Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2016-00607-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2016-00607-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2016-00607-02
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
26 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 730012333000201600607-02
Actor: José Carmelo Montalvo
Demandado: Municipio de Ibagué
Vinculados: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD;
Departamento del Tolima y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
S.A. E.S.P – IBAL S.A. E.S.P.
Coadyuvantes: Defensoría del Pueblo Regional Tolima y Personería Municipal de
Ibagué
Tema: Derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; al goce del
espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público; a la
seguridad y salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que
garanticen la salubridad pública; al acceso a servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna; y, a la realización de las construcciones, edificaciones, y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Ibagué y
por la la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P – IBAL S.A.
E.S.P, contra la sentencia de 20 de abril de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor José Carmelo Montalvo presentó demanda en ejercicio del
respectivo medio de control, contra el Municipio de Ibagué, con el objeto de lograr
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la protección de los derechos e intereses colectivos a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público; al goce de un ambiente sano; a la seguridad y salubridad
pública; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; y al acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y
oportuna1.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 2.1 Que se declare solidaria y administrativamente responsable al Municipio
de Ibagué, por la vulneración de los derechos e intereses colectivos a la
REALIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y
DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO DISPOSICIONES JURIDICAS, DE
MANERA ORDENADA, Y DANDO PREVALENCIA ALA BENEFICIO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES; AL GOCE DEL ESPACIO PUBLICO
(sic) Y LA UTILIZACION Y LA DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PUBLICO
(sic); AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO; SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
PUBLICA; (sic): EL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS Y QUE SU
PRESTACION SEA EFICIENTE Y OPORTUNA, (Artículos 4 Literales a), d), g), h),
j) y m) de la Ley 472 de 1998).
2.2 ORDENAR al Municipio de Ibagué Tolima, acometer de manera inmediata
coordinada y armónica, las medidas técnicamente exigibles, jurídicas y
presupuestalmente visibles, a fin efectuar las reposiciones que sean necesarias para
lograr el adecuado mantenimiento y si es del caso reconstrucción de la vía que
conduce el tránsito peatonal y vehicular de las veredas los Túneles y Cural, la
Tigrera de Ibagué Tolima, sectores salida del Barrio Boquerón- Tercer Túnel-Cural
la Tigrera.
2.3 ORDENAR al Municipio de Ibagué, efectuar las reposiciones que sean
necesarias para lograr el adecuado mantenimiento y si es del caso reconstrucción
sistema de recolección de aguas lluvias (ESCORRETIAS), de la vía que conduce el
tránsito peatonal y vehicular de las veredas los Túneles y Cural, la Tigrera de Ibagué
Tolima, sectores salida del Barrio Boquerón- Tercer Túnel- Cural la Tigrera.
2.4 Disponer como pretensión autónoma, en los Artículos 34 inciso 4 de la Ley 472
de 1998, la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento del fallo,
con la participación del Demandante, la Personería Municipal de Ibagué y las demás
autoridades que dispongan el Despacho.
2.5. Condenar en costas a los demandados […]”2.
1 El proceso fue admitido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, posteriormente
asumió el conocimiento por competencia el Tribunal Administrativo del Tolima por auto de 10 de octubre de
2016.
2 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
16_17_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125303.
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Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1 Indicó que por las veredas Los Túneles y El Cural de Ibagué - Tolima,
transcurre una vía construida en asfalto que tiene un sistema de recolección de
aguas lluvias y sirve como medio para el transporte de productos agrícolas,
peatonal, de vehículos particulares y como medio de evacuación en situación de
emergencia por la eventual erupción del volcán Cerro Machín.
3.2 Señaló que entre el Municipio de Ibagué y el señor Luis Egimio Barón Vargas
se suscribió un contrato de obra núm. 1256 de 9 de junio de 2013, con el objeto de
la construcción, mejoramiento y optimización de los acueductos comunitarios de los
Barrios San Antonio, los Ciruelos, Túneles y Darío Echandía de la ciudad de Ibagué
– Tolima.
3.3 Manifestó que, en cumplimiento del convenio indicado, el contratista ejecutó
en las veredas Túneles y El Cural la Tigrera de Ibagué – Tolima entre otras cosas,
la construcción de un tanque de almacenamiento y construcción de líneas de
conducción de agua potable
3.4 Mencionó que entre el Municipio y el Consorcio Cons-Tri-Co, suscribieron un
contrato de obra núm. 2401 de 3 de diciembre de 2013, que tuvo como objeto la
construcción de estructuras de captación y línea de conducción hasta la planta de
tratamiento del acueducto comunitario Acua- Boqueron.
3.5 Resaltó que las obras indicadas ocasionaron la destrucción de la vía que
conduce el tránsito por las veredas por la existencia de huecos, agrietamientos,
fallas en el terreno, entre otras, lo que dificulta el transporte de productos agrícolas,
el tránsito peatonal y la circulación de la ruta 82 de la empresa La Ibaguereña. Lo
anterior con ocasión del paso constante de vehículos por esa vía, que ha generado
adicionalmente problema de vibración en las viviendas, grietas, desajuste de
puertas y ventanas, afectaciones a la salud (asma, irritación de las vías
respiratorias, tos, disminución de la función pulmonar y problemas de corazón).
3.6 Mencionó que las obras han ocasionado que el sistema de recolección de
aguas lluvias de la vía que conduce el tránsito de las veredas, presenta un alto grado
de destrucción, por lo cual las aguas desbordan las calles, ocasionando inundación
en las viviendas, vectores y zancudos que afectan a la población infantil.
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3.7 Indicó que se han presentado peticiones al municipio sin obtener una
respuesta efectiva en relación con los hechos indicados.
3.8 Agotó el requisito de procedibilidad al solicitar a las demandadas acometer
de manera inmediata, coordinada y armónica, las medidas técnicas exigibles,
jurídicas y presupuestalmente visibles a fin de precaver y reponer los daños y
riesgos enunciados.
3.9 Adujo que mediante escrito núm. 1090-99 36965 de 26 de junio de 2015, el
municipio le indicó que si bien es cierto la vía que conduce de boquerón a las
veredas se encuentra en mal estado por las obras contratadas, este no cuenta con
recursos para su intervención.
Contestaciones de la demanda
4. El Municipio de Ibagué contestó la demanda, se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
4.1. Indicó en relación con los hechos que se sujetará a lo que se pruebe en el
proceso porque las situaciones descritas no están ligadas a una relación de
causalidad de competencia.
4.2. Manifestó que no se vislumbra vulneración porque se realizó el diagnóstico
correspondiente para la intervención de la vía y los respectivos procesos
contractuales, una vez culminados se realizarán los trabajos de mantenimiento
preventivo o correctivo.
4.3. Argumentó que la administración ha adelantado las acciones necesarias para
determinar las causas de las fallas aducidas y encontró que en los terrenos donde
se localizan los problemas existían sectores deprimidos, pues la vía que de
Boquerón conduce a las veredas Los Túneles y El Cural a pesar de encontrarse
pavimentada, no cuenta con el drenaje suficiente de aguas lluvias, tampoco su
ancho corresponde al legalmente establecido para el sector, porque las viviendas
allí asentadas fueron construidas sin respetar el ornamento urbanístico y sin cumplir
las especificaciones técnicas.
4.4. Manifestó que la concesionaria San Rafael informó a la Secretaría de
Desarrollo Rural, que dentro del proyecto de construcción de la doble calzada
Ibagué – Cajamarca, se tiene incluida la intervención de parte de la entrada de esta
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vía en un tramo considerable, encontrándose en estudio las alternativas del trazado
para elegir la más acertada.
4.5. Aclaró que el Municipio de Ibagué ha tomado las medidas transitorias
necesarias mientras se gestionan los recursos que se requieran, porque no se
pueden construir obras si estas no se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo
o los planes territoriales.
4.6. Indicó que no aparece probada la existencia de amenaza o vulneración de
los derechos colectivos con ocasión de la acción u omisión en la producción del
presunto daño.
4.7. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Inexistencia del nexo
causal”; “Falta de imputabilidad del daño”; y la “Genérica”3.
Vinculados
5. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así:
5.1. Realizó una contextualización normativa del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo en Colombia, e indicó que no se le pueden abrogar competencias para
atender asuntos locales del Municipio de Ibagué en asocio con el Consejo Municipal
para la Gestión del Riesgo en cabeza del Alcalde y de manera subsidiaria del
Departamento de Tolima, Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo del
Departamento de Tolima, porque corresponde a ellos en su nivel territorial4.
6. El Departamento del Tolima contestó la demanda, se opuso a las
pretensiones formuladas, así:
6.1. Indicó que lo solicitado por el actor hace referencia al sector de competencia
del Municipio de Ibagué y de las entidades del orden municipal vinculadas.
Argumentó que la vía según el Decreto núm. 796 de 23 de diciembre de 1998 no se
encuentra a cargo del Departamento del Tolima.
6.2. Señaló que luego de indagar sobre la priorización de los planes de acción del
Municipio de Ibagué, este municipio no priorizó ningún proyecto en relación al
3 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 10_10_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125210 páginas 109-115.
4 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 10_10_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125210 página 154.
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sistema de recolección de aguas (escorrentías) de la que conduce el tránsito
peatonal y vehicular de las veredas de los Túneles, Cural y la Tigrera.
6.3. Atendiendo al Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios se establece la
competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos.
Resulta claro que es al Municipio de Ibagué a quien le corresponde realizar una
adecuada y efectiva prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, por lo
cual el Departamento del Tolima carece de responsabilidad administrativa.
6.4. Aclaró que el acueducto de aguas comunitarias –Acua-Boquerón- se
encuentra dentro de la jurisdicción del Municipio de Ibagué, mediante su Secretaría
de Salud le corresponde vigilar la calidad del agua, así como realizar las inversiones
para su mejoramiento. Indicó que, si bien se han ocasionado destrucciones a la vía
con la ejecución de los contratos, es el ente territorial quien debe velar por la
protección de los derechos colectivos. También mencionó que la vía pertenece a la
red de tercer orden que permite la comunicación a nivel veredal y esta se encuentra
a cargo del municipio.
6.5. Indicó que el departamento en virtud de los principios de concurrencia,
subsidiariedad y coordinación firmó convenios entre los municipios y la Nación para
la creación de los Planes Departamentales de Agua, como un requisito para acceder
a los recursos de la nación y como medio para efectivizar el uso de los recursos
destinados para este tema en atención al documento CONPES 3463 de 2007,
indispensable en la planificación del desarrollo del sector.
6.6. Argumentó que el Plan Departamental de Aguas, es el instrumento para el
manejo de los recursos de los diferentes niveles de la administración, por el cual se
pretende realizar la estrategia de la Nación en el manejo empresarial de los servicios
de agua potable.
6.7. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Improcedencia de la
acción contra el Departamento del Tolima”; y “Competencia exclusiva del Municipio
de Ibagué y de las entidades municipales vinculadas”5.
7. La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P
contestó la demanda, se opuso a las pretensiones formuladas, así:
5 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 10_10_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125210 páginas 218-239.
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7.1. Indicó que en relación con la petición de reconstrucción del sistema de
recolección de aguas lluvias de la vía que conduce el tránsito peatonal y vehicular
de las veredas los Túneles y Cural, la Tigrera de Ibagué – Tolima, se está refiriendo
al estado de una vía, situación que no es de su competencia al ser una empresa
prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
7.2. Propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva 6.
La audiencia de pacto de cumplimiento
8. El Tribunal, mediante audiencia de 19 de septiembre de 2017, llevó a cabo
la diligencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes7.
Sentencia proferida, en primera instancia
9. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia de 20 de abril de 2023,
en la que resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR vulnerados los derechos e intereses colectivos al goce
de un ambiente sano; al goce a un espacio público y la utilización y la defensa de
los bienes de uso público; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una
infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública; al El (sic) acceso
a servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y, a la realización
de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes; conforme las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P., que dentro de los seis (06)
meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, adelante las gestiones
administrativas, presupuestales, financieras y contractuales para que se finalicen
todas las obras del “ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE IBAGUÉ” en la fase
que comprende la vía que conduce a las veredas Los Túneles, El Cural y la Tigrera
de Ibagué – sector Boquerón.
TERCERO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P., que dentro de los tres
(03) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, adelante las
gestiones administrativas, presupuestales, financieras y contractuales para que se
realicen los estudios hidráulicos y geotécnicos de la zona que comprende la vía que
conduce a las veredas Los Túneles, El Cural y la Tigrera de Ibagué – sector
Boquerón, con el fin de determinar cuáles serán las obras necesarias para el
correcto manejo y disposición de aguas lluvias y de la escorrentía, junto con el
diseño de la estructura de pavimento adecuado que requiere la vía antes anunciada
– incluyendo los Túneles que están ubicados en la vía -, lo cual deberá cumplir los
6 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 10_10_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125210 páginas 257-258.
7 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 9_9_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125038 páginas 60-62.
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estándares tanto normativos y de calidad, especialmente, en tamaño, iluminación,
señalización vial, nivel de servicio, sistema de recolección de aguas lluvias, tanto
para prestar el servicio de transporte vehicular como peatonal.
CUARTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que vencido el plazo establecido en
el numeral tercero de la presente providencia, tendrán solo tres (03) meses para
adelantar las gestiones administrativas, presupuestales y financieras que sean
necesarias para luego proceder con las obras que resulten o se determinen como
consecuencia de los estudios hidráulicos y geotécnicos para ejecutar la estructura
de pavimentación que requiera la vía que conduce a las veredas Los Túneles, El
Cural y la Tigrera de la ciudad de Ibagué – sector Boquerón.
QUINTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que, vencido el plazo establecido en
el numeral cuarto de la presente providencia, tendrán solo seis (06) meses para que
ejecute a cabalidad, todas las medidas administrativas, presupuestales, financieras
y de otra índole, idóneas y pertinentes, orientadas a emprender y culminar la
efectiva pavimentación del tramo vial que conduce a las veredas Los Túneles, El
Cural y la Tigrera de Ibagué – sector Boquerón, cumpliendo los estándares tanto
normativos y de calidad, especialmente, en tamaño, iluminación, señalización vial,
nivel de servicio, sistema de recolección de aguas lluvias, tanto para prestar el
servicio de transporte vehicular como peatonal.
SEXTO: ORDENAR al Departamento del Tolima, apoye financiera, técnica y
administrativamente al Municipio de Ibagué y a la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P., en la formulación y
ejecución de estudios técnicos como de las obras que se determinen para efectuar
hasta su culminación la efectiva pavimentación del tramo vial que conduce a las
veredas Los Túneles, El Cural y la Tigrera de Ibagué – sector Boquerón, cumpliendo
los estándares tanto normativos y de calidad, especialmente, en tamaño,
iluminación, señalización vial, nivel de servicio, sistema de recolección de aguas
lluvias, tanto para prestar el servicio de transporte vehicular como peatonal.
SÉPTIMO: EXHORTAR a la comunidad de las veredas Los Túneles, El Cural y la
Tigrera, y toda la comunidad contigua o aledaña al recorrido de la vía que conduce
a estas veredas, para que se abstengan de continuar afectando el espacio público
y el medio ambiente y que coadyuven a las autoridades accionadas en los trámites
y gestiones que se requieran con miras a dar cumplimientos a las ordenes (sic)
emitidas en la presente providencia, sin perjuicio de las acciones administrativas y
policías a que haya lugar.
OCTAVO: ORDENAR a todas las entidades obligadas a cumplir las órdenes
impartidas por esta sentencia, y al vencimiento de cada plazo deberán presentar
ante el Tribunal Administrativo del Tolima un informe detallado sobre su
cumplimiento.
NOVENO: DECLARAR no probadas las excepciones invocadas por los integrantes
de la parte pasiva.
DÉCIMO: Para verificar el cumplimiento del fallo, en los términos previstos en la
Ley 472 de 1998, se ORDENA integrar el comité de verificación del cual harán parte
el ALCALDE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ O SU DELEGADO, EL GOBERNADOR
DEL TOLIMA O SU DELEGADO, EL GERENTE DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P. O SU
DELEGADO, EL DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL TOLIMA O SU
DELEGADO, EL PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUÉ O SU DELEGADO, Y EL
MAGISTRADO PONENTE.
DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR EN COSTAS al Municipio de Ibagué,
Departamento del Tolima y a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P Oficial y a favor del demandante, para
lo cual se fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente
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para cada una de las entidades, por concepto de agencias en derecho, y, se ordena
que por la Secretaría de este Tribunal se realice la correspondiente liquidación de
los gastos procesales, en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso.
DÉCIMO SEGUNDO: Remítase por Secretaría a la Defensoría del Pueblo copia del
presente fallo, para que sea incluido en el Registro Público Centralizado de
Acciones Populares y de Grupo previsto en el artículo 80 de la ley 472 de 1998.
DÉCIMOTERCERO: Una vez en firme, permanezca el proceso en Secretaría con
el fin de verificar el cumplimiento de lo aquí ordenado […]”8.
Consideraciones del Tribunal
10. El Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver era el siguiente: “[…]
si, las entidades que han sido convocadas a juicio, están vulnerando los derechos
colectivos invocados por la parte accionante, con ocasión al mal estado de la vía y
del sistema de recolección de aguas lluvias de esa vía que conduce el tránsito
vehicular y peatonal hacia las veredas Los Túneles, Cural y la Tigrera del Municipio
de Ibagué, y de ser así, qué acciones deberán emprender para conjurar el estado
de vulneración […]”.
10.1. El Tribunal señaló la naturaleza, las características y procedencia de la
acción popular; resolvió la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada por las entidades vinculadas; analizó el marco normativo y jurisprudencial
sobre los derechos e intereses colectivos cuya protección se invocó; posteriormente
se refirió sobre los hechos probados jurídicamente relevantes y su medio probatorio.
10.2. El Tribunal consideró que de las pruebas se logró establecer que como
consecuencia de unas obras civiles para la construcción, mejoramiento y
optimización de los acueductos comunitarios de los barrios San Antonio, Los
Ciruelos, Túneles y Darío Echandía de la ciudad de Ibagué, la vía que conduce a
las veredas Los Túneles, Cural y la Tigrera quedó totalmente destruida al levantarse
el pavimento para introducir las tuberías de los acueductos, sin que hasta la fecha
de la sentencia se pavimente nuevamente generando dificultades en el transporte
peatonal y vehicular, además de afectaciones a la salud de los habitantes de esas
veredas.
10.3. El Tribunal determinó que de las respuestas brindadas por la Secretaría de
Desarrollo Rural y del Medio Ambiente generadas en el año 2015, se aceptaban las
malas condiciones de la vía como consecuencia de las obras y su no solución ante
la falta de recursos para ello.
8 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 5_13_13_730012333000201600607024EXPEDIENTEDIGI20230810125211 páginas 86-128.
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10.4. El Tribunal estableció que no existe duda alguna que la vía que conduce a
las veredas Los Túneles, Cural y la Tigrera se encuentra en mal estado, por
diferentes causas. En primer lugar, por la intervención de la vía por las obras civiles;
segundo por la falta de pavimentación, tercero porque los mantenimientos
efectuados son soluciones transitorias, se acreditó que la vía tampoco cuenta con
drenaje o sistema de recolección de aguas lluvias, lo que deteriora las soluciones
temporales que se realizan.
10.5. El Tribunal consideró que según las situaciones fácticas ya reseñadas, los
elementos probatorios de orden técnico expuestos, desde hace años las malas
condiciones de la vía son un hecho público y notorio, no obstante, no se desconoce
que se han efectuado intervenciones transitorias a la vía, como el perfilamiento o
nivelaciones con material granulado, o entre otras técnicas temporales, está
plenamente demostrado que estas soluciones en nada cambia en forma definitiva
las pésimas condiciones que rápidamente adquiere la vía, ante las complejas
circunstancias a las que está sometida, por lo que no existe prueba alguna que
acredite una intervención definitiva para garantizar la pavimentación de la vía que
conduce a las veredas Los Túneles, El Cural y la Tigrera en la ciudad de Ibagué,
por lo que la Sala puede concluir que efectivamente existe la vulneración de los
derechos colectivos.
10.6. El Tribunal consideró en relación con la responsabilidad que: i) determinó
como principales responsables al Municipio de Ibagué, a la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado S.A. – IBAL S.A. E.S.P, y al Departamento del Tolima; ii)
en relación con el Municipio de Ibagué, determinó la competencia sobre la
conservación, mantenimiento y pavimentación de las vías, y sobre la prestación de
servicios públicos en materia de alcantarillado y acueducto; iii) en relación con IBAL
S.A. E.S.P. se probó que de la construcción del acueducto complementario depende
la pavimentación de la vía, por lo que es procedente su responsabilidad y no es
admisible dejar a una espera indefinida a la comunidad afectada sin una solución; y
iv) en relación con el Departamento, este tiene competencia para ser intermediario
entre la Nación y los municipios para la prestación de los servicios públicos en virtud
de los principios de coordinación y complementariedad; y v) respecto de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, si bien no se estableció su
responsabilidad si se evidenció que participó de forma activa en los trámites y
gestiones adelantadas en relación con la gestión del riesgo.
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10.7. El Tribunal concluyó que: “[…] La Sala accederá a la protección de los
derechos e interés colectivos al “a) El goce de un ambiente sano, de conformidad
con los establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias”; d)
El goce a un espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso
público; g) La seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de
servicios que garanticen la salubridad pública; j) El acceso a servicios públicos y a
que su prestación sea eficiente y oportuna; y, m) La realización de las
construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes”; en razón a que se hace evidente que la comunidad de la veredas
Los Túneles, El Cural y la Tigrera no cuenta con una vía de acceso o carretera que
cumpla con todos los estadales (sic) para prestar un servicio público no solo de
transporte vehicular sino peatonal, debido al pésimo estado de la carretera con la
que cuentan actualmente, lo que ha generado problemas reiterados en el transporte
público, vehicular y peatonal, y, aún más grave, la población se encuentra afectada
en su salud ante el mal estado de la vía, generándose patologías infecciosas y
respiratorias […]”.
10.8. El Tribunal además determinó la corresponsabilidad de la comunidad en el
punto de la existencia del taponamiento de las actuales canaletas y alcantarillas
consecuencia de obstrucción de los drenajes existentes por residuos y basuras, así
como, que las viviendas de la zona afectada no cumplen con los requerimientos o
parámetros urbanísticos. Por lo anterior, se “exhortó” a la comunidad para que se
abstenga de continuar afectando el espacio público y apliquen las medidas para el
control de los residuos y basuras, es decir, debe coadyuvar al cumplimiento de las
órdenes que se dictaron en la sentencia sin perjuicio de las acciones administrativas
y policivas a que haya lugar.
10.9. El Tribunal por último consideró que se encontraba probada la causación de
la condena en costas teniendo en cuenta que el fallo fue favorable al extremo activo
y se probaron en relación con las agencias en derecho.
Recurso de apelación presentado por el Municipio de Ibagué
11. El Municipio de Ibagué presentó escrito por medio del cual interpuso el
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los
siguientes términos:
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11.1. Manifestó que la acción popular que se encuentra bajo estudio, no cumple
con su objeto porque no se está generando ningún daño contingente, peligro,
amenaza, vulneración o agravio de derechos colectivos y tampoco existe ninguna
relación de causalidad entre la omisión – pavimentación de la vía- y la afectación de
derechos o intereses colectivos, como quiera que la pavimentación de la vía no
genera agravio a la comunidad ya que no existe un daño inminente, máxime cuando
depende del IBAL la certificación de la ejecución de las labores realizadas con
ocasión del acueducto complementario para poder realizar cualquier tipo de
intervención.
11.2. Indicó que la IBAL tiene como obligación el mantenimiento y reparación de
las redes locales en virtud del artículo 28 de la Ley 142. Señaló que la vía se
encuentra intervenida por las obras del acueducto complementario contratadas por
la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado donde se está realizando la
instalación de la tubería, por lo cual no es el Municipio de Ibagué el directamente
llamado a responder.
11.3. Señaló que el Municipio cuenta con un prestador mayoritario en el servicio
de acueducto y alcantarillado, el cual es la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado. Tanto el municipio como la mencionada empresa con el fin de ampliar
la cobertura adelantan las obras necesarias para abastecer el sistema garantizando
la continuidad en el servicio.
11.4. Indicó que de acuerdo con un convenio que adquirió con la IBAL, el Municipio
depende exclusivamente de este para la posterior pavimentación de la vía. Sin
embargo, ha realizado a la fecha diversas acciones de mantenimiento y limpieza de
la vía en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal.
11.5. Reiteró que la infraestructura de transporte depende de que las redes
hidrosanitarias deben estar debidamente certificadas, constituyendo este un
requisito indispensable para que la administración despliegue las actividades
tendientes a obtener la pavimentación de la vía.
11.6. Argumentó que el Municipio ni directamente ni a través de ninguna de sus
dependencias ha violado ni se encuentra violando ni amenazando derecho colectivo
alguno, por lo cual no es procedente proponer formula de pacto de cumplimiento.
11.7. Indicó que teniendo en cuenta que no se evidencia que con las pretensiones
y hechos de la acción, vulneración o amenaza de los derechos colectivos
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inicialmente en cabeza del municipio, toda vez que a la fecha el IBAL S.A. E.S.P.
está encargado de realizar obras del acueducto complementario, conforme es una
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, con autonomía
presupuestal, administrativa y financiera, especializada en el tratamiento y
suministro de agua potable para el consumo humano y recolección de aguas
residuales y debe contarse con la certificación respecto de la idoneidad de la tubería
del sector y por lo tanto no es posible la pavimentación de la malla vial hasta que no
se certifique el cumplimiento de las características de la tubería instalada, todo lo
anterior se reitera en la identificación de criterios técnicos para la priorización de
obras de ampliación, rehabilitación y/o recuperación y/o reposición del acueducto y
alcantarillado, realizada por el IBAL S.A. E.S.P.
11.8. Por último, solicitó la revocatoria de la sentencia y la exoneración de la
responsabilidad9.
Recurso de apelación presentado por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
12. La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
presentó escrito por medio del cual interpuso el recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en los siguientes términos:
12.1. Solicitó la revocatoria de las órdenes impartidas por considerar que son
contrarias a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Nacional y violatoria
del artículo 16 de la Ley 1695 del 17 de diciembre de 2013, por medio de la cual se
desarrolló el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia; asimismo, en
consideración a que no existe legitimación en la causa por pasiva en el medio de
control porque esta no se puede desprender de la ejecución de obras de
infraestructura de servicios públicos de mayor envergadura.
12.2. Indicó que se le endilgó responsabilidad por el estado de la vía debido a las
obras del acueducto complementario de la ciudad de Ibagué y tomó como pruebas
las declaraciones o conceptos de la Personería Municipal, sin que existiera copia
del supuesto convenio suscrito entre el Municipio de Ibagué y la empresa y sin que
existiera concepto técnico sobre el estado de las obras y del proyecto de acueducto.
Aclaró que ese es un macroproyecto que no puede construirse por tramos como lo
9 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 13_13_730012333000201600607024EXPEDIENTEDIGI20230810125211 páginas 142-
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determina el fallo en sus órdenes, ni en los tiempos estipulados por el despacho, los
cuales no tienen ningún parámetro técnico.
12.3. Señaló que se le obligó a terminar la obra en los términos y condiciones
consideradas por el juez de conocimiento y también los estudios y diseños de obras
de inversión, como la pavimentación de la vía y la construcción del sistema de
recolección de aguas lluvias que no son de su resorte o competencia; por lo tanto,
se está obligando a la entidad a ejecutar inversión de recursos en diseños para
llevar a cabo obras que no son de su responsabilidad.
12.4. Expresó que las órdenes impartidas no cuentan ni con prueba o parámetro
técnico que señale que esta es la solución a la problemática del sector o que
siéndola sea pertinente establecer un término para la terminación de obras que
hacen parte de un proyecto más grande.
12.5. Indicó que tampoco existe prueba que determine técnicamente que la vía se
encuentra en deterioro por las obras ejecutadas por el IBAL, ni se probó que exista
convenio donde se haya comprometido a la pavimentación de la vía y a la
construcción del sistema de recolección de aguas lluvias.
12.6. Señaló que si bien se concedió un término para las gestiones presupuestales,
contractuales, administrativas y financieras, esta se encuentra desprovista de
parámetros técnicos razonables para que la entidad dé cumplimiento a las órdenes,
lo cual desconoce los términos concedidos para la gestión administrativa y
financiera de la empresa, sin tener en cuenta que las obras van en contravía de lo
adoptado en el macroproyecto del acueducto complementario que consiste en una
obra pública para el beneficio de todos.
12.7. Señaló que el término de 6 meses para culminar las obras en el sector no es
suficiente conforme los planes, programas y proyectos trazados por la entidad para
dar solución a la problemática del abastecimiento de agua en la ciudad de Ibagué.
12.8. Invocó el principio del efecto útil de la sentencia impugnada como quiera que
debe tenerse en cuenta la capacidad administrativa, técnica, contractual y financiera
de la entidad para dar cumplimiento a lo ordenado. Puso de presente que dentro del
contexto que son varios procesos con fallo que han obligado a la entidad a una
inversión sin programación alguna, que afecta el cumplimiento de la decisión judicial
y las finanzas propias de la entidad al no contar con los recursos económicos
suficientes para asumir el cumplimiento del fallo.
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12.9. Resaltó que debe tenerse en cuenta que la decisión judicial afecta de manera
grave el principio de planeación y la voluntad de las partes comprometidas en el
contrato de construcción del acueducto complementario, en razón a que se ordena
sin parámetro alguno, la terminación de unas obras que se encuentran en ejecución,
que tampoco el fallo determinó en que instancia o porcentaje de ejecución se
encontraban y los compromisos o cláusulas contractuales de procesos de un
macroproyecto y sin prueba técnica.
12.10. Considero que el fallo impugnado desconoció el precepto contenido en el
artículo 16 de la Ley 1695 de 2013, violando los derechos de la entidad y el principio
de legalidad al que está sometida la actividad judicial.
12.11. Por último, solicitó la revocatoria de las órdenes impartidas a la IBAL en
consideración a la inexistencia de prueba respecto de su responsabilidad en la
vulneración de los derechos colectivos y en consideración a que las órdenes violan
los principios de planeación, eficacia y eficiencia del gasto público, desconociendo
que atenta igualmente contra el principio de legalidad de la autoridad judicial10.
Actuaciones en segunda instancia
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de agosto de 202311, ajustó
al efecto devolutivo los recursos de apelación interpuestos; mediante auto 31 de
agosto de 202312, admitió los recursos de apelación y por medio de auto de 6 de
agosto de 2024, negó la solicitud probatoria presentada por el Municipio de
Ibagué13. El Ministerio Público no rindió concepto, ni las partes se pronunciaron en
relación con los recursos de apelación.
II. CONSIDERACIONES DE SALA
14. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
principio de prevención en materia ambiental; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho ambiental como garantía del derecho colectivo al goce
10 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
5_13_13_730012333000201600607024EXPEDIENTEDIGI20230810125211 páginas 839 a 845.
11 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00004. Archivo denominado:
022AUTOQUEREVOCAOCORRIGELADECISION.
12 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00010. Archivo
denominado:027AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION.
13 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00024. Archivo denominado:
042Autoqueniega_AP201660702JoseCarme.
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al ambiente sano; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo al goce de un espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de
uso público; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo
a la seguridad y salubridad públicas; viii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho colectivo al acceso a servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; ix) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de las construcciones,
edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes; y x) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
15. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 14, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201915, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15016 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201117, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
16. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las accionadas en sus recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia de 20 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
de conformidad con los artículos 32018 y 32819 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201220, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley 472.
14 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
15 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
16 Modificado por las leyes 1564 y 2080 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
17 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
18 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
19 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
20 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Los problemas jurídicos
17. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar si se probó o no la vulneración o amenaza de los derechos
e intereses colectivos invocados debido al mal estado y al sistema de drenaje pluvial
de la vía intervederal que comunica las veredas Los Túneles, Cural y la Tigrera del
Municipio de Ibagué.
17.1. Posteriormente, en caso de encontrar probada la vulneración o amenaza y
en los términos de los recursos de apelación, se determinará si el Municipio de
Ibagué en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
se encuentra legitimada por pasiva para implementar las medidas que conduzcan a
la pavimentación de la malla vial del sector del caso concreto y se verificará si está
supeditada a la certificación de las redes hidrosanitarias realizadas por la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL. S.A. E.S.P.
17.2. También se determinará si en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, es obligación de la Empresa Ibaguereña
de Acueducto y Alcantarillado IBAL. S.A. E.S.P. la realización de estudios y diseños
para la pavimentación de la vía y la construcción del sistema de recolección de
aguas lluvias.
17.3. Aunado a lo anterior, si los términos y tiempos establecidos en las órdenes
son acordes para: i) la terminación de las obras del acueducto complementario del
Municipio de Ibagué; y ii) los estudios para las obras necesarias para el manejo de
las aguas lluvias y de escorrentía, junto con el diseño de la estructura del pavimento.
18. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 20 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
19. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
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Núm. único de radicación: 730012333000201600607-02
19.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
19.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
19.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de las accionadas; ii) un
daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
19.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”21.
19.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de
2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
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tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de prevención
en materia ambiental
20. El principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el Principio
17 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo según el cual
“[…] deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente […]”.
20.1. Es importante recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le impone
al Estado la obligación de prevenir los factores de deterioro ambiental; así las cosas,
al igual que el principio de precaución, el principio de prevención está señalado en
la Ley 99, principalmente por la remisión que efectúa el numeral 1 del artículo 1.º,
norma según la cual “[…] el proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en
la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo […]”, postulado que también se manifiesta en el numeral 7 ibidem cuando
se refiere al principio de “quien contamina paga” al prever que “[…] el Estado
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y
para la conservación de los recursos naturales renovables […]”.
20.2. La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 201522 se refirió al principio
de prevención definiéndolo en los siguientes términos:
“[…] aquel que busca ‘que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o
minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de
otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas
22 Corte Constitucional. Sentencia C-449/15. Referencia: Expediente D-3748. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial),
de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” Demandante: Ricardo Vanegas Sierra.
Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, 23 de abril de 2002.
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o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se
produzca o se agrave’. La doctrina ha expresado que ‘se ha producido, en nuestros
días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino
que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención
en uno de los grandes principios estructurales de este sector del derecho internacional
público. La finalidad o el objeto último del principio de prevención es, por tanto, evitar
que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben adoptar medidas
preventivas’.
Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial
de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia práctica de la
acción preventiva requiere de una armonización con el principio de precaución, al
flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el Estado adopte una
determinación. El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible
conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha
de determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el
principio de precaución opera en ausencia de certeza científica absoluta […]”.
20.3. El principio de prevención abarca los supuestos en los cuales el estado del
conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos que sobre el medio
ambiente son provocados por determinada actividad, por lo que es necesario el
despliegue de las facultades de la Administración para evitar que se concrete el
riesgo o el daño previo a que ocurran.
20.4. En ese sentido la debida diligencia constituye un elemento fundamental del
principio de prevención en materia ambiental, teniendo en cuenta que ello implica la
aplicación en el proceder de la administración de los instrumentos legales para
controlar y eventualmente mitigar los posibles daños sobre el medio ambiente. Es
de suma importancia para garantizar la aplicabilidad del mencionado principio, el
proceder de acuerdo con el reglamento o instrumento autorizado. Así, la actuación
diligente implica acciones de preservación y otras de atención a obligaciones,
incluso de carácter internacional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del derecho colectivo al goce al ambiente sano
21. En el orden internacional23 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Río de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en su preámbulo tiene como objetivo
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
23Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia proferida el 19 de julio de 2018, proceso identificado con número único de radicación
270012331000201100179-02(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y
las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial.
21.1. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un
lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el
otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99 de 22 de diciembre de
1993.24
21.2. En efecto, el artículo 1.º Ibidem sobre los principios generales ambientales
dispone que:
“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:
1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.
21.3. En sentido similar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"25, adoptado el 17 de noviembre de 1988, aprobado en
nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la Ley 319 de 20 de septiembre de
199626 y promulgado mediante Decreto 429 de 14 de marzo de 200127, estableció:
“[…] ARTICULO 11. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente […]” (Destacado de la Sala).
21.4. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está
amparado por lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional28 ha denominado
24 Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
25 El citado instrumento internacional entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 de acuerdo con lo previsto en
su artículo 21, numeral 3.
26 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador', suscrito en San
Salvador el 17de noviembre de 1988.
27 Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador
el 17 de noviembre de 1988.
28 Corte Constitucional: Sentencias T-411 de 17 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de
22 de noviembre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1 de abril de 1998, M.P. Alejandro
Martínez Caballero y C-431 de 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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la “Constitución Ecológica”, esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la
Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse
la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio
ambiente.
21.5. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que
desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95
que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y
fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.
21.6. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) como un servicio
público y, iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su
integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así
como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un
carácter de objetivo social.
21.7. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional29 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
21.8. Asimismo, sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, la referida
Corporación en sentencia T-046 de 29 de enero de 199930 precisó lo siguiente:
29 Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015, M.P. Diana Fajardo Rivera.
30 M.P. Hernando Herrera Vergara.
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“[…] cabe señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección
de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes
para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de
la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de
cooperación con otras naciones para la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80) […]”.
21.9. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197331 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197432, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio
común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los
particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del
ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
21.10. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo
remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad y el derecho de
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del
principio de precaución.
31 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
32 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
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21.11. Finalmente, el goce de un ambiente sano ha sido entendido, tanto por la
Corte Constitucional como por esta Corporación, como un derecho multidimensional
fundamental y colectivo. Al respecto, se considera pertinente citar la sentencia
proferida por esta Sección el 14 de marzo de 201933, en los siguientes términos:
“[…] Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido
entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un
derecho multidimensional fundamental y colectivo34. Precisamente, en sentencia de
28 de marzo de 2014, esta Sección adujo lo siguiente:
“[…] Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda
vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse
estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud);
ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente
sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii)
de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente
para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y,
iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo
de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e
imposición las sanciones a que haya lugar). […]35
Ahora bien, acerca de la noción de medio ambiente y los alcances del derecho al
goce del ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:
“[…] Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como
todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los
recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna,
etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer
la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.
En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias
dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida
y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de
un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de
protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y
futuras), iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo
sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar) y v) de derecho
colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior.
Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al
derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible
relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional
determinó:
33 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo de
2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación: 17001-23-00-000-2011-00337-01
(AP).
34 Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Demanda de inconstitucionalidad contra los articulas 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Actor: Luis Eduardo
Montealegre Lynett. Exp. 0-8379.
35 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:
25000-23-27-000-2001-90479-01 (AP)
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“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y
a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para
la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los
hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que
el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”36.
Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado:
“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución
recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las
pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado
de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo
sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (…)
De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a
gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de
éste […]” (Subraya inserta en el texto)
[…]
Por ello, el principio de desarrollo sostenible se convierte en el parámetro
que debe guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas.
El mencionado principio facilita el proceso de armonización de las tensiones
existentes entre el uso y la explotación de los recursos naturales; con la
necesidad de conservar y proteger el ambiente37. En efecto, el artículo 80 de
la Carta Política consagra una garantía estatal de racionalización de los
recursos naturales, a través de la cual se establecen pautas de preservación
del ambiente al interior de la estrategia de crecimiento económico que
promueva el Estado.
A nivel normativo el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, define el desarrollo
sostenible como aquel que: “[…] conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades […]”. En igual sentido, la Ley 1523
de 201238, dispuso en su artículo 3° que: “[…] el desarrollo es sostenible
cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras
e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación
insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente constituyen características
irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo
de desastres […]”.
Cabe precisar que este concepto también se nutre de diversos compromisos
multilaterales de los Estados. Particularmente, la Declaración de la
36 Corte Constitucional, Sentencia C - 671 de 2001.
37 Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia
de 17 de agosto de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01 (AP).
38 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres".
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el
informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible Río + 20 de 22 de junio de 2012 y la XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático de 2015, entre otros.
Estos instrumentos internacionales ponen de presente la necesidad de
promover políticas que mantengan y expandan la base de los recursos
naturales desde una estrategia de equidad intergeneracional, la cual
reconoce que: i) es necesario preservar los recursos naturales para el
beneficio de las generaciones futuras; ii) la explotación de los recursos debe
ser sostenible, prudente y racional; y, iii) las consideraciones
medioambientales deben ser parte de los planes de desarrollo.
En efecto, recientemente el Estado Colombiano suscribió el Acuerdo de
París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y aprobado mediante Ley 1844
de 2017, en cuyo marco el gobierno nacional reitera el compromiso global de
armonizar el bienestar de las personas con el de la naturaleza, de manera
que el medio ambiente sea considerado como parte fundamental del proceso
de desarrollo.
Sin embargo, esta actividad de ponderación de ambos bienes jurídicos no
resulta sencilla. Por ello, esta Sección, en la sentencia de 21 de junio de
2001, recordó que el Estado que no puede frenar el desarrollo cuando este
sea sostenible. Es decir, aquel que “[…] lleve al crecimiento económico, al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los
recursos, ni deteriorar el ambiente […]”39.
Sumado a ello, en la sentencia de 18 de marzo de 2010, la Sección Primera
de esta Corporación judicial, al reconocer el escenario complejo que afrontan
las autoridades públicas en la interpretación del principio de desarrollo
sostenible, puso de presente que: “[…] el medio ambiente involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida
del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural […]”40.
De igual manera, conforme al criterio jurídico definido en la sentencia de 28
de marzo de 201441, el concepto de desarrollo sostenible posibilita el
desarrollo de actividades productivas que conduzcan al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.
Por lo anterior, es dable concluir que, a nivel normativo y jurisprudencial, la
protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las
personas (naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el ecosistema
nacional y mundial […]” (Subrayado original del texto).
39 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero.
40 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María
Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-
23-31-000-2005-00328-01(AG). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
41 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:
25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
22. Vistos: i) los artículos 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198942 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200243; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199844 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 2005 45, sobre el uso y goce del espacio
público.
23. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.
24. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:
“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y
artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales
del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo […]”.
42 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
y se dictan otras disposiciones […]”.
43 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
44 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
45 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
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25. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional46 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).
26. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [l]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
27. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.
28. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con […] el espacio […]”.
28.1. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad
y la salubridad pública en relación con la infraestructura pública vial o de
transporte terrestre
29. Vistos los artículos 2.º, 24.º y 82. º de la Constitución Política que indican
entre otros derechos colectivos, el de circular libremente por el territorio nacional; al
uso y goce de los bienes de uso público como las carreteras, así como la correlativa
46 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda
Espinosa.
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obligación del Estado de garantizar la integridad del espacio público y su destinación
al uso común.
29.1. La Ley 105 de 30 de diciembre de 199347 dispone como principio el de la
seguridad48 como prioridad del sistema y del sector transporte. En tal virtud, es deber
de las autoridades impulsar el desarrollo económico y el progreso social, y para ello,
ejecutarán las obras públicas correspondientes, entre estas, las relacionadas con el
servicio público de transporte, el mantenimiento y la reconstrucción de la
infraestructura vial del país. En los artículos 19.º y 20.º se establece la obligación de
la Nación y de las Entidades Territoriales en la construcción y conservación de los
todos y cada uno de los componentes de la infraestructura de transporte.
29.2. La Ley 769 de 6 de agosto de 200049 establece en su artículo 1. º como
principios rectores los de seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad,
cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y
descentralización. El artículo 7. º de la misma norma resalta el deber que les asiste
a las autoridades de tránsito de velar “[…] por la seguridad de las personas y las
cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de
carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la
prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías […]”.
(Destacado fuera de texto)
29.3. Esta Sección se ha pronunciado en torno a las condiciones mínimas que debe
tener la infraestructura pública vial o de transporte terrestre a efectos de garantizar la
seguridad de los actores viales.
29.4. En sentencia de 26 de julio de 2007, se refirió a la importancia de que las vías
cumplan con las especificaciones técnicas de todos y cada uno de los componentes
que las integran para efectos de garantizar la seguridad de las personas, así:
“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la
Autopista Oriental, en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo
(Atlántico) no cumple con las especificaciones técnicas necesarias que
garanticen la seguridad de los usuarios de la misma.
En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía
hace parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera
47 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.
48 Artículo 2.°, literal e.
49 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
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categoría, debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona
utilizable, la cual no se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos
alcanza los 30 metros que como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que
las calzadas de la vía (dos en total, cada una con tres carriles) se encuentren en
algunos tramos a distancias muy próximas a las viviendas que se encuentran a lo
largo de su recorrido, con el consecuente riesgo para la seguridad de la
comunidad del sector, debido a la circulación permanente de vehículos que
desarrollan altas velocidades.
La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de
retiro y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en
cuanto se refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.
Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas condiciones
que permitan la utilización segura de la misma tanto para los conductores de
vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en general, condiciones
éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que atraviesa el
municipio de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales y
verticales en los que se informa sobre la proximidad del centro urbano y el
deber de disminuir la velocidad en su paso por el mismo, dispositivos éstos
que resultan, en criterio de la Sala, insuficientes, cuando se trata de una vía
como la mencionada, calificada por el INVIAS como de primera categoría
debido a su importancia, no estando acreditado debidamente, de otro lado, que
haya adoptado las medidas para la regulación del tráfico vehicular que se anuncian
en el recurso de apelación […]”50 (Destacado fuera de texto).
29.5. Posteriormente, la Sección Primera, mediante sentencia de 31 de enero de
2008, destacó, en los siguientes términos, que la falta de señalización de las vías y la
ausencia del mobiliario correspondiente son factores que contribuyen con la
maximización del riesgo de accidentalidad y, por consiguiente, afectan los derechos
colectivos relacionados con la seguridad pública:
“[…] En el caso concreto el Tribunal consideró probada la vulneración efectiva a los
derechos cuya seguridad y garantía reclama el actor […].
Adujo que con posterioridad a la práctica de la diligencia señalada quedó en
evidencia la carencia de las condiciones necesarias que garanticen la segura
movilidad de los peatones a lo largo del sector, y, como agravante, resultó
demostrada además la ausencia de señalización vertical y horizontal,
circunstancia que maximiza el riesgo que corren los peatones al transitar por
el sector.
Agregó que aunque en la actualidad existen los espacios necesarios para el tránsito
de los peatones, no es menos cierto que el uso de los mismos, por demás riesgoso,
es consecuencia del cotidiano uso por parte de aquellos a falta de andenes
acondicionados para tal efecto, de lo cual se colige que en efecto, el sector requiere
de la señalización horizontal y vertical pertinente y de la construcción del
mobiliario que garantice la seguridad de los derechos vulnerados. […]
[E]s a todas luces inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que ponen
sus vidas los peatones que cotidianamente transitan el sector sobre el cual se
realizaron los correspondientes estudios, tanto por la falta del mobiliario urbano
que garantice la segura movilización de los transeúntes a cada lado de la vía,
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de julio de 2007,
C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; NUR 080012331000199902940-01.
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Núm. único de radicación: 730012333000201600607-02
como por la carencia de la señalización horizontal y vertical que maximiza el
riesgo de quienes además, transitan por el sector en vehículos automotores.
Anota la Sala el acierto del Tribunal al señalar el riesgo inminente para los
peatones que circulan y se desplazan por la Calle 5ª entre las Carreras 41 y 43, por
no estar plenamente acondicionado el espacio para la movilidad de los
transeúntes, teniendo en cuenta además que quienes a diario circulan por el
sector, en su mayoría son niños y jóvenes estudiantes. […]”51 (Destacado fuera
de texto).
29.6. Finalmente, la Sección, mediante sentencia de 18 de marzo de 201052, aludió
a las obligaciones que le corresponden al Invías en materia de señalización de vías
del orden nacional con el objeto de reducir los índices de accidentalidad y salvaguardar
el derecho colectivo a la seguridad pública:
“[…] De las pruebas señaladas se constata que, la vía indicada en la demanda
forma parte de la Red Nacional de Carreteras a cargo del INVIAS, razón por la
cual el mantenimiento de la misma le corresponde a dicho instituto, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2056 de 2003 […].
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que es
responsabilidad de la Nación, por medio del Instituto Nacional de Vías, acometer las
obras de señalización necesarias para prevenir o reducir, por lo menos, los índices
de accidentalidad en las vías del orden nacional. […]
Para la Sala, la negligencia del recurrente frente al cumplimiento de su deber
legal de mantenimiento y señalización de las vías a su cargo, constituye, sin
lugar a duda alguna, una seria amenaza al derecho colectivo a la seguridad
pública, pues no es necesario demostrar el grado de accidentalidad para inferir
que la falta de señalización vial en carreteras comporta un riesgo para los
usuarios de la misma, por lo tanto, en el caso examinado, basta con demostrar
la negligencia de la autoridad obligada al mantenimiento de la vía, para concluir
que tal conducta omisiva amenaza el citado derecho colectivo […]” (Destacado
fuera de texto).
29.7. Para la Sala, la seguridad vial es una prioridad y una finalidad esencial del
Estado, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política. A su vez el artículo
24 ibidem establece el derecho a la libre circulación, pero ello supone que el Estado
debe intervenir y limitarlo, con miras a garantizar la seguridad y bienestar de los
habitantes del territorio. Por lo tanto, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas en los diseños y trazados de la vía, los cuales fueron objeto de
verificaciones técnicas y socialización con la comunidad, se traducen en una medida
idónea para la protección de los derechos e intereses colectivos en la medida en
que impactan en el bienestar general, el logro de los fines sociales del Estado53.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de enero de 2008;
C.P. Camilo Arciniegas Andrade, NUR 190012331000200402748-01.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de marzo de 2010,
C.P. (E) María Claudia Rojas Lasso; NUR 41001-23-31-000-2004-001364-01.
53 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 2010, NUR. 190012331000200501449-
01, C.P. María Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de febrero de
2024, NUR 080012333000201900729-01; sentencia del 15 de febrero de 2024, NUR 080012333000201800844-
01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Núm. único de radicación: 730012333000201600607-02
29.8. La Ley 1702 define la seguridad vial como: “[…] el conjunto de acciones y
políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de
lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados
o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que
intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la
vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las
infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los
elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de
conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los
usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional
hasta la atención a las víctimas […]”. (Destacado fuera de texto). Se puede concluir,
que la finalidad de la seguridad vial es la prevención, el control y la disminución de
accidentes que ocurran sobre las vías.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso
a una infraestructura de servicios y a que su prestación sea eficiente y
oportuna
30. Vistos los artículos 365 y 366 de la Constitución Política sobre el derecho
colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.
30.1. De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es su deber asegurar la
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Y le corresponde
proporcionarlos, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares; en todo caso, el Estado es quien regula, el control y la vigilancia de
dichos servicios.
30.2. Adicionalmente, el artículo 366 ibidem señala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
30.3. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantizan otros derechos y principios como la vida, la
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dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de
universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta,
por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se consideran un
asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público ante la
obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”54 (Destacado
fuera de texto).
30.4. La Sección Primera recientemente55 consideró que la vulneración del
derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y
oportuna implica acciones u omisiones concretas de la accionada que pongan en
evidencia la falta de oportunidad en la prestación del servicio o la falta de eficiencia
en la administración de los recursos destinados a garantizar el servicio público.
30.5. En Colombia, la operación del transporte es un servicio público, inherente a
la finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la
participación del sector privado. La Ley en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo
24° de la constitución política, según el cual todo colombiano puede circular
libremente por el territorio nacional, define este servicio como “[…] una industria
encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de
vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo,
fluvial, férreo, masivo y terrestre), en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica […]”.
30.6. Las disposiciones legales que regulan el transporte, le otorgan el carácter de
servicio público esencial y resalta la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio
y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas
en la Constitución, la ley y los reglamentos. El mismo ordenamiento destaca que la
seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los
usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de
transporte, lo cual se ajusta al mandato constitucional contenido en los artículos 2,
54 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
55 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato
Valdés, número único de radicación: 170012333000201800493-01.
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11, 24, 365 y 366 que le impone al Estado el deber de proteger la vida e integridad
de todas las personas residentes en Colombia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la
calidad de vida de los habitantes
31. Visto el literal “m” del artículo 4.º de la Ley 472, sobre el derecho a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.
31.1. En relación con el alcance de este derecho, la jurisprudencia de esta
Corporación lo ha definido como “[…] la necesidad de proteger la adecuada
utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades
competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de
ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que
estén fuera de su marco normativo […]”56.
31.2. De igual forma, la Sala mediante la sentencia proferida el 7 de abril de 2011 57,
determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales,
de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes
comprende los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función
social y ecológica de la propiedad58; ii) protección del espacio público procurando
adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio
público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii)
respeto de los derechos ajenos y no abusar del derecho propio59; y iv) atención de
los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando
su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le
es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible60.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 6 de marzo de
2008; C.P. Mauricio Fajardo Gómez; número único de radicación 250002324000200500901-01.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de abril de 2011,
número único de radicación 630012331000200400688-01.
58 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
59 Artículo 95 numeral 1.° de la Constitución Política.
60 Artículo 3.° de la Ley 388 de 1997.
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Núm. único de radicación: 730012333000201600607-02
31.3. Para la Sala resulta claro que el derecho señalado en el literal “m” del artículo
4.º de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar los preceptos jurídicos
que rigen la materia urbanística; es decir, la forma como avanza y se desarrolla una
determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una
determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o rurales– con miras
a satisfacer plenamente las necesidades de la población.
31.4. En efecto, esta Sección61 en relación con el derecho colectivo mencionado
ha manifestado que:
“[…] abarca el respeto del principio de la función social y ecológica de la propiedad
de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, la protección del espacio
público, del patrimonio público y de la calidad de vida de los habitantes, el respeto
de los derechos ajenos y el acatamiento de la ley de ordenamiento territorial, planes
de ordenamiento territorial y demás disposiciones normativas en materia de uso del
suelo, alturas máximas de construcción y demás criterios y límites que determinan
las autoridades para construir […]”.
31.5. En suma, el desconocimiento por parte de las autoridades públicas y/o los
particulares de la normativa que regula las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos vulnera el derecho colectivo mencionado.
31.6. Adicionalmente, el precedente de la Corporación indica que para que se
entienda vulnerado o amenazado el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, no es suficiente con que se
incumplan las normas urbanísticas, sino que es necesario demostrar el daño o la
amenaza de daño al interés general 62.
31.7. Ahora bien, el artículo 2.° de la Ley 105 de 30 de diciembre de 1993 63 define
los principios rectores del transporte y en específico el de la seguridad como “[…]
[l]a seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector
Transporte […]”.
31.8. De igual forma, el artículo 12 de la citada Ley define la constitución de la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación como “[…] aquella de su
propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de
61 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta, providencia de 19 de noviembre de 2009, NUR 170012331000200401492-01(AP).
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Vellilla
Moreno, providencia de 29 de noviembre de 2010, NUR 250002326000200401474-01(AP).
63 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.
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producción y de consumo del país […]”. Incluye en la red nacional de carreteras
aquellas que “[…] unen las capitales de departamento con la red […]”.
31.9. Por lo tanto, las autoridades tienen el deber de garantizar la infraestructura
de transporte para otorgar la seguridad de las personas y ello es una prioridad para
el transporte e integración de las zonas de producción.
31.10. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación64 en
relación con la importancia de que las vías cumplan con las especificaciones
técnicas de los elementos que las componen, con la finalidad de garantizar la
seguridad de las personas, se resalta que:
“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la
Autopista Oriental, en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo (Atlántico) no
cumple con las especificaciones técnicas necesarias que garanticen la seguridad de
los usuarios de la misma.
En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía
hace parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera
categoría, debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona utilizable, la
cual no se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos alcanza los 30
metros que como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que las calzadas
de la vía (dos en total, cada una con tres carriles) se encuentren en algunos tramos
a distancias muy próximas a las viviendas que se encuentran a lo largo de su
recorrido, con el consecuente riesgo para la seguridad de la comunidad del sector,
debido a la circulación permanente de vehículos que desarrollan altas velocidades.
La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de
retiro y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en
cuanto se refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.
Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas
condiciones que permitan la utilización segura de la misma tanto para los
conductores de vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en
general, condiciones éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que
atraviesa el municipio de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales
y verticales en los que se informa sobre la proximidad del centro urbano y el deber
de disminuir la velocidad en su paso por el mismo, dispositivos éstos que resultan,
en criterio de la Sala, insuficientes, cuando se trata de una vía como la mencionada,
calificada por el INVIAS como de primera categoría debido a su importancia, no
estando acreditado debidamente, de otro lado, que haya adoptado las medidas para
la regulación del tráfico vehicular que se anuncian en el recurso de apelación. […]”
(Destacado fuera de texto).
31.11. La jurisprudencia de esta Sección ha considerado igualmente que:
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta, providencia de 26 de julio de 2007, NUR 080012331000199902940-01(AP).
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“[…] es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que
resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los
que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de
situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando
ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la
realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la
efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros.
Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues
mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de
cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales [...]”65 (Destacado
fuera de texto).
31.12. De los anteriores recuentos normativo y jurisprudencial se puede concluir en
relación con el derecho e interés colectivo relativo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, por un lado, que busca proteger el adecuado uso, transformación
y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes y particulares
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces;
31.13. Por el otro, que busca garantizar las dimensiones de respeto y acatamiento
del principio de función social y ecológica de la propiedad; protección del espacio
público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con
respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida y derechos
de los demás habitantes; el respeto de los derechos ajenos y no abuso del derecho
propio; y que los procesos de cambio en el uso del suelo garanticen el interés
común, la función social y ecológica de la propiedad ecológica y el desarrollo
sostenible;
31.14. Por último, que se trata de un derecho que se sustenta en la primacía del
interés general y que es transversal a otros derechos, como los de seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público,
utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicos,
entre otros.
65 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de marzo de
2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala. NUR 150012331000201100031- 01. Reiterada en sentencia del 18 de mayo
de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. NUR 130012331-000201100315-01.
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Núm. único de radicación: 730012333000201600607-02
Análisis del caso concreto
32. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
las entidades apelantes de acuerdo con los cuales se plantearon los problemas
jurídicos de esta providencia.
33. El Tribunal determinó que según las situaciones fácticas y los elementos
probatorios de orden técnico expuestos, desde hace años las malas condiciones de
la vía son un hecho público y notorio; no obstante, explicó que no se desconoce que
se han efectuado intervenciones transitorias a la vía, como el perfilamiento o
nivelaciones con material granulado o, entre otras técnicas temporales; sin
embargo, consideró que estas soluciones no han constituido medidas definitivas
que impliquen superar las pésimas condiciones de la vía, ante las complejas
circunstancias a las que está sometida, por lo que, al no existir prueba alguna que
acredite una intervención definitiva para garantizar la pavimentación de la vía que
conduce a las veredas Los Túneles, El Cural y la Tigrera en la ciudad de Ibagué,
por lo que la Sala puede concluir que efectivamente existe la vulneración de los
derechos colectivos.
34. Para resolver este punto de los recursos de apelación, la Sala advierte que
las pruebas relevantes son las siguientes:
34.1. Copia del oficio de fecha 27 de enero de 2015 radicado 2015-005469, por
parte de la Asociación de Juntas del Corregimiento 17 La Florida, en el que
expresan su inconformismo en los siguientes términos:
“[…] [i]ntegrantes de las comunidades del Sector Los Túneles y Vereda La Tigrera,
para informarle nuestro inconformismo en lo relacionado con el mal estado de la vía
principal y ruta de evacuación que comunica estas dos (2) veredas y demás, como
se puede verificar el material fotográfico que se anexa a la presente petición. Es de
aclarar que las comunidades no nos oponemos al progreso y hemos colaborado al
máximo con el desarrollo de los proyectos de acueducto para el Barrio Boquerón,
Vereda Los Túneles, Darío Echandía y barrios aledaños, ya que a causa de estos
proyectos la vía se deterioró en un 100%, los contratistas se comprometieron a
entregarla en buen estado, lo que a la fecha no se ha cumplido. Los daños
ocasionados en la vía, han provocado inconvenientes de salud en sus habitantes
tanto en época de verano por el polvo como en invierno por los pozos que generan
las aguas lluvias, además de daños locativos en las viviendas del sector y en los
transeúntes que circulan por esta vía, igualmente el transporte público se ha visto
afectado por el mal estado de la vía provocando daños y el no prestar el servicio
hasta su destino final […]”66.
66Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
10_10_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125210. Folio 24 tomo 1.
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Núm. único de radicación: 730012333000201600607-02
34.2. Copia del oficio de fecha 3 de febrero de 2015 con asunto: “Su petición
Radicado N° 2015-005469 del 27 de enero de 2015”67, suscrito por el Secretario de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Municipio de Ibagué en el que se indicó:
“[…] Comedidamente me permito dar respuesta a su petición del asunto, relacionada
con su manifestación de inconformismo en lo relacionado con el deterioro y mal
estado de la vía principal por la ruta de evacuación que comunica el sector de los
Túneles y la Vereda La Tigrera, con motivo de la ejecución de los proyectos de
acueducto para el barrio Boquerón, Vereda Los Túneles, Darío Echandía y barrios
aledaños, no sin antes agradecer su coadyuvancia y comprensión en lo que
corresponde al desarrollo de estos proyectos. Es de conocimiento por parte de
esta Secretaría, que ciertamente con la ejecución de las obras que refiere su oficio
se están presentado algunas deficiencias en la vía de los sectores de influencia,
en razón al paso de maquinaria, materiales y demás elementos necesarios
para adelantar la ejecución, deterioro que se presentan normalmente en estos
casos. No obstante lo anterior y pese a las dificultades que se puedan estar
presentando en el normal tránsito sobre la vía en mención, nos asiste el interés de
contribuir al mejoramiento de la misma y en ese orden de ideas, se está proyectando
el cronograma para programar su mantenimiento, por lo que una vez se defina la
fecha en que se inicien las labores se comunicará al respecto. De igual forma se
correrá traslado de su petición a las interventorías respectivas para que proceda a
requerir al contratista en relación con el contenido de la queja presentada de su
parte y se tomen las medidas pertinentes, que peritan mitigar los efectos que se
están causando por la ejecución de los proyectos en mención […]”. (Destacado fuera
de texto).
34.3. Copia del oficio de fecha 26 de mayo de 2014, suscrito por el Representante
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y el Presidente de la Vereda Cural – La
Tigrera, en el que indican:
“[…] La comunidad de las veredas los Túneles y Cural la Tigrera, le solicitamos muy
comedidamente se lleve a cabo la elaboración del proyecto según lo pactado en
reunión celebrada el día 22 de mayo de los corrientes, con los líderes de ambos
sectores, relacionado con la pavimentación y adecuación de desagües del sector
comprendido Boquerón hasta el Tercer Túnel del Cural La Tigrera, teniendo en
cuenta que es una contraprestación a las obras que por estos sectores se está
realizando, del acueducto alterno como beneficio para las nuevas
urbanizaciones y barrios aledaños (Boquerón, Tejar, Brisas de Boquerón, etc.).
Lo anterior con el fin de que sea incluido en el presupuesto de la próxima vigencia.
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y en espera de una pronta y
positiva respuesta […]”68 (Destacado fuera de texto).
34.4. Copia del contrato de obra núm. 1256 de 26 de junio de 2013, que tiene como
objeto: “[…] [c]onstrucción, mejoramiento y optimización de los acueductos
comunitarios de los Barrios San Antonio, Los Ciruelos, Túneles y Darío Echandía
de la ciudad de Ibagué”69.
67 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
10_10_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125210. Folios 25 y 26.
68 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
10_10_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125210. Folio 27.
69 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
10_10_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125210. Folios 29 al 44.
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34.5. Copia del oficio núm. 1090-99 de 26 de junio de 2015 suscrito por el
Secretario de Desarrollo Rural, en el que se indicó:
“[…] Según su oficio derecho de petición donde expone el mal estado de la vía
acceso a las veredas túneles y cural, causado por la ejecución de las obras para el
mejoramiento del acueducto de los barrios túneles, dario (sic) echandia (sic) y
boquerón informo:
Esta secretaria ya en varias ocasiones ha tenido comunicación verbal con las
comunidades afectadas, y es consiente (sic) del mal estado del carreteable antes
y después de la construcción de las obras de los acueductos.
El objeto de las dos obras contratadas, contempla la construcción de la línea de
distribución para los acueductos, estas fueron realizadas a lo largo de la vía y dentro
de las actividades e items (sic) del contrato, se incluyó la reposición únicamente del
ancho excavado para la instalación de los tubos.
La vía que de boquerón conduce a las veredas los túneles y cural, si bien esta
pavimentada, esta misma se encontraba con baches y huecos producidos por el
transporte diario y el desgaste normal de una vía donde no se le hace continuo
mantenimiento, y no cuenta con el suficiente drenaje de las aguas lluvias, teniendo
en cuenta que el ancho promedio de la vía en este sector, es de aproximadamente
6 metros de ancho, y las viviendas asentadas sobre ella no respetan el paramento
urbanístico, construyéndolas casi sobre la vía. Por lo que la vibración del transporte
vehicular de las busetas y los mixtos, es normal que ocasionen afectaciones en las
viviendas y aún más cuando se hacen excavaciones con maquinaria, sobre la
misma.
Este despacho realizó comité técnico con los contratistas de las obras, para
solucionar parte de estas afectaciones sobre la vía, en los que se llegó a la
conclusión desde el punto de vista técnico, de que la vía debe pavimentarse
nuevamente todo el largo y ancho, para que quede en buenas condiciones como lo
merece la comunidad.
Igualmente se concluyó desde el punto de vista jurídico y económico, que no se
puede invertir recursos de los contratos ni del rubro presupuestal por donde sale la
obra es decir de "saneamiento básico", para ejecutar obras de mejoramiento vial, ya
que dentro de las actividades del proyecto no lo contempla y es solo para
construcción de acueductos y alcantarillados, y en el objeto de los contratos de los
acueductos que usted menciona, no contempla dentro de sus actividades la
construcción y el mejoramiento de la vía, solo está la reposición del pavimento
únicamente en el ancho de excavación.
Por otro lado la concesionaria SAN RAFAEL, quien se encargara de la construcción
de la doble calzada Ibagué - Cajamarca informo, que proyecta dentro de su
ejecución intervenir parte de la entrada de esta vía, en un tramo considerable, y que
aun están estudiando las alternativas del trazado para elegir la más acertada, y que
cuando ya este definida nos informara (sic), para que el Municipio de Ibagué, tome
las medidas correspondientes para realizar obras.
Por lo anterior expuesto, informo que este despacho tiene estudiado a fondo la
necesidad del mejoramiento de la vía, y para su mejoramiento es necesario de una
importante inversión de recursos presupuestales, los cuales actualmente esta (sic)
secretaria no cuenta, por lo que estaremos gestionando los mismos según
disponibilidad presupuestal del Municipio y mientras tanto, se tomarán medidas de
mejoramiento vial como se ha venido realizando con la aplicación de recebo y si es
posible con material reciclado de pavimento (fresado) para mayor adherencia a la
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rasante, son obras que si bien no solucionan definitivamente la problemática,
ayudan a mejorar transitoriamente la afectación [...]”70.
34.6. Copia del informe de la Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de
Ibagué de fecha 3 de agosto de 2017, en el que se indicó:
“[…] En atención al radicado de la referencia en donde en audiencia de pacto de
cumplimiento celebrada el día 31 de marzo de 2017, requieren a la Secretaria de
Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué informe: "(...) las diligencias que se
han realizado para la prestación oportuna del servicio de transporte en el sector.
(...)".
Ante ello, me permito informarle a su despacho se estaba prestando servicio de
transporte urbano colectivo en la zona de Túneles a través de la Ruta número 82,
pero debido al estado de la vía es intransitable, se retira la mencionada ruta
hasta que el Secretario de desarrollo Rural intervenga la misma para que haya
una mejor movilización en la zona de la vía túnel No. 1 de la vía tigresa.
Mediante, inspección ocular de fecha 30 de julio de 2017, realizada por el Dr. JOSÉ
MANUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ, Director Operativo y de la Movilidad, se evidencia
que la vía ya se encuentra transitable y se está prestando el servicio de transporte
público colectivo urbano, (ruta No. 82). La mencionada situación fue de igual manera
informada por el Gerente de SITSA S.A., a esta Secretaría a través de escrito del
31 de julio de 2017 con radicado 62967, donde de manera textual manifiestan: "(...)
Día 28 de Julio de 2017 la comunidad de la Vereda la Tigresa, realizo un arreglo al
Túnel que comunica a ese sector y por ello en coordinación con la comunidad se
normalizo el recorrido de la ruta a ese sector.(...)" En conclusión, la vía ya se
encuentra apta para el tránsito de los vehículos, en especial del servicio
público urbano colectivo, para que preste el servicio la Ruta No. 82, la cual se
está prestando con normalidad […]”71 (Destacado fuera de texto).
34.7. Copia del oficio núm. O.E.STTM.01372 de 26 de julio de 2017, suscrito por el
Gerente de SITSA S.A. en el que indicó:
“[…] En repetidas oportunidades hemos solicitado a la administración municipal
(Secretaria de Infraestructura y Tránsito Municipal) la intervención para el arreglo de
la vía de acceso al sector de Túneles vía la Tigrera y hasta la fecha la vía no ha sido
arreglada.
Actualmente es tal el deterioro de la vía que hace imposible el tránsito de los
vehículos que laboran hacia ese sector, por esta razón la ruta N°82 no está entrando
a los Túneles.
Mediante oficio N°41525 de Junio de 2017 la STTM reconoce que la vía es
intransitable e informa que se han hecho las gestiones ante la Secretaria de
Desarrollo Rural para el arreglo, sin embargo y pese a su gestión la vía no ha sido
arreglada y continua deteriorándose y por ello la ruta N° 82 no puede ingresar.
Acudo nuevamente a su despacho para que nos ayuden a gestionar ante la
secretaria de Desarrollo rural el arreglo de esta vía y poder normalizar el servicio de
70Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
9_9_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125038.Folios 3 y 4.
71Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
9_9_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125038. Fols. 222 al 226 Tomo 2.
72 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
9_9_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125038. Fol 223.
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la ruta N°82 a ese sector y brindarle a la comunidad el servicio que tanto necesita
[...]”.
34.8. Copia del oficio núm. 041525 de 12 de junio de 2017, suscrito por el Director
Operativo y de la Movilidad, en el que se indicó: “Por medio de la presente y en
atención a lo mencionado en el asunto oficio con radicación 37374 del 09-05-2017
donde nos informa sobre el mal estado de la vía del túnel N. 1 de la vía a la tigrera
y deben de retirar la ruta N. 82 hasta que se arregle la vía, esta Secretaria le informa
que está situación es de conocimiento de la Secretaria de Desarrollo Rural y por
eso ese Despacho interviene la vía cada vez que hay un evento adverso. De hecho
se confirma que a la fecha el carreteable es intransitable, en todo caso y en efectos
de lograr una intervención que dure, solicitamos al Secretario de Desarrollo Rural
que se programe una intervención solida en ese sector […]”73.
34.9. Copia del informe núm. 038803 del 16 de agosto de 201774 suscrito por el
Secretario de Salud Municipal del Municipio de Ibagué, realizado para indicar los
potenciales riesgos en salud de los habitantes de la vereda los túneles y sus
alrededores y los efectos de la salud en las personas por la vía dañada. En el que
se determinó:
“[…] La visita se programa con el fin de hacer un diagnóstico de los potenciales
riesgos en la salud de los habitantes de la vereda los túneles de la ciudad de Ibagué,
por cuenta del mal estado de la vía principal de la vereda; que se encuentra sin
pavimentar y según la versión de los residentes de la zona al transitar los vehículos
por esta, produce grandes cantidades de polvo, hecho que les ha producido
continuos episodios de afecciones respiratorias, especialmente a la población
pediátrica y a los adultos mayores. A continuación se describe la actividad que tuvo
lugar el lunes 31 de julio a las 2:30 pm.
Durante la visita se realizó entrevista a la población, quienes refieren que
aproximadamente residen en la vereda 50 familias; con un importante número de
menores de edad y adultos mayores, además de estar situado sobre la vía el colegio
San Francisco con aproximadamente 400 estudiantes, entre todas sus jornadas. Allí,
puntualmente, los profesores manifestaron tener problemas de salud, por
infecciones constantes en ojos y vías respiratorias, al igual que sus estudiantes.
Se apreció que, durante todo el tramo de la vía, se expide gran cantidad de
polvo al pasar los vehículos, además se evidenció que no existe un sistema
efectivo de canalización de aguas, encontrándose gran cantidad de agua
estancada y los sistemas de drenaje obstruidos por residuos y basura.
De igual forma, se recorrieron los dos túneles, siendo el primero el de mayor
deterioro a casusa del mal estado en el que quedó la vía. Durante todo el tramo de
túnel se evidencian grandes empozamientos de agua. El túnel no cuenta con la
suficiente iluminación, es por esta misma vía que decenas de infantes se desplazan
hasta el colegio San Francisco, exponiéndose a accidentes de tránsito. Nos
permitimos también resaltar, que según la comunidad, en épocas de invierno, no
73 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
9_9_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125038. Fol 224.
74 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
9_9_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125038. Fol 227 al 232.
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logran contar con transporte público, lo que expone a más población a los mismos
riesgos de los niños, por el mal estado de las vías.
Posteriormente a la visita se puede concluir que el estado de la vía podría
incidir directamente en la aparición de afecciones respiratorias en la población
más vulnerable como menores de edad y personas de la tercera edad, además
que el estancamiento de aguas, dado por el mal estado de la carretera que
terminó por taponar los ductos y canaletas de conducción de agua lluvia y
escorrentía de humedad del túnel, convirtiendo estas en un factor de riesgo
para la proliferación de vectores que pueden aumentar la incidencia de
enfermedades transmitidas por los mismos […]” (Destacado fuera de texto).
34.10. Copia del informe núm. 73876 del 19 de septiembre de 201775, suscrito por
el Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el que se indicó:
“[…] De manera atenta la administración Municipal "Por Ibagué, con Todo el
corazón", se permite informar que el seis de Septiembre de 2017, la Secretaría de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha ejecutado el mantenimiento de los dos
túneles-Boquerón que conducen a vereda del Cural la Tigrera, actividades
realizadas en dos ocasiones este año y que constan de limpieza de cunetas,
recuperación del bombeo de la rasante, y aplicación de material en los sitios
críticos, en la entrada del primer túnel se ejecutó la nivelación de un material
de asfalto que había sido aplicado con el fin de mejorar la evacuación de aguas
de escorrentía.
[…]
La secretaría de Desarrollo rural está ejecutando el presupuesto para la
pavimentación del primer túnel de Boquerón, con el respectivo manejo de aguas
de escorrentía para evitar los problemas actuales que se presentan con las
inundaciones en este túnel, el cual se prevé incluir dentro del presupuesto para
ejecutar las obras en el año 2018 […]” (Destacado fuera de texto).
34.11. Copia del oficio núm. 125401 de 20 de diciembre de 201776 suscrito por la
Directora del Grupo de Prevención y Atención de Desastres – GPAD de la
Secretaría de Salud Municipal, en el que se determinó:
“[…] [S]e evidencia que para determinar los niveles de riesgo se requiere la
combinación de las variables amenaza y vulnerabilidad directamente
proporcional y basados en matrices de riesgo. Conforme a esto se determinó
que los sectores de El Cural, La Tigrera y los Túneles, se determinaron zonas de
AMENAZA ALTA Y MEDIA POR REMOCIÓN EN MASA.
Lo anterior no es sinónimo de Riesgo Alto […].
Por lo anterior, no es posible establecer si las viviendas ubicadas en estas zonas se
encuentran en riesgo, hasta tanto no se realicen estudios a mayores escalas y con
mayor información catastral […]”.
75 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
9_9_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125038. Fol 256 a 261.
76 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
9_9_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125038. Fols 286 a 290.
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34.12. Copia del oficio núm. SCR-RO-0177-2017 de 22 de diciembre de 201777,
suscrito por la Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el que se determinó:
“[…] Una vez revisado al interior de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo
de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, no se
cuenta con estudios detallados de riesgo en la zona de la vía que conduce a las
veredas los Túneles, Cural y La Tigrera y los Túneles de Boquerón (Ibagué - Tolima).
En tal sentido, hemos enviado comunicación a los coordinadores de Gestión del
riesgo de Desastres tanto Municipal como Departamental, con el fin de que puedan
establecer junto con la jurisdicción ambiental competente y el Municipio la respuesta
con base en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué, el cual es reciente y por
tanto, de acuerdo al Decreto 1807 de 2014 es ahí donde deben quedar establecidas
las zonas de riesgo del Municipio.
De otra parte revisada la base de datos VISOR de la UNGRD donde se registran los
eventos reportados desde 1998 a la fecha se encontró que el Municipio de Ibagué
reportó lo siguiente:
Ahora bien, Colombia con la Ley 388 de 1997 y la Ley 152 de 1994 estableció como
instrumentos centrales de la planeación y de gestión del desarrollo territorial los
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y a los Planes de Desarrollo Municipal
(PDM); y con la Ley 99 de 1993 estableció la Planificación Ambiental de las
Entidades Territoriales. Esto con el propósito de garantizar la planificación del
territorio de manera integral y ordenada con lo cual se puede controlar la
configuración del riesgo de desastres.
Teniendo en cuenta el desarrollo, las condiciones fisiográficas, climáticas y contexto
social del país, Colombia estableció la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la
política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres" con el propósito de reforzar las
acciones del ordenamiento territorial en pro de la protección de la población y bienes
del país.
Donde El SNGRD está conformado por las instituciones, los instrumentos de
planeación, mecanismos financieros y sistemas de información. Dentro de la
institucionalidad están las diferentes entidades que tienen unas competencias en
materia de Gestión del Riesgo de Desastres, para el caso especifico de vías la
competencia está bajo la responsabilidad del sector (nivel nacional), las
77Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
9_9_730012333000201600607021EXPEDIENTEDIGI20230810125038. Fols 293 a 337.
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Corporaciones Autónomas Regionales (Nivel regional) y las Alcaldías (nivel local).
En tal sentido, de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 la incorporación de la gestión del
riesgo de desastres a nivel territorial es responsabilidad de las autoridades
territoriales.
Cabe mencionar que según el Artículo 38 de la Ley 1523 de 2012:
"Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien
sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar
apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará
definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión. Este
análisis deberá ser considerado desde las etapas primeras de formulación, a efectos
de prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo asociadas con la
instalación y operación de proyectos de inversión pública en el territorio nacional.
Parágrafo. Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la
formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo regional
y urbano, incluirán en los contratos respectivos la obligación de incorporar el
componente de reducción del riesgo y deberá consultar los lineamientos del Plan
aprobado de Gestión del Riesgo del municipio o el departamento en el cual se va
ejecutar la inversión." (Subrayado fuera de texto)"
Ante la situación expuesta en el asunto, se recomienda que una vez se haya
superado la instancia municipal, dicha Administración solicite apoyo a nivel
departamental (Gobernación) Regional (Autoridad Ambiental competente), y a nivel
nacional (ministerio de transporte y entidad cabeza de sector) toda vez que ellos
hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y que
estos deben actuar en el marco de sus competencias para lo que fueron creados.
La UNGRD tiene competencias y atribuciones de dirección y coordinación, y de
formulación, implementación, articulación y evaluación de la política pública
nacional, ocupándose de orientar e idear los lineamientos, políticas, estrategias,
planes, programas, proyectos y procedimientos marco para la gestión prospectiva
del riesgo. Por tanto no tiene dado por ley suplir o abrogar competencias
constitucionales y legalmente establecidas para otras entidades en los diferentes
niveles de gobierno.
Es por ello, que la UNGRD no actúa de manera directa en los territorios sino a través
de las instancias locales, Alcalde y Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres y/o Gobernador y Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de
Desastres […]”.
34.13. Testimonio del señor Rafael Augusto Rivera García en audiencia de
pruebas del 16 de enero de 2018, vive en los Túneles, vereda el Cural, indicó en
términos generales: i) desde al año 2013 por las obras del acueducto rompieron la
vía desde el tercer túnel hasta boquerón; ii) después de las obras la vía quedó
destapada por la mitad y sigue igual en la actualidad; iii) manifiesta dificultades en
el transporte; iv) el Municipio de Ibagué no ha realizado acciones para mitigar; v) no
tiene conocimiento si el municipio ha realizado alguna intervención; vi) a veces sube
la ruta otras veces no, por el estado de la vía o por falta de pasajeros; vii) en el túnel
aplicaron asfalto pero eso está peor; viii) indica que no tiene conocimiento si los
consejos de riesgo han intervenido; ix) la solución es pavimentar la vía como estaba.
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34.14. Testimonio de la señora Danency González Sánchez en audiencia de
pruebas del 16 de enero de 2018, vive en Túneles, Boquerón, indicó en términos
generales: i) en el 2013 se dañó la vía, los hijos llegan embarrados en temporada
de lluvias o llenos de polvo; ii) las obras de 2013 son de acueducto; iii) antes de las
obras estaba en muy buen estado; iv) las busetas los dejan antes de los Túneles;
v) pide la pavimentación de la vía; vi) afectaciones para los estudiantes, ancianos,
con gripas por el polvo; vii) la única ruta es la 82 y se niegan y entran hasta
Boquerón; viii) la vía es importante para el tránsito peatonal de las personas del
campo para transportar los productos; ix) es una ruta de evacuación del Volcán
Machín; x) no ha visto que se presente personal para brindar alguna solución; xi) no
conoce sobre la mesa que se llevó a cabo; xii) no ha visto que hagan alguna
intervención; xiii) la causa fue los huecos que realizaron; xiv) solicita que arreglen la
vía.
34.15. Copia del informe núm. 1060- 2018 del 20 de marzo de 201878 suscrito por
el Secretario de Salud Municipal, en el que se indicó los potenciales riesgos en salud
de los habitantes de la vereda los Túneles, el Cural y la Tigrera:
“[…] La visita se programó con el fin de continuar con el seguimiento a los
potenciales riesgos en la salud de los habitantes de la vereda los túneles de la
ciudad de Ibagué, por cuenta del mal estado de la via principal que conduce a zona
rural; que se encuentra sin pavimentar produciendo grandes cantidades de polvo,
hecho que les ha producido continuos episodios de afecciones respiratorias,
especialmente a la población pediátrica y a los adultos mayores. A continuación se
describe la actividad que tuvo lugar el jueves 15 de marzo del año en curso a las
2:00 pm 4:00 pm.
Durante la visita se realizó nuevamente entrevista a la población, para constatar las
afectaciones a la salud que siguen recayendo sobre la comunidad de la vereda, tales
como infecciones constantes en ojos y vías respiratorias. En esta oportunidad, el
recorrido se hizo con 10 personas, todas ellas con conjuntivitis y tapabocas a cuenta
de gripes que según ellos, padecen hace varios días.
Se apreció que durante todo el tramo de la vía, se expide gran cantidad de polvo al
pasar los vehículos, además se evidenció que continúa la falencia en el sistema de
canalización de aguas, encontrándose gran cantidad de agua estancada y los
sistemas de drenaje obstruidos por residuos y basura.
Cabe resaltar que en esta ocasión asistieron bastantes madres con sus hijos. Es
demasiado preocupante que se mencionó que varios niños llevan más de 15 días
con flema y fiebres aleatorias. Todos según manifestaron, han tenido que asistir a
centros médicos. En el sector hay un caso diagnosticado de tuberculosis, lo que
agudiza la situación, pues hay demasiados menores de 5 años y adultos mayores.
Se deben adelantar en la brevedad de lo posible los correctivos a los que hayan
lugar para disminuir la generación de material particulado que durante todo el día se
encuentra en el ambiente a causa de esta vía sin pavimentar [...]”.
78Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado: TOMO
3_11_11_730012333000201600607022EXPEDIENTEDIGI20230810125210 Fols 442 al 445.
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34.16. Copia del informe de visita técnica del 13 de agosto de 201879 realizado por
la Secretaría de Desarrollo Rural y del Medio Ambiente del Municipio de Ibagué. En
el que se indicó que: i) el tramo recorrido tiene 950 metros lineales
aproximadamente en el cual se encuentran dos túneles, el primero tiene 250 metros
lineales y el segundo 370 metros; ii) la vía se encuentra en mal estado debido al
tránsito de vehículos pesados y el poco manejo de aguas ya que las cunetas se
encuentran colmatadas, también se presentan goteras dentro del túnel las cuales
caen directamente en el pavimento y no son conducidas a las cunetas produciendo
un desgaste mayor del mismo, las cunetas se encuentran colmatadas de material
pétreo y/o vegetal lo que produce un estancamiento y así ayuda al desgaste de la
misma; iii) por su parte dentro del túnel 2 la vía se encuentra en buen estado pero
con las cunetas colmatadas.
• Túnel número 1
• Túnel número 2
79 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado: TOMO
3_11_11_730012333000201600607022EXPEDIENTEDIGI20230810125210 Fols 490 al 495.
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Este tramo al ser una vía terciaria no se encuentra pavimentada, además
presenta ondulaciones debido a que no cuenta con cuneta. Estas aguas al ser
de escorrentía presentan un flujo que arrastran material ocasionando que la vía
pierda sus características físicas.
También se observa que los sumideros existentes se encuentran colmatados por
falta de mantenimiento y así el caudal recogido por la vía y las aguas de escorrentía
aumenta produciendo más arrastre de material deteriorándola con mayor rapidez.
Los taludes en ambos lados de la vía no cuentan con ningún manejo de la
escorrentía las cuales caen a la vía y agudizan el problema. Todo esto se aumenta
por las lluvias que se han venido presentando en el lugar.
También cabe resaltar que por la vía transitan vehículos de carga pesada como
doble troques y volquetas, ya que esta es utilizada por la concesionaria que está
construyendo la doble calzada Ibagué - Cajamarca lo cual produce un deterioro más
rápido pues este tipo de vías no están concebidas para dicho tránsito.
[…]”.
34.17. Copia del oficio núm. 1163 de 18 de abril de 2017, suscrito por el Secretario
de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, el que se determinó que
la vía de las veredas Los Túneles y Cural, La Tigrera de Ibagué, sectores salida del
Barrio Boquerón – Tercer Túnel – Cural La Tigrera, según el Decreto núm. 796 del
23 de diciembre de 1998 no se encuentra en la relación de vías a cargo del
Departamento del Tolima.
34.18. Copia del informe número 090331 del 17 de septiembre de 201880 suscrito
por el Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el que se determinó:
80 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
11_11_730012333000201600607022EXPEDIENTEDIGI20230810125210 Fols 533 al 539.
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35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.
35.1. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito.
En relación con la vulneración de los derechos colectivos invocados
36. Se probó en el caso concreto que la vía principal y ruta de evacuación de
emergencia que comunica las veredas Los Túneles y La Tigrera se encuentra en
mal estado, debido al paso de maquinaria, materiales y demás elementos
necesarios para la ejecución de los proyectos de acueducto para el barrio Boquerón,
Vereda Los Túneles, Darío Echandía y barrios aledaños, incluso que el Municipio
de Ibagué es consciente del mal estado del carreteable antes y después de la
construcción.
36.1. En efecto, el 26 de junio de 2013 se suscribió entre el Municipio de Ibagué y
el señor Luis Egimio Barón Vargas, el contrato de obra pública número 1256 que
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tuvo como objeto la “[…] [c]onstrucción, mejoramiento y optimización de los
acueductos comunitarios de los Barrios San Antonio, Los Ciruelos, Túneles y Darío
Echandía de la ciudad de Ibagué […]”.
36.2. Además, la Secretaría de Desarrollo Rural indicó que no se le hace
mantenimiento a la vía y no cuenta con el suficiente drenaje de aguas lluvias. Se
llevó a cabo un comité técnico con los contratistas de las obras para solucionar las
afectaciones de la vía y desde el punto de vista técnico, se recomendó su
pavimentación en todo el largo y ancho. Sin embargo, se concluyó que no se podían
invertir recursos de los contratos por el objeto especifico que estos tenían, dentro
de los cuales no se encontraba el mejoramiento de la vía.
36.3. Se demostró que es tal la intransitabilidad de la vía objeto del caso concreto,
que la Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ibagué en un informe del
año 2017 indicó que la ruta que prestaba el servicio de transporte urbano colectivo
fue retirada hasta que se interviniera la vía.
36.4. Por su parte, se probó que la vía sin pavimentar produce grandes cantidades
de polvo lo cual perjudica la salud de menores y adultos en mayor medida; según la
Secretaría de Salud, el polvo conlleva la generación de afecciones respiratorias y
además en épocas de lluvia la proliferación de vectores por el taponamiento de las
canaletas, lo cual quedó evidenciado también en los 2 testimonios que se
practicaron.
36.5. Igualmente quedó demostrado que el ente territorial ha desplegado
actividades de mantenimiento de 2 de los túneles y la limpieza de las cunetas,
además de la nivelación de la vía con un material de asfalto para mejorar la
evacuación de las aguas de escorrentía; sin embargo, la situación de vulneración
continúa.
36.6. En cuanto al riesgo se determinó que, en los sectores de El Cural, La Tigrera
y los Túneles, se identifican zonas de amenaza alta y media por remoción en masa
y que no era posible determinar si las viviendas se encontraban en riesgo hasta que
no se realizaran estudios de mayores escalas y se contara con mayor información
catastral.
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En relación con la competencia del Municipio de Ibagué y Empresa Ibaguereña
de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
37. Dentro de las funciones del Municipio de Ibagué se tiene que la Ley 105,
determina su competencia respecto de la conservación, mantenimiento y
pavimentación de las vías, en concreto, el artículo 17 indica que hace parte de la
infraestructura distrital o municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y
aquellas que sean propiedad del municipio.
38. El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del Instituto Nacional de Vías
establece la clasificación de las carreteras según su funcionalidad y tipo de terreno;
en relación con las vías terciarias, establece que son aquellas vías de acceso que
unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
Determina que las carreteras consideradas como terciarias deben funcionar en
afirmado y que, en caso de pavimentarse, deberán cumplir con las condiciones
geométricas estipuladas para las vías secundarias.
38.1. Por su parte el Decreto 1504 de 4 de agosto de 199881 establece que los
municipios deben dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y
protección del espacio público sobre los demás usos del suelo. En materia de
transporte la Ley 715 de 2001 en el artículo 76 establece las competencias del
municipio y el numeral 76.4.1 determina como función: “[…] [c]onstruir y conservar
la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales
y aquellas que sean propiedad del municipio […]”.
38.2. Es clara la competencia del Municipio de Ibagué por cuanto la vía es de
carácter terciario y, por ende, ostenta claras competencias en materia de
mantenimiento y adecuación del espacio público; sumado a que se encuentra
probado que la vía se encontraba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Municipio de Ibagué como se deriva de los oficios y
comunicaciones expedidos por esa dependencia. Esta Sala destaca que, según las
pruebas, el trayecto objeto de esta acción popular es la única vía de acceso que
tienen las veredas de Los Túneles, El Cural y la Tigrera y también es considerada
como una vía de evacuación por el riesgo del cerro El Machín.
38.3. En el recurso de apelación el Municipio de Ibagué alega que no es el llamado
a responder directamente por cuanto aduce que la Empresa Ibaguereña de
81
Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.
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Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. actualmente tiene intervenida la vía por
las obras del acueducto complementario; sin embargo, no se probó en el proceso la
mencionada situación ni se indicaron las obligaciones contractuales que involucren
la reparación de la vía.
38.4. Por el contrario, se encuentra probado que el mal estado de la vía terciaria
que conecta a las veredas tiene origen; por un lado, en el deterioro de la vía por la
construcción de los proyectos de acueducto para el Barrio Boquerón, Vereda Los
Túneles, Darío Echandía y barrios aledaños, debido al tránsito de maquinaria,
materiales y demás elementos necesarios para adelantar la ejecución, y por el otro
según lo probado en el proceso, por la construcción de la línea de distribución para
los acueductos en la cual el contrato sólo incluyó la reposición únicamente del ancho
excavado para la instalación de los tubos.
38.5. Por lo anterior, no es de recibo el mencionado argumento toda vez que
independientemente de la existencia o no de algún convenio para garantizar la
prestación y el abastecimiento del servicio de agua potable, es el municipio el
llamado para garantizar la infraestructura vial en su jurisdicción.
38.6. Si bien se reconoce que el ente territorial ha realizado labores de
mantenimiento y limpieza de la vía, ello no es suficiente para garantizar a la
comunidad aleñada mejores condiciones de conformidad con lo determinado en
líneas precedentes.
38.7. El ente territorial alega que las redes hidrosanitarias deben estar certificadas
como una razón suficiente para relegarse del cumplimiento de las competencias y
funciones que materia de infraestructura y gestión del riesgo posee.
38.8. Téngase en cuenta que esta Sección ha determinado que las obras públicas
solo pueden adelantarse con fundamento en estudios técnicos y cuando exista la
debida disponibilidad presupuestal, conforme a las prioridades sobre inversión que
las autoridades territoriales en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales señalen en los respectivos Planes de Desarrollo82.
38.9. En este punto es relevante indicar que en materia de infraestructura vial en
sectores que no cuenten con un sistema definitivo de alcantarillado y acueducto, el
82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, NUR 76001-23-31-000-2003-
0602-01, de 15 de abril de 2004, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.
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principio de planeación es fundamental aunado con los de economía, celeridad,
eficacia, planeación y efectividad.
38.10. En efecto, el parágrafo del artículo 10 y el artículo 11 de la Ley 1228 de
200883, indica:
[…] Artículo 10. Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras.
Créase el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras "SINC" como
un sistema público de información único nacional conformado por toda la
información correspondiente a las carreteras a cargo de la Nación, de los
departamentos, los municipios y los distritos especiales y que conformarán el
inventario nacional de carreteras. En este sistema se registrarán cada una de
las carreteras existentes identificadas por su categoría, ubicación,
especificaciones, extensión, puentes, poblaciones que sirven, estado de las
mismas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y demás información que
determine la entidad administradora del sistema.
Parágrafo 1°. El sistema será administrado por el Ministerio de Transporte, las
entidades administradoras de la red vial nacional adscritas a este ministerio,
los departamentos, los municipios y distritos, están obligados a reportarle
la información verídica y precisa y necesaria para alimentar el sistema, en
los plazos y términos que el Ministerio determine.
(…)
Parágrafo 4°. Una vez puesto en marcha el sistema a que se refiere este
artículo, este será de obligatoria consulta para los curadores urbanos,
demás autoridades urbanísticas y de planeación y para las empresas
prestadoras de servicios públicos, previa la concesión de permisos de
construcción, reformas y mejoras o de dotación de servicios públicos
domiciliarios.
Artículo 11. Incorporación a los Planes de Ordenamiento Territorial. Lo
dispuesto en la presente ley deberá ser incorporado en los respectivos Planes
de Ordenamiento Territorial y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de
que habla la Ley 388 de 1997 y que por disposición legal debe ser adoptado en
cada uno de los municipios del país. […] (Destacado fuera de texto)
38.11. De la citada norma es posible concluir que el Sistema Integral Nacional de
Información de Carreteras es una herramienta dirigida a garantizar la
materialización del principio de planeación en todo el territorio nacional, pues
permite a todos los interesados contar con la misma información al momento de
definir acciones y adoptar decisiones.
38.12. Este principio permite la elaboración de estrategias coordinadas que
incentiven el adecuado desarrollo de la industria del transporte de conformidad con
la prospectiva contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes
Básicos de Ordenamiento Territorial.
83
“Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del
sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras
disposiciones”.
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38.13. En el sector de Transportes intervienen actores del orden nacional y local y,
por eso, precisamente, a la hora de definir objetivos, priorizar recursos y direccionar
las acciones, es necesario que exista una prospectiva común que facilite la acción
conjunta.
38.14. De manera complementaria, y en lo que atañe al relacionamiento entre las
autoridades del Sistema de Transportes, los municipios y las empresas prestadoras
de servicios públicos, el artículo 2.4.7.2.11 del Decreto Compilatorio núm. 1079 de
201584 señala:
[…] Artículo 2.4.7.2.11. Redes de servicios públicos. Los Entes Territoriales, las
Empresas de Servicios Públicos, las Empresas Mixtas y/o Privadas con redes o con
cualquier infraestructura de transporte o suministro de bienes y servicios ubicadas en
las fajas de retiro obligatorio de las vías a cargo de la Nación, deberán reportar ante la
entidad que administra la respectiva vía, la ubicación y especificaciones técnicas de
dichas redes. Lo anterior no genera derechos particulares a las empresas.
Parágrafo 1°. La información correspondiente a las redes o cualquier infraestructura de
transporte o suministro de bienes y servicios, deberá ser reportada en formatos
compatibles con los utilizados en el Sistema Integral Nacional de Carreteras — SING.
[…]
38.15. Cabe recordar que la Ley 142 de 1994, en su artículo 26, dispuso que las
empresas prestadoras de servicios públicos están sujetas a las normas generales
sobre planeación urbana, circulación, tránsito, uso del espacio público, seguridad y
tranquilidad ciudadanas.
38.16. En ese entendido, la Resolución núm. 0330 de 8 de junio de 201785 en su
artículo 244 establece que para el desarrollo de todo proyecto que requiera
infraestructura nueva, o intervención de la existente se debe verificar las licencias y
permisos que se pueden requerir, relacionadas con la construcción, uso del espacio
público, disponibilidad de servicios, entre otros, en el numeral 4 se encuentra la
exigencia del certificado de conformidad de servicios públicos.
38.17. De acuerdo con el anterior contexto normativo; se debe aclarar que no tener
la certificación respecto de la idoneidad de la tubería del sector, no constituye un
argumento definitivo sobre la imposibilidad en el cumplimiento de las funciones del
municipio y el inicio de los respectivos estudios técnicos, presupuestales y
financieros para materializar el cumplimiento de sus funciones. Por el contrario, a
partir del principio de planeación y su aplicación en el caso concreto es pertinente
84
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte” que compilo el Decreto 2976 de 2010
"Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones"
85
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan
las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.
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la armonización y coordinación de las acciones del municipio y la empresa de
servicios públicos para garantizar la prestación del servicio y la infraestructura vial.
38.18. En consecuencia, se debe determinar en el caso concreto, en el marco de
estudios técnicos el estado de las obras de acueducto y alcantarillado en desarrollo
de los principios de eficacia y economía de la función pública para poder establecer
las medidas idóneas y necesarias para el mejoramiento de la infraestructura vial en
el sector de acuerdo con las características de la vía.
38.19. Esta Sección también ha considerado que, en lo atinente a los trámites
presupuestales y a la escasez de recursos económicos, ello no es impedimento
para la protección efectiva de los derechos colectivos86.
38.20. En ese entendido, esta Sala considera relevante indicar que el principio de
eficacia de la acción popular implica que la falta de disponibilidad presupuestal no
es un impedimento para cumplir lo ordenado en la sentencia. En consecuencia, la
administración de justicia se manifiesta en el hecho de que las decisiones que se
tomen tengan eficacia en el mundo jurídico y que la providencia que pone fin a un
proceso se cumpla.
38.21. En observancia de aquella garantía, es competencia del Municipio de Ibagué
iniciar los estudios técnicos para determinar en primer lugar el estado de las obras
que adelanta la empresa de servicios públicos domiciliarios, en cuanto a la ubicación
de las redes de conducción del acueducto, las obligaciones contractuales y el
alcance de la intervención sobre la vía terciaria objeto de la acción popular. Para
posteriormente determinar las obras que deberá realizar para garantizar la
transitabilidad en la vía, en condiciones de seguridad y salubridad, teniendo en
cuenta las características propias del tipo de vía.
38.22. En línea con lo anterior, también aduce la Empresa Ibaguereña de Acueducto
y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P. en su recurso de apelación que la orden
establecida en el ordinal segundo tendiente a que se finalicen todas las obras del
acueducto complementario en la fase que comprende la vía que conduce a las
veredas, no es adecuada; por cuanto el acueducto es una obra que no puede
construirse por fases ni el término establecido en la sentencia proferida en primera
instancia. En efecto, el principio de eficiencia de las acciones populares, implica
también que en la sentencia el juez señale un plazo prudencial, de acuerdo con el
86
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, NUR 85001-23-33-000-2017-
00075-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Núm. único de radicación: 730012333000201600607-02
alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento
de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. En consonancia con lo
establecido en líneas precedentes se revocará el ordinal segundo de la parte
resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia.
38.23. Por otra parte ordenar a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado de Ibagué que realice los estudios hidráulicos y geotécnicos para las
obras de pavimentación o mantenimiento de la vía y la construcción del sistema de
recolección de aguas lluvias, es improcedente porque no es competencia de la
empresa al no tener injerencia en el manejo de aguas de escorrentías superficiales
en la vía, sin menester de las responsabilidades adquiridas en el marco de las
obligaciones establecidas en la construcción del acueducto complementario, que se
deriva de una situación contractual alegada pero no probada.
38.24. Por lo tanto, como se ha determinado en esta Sección la legitimación en la
causa por pasiva no implica necesariamente la atribución de responsabilidad; no
obstante, si puede colaborar en el extremo pasivo en la protección de los derechos
colectivos.
39. Por todo lo anterior, se revocará el ordinal segundo, cuarto y quinto, y se
modificará parcialmente el ordinal tercero y sexto. En ese orden, se ordenará al
Municipio de Ibagué para que, en el término de 2 meses siguientes a la ejecutoria
de la sentencia, realice el mantenimiento y limpieza a la vía que conduce a las
veredas Los Túneles, El Cural y la Tigrera de Ibagué – sector Boquerón, incluidos
los túneles, para realizar la nivelación, perfilado y compactación de la subrasante o
terreno de la vía.
39.1. Además, dentro del término de 3 meses siguientes a la ejecutoria de la
sentencia, deberá realizar los estudios técnicos pertinentes en la zona que
comprende la vía que conduce a las veredas Los Túneles, El Cural y la Tigrera de
Ibagué – sector Boquerón, con el fin de determinar el estado de las obras que
adelanta la empresa de servicios públicos domiciliarios, en cuanto a la ubicación de
las redes de conducción del acueducto, las obligaciones contractuales y el alcance
de la intervención sobre ese sector. Para posteriormente, finalizado el término
anterior, determinar las obras que deberá realizar para garantizar la transitabilidad
en la vía, en condiciones de seguridad y salubridad, teniendo en cuenta las
características propias del tipo de vía.
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Núm. único de radicación: 730012333000201600607-02
39.2. En relación con el ordinal sexto se excluirá a la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P en la formulación y ejecución
de los estudios técnicos que allí se determinan y se modificará en el sentido de
especificar que el apoyo financiero, técnico y administrativo del Departamento del
Tolima será para cumplir la orden del literal segundo en los términos precedentes.
Por consiguiente, la Sala considera que no será necesario realizar el análisis de los
argumentos del recurso de apelación presentados por la precitada empresa
relacionados con los principios que regulan la contratación estatal, por haberse
despachado favorablemente el recurso.
39.3. En consecuencia, como en el presente caso se revocaron las órdenes
impartidas a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL
S.A. E.S.P, y en los términos de su recurso de apelación, será excluida de la
condena en costas impuesta en el ordinal décimo primero, por lo cual esta será
objeto de modificación, exclusivamente en relación con esta empresa.
40. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Conclusiones
41. La Sala revocará los ordinales segundo, cuarto y quinto y modificará
parcialmente los ordinales tercero, sexto y décimo primero, de la sentencia de 20
de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en cuanto
declaró la vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente
sano; al goce a un espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso
público; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de
servicios que garanticen la salubridad pública; al acceso a servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna; y, a la realización de las construcciones,
edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, por las malas condiciones en las que se encuentra la vía que conduce
a las veredas Los Túneles, El Cural y la Tigrera de Ibagué – sector Boquerón, la
cual ha sido intervenida transitoriamente pero las circunstancias de vulneración se
mantienen.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR los ordinales segundo, cuarto y quinto de la sentencia de 20
de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR parcialmente el ordinal tercero de la sentencia de 20 de
abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:
“[…] TERCERO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que, en el término de 2
meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, realice el mantenimiento y
limpieza a la vía que conduce a las veredas Los Túneles, El Cural y la Tigrera
de Ibagué – sector Boquerón, incluidos los túneles, para realizar la nivelación,
perfilado y compactación de la subrasante o terreno de la vía.
Dentro del término de 3 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
deberá realizar los estudios técnicos pertinentes en la zona que comprende
la vía que conduce a las veredas Los Túneles, El Cural y la Tigrera de Ibagué
– sector Boquerón, con el fin de determinar el estado de las obras que
adelanta la empresa de servicios públicos domiciliarios, en cuanto a la
ubicación de las redes de conducción del acueducto, las obligaciones
contractuales y el alcance de la intervención sobre ese sector.
Finalizado el término anterior, deberá determinar las obras que deberá
realizar para garantizar la transitabilidad en la vía, en condiciones de
seguridad y salubridad, teniendo en cuenta las características propias del tipo
de vía.
Posteriormente determinadas las obras adecuadas para la vía, proceda a
iniciar las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para su
ejecución, para lo cual se le otorgará el término de 2 años, que iniciará con
el envío del cronograma en el que se establecerán las actividades y su plazo,
el cual será enviado al Magistrado Ponente […]”.
TERCERO: MODIFICAR parcialmente el ordinal sexto de la sentencia de 20 de abril
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:
“[…] SEXTO: ORDENAR al Departamento del Tolima, que apoye financiera,
técnica y administrativamente al Municipio de Ibagué en la formulación y
ejecución de los estudios técnicos ordenados en el ordinal tercero […]”.
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CUARTO: MODIFICAR parcialmente el ordinal décimo primero de la sentencia de
20 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:
“[…] DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR EN COSTAS al Municipio de Ibagué
y al Departamento del Tolima, a favor del demandante, para lo cual se fija la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente para cada
una de las entidades, por concepto de agencias en derecho, y se ordena que
por la Secretaría de este Tribunal se realice la correspondiente liquidación de
los gastos procesales, en los términos del artículo 366 del Código General
del Proceso […]”.
QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 20 de abril de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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