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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2013-00276-02

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2013-00276-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de abril de 2024, proferida por la Sala Sexta Oral del Tribunal Administrativo del Meta. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2013-00276-02

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: JESÚS MARÍA QUEVEDO DÍAZ Y OTRO
Demandados: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS –
ECOPETROL S.A. Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el actor popular Jesús María
Quevedo Díaz contra la sentencia de 4 de abril de 2024, proferida por la Sala Sexta
Oral del Tribunal Administrativo del Meta1.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Los señores Jesús María Quevedo Díaz y Edgar Humberto Cruz Aya, en ejercicio
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
presentaron demanda contra la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S.A.),
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano de
Geología y Minería (INGEOMINAS)2, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, con el propósito de obtener la
salvaguarda de los derechos colectivos establecidos en los literales a), b), c), d), e),
f), g), i) y n) del artículo 4.°3 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19984.

1
De conformidad con la constancia secretarial de 9 de septiembre de 2025, el proceso fue remitido a este Despacho en
atención a la compensación de expedientes. Cfr. Índice 14 del expediente digital del Consejo de Estado.
2
Actualmente Agencia Nacional de Minería (ANM).
3
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…] a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias; […]
b) La moralidad administrativa;
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la
protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
e) La defensa del patrimonio público;
f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;
g) La seguridad y salubridad públicas; […]
i) La libre competencia económica; […]
n) Los derechos de los consumidores y usuarios. […]”.
4
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

2. Los demandantes formularon las siguientes pretensiones:

“[…] Por intermedio de la presente acción popular, nos permitimos en nombre de la
comunidad en general, no solo de Guamal Departamento del Meta sino de nuestra
República de Colombia solicito se condene a los mismos demandados EMPRESA
COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL, AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES ANLA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
INSTITUTO GEOLOGICO DE MINAS INGEOMINAS, MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE Y TODOS LOS QUE RESULTEN INVOLUCRADOS en las siguientes:

a. Condenar a los demandados en el presente y en lo sucesivo a no autorizar,
delimitar, realizar, explorar y explotar actividades como minería, hidrocarburos u otra
actividad que no sea compatible con la que fue declarada el sector o región de la
cuenca del río Humadea.
b. Condenar a los demandados EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS
ECOPETROL, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA,
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, INSTITUTO GEOLOGICO DE MINAS
INGEOMINAS, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y TODOS LOS QUE
RESULTEN INVOLUCRADOS a restaurar, recuperar a resarcir los daños
ocasionados por motivo de la sísmica que se hizo sobre la cuenca del río Humadea y
sus afluentes, como así mismo las explanaciones que hicieron para instalación del
closter, y todos los daños que le hayan ocasionado con motivo del proyecto CP09 y
LORITO1.
c. Condenar a los demandados en costas y costos de la demanda.
d. Todas las que se presenten en el presente negocio. […]”5. (Negrilla del texto).

3. Indicaron que el sector denominado Humadea es un sitio de interés ambiental y
turístico del nivel regional y nacional, porque el rio Humadea abastece los
acueductos del centro poblado de Humadea y del sector urbano de Castilla, y allí
tradicionalmente se desarrollan actividades de ecoturismo, conforme a la Ley 300
de 26 de julio de 19966.

4.Adujeron que el Ministerio de Minas y Energía otorgó a Ecopetrol S.A. unos títulos
para la explotación de hidrocarburos en el departamento del Meta, entidad que los
concesionó a multinacionales encargadas de realizar los estudios sísmicos y las
exploraciones. Concretamente, el bloque CPO9 abarca varias veredas de los
municipios de Acacías, Guamal, Cubarral y Castilla.

5.Explicaron que el pozo exploratorio Lorito 1, hace parte de ese bloque, y se ubica
a menos de cien metros del cauce del río Humadea.

6. Informaron que la ANLA realizó en el año 2012 una audiencia pública ambiental
en la que la comunidad de Acacías manifestó su oposición a la exploración y
explotación de hidrocarburos en la cordillera de la jurisdicción, con fundamento en
lo resuelto en la acción popular con radicación núm. 50001-23-31-000-2003-10432-
017.

5
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “1_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO_001CUADERNO1PRIME(.pdf) NroActua 3”, página 2 y siguientes.
6
"[…] Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones […]".
7
En providencia de 18 de marzo de 2010 esta Sección (radicación núm. 50001-23-31-000-2003-10432-01) decidió el grado
jurisdiccional de consulta respecto de la decisión de 28 de junio de 2007, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta

3

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

7.Indicaron que la ANLA, a través de las Resoluciones 331 de 15 de mayo de
20128, 466 de 15 de junio de 20129 y 514 de 29 de junio de 201210, prohibió la
explotación de hidrocarburos por encima de la cota de 575 metros sobre el nivel del
mar. Además, en las Resoluciones 331 y 466, prohibió la explotación sobre la
cuenca del río Humadea.

8. Mencionaron que la ANLA autorizó en la Resolución 0175 de 20 de febrero de
201311 la exploración de hidrocarburos sobre el rio Humadea, al considerar que ese
afluente era un caño, en donde se permite el desarrollo de actividades exploratorias
a 100 metros de la ribera del río, en vez de los 200 metros que establece la ley.

9. Agregaron que Ecopetrol S.A. y sus empresas contratistas instalaron el campo
exploratorio, a menos de cien metros del río, lo que provocó daños ambientales por
la tala y destrucción de un gran sector de flora nativa. La obra de explanación del
terreno para el clúster generó daños a la cuenca y contaminación a la fuente hídrica.
Además, si Ecopetrol S.A. y sus empresas llegasen a explotar hidrocarburos, serían
frecuentes los derrames de crudo, nafta u otros químicos al río Humadea.

10. Finalmente, consideraron que Cormacarena en un concepto técnico indicó que
no es procedente la exploración y explotación de hidrocarburos en el área de
influencia del río Humadea. Además, la Ley General del Turismo y varios actos
administrativos ordenaron la protección del río y sus alrededores.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

11. El magistrado sustanciador del proceso mediante auto de 5 de septiembre de
201312 admitió la demanda, ordenó la notificación a las partes, al agente del
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)
y dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.

12. Mediante auto de 27 de agosto de 201313, el a quo impartió una orden cautelar
de cesación inmediata de actividades en el área de perforación exploratoria CPO-9
Lorito-1, ubicada en la Vereda Montecristo del municipio de Guamal. Esa decisión

sancionó al municipio de Acacias con multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por desacatar la orden judicial
impartida por el citado tribunal en la sentencia de 11 de mayo de 2005. El tribunal ordenó municipio de Acacias y al
departamento del Meta realizar las gestiones necesarias para definir y delimitar las áreas de importancia estratégica para la
conservación de los recursos hídricos que surten los acueductos del citado municipio dentro del término de seis (6) meses.
Dentro del mismo término ordenó reservar los recursos del presupuesto para la vigencia del 2006 que permitan dar
cumplimiento a los dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. Además, fijo a favor del demandante el pago del incentivo
económico tasado en diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, repartido el 50% en cada uno de los entes
demandados, sin que se hubiese pagado la parte correspondiente al departamento del Meta.
8
“[…] Por la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones […]”.
9
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la resolución 331 del 15 de mayo de 2012 y se
toman otras determinaciones […]”.
10
“[…] Por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra la resolución 331 del 15 de mayo de 2012 […]”.
11
“[…] Por la cual se imponen medidas ambientales adicionales a las establecidas en la resolución 331 del 15 de mayo de
2012 […]”.
12
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “1_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO _001CUADERNO1PRIME(.pdf) NroActua 3”, página 291 y siguientes.
13
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “3_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO _003CUADERNODEMEDI(.pdf) NroActua 3”, página 2 y siguientes.

4

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

se confirmó mediante auto de 1.° de octubre de 2013, al resolver los recursos de
reposición presentados14.

13. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto de 30 de enero de 201415
revocó el auto recurrido y, en su lugar, dispuso “[…] la continuidad inmediata de las
actividades de ECOPETROL S.A. en el área de perforación exploratoria CPO-9
Lorito-1, ubicada en la Vereda Montecristo del Municipio de Guamal […]”16.

14. Mediante auto de 5 de mayo de 201417, el a quo decretó la nulidad de todo lo
actuado a partir de la notificación electrónica de la demanda y resolvió:

“[…] SEGUNDO: Por Secretaría, remitase (sic) con destino a las entidades
demandadas ECOPETROL, Ministerios de Minas y Energía y Medio Ambiente y a los
Directores Generales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) у
del Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), al Agente del
Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la
Defensoría del Pueblo a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda,
de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deben quedar en
el expediente a disposición. […]”.

15. El 20 de agosto de 201418 se declaró fallida la audiencia especial de que trata el
artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló proyecto de pacto de
cumplimiento.

16. Por medio de auto de 25 de mayo de 201519, se decretaron las pruebas del
proceso.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Ecopetrol S.A.20

17. La empresa se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en
las excepciones de mérito denominadas: i) “[…] Cumplimiento de obligaciones por
parte del Municipio de Rionegro […]”; ii) “[…] Ecopetrol cuenta con un plan de
contingencia especifico lorito-1 que realizó la valoración de los riesgos donde se

14
Ibidem, página 211 y siguientes.
15
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm. 2013-00276-01.
16
En esa providencia se explicó que: “[…] en este estado de la actuación y de conformidad con el material probatorio
que hasta ahora ha sido allegado al expediente, no se considera pertinente confirmar la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, dado que para el otorgamiento de la licencia, causante del presente litigio, la ANLA llevó a cabo el
procedimiento administrativo respectivo, concedió la licencia ambiental, profirió las decisiones modificatorias de la misma de
conformidad con las conclusiones derivadas de su labor de seguimiento y control, y ordenó las medidas ambientales
preventivas, las cuales fueron acatadas por ECOPETROL, entre otras decisiones. […]
Adicionalmente, del material probatorio analizado, se evidencia que la autoridad ambiental tomó medidas dirigidas a mitigar
el posible impacto ambiental que pudiese ocasionar la exploración y explotación efectuada por ECOPETROL en la zona
Lorito-1. […]” (Negrilla y resaltado del texto).
17
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “2_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO _002CUADERNO2PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 273 y siguientes.
18
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “”6_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO _006CUADERNO3PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 117 y siguientes.
19
Ibidem, páginas 226 y siguientes.
20
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “2_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO _002CUADERNO2PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 348 a 408.

5

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

determina que la ejecución del proyecto puede ir en armonía con el desarrollo
turístico del río Humadea […]”; iii) “[…] la autoridad nacional en atención a las
inquietudes de la comunidad tomo medidas adicionales para precaver cualquier
afectación […]”; iv) “[…] ausencia de valor probatorio de las fotografías
aportadas[…]”; v) “[…] inexistencia de vulneración de los derechos colectivos por la
ejecución de las actividades exploratorias en el pozo lorito 1 […]”; y vi) “[…] genérica
[…]”.

18. Mencionó que Ecopetrol S.A. presentó el 20 de junio de 2011 la solicitud de
licencia ambiental para el proyecto denominado “Área de Perforación Exploratoria
CPO9”, localizado en jurisdicción de los municipios de Acacias, Castilla la Nueva,
Guamal, Cubarral y San Martín en el departamento del Meta. Dicho proceso inició
con la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad con los
términos de referencia establecidos en la Resolución 1543 de 13 de agosto de
201021.

19. Respecto de esa evaluación ambiental aclaró lo siguiente:

“[…] El estudio tiene como objetivo brindar a la autoridad ambiental competente un
marco de referencia integrado y adecuado técnico-ambientalmente para facilitar la
toma de decisiones en el proceso de licenciamiento del Área de Perforación
Exploratoria - APE, que comprende el levantamiento de información primaria у
secundaria del área a licenciar en los medios Biótico, Abiótico y Socioeconómico
(línea base) y posteriormente define las correspondientes medidas de prevención,
corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos positivos y negativos
del proyecto. En el trámite de licenciamiento, cuya duración fue de 316 días hábiles,
la autoridad ambiental visitó el área a licenciar, requirió información adicional a
ECOPETROL y surtió una audiencia pública ambiental, cuyo objetivo fue en desarrollo
de lo dispuesto en el Art. 72 de la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 330 de 2007, dar a
conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y
privadas la solicitud de licencia ambiental la existencia del proyecto y los impactos
que este pueda generar y las medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar,
corregir o compensar dichos impactos, así como recibir opiniones, informaciones y
documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas.

Una vez otorgada la licencia ambiental, para el caso específico del Pozo Lorito 1,
ECOPETROL ha realizado las siguientes acciones, en cumplimiento a la licencia
ambiental y en atención a las inquietudes, inconformidades y quejas manifestadas por
la comunidad en relación con la presunta afectación que las actividades tendrían
sobre la cuenca del Rio Humadea:
✓ Elaboración y presentación de un Plan de Manejo Ambiental Específico documento
que radicó ante la AUTORIDAD COMPETENTE, el 28 de septiembre de 2011.
✓Elaboración de medidas de mitigación y control adicionales implementadas para el
Pozo Lorito 1, radicadas ante la ANLA mediante comunicación de 25 de enero de
2013.
✓Elaboración de Estudios Hidrológicos e Hidráulicos para el tránsito de crecientes en
el Rio Humadea respecto a la localización del pozo Lorito 1, remitido a la ANLA
mediante comunicación del 4 de febrero de 2013.

21
“[…] Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los
proyectos de explotación de hidrocarburos y se toman otras determinaciones […]”.

6

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Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

Por otra parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en ejercicio de sus
funciones de seguimiento y evaluación ambiental de las actividades de hidrocarburos,
para el caso del Pozo Lorito 1 ha desarrollado las siguientes:
✓Visita de seguimiento a realizada entre el 22 y 23 de noviembre de 2012.
✓ Expedición del Concepto Técnico No. 677 de 19 de febrero de 2013, como
consecuencia de la visita mencionada.
✓ Expedición de la Resolución 175 de 20 de febrero de 2013, mediante la cual se
imponen medidas adicionales a las establecidas en la licencia ambiental otorgada a
ECOPETROL, que se darán a conocer más adelante.
✓Expedición del Auto No. 515 de 20 de febrero de 2013 mediante el cual se efectúa
seguimiento y control ambiental, específicamente requiriendo a ECOPETROL a
adoptar las medidas presentadas a esa autoridad en el Pozo Lorito 1. […]”.

20. Expuso que el proyecto cuestionado no desconoce el uso del sector de
Humadea, ni afecta el área de protección de esa corriente hídrica, porque la
Plataforma Lorito 1 se encuentra a la distancia permitida por la ANLA y la
normatividad ambiental.

21. Precisó que la ANLA realizó control y seguimiento a las condiciones ambientales
de la locación Lorito 1, en atención a la queja interpuesta por la Alcaldía del
municipio de Castilla La Nueva. En el Auto 515 de febrero de 2013 se verificó que:
i) la ubicación de la Locación Lorito 1 no se ve afectada por inundaciones del río
Humadea, ni siquiera en escenarios de crecientes extremas; ii) la empresa respetó
la ronda protectora de 30 metros del rio Humadea, así como la franja de
preservación de 50 metros; iii) ese rio es una corriente hídrica de tercer orden; y iv)
los vértices más próximos de Lorito 1 están aproximadamente a 107 y 95 metros de
la cuenca.

22. Argumentó que la ANLA verificó el respeto de las zonas de exclusión establecidas
en la Resolución 466 de 15 de junio de 2012, conforme a las cuales, en el lecho del
río, la ronda hídrica y en su franja protectora de 50 metros, no es posible desarrollar
actividades de exploración o explotación de hidrocarburos.

23. Consideró que la ejecución del proyecto no generará impacto en el desarrollo
turístico del río Humadea, porque se ubica a 6.3 kilómetros del Balneario Humadea
y a 95 metros del cauce del río desde su cota máxima de inundación. Además, las
medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) son estrictas y no permiten la
degradación del recurso hídrico.

24. Aclaró que, para proteger el entorno natural y prevenir riesgos, la plataforma no
tiene piscinas, no se contempla la construcción de facilidades tempranas, no
realizarán vertimientos en las vías o áreas de aspersión en suelo, los fluidos de la
perforación serán transportados en carrotanques y conducidos a una estación
cercana de propiedad de Ecopetrol S.A., y la base de agua de la perforación serán
manejados, tratados y deshidratados mediante la utilización de recipientes Cash
Tank.

7

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Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

25. Explicó que, según el artículo 18 de la Ley 300 de 1996, la declaratoria de una
zona para desarrollo turístico prioritario requiere, previo a la decisión del Concejo
Municipal, el visto bueno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Posteriormente, como consecuencia de esta declaratoria, se le imprime al área
impulsada una afectación especial del uso del suelo para garantizar el desarrollo
prioritario de actividades turísticas. Dicho uso, según la norma, primará sobre
cualquier otro.

26. Resaltó que la declaratoria contenida en el Acuerdo Municipal 007 de 20 de
septiembre de 200022 no tuvo autorización expresa del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. Además, el reconocimiento contenido en el EOT del municipio
de Guamal solo abarca el espacio del Balneario Humadea, el cual se encuentra a
más de 6 kilómetros de la plataforma Lorito 1 y de la ronda protectora de 30 metros.

27. Consideró que “[…] El material fotográfico que se aporta con la acción, no pueden
ser tenidas en cuenta como pruebas, ya que es pertinente insistir en que las fotos
por sí solas no acreditan la fecha, ni se tiene certeza del lugar donde se capturan
las imágenes, por lo cual en este caso no puede entenderse probada la vulneración
del derecho colectivo de los accionantes a través de ellas […]”.

I.3.2. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales23

28. La ANLA se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que ha
acatado la ley en el ejercicio de sus funciones, sin vulnerar los derechos colectivos
invocados por la parte actora. Propuso las excepciones de “[…] Ausencia de
vulneración de derechos colectivos por parte de la autoridad nacional de licencias
ambientales – ANLA […]”, y “[…] Actuación conforme a la ley […]”.

29. Mencionó que realizó una evaluación objetiva de las actividades del proyecto
cuestionado para asegurar la protección de las condiciones ambientales y sociales
del área de influencia. A partir del análisis del estudio de impacto ambiental, en las
Resoluciones 331 y 466 de 2012, identificó las medidas que implementarían los
titulares de la licencia ambiental para mitigar, manejar y compensar cualquier
impacto negativo del proyecto.

30. Reconoció que, como toda actividad petrolera implica riesgos, la autoridad
ambiental exige, conforme al Decreto 312 de 17 de febrero de 1999 24, que las
empresas que desarrollen actividades que requieran licencia ambiental en el sector
de hidrocarburos implementen un plan de contingencia contra derrames de
hidrocarburos. En este caso el plan de contingencia incluye medidas de prevención,

22
“[…] Por el cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial municipal de Guamal, se definen los usos del suelo para
las diferentes zonas de los sectores rural y urbano, se establecen las reglamentaciones urbanísticas correspondientes y se
plantean los planes complementarios para el futuro desarrollo territorial del municipio […]”.
23
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “6_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO006CUADERNO3PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 5 a 24.
24
"[…] Por el cual se adopta el Plan nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias
nocivas […]".

8

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Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

como la construcción de un dique perimetral y la ampliación de la capacidad de las
estructuras de retención, entre otras.

31. Precisó que, según el concepto técnico 667 de 19 de febrero de 2013, no se
evidencia que el proyecto cuestionado represente un riesgo inminente que permita
suponer razonablemente un peligro grave para la salud o seguridad de las
generaciones actuales o futuras, ni para el medio ambiente.

32. Aclaró que la locación de Lorito 1 cumple con las zonas de exclusión y
restricciones de zonificación establecidas en la licencia ambiental para el APE CPO-
9, así como con las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

33. Señaló que, bajo las condiciones normales de operación descritas en el EIA del
APE CPO-9 y el PMA, el desarrollo de las actividades del pozo Lorito 1 no
representa una amenaza para el río Humadea ni para la bocatoma del acueducto
veredal Humadea, ubicada a 623 metros de la locación del pozo y aguas arriba de
la misma, por lo que la afectación es poco probable.

34. Explicó que la Gerencia Ambiental del Departamento del Meta no es la autoridad
competente para determinar la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad
objeto de licencia en el sector de hidrocarburos, razón por la cual el concepto técnico
001 de 23 de noviembre de 2012 no es vinculante. Sin embargo, esos resultados
se valoraron y descartaron en el concepto técnico 677 de 19 de febrero de 2013,
acogido por el Auto 515 de 20 de febrero de 2013.

35. Indicó que el tribunal se soportó en el concepto emitido por el departamento, para
ordenar una medida cautelar mediante auto de 27 de agosto de 2013. No obstante,
en el expediente LAM 5423 (folios 2043 a 2053) existe un fallo de tutela donde
también se utilizó ese concepto como prueba para negar las pretensiones de la
acción, porque no se demostró que el riesgo alegado fuera inminente.

36. Respecto del concepto de Cormacarena, manifestó que la ANLA evaluó esa
información en el Auto 515 de 20 de febrero de 2013. La ubicación de Lorito 1
cumple con lo dispuesto en las resoluciones aplicables y ese concepto no incluyó
los estudios específicos complementarios al PMA, ni las medidas de prevención y
control adicionales implementadas por Ecopetrol S.A.

I.3.3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible25

37. El ministerio propuso la excepción de “[…] falta de legitimación en la causa por
pasiva […]” y solicitó su desvinculación del presente proceso, porque no tiene
competencia alguna en los hechos que originan la demanda.

25
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “2_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO _002CUADERNO2PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 302 a 310.

9

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Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

38. Afirmó que la demanda carece de sustento legal y probatorio para imputarle algún
tipo de responsabilidad, conforme a las competencias señaladas en los Decretos
357026 y 357327 de 27 de septiembre de 2011. Explicó que la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ejerce actualmente las funciones de control y seguimiento a
las licencias ambientales que estuvieron a su cargo.

I.3.4. Ministerio de Minas y Energía28

39. El ministerio propuso la excepción de mérito de falta de legitimación en la causa
por pasiva, y solicitó que se le desvincule del trámite de la presente acción popular.
Además, aclaró que Ecopetrol S.A. y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
son entidades jurídicas independientes.

40. Señaló que, para la fecha de los hechos, sus competencias se encontraban
definidas por el Decreto 070 de 17 de enero de 200129. Esa norma precisó que le
corresponde formular políticas generales y nacionales sobre la exploración,
explotación, distribución y comercialización de los recursos mineros e hidrocarburos
del país, pero no detenta funciones directas de exploración ni explotación petrolera.

I.3.5. Agencia Nacional de Minería30

41. La ANM presentó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que no tiene responsabilidad ni incidencia alguna sobre los hechos
objeto de la acción popular. Aclaró que, como autoridad minera, no posee
competencia en materia de hidrocarburos, pues dentro de las funciones legales
encomendadas por la Ley 685 de 15 de agosto de 200131 no se encuentra ninguna
relacionada con la explotación de ese recurso no renovable.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

42. La Sala Sexta Oral del Tribunal Administrativo del Meta mediante sentencia de 4
de abril de 202432, negó las pretensiones de la demanda, porque no se demostró la
vulneración o amenaza de los derechos colectivos establecidos en los literales a),
b), c), d), e), f), g), i) y n) del artículo 4.° de la Ley 472 de 1998.

43. Explicó que la ANLA otorgó la licencia ambiental de ese proyecto a través de la
Resolución 0331 de 2012, modificada por las Resoluciones 0466 y 0514 del mismo

26
“[…] Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el
Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.
27
“[…] Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan otras disposiciones […]”.
28
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “2_INCORPORA
EXPEDIENTEDIGITALIZADO _006CUADERNO3PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 44 a 62.
29
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía […]”.
30
Mediante oficio de 23 de septiembre de 2013, el Servicio Geológico Colombiano explicó que, de conformidad con el Decreto
4131 de 31 de noviembre de 2011, que modificó la naturaleza y denominación de INGEMINAS, dio traslado de la demanda a
la ANM como autoridad competente. Cfr. índice 3 del expediente digital del tribunal. Documento denominado
“2_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO _002CUADERNO2PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 25 a 61, y 271 a 299.
31
"[…] Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones […]".
32
Cfr. Índice 22 del expediente digital de primera instancia.

10

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

año. Estas resoluciones definieron las áreas de exclusión, las rondas de protección
y las zonas de manejo ambiental, incluyendo el río Humadea y sus bocatomas.

44. Argumentó que Ecopetrol S.A. contaba con todos los instrumentos legales
requeridos, el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, los
estudios hidrológicos y el Plan de Contingencia, mediante los cuales se adoptaron
medidas preventivas y de mitigación ante posibles impactos o derrames.

45. Afirmó que, de acuerdo con las pruebas presentadas, la plataforma Lorito 1
respetó las distancias establecidas en la licencia ambiental y sus modificaciones
respecto al río Humadea y los acueductos de Castilla La Nueva y Humadea. Según
los informes técnicos y las visitas realizadas por la ANLA, la plataforma está ubicada
a 95 y 107 metros del río Humadea, dentro de los límites mínimos de protección
ambiental establecidos por la legislación vigente. Además, se constató que la
plataforma se encuentra a más de 600 metros de la bocatoma del acueducto de
Castilla La Nueva y a más de 2.000 metros del acueducto veredal de Humadea.

46. Resaltó que los conceptos de Cormacarena y del departamento del Meta,
relacionados con el riesgo de derrame de hidrocarburos, fueron desvirtuados por la
ANLA, que determinó que no hubo incumplimiento de la licencia ambiental ni
afectación a los cuerpos de agua. También se verificó que la autoridad ambiental
atendió las quejas ciudadanas, resolvió los recursos y permitió la participación de la
comunidad en visitas y trámites administrativos.

47. Indicó que las resoluciones de la ANLA respetaron los Acuerdos Municipales 007
de 2000 y 009 de 2005, dado que el río Humadea y sus áreas de protección fueron
excluidos del área de intervención, ubicándose la plataforma Lorito-1 fuera de las
zonas de protección declaradas como patrimonio ecológico y turístico.

48. Con fundamento en lo anterior, el tribunal resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Abstenerse de condenar en costas.

TERCERO: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
por Secretaría remítase copia de la demanda, del auto admisorio y de esta sentencia
a la Defensoría del Pueblo - Registro de Acciones Populares.

CUARTO: Ejecutoriada la presente decisión, por Secretaría, archívese el expediente,
dejando previamente las anotaciones del caso […]”. (Negrilla del texto).

III. RECURSO DE APELACIÓN

49. El actor popular Jesús María Quevedo Diaz solicitó la revocatoria de la sentencia
de primera instancia, conforme a la cual el “[…] proyecto LORITO 1[…]” es viable,
dado que en el plenario se acreditó que:

11

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

“[…] 1. UBICACIÓN DEL PROYECTO: está ubicado dentro de la Cuenca del Río
Humadea en un sector de gran densidad poblacional, muy cerca a la vía nacional que
de Guamal conduce al San Martin de los Llanos, departamento del Meta.
2.IMPORTANCIA DEL SECTOR COMO POLO TURISTICO Y AMBIENTAL: es un
sector muy visitado por propio y turistas que visitan el sector del Humadea
especialmente de Villavicencio, Bogotá D.C, poblaciones cercanas, y visitantes de
otros departamentos cercanos como Boyacá, Casanare, Tolima y el mismo
Cundinamarca.
3.En cuanto a la importancia ambiental hídrica, se debatió ampliamente dentro del
proceso, la generación de aguas para el consumo humano del Municipio de Castilla
La Nueva y el caserío rural de Humadea.
4.Por su topografía (hablando de la ubicación de LORITO 1) es una pendiente que
fácilmente, al haber un derrame bien sea de crudo u otra sustancia química, llegaría
en menos de tres o cinco minutos al cauce del río, tal como lo delatan los estudios
hechos para el desarrollo de este proyecto.
5.Si bien es cierto que la ubicación del proyecto LORITO 1 queda fuera del caserío
Humadea, no se debe de obviar que el proyecto está ubicado arriba del caserío, o
sea que en caso de derrame, bien se de crudo o algún químico, llegaría este derrame
inexorablemente al caserío por medio del cauce del río, y así mismo pudiendo afectar
los dos acueductos existentes en el sector.
6.Según el DANE Castilla la Nueva del Departamento del Meta, tiene una población
de casi 20.000 habitantes, los cuales se sabe que el casco urbano se surte de las
aguas captadas del río Humadea, y; el caserío rural de Humadea bien puede contar
con 1.500 habitantes
7.Lo anterior genera que, en caso de una emergencia de contaminación al río
Humadea, se generaría una tragedia humanitaria, catástrofe Ambiental, emergencia
social económica y un sin número de crímenes tanto humanitarios como ambientales
y sociales.
8.No es de olvidar, que uno de los dogmas en el derecho, es el principio de
precaución, pues no se puede decidir y luego remediar situaciones que en estos caso
son daños irremediables, dado a la afectación Ambiental, pues este recurso bien sea
de flora, fauna o hídrico no se recupera, remedia o supera en cierto grado, pero no
sana totalmente.
9.Por lo anterior veamos los siguientes casos.
a.Fue muy sonado el caso de una fuente hídrica contaminada por ECOPETROL por
allá hace unos seis o siete años, en lo cual el responsable tuvo que asumir los costos
de la emergencia y la estabilización de afluente.
b.Pero el caso real y muy cercano a la realidad y que se pude repetir (sic) en la cuenca
del Humadea, es el de la contaminación de los pozos aljibes de la Vereda la
Esmeralda de Acacias y que por culpa de Ecopetrol y sus empresas contratistas,
contaminaron los pozos profundos de agua, abastecedores del agua para el consumo
humano de esa vereda y que aún son afectados en un número de más de 1.000 (ver
Acción Popular 2013-00348-00 M.P Héctor Enrique Rey Moreno del Tribunal
Administrativo del Meta).
10.Es por esto, que en conclusión así los estudios, permisos, licencias, estrategias y
todo lo que se pueda tener en cuenta, es la perspectiva de un eventual caso de
contaminación a la fuente hídrica río Humadea, y las consecuencias que estos tendría
para la vida humana, animal, vegetal, hídrica y el impacto generalizado a nivel social
y humanitario.
11.Por último, es de recalcar no solo a la ANLA sino a ECOPETROL S.A y demás
involucrados, que cuando se licencio el proyecto LORITO 1, el sector para los años
2.011 y 2,012, ya era densamente poblado, y por lógica doce años después, esta
oblación (sic) ha aumentado considerablemente, por lo que se puede considerar que
esta zona es un sector semi urbano ya no solo con un solo caserío, sino con varios
asentamientos humanos.

12

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

12.Es por esto, que los argumentos dados por el Ministerio Público (Defensoría del
Pueblo) son acordes a la realidad que se vive en el proyecto LORITO 1 del sector del
Humadea de Guamal Meta.
13.Otro aspecto a tener en cuenta, si bien se dice que la actividad de exploración y
explotación de los hidrocarburos no atenta contra el eco turismo, en este caso si lo
afecta, dado a la vía terciarias, que se utilizan en la zona las cuales son terciarias,
pues en el sector hay actividad de campin, senderismo, ciclo montañismo, y el tráfico
de vehículos pesados y de transporte de hidrocarburos contradice con la actividad
turística antes señalada. […]”.

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

50. El magistrado sustanciador del proceso mediante auto de 22 de mayo de 202433,
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación presentado por el
demandante.

51. A través de auto de 18 de julio de 202434 se admitió el recurso de apelación, se
notificó al Ministerio Público para que emitiera concepto, se prescindió del traslado
para alegar de conclusión y se les advirtió a los sujetos procesales que podían
pronunciarse en relación con el recurso de apelación.

52. Ecopetrol S.A. reiteró los argumentos de defensa y consideró que no se
controvirtió de manera concreta las razones jurídicas o probatorias en las que el
tribunal fundamentó su decisión35.

53. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

54. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201136 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201937, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

55. La parte demandante atribuyó a Ecopetrol S.A., a la ANLA, a la ANM, al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Minas y Energía, la
transgresión de los derechos colectivos establecidos en los literales a), b), c), d), e),
f), g), i) y n) del artículo 4° de la Ley 472, debido a los impactos negativos

33
Cfr. Índice 28 del expediente digital de primera instancia.
34
Cfr. Índice 4 del expediente digital del Consejo de Estado.
35
Cfr. Índice 11 del expediente digital del Consejo de Estado.
36
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
37
“[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.

13

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

ocasionados por la construcción y operación del pozo exploratorio Lorito 1 en el
bloque CPO9.

56. En la sentencia de 4 de abril de 2024, la Sala Sexta Oral del Tribunal
Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no
se probó la vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor popular.
Explicó que la ANLA otorgó la licencia ambiental del proyecto a Ecopetrol S.A.
previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales, pues la plataforma
Lorito 1 respeta las distancias mínimas de protección respecto al río Humadea y los
acueductos de la zona.

57. El actor popular señaló en el recurso de apelación que las pruebas incorporadas al
proceso demuestran la vulneración de los derechos colectivos invocados en la
demanda, porque el proyecto cuestionado se ubica en la cuenca del río Humadea,
zona poblada y relevante en términos turísticos y ambientales, que provee agua
potable a las comunidades locales. Explicó que la actividad petrolera perjudica el
ecoturismo y un derrame podría afectar gravemente a la comunidad. Igualmente,
consideró procedente acoger el concepto de la Defensoría del Pueblo y aplicar el
principio de precaución para evitar que se presente un desastre como el ocurrido en
la vereda la Esmeralda del municipio de Acacias.

V.3. Análisis del caso concreto

58. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) la configuración del
instituto de cosa juzgada; ii) la prueba sobre la presunta amenaza o transgresión de
los derechos colectivos señalados en la demanda; iii) el valor probatorio del
concepto del Defensor del Pueblo; y iv) la aplicabilidad del principio de precaución.

V.3.1. Análisis de oficio de la configuración del instituto de cosa juzgada

59. La cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual
los asuntos decididos por los jueces no pueden controvertirse nuevamente, una vez
sus sentencias quedan ejecutoriadas, salvo expresa excepción legal. En virtud de
las características de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de las sentencias,
la cosa juzgada constituye una excepción previa que, en caso de encontrarse
acreditada, debe ser decretada de oficio, teniendo por efecto la terminación del
proceso.

60. Conforme a la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, una
sentencia de tutela puede generar efectos de cosa juzgada frente a una acción
popular cuando existe identidad en el objeto, causa y partes intervinientes. En la
sentencia de 24 de octubre de 202438, esta autoridad judicial explicó que, aunque
el objeto de la acción de tutela es la protección de los derechos fundamentales,
cuando existe una conexidad estrecha entre estos y la salvaguarda de los derechos

38
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Margoth Peña Garzón, radicación núm: 85001-23-33-000-2020-00505-01.

14

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

colectivos, como ocurre en temas ambientales, debe considerarse que el fallo del
juez de tutela protegió también los derechos colectivos.

61. La Sala advierte que el 29 de noviembre de 2012, la ciudadana Dora Marlén
Arévalo Espinosa interpuso acción de tutela, en nombre propio y en representación
de su hija, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida y a
la salud, amenazados por Ecopetrol S.A., mediante la construcción de la plataforma
exploratoria Lorito 1 y de su vía de acceso.

62. A título de pretensiones solicitó que se ordene “[…] suspender cualquier tipo de
industria de exploración petrolera en el área de la cuenca ubicada aguas arriba de
la bocatoma del acueducto por gravedad de la vereda Humadea […]”.

63. La accionante adujo que Ecopetrol S.A. no tuvo en cuenta la bocatoma del
acueducto de la vereda Humadea en su estudio de impacto ambiental y, por
consiguiente, en el proceso de concesión de la licencia ambiental no se valoraron
los posibles impactos negativos causados al acueducto veredal en virtud de la
exploración realizada por Ecopetrol S.A. Consideró que la plataforma exploratoria
estaría afectando un área de recarga de acuíferos utilizados para consumo humano.

64. Por medio de auto de 11 de enero de 2013, el Juez Promiscuo Municipal de
Guamal ordenó vincular a la ANLA como tercera con interés en el proceso.

65. Mediante sentencia de 15 de enero de 2013, el referido juzgado negó el amparo
de los derechos de la accionante. Afirmó que, si bien en el desarrollo de este
proyecto de exploración petrolera pueden presentarse emergencias, existe el plan
de contingencia para contrarrestar las posibles afectaciones a la vida y al
medioambiente, cumpliéndose con las exigencias de la licencia ambiental otorgada
a Ecopetrol S.A.39.

66. La accionante impugnó la sentencia de primera instancia. Al resolver la
impugnación, el Juzgado Penal del Circuito de Acacías, mediante sentencia de 26
de febrero de 2013, confirmó la sentencia de 15 de enero de 2013, al considerar
que el medio de defensa judicial idóneo en este caso es la acción popular40.

67. La Corte Constitucional, mediante sentencia T-652 de 2013, revocó la sentencia
proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías y, en su lugar, concedió el
amparo solicitado por la señora Dora Marlén Arévalo Espinosa, en los siguientes
términos:

39
Señaló que la acción de tutela no es procedente porque no cumple el requisito de subsidiaridad. El proyecto de exploración
comenzó en 2010, y tanto la demandante como la comunidad estaban informados desde ese entonces, pero no presentaron
oposición al desarrollo del proyecto, ni a la concesión de la licencia ambiental.
40
Explicó que la actora expone la problemática desde un contexto que involucra no solo a la comunidad de la vereda
Humadea, sino a los municipios de Guamal y Castilla La Nueva, entre otros. Además, sus pretensiones se centran en solicitar
la suspensión de cualquier exploración petrolera en el área donde se encuentra la bocatoma del acueducto de Humadea, sin
que se haya acreditado la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.

15

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

“[…] Segundo.- ORDENAR la suspensión de las actividades tendientes a la
construcción u operación de la plataforma exploratoria Lorito 1. La suspensión tendrá
aplicación hasta que, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, se determine que la plataforma Lorito 1 cumple con las condiciones
establecidas en las resoluciones n. 331 de 2012 y n. 466 de 2012 respecto de las
zonas de recarga hídrica del río Humadea.

Tercero.- ORDENAR a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- que,
dentro del término de tres meses siguientes a la notificación del presente fallo, realice
la valoración técnica necesaria para determinar si la ubicación de la plataforma Lorito
1 cumple con los límites, los requisitos y las exigencias previstos en la licencia
ambiental contenida en las resoluciones 331 y 466, ambas de 2012, respecto de las
zonas de recarga hídrica del río Humadea. […]”.

68. Frente a la procedencia de la acción popular, la Corte Constitucional señaló lo
siguiente:

“[…] si bien es posible que la situación fáctica planteada se proteja por medio de
acción popular, con este mecanismo se estaría garantizando un contenido distinto al
objeto de protección que tiene la acción de tutela. En efecto, aunque la protección
iusfundamental solicitada puede implicar de forma indirecta la garantía del medio
ambiente –si es que se comprueba que la plataforma Lorito 1 está ubicada a menos
de 100 metros de una zona de recarga hídrica-, lo que buscaría asegurar la acción de
tutela es el derecho a que la accionante, su hija y los demás habitantes de la vereda
Humadea accedan al servicio de acueducto en condiciones adecuadas, esto implica
garantizar que la fuente hídrica de la cual el acueducto de Humadea toma sus aguas
no sea afectada por la plataforma en construcción u operación. Aunque la situación
fáctica puede implicar afectaciones a derechos colectivos, no es su protección la que
se busca por medio de la acción que ahora conoce la Corte Constitucional; y,
viceversa, no será la garantía del acceso al agua apta para el consumo humano de
la señora Arévalo Espinosa, de su hija o de los habitantes de la vereda Humadea el
objeto a proteger por una acción popular.

La diferencia en el objeto que se salvaguarda puede implicar, adicionalmente, que,
en caso de demostrarse vulneración, las medidas tomadas en una y otra acción
difieran, por cuanto el fin de la protección es diferente.

Esta situación confirma que, aunque a la misma situación fáctica se encuentre dentro
del ámbito de protección de dos acciones distintas, las medidas propias de cada una
pueden diferir con base en el objeto que cada una tenga previsto proteger. […]”.

69. Actoseguido, la Corte determinó que la construcción de la plataforma de
exploración Lorito 1 representaba una amenaza directa al derecho de la accionante
y la comunidad a acceder al agua potable, lo que a su vez pone en riesgo los
derechos fundamentales a la salud, a la vida y a una calidad de vida digna41.

41
De esa sentencia se extrae el siguiente apartado: “[…] La situación planteada en este caso ante el juez de tutela es un
problema con un alto contenido técnico. En el expediente se aportan dos conceptos técnicos que coinciden en señalar la
existencia de una situación que para ellos representa un incumplimiento de los términos de la licencia ambiental concedida y
para el juez de tutela, además, implica una amenaza al derecho de los habitantes de la vereda Humadea de acceso al agua
en condiciones aptas para el consumo humano. Si bien la construcción de la plataforma Lorito 1 se realizó dentro del área de
exploración autorizada por el ANLA a Ecopetrol y, aparentemente, cumple la distancia que debe tener respecto del río
Humadea, de acuerdo con Cormacarena y con la Gerencia Ambiental de la Gobernación del Meta, la plataforma Lorito 1, así
como su vía de acceso, se ubican en una zona de exclusión de acuerdo a los términos de la licencia ambiental. Dicha situación
se presenta pues, como tantas veces se ha manifestado, no cumplen con la distancia requerida respecto una zona de recarga
hídrica del río Humadea. Esto implica que la plataforma y la vía de acceso pueden afectar de forma negativa la fuente de la
que, aguas abajo, se sirve el acueducto veredal de Humadea, lo que, además del incumplimiento de los términos de la licencia
–aspecto que incumbe al ANLA-, representa una afectación al derecho fundamental de acceso al agua en condiciones aptas
para el consumo humano, aspecto relevante para el juez de tutela. […]”

16

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Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

70. A partir de lo anterior, la Sala advierte que no existe cosa juzgada entre la acción
de tutela supra y la presente acción popular. Ambos procesos refieren a hechos
similares y los sujetos procesales del extremo pasivo coinciden parcialmente. Sin
embargo, los derechos objeto de protección son distintos en cada proceso e incluso
la causa petendi de la acción popular incorpora hechos nuevos y posteriores que no
fueron considerados en su momento por la Corte Constitucional.

71. En la presente demanda se destacó que la ANLA, mediante Resolución 0175 de
20 de febrero de 2013, autorizó la exploración de hidrocarburos sobre el río
Humadea. Este hecho adicional modifica el contexto y los elementos fácticos de
ambos procesos.

72. Finalmente, como lo argumentó la Corte Constitucional en la sentencia T-652 de
2013, la acción popular y la tutela tienen enfoques y propósitos diferentes. En esta
acción popular se pretende la implementación de medidas estructurales para el
beneficio de toda la comunidad. De manera que es procedente efectuar un análisis
de fondo del recurso de apelación del actor popular, al no configurarse el fenómeno
de cosa juzgada.

V.3.2. La prueba sobre la presunta amenaza o transgresión de los derechos
colectivos señalados en la demanda

73. El actor popular afirmó que el pozo exploratorio de hidrocarburos Lorito 1
transgrede los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la moralidad
administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, a la
conservación de las especies animales y vegetales, a la protección de las áreas de
especial importancia ecológica, al goce del espacio público, a la defensa de los
bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público, a la defensa del
patrimonio cultural de la Nación, a la seguridad y salubridad públicas, a la libre
competencia económica, así como los derechos de los consumidores y usuarios,
como se demostró durante el transcurso del proceso.

74. Adujo que ese proyecto se ubica dentro de la cuenca del río Humadea, zona de
alta densidad poblacional y relevancia turística y ambiental. Dicha cuenca abastece
de agua potable al municipio de Castilla La Nueva y al caserío rural de Humadea y,
por eso, un derrame de crudo o químicos podría contaminar el río y afectar a miles
de habitantes. Además, consideró que las actividades relacionadas con la
exploración y explotación de hidrocarburos afectan negativamente el ecoturismo
local, especialmente por el tránsito de vehículos pesados en vías terciarias, lo cual
contradice el uso recreativo y turístico del área.

75. Con el propósito de resolver los argumentos, la Sala recuerda que los supuestos
sustanciales para la procedencia de las acciones populares son, en primer lugar,
que se demuestre una acción u omisión por parte de las autoridades públicas o de

17

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales42. En
segundo orden, la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza o
vulneración de los derechos colectivos43. Y, en tercer lugar, la relación de causalidad
entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses mencionados44.

76. Para garantizar que el desarrollo de las actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos respete los derechos colectivos establecidos en los literales a), b),
c), d), e), f), g), i) y n) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, la licencia ambiental
funge como “[…] aquella autorización que otorga la autoridad ambiental competente
a una persona, mediante acto administrativo, para que emprenda la ejecución de un
proyecto, obra o actividad que puede llegar a producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables
o notorias al paisaje, estableciendo los requisitos, obligaciones y condiciones que el
beneficiario de la Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir,
compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad
autorizada […]”45.

77. Conforme a los artículos 49, 50 y 54 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199346
y 1.° del Decreto 3573 de 2011, la ANLA es la entidad encargada de verificar que la
licencia ambiental del caso concreto contemple todas las medidas necesarias para
corregir los posibles impactos económicos, sociales y ambientales del proyecto
cuestionado.

78. Una vez otorgada la licencia, esa autoridad realiza un seguimiento riguroso al
cumplimiento de los parámetros establecidos, y tiene la facultad de modificar ese
permiso si detecta cambios en el proyecto, impactos negativos no valorados o
nuevas circunstancias que puedan afectar los recursos naturales o el entorno social,
como lo señala el artículo 29 del Decreto 2041 de 15 de octubre de 201447,
compilado en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201548.

79. En el proceso se demostró que el 20 de junio de 2011, Ecopetrol S.A. solicitó
licencia ambiental para el proyecto denominado Área de Perforación Exploratoria
CPO-9, localizado en la jurisdicción de los municipios de Acacias, Castilla La Nueva,
Guamal, Cubarral y San Martín, en el departamento del Meta.

42
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. María Elizabeth García González, radicación
núm. (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01.
43
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación
núm. 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). El artículo 9. ° de la Ley 472 previó que: “[…] Las acciones populares proceden
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los
derechos e intereses colectivos. […]”.
44
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación núm.
50001-23-31-000-2004-00640-01(AP).
45
Consejo de Estado, Sección Primera. Bogotá, 29 de noviembre de 2010. Consejero Ponente: RAFAEL E. OSTAU DE
LAFONT PIANETA. Expediente Núm. 47001-23-31-000-1996-04746-01.
46
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones […]”.
47
“[…] Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales […]”.
48
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.

18

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80. La empresa radicó el Estudio de Impacto Ambiental ante Cormacarena, mediante
oficio 2440-E2-75785 de 1.º de julio de 2011, de conformidad con lo ordenado por
el artículo 24, parágrafo 4, del Decreto 2820 de 5 de agosto de 201049, para que
esa autoridad rindiera concepto.

81. Mediante Auto 2322 de 21 de julio de 2011, el entonces Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible dio inicio al trámite de licencia ambiental. Entre el 5 al 9 de
septiembre de 2011, el equipo técnico del ministerio efectuó una visita técnica al
proyecto.

82. A través de Auto 3393 de 28 de octubre de 2011, esa cartera ministerial requirió
a Ecopetrol S.A. información adicional con el fin de determinar la viabilidad o no de
otorgar la licencia ambiental.

83. Mediante Auto 634 de 7 de marzo de 2012, la ANLA ordenó la celebración de
una audiencia pública ambiental por petición de 216 miembros de la Asociación
Comunal de Juntas del municipio de Acacias del departamento del Meta. Esa
audiencia se celebró el 10 de abril de 2012.

84. La autoridad ambiental, mediante concepto técnico 745 de 15 de mayo de 2012,
analizó los requerimientos de la comunidad.

85. En el plenario obra la Resolución núm. 0331 de 15 de mayo de 2012, expedida
por la ANLA, mediante la cual otorgó a Ecopetrol S.A. licencia ambiental para el
proyecto denominado Área de Perforación Exploratoria CPO-9, localizado en la
Jurisdicción de los Municipios de Acacias, Castilla La Nueva, Guamal, Cubarral y
San Martín, en el departamento del Meta50.

86. La parte resolutiva del acto en mención precisó lo siguiente:

“[…] 4. La captación en el cuerpo de agua sólo podrá hacerse, siempre y cuando se
garantice y no se ponga en riesgo un caudal mínimo en el cauce con el cual no se
comprometa la disponibilidad del recurso, en términos del volumen del agua que
debe permanecer en el cuerpo de agua para garantizar el sostenimiento de los
ecosistemas acuáticos y el desarrollo de las actividades socio económicas de
los usuarios aguas abajo del punto de captación autorizado.

5. De cualquier manera, en el evento que durante el período de captación se presente
una disminución de los caudales que pueda afectar las condiciones del ecosistema,
la flora o la fauna de la corriente, o causar perjuicio a los usuarios aguas abajo del
punto de captación, se suspenderá de manera inmediata la captación, hasta tanto se
produzca su recuperación y se dará aviso de este hecho a CORMACARENA y a la
ANLA.

Para inspeccionar y confirmar que se mantenga la estabilidad hidrológica y el caudal
mínimo establecido para la fuente autorizada frente a las captaciones realizadas, a

49
“[…] Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales […]”.
50
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “1_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO_001CUADERNO1PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 56 y siguientes.

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la empresa ECOPETROL S.A., deberá monitorear como mínimo mensualmente
el caudal de esta fuente hídrica (aguas arriba y aguas abajo del punto de
captación), durante el tiempo de vigencia de la concesión. Para el caso del rio
Ariari el monitoreo de caudales se realizará con una frecuencia mensual como
mínimo si la captación se realiza durante la época de lluvias en la zona (abril a
noviembre) y semanal en caso que se realice en la época seca (diciembre a marzo).
Los registros que se tomen deben ser presentados por CORMACARENA y la ANLA
en los informes de cumplimiento ambiental correspondientes.

[…] 8. Se autoriza la captación en el rio Ariari, a través de equipo de bombeo fijo y
conducción por línea de flujo […]

9. Los carrotanques que se utilicen para realizar la captación no podrán, por
ningún motivo, ingresar a la corriente de agua. Dichos vehículos deberán ubicarse
a una distancia suficiente de la margen de la fuente hídrica durante el proceso de
captación, con el fin de prevenir alteración de las características del recurso hídrico;
además se deberán realizar mantenimientos periódicos a las motobombas y
vehículos transportadores del agua con el fin de evitar contaminación del medio por
fugas de grasas y/o combustibles durante las captaciones.

10. El equipo de bombeo fijo será ubicado sobre placa de concreto, con dique
perimetral para evitar que eventuales derrames de combustibles y aceites
contaminen el suelo adyacente y el cuerpo del agua. De igual manera, dicha estación
de bombeo deberá contar con techo, cerramiento, equipos para atender posibles
conatos de incendios, kits para atender derrames de combustible y drenaje hacia una
trampa de grasas como control para posibles escapes de aceite provenientes de los
equipos.

[…] 17. Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como:
campañas culturales de ahorro; ubicación de registros y flotadores de los tanques de
almacenamiento; mantenimiento, revisión y control de fugas en las tuberías de
conducción y distribución ; recolección de aguas lluvias para su posterior utilización;
así como todas aquellas medidas que permitan establecer un ahorro y uso eficiente
del recurso y en la Política de Producción de Consumo Sostenible, implementando
los indicadores y metas que se establecen en el Artículo Primero de la Ley 373 de
1997 y en la Política de Producción y Consumo Sostenible. Es decir, que la concesión
de agua otorgada para el presente proyecto logre incorporar para el año 2013 el 3%
y para el 2019 el 10% menos de la concesión otorgada; en este sentido, el alcance,
contenido y avance de dichos programas deberá incluirse en los respectivos ICA’s.

VERTIMIENTO

Otorgar a la empresa ECOPETROL S.A., permiso para el vertimiento de aguas
residuales domésticas y e industriales generada durante el desarrollo de las
actividades exploratorias que comprende el proyecto “Área de Perforación
Exploratoria CPO-9Perforación” previamente tratadas y dando cumplimiento a la
normatividad vigente para tal efecto, incluyendo las aguas resultantes de pruebas
hidrostáticas de líneas de flujo, mediante riego de aspersión en Zonas de Disposición
(ZODAR’s), en las siguientes unidades de suelo: RVOax, PVAa, VVcaxy; en áreas
aledañas a las locaciones de cada plataforma, en un caudal máximo a disponer de
2.7 l/s en cada ZODAR, y/o mediante riego sobre las vías de acceso al proyecto sin
pavimentar al interior del área licenciada, en un caudal máximo a disponer de 2.7l/s.

Obligaciones: […]

b. Garantizar que con el vertimiento de aguas residuales mediante riego en vías
o ZODAR, no se generen procesos de saturación por el agua dispuesta o de

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escorrentía superficial que puedan a su vez generar contaminación de suelos,
afectación de la salud humana, procesos erosivos y/o afectación de cultivos o
áreas aledañas a los sitios de aspersión.

c. Allegar a esta autoridad y a CORMACARENA, anexo a cada informe de
Cumplimiento Ambiental, el programa de mantenimiento y operación de los
sistemas de aguas residuales empleados para el uso industrial y doméstico:
así como los reportes de los monitoreos de las aguas residuales domésticas,
industriales y de producción y de los afluentes y efluentes de los sistemas de
tratamiento, debidamente analizados.

[…] g. Los residuos líquidos aceitosos generados por el mantenimiento de maquinaria
y equipos, así como los materiales peligrosos se deberán almacenar en un sitio
seguro que cuente con piso impermeabilizado y sistema de cunetas perimetrales –
Skimmer, conectadas al sistema de tratamiento de aguas industriales.

[…] i. Construir cunetas perimetrales para el manejo y conducción del agua de
escorrentía procedente de las zonas de la localización que no tengan
posibilidad de contaminarse. La plataforma se conformará con un bombeo hacia
las cunetas perimetrales de tal forma que la escorrentía fluya libremente hacia ellas…

r. Se deberá asegurar que durante la irrigación de las vías no se presenten
encharcamientos, procesos erosivos o daños a la estructura de las mismas, ni
contacto con sectores diferentes a las bancas de las vías. […]”51. (Negrilla fuera del
texto).

87. La licencia ambiental estableció que Ecopetrol S.A. solo podrá realizar el
aprovechamiento forestal manteniendo una distancia mínima de 30 metros desde el
borde de la franja de vegetación que protege los cauces, o desde la línea de mareas
más altas en los cauces permanentes y estacionales dentro del área del proyecto.
Además, se prohibió la realización de quemas, entre otras obligaciones adicionales.

88. También se fijaron reglas específicas para la gestión de residuos tanto
domésticos como industriales. Se asignaron obligaciones en materia de
reforestación para conservar y proteger la cobertura vegetal. Ecopetrol S.A. tenía
que firmar, junto con el municipio y/o la autoridad ambiental regional, un acta de
compromiso que garantice que el terreno se destinaria exclusivamente a la
reforestación, conservación y protección de la cobertura vegetal. Dicha acta tenía
que incluir un inventario de las especies presentes en el terreno y el número de
hectáreas que se protegerán y conservarán.

89. Se estableció que las obras de ingeniería que se construyan en los sitios de
ocupación de cauces autorizados, “[…] deberán garantizar en todo caso la
estabilidad de dichos cauces, el flujo del recurso hídrico que circule por ellos y el no
deterioro por el tránsito de vehículos. Las obras que se construyan en cada sitio de
ocupación de cauce, deberán tener la capacidad hidráulica suficiente para
garantizar el normal flujo de las aguas […]”, entre otras medidas preventivas.

51
Ibidem.

21

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90. La Sala resalta que, según la licencia ambiental, no se permite la captación de
agua durante ninguna época del año en los ríos Oroty, Guamal, Humadeita y
Humadea. Asimismo, se prohibió la entrega de aguas residuales tratadas del
proyecto a esas fuentes, y el Plan de Manejo Ambiental se aprobó con ciertos
ajustes que buscaban proteger el medio abiótico (elementos físicos y químicos), el
medio biótico (fauna y flora) y el entorno socioeconómico.

91. Mediante Resolución 0466 de 15 de junio de 201252, la ANLA resolvió el recurso
de reposición interpuesto por Ecopetrol S.A., contra la Resolución 0331 de 15 de
mayo de la citada anualidad. Ese acto administrativo ajustó la zonificación prevista
para el manejo ambiental en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el numeral 1 del artículo tercero de la
Resolución N° 331 del 15 de mayo de 2012, por la cual esta Autoridad, otorgó Licencia
Ambiental a la Sociedad ECOPETROL S.A., para el proyecto “Área de Perforación
Exploratoria CPO-9”, localizado en jurisdicción de los municipios de Acacias, Castilla
La Nueva, Guamal, Cubarral y San Martín en el departamento del Meta, el cual
quedará así:

“ARTÍCULO TERCERO. La Licencia Ambiental otorgada mediante el presente acto
administrativo, sujeta al beneficiario de la misma al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, a la
normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de los siguientes
requerimientos y obligaciones:
1. Se establece para el “Área de Perforación Exploratoria CPO9”, la siguiente
Zonificación de Manejo Ambiental:

ÁREAS DE EXCLUSIÓN […] Áreas de reserva municipales establecidas
Áreas donde el proyecto no como tal mediante acto administrativo.
puede hacer ningún tipo de Áreas cuyo uso el EOT/PBOT/POT defina
intervención, como lo son expresamente la prohibición del desarrollo de
plataformas, facilidades de actividades industriales.
producción, construcción ni Áreas por encima de la cota de los 575 m.s.n.m.
adecuación de vías, tránsito Nacedores de agua, monchales, esteros,
de maquinaria y equipos. La lagunas naturales, madreviejas, manantiales,
sensibilidad de estas áreas es chucuas, humedales. 100 m. Medidos a partir
muy alta o presentan de la cota de máxima inundación.
restricciones legales para su Aljibes y pozos profundos y su ronda de
uso o son desde el punto de protección de 100 m.
vista socioeconómico muy Bocatomas con estructura en concreto. 70 m.
relevantes. Bocatomas sin estructura en concreto. 50 m.
Acueductos municipales enterrados y
superficiales. 50 m.
Acueductos veredales superficiales o
enterrados. 50 m. […]
Zona establecida por el POT del municipio de
Acacías como Área de Actividad Protectora
Productora: Corresponde a la zona del
piedemonte entre las cotas 575 y 2000 m.s.n.m,
la cual es considerada como de protección del
recurso hídrico. […]

52
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “1_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO_001CUADERNO1PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 171 y siguientes.

22

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Río Humadea junto a sus rondas protectoras
por el potencial turístico y recreativo que
pretende proteger la administración municipal
de acuerdo al EOT del municipio de Guamal.
[…]
Bocatomas con estructura en concreto con una
ronda de protección de 70 m.
Cementerios, bocatomas sin estructura en
concreto y acueductos, con una ronda de
protección de 50 m.

[…]”.

92. Asimismo, se modificó el numeral 1.º del artículo 4.º ibidem, para autorizar un
aumento del caudal de captación sobre el río Ariari, de 3 l/s a 6 l/s, bajo las
condiciones y obligaciones establecidas en la resolución recurrida.

93. También se modificó el artículo décimo quinto, en el sentido de aclarar las
veredas consideradas como áreas de exclusión dentro de la zonificación de manejo,
y se estableció que para el Programa MS-4, se debían conformar grupos de
verificación de las buenas prácticas ambientales.

94. Posteriormente, en la Resolución 514 de 29 de junio de 201253, la ANLA, al
resolver un recurso de reposición presentado contra la Resolución núm. 0331,
modificó su artículo décimo cuarto así:

“[…] ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Previo a la perforación de cada pozo
exploratorio de los autorizados en el presente acto administrativo para el proyecto
denominado “Área de Perforación Exploratoria CPO9”, la empresa ECOPETROL
S.A., deberá presentar Planes de Manejo Ambiental específicos para seguimiento,
los cuales deberán desarrollarse con base en los Términos de Referencia HTER-
210 y los lineamientos establecidos por esta Autoridad para tal fin y siguiendo los
criterios técnicos contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y las
consideraciones y obligaciones establecidas en la presente resolución y lo
siguiente:
ix. ECOPETROL S.A., en los respectivos Planes de Manejo Ambiental
Específicos deberá allegar el inventario del 100%, de los nacederos,
manantiales, humedales, morichales, pozos profundos, aljibes, bocatomas y
acueductos, cuerpos de agua de tipo lótico o léntico tales como ríos,

53
Ibidem, páginas 482 y siguientes.

23

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quebradas, caños, cañadas, esteros, lagunas naturales, ciénagas, meandros
y madreviejas existentes en la zona, cubriendo un radio de 200 metros
medidos desde el borde de terminación de cada locación y su infraestructura
conexa. Este inventario deberá realizarse con el acompañamiento de
pobladores y líderes de organizaciones sociales de las veredas de influencia.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).

95. Ese acto administrativo, explicó en su parte motiva la razón por la que se
autorizaron técnicas de perforación direccional o dirigida, en lugar de perforar pozos
completamente verticales, para no impactar negativamente las áreas de exclusión,
veamos:

“[…] Cabe precisar que las áreas que se denominan de exclusión adquieren esta
categoría por presentar sensibilidad ambiental muy alta o presentar restricciones
legales para su uso o son desde el punto de vista socioeconómico y biófisico muy
relevantes. Esta connotación de “exclusión”, establece que son áreas donde el
proyecto no puede hacer ningún tipo de intervención, como lo son
plataformas, facilidades de producción, construcción o adecuación de vías,
tránsito de maquinaria y equipos.

[…] Así las cosas, es claro que la Empresa no podrá adelantar intervenciones
en las áreas establecidas como de exclusión en superficie.

Ahora bien, los recurrentes refieren que de manera superficial ni subterránea, en las
áreas de exclusión se debe hacer ningún intervención, haciendo referencia a las
técnicas de perforación direccionada o dirigida.

Al respecto se precisa que las áreas superficiales están suficientemente detalladas
y descritas en el numeral primero del artículo tercero de la Resolución 331 del 15 de
mayo de 2012, modificado por el parágrafo primero de la mencionada Resolución
466 del 15 de junio de 2012.

En referencia a la reglamentación o normatividad sobre áreas subterráneas, se
tiene en cuenta que conforme al Artículo 332 de la Constitución Política, el Estado
es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y por mandato
de los artículos tercero y quinto (5) del Decreto 381 de 2012, corresponde al
Ministerio de Minas y Energía adoptar los reglamentos y hacer cumplir las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con su
exploración y explotación.

[…] No obstante, se aclara que las campañas de exploración deben ser
diseñadas con el propósito de no impactar las áreas de exclusión.

Por esta razón, los esquemas de perforación empleando plataformas tipo cluster
como el autorizado para el proyecto “ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA
CPO–9”, en primer lugar, permiten perforar una mayor cantidad de pozos desde una
sola área y en segundo alcanzar los objetivos exploratorios en múltiples direcciones.

Este sistema de perforación direccionada o dirigida genera dos beneficios directos:

– El área intervenida en superficie por pozo es mucho menor, que si se
requiriera perforar pozos verticales: menor número de plataformas para
perforar el mismo número de pozos.

– Se podrán alcanzar objetivos en fondo que por restricciones generadas por
las áreas de exclusión, restricciones mayores y restricciones menores, no

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Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
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podrían lograrse con pozos verticales. Además, este sistema permite obtener
un mayor nivel de conocimiento y barrido del yacimiento.

Los pozos direccionales cumplen el mismo principio de perforación que un pozo
convencional vertical (numeral 2.2.2.2 del Estudio de Impacto Ambiental – EIA del
APE CPO–9); el pozo puede iniciar direccional buscando una formación de interés
o iniciar vertical y más adelante (por algún motivo técnico) se decide direccionarlo.

Adicionalmente, se considera que dada la abundante diversidad biológica y
ecosistémica caracterizada por franjas de vegetación riparia, asociadas a los cauces
y sus tributarios, presencia de corredores ecológicos, fuentes hídricas y demás
agentes ecosistémicos propios del área de influencia del proyecto, será menor
afectada con la perforación dirigida, dado que bajo un esquema de perforación
convencional únicamente de pozos verticales aumentaría considerablemente los
impactos ambientales sobre estos elementos ya que se requeriría mayores áreas
de intervención por las razones expuestas anteriormente. […]”. (Negrilla fuera del
texto).

96. Se demostró que, mediante comunicación 4120-E1-49607 de 28 de septiembre
de 2012, la empresa Ecopetrol S.A. presentó a la ANLA el Plan de Manejo Ambiental
para la perforación del pozo exploratorio Lorito 1.

97. Respecto de los riesgos de contaminación al recurso hídrico derivados de la
localización de ese pozo, en el plenario obra el concepto técnico PM G.A. 3.44.12
1473 de 21 de noviembre de 2012, elaborado por Cormacarena, donde se señala:

“[…] La alteración de la cobertura vegetal existente y de la cobertura propia del
sector alteran la conformación de drenajes y por ende los aportes de agua en el
sector objeto del presente concepto técnico.

Así mismo la cercanía de la plataforma exploratoria Lorito 1, al Rio Humadea y al
desarenador e infraestructura de la planta de tratamiento de agua del Municipio
de Castilla La Nueva, supone un riesgo ante eventuales contingencias por
derrames de hidrocarburos o materiales peligrosos, ya que estas son situaciones
que se presentan en cualquier momento y pueden estar asociada a errores
humanos o acciones de la naturaleza, y aunque exista un plan de contingencia,
tal como lo exige el Decreto 321 (sic) de 1999, por conocimiento de causa de
CORMACARENA, los derrames de este tipo cercanos a fuentes hídricas, son
controladas posterior al contacto del producto con el cuerpo de agua cercano. Lo
anterior generaría una afectación a los municipios involucrados, pues supondría
la suspensión del suministro de agua al Municipio de Castilla la Nueva y la
afectación al turismo del Municipio de Guamal para dicha zona.

[…] Si bien las distancias a la bocatoma y acueducto municipal, cumplen con lo
exigido en la resolución en mención, el mismo Acto Administrativo establece la
protección del Rio Humadea junto con su ronda, la cual en el Artículo Tercero de
la mencionada Resolución en la zonificación ambiental, para zonas de
Intervención con restricciones mayores, estableció que cursos y cuerpos de agua
natural (ríos, quebradas, caños) deberá respetar las siguientes distancias.
*Para fuentes hídricas de primer orden (rios): ronda 30 metros, zona de
preservación de 200 metros
*Para fuentes hídricas de segundo orden (Quebradas): ronda 30 metros, zona de
preservación
• Para fuentes hídricas de tercer orden (caños): ronda 30 metros, zona de
Preservación 50 metros

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Del mismo modo esta Corporación considera que la zona de recarga hídrica
identificada y ubicada en las coordenadas descritas en la tabla 7 y 8 del
presente concepto técnico puede y debe ser ubicada dentro del ítem de
exclusión del artículo tercero de la resolución 466 de 2012 tales como:

· Nacederos de agua, morichales, esteros, lagunas naturales,
madreviejas, manantiales, chucuas, 100 metros medidos a partir de la
cota máxima de inundación.

Así las cosas, y dado el distanciamiento exigido para estas zonas, la
ubicación de la plataforma Lorito 1, del Bloque CPO9 de ECOPETROL S.A.,
no cumpliría con dicho requerimiento pues su distancia es de menos de 50
metros, aproximadamente. […]”54. (Negrilla fuera del texto).

98. Reposa además el concepto técnico núm. 01 de 23 de noviembre de 2012,
rendido por la Gerencia Ambiental del departamento del Meta, en donde arribó a las
siguientes conclusiones:

“[…] Por estar ubicada la plataforma Lorito 1 y su acceso vial, del Bloque CPO9
en el área de influencia directa de la cuenca abastecedora de los acueductos por
gravedad del municipio de Castilla la Nueva y la Vereda Humadea, junto a su
centro poblado, se recomienda cambiar de ubicación dicha plataforma, pues
no es compatible su ubicación y actividad industrial, con el uso del agua
para el consumo humano de la microcuenca.

Señalar que el inicio del proceso constructivo de la plataforma de exploración
petrolera y su acceso vial, amenazan los derechos fundamentales a la salud y la
vida de los usuarios de los acueductos de Castilla La Nueva y la Vereda Humadea.

Se recomienda a la Gerencia Ambiental remitir copia del presente documento al
despacho del señor gobernador para que en uso de su función de control y
vigilancia, tome las medidas pertinentes para obligar a ECOPETROL suspender
el proceso contractivo de la plataforma de exploración petrolera LORITO 1 y su
vía de acceso.

Remitir copia del presente documento a la AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES del MINISTERIO DEL AMBIENTE. […]”55. (Negrilla fuera del
texto).

99. Frente a dichos hallazgos, la Sala advierte que la ANLA adelantó tres acciones
de seguimiento y control, a efectos de verificar su pertinencia técnica.

100. En primer lugar, los días 22 y 23 de noviembre de 2012 realizó una visita técnica
a esa locación. A raíz de los resultados obtenidos, hizo un requerimiento a Ecopetrol
S.A., en cuyo marco, mediante comunicación con radicado 4120-E1-3578 del 25 de
enero de 2013, la empresa remitió información detallada de las acciones de
mitigación y control implementadas en el pozo Lorito-1, así como el modelo
hidrogeológico correspondiente a la zona de influencia del pozo.

54
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado
“7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_016LINK(.pdf) NroActua 3”, Link del CD folio 213 del cuaderno 3, “1473
2012”.
55
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “1_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO_001CUADERNO1PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 250 y siguientes.

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101. Los resultados de esa visita obran en el concepto técnico 677 de 19 de febrero
de 2013 y son del siguiente tenor:

“[…] De lo observado en el área del pozo Lorito 1.

A continuación se presenta lo evidenciado durante la visita en mención, respecto a
las características más relevantes de los aspectos abióticos, bióticos y
socioeconómicos del área ocupada por la locación del pozo exploratorio Lorito 1 y su
infraestructura conexa, teniendo en cuenta el contenido de la documentación que
hace parte del expediente 54243 y las Resoluciones 331 del 15 de mayo, 466 del 15
de junio de 2012 y 514 del 19 de junio de 2012.

Lo anterior se realizó el recorrido por el trazado de la vía de acceso y el área donde
se ubicaría la locación Lorito 1 y se verificó que no se presentan en el área de
ubicación de estructuras existentes asociadas al acueducto del municipio de Guamal,
Acueducto Castilla La Nueva, Planta de Agua Potable de Castilla La Nueva, así como
tampoco del acueducto veredal Humadea y sus pozos profundos.

A continuación se señalan los aspectos técnicos verificados durante la visita, para
evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo cuarto de la
Resolución 331 del 15 de mayo de 2012, así como lo relacionado con las distancias
del pozo exploratorio Lorito 1 hasta el río Humadea y las estructuras mencionadas de
interés técnico, teniendo en cuenta que el área de interés corresponde a la de
influencia directa de las áreas expresadas por la comunidad y autoridades locales.

Distancias medidas al río Humadea e infraestructura social existente

Se midió la distancia del punto más próximo de la vía de acceso, en construcción, del
pozo exploratorio Lorito 1 a la vegetación protectora extrema del río Humadea, que
corresponde a 249 m.

[…] Respecto a la localización y replanteo de la locación Lorito 1:
Se midió la distancia de los vértices más próximos de la locación (B y C) a la
vegetación protectora extrema del río Humadea, y correspondió 95 m desde el
vértice C y de 107 m desde el vértice B.

[…] Estructuras existentes asociadas al uso del agua del río Humadea:
1.- Desarenador del acueducto de Castilla La Nueva: Se midió la distancia existente
desde el vértice B de la locación Lorito 1 hasta el desarenador, dando un valor de
789 m.

[…] 2.- Bocatoma del acueducto de Castilla La Nueva: Se midió la distancia del vértice
más próximo (B) a esta bocatoma, dando un valor de 823 m.

[…] 3.- Planta de tratamiento municipal de Castilla La Nueva: Se midió la distancia del
vértice más próximo (B) a esta planta de tratamiento, dando un valor de 829 m.

[…] 4.- Bocatoma Acueducto Humadea: Se midió la distancia del vértice más próximo
(C) del área locación Lorito 1 a la bocatoma Humadea, dando un valor de 2954 m.

[…] En conclusión la vegetación protectora externa del río Humadea fue tomada como
punto de referencia para la verificación de las distancias antes señaladas, tomadas
con el GPS (Origen Bogotá – Datum Magna Sirga), (...) donde también se puede
apreciar las zonas de humedad y el cordón de vegetación abundante en algunos
sectores e intervenido en otros.

27

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[…]Una vez considerada la distancia a la cual se encuentran los vértices más
próximos de la locación Lorito 1, respecto a la vegetación protectora del río Humadea,
la cual corresponde, de acuerdo a las mediciones realizadas por esta Autoridad,
aproximadamente a 107 y 95 m respectivamente, se considera que:

La ubicación de la locación Lorito-1, cumple con los criterios y las distancias
mínimas establecidas en la zonificación de manejo ambiental vigentes en la
Resolución 0466 del 15 de junio de 2012 para las zonas de exclusión y de
intervención con restricciones respecto a los cuerpos de agua.

Dichas zonas corresponden a “Zonas donde se puede realizar intervención con
restricciones para la ejecución del proyecto aplicando medidas de manejo muy
estrictas. Áreas, donde la demanda de recursos ambientales por parte del proyecto
no ocasione daños ambientales severos y los mismos son mitigables o
compensables” y que específicamente para el caso de la locación del pozo Lorito 1
debe cumplir “Para fuentes hídricas de tercer orden (caños): una ronda de protección
de 30m y una zona de preservación 50m”. Es decir con una zona de retiro de 80 m
en total.

En relación con la presencia de infraestructura socioeconómica relacionada con el
uso del agua del río Humadea, como fuente de captación para los acueductos
municipal de Castilla La Nueva y veredal de Humadea, se considera que la locación
Lorito-1 cumple con las zonas de exclusión establecidas en el artículo 1 de la
Resolución 0466 del 15 de junio de 2012, según el cual la zona de protección o
exclusión para las bocatomas con estructura de concreto debe ser de mínimo 70 m y
de 50 m para los acueductos municipales y veredales, y de acuerdo a lo verificado
por esta Autoridad durante la visita al área de dicha locación, existe una distancia
de 623 m a la bocatoma del acueducto Castilla La Nueva y de 2256 m a la
bocatoma del acueducto veredal Humadea, igual aplica para las demás
estructuras asociadas a dichos acueductos […]”56. (Negrilla fuera del texto).

56
Ibidem, páginas 507 y siguientes.

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Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

102. Dichoconcepto valoró los resultados del estudio hidrogeológico del sector
cuestionado en los siguientes apartados:

“[…] c) Ubicación de la locación Lorito-1 en relación con las características
hidrogeológicas

De lo expuesto por la Empresa en el modelo hidrogeológico remitido, se concluye que
la locación del pozo Lorito-1, se ubica en una zona de acuífero libre, constituido por
gravas, cantos y bloques de rocas, caracterizada por la presencia de un nivel freático
alto (de 0.6 m aproximadamente), debido a los aportes de flujo de agua subsuperficial
y subterránea de las terrazas altas a las bajas, y por tanto constituye una zona de
transición de flujo de agua subterránea hacia el río Humadea.

En el PMA específico Lorito-1 se reporta la existencia de cuatro (4) manantiales
cercanos a la locación de este pozo, denominados M1, M10, M11 y M12 los cuales
no presentan un uso del agua específico, ni usuarios, ni caudal (a excepción del
manantial 1 con un caudal de 0.04 l/s), tal y como se muestra en el plano
hidrogeológico adjunto a dicho documento, frente a lo cual en el modelo
hidrogeológico citado se califican como afloramientos de agua subsuperficial (por
encima del nivel freático), de tipo intermitente, generados por la escorrentía superficial
en el área.

Por lo anterior, esta Autoridad concluye que corresponde a una zona de alta
permeabilidad primaria y posiblemente de alta vulnerabilidad intrínseca del acuífero a
la contaminación, para la cual se requiere de la implementación de medidas de
manejo específicas y de restricciones para la ejecución del proyecto, tal como se
indica en la licencia ambiental (Resolución 331 de mayo 15 de 2012 y sus
modificaciones mediante las resoluciones 466 de junio 15 de 2012 y 514 de junio 29
de 2012). En este sentido, la Empresa propone una serie de recomendaciones para
ejecutar en las etapas de construcción de la plataforma y de perforación del pozo,

[…] Al respecto se considera que:
• Las medidas de manejo y recomendaciones propuestas por Ecopetrol se
consideran adecuadas y son consistentes con los resultados de los análisis
hidrológicos, hidráulicos e hidrogeológicos específicos realizados para el área
de influencia de la locación del pozo Lorito-1. Por lo tanto, se deberán ejecutar
en su totalidad y con las características reportadas en los documentos
remitidos.
• En los informes de cumplimiento ambiental se deberá reportar el detalle de su
ejecución, el avance en la ejecución de las mismas y la eficiencia de las mismas
respecto al objetivo propuesto en cada uno de los estudios. […]”. (Negrilla fuera
del texto).

103. El concepto valoró el análisis de riesgo frente a las amenazas por inundación y
derrames, con forme a los resultados del estudio hidrogeológico. Frente al primer
riesgo se consideró que la locación del pozo exploratorio Lorito 1 no presenta una
amenaza significativa de inundación por el río Humadea, ya que se encuentra en
una terraza elevada a 522 msnm, superior al nivel máximo estimado de 521,78
msnm para una creciente con periodo de retorno de 1000 años. De acuerdo con las
evaluaciones, la probabilidad de ocurrencia de inundaciones es de apenas 0,2%, lo
que equivale a una seguridad del 99,8%, por lo cual la zona se considera adecuada
para el emplazamiento del proyecto.

29

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
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104. Frente al segundo, se dijo que, aunque la ubicación del pozo Lorito 1 cumple
con los parámetros de la licencia ambiental, la presencia cercana de instalaciones
para almacenamiento y manejo de hidrocarburos aumenta el riesgo de afectación
al río Humadea y a los acueductos que lo utilizan para consumo humano en caso
de una contingencia o derrame. Por ello, la autoridad ambiental ordenó restringir
cualquier actividad adicional a las autorizadas en el PMA, y prohibió la construcción
y operación de instalaciones tempranas de producción en las zonas aledañas a la
locación Lorito 1.

105. Respecto de las características biofísicas del área de localización de Lorito 1 se
consideró que:

“[…] En cuanto a la cobertura vegetal, en el área de la locación predominan pastos
limpios y pastos enmalezados, con parches aislados de vegetación secundaria baja
intervenida, y pendientes pronunciadas que por gravedad y escorrentía abastecen
zonas de recarga hídrica en inmediaciones del río Humadea.

Tal y como se evidencia […] la vegetación asociada al trazado de la vía de acceso a
la locación en construcción, se encuentra dominada por pastos del género Brachiaria.

[…] Revisado el Plan de Manejo Ambiental específico entregado a esta Autoridad
mediante radicado 4120-E1-49607 del 28 de septiembre de 2012, se establece, con
respecto a los bosques de galería presentes en el área de influencia del pozo
exploratorio Lorito 1, que (...) la vegetación en este tipo de cobertura se encuentra
intervenida, correspondiendo a bosques secundarios, en donde la mayoría de sus
especies no son de interés comercial ya que su diversidad se ha perdido por la
intervención antrópica (extracción selectiva), limitando su desarrollo a franjas muy
angostas. […]

Tal afirmación se evidenció durante la visita al área del proyecto, encontrando un alto
grado de intervención tanto en el bosque de galería como en la vegetación secundaria
baja circundante en la ribera del río Humadea. […]

Así mismo, en la zona se evidenció la implementación de un programa de
reforestación adelantado por la alcaldía del municipio de Castilla La Nueva, a la
altura de las coordenadas planas (origen Bogotá), DATUM Magna Sirgas
E1030178 N917237, el cual busca proteger el recurso hídrico asociado al río
Humadea del cual este municipio obtiene el agua para su acueducto […]. Dicho
programa se inició en el mes de junio de 2012, con especies nativas entre las
que se destaca la presencia de yopo (Piptadenia pteroclada).

En la […] se presenta la ubicación de dicha reforestación respecto a la locación del
pozo exploratorio Lorito 1

[…] Paisajísticamente la zona a intervenir presenta procesos de fragmentación,
siendo más notorios en el sector donde se construirá la locación en donde se
construirá la vía de acceso (…). Dicha fragmentación ha sido mediada por la creciente
expansión de potreros para pastoreo. Adicionalmente, el propietario del predio, señor
Aristóbulo Rojas, cuenta con maquinaria propia para la remoción de rocas, las cuales
comercializa en Guamal y municipios aledaños, contribuyendo a la constante
transformación del paisaje. […]”57. (Negrilla fuera del texto).

57
Ibidem, páginas 512 y siguientes.

30

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
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106. En segundo lugar, mediante Auto 515 de 20 de febrero de 2013, la autoridad
ambiental solicitó a la empresa que ejecutara de manera completa las medidas y
obras descritas en el informe de medidas de prevención, mitigación y control para
el Pozo Lorito-1.

107. En tercer lugar, a través de la Resolución 175 del 20 de febrero de 2013 58, la
ANLA ordenó la implementación de medidas adicionales de corrección y prevención
de los impactos al recurso hídrico, a las que habían sido impuestas en la Resolución
331, conforme a las recomendaciones del concepto técnico 677 de 19 de febrero de
2013.

108. La ANLA modificó el numeral 3 del artículo segundo de la Resolución 0331, que
autorizó la instalación de dos facilidades tempranas de producción, las cuales deben
ubicarse junto a dos plataformas multipozo, ocupando cada una un máximo de 2,72
hectáreas. Se precisó que, dentro de cada facilidad, deben instalarse un sistema
para recolectar fluidos, un sistema para separar gas, crudo y agua, calderas o
tratadores, un sistema para almacenar aguas de producción, un sistema para
almacenar y enviar el crudo, un sistema de generación, un área de bodegas, zonas
para carga y descarga, aparcamiento de carrotanques y una tea.

109. Igualmente, se modificó el numeral 2 del artículo cuarto de la resolución en
mención, relativo al aprovechamiento o afectación de los recursos naturales
renovables, según el cual el riesgo de aspersión en Zona de Disposición (ZODAR’s)
que se autorizaba, no podría adelantarse en las áreas aledañas a la plataforma
donde se localiza el pozo Lorito-1.

110. La parte motiva de ese acto administrativo da cuenta de la valoración de las
quejas de la comunidad y de los conceptos de la Gerencia Ambiental del
departamento del Meta y de Cormacarena previamente citados.

111. Como puede observarse, la ANLA analizó en la Resolución 175
cuidadosamente la información suministrada por la autoridad ambiental regional y
el departamento, y, reconociendo las limitaciones del Estudio de Impacto Ambiental
inicial, solicitó la realización de estudios hidrogeológicos e hídricos
complementarios.

112.Estas acciones permitieron identificar y corregir oportunamente las amenazas al
recurso hídrico que se habían derivado de una valoración ambiental insuficiente,
fortalecer la protección de las fuentes de agua y garantizar una gestión ambiental
más responsable y efectiva en el desarrollo del proyecto.

113. En el proceso se acreditó adicionalmente que, a través de comunicación con
radicado 4120—E1--20836 del 17 de mayo de 2013, la empresa Ecopetrol S.A.

58
Ibidem, páginas 215 y siguientes.

31

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allegó el documento de actualización del Plan de Contingencia para el pozo
exploratorio Lorito-1.

114. Se probó que la ANLA realizó una visita técnica los días 15 al 18 de abril de
2013, cuyos resultados se consignaron en el concepto núm. 3728 de 31 de julio de
2013, veamos:
“[…] Respecto al componente físico:

[…] Como obras complementarias a las propuestas inicialmente en el PMA
específico del pozo Lorito-1 para la prevención, mitigación y control ambiental y
que la Empresa ha desarrollado hasta el momento de acuerdo a lo observado se
tienen las siguientes:

Construcción de fosos de infiltración, el cual conduce las aguas de escorrentía
provenientes de las terrazas altas que son colectadas mediante zanjas. […]

Revegetalización de taludes. En la visita se observó que se adelantan obras de
conformación, estabilización y la siembra de cespedones de pasto con los
jarillones y taludes ubicados en el área perimetral de la locación del pozo
exploratorio Lorito 1. […]

En el recorrido la Empresa manifestó que complementario a lo anterior y de
acuerdo con las recomendaciones del plan de contingencia se está construyendo
un canal perimetral con el fin de retener las aguas lluvias que discurren de los
alrededores, actividad que estaba siendo adelantada al momento de la visita.

[…] Respecto al componente biótico:

El predio denominado Agua Linda, ubicado en la Vereda Montecristo,
comprensión territorial del municipio de Guamal –Meta, en donde se proyectó el
establecimiento y puesta en marcha de la plataforma unipozo conocida como
Lorito-1, se caracteriza por estar rodeado de vegetación de tipo rastrera
conformada principalmente por especies vegetales como pasto puntero
(Hyparthenia rufa)y pasto estrella (Cynodon sp) los cuales fueron en un principio
cultivados para consumo animal bovino en forma tecnificada pero luego fueron
abandonados creciendo en forma espontánea (…)asimismo se observan
cercanos a la plataforma Lorito 1 formaciones remanentes de bosque natural de
tipo secundario tardío altamente intervenido, conformado por especies…

[…] Respecto al componente social:

[…] A manera de conclusión con respecto a la plataforma Lorito-1, es de señalar
que esta Autoridad en los días 23 y 24 de noviembre de 2012, realizó visita de
seguimiento ambiental y como resultado, emitió el Auto 515 de 20 de febrero de
2013 y la Resolución 0175 de 20 de febrero de 2013, actos administrativos en los
que se impusieron medidas ambientales adicionales a las establecidas en las
Resoluciones 331 de 15 de mayo de 2012; por tanto y en consideración a que lo
observado en esta nueva visita coincide con lo que fundamentó el
pronunciamiento de esta entidad respecto al cumplimiento de la licencia ambiental
en las actividades de construcción y ubicación de la plataforma Lorito-1, se
considera que no hay incumplimiento que sustente la convocatoria y realización
de y una Audiencia Pública de Seguimiento Ambiental. […]”.

32

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
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115. En el plenario obra el oficio 4978 de 27 de agosto de 201559, en el que la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales informó al a quo sobre las actuaciones
y valoraciones técnicas realizadas para dar cumplimiento a las órdenes impartidas
por la Corte Constitucional en la sentencia T-652 de 17 de septiembre de 2013. De
dicho documento se extraen los siguientes apartados:

“[…] Durante el desarrollo de las visitas técnicas realizadas por esta Autoridad no se
evidenció que la actividad desarrollada por ECOPETROL en la locación Lorito 1
presentara un riesgo inminente que pudiera suponer un peligro grave para la salud o
la seguridad de las personas o para el medio ambiente en su Área de Influencia.

Conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en el Artículo Tercero de la
sentencia del 17 de septiembre de 2013, esta Autoridad mediante la valoración
técnica, determinó lo siguiente:

1.- Al respecto de la ubicación de la Plataforma Lorito I, en lecturas de campo tomadas
con GPS durante el desarrollo de las visitas de fechas 22 de septiembre de 2012 y 28
de octubre de 2013, se determinó que la locación Lorito 1 se encuentra ubicada sobre
la cota de 529 msnm, demostrando con esto que dicha plataforma NO fue emplazada
por encima de la cota 575 msnm, conforme a lo establecido en las resoluciones 331
del 15 de mayo de 2012 y 446 del 15 de junio de 2012, mediante la cuales se otorgó
Licencia Ambiental a la empresa ECOPETROL S.A., para el proyecto APE CPO-9.

2.- De igual forma, durante el desarrollo de las citadas visitas, las mediciones tomadas
desde la locación hasta la cota máxima de inundación del rio Humadea presentados
en la tabla 3 incluida en el numeral 3 de este documento, se observa que las
distancias tomadas en ambas visitas desde los dos (2) vértices de la locación
más cercanas al río, arrojan valores que están en el rango establecido en las
resoluciones 331 del 15 de mayo de 2012 y 466 del 15 de junio de 2012.

3.- Tomando como referencia lo establecido en el EIA, el PMA especifico del Pozo
Exploratorio Lorito I, el Modelo hidrogeológico del área de influencia de la locación del
Pozo Lorito I, Campo CPO 9 - Guamal, Meta y el Informe de las medidas de
prevención, mitigación y control implementadas en la construcción y perforación del
Pozo exploratorio Lorito I, se establece que la ubicación de la plataforma Lorito I
no genera afectaciones a las zonas de recarga del rio Humadea.

No obstante lo anterior, cabe reiterar que toda actividad petrolera genera impactos
ambientales, contemplados en la evaluación de impactos, los cuales se espera sean
manejados mediante las medidas de manejo propuestas por la Empresa en las
Fichas de Manejo Ambiental autorizadas en los diversos Actos Administrativos,
ya sean de carácter mitigatorio, preventivo, correctivo o compensatorio, cuyo
cumplimiento se evalúa en el marco de los objetivos y metas a alcanzar, a partir de la
aplicación de los indicadores planteados en cada ficha.

Adicionalmente cabe indicar también, que con la implementación de la actividad de
exploración petrolera en un área determinada, se generan riesgos, cuya
probabilidad de ocurrencia está dada por el tipo y magnitud de amenazas
existentes y la vulnerabilidad intrínseca del territorio a intervenir. Para ello la
legislación nacional exige la elaboración de Planes de Contingencia que
deberán responder a las características particulares de cada proyecto, con
respecto a las especificidades de su entorno ambiental de acuerdo y
circunscribirse a lo establecido, en el Decreto 3930 de 2010 […]

59
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado “6_INCORPORAEXPEDIENTE
DIGITALIZADO006CUADERNO3PRIME(.pdf) NroActua 3”, páginas 417 y siguientes.

33

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
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Conforme a todo lo anterior, la ubicación de la locación Lorito I está cumpliendo con
las zonas de exclusión y de restricciones establecidas en la zonificación de manejo de
la licencia ambiental otorgada mediante las resoluciones 331 del 15 de mayo de 2012
y 466 del 15 de junio de 2012, al proyecto APE CPO-9, condición que implica que los
impactos ambientales que puedan llegar a generarse, cuentan con las medidas de
manejo respectivas y que ante la ocurrencia de contingencias se cuenta con la
herramienta que le permite actuar ante eventuales contingencias […]”.

116. Ese documento explica que la ANLA, junto con el Ministerio Público realizaron
otra visita a la locación Lorito 1 el 28 de octubre de 2013, en la que se confirmó que
la plataforma se encontraba a una altitud de 529 msnm, cumpliendo con la
normativa que prohíbe operaciones sobre la cota 575 msnm, y respetando las áreas
de exclusión ambiental definidas por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de
Guamal.

117. Durante esa inspección, se verificó que la locación Lorito 1 acataba las
distancias mínimas respecto de los cuerpos de agua y acueductos establecidos en
la zonificación ambiental. Las mediciones tomadas por la autoridad ambiental y la
Procuraduría en esa oportunidad coinciden en que las actividades de exploración
no afectan las rondas del río Humadea, ni las infraestructuras asociadas a los
acueductos municipales y veredales.

118. Se explicó que, desde el punto de vista hidrogeológico, la locación se sitúa sobre
una planicie aluvial de alta permeabilidad y porosidad, actuando como un acuífero
libre de mediana productividad. Por lo tanto, las medidas implementadas por la
empresa, tales como la elevación de la plataforma y la construcción de sistemas de
drenaje y revegetalización, buscan minimizar los impactos ambientales y mantener
el nivel freático, garantizando la recarga y descarga hídrica natural de la zona.

119. Como resultado de dicha visita la ANLA concluyó que existen cuerpos de agua
vulnerables dentro de los 100 metros del perímetro de la locación, cumpliendo así
con las restricciones de las áreas de exclusión. Además, la autoridad ambiental
estableció medidas adicionales de prevención, mitigación y control, así como
obligaciones específicas para la gestión de riesgos ante posibles contingencias.

120. Sobre las aludidas medidas, el informe indica lo siguiente:

“[…] Adicionalmente la ANLA estableció mediante Auto de Seguimiento 515 de febrero
de 2013 medidas y obligaciones complementarias para el pozo exploratorio Lorito 1 a
las ya relacionadas en la Licencia Ambiental otorgada a la empresa Ecopetrol S.A.,
para el Área de perforación Exploratoria CPO-9, mediante Resolución 331 del 15 de
mayo de 2012 modificada por las Resoluciones 466 del 15 de junio de 2012 y 514 del
29 de junio de 2012.

Para mayor ilustración de lo anteriormente expuesto, se adjunta al presente, el Auto
en mención. Algunas de estas medidas son las siguientes:

-En caso de que el pozo exploratorio Lorito I resulte productor y una vez se inicie con
las actividades de transporte de crudo por carrotanque desde la locación hacia las

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facilidades que la Empresa disponga al interior del Área de Perforación Exploratoria
CPO-9 como zona de almacenamiento, allegue a esta Autoridad las acciones
específicas a seguir en caso de presentarse una contingencia sobre la vía de
acceso que conduce a la locación, las cuales deberán integrarse al Plan de
Contingencia presentado en el Plan de Manejo Ambiental Especifico para la
misma.

-Allegue a esta Autoridad un análisis detallado del riesgo frente a una posible
contingencia por derrame y establecer los puntos de control en sitios
estratégicos, como la vía de acceso y locación del pozo exploratorio Lorito I,
dirigidos a proteger las estructuras de los acueductos y el recurso hídrico del río
Humadea.

-Revise y actualice el Plan de Contingencia para el pozo Lorito I, teniendo en
cuenta las inquietudes y preocupaciones de las autoridades locales del municipio de
Castilla La Nueva y la vereda Humadea, de la comunidad alli asentada, y demás
entidades interesadas, en el tema de la evaluación del riesgo y amenaza tendientes a
garantizar que no se verán afectados el rio Humadea y los acueductos de Humadea y
Castilla la Nueva con las actividades de este proyecto en eventos de contingencia, por
derrame, explosión y demás que apliquen, y lo allegue en un término de un mes
contado a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, con destino al expediente
LAM 5423 a fin de ser tenido en cuenta en las actividades de control y seguimiento
que realiza esta Autoridad.

-Reporte el detalle de la ejecución de las medidas de prevención, mitigación y
control propuestas en el Informe remitido con radicado 4120-E1-3578 del 25 de
enero de 2013, en los estudios e informes presentados como complemento al Plan
de Manejo Ambiental Específico del pozo Lorito I, así como el avance y estado actual
de cada una de las medidas y obras de prevención, mitigación y control
implementadas durante la construcción y perforación del pozo exploratorio Lorito 1.

-Adelante un proceso de información y socialización sobre el pozo Lorito 1 con
las autoridades locales del municipio de Castilla La Nueva y las Juntas de los
Acueductos que cuentan con bocatomas en la vereda Montecristo del municipio
de Guamal, en donde se haga énfasis sobre las acciones implementadas para la
prevención de riesgos por posibles derrames de hidrocarburos que puedan
afectarlos. […]”60. (Negrilla fuera del texto).

121. En el acervo se encuentra la certificación de 10 de septiembre de 2015 61,
expedida por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Guamal,
conforme a la cual se tiene que:

“[…] la implantación de la estación Lorito 1, ubicada en la vereda Montecristo del
Municipio de Guamal Meta, se encuentra construida a una distancia de 133
metros del río Humadea aproximadamente.

60
Ibidem.
61
Ibidem, páginas 448 y siguientes.

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Que de conformidad acuerdo 006 de 2009 (E.O.T) y aprobado por la corporación
Autónoma CORMACARENA, mediante resolución No. 01 de 03 de Febrero de 2009,
esta Secretaría aclara que la distancia de la Implantación de Lorito 1 al río Humadea
no contraviene el Articulo 11 del acuerdo 006 de 2009.

Artículo 11 – Modifíquese el Artículo 21, el cual quedara así: “Artículo 21.- Zona de Alto
Riesgo de Inundación y Fenómenos de Remoción en Masa.

Dentro de la zona de alto riesgo de inundación se hallan las áreas ubicadas a las
márgenes de los rios Guamal, Orotoy y Humadea, existe un área con mayor riesgo y
de especial cuidado por pertenecer a la llanura de divagación del rio Guamal y se halla
ubicada en la vereda La Isla. Sin embargo es de reconocer que sobre el área de
divagación del rio Guamal por ser un terreno frágil, con procesos erosivos avanzados y
la dinámica de la corriente se presentan zonas de inundación a tener en cuenta a la
altura de las veredas Humadea, Montecristo, El Doce, San Miguel, El Carmen y el
Danubio, que pueden ser definidas en el modelo de amenazas naturales rural con la
unidad Pl. Para determinar con más detalle las áreas rurales con mayor riesgo de
inundación es necesario completar en el 100% el Plan Emergencia y Contingencia para
el Municipio de Guamal. Otra medida que se debe aplicar para disminuir el riesgo es
respetar la ronda de los ríos en 100 metros. (Tomado del texto orignal Acuerdo 006
de 2009).

Se aclara que el tema de licenciamientos Ambientales, está sujeto a la ANLA
(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) […]”. (Negrilla fuera del texto).

122. La Sala advierte que el tribunal de primera instancia requirió a la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena para que
emitiera un concepto técnico reciente sobre la problemática; autoridad ambiental
que, mediante oficio núm. PS-GJ.1.2.16.2190 de 5 de mayo de 201662, afirmó que
no podía brindar ese concepto porque “[…] la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales-ANLA, es la autoridad competente para dar respuesta a la solicitud
siendo esta quien otorga la licencia ambiental mediante resolución 331 del 15 de
mayo de 2012, al proyecto denominado "Área de Perforación Exploratoria CPO9",
Autoridad facultada de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015,
artículo 2.2.23.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará
de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o
actividades […]”.

123. Finalmente, en relación con la inclusión del sector del río Humadea en el
municipio de Guamal en el registro de sitios turísticos a nivel regional y nacional, el

62
Ibidem, páginas 467 y siguientes.

36

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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó por medio del oficio núm. DVT-
633 de 22 de junio de 201563 que expidió “[…] la Resolución N°. 0348 de 2007 “Por
la cual se determinan los sitios de interés turístico de que tratan los numerales 1°,
2° y 3° del artículo primero de la resolución 0347 de 2007”, […] en dicho marco
normativo no se encuentra relacionado dicho sector, tal como consta a folios 7 y 8
donde se reseñan los sitios de interés turístico correspondientes al departamento
del Meta […]”.

124. Del análisis del material probatorio se desprende que la autoridad ambiental
implementó diversas medidas destinadas a mitigar los posibles impactos derivados
de las actividades de exploración y explotación realizadas por Ecopetrol S.A. en la
zona Lorito-1. Una de las acciones principales fue exigir la presentación del Estudio
de Impacto Ambiental, que tras ser presentado ante Cormacarena, recibió ajustes
específicos relacionados con los componentes abiótico, biótico y socioeconómico
del área.

125. En cuanto al manejo del recurso hídrico, la autoridad limitó su captación,
condicionando la extracción al caudal mínimo del cauce y al volumen de agua, con
el objetivo de asegurar la sostenibilidad del ecosistema acuático y permitir el
desarrollo de las actividades socioeconómicas en la región.

126. Se establecieron restricciones como la prohibición de captar agua de los ríos
Oroty, Guamal, Humadeita y Humadea, siendo este último objeto de la presente
controversia. Para preservar estos recursos, se ordenaron labores de prevención
que incluyen monitoreos semanales y mensuales, ajustándose a las épocas de
lluvias.

127. Asimismo, se prohibió el ingreso de carrotanques a las corrientes de agua,
estableciendo una distancia prudente para evitar posibles afectaciones. Se dispuso
que el equipo de bombeo fijo debía instalarse sobre una placa de concreto, con
techo, cerramiento y kits para atender derrames de combustible y drenajes,
reforzando así las acciones preventivas ante posibles incidentes.

128. La autoridad reguló también el manejo de aguas residuales y domésticas, así
como el almacenamiento de residuos aceitosos, estableciendo parámetros claros
para estas actividades. En lo relativo al aprovechamiento forestal, se dispuso
mantener una distancia mínima de 30 metros respecto de la franja vegetal
protectora de los cauces y se restringió el uso de especies maderables a no más
del 35% de las plantadas, además de ordenar el mantenimiento de las plantaciones
existentes.

129. Seinstituyeron medidas preventivas para mitigar los posibles impactos
ambientales que podría generar la construcción de facilidades tempranas de

63
Ibidem, páginas 260 y siguientes.

37

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producción y el riesgo de aspersión de aguas residuales en el Río Humadea y las
bocatomas de los acueductos asentados en la zona.

130. La Sala observa que tampoco se demostró el desconocimiento de las zonas de
exclusión en relación con el recurso hídrico. La ubicación de la plataforma Lorito 1
respetó las distancias mínimas y las restricciones establecidas en la zonificación
ambiental de esa licencia ambiental. Las autoridades competentes verificaron que
las actividades de exploración no intervinieron ni afectaron áreas de protección
especial, rondas de cuerpos de agua ni infraestructuras asociadas al abastecimiento
de agua potable para las comunidades aledañas.

131. Sin duda alguna la ANLA ejerció un control ambiental eficiente y riguroso,
atendiendo tanto los conceptos técnicos emitidos por otras autoridades como las
quejas y preocupaciones de la comunidad y entidades regionales. Por ello, solicitó
información adicional a la empresa, efectuó varias visitas técnicas a la zona, y
adoptó medidas preventivas, correctivas y de mitigación adicionales a las
inicialmente previstas. Dichas actuaciones permitieron ajustar oportunamente el
manejo ambiental del proyecto y fortalecer la protección del recurso hídrico y de los
intereses colectivos.

132. Para esta autoridad judicial los resultados de los conceptos técnicos emitidos
por Cormacarena y el departamento del Meta, que plantearon riesgos de
contaminación hídrica, fueron desvirtuados por las demás pruebas allegadas al
proceso. En especial, las mediciones directas, los estudios hidrogeológicos, los
informes de seguimiento y control, y las actuaciones de la ANLA demostraron que
la plataforma cumple con las exigencias legales y técnicas para la protección del
entorno natural.

133. El riesgo que menciona el actor popular, en el contexto de las medidas
preventivas implementadas por el titular del proyecto no constituye una amenaza
real, directa, inminente, concreta y actual64. Tampoco se acreditó, con el acervo
probatorio, que la actividad de exploración de hidrocarburos desarrollada en el pozo
Lorito 1 haya afectado el desarrollo de actividades turísticas ni recreativas en la
zona, ni que haya producido impactos negativos irreparables sobre el entorno
socioeconómico local.

134. Se pone de presente que la valoración de la prueba en este tipo de procesos,
además de regirse por el principio de la sana crítica, atiende al principio de la
distribución dinámica. El juez puede asignar la carga de la prueba a la parte que se
encuentre en mejores condiciones de acreditar los hechos relevantes para el caso.

135. El
artículo 30 de la Ley 472 reconoce que “[…] si por razones de orden
económico o técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las
órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios

64
Sección Primera, Consejo de Estado, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm.: 76001 23 33 000 2021 00657 01.

38

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios
probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate
y con cargo a ella […]” (negrilla fuera del texto).

136. Por lo anterior, la Sala concluye que, acertadamente el tribunal de primera
instancia modificó la carga de la prueba, advirtiendo que las autoridades
competentes demostraron de manera suficiente que no se transgredieron los
derechos colectivos mencionados en la demanda. Esto quiere decir que los
argumentos de la alzada estudiados en este apartado no prosperan.

V.3.3. El valor probatorio del concepto de la Defensoría del Pueblo

137. El apelante sostuvo que el a quo desconoció la relevancia del concepto emitido
por la Defensoría del Pueblo, entidad que solicitó en el trámite de primera instancia
el amparo de los derechos colectivos, con fundamento en el riesgo advertido por
Cormacarena, en el concepto técnico PM G.A. 3.44.12 1473 de 21 de noviembre de
2012, y por la Gerencia Ambiental del departamento del Meta, en el concepto
técnico núm. 01 de 23 de noviembre de 2012.

138. Al respecto, se pone de presente que la intervención que realiza la Defensoría
del Pueblo, en las acciones populares, tiene fundamento en el artículo 13 de la Ley
472 que señala que “[…] Cuando se interponga una acción popular sin la
intermediación de un apoderado judicial, la Defensoría del Pueblo podrá intervenir,
para lo cual, el juez deberá notificarle el auto admisorio de la demanda. […]”.

139. De conformidad con los principios de autonomía judicial y de separación de
poderes, las intervenciones de la Defensoría del Pueblo en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos no generan deberes u
obligaciones para las partes, ni establecen la exigencia para los jueces de acogerlos
en los términos emitidos. Dicha intervención procesal se valorará en igualdad de
condiciones frente a lo acreditado por los demás sujetos procesales.

V.3.4. La aplicabilidad del principio de precaución al caso

140. El demandante solicitó la aplicación del principio de precaución para evitar
daños ambientales irreversibles como los ocurridos en la Vereda la Esmeralda del
municipio Acacia, y proteger los recursos naturales y la salud de la comunidad
afectada.

141. El principio de precaución previsto en el numeral 6 del artículo 1º de la Ley 99
de 1993, ordena que, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no puede obstaculizar la adopción de medidas eficaces
de protección del entorno natural.

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Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

142. La jurisprudencia de esta Sección65 ha precisado que dicho principio opera si: i)
existe un peligro de daño grave e irreversible; ii) se demuestra un principio de
certeza científica (no absoluta, pero sí un mínimo técnico objetivo); iii) el propósito
de la decisión es impedir la degradación; y iv) el acto administrativo que la contiene
es sea motivado, excepcional y controlable jurisdiccionalmente.

143. En ese orden, al examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala
advierte que las quejas de la comunidad y los conceptos PM G.A. 3.44.12 1473 de
21 de noviembre de 2012, y 01 de 23 de noviembre de 2012, no tienen respaldo
técnico o científico suficiente para desvirtuar el acervo probatorio recaudado por la
autoridad ambiental.

144. Dicho acervo está compuesto por informes técnicos, actas de visita, y conceptos
especializados. Estos documentos acreditan que no se presentó la transgresión
alegada de los derechos colectivos, ya que las pruebas recaudadas por la autoridad
ambiental demostraron la ausencia de un riesgo grave e irreversible que hiciera
necesaria la adopción de medidas adicionales bajo el principio de precaución. En
consecuencia, los elementos valorados permiten descartar la afectación de los
derechos e intereses colectivos invocados en la demanda.

145. En este sentido, no se puede afirmar que el tribunal haya desconocido el
principio de precaución. Por el contrario, las decisiones adoptadas por la autoridad
ambiental se basaron en pruebas técnicas, estuvieron debidamente motivadas y
fueron proporcionales a los riesgos detectados. Además, se impusieron sanciones
administrativas y se realizaron verificaciones para asegurar el cumplimiento de las
medidas.

146. La Sala reitera que el principio de precaución no puede utilizarse para eximir al
demandante de su obligación de aportar pruebas, ni sirve como justificación para
imponer medidas sin respaldo técnico. En consecuencia, el cargo del recurso de
apelación no prospera.

147. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201266 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 2019 67, no se condenará
en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.

65
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de enero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm.
85001-23-33-000-2014-00218-02(AP). En esa sentencia se mencionó que: “[…] Así las cosas, es claro que la aplicación del
principio de precaución debe hacerse de manera que se observen los requisitos antes mencionados pues no hacerlo puede
derivar en la adopción de decisiones arbitrarias, e incluso contrarias a derecho, que se toman, por ejemplo, bajo esquemas
de incertidumbre total o en ausencia de un peligro de daño grave e irreversible.
En ese orden de ideas, se destaca que uno de los elementos esenciales del principio de precaución es la existencia de un
mínimo de certeza que, aunque insuficiente e incompleto, permite partir de un punto cierto y no de una ignorancia absoluta.
Esto, además, sirve para diferenciar el principio de precaución del de prevención, los cuales son muchas veces utilizados
indistintamente. Como se indicó, el principio de precaución parte de que exista un mínimo de seguridad sobre los efectos de
la actividad, mientras que el de prevención parte de que se produzca certidumbre en ellos […]”.
66
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
67
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019. Radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.

40

Radicación núm. 50001-2333-000-2013-00276-02
Demandantes: Jesús María Quevedo Díaz y otro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de abril de 2024, proferida por la Sala
Sexta Oral del Tribunal Administrativo del Meta.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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