface derechos de raigambre fundamental como
la dignidad humana o salud, o colectivos como el acceso a la
prestación eficiente de servicios públicos o al goce de un ambiente
sano o salubridad pública, pueden ser protegidos por cualquiera de

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estos mecanismos procesales, de acuerdo con las condiciones
particulares que rodeen el caso concreto.

En relación con el asunto, la Corte Constitucional en la sentencia que
resolvió la controversia planteada en la acción de tutela antes
mencionada, manifestó lo siguiente:

“[…] 16.- El derecho al agua está relacionado con distintos derechos
colectivos (medio ambiente sano, equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, salubridad pública y acceso a servicios
públicos15) razón por la cual, en principio, el mecanismo judicial idóneo
para su defensa es la acción popular.

Por esta razón, a pesar de que la acción de tutela no es procedente
para proteger derechos colectivos, la Corte ha entendido que sí puede
proceder para amparar derechos fundamentales que se estén
vulnerando como consecuencia de la afectación de derechos e
intereses colectivos, en dos situaciones. En primer lugar, cuando la
afectación de los derechos colectivos requieran la intervención urgente
e inmediata del juez constitucional para evitar un perjuicio
irremediable16. Y en segundo lugar, cuando la amenaza o vulneración
de un derecho colectivo, produzca la afectación directa de un derecho
fundamental17.

17.- Sobran las anteriores previsiones en la mayor parte de los casos
que conoce esta Corporación pues la jurisprudencia constitucional ha
insistido en que el agua potable es un derecho constitucional
fundamental18 cuando se destina para el consumo humano y cuando
contribuye a preservar la salud y la salubridad pública. En estos casos,
podrá ser amparado directamente por la vía de la acción de tutela.

Así, por ejemplo, en sentencia T-578 de 1992 se afirmó que “en
principio, el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta

15
Derechos consagrados en la Ley 472 de 1998 mediante la cual se reglamentaron las acciones
populares.
16
Ver la sentencia T-584 de 2012.
17
La sentencia T-710 de 2008 determinó que, en este supuesto, es necesario que “(i) el daño o la
amenaza del derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho
colectivo; (ii) que el peticionario sea la persona directamente afectada en su derecho fundamental; (iii)
que la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no sean hipotéticas, sino que estén
expresamente probadas; (iv) que la orden judicial busque el restablecimiento del derecho fundamental
afectado”. Adicionalmente, la Corte ha establecido que en el proceso debe aparecer demostrado que la
acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental
vulnerado o amenazado. Esta posición ha sido reiterada en las sentencias SU-257 de 1997, T-576 de
2005, SU-1116 de 2001.
18 Ver, entre muchas otras, las sentencias T – 413 de 1995; T – 636 de 2002; T –

1104 de 2005; T – 381 de 2009; T – 616 de 2010; T – 717 de 2010; C – 220 de
2011; T – 055 de 2011; T – 279 de 2011; T – 385 de 2011; T – 552 de 2011; T –
740 de 2011 y T – 916 de 2011.

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directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así
pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en
tanto que afecte la vida de las personas (CP art.11), la salubridad
pública (CP arts. 365 y 366), o la salud (CP art. 49), es un derecho
constitucional fundamental”.

Por su parte, en un caso en el cual se reclamaba por vía de tutela el
derecho al agua para fines de explotación turística, este Tribunal en
sentencia T-381 de 2009 precisó que “este derecho puede protegerse
por medio de la acción de tutela, únicamente cuando se relaciona con
la vida, la salud y salubridad de las personas, pero no cuando está
destinada a otras actividades, tales como el turismo, la explotación
agropecuaria o a terrenos deshabitados.”

En este mismo sentido, la sentencia T-418 de 2010 consideró que “Al
haber adoptado Colombia como modelo constitucional un estado social
y democrático de derecho, fundado en la defensa de la dignidad de
toda persona y en el respeto, la protección y la garantía de sus
derechos fundamentales, en especial, su derecho a una vida digna,
Colombia adoptaba a la vez, tutelar el derecho fundamental al agua a
todas las personas. Ningún sentido tendría pretender asegurar la vida,
bien sea humana o de cualquier otra especie, sin asegurar el derecho
al agua, en sus dimensiones básicas, como fundamental.”

18.- En el presente caso, dado que la solicitud de suministro de agua
de los reclusos tiene como finalidad cubrir sus necesidades de consumo
y contribuir a preservar la salud y la salubridad pública de los reclusos
dentro del establecimiento carcelario, la Sala considera que la presente
acción de tutela es procedente para reclamar la garantía de los
derechos fundamentales invocados por el actor […]”

Siendo ello así, a juicio de la Sala, en atención a que las acciones
populares 2013-00072 y 2014-00197 fueron acumuladas, y
comoquiera que la situación ventilada en esta última ya fue resuelta
por la Corte Constitucional en sentencia T-077 de 2013, en la cual
impartió órdenes precisas para solucionar la falta de suministro de
agua a los internos del Bloque 1 del COIBA, es del caso revocar el
numeral primero del fallo apelado, que desestimó la excepción
propuesta por el INPEC y, en su lugar, declarará la cosa juzgada
parcial respecto de las pretensiones ventiladas al interior del
expediente 2014-00197, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta sentencia[…]” (resaltado fuera del texto).

En consecuencia, dado que, en principio, la problemática que ahora

se analiza ya fue conocida por la Sección en sede de tutela, la cual

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afecta derechos fundamentales y colectivos, es del caso establecer si

se configura la cosa juzgada.

En cuanto al objeto:

Acción de tutela 2016-00131 Acción popular 2020-00505

Vulneración de los derechos Declarar la vulneración de los
constitucionales fundamentales siguientes derechos colectivos:
de los pueblos indígenas del
Resguardo Indígena Caño - Derecho a la Seguridad y
Mochuelo, tales como el derecho Salubridad Pública.
a la vida en condiciones de
dignidad, la salud, la - El acceso a una infraestructura
alimentación mínima, el agua de servicios que garantice la
potable, la vivienda adecuada, la salubridad pública.
consulta previa, la identidad
cultural, el territorio, la - El acceso a los servicios
autonomía, y ello pone en riesgo públicos y a que su prestación
la integridad y supervivencia de sea eficiente y oportuna.
los pueblos indígenas de Caño
Mochuelo.

De lo anterior resulta evidente para la Sala que, aunque en la acción

de tutela el actor hizo referencia a la vulneración de los derechos

constitucionales fundamentales del Resguardo Indígena Caño

Mochuelo, mientras que la acción popular se refirió a la vulneración

de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad Pública, al

acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad

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pública y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea

eficiente y oportuna, respecto de los integrantes de la citada

comunidad, lo cierto es que en la acción de tutela sí se resolvió lo

relativo a la protección constitucional de los derechos que se aducen

como vulnerados en la presente acción popular.

Ahora, en lo que respecta a la población objeto de amparo, la Sala

pone de presente que si bien la parte actora alegó que el a quo no

verificó en cada acción la comunidad destinataria de la protección, lo

cierto es que ello sí fue estudiado, pues en los dos trámites la

población se concreta en los 14 asentamientos indígenas que

conforman el Resguardo Caño Mochuelo, los cuales se han visto

gravemente afectados porque carecen de agua potable y

saneamiento básico, situación que deriva en múltiples problemáticas

para la comunidad afectada.

La Sala considera que aun cuando la Defensoría del Pueblo Regional

Casanare en su recurso de apelación sostuvo que interpuso la

presente acción popular en procura de obtener acceso al agua

potable y saneamiento básico para los 14 asentamientos indígenas

que hacían parte de los diez pueblos indígenas que constituían el

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Resguardo Caño Mochuelo, dado que su carencia generaba graves

efectos en la salud de la población, ello efectivamente fue lo que se

decidió en la citada acción de tutela.

En ese sentido, lo que la Sala advierte de la situación expuesta en la

presente acción popular es que no se ha cumplido con la totalidad de

las órdenes que para la protección de los derechos del Resguardo

Caño Mochuelo se dio dentro de la referida acción de tutela, siendo

diferente lo relacionado con su cumplimiento, el cual se debe hacer

valer dentro de la respectiva acción constitucional.

En efecto, una vez proferida una decisión judicial, no resulta

procedente con motivo de los mismos hechos que dieron lugar a esa

decisión, acudir a otros procesos para obtener la misma protección

judicial, pues lo que se debe es buscar el cumplimiento de esa

decisión a través de los mecanismos que para tal fin se previeron.

Asimismo, la Sala advierte que aun cuando en la sentencia de tutela

de segunda instancia se cuestionó la decisión de impartir órdenes en

materia de saneamiento básico, como por ejemplo abrir nuevos

pozos profundos de agua sin existir un estudio que determinara tal

necesidad y sin considerar las licencias ambientales que implicaban

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ese tipo de órdenes, es de reiterar que el fundamento de la tutela

radicó en poner de presente que la comunidad de Caño Mochuelo

no contaba con el servicio de agua potable19.

Sobre el particular, la parte actora señaló lo siguiente:

“[…] En el amparo concedido en la acción de tutela 2016-00131
únicamente se ordenó gestionar la planta de tratamiento para el pozo
de agua de la comunidad del Calvario similar a la que opera en el pozo
de la comunidad la Esmeralda, así como presentar ante el OCAD de
Casanare proyecto de inversión de saneamiento básico para
implementar la construcción del sistema de alcantarillado, acueducto
y PTAR. Es decir que, al desatar el recurso incoado contra la acción
de tutela, se emitieron órdenes de amparo únicamente a favor de la
comunidad del Calvario y de La Esmeralda, que solo son dos de las
catorce comunidades indígenas que hacen parte del resguardo
indígena de Caño Mochuelo, siendo excluidas del amparo, las otras
doce comunidades que integran el resguardo indígena.

19
En ese sentido, en la sentencia de segunda instancia se consideró:

“[…] A juicio de la Sala, el a quo no analizó los efectos ambientales de toda la implementación de los
sistemas de aguas que pretenden la orden judicial impartida, situación que, y que de no corregirse en
la presente decisión puede generar un daño ambiental permanente, no solo a la comunidad de Caño
Mochuelo, sino a todos los habitantes del Departamento del Casanare.

La Sala no entiende como a través de una acción de tutela, y sin los fundamentos probatorios debidos,
el Juez de primera instancia ordena una intervención de plantas de tratamientos en yacimientos
acuíferos sin los estudios ambientales necesarios ni las licencias pertinentes. De hecho llama mucho la
atención a la Sala que el a quo ordene cavar nuevos pozos profundos para, supuestamente, garantizar
el acceso al agua, pero ni siquiera cuenta con un censo de la población que habita el resguardo Caño
Mochuelo y menos define el número de pozos a cavar.

En este orden de ideas, la Sala revocará la orden impartida por la primera instancia y en su lugar,
amparará el derecho fundamental a la vida digna y al derecho al agua potable y ordenará que se
gestione de forma inmediata por la Alcaldía de Paz de Ariporo, la Alcaldía de Hato Corozal y la
Gobernación del Casanare, una planta de tratamiento para el pozo de agua del Calvario similar a la
que opera en el pozo de la Esmeralda, el cual deberá estar en funcionamiento dentro de 30 días después
de que se notifique esta decisión.

En segundo lugar, ordenará a las autoridades del resguardo indígena, así como a los municipios ya
enunciados y a la gobernación del Casanare, a presentar al OCAD del Casanare un proyecto de inversión
de saneamiento básico para implementar la construcción del sistema de alcantarillado, acueducto y
PTAR que sugiere el mencionado estudio […]”.

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Solamente la población del territorio la Esmeralda donde se
encuentran los pueblos Sikuani, Wamonae tiene acceso al agua
potable, por medio de una planta potabilizadora portátil que
suministró la Cruz Roja como una medida de contingencia y que es
operada en convenio con la Gobernación de Casanare.

Ahora bien, las circunstancias fácticas se han mantenido y agravado,
tal como se consignó en el informe de la Alertas Tempranas 050 de
2019, emitidas por la Defensoría, y en el despacho en el curso de la
acción popular, se pudo constatar que los pueblos indígenas no tienen
el acceso al agua potable, a la salubridad ni a la atención medica
básica permanente, así lo reconocen las accionadas, que refieren
proyectos incompletos, desconectados, en curso o que simplemente
consideran no es de su resorte las problemáticas expuestas […]”.

Al respecto, la Sala encuentra que no le asiste razón a la demandante

al señalar que con motivo del recurso de apelación interpuesto dentro

de la referida acción de tutela, las órdenes de tutela únicamente

favorecían a las comunidades del El Calvario y La Esmeralda, pues lo

que se tiene de lo resuelto en la citada sentencia de tutela es que se

le concedió el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna,

al agua potable y a la salud, de los pueblos indígenas que conforman

el Resguardo Caño Mochuelo.

Ahora bien, cosa diferente es que con fundamento en el examen de

laboratorio de aguas que realizó la Secretaría de Salud Casanare a

los pozos profundos de agua de las comunidades de La Esmeralda y

El Calvario el 5 de marzo de 2015, dentro de la acción de tutela se

consideró procedente ordenar a los municipios de Paz de Ariporo y

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Hato Corozal y al DEPARTAMENTO que gestionen de forma

inmediata ante quien corresponda, una planta de tratamiento para el

pozo de agua del Calvario, similar a la que opera en el pozo de la

Esmeralda.

Sobre el particular en la sentencia de tutela se indicó:

“[…] En ese orden de ideas, la Sala puede evidenciar que
efectivamente, el consumo de agua en la comunidad de la Esmeralda,
perteneciente al resguardo Caño Mochuelo, ha generado problemas
de salud para la comunidad, no obstante lo anterior, en el expediente
también existen pruebas que ponen de presente que este riesgo fue
cubierto por la Alcaldía de Paz de Ariporo, quien gestionó ante la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el préstamo permanente
de la Planta de tratamiento de agua instalada en la comunidad de la
Esmeralda. De lo probado, también se evidencia que el agua que se
consume en la comunidad del Calvario no es apta para el consumo y
que el examen de laboratorio indica que el riesgo en su consumo es
alto.

Así mismo se evidencia a folio 389, informe del contrato de consultoría
004 de 2016 para el diseño del sistema de acueducto y alcantarillado
y PTAR que beneficiará a todas las comunidades que habitan el
resguardo y que están asentadas en jurisdicción del municipio de Hato
Corozal y Paz de Ariporo, que demuestra que contrario a lo
denunciado si existe acciones objetivas por parte de las entidades
demandadas para mejorar el servicio de agua.

(…)

En este orden de ideas, la Sala revocará la orden impartida por la
primera instancia y en su lugar, amparará el derecho fundamental a
la vida digna y al derecho al agua potable y ordenará que se gestione
de forma inmediata por la Alcaldía de Paz de Ariporo, la Alcaldía de
Hato Corozal y la Gobernación del Casanare, una planta de
tratamiento para el pozo de agua del Calvario similar a la que opera
en el pozo de la Esmeralda, el cual deberá estar en funcionamiento
dentro de 30 días después de que se notifique esta decisión.

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En segundo lugar, ordenará a las autoridades del resguardo
indígena, así como a los municipios ya enunciados y a la
gobernación del Casanare, a presentar al OCAD del Casanare
un proyecto de inversión de saneamiento básico para
implementar la construcción del sistema de alcantarillado,
acueducto y PTAR que sugiere el mencionado estudio […]”
(Resaltado de la Sala).

Adicionalmente, llama la atención lo expuesto en este punto por la

demandante en su recurso de apelación, pues la misma parte actora

alude a que las circunstancias que dieron origen a la protección

constitucional por vía de tutela del derecho a la vida digna y agua

potable de la comunidad se han mantenido y agravado 20, situación

que corrobora la tesis expuesta por el Tribunal en el sentido de que

los derechos invocados en el presente proceso ya fueron objeto de

protección por vía de tutela, por lo que lo precedente no es una nueva

decisión en el mismo sentido de la anterior, sino la búsqueda de su

cumplimiento efectivo.

Así pues, contrario a lo que sostuvo la parte actora en su recurso de

apelación, lo que se tiene de las decisiones adoptadas dentro del

20
En este punto, la parte actora en el recurso de apelación interpuesto indicó:

“[…] tal como se consignó en el informe de la Alertas Tempranas 050 de 2019, emitidas por la
Defensoría, y en despacho en el curso de la acción popular, se pudo constatar que los pueblos indígenas
no tienen el acceso al agua potable, a la salubridad ni a la atención medica básica permanente, así lo
reconocen las accionadas, que refieren proyectos incompletos, desconectados, en curso o que
simplemente consideran no es de su resorte las problemáticas expuestas […]”.

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expediente de tutela es que la protección constitucional recayó en la

totalidad de los pueblos indígenas que hacen parte del Resguardo

Indígena Caño Mochuelo.

Frente al argumento expuesto por la PROCURADURÍA 53

JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE CASANARE, la cual indicó que

las pretensiones planteadas en cada uno de los libelos también

resultan disímiles no solo por la naturaleza de los derechos en litigio

sino porque el análisis o concepto de vulneración que debía

efectuarse desde la misma demanda no podía ser el mismo, como se

podía apreciar en las respectivas demandas, la Sala encuentra que

no está llamado a prosperar, pues la situación de hecho sub examine

dio lugar a la vulneración de derechos fundamentales y colectivos

que están íntimamente relacionados con el derecho al agua, cuyo

reconocimiento satisface derechos de raigambre fundamental como

la dignidad humana o salud, o colectivos como el acceso a la

prestación eficiente de servicios públicos o al goce de un ambiente

sano o salubridad pública que pueden ser protegidos por cualquiera

de estos mecanismos procesales, de acuerdo con las condiciones

particulares que rodean el caso concreto.

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De igual manera, la Sala considera que tampoco le asiste razón a la

PROCURADURÍA 53 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE

CASANARE al señalar que el Tribunal pasó por alto que la atribución

de responsabilidad era distinta en cada una de las demandas, pues

dicho aspecto no depende de la naturaleza del derecho a amparar,

sino de quién tiene a cargo, de acuerdo con sus competencias

constitucionales y legales, la garantía de los mismos y hacer cesar

su vulneración.

Finalmente, la Sala advierte que las órdenes impartidas por los

jueces de instancia en el marco de la acción de tutela sí satisface

plenamente los derechos colectivos cuya protección se reclama, por

lo que resultaría inane impartir órdenes para su protección. En

efecto, En la sentencia de tutela de primera instancia el Tribunal

resolvió:

“[…] 1º DESESTIMAR las excepciones procesales propuestas por
algunas de las autoridades convocadas por pasiva.

2º AMPARAR los derechos fundamentales a la pervivencia de los
pueblos indígenas que habitan el Resguardo Caño Mochuelo:
Wamonae, Sikuani, Sáliba, Maibén Masiware, Yamalero, Yanuro,
Tsiripu, Piapoco, Amorúa y Waüpijiwi (entre ellos, existencia física,
preservación de identidad cultural y cosmovisión, condiciones
mínimas de seguridad alimentaria y de salubridad en las variables
sanitarias) y los derechos individualizables de los aludidos pobladores

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de acceso al agua apta para uso y consumo humano y a la salud,
menoscabados por inactividad o insuficiencia de actividad de Estado,
a cargo de la Nación, Casanare, Paz de Ariporo, Hato Corozal,
CAPRESOCA, ACUATODOS, ANT, ICBF, DPS y UARIV, según lo
indicado en la motivación del fallo.

3º ORDENAR a las autoridades allí reseñadas, conforme a las
estipulaciones, condiciones, asignación de responsabilidades directas,
concurrentes, complementarias o subsidiarias, según el caso,
EJECUTAR todas las acciones indicadas en la motivación de la
sentencia, acápite cinco punto cuatro (5.4), sin perjuicio de las
obligaciones impuestas por la Corte Constitucional respecto del Plan
de Salvaguarda (Auto 004 de 2009).

De la ejecución progresiva cada autoridad dará noticia al Tribunal, con
resumen ejecutivo (informe y prueba de resultados) dentro de los tres
(3) días siguientes al vencimiento de cada plazo. Todos corren a partir
de NOTIFICACIÓN de esta sentencia.

4º ORDENAR la constitución de COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO
Y VERIFICACIÓN del cumplimiento de las órdenes constitucionales,
según se indicó en motivación. Estará conformado por el gobernador
de Casanare, los alcaldes de Paz de Ariporo y Hato Corozal,
representantes legales de CAPRESOCA, ACUATODOS e ICBF, un
funcionario directivo del Ministerio de Interior como miembro
permanente, el gobernador del Resguardo Indígena Caño Mochuelo,
la actora (institucional) y los funcionarios que asignen los demás
ministros, dependencias, agencias u organismos nacionales que el
coordinador convoque para temas puntuales en la respectiva sesión.
Coordinará el gobernador de Casanare. Podrán delegarse funciones
en servidores públicos de nivel directivo de cada integrante del
comité.

Primer informe: última semana de julio de 2016, sin perjuicio de los
directos individuales de cada autoridad.

5º PRESCINDIR de pronunciamiento de fondo respecto de los demás
derechos fundamentales concernidos, por estar bajo cobertura directa
de la Corte Constitucional, Auto 004 de 2009, a la cual se ORDENA
remitir copia completa de la demanda (sin anexos) y de este fallo.

6º ORDENAR a los representantes legales de la AGENCIA NACIONAL
DE TIERRAS y de la UARIV que, en término no mayor a UN (1) MES
siguiente a notificación, conformen PLAN DE TRABAJO con
responsables directos, etapas, fechas y productos esperados, para

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RESOLVER el fondo de las peticiones de ampliación de territorio y
reparación colectiva y demás aspectos relativos a Ley de Víctimas,
respectivamente, con relación al Resguardo Indígena Caño Mochuelo,
según lo indicado en la motivación. Reportarán avances y resultados
directamente a la Corte Constitucional (expediente Auto 004 de
2009), con resumen ejecutivo al Tribunal.

7º ORDENAR que se remita copia completa de la demanda (sin
anexos) y de la sentencia a la Contraloría General de la República y a
la Contraloría de Casanare, para que se exploren las aristas fiscales
con enfoque de auditoria integral, de la inversión de recursos
territoriales y del SGP, regalías, PDA, etcétera, para el Resguardo
Indígena Caño Mochuelo, según se indicó en motivación.

8º EXHORTAR al gobernador de Casanare y a los alcaldes de Paz de
Ariporo y de Hato Corozal a que concurrentemente constituyan y
sufraguen equipo profesional de apoyo a la autoridad indígena, para
completar, corregir o elaborar informes de gestión de recursos
públicos hasta 31 de diciembre de 2015, acorde con lo indicado en la
parte considerativa, otros aspectos.

Igualmente, en esos términos, a que coordinen con Registraduría
Nacional del Estado Civil campaña masiva de inscripción de
nacimientos y expedición de documentos de identificación de los
habitantes del resguardo como allá se dijo.

9º Por Secretaría líbrense comunicaciones y remítanse copias de fallo
y demás piezas ordenadas a quienes integrarán el comité de
verificación, a los buzones institucionales; igualmente a órganos de
control y demás autoridades que correspondan […]”.

En la sentencia de tutela de segunda instancia esta Sección resolvió:

“[…] PRIMERA. MODIFÍCANSE los derechos fundamentales
amparados por el a quo y en su lugar AMPÁRANSE los derechos
fundamentales a la vida digna, al agua potable y a la salud.

SEGUNDO. REVÓCANSE todas las órdenes impartidas por el a quo
excepto lo concerniente al servicio médico dentro del resguardo Caño
Mochuelo los 30 días del mes, las 24 horas del día.

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TERCERO. ORDÉNASE a la Alcaldía de Paz de Ariporo, la
Alcaldía de Hato Corozal y la Gobernación del Casanare que
gestionen de forma inmediata ante quien corresponda, una
planta de tratamiento para el pozo de agua del Calvario,
similar a la que opera en el pozo de la Esmeralda, el cual
deberá estar en funcionamiento permanente dentro de 30 días
después de que se notifique esta decisión.

CUARTO. ORDÉNASE a las autoridades del resguardo indígena,
así como a los municipios ya enunciados y a la gobernación de
Casanare, a presentar ante el OCAD del Casanare un proyecto
de inversión de saneamiento básico para implementar la
construcción del sistema de alcantarillado, acueducto y PTAR
que sugiere el mencionado estudio, esta orden se deberá
cumplida (sic), una vez concluya el contrato de diseño de los
sistemas de saneamiento básico.

QUINTO. EXHÓRTASE al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
para que a través de su Viceministerio de Aguas asesore de manera
permanente el proyecto que sistema de saneamiento básico que
deberá presentarse al OCAD después de que culmine el contrato de
estudios del sistema.

SEXTO. ORDÉNASE a las autoridades indígenas del resguardo, para
que con el acompañamiento del Ministerio del Interior y la
Gobernación del Departamento del Casanare realice dentro de los 30
días siguientes a la notificación de este fallo un censo de la población
que habita el resguardo […]” (Resaltado de la Sala).

En efecto, el estudio mencionado en el numeral cuarto de la parte

resolutiva de la sentencia idem se refiere al informe del contrato de

consultoría 004 de 2016 en el que se diseñó el sistema del acueducto,

alcantarillado y PTAR que beneficiará a todas las comunidades que

habitan el resguardo y que están asentadas en jurisdicción del

municipio de Hato Corozal y Paz de Ariporo, con lo cual se ampararían

los derechos colectivos vulnerados.

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En ese sentido, se advierte que las circunstancias que dieron origen

a la presentación de la referida acción de tutela se concretan en la

problemática relacionada con el acceso al agua potable, saneamiento

básico y servicio médico de los pueblos indígenas que conforman el

resguardo indígena de Caño Mochuelo y en la que se dispuso la

protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, el agua

potable y a la salud.

A juicio de la Sala, hay una conexidad entre los derechos

constitucionales fundamentales del Resguardo Indígena Caño

Mochuelo amparados con los derechos colectivos cuya protección se

reclama en el asunto sub-examine, esto es a la seguridad y

salubridad Pública, al acceso a una infraestructura de servicios que

garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y

a que su prestación sea eficiente y oportuna.

Finalmente, en lo que se refiere al suministro de energía eléctrica

para la ejecución del proyecto de agua potable con la construcción

de pozos profundos, que no se han puesto en funcionamiento por

dicha causa, la Sala advierte que este asunto se encuentra implícito

en el cumplimiento de las órdenes proferidas en la acción de tutela,

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las cuales propenden por el suministro de agua a la comunidad

afectada.

Asimismo, se destaca que la pretensión dirigida a garantizar el

suministro de energía eléctrica está relacionada directamente con lo

pretendido en materia de acueducto y alcantarillado para la puesta

en funcionamiento de una planta de tratamiento que garantice los

derechos de los integrantes de la toda comunidad que conforma el

resguardo, para lo cual se requiere de las correspondientes

apropiaciones presupuestales, contratos de consultoría y posterior

ejecución de contratos de obra.

En efecto, con ocasión de las órdenes impartidas en el marco de la

acción de tutela21, las entidades accionadas han suscrito diversos

convenios con la finalidad de satisfacer las necesidades de agua

potable y saneamiento básico y, por tanto, para su cumplimiento es

necesario que los mecanismos dispuestos para el efecto funcionen

correctamente. Los convenios en comento son:

21
El Tribunal, en el marco de la presente acción, con la finalidad de determinar el estado en que se
encontraba el cumplimiento de las órdenes impartidas en el marco de la acción de tutela, profirió los
autos de 15 de septiembre, de 1o. de octubre y de 9 de noviembre de 2020, de 22 de enero, de 12 de
abril, de 28 de junio, de 1o. de septiembre y de 8 de noviembre 2021.

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Contrato de Consultoría núm. 004 de fecha 16 de febrero de 2016,

el cual tuvo como objeto realizar “estudios y diseños para la

optimización del acueducto, la construcción del alcantarillado

sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas

para las comunidades de Mochuelo, Morichito y Tsamani I y estudios

y diseños para la construcción del acueducto, el alcantarillado

sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas

para las comunidades de Tsmani II, San José del Ariporo, Betania,

Topochales, Quinto Patio, El Calvario, Guafiyal, La Esmeralda y El

Merey, en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo del

departamento de Casanare”.

Como resultado de dicho contrato, la consultoría previó la

elaboración de los Estudios Técnicos y de Ingeniería necesarios para

el desarrollo de las actividades entre las cuales se encuentran:

Levantamiento y Estudio Topográfico, Estudio de Suelos, Estudio de

Impacto Ambiental, Análisis Fisicoquímicos y Bacteriológico a la

fuente abastecedora, y de la fuente receptora de las aguas

residuales, Medición de Caudales, Diseño Hidráulico, Estructura del

Sistema de Acueducto y Sistema de Tratamiento de Aguas

Residuales, obras complementarias, cantidades de obra,

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Especificaciones Técnicas, Procedimientos de Construcción, Control

de Calidad, Análisis Unitario, Presupuestos y Cronogramas o

Programación de Obra.

En efecto, teniendo los Proyectos formulados y arrojados mediante el

Contrato de Consultoría núm. 004 de fecha 16 de febrero de 2016, la

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare

"ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de Gestor del PDA – CASANARE,

presentó ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT,

once (11) proyectos para su viabilización. Por cada una de las

comunidades pertenecientes al Resguardo Indígena Caño Mochuelo

jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal

Casanare, presentó los siguientes proyectos:

1 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, $ 1,981,921,668.01
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE EL
CALVARIO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Radicado: 2017ER0140363 DE 15/12/2017
2 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, $ 2,026,705,522.13
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE EL
MEREY, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Radicado: 2017ER0140354 DE 15/12/2017

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3 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, $ 1,478,735,886.13
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE
GUAFIYAL, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Radicado: 2017ER0140364 DE 15/12/2017
4 OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO, $ 3,704,885,219.56
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE
MOCHUELO, EN EL MUNICIPIO DE HATO
COROZAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Radicado: 2017ER0140356 DE 15/12/2017
5 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, $ 4,863,862,667.16
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE
MORICHITO, EN EL MUNICIPIO DE HATO
COROZAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Radicado: 2017ER0140358 DE 15/12/2017
6 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, $ 4,301,082,754.05
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE
SANJOSE DEL ARIPORO, EN EL MUNICIPIO
DE PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE. Radicado: 2017ER0140351 DE
15/12/201
7 CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE $ 1,167,060,726.81
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA
COMUNIDAD DE TSEMANI II, EN EL
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE. Radicado:
2017ER0140353 DE 15/12/2017
8 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, $ 2,626,539,599.58
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE
BETANIA, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Radicado: 2017ER0140361 DE 15/12/2017
9 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, $ 1,884,676,796.34
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA

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DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE
TOPOCHALES, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Radicado: 2017ER0140366 DE 15/12/2017
10 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, $ 1,340,930,501.07
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE
QUINTO PATIO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Radicado: 2017ER0140350 DE 15/12/2017
11 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, $ 5,087,915,031.37
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE
TSEMANI I, EN EL MUNICIPIO DE HATO
COROZAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Radicado: 2017ER0140352 DE 15/12/2017

De igual forma, el 21 de mayo de 2020 se presentó ante OCAD

DEPARTAMENTAL, los siguientes proyectos

1 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE $ 2.705.943.685,75
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE EL
CALVARIO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
2 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE $ 2.978.699.884,52
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PARA LA COMUNIDAD DE EL
MEREY, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Así pues, los contratos de obra que se deben adelantar con

fundamento en los resultados de la consultoría implican aunar

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esfuerzos por parte de autoridades del orden nacional,

departamental y municipal, pues se trata de situaciones estructurales

que afectan a toda la comunidad que conforma el citado resguardo

indígena, las cuales requieren del cumplimiento de las órdenes de

tutela, pues dicha vulneración continúa.

En cuanto a la causa:

Acción de tutela 2016-00131 Acción popular 2020-00505

La comunidad de Caño Mochuelo no Los 14 asentamientos indígenas del
tiene acceso al servicio de agua Resguardo indígena Caño Mochuelo
potable ni saneamiento básico y carecen de agua potable y
que tal situación ha afectado saneamiento básico lo que ha
gravemente la salud de toda la generado graves efectos en la salud
comunidad indígena especialmente de la población, tales como
a los niños. epidemias de enfermedad diarreica
aguada - EDA, brotes de
Pone de presente que no existe una tuberculosis, propagación de
solución definitiva a esta vectores y enfermedades de
problemática y que las excusas transmisión sexual. Los más
para no construir un sistema de afectados han sido los menores,
acueducto y alcantarillado se quienes recurrentemente sufren de
sustrae a la falta de permisos enfermedades prevenibles si se
ambientales que debe otorgar contara con potabilización de agua,
CORPORINOQUÍA y la falta de igualmente padecen desnutrición y
coordinación institucional. algunos han fallecido por este
flagelo.
La comunidad adolece de baterías
sanitarias y de sistema de La problemática de salud pública en
alcantarillado o de gestión de el resguardo se genera
residuos, que aseguren condiciones principalmente por el consumo de
ambientales óptimas para el normal agua no potable ya que la que
desarrollo de la población que utilizan la toman generalmente de
habita el resguardo y que tal

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situación ha generado la los Ríos Aguaclara, Ariporo, o de
contaminación de las fuentes pozos profundos.
hídricas.
Los sistemas de saneamiento
Entre los años 2013 y 2014 la básico - acueducto no tienen
Gobernación del Casanare baterías sanitarias; no hay planta
desarrolló un proyecto de de tratamiento de aguas residuales
construcción de viviendas para las o de gestión de residuos efectivos,
comunidades que habitan el lo que, aunado a las condiciones
resguardo Caño Mochuelo; sin ambientales y culturales de la
embargo estas soluciones población, ha derivado en la
habitacionales no contaban con paulatina contaminación de fuentes
servicios de agua potable ni de de abastecimiento de agua
saneamiento básico y denunció que superficial y subterráneas aptas
el mencionado proyecto fue para la captación del recurso
ejecutado sin que se cumpliera el hídrico para consumo humano.
requisito de la consulta previa.

En materia de salud, la actora En el año 2014, se planteó la
denunció que por negligencia ejecución de un proyecto de agua
médica e imposibilidad de traslado potable con la construcción de
a pacientes, entre el año 2013 y pozos profundos, pero no pudo ser
2014 fallecieron 4 niños y resaltó puesto en funcionamiento debido a
que en el año 2015 la Alcaldía de la falta de energía eléctrica, por lo
Paz de Ariporo diagnosticó que la que el contratista tomó la decisión
salud de los pobladores del de dar filtros de agua a la
resguardo no era buena y que, comunidad, los cuales ya superaron
especialmente, los niños sufrían de su vida útil, y solamente la
enfermedades de la piel por población del territorio la
consumir agua no potabilizada Esmeralda donde se encuentran los
pueblos Sikuani y Wamonae tiene
Agregó que en el año 2015, el acceso al agua potable, por medio
pueblo Amorúa, vivó una crisis de de una planta potabilizadora
salud pública debido a la inundación portátil que suministró la Cruz Roja
del pozo profundo de donde como una medida de contingencia y
obtenían agua, y que la Cruz Roja que es operada en convenio con la
instaló una planta portátil de Gobernación de Casanare.
potabilización de agua de forma
temporal mientras se solucionaba
tal problemática.

Indicó que dadas las constantes
solicitudes por parte de la
Defensoría del Pueblo a la
Gobernación del Casanare al

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municipio de Paz de Ariporo se ha
logrado gestionar la prórroga del
funcionamiento de la planta de
tratamiento y potabilización de
agua, pero hasta la fecha no se ha
dado una solución permanente a
este problema.

Con respecto a la problemática
alimentaria denuncian que en
reunión sostenida con la
Gobernación del Casanare llevada a
cabo el 7 de octubre de 2015, se
pudo establecer el alto grado de
desnutrición de los pueblos
indígenas que habitan el resguardo,
por lo que se comprometió a que la
Secretaria de Agricultura
estructuraría y presentaría al OCAD
un proyecto de soberanía
alimentaria para esta población a
través de la construcción de un
banco de semillas nativas; no
obstante hasta la fecha no se ha
cumplido con esta obligación.

Manifestó que el territorio que
comprende el resguardo tiene
serios problemas de acceso al
territorio ancestral, y que esta
situación incide de forma directa
con la vulneración a sus derechos
fundamentales.

La Sala observa que la causa de ambas acciones obedece a los

problemas estructurales que presenta la comunidad que conforma el

Resguardo Caño Mochuelo, debido a que no tienen acceso al servicio

de agua potable y saneamiento básico, situación que incide en forma

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directa en otras problemáticas como enfermedades y problemas de

alimentación y afectación de múltiples derechos fundamentales,

entre ellos la vida digna.

Ahora, si bien la parte actora reiteró en su recurso de apelación que

no se verificó lo que se decidió en cada acción, ni los derechos objeto

de debate, lo cual indicó desconocía los derechos humanos colectivos

de acceso a agua potable, saneamiento básico y servicio médico de

los pueblos indígenas que conforman el resguardo indígena de Caño

Mochuelo, dicho argumento no está llamado a prosperar.

En efecto, la Sala encuentra que contrario a lo que se sostuvo en los

recursos de apelación interpuestos, dentro del presente asunto sí se

verificó lo que se decidió en cada acción, pues como quedó visto en

la acción de tutela con motivo de la problemática relacionada con el

acceso al agua potable, saneamiento básico y servicio médico de los

pueblos indígenas que conforman el resguardo indígena de Caño

Mochuelo, se dispuso la protección de sus derechos fundamentales a

la vida digna, el agua potable y a la salud.

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En cuanto a los sujetos procesales:

Identidad de parte actora:

Sobre este aspecto, la Sala precisa que la coincidencia de la parte

actora no es relevante para establecer la identidad de parte22, habida

cuenta que por tratarse de una acción popular, cualquier persona

podrá acudir a este medio de control para obtener la protección de

los derechos colectivos conculcados, de manera que en el asunto sub

examine resulta inane determinar si las acciones en estudio fueron

interpuestas por la Defensoría del Pueblo en nombre propio o en

representación de la comunidad indígena afectada, conforme lo

plantea la PROCURADURÍA 53 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA

DE CASANARE en su recurso de apelación23.

22
Ver providencias de 20 de febrero de 2014 (Expediente núm. 15001233300020130014902, consejera
ponente María Elizabeth García González) y 26 de noviembre de 2015 (Expediente núm. 17001 23 33
000 2013 00313 02, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala).
23
En este punto, la Procuraduría 53 Judicial II Administrativa de Casanare señaló:

“[…] Entonces, la señora Defensora Regional del Pueblo de Casanare en ejercicio de las atribuciones
que le confiere la Constitución Política y la Ley, esto es, EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL
procedió conforme al conocimiento directo que dicho organismo tiene de la situación de indigencia en
que sobreviven los indígenas de las comunidades que hacen parte del Resguardo de Caño Mochuelo, a
impetrar la presente demanda de acción popular solicitando declaratoria de vulneración de derechos
colectivos y no de derechos fundamentales directamente y sin tener que haber obtenido poderes de los
habitantes de esa región, razón por la cual sin explicación jurídicamente atendible se consignó
inexactamente en el auto admisorio de la demanda que:

“TIENEN la condición de accionantes los pueblos indígenas Saliba, Sikuani, Amorúa, Yamalero, Yaruro,
Wipijiwi, WayennatoWji (Tsiripo), PodiPodiMasiwar (MaibenMasiware), Wamonae (Kuiba) y Piapoco,
integrantes del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo, que se encuentra ubicado en el extremo oriental
del departamento de Casanare en jurisdicción de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.

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Identidad de parte demandada:

En los referidos procesos intervienen las siguientes partes

demandadas:

Acción de tutela 2016-00131 Acción popular 2020-00505

• Ministerio del Interior • Ministerio del Interior
• Ministerio de Salud • Ministerio de Vivienda
• Ministerio de Vivienda • Ministerio de Salud
Ciudad y Territorio • Departamento del
Casanare
• Ministerio de Agricultura
• Municipio de Paz de
• Departamento para la
Ariporo
Prosperidad Social • Municipio de Hato
• Unidad de Atención y Corozal
Reparación Integral a las • ACUATODOS S.A.
Víctimas
• Agencia Nacional de
Tierras
• Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
• Departamento del
Casanare
• Municipio de Paz de
Ariporo
• Municipio de Hato Corozal
• CAPRESOCA EPS
• ACUATODOS S.A.
• CORPORINOQUIA

Se reconoce la calidad de representante de dichos pueblos a la Defensoría del Pueblo – Regional
Casanare, en cabeza de su titular, Dra. SONIA SHIRLEY BERNAL SÁNCHEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.228.817, en los términos del artículo 12 de la Ley 472 de 1998 […]”.

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Visto lo anterior, la Sala advierte que las autoridades accionadas

dentro de la presente acción popular, también actuaron dentro de la

referida acción de tutela, por lo que se advierte el cumplimiento del

citado requisito, a pesar de que como quedó visto en la acción de

tutela figuran entidades adicionales a las de la acción popular.

Al respecto, esta Sección consideró en un caso de similares

características lo siguiente24:

“[…] Al respecto, es del caso tener en cuenta que la Sala ha precisado
que en materia de acciones populares la excepción de cosa juzgada
respecto de las partes, aunque estas no sean idénticas en el cotejo,
lo relevante es que tanto los responsables de la vulneración y la
comunidad titular del derecho o el grupo determinado o determinable
sean los mismos. Así lo sostuvo la Sala en providencia 12 de junio de
2008 (Expediente nro. 2005-90013-01(AP), Consejero ponente:
doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta):

“[…] Entonces, en materia de acciones populares, la excepción de cosa
juzgada respecto de las partes ocurre aunque ellas no sean idénticas
en los procesos que se cotejan, pues lo relevante es que los
responsables por la afectación al derecho colectivo invocado sean los
mismos, y que no obstante la calidad difusa de la comunidad titular del
derecho, el grupo -determinado o determinable- afectado con la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos comprometidos,
también sea el mismo […]” […]”.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
octubre de 2017, Expedientes acumulados: 73001-23-33-000-2013-00072-01 y 73001-23-33-006-
2014-00197-00, CP. María Elizabeth García González.

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De todo lo expuesto, la Sala considera que sí se configuraron todos

los presupuestos para la configuración de la cosa juzgada conforme

lo declaró el Tribunal.

Ahora bien, de los escritos de impugnación, la Sala advierte que las

inconformidades en relación con el fallo de primer grado radican en

que consideran que, con motivo de la decisión del Tribunal de

declarar la cosa juzgada, las comunidades que conforman el

resguardo Caño Mochuelo quedaron desprotegidas, pues en su sentir

se desconoció que dentro del proceso se acreditó la vulneración de

los derechos colectivos invocados.

Al respecto, la Sala resalta que en la presente acción popular sí se

configuraron los requisitos para del declarar probada la cosa juzgada,

pues mediante sentencia de tutela se decidió lo relativo a la

protección constitucional de los derechos de las comunidades del

Resguardo Indígena Caño Mochuelo, siendo diferente lo relativo al

cumplimiento de la orden, por lo que no resulta procedente una

nueva decisión judicial sino exigir el cumplimiento de la misma dentro

del proceso que le dio origen.

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En efecto, si bien la situación que se presenta con las comunidades

que conforman el Resguardo Caño Mochuelo es de carácter

estructural, por lo que requiere, entre otras, la concurrencia de

autoridades del orden nacional, departamental y municipal, dada la

dimensión de la problemática, dicha situación no conlleva a que se

deba reiterar lo que se resolvió en la decisión de tutela, en la cual se

precisa intervinieron las autoridades que están llamadas en el marco

de sus competencias a procurar la protección de los derechos de la

citada comunidad.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 15 de septiembre

de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de septiembre de 2022,

por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente

providencia.

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Número único de radicación: 85001-23-33-000-2020-00505-01
Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE

SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de octubre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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