Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2015-00540-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2015-00540-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2015-00540-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
4 de julio de 2024
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Radicado: 68001 23 33 000 2015 00540 01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional de Santander
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación núm.: 68001 23 33 000 2015 00540 01
Actor: Defensoría del Pueblo Regional de Santander
Demandados: Departamento de Santander, Municipio de Rionegro, Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, Empresa
Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS y Empresa Municipal de
Acueducto y Aseo de Rionegro Santander - EMSERVIR E.S.P.
Tesis: Vulnera un municipio los derechos colectivos invocados por la accionante debido
a la ausencia de infraestructura de alcantarillado en un corregimiento, si las inversiones
realizadas por dicho ente resultan insuficientes para prestar adecuadamente ese servicio
público.
Es competente un Departamento para, en el marco de sus funciones, brindar apoyo
financiero, técnico y administrativo a un Municipio en la construcción de una
infraestructura de alcantarillado.
Es competente una Corporación Autónoma Regional para, en el marco de sus
competencias, brindar apoyo financiero, técnico y administrativo para la construcción
de un sistema de alcantarillado en un Municipio.
No son suficientes y adecuados los plazos que el Tribunal concedió a las autoridades
demandadas para que: (i) dentro de los (2) meses siguientes a la notificación de la
providencia recurrida, elaboren un cronograma de trabajo que contenga las medidas
pertinentes para la protección de los derechos amparados, (ii) en los seis (6) meses
siguientes adopten todas las medidas presupuestales y financieras necesarias para la
construcción de un sistema de alcantarillado y (iii) en dos (2) años finalicen esas obras.
No debe prescindirse de la integración del Comité de Verificación de una sentencia de
acción popular, si se alega que éste es innecesario, dado que, para el cumplimiento
de dicha providencia, resulta más ágil la interposición del incidente de desacato.
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Debe modificarse la integración del Comité de Verificación de la sentencia, en el
sentido de incluir al Magistrado Ponente del Tribunal en primera instancia y al
Ministerio Público.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Departamento
de Santander, el Municipio de Rionegro, la Defensoría del Pueblo Regional Santander
y la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en contra
de la sentencia del 14 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La parte actora presentó la acción popular de la referencia en contra del
Departamento de Santander, el Municipio de Rionegro, la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (en adelante CDMB), la
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. (en adelante EMPAS) y
la Empresa Municipal de Acueducto y Aseo de Rionegro Santander (en adelante
EMSERVIR), al estimar vulnerados los derechos colectivos al medio ambiente sano, a
la seguridad y la prevención de desastres y a un acceso a la infraestructura de servicios
públicos que garantice la salubridad pública1.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que se reconozca, que los demandados están vulnerando los derechos
colectivos al medio ambiente sano, equilibrio ecológico, a la seguridad y a la
prevención de desastres previsibles técnicamente y el derecho al acceso a una
infraestructura de servicios públicos que garantice la salubridad pública, por la falta
de canalización, recolección conducción y disposición de aguas (nacimiento,
lluvias y residuales), con el fin de Evitar el daño contingente y hacer cesar el
peligro, o la amenaza o la vulneración sobre los derechos o intereses colectivos.
2. Que se ordene a los demandados, en un término perentorio de 30 días efectuar
todas las gestiones administrativas, presupuestales y contractuales, que el inicio y
la construcción de obras de alcantarillado para el corregimiento San Rafael bajo
Rionegro, de conformidad a la normatividad que rige la materia.
1 Índice núm. 2 de SAMAI.
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3. Que se ordene a los demandados, efectuar todas las acciones y si hubiere
oposición, condénese en costas a la parte demandada, a favor del fondo de Ley
en favor de la DEFENSORIA DEL PUEBLO, en forma solidaria”2.
1.2. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:
Mencionó que el Corregimiento de San Rafael, en el Municipio de Rionegro, enfrenta
serios problemas de infraestructura en varios de sus barrios, incluyendo Villa
Esperanza, San Martín y Las Villas. En particular, anotó que estos últimos sectores
carecen de un sistema de alcantarillado, lo que provoca que las aguas negras se
viertan en sus alrededores. Dijo que esta situación está generando malos olores y
problemas de salud entre los habitantes.
Aseguró que este ente territorial no ha adoptado medidas para solventar esta
problemática conforme a lo estipulado en el Plan Maestro de Alcantarillado, ni ha
realizado las gestiones pertinentes para resolver las reclamaciones incoadas por la
comunidad en este sentido.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La demanda fue presentada ante el Juzgado Once Administrativo de
Bucaramanga, el cual, mediante auto del 6 de mayo de 2015, dispuso su remisión por
competencia al Tribunal Administrativo de Santander3.
2.2. A través de proveído del 17 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió el libelo introductorio y ordenó el trámite de rigor. Particularmente,
ordenó notificar al Municipio de Rionegro, a la CDMB, a EMPAS y a EMSERVIR.
2.3. La CDMB se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no le
corresponde asumir funciones que no son de su competencia. Señaló que, de
conformidad con la Ley 142 de 1994, la implementación del servicio público de
alcantarillado es responsabilidad del Municipio de Rionegro. Finalmente, propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva4.
2 Visible a folios 61 a 62 del Cuaderno del Tribunal.
3 Visible a folio 79 del Cuaderno del Tribunal.
4 Ibidem.
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2.4. Las demás partes demandadas guardaron silencio.
2.5. El 3 de mayo de 2016 se declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento5.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo de Santander dictó la sentencia el 14 de diciembre
de 20226, cuya parte resolutiva dispuso:
“PRIMERO Amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios
públicos que garanticen la salubridad pública de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. Ordenar al Municipio de Rionegro que, dentro del plazo máximo de
seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, adopte todas
las medidas presupuestales y administrativas necesarias para la construcción del
alcantarillado en el corregimiento San Rafael del municipio de Rionegro, obra que
debe culminarse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
TERCERO. Ordenar al Departamento de Santander y a la CDMB, para que, en el
marco de sus competencias constitucionales y legales, brinden apoyo financiero,
técnico y administrativo al municipio de Rionegro, para la construcción del
alcantarillado en el corregimiento San Rafael del municipio de Rionegro.
CUARTO. Para lograr lo anteriormente ordenado, el municipio de Rionegro, el
Departamento de Santander y la CDMB en el término de dos (2) meses, contados
a partir de la ejecutoria de esta sentencia, deberán elaborar un cronograma de
trabajo que contenga las medidas que sean pertinente para la protección de los
derechos colectivos amparados, precisando las actividades a cargo de cada una
de las entidades involucradas.
QUINTO. Ordenar la conformación del Comité de Verificación que deberá estar
integrado por el actor popular, un representante del Municipio de Rionegro, el
Departamento de Santander, la CDMB, y el personero municipal de Rionegro, con
el propósito de que realicen seguimiento y adopten las medidas necesarias para
el cabal cumplimiento de la presente sentencia.
SEXTO. Condenar en costas de primera instancia a favor del actor popular y a
cargo del municipio de Rionegro, las cuales se liquidarán conforme al artículo 366
del C.G.P.
SÉPTIMO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVENSE las diligencias, previas
las constancias y anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI”.
5 Visible a folios 151 a 152 del Cuaderno del Tribunal.
6 Ibidem.
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3.2. En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por la CDMB, se indicó que ésta debía resolverse junto con el fondo del
asunto, dado que en dicho medio exceptivo se afirmó que esa autoridad ambiental no
había vulnerado los derechos colectivos mencionados en la demanda.
3.3. Posteriormente aludió al marco normativo de la acción popular, del servicio
público domiciliario de alcantarillado, al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, a la adecuada prestación de esos servicios, a la
competencia de los Municipios y de las Corporaciones Autónomas Regionales en esa
materia, así como al material probatorio obrante en el plenario.
Manifestó que estaba demostrada la vulneración de los derechos colectivos
relacionados con el ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, así como el
acceso a infraestructura de servicios públicos. Esto se debía a que los barrios Villa
Esperanza, San Martín y Las Villas del corregimiento de San Rafael en el municipio de
Rionegro carecían del servicio de alcantarillado para aguas residuales domésticas y
aguas pluviales, lo que generaba impactos negativos para el ambiente, malos olores y
riesgos para la salud.
Aseguró que, si bien el Municipio de Rionegro había realizado distintas acciones para
mejorar el sistema de alcantarillado, éstas no eran suficientes para superar la anotada
problemática.
En cuanto a la competencia del Departamento de Santander, manifestó que, de
acuerdo con los numerales 2 y 3 del artículo 7 de la Ley 142 de 1994, este ente tiene
funciones de apoyo financiero, técnico y administrativo a las empresas de servicios
públicos y a los municipios que prestan directamente dichos servicios.
Así, destacó que el Municipio de Rionegro debe realizar acciones para que el
corregimiento de San Rafael cuente con un sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas y una red de alcantarillado óptima que cubra el cien por ciento
(100%) de la municipalidad. Mientras tanto, el Departamento de Santander, de forma
subsidiaria y en virtud de los principios de coordinación y complementariedad, debe
apoyar financiera, técnica y administrativamente al mencionado ente y a las empresas
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que prestan los servicios públicos para un adecuado control del sistema de tratamiento
de aguas residuales.
4.4. Destacó la responsabilidad que tiene la CDMB, conforme con el artículo 31 de la
Ley 990 de 1993, de realizar acciones de control, vigilancia, sanción, asesoría y apoyo
a programas ambientales, funciones que deben ser ejercidas en colaboración con las
entidades territoriales respetando su autonomía; por lo tanto, dijo que esa autoridad
debe proporcionar apoyo al Municipio de Rionegro para la construcción del sistema de
alcantarillado en el corregimiento de San Rafael.
4.5. Sostuvo que EMSERVIR y EMPAS no pueden ser consideradas responsables,
dado que la primera ofrece sus servicios únicamente en la zona urbana del Municipio
de Rionegro, excluyendo así de su cobertura el área rural, especialmente el
corregimiento de San Rafael. De manera similar, la segunda sociedad no abarca al
Municipio de Rionegro en su área de operación, ya que se encarga únicamente del
funcionamiento y mantenimiento de las redes de alcantarillado en las zonas urbanas
de los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.
Por último, señaló que proferiría condena en costas a favor del actor popular y en
contra del Municipio de Rionegro, por ser el responsable tanto de prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado como de la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de su infraestructura.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
5.1. El Departamento de Santander impetró recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
por las razones que se expondrán a continuación7:
Afirmó que el Municipio de Rionegro presentó ante el Plan Departamental de Aguas –
PDA los 'Estudios y Diseños para la Actualización y Viabilización del Plan Maestro de
Alcantarillado del Centro Poblado San Rafael de Lebrija del Municipio de Rionegro-
7 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
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Santander'8. Indicó que, en consecuencia, la Empresa de Servicios Públicos de
Santander (en adelante ESANT), en su calidad de gestora del PDA, realizó la
contratación del proyecto de pre inversión.
Aseveró que esa sociedad determinó que, una vez se cuenten con los productos
celebrados, se llevará el proyecto a una ventanilla de viabilización Departamental –
Nacional para la consecución de recursos que permitan su ejecución.
Resaltó que designó a la ESANT como gestora y coordinadora interinstitucional del
Programa de Agua y Saneamiento PAP-PDA. Aclaró que esa designación abarca no
solo la prestación de los servicios públicos, sino también la gestión, administración,
supervisión, firma de contratos de obra pública, interventoría y convenios
interadministrativos.
Con todo, solicitó modificar el fallo impugnado, precisando que, por delegación de
dicho departamento a ESANT, esta última era responsable de gestionar y coordinar el
Programa de Agua y Saneamiento Básico para la Prosperidad (PAP-PDA), incluyendo
la obtención de recursos y el trámite administrativo y contractual del proyecto en el
municipio de Rionegro. Finalmente, pidió ampliar el plazo otorgado por el a quo para
la elaboración e implementación del plan de trabajo necesario para garantizar los
derechos colectivos invocados en la demanda.
5.2. El Municipio de Rionegro9 manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por
el Tribunal Administrativo de Santander, dado que ha llevado a cabo diversas
actuaciones e inversiones que demuestran su compromiso con el bienestar de la
población y garantizan el acceso a una adecuada infraestructura de servicios públicos.
Indicó que el juez de primera instancia no reconoció las obras y esfuerzos realizados
por la administración en el corregimiento de San Rafael, como el contrato No. 244 de
2015, el contrato de obra No. 156 del 2 de agosto de 2018 y el contrato No. 106, cuyo
año no fue especificado, negocios que evidencian la inversión y el compromiso con los
habitantes de la zona. Destacó que el corregimiento de San Rafael cuenta con varios
8 Visible a folio 5 del recurso de alzada del Departamento de Santander.
9 Ibidem.
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centros de población que han recibido una inversión significativa para expandir la
cobertura del servicio de alcantarillado.
Dijo que presentó el proyecto “Estudios y Diseños para la Actualización y Viabilización
del Plan Maestro de Alcantarillado del Centro Poblado San Rafael de Lebrija del
Municipio de Rionegro, Santander”10 ante ESANT, que actúa como gestora del Plan
Departamental de Aguas. Esto llevó a una solicitud al Consorcio FIA para la emisión
de los certificados de disponibilidad de recursos para la financiación del proyecto.
Como resultado, el 1 de diciembre de 2022 se firmaron las actas de inicio de los
contratos de consultoría C-170-22 y C-233-22.
De otro lado, reprochó que eran insuficientes los términos para la ejecución de las
órdenes impartidas en la decisión censurada, toda vez que se “requiere un trabajo
tedioso y técnico en la elaboración de planes de trabajo, así como las medidas
presupuestales y administrativas”11.
Finalmente, pidió que se revocara en su totalidad el fallo de primera instancia, se
desestimaran las pretensiones de la demanda y no se le impartiera orden alguna.
5.3. La Defensoría del Pueblo Regional de Santander12, en primer lugar, señaló que
se debe implementar una medida cautelar oficiosa con base en el principio de
precaución. Ello para proteger de manera inmediata los derechos colectivos y
fundamentales que se reconocen como afectados en el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander. Consideró que hay suficiente sustento para decretar las
cautelas mediante órdenes correspondientes, puesto que aguardar hasta la ejecutoria
del fallo supondría asumir el riesgo de una afectación irreversible a los intereses
colectivos en materia de saneamiento básico.
Por otro lado, formuló apelación con el objeto de que se revoque el numeral quinto del
fallo apelado, señalando que no es necesario conformar el Comité de Verificación de
la sentencia, dado que no hay razones para ello. Precisó que, en caso de
incumplimiento, es más ágil promover un incidente de desacato.
10 Ibidem.
11 Visible a folio 5 del recurso de alzada.
12 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
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Planteó que, si se considera que dicho comité es útil, debe incluirse como miembros
al Magistrado Ponente del fallo de primera instancia, al Ministerio Público y a una ONG.
5.4. La CDMB argumentó que difiere en la interpretación normativa dada por el
despacho en primera instancia, pues, si bien la Ley 99 de 1993 establece una serie de
funciones para las Corporaciones Autónomas Regionales, éstas no pueden invadir
potestades legalmente atribuidas a otras autoridades13 .
Adujo que tiene, entre sus funciones, el seguimiento y control, lo cual también implica
la función sancionatoria en materia ambiental, de conformidad con lo establecido en la
Ley 1333 de 2009. Así, en caso de que se evidencie alguna infracción ambiental, está
habilitada para adelantar el respectivo procedimiento sancionatorio. Por lo tanto,
aseguró que no es viable imponer a la entidad el deber de participar en un proceso
sobre el cual ejerce funciones de seguimiento y control, puesto que ello limitaría la
posibilidad de actuar ya que estaría fungiendo como juez y parte
Por último, señaló que la Ley 142 de 1994 establece la competencia de los
departamentos y de la Nación en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Sin
embargo, esa disposición otorga facultades directas a las autoridades ambientales,
como las Corporaciones Autónomas Regionales relacionadas con los servicios
públicos. Añadió que la función principal de las CAR es la gestión y protección del
medio ambiente, por lo tanto, no podían imponerse las cargas dispuestas en el numeral
tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.
V. AUTO RESUELVE MEDIDA CAUTELAR14
El Tribunal Administrativo de Santander dictó auto el 25 de abril de 202315, en el
que negó la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo, argumentando
que en la sentencia de primera instancia se protegieron los derechos e intereses
colectivos y se ordenó la realización de obras significativas, como la implementación
del servicio de alcantarillado en el corregimiento de San Rafael del Municipio de
13 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
14 Todo el trámite obra en el expediente digital en SAMAI.
15 Ibidem.
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Rionegro. Añadió que tampoco se presentó evidencia concreta del riesgo inminente
alegado.
Aseguró que, en todo caso, las entidades implicadas ya habían comenzado los
trámites administrativos y presupuestarios necesarios para la ejecución del proyecto
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y VIABILIZACION DEL PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN RAFAEL DE
LEBRIJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-SANTANDER” presentado ante el Plan
Departamental de Aguas (PDA).
VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA16
Por medio de auto del 7 de diciembre de 2023, el Despacho Sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por el Departamento de Santander, el Municipio de
Rionegro, la Defensoría del Pueblo Regional Santander y la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Con proveído del 7 de
febrero de 2024 se prescindió del traslado para alegar de conclusión, en virtud de lo
previsto en numeral 5 del artículo 247 del CPACA, aplicable al presente asunto por la
remisión que autoriza el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público se refirió de manera general al marco jurídico de las acciones
populares, a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la salubridad y
seguridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad y al régimen de los servicios públicos domiciliarios.
Manifestó que en la actualidad existen problemas de saneamiento que afectan a la
comunidad del Corregimiento de San Rafael del Municipio de Rionegro y que, si bien
ese ente suscribió los Contratos 244 de 2015, 156 de 2018 y 106 de 2019, éstos no
eran suficientes para resolver la problemática en esa zona.
16 Ibidem.
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Alegó que las recurrentes deben articular esfuerzos y actuar de forma coordinada
dentro del ámbito de sus competencias, para el cumplimiento de las órdenes
señaladas en la sentencia de primera instancia. Asimismo, resaltó que los plazos
concedidos por el a quo eran razonables ante la imperiosa necesidad de dotar al
mencionado Corregimiento de una infraestructura de alcantarillado.
En consecuencia, solicitó confirmar la decisión de primera instancia.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
8.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.
8.2. Planteamiento
Así las cosas, se observa que las partes discuten en relación con: (i) la responsabilidad
del Municipio de Rionegro en la vulneración de los derechos colectivos, (ii) las órdenes
adoptadas por el Tribunal, y (iii) la necesidad y conformación del Comité de Verificación
de la sentencia.
En cuanto al primer punto, el Municipio de Rionegro considera que no infringió los
derechos colectivos invocados en primera instancia. Esto se debe a que ha suscrito
diferentes contratos destinados a la ejecución de obras para la expansión de la
cobertura del servicio de alcantarillado en el Corregimiento de San Rafael. Sin
embargo, para el Tribunal, aunque el citado ente realizó gestiones para mejorar la
infraestructura, éstas no fueron suficientes para superar el estado de infracción de los
derechos colectivos.
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En cuanto al segundo aspecto, el Departamento de Santander considera que debe
modificarse el numeral cuarto del fallo impugnado para precisar que, por delegación
de dicho ente, ESANT S.A. E.S.P., en su calidad de gestora del PDA, debe ser la
encargada de la obtención de recursos y del trámite administrativo y contractual
necesarios para ejecutar las obras de infraestructura de alcantarillado en el
Corregimiento de San Rafael del Municipio de Rionegro. A su vez, la CDMB argumenta
que entre sus funciones no está la prestación de servicios públicos, por lo que no se
le pueden imponer las gestiones dispuestas en el numeral tercero de la sentencia
recurrida; además, sostiene que debe realizar la vigilancia y control del proyecto
ordenado, lo que impide que actúe como juez y parte. En contraposición, el Tribunal
es del criterio que dicho Departamento y la citada autoridad ambiental, en virtud de sus
funciones constitucionales y legales, debían asistir al Municipio de Rionegro en las
gestiones necesarias para ejecutar la infraestructura dispuesta en la parte resolutiva
de la sentencia apelada.
De otro lado, el Departamento de Santander y el Municipio de Rionegro solicitaron
ampliar el plazo concedido para construir las obras dispuestas en la parte resolutiva
de la decisión de primera instancia, debido a que lo consideran insuficiente, teniendo
en cuenta los aspectos administrativos y presupuestales que deben abordar para su
realización. Mientras que, para el Ministerio Público, el plazo concedido por el Tribunal
para la elaboración de dichas obras era suficiente, dado el estado de la infraestructura
de alcantarillado en la zona objeto de controversia.
Frente al tercer ítem, la controversia se presenta en cuanto a la necesidad del comité
de verificación de cumplimiento del fallo, pues la demandante estima que éste no debe
ser conformado, ya que, para dicha verificación, resulta más ágil la interposición del
incidente de desacato. Finalmente, la accionante cuestiona que, en caso de
mantenerse el Comité de verificación de la sentencia, es necesario incluir en ese
órgano al Tribunal Administrativo de Santander, al Ministerio Público y a una ONG que
desarrolle actividades afines con los hechos de la demanda.
8.3. De la responsabilidad del Municipio de Rionegro en la vulneración de los
derechos colectivos
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En este punto, deberá determinarse si el Municipio de Rionegro vulneró los derechos
colectivos invocados por la accionante, por la ausencia de prestación del servicio de
alcantarillado de un corregimiento, teniendo en cuenta que ese ente asegura que ha
realizado distintas inversiones que han permitido la expansión de la infraestructura de
ese servicio en dicha zona.
Para resolver ese interrogante, es menester referirse a las pruebas relevantes sobre
la prestación del servicio público de alcantarillado en el Corregimiento de San Rafael
y las gestiones realizadas por el Municipio de Rionegro para este fin:
A) Informe emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental Rural de la CDMB en
el que se expuso que en el Barrio Villa Esperanza del Corregimiento de San Rafael se
estaban vertiendo aguas grises y negras directamente al campo abierto17.
B) Actas de visita de la Gobernación de Santander sin fecha, en las que se
menciona que los Barrios Villa Esperanza, San Martín y Las Villas del Corregimiento
de Santa Rafael no cuentan con redes de alcantarillado18.
C) Memorial del 6 de abril de 2015, en el que la CDMB comunicó que, en el área
rural del Municipio de Rionegro, dicho ente asume directamente la prestación del
servicio público de alcantarillado. Asimismo, aseguró que el Corregimiento de San
Rafael no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.
Además, reiteró que, en el sector de Villa Esperanza, esas aguas eran conducidas por
tuberías y arrojadas a campo abierto19.
D) Contrato de Obra No. 244 de 2015, cuyo objeto fue la “reposición parcial del
sistema de alcantarillado en la zona urbana del Municipio de Rionegro y en el centro
poblado de San Rafael del Municipio de Rionegro Santander”20
17 Visible a folio 12 del Cuaderno del Tribunal.
18 Visible a folios 1 a 4 del Cuaderno del Tribunal.
19 Visible a folios 49 a 51 del Cuaderno del Tribunal.
20 Visible a folio 303 del Cuaderno del Tribunal.
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E) Oficio del 14 de junio de 2016, en el cual el Municipio de Rionegro informó lo
que sigue sobre las medidas que ha adelantado para la prestación del servicio de
alcantarillado en el mencionado corregimiento:
“1.- Por parte de la Administración Municipal de Rionegro no se ha realizado
etapa contractual sobre el Plan Maestro de Alcantarillado de la Comunidad
del Corregimiento de San Rafael, Municipio de Rionegro en especial para los
barrios Villa Esperanza, San Martin y las Villas, Se debe precisar al Despacho
que la Administración anterior adjudico el Contrato de Obra Pública No. 244 de
2015, cuyo Objeto Contractual corresponde a: "REPOCISION PARCIAL DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO Y EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO", el alcance del Contrato referido en cuanto hace al
Corregimiento de San Rafael, solo contempla la Carrera 6 desde la Calle 10
hasta la Calle 7”21 (Subrayas y negrillas de la Sala).
F) Documento del 16 de junio de 2016, en el que EMSERVIR señaló que la
prestación del servicio público de alcantarillado en el Corregimiento de San Rafael está
a cargo del Municipio de Rionegro, dado que se trata del área rural de ese ente22.
G) Contrato de obra número 156 del 2 de agosto de 2018, suscrito entre el
Municipio de Rionegro y el Consorcio Riaño 2018, cuyo objeto fue la “construcción de
la ampliación y limpieza de los caños colectores de aguas lluvias en el centro poblado
de San Rafael del Municipio de Rionegro Departamento de Santander”23.
H) Contrato número 106 del 15 de mayo de 2019, suscrito por el Municipio de
Rionegro y el señor Olbany Arenas Rubio, con el objeto de realizar “mantenimiento y
limpieza de alcantarillado del Corregimiento de San Rafael de Lebrija del Municipio de
Rionegro Santander, aprobado bajo acta # 11 del 14 de mayo de 2019, del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo en Virtud de la Calamidad Pública declarada mediante
actos administrativos – Decretos No. 042 del 16 de mayo de 2018, No. 093 del 13 de
noviembre de 2018 y No. 097 del 29 de noviembre de 2018, en el Municipio de
Rionegro Santander”24. Dicho negocio incluyó la limpieza y succión de las redes de
alcantarillado y pozos de inspección.
21 Visible a folio 201 del Cuaderno del Tribunal.
22 Visible a folio 205 del Cuaderno del Tribunal.
23 Visible a folio 305 del Cuaderno del Tribunal.
24 Visible a folio 315 del Cuaderno del Tribunal.
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I) Proyecto de pre-inversión denominado “Estudios y diseños para la actualización
y viabilización del Plan Maestro de Alcantarillado del Centro Poblado San Rafael de
Lebrija del Municipio de Rionegro -Santander”25, que fue presentado por el Municipio
recurrente ante Esant S.A. E.S.P. en su calidad de gestora del PDA del Departamento
de Santander.
Para el desarrollo de dicho proyecto, se firmaron los contratos de consultoría C-170-
22 y de interventoría C-233-22 con el objetivo de estructurar un estudio que pueda ser
presentado ante las ventanillas de viabilización departamental y nacional.
Específicamente, los siguientes productos fueron contratados:
“
“
25 Visible en el índice 74 del Sistema de Gestión SAMAI.
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”
”26
Ahora tras revisar los enlaces adjuntos en el recurso de alzada sobre estos contratos
en la página del SECOP, se puede observar que la vigencia de dichos negocios fue
prorrogada27.
8.3.1.1. En ese orden, de la revisión del material probatorio, está comprobado que
en el Corregimiento de San Rafael, especialmente en los barrios Villa Esperanza, San
Martín y Las Villas, no se presta el servicio público de alcantarillado, a pesar de que
esta responsabilidad recae en el Municipio de Rionegro, ya que en su área rural no
existe ninguna empresa que brinde este servicio.
Ello es así, pues ese ente únicamente demostró haber suscrito los Contratos No. 244
de 2015, No. 156 de 2018 y el contrato No. 106 de 2019, que, en términos generales,
tuvieron por objeto el mejoramiento y mantenimiento de las redes existentes de
alcantarillado. No obstante, no acredito haber ejecutado ningún negocio jurídico
destinado a expandir esta infraestructura en las áreas que carecen de cobertura en el
mencionado corregimiento, circunstancia que se agrava si se tienen en cuenta los
graves problemas ambientales provocados por la descarga sin control de aguas
residuales, particularmente el sector de Villa Esperanza.
Ahora, no se pasa por alto que, durante el trámite de esta acción popular, el Municipio
radicó ante la gestora del PDA un proyecto de pre inversión denominado “Estudios y
diseños para la actualización y viabilización del Plan Maestro de Alcantarillado del
Centro Poblado San Rafael de Lebrija del Municipio de Rionegro -Santander”28. Dicho
proyecto, en principio, tiene como objetivo principal expandir la cobertura del servicio
de alcantarillado en la zona afectada. Sin embargo, aún se encuentra en fase de
26 Visible en el índice 74 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI del Tribunal.
27 Ibidem.
28 Visible en el índice 74 del Sistema de Gestión SAMAI.
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consultoría, de modo que no ha completado su estructuración ni mucho menos se ha
asegurado su financiación por parte de las instancias departamentales o nacionales.
Prueba de ello es que, en el documento que fue llamado "Trazabilidad del proyecto de
pre-inversión: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y VIABILIZACIÓN
DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN
RAFAEL LEBRIJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER"29, suscrito por
ESANT en su calidad de gestora del PDA y que fue allegado por el Municipio en su
recurso de alzada, se indicó:
“Una vez se cuenten con los productos de los contratos C 170-22 y C-233-22
se llevará el proyecto a la ventanilla de viabilización (Departamental /
Nacional) para la consecución de recursos para el proyecto de inversión
esperado, como resultado del proyecto de pre-inversión contratado. Los
tiempos de viabilización para la consecución de recursos, no depende de la ESANT
S.A.P como gestor del PDA, sino de las respectivas ventanillas”30 (Negrillas y
subrayas de la Sala).
En ese sentido, es evidente que el Municipio de Rionegro es responsable de la
vulneración de los derechos colectivos en este caso, ya que hasta la fecha no ha
adoptado medidas definitivas que permitan la prestación del servicio de alcantarillado
en la zona objeto de controversia.
En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
8.4. De la controversia sobre las órdenes adoptadas por el Tribunal
8.4.1. De las órdenes asignadas al Departamento de Santander
Debe determinarse si un Departamento es competente para brindar apoyo financiero,
técnico y administrativo a un Municipio en la construcción de una infraestructura de
alcantarillado, si éste sostiene que delegó dichas funciones a la empresa gestora del
PDA.
29 Visible a folio 74 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal.
30 Ibidem.
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Con miras a resolver ese interrogante, es preciso aludir a las competencias en materia
de servicios públicos de los Departamentos:
El artículo 288 Superior dispuso que “Las competencias atribuidas a los distintos
niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.” Así, el artículo
298 ibidem previó que “los departamentos ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre
la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes.”
En ese sentido, es preciso indicar que, conforme con el artículo 7º de la Ley 142 de
1994, a los Departamentos, en observancia de los principios de coordinación y
complementariedad con los Municipios, les corresponde auxiliarlos en la prestación de
los servicios públicos cuando, por razones técnicas y económicas, sea necesario.
Entre tanto, el artículo 74 de la Ley 715 de 2001 determinó que los Departamentos, en
cumplimiento de los anotados principios, deben, entre otros, “Planificar y orientar las
políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su
ejecución con los municipios”, y “Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales,
departamentales o municipales de interés departamental.”
8.4.1.1. Bajo tal contexto normativo, es claro para la Sala que la prestación de los
servicios públicos en el régimen colombiano parte de la posibilidad de que el interesado
en llevarlos a cabo puede desarrollar esa actividad, independientemente de cuál sea
la naturaleza de sus recursos (pública o privada), y que el Municipio deberá asegurar
que se efectúe de manera eficiente; en tanto que los Departamentos ostentan
potestades de carácter complementario, es decir, deben auxiliar a los municipios en
esa materia, cuando así lo requieran; de ahí que no puedan excusarse del
cumplimiento de dicha responsabilidad por la mera designación de una empresa como
gestora del PDA.
En efecto, téngase en cuenta que, según lo previsto en el artículo 2.3.3.1.4.1 del
Decreto 1077 de 2015, en el marco de esos programas, los Departamentos “(...)
deberán suscribir un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del
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cual se comprometen a (...) Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
(PDA), (...) Implementar el instrumento para el manejo de recursos y aportar recursos para
contribuir al cierre financiero en el marco de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), (...) Tomar las medidas que se
requieran para facilitar la implementación y garantizar la ejecución de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)
y realizar el seguimiento al gestor, cuando este sea una empresa de servicios públicos, y (...)
Efectuar las gestiones que resulten pertinentes, ante las autoridades municipales y fuerzas
vivas del mismo, para su participación en los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).”
A su vez, el artículo 2.3.7.1.4.3. contempló que los Departamentos deben prestar
apoyo a los Municipios para la formulación de esquemas alternativos que permitan la
prestación del servicio de alcantarillado en zonas rurales.
Por ende, en criterio de la Sala, los Departamentos conservan sus competencias
relacionadas con la prestación de los servicios públicos a pesar de que designen una
empresa como gestora del PDA, de modo que el ente recurrente sí debe ser vinculado
como parte de la solución a la problemática que ocupa la atención de la Sala y, por
consiguiente, en el marco de sus competencias, debe concurrir en la implementación
definitiva para solventar la problemática del presente asunto.
Lo anterior, sin perjuicio de las medidas para la financiación de las obras que serán
estudiadas en el numeral 8.4.3. de esta providencia y que, además del Departamento
de Santander, tendrán en cuenta a las instancias de financiación departamentales
(gestor del PDA) y nacionales (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio), conforme
con los juicios de suficiencia y adecuación que sean del caso.
En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
8.4.2. De las órdenes impuestas a la CDMB
En este punto, tendrá que definirse si es competente una Corporación Autónoma
Regional para, en el marco de sus competencias, brindar apoyo financiero, técnico y
administrativo para la construcción de un sistema de alcantarillado en un Municipio.
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Para absolver ese cuestionamiento, deberá aludirse a las facultades en materia de
saneamiento ambiental de esas autoridades ambientales:
8.4.2.1. De acuerdo, con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales son entidades encargadas de proteger, regular y vigilar el
adecuado manejo y uso de los recursos naturales renovables que cuentan con
autonomía, identidad propia e independencia.
Los numerales 4, 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 prevén que las
corporaciones autónomas regionales tienen, entre otras funciones: (i) coordinar el
proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo
medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integradas
del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción, y en especial,
asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en
la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en
materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de
manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas
por las distintas entidades territoriales; (ii) ejercer las funciones de evaluación, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos y a las aguas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos; (iii) imponer y ejecutar, a prevención, y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
También el numeral 20 ibidem dispone que a esas autoridades les corresponde
ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del ambiente y los recursos naturales renovables.
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Igualmente, el último inciso del artículo 1 del Decreto 41 de 12 de enero de 2011
estableció parámetros en relación con la inversión de recursos por parte de las
Corporaciones Autónomas Regionales para la financiación de obras de infraestructura
que tengan como propósito contribuir a la ejecución de los PDA.
A su vez, el artículo 22 de la Ley 1450 de 2011 prevé que las autoridades ambientales
deberán realizar inversiones en el sector de agua potable.
En consecuencia, la Sala concluye que las funciones reconocidas a las Corporaciones
Autónomas Regionales en las normas en cuestión llevan consigo la obligación de
intervenir y preservar el recurso hídrico, a través de acciones de control, vigilancia,
sanción, asesoría y apoyo de programas ambientales, que desarrollen las entidades
territoriales en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. Asimismo,
deben ejecutar obras de infraestructura necesarias para la protección de esos recursos
naturales.
8.4.2.2. Bajo esa perspectiva, en cuanto a la orden señalada en el numeral
tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia 31, en la que se
ordenó a la CDMB que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales,
brinde apoyo financiero, técnico y administrativo para la construcción del alcantarillado
en el Corregimiento de Santa Rafael del Municipio de Rionegro, lo que encuentra la
Sala es que se acompasa con los mandatos radicados en cabeza de las Corporaciones
Autónomas Regionales relativos a la posibilidad de que éstas ejecuten las obras de
saneamiento que se requieran para la protección del medio ambiente.
Sobre el particular, téngase en cuenta que, en sentencia del 16 de mayo de 2019, esta
Sección concluyó que las Corporaciones Autónomas Regionales tienen competencia
para la ejecución de obras que permitan garantizar el saneamiento ambiental, lo cual,
31
“TERCERO. Ordenar al Departamento de Santander y a la CDMB, para que, en el marco de
sus competencias constitucionales y legales, brinden apoyo financiero, técnico y administrativo
al municipio de Rionegro, para la construcción del alcantarillado en el corregimiento San Rafael
del municipio de Rionegro”.
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de forma razonable, comprende la realización de diseños y estudios para la
construcción de la infraestructura necesaria para tal propósito.32
En este mismo sentido, en sentencia del 11 de julio de 2019, se sostuvo lo siguiente:
“En conclusión, a juicio de la Sala, las competencias de las corporaciones
autónomas regionales no se limitan a la vigilancia en materia ambiental, toda vez
que la ley estableció que, como autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
deben garantizar la protección del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, por medio, entre otras cosas, de la ejecución, administración y
operación, en coordinación con la entidades territoriales, de proyectos y obras de
infraestructura necesarias para la defensa y protección o descontaminación o
recuperación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables; de la
asesoría en la elaboración de proyectos en materia de protección ambiental; de la
realización estudios, diseños e inversión en sistemas de tratamiento de aguas
residuales; de la ejecución de programas de educación no formal en material
ambiental; de la asesoría a las entidades territoriales en la formulación de planes
de educación ambiental formal; del otorgamiento de permisos ambientales; y de la
imposición de sanciones por infracciones ambientales”. 33
Además, la Sala no comparte el reproche relacionado con que, de cumplir con la orden
fijada por el Tribunal, la CDMB actuaría como juez y parte al prestar ese auxilio, dado
que, de un lado, las funciones de saneamiento, y de otro, las relacionadas con
inspección, vigilancia y control a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales,
no son excluyentes, sino complementarias, y en esa medida deben ser ejercidas a
cabalidad por esas entidades a efectos de garantizar el cuidado de los recursos
naturales.
En efecto, como se vio, el mandato establecido en la providencia recurrida responde a
los deberes explícitamente asignados por la Ley a las autoridades ambientales para
financiar y asesorar obras que promuevan el saneamiento ambiental, de modo que
deben participar en la estructuración de los estudios que se promuevan para esos
fines. Sin embargo, si durante la ejecución y puesta en marcha de esos proyectos se
acredita que los responsables no han cumplido con los estudios avalados o la
normatividad ambiental vigente, las Corporaciones Autónomas Regionales se
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 16 de
mayo de 2019, radicado nro.: 85001233300020140023001. Consejero Ponente. Hernando Sánchez
Sánchez.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del once (11)
de julio de dos mil diecinueve (2019), radicado nro. 66001233100020110036002. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
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encuentran avaladas de iniciar las investigaciones de rigor e imponer las sanciones
que sean del caso.
En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
8.4.3. Del plazo concedido por el Tribunal para la construcción del sistema de
alcantarillado
De manera previa a plantear el respectivo problema, se observa que los cargos del
Departamento de Santander y del Municipio de Rionegro en este punto se centran en
discutir la suficiencia y adecuación de la orden impuesta por el Tribunal en la parte
resolutiva de la providencia recurrida.
En efecto, el primero de los anotados conceptos, esto es, el de suficiencia, hace
referencia a la aptitud de la medida; es decir, si con tal consideración se alcanza el fin
último, a saber, la protección de los derechos conculcados en un término razonable;
o, en otras palabras, se busca establecer si la orden es efectiva y el plazo otorgado es
proporcional para proteger los derechos vulnerados.
A su vez, el concepto de adecuación le exige al juez realizar un análisis de costo-
beneficio de la medida, es decir, debe verificar que la orden a impartir resulte en un
beneficio real para la colectividad en general.
Así las cosas, se deberá determinar si son suficientes y adecuados los plazos que el
Tribunal concedió a las autoridades demandadas para que: (i) dentro de los (2) meses
siguientes a la notificación de la providencia recurrida elaboren un cronograma de
trabajo que contenga las medidas pertinentes para la protección de los derechos
amparados, (ii) en los seis (6) meses adopten todas las medidas presupuestales y
financieras necesarias para la construcción de un sistema de alcantarillado, y (iii) en
dos (2) años finalicen esas obras.
8.4.3.1. A efectos de resolver ese interrogante, debe indicarse que los entes
territoriales recurrentes, en sus intervenciones, han señalado que está en marcha un
proyecto con el PDA para la construcción de un sistema de alcantarillado en el
Corregimiento de San Rafael. Ahora, como se vio en el punto 8.3.1.1. de esta
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providencia, dicho proyecto se encuentra en fase de consultoría con el objetivo de
estructurar un estudio que pueda ser presentado ante las ventanillas nacionales y
departamentales de financiación, ello en aras de conseguir los recursos que permitan
su construcción y puesta en marcha.
En tal contexto, es menester referirse a las fases de este tipo de planes para
determinar si las órdenes del Tribunal se ajustan a las mismas:
8.4.3.2. Pues bien, el artículo 2.3.3.1.1.2. del Decreto 1077 de 2015 define los
PDA así:
“Artículo 2.3.3.1.1.2. Definición de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Son un conjunto
de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y
ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos y la
implementación de esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso a
agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales,
la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras
de los servicios públicos, las comunidades organizadas y, la implementación
efectiva de esquemas de regionalización y asociativos comunitarios.”
A su vez, el artículo 2.3.3.1.4.1. determinó que los siguientes eran los requisitos para
la participación en los PDA por parte de los Departamentos y Municipios:
“Artículo 2.3.3.1.4.1. Requisitos para la participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA). Para participar de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), que se
señalan a continuación, los diferentes participantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1. Los departamentos. Los departamentos deberán suscribir un convenio con el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del cual se comprometen a:
1.1. Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
1.2. Implementar el instrumento para el manejo de recursos y aportar recursos para
contribuir al cierre financiero en el marco de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).
1.3. Tomar las medidas que se requieran para facilitar la implementación y
garantizar la ejecución de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) y realizar el seguimiento al gestor,
cuando este sea una empresa de servicios públicos.
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1.4. Efectuar las gestiones que resulten pertinentes, ante las autoridades
municipales y fuerzas vivas del mismo, para su participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
2. Los municipios y distritos. Para que un municipio o distrito participe en los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) debe cumplir con los siguientes requisitos:
2.1. Celebrar un convenio interadministrativo de cooperación con el gestor y el
departamento, mediante el cual se compromete a:
a) Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo y el presente capítulo.
b) Implementar el instrumento para el manejo de recursos.
c) Aportar recursos para contribuir al cierre financiero en el marco de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
d) Implementar el esquema para el aseguramiento de la prestación de los servicios
que se defina en desarrollo del mismo.
e) Tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura
y los bienes afectos a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
básico de su propiedad.
2.2. Autorizar el giro directo de los recursos comprometidos en virtud de este
artículo al respectivo instrumento para el manejo de los recursos.
El Comité Directivo determinará si para efectos de su participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) el municipio o distrito puede prescindir de los requisitos
previstos en los literales b y c del numeral 2.1 y el numeral 2.2. de este artículo, de
acuerdo con lo previsto en el Manual Operativo del que trata el artículo 2.3.3.1.5.2
del presente capítulo. En estos casos, previo a la firma del convenio, el Comité
Directivo aprobará la vinculación del municipio.
3. Las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales con jurisdicción en
los municipios y distritos ubicados en el territorio del respectivo departamento,
podrán participar en los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de
los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Para ello deberán suscribir un
convenio con el departamento respectivo, precisando las actividades que se
comprometen a desarrollar, los recursos que destinarán para cumplir con los
compromisos adquiridos, así como los demás aspectos necesarios para asegurar
una adecuada articulación de la autoridad ambiental con el Plan Departamental y
sus estructuras operativas.
Las autoridades ambientales que hayan suscrito con los respectivos
departamentos el Convenio Marco de Vinculación a los Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), se
entenderán participantes de los Planes Departamentales, durante el tiempo que el
convenio permanezca vigente.
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Parágrafo 1°. Se entenderán participantes de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) los
departamentos que suscribieron el convenio de cooperación técnica; asimismo se
entenderán participantes de los PDA los municipios y distritos que a la entrada en
vigencia del presente decreto suscribieron el Convenio de Cooperación y Apoyo
Financiero con el departamento y el Gestor.
Parágrafo 2°. Podrán participar, las personas jurídicas de derecho público, privado
o mixto, que aporten recursos financieros o técnicos o humanos, previa aprobación
del Comité Directivo.” (Subrayas de la Sala).
A su vez, el numeral 11 del artículo 2.3.3.1.2.3. ibidem contempló que los Distritos y
Municipios podrán presentar sus proyectos ante el mecanismo nacional o
departamental de viabilización de proyectos para el estudio de su financiación:
“Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor:
(…)
11. Apoyar al departamento en la planeación y priorización de inversiones del
sector agua potable y saneamiento básico; realizar la estructuración y presentación
de los proyectos a través de los mecanismos de viabilización, así como, las
correcciones o modificaciones necesarias de los mismos. No obstante, lo anterior,
los municipios y distritos podrán presentar los proyectos ante el mecanismo
nacional o departamental de viabilización de proyectos.” (Subrayas de la Sala).
8.4.3.2.1. En cuanto al mecanismo departamental para la viabilización de
proyectos, el artículo 2.3.3.2.1.2. y el numeral 6.1. del artículo 2.3.3.2.1.6. ibidem
indicaron que los Municipios podrán presentar, entre otros, proyectos para la
construcción, ampliación y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado, con el fin
de que sean financiados con los recursos del Departamento.
Las normas en contexto prevén:
“Artículo 2.3.3.2.1.2. Mecanismo departamental de viabilización de proyectos.
A través del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos se evaluarán
y viabilizarán aquellos proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico
que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de
los demás programas regionales para el manejo de agua potable y saneamiento
básico de que trata el Artículo primero del presente capítulo y cuya financiación no
incorpore recursos provenientes de la Nación.”
“Artículo 2.3.3.2.1.6. Proyectos A Presentar Al Comité Técnico Para Su
Viabilización. A través del Mecanismo de Viabilización Departamental, se
presentarán para su viabilización y de acuerdo a los usos que para cada fuente de
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recursos establezcan la ley, decretos, Resoluciones o Acuerdos, los proyectos
orientados a:
6.1. Construcción, ampliación, rehabilitación de sistemas de acueducto,
alcantarillado sanitario y pluvial, y aseo.” (Subrayas de la Sala).
Para la aprobación y financiación de dichos proyectos, éstos deberán cumplir con los
requisitos definidos para su inclusión en el banco de proyectos del correspondiente
PDA. Asimismo, se deberán acreditar las exigencias contempladas en la “Guía Para
la presentación, viabilización y aprobación de proyectos ante el Mecanismo
Departamental de Evaluación y Viabilización de proyectos”, que fue emitida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución 672 de 2015.
Y finalmente, en los artículos 2.3.3.2.3.11., 2.3.3.2.3.12. y 2.3.3.2.3.13. se
determinaron los procedimientos para la evaluación, viabilización y aprobación de los
proyectos por parte del citado Mecanismo Departamental, siendo éstos:
“Artículo 2.3.3.2.3.11. Procedimiento y plazos de evaluación, viabilización y
aprobación. Para la evaluación, viabilización y aprobación de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico presentados en el marco del presente decreto,
se atenderá el siguiente procedimiento:
11.1. Una vez formulado el proyecto por los entes territoriales, el mismo deberá
ser radicado para su evaluación ante la Secretaría Técnica del Mecanismo
Departamental de Viabilización de Proyectos.
11.2. El Gestor incorporará el respectivo proyecto al Plan de Acción del Municipio.
11.3. El Comité Técnico Departamental de Proyectos asignará un evaluador quien
deberá emitir revisión técnica en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
11.4. Una vez el proyecto cuente con revisión técnica favorable del evaluador, se
convocará al Comité Técnico Departamental de Proyectos para que sesione en un
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. En dicha sesión el Evaluador designado
sustentará el respectivo proyecto, y el Comité emitirá un concepto recomendando
o no la viabilización del mismo.
11.5. Una vez el Comité emita la recomendación con el respectivo concepto
técnico, el Gobernador mediante oficio dará a conocer a la entidad territorial
correspondiente y al Gestor la decisión de viabilidad o no del proyecto, acorde con
la carta de Viabilización modelo prevista en la Guía de que trata el artículo
2.3.3.2.4.14 del presente capítulo.
11.6. El valor final del proyecto corresponderá al consignado en la carta de
viabilización.
11.7. Igualmente se remitirá la carta de viabilización con su respectivo concepto al
Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de
Agua, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Gestor a fin de que éste
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último de inicio al trámite de contratación en los términos previstos por el artículo
2.3.3.2.4.15 del capítulo 1 del título 3 de este Libro o la norma que lo sustituya o
derogue y para que se le comunique a la entidad responsable de la administración
de los recursos, para que expida los respectivos Certificados de Disponibilidad de
Recursos – CDR, que permitan dar inicio a los procesos de contratación.”
(Subrayas de la Sala).
“Artículo 2.3.3.2.3.12. Evaluación de proyectos. La evaluación de los proyectos
regionales presentados, se llevará a cabo por el personal profesional contratado o
vinculado por el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos del
respectivo departamento, de que trata el artículo 2.3.3.2.1.3. del presente capítulo,
el cual contará como mínimo con los perfiles que se definan en la guía de que trata
el artículo 2.3.3.2.4.14 del presente capítulo.
En todo caso no podrán realizar la evaluación de proyectos aquellas personas
jurídicas y naturales que hayan participado en la formulación, diseño o planificación
de los proyectos.
Así mismo, no podrán realizar la ejecución, construcción o interventoría de los
proyectos aquellas personas jurídicas o naturales que participaron en las
actividades de evaluación y viabilización del mismo, con capacidad de voto.
Parágrafo primero. Los profesionales del equipo evaluador podrán ser
funcionarios o contratistas.
Parágrafo segundo. Los costos del Mecanismo Departamental de Evaluación de
Proyectos podrán ser asumidos con cargo a recursos propios del Departamento o
del SGP del Departamento (Sector Agua Potable y Saneamiento Básico), con
previa aprobación del Comité Directivo del PAP - PDA, y acorde con las directrices
que para tal efecto defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.”
“Artículo 2.3.3.2.3.13. Requisitos de viabilización. Los proyectos de agua
potable y saneamiento básico que presenten las entidades territoriales y el Gestor
en el marco del presente decreto podrán declararse viables por parte del
Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, una vez se hayan
cumplido los requisitos y documentos de presentación, el Comité Técnico
Departamental haya emitido el respectivo concepto de viabilidad y se cuente con
los recursos disponibles para su financiación.” (Subrayas de la Sala).
8.4.3.2.2. Frente al mecanismo para la financiación de proyectos por parte de la
Nación, en la Resolución 661 de 2019 se establecieron los requisitos para esos fines.
El artículo 1º ibidem se dispuso:
“Artículo 1o. Objeto. Por medio de la presente Resolución se establece el
mecanismo y los requisitos para la presentación, viabilización, reformulación y
expedición de conceptos técnicos para los proyectos del sector de agua potable
y saneamiento básico que sean presentados por las entidades territoriales que
soliciten apoyo financiero de la Nación y se adoptan las guías para presentación
y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento básico.”
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Además, el artículo 9 ibidem señaló que la financiación de dichos proyectos por parte
de la Nación, entre otros, podrá ser solicitada por los Departamentos, Municipios o el
Gestor del PDA; veamos:
“Artículo 9o. Presentación de proyectos. Para efectos de la presente
resolución, podrán presentar proyectos del sector de agua potable y saneamiento
básico como entidad formuladora responsable del proyecto los Departamentos,
Municipios y Distritos.
En los casos en que sea el Gestor de los Planes Departamentales de Agua, El
Operador o Persona Prestadora de los Servicios, o cualquier entidad diferente al
municipio o distrito beneficiado quien realice el trámite para que se surta el
proceso de evaluación y viabilización del proyecto, deberá estar avalado por el
(los) municipio(s) o distrito(s) beneficiario(s) del mismo como solicitante del
apoyo financiero de la nación.
El procedimiento para la presentación y evaluación de proyectos se presentarán
en el artículo 13 de la presente resolución.” (Subrayas de la Sala).
Ahora, para la presentación de los aludidos proyectos ante el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, se deben cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 13
ibidem, siendo estos los que se transcriben enseguida:
“Artículo 13. Requisitos para la presentación de proyectos. Los proyectos
que presenten las entidades, deberán hacer parte de las políticas y/o de los
programas implementados o que implemente la Nación para el sector de agua
potable y saneamiento básico, en concordancia con la normativa aplicable al
sector. La entidad solicitante deberá presentar la totalidad de los documentos
exigidos en la presente resolución en los formatos establecidos en la Guía de
Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico contenida en
Anexo número 1 de la presente y cumplir los siguientes requisitos:
13.1. Documentales: Los proyectos deberán ser radicados con la totalidad de la
documentación que se relaciona en la Guía de presentación de proyectos de
agua potable y saneamiento básico, organizados en carpetas tamaño oficio,
debidamente foliadas.
13.2. Legales: Los proyectos deberán estar acompañados de los permisos que
exijan las autoridades competentes, de acuerdo con la naturaleza del proyecto.
Para el caso de proyectos que se presenten a evaluación por etapas, la entidad
solicitante presentará los documentos de soporte siguiendo la Guía de
Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico contenida en
Anexo número 1 de la presente resolución.
Para el caso de conceptos favorables (sin plan financiero definido o conceptos
para mitigación de riesgo o situación de desastre), el requisito establecido en el
numeral de la Guía 2.2.3. (Permiso para el uso, la ocupación y la intervención
temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea), no será
exigido. En todo caso una vez se cuente con la(s) fuente(s) de financiación del
proyecto, previo a la emisión del concepto de viabilidad, se deberán verificar los
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requisitos, de conformidad con lo establecido en la Guía de presentación de
proyectos de agua potable y saneamiento básico.
En cuanto al numeral de la Guía 2.2.5.2. (Consulta Previa) este podrá
encontrarse en trámite únicamente en los casos de proyectos que surjan como
consecuencia de una situación de desastre o de emergencia. En tal caso, se
deberá indicar el estado actual del trámite y adjuntar copia del documento
mediante el cual se solicitó la consulta, debidamente radicado ante la autoridad
correspondiente.
13.3. Institucionales: Los proyectos deberán incluir los aspectos señalados en
la Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico,
incluyendo el esquema organizacional, el diagnóstico de la entidad prestadora de
los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, aspectos de fortalecimiento
institucional y la acreditación de pago de subsidios al prestador.
13.4. Técnicos: Los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo tanto para la
zona rural como urbana, presentados por las entidades territoriales deberán
contar con estudios y diseños de conformidad con lo establecido en el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)
que aplique, contenido en las Resoluciones números 0330 de 2017, 501 de 2017
y 844 de 2018 o las normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan,
con la correspondiente aprobación de quien realizó la interventoría o supervisión
técnica de los mismos y de la Entidad contratante de los diseños, exceptuando
los proyectos de pre-inversión que deberán presentar de forma explícita dentro
del alcance de sus términos de referencia la realización de los estudios y diseños
siguiendo lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico (RAS) que le aplique o las normas que la modifiquen,
adicionen, aclaren o sustituyan.
En el caso de los proyectos rurales, enmarcados en la Resolución
números 844 de 2018 y 501 de 2017 o las normas que la modifiquen, adicionen,
denominados como abastos, puntos de suministro y soluciones individuales,
deberán seguirse los requisitos técnicos establecidos en esta Resolución en
cuanto a población, dotaciones para consumo humano y subsistencia de la
familia rural, incluyendo los entornos. Así mismo, se debe tener en cuenta la
evidencia sobre el proceso de planeación realizada para este tipo de proyectos,
iniciando por la etapa de “Perfil de proyecto” y evidencia sobre todo el proceso
de participación de las comunidades a beneficiar en la zona de actuación.
Cuando los proyectos presentados al mecanismo de viabilización hagan parte de
un proyecto regional o de uno de mayor extensión para cuyo funcionamiento
dependa de la funcionalidad de las etapas precedentes, el(los) representante(s)
legal(es) de la(s) entidad(es) responsable(s) del proyecto, deberá(n) certificar
que las etapas anteriores se encuentran funcionando adecuadamente. Si la(s)
etapa(s) anterior(es) se encuentran en construcción a la fecha de presentación
del proyecto, la certificación deberá indicar el estado de avance de la
construcción y la fecha programada de terminación y puesta en funcionamiento
de la misma, debidamente avalados por la Interventoría de la Obra.
Las entidades territoriales contratantes responsables de las consultorías de
diseño deberán, desde la fecha de publicación de la presente resolución, adjuntar
una copia de la póliza de calidad vigente de los diseños, debidamente constituida
por el Consultor Responsable de los Diseños, que ampare el diseño presentado
como mínimo un (1) año más, posterior a la fecha de su radicación en el Ministerio
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de Vivienda, Ciudad y Territorio, manteniendo como asegurado o beneficiario a
la Entidad Responsable del proyecto.
13.5. Financieros: Los proyectos deberán incluir los aspectos señalados en la
Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico,
incluyendo el presupuesto detallado del proyecto, los soportes presupuestales de
las fuentes de financiación y el plan financiero. La información contenida respecto
de Análisis de Precios Unitarios y precios será en todo caso responsabilidad de
la entidad formuladora.
13.6. Ambientales: Con excepción de los proyectos de pre-inversión, para la
presentación de los proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos
estos deberán contar con los actos administrativos expedidos por la autoridad
ambiental competente correspondientes a licencias ambientales, concesión de
aguas y/o permisos de exploración o prospección de aguas subterráneas, Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, permiso de vertimientos, permiso de
ocupación de cauce, autorización de canteras para la provisión de materiales,
autorización de escombreras para la disposición del material sobrante (según
corresponda), de conformidad con la normatividad vigente.
Para los demás permisos deberán presentar como mínimo soporte de radicado
de solicitud ante la entidad y/o autoridad competente. En el caso de los proyectos
de pre- inversión, estos deberán presentar de forma explícita dentro del alcance
de sus términos de referencia que deberán cumplir con las necesidades de
estudios y diseños para la obtención de licencias y permisos requeridos por el
proyecto, según autoridad ambiental competente, por parte de la Entidad
formuladora.
Para el caso de conceptos favorables (sin financiación o para proyectos de pre-
inversión e inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación
de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, menores a 450
SMMLV), este requisito podrá encontrarse en trámite ante la respectiva autoridad
ambiental. En tal caso se deberá indicar el estado actual del trámite y adjuntar
copia del documento mediante el cual se solicita el permiso o licencia,
debidamente radicado ante la autoridad correspondiente. En todo caso una vez
se cuente con la(s) fuente(s) de financiación del proyecto, previo a la emisión del
concepto de viabilidad, se deberá contar con el acto administrativo de la autoridad
ambiental competente que lo otorgue.
Para el caso de proyectos presentados para el proceso de evaluación por etapas,
los requisitos de permisos de ocupación de cauce, licencias ambientales,
autorizaciones de canteras para la provisión de materiales y autorizaciones de
escombreras para la disposición del material sobrante (según corresponda),
podrán encontrarse en trámite ante la respectiva autoridad ambiental. En tal caso
se deberá indicar el estado actual del trámite y adjuntar copia del documento
mediante el cual se solicita el permiso o licencia, debidamente radicado ante la
autoridad correspondiente. En todo caso una vez se cuente con la(s) fuente(s)
de financiación del proyecto, previo a la emisión del concepto de viabilidad, se
deberá contar con el acto administrativo de la autoridad ambiental competente
que lo otorgue.
En cualquiera de los casos mencionados, cuando la financiación del proyecto sea
otorgada por una entidad diferente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
este no se hará responsable por el cumplimiento de los requisitos ambientales
normativos.
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13.7. Prediales: Con excepción de los proyectos de pre-inversión, y de los
proyectos que incluyan la adquisición de predios y el pago de los derechos de
servidumbre conforme lo establecido en los numerales 22 y 23 del numeral 10.1
del artículo 10 de la presente resolución, los demás proyectos deben contar con
los predios, permisos de paso y/o servidumbres prediales según corresponda y
dicha documentación deberá ser anexada al proyecto en su presentación de
acuerdo con lo estipulado en la guía de presentación de proyectos de agua
potable y saneamiento básico, incluyendo la certificación de propiedad de los
predios (certificado de libertad y tradición a nombre del municipio y/o del
prestador en el caso de que el municipio sea accionista mayoritario de la empresa
prestadora para lo cual se deberá garantizar que la infraestructura será propiedad
del municipio) y las servidumbres necesarias para su ejecución. En el caso de
los proyectos de pre-inversión, estos deberán presentar de forma explícita dentro
del alcance de sus términos de referencia el grado de acompañamiento requerido
por la Entidad formuladora para la obtención de los predios y/o servidumbres
definidas dentro del diseño.
Parágrafo. Las Entidades Formuladoras podrán presentar los proyectos de agua
y saneamiento básico de forma digital previa reglamentación del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio.” (Subrayas de la Sala)
Asimismo, en el Capítulo V ibidem se reguló el procedimiento para la evaluación y
viabilización de la propuesta por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
8.4.3.3. Así las cosas, es menester revocar los numerales segundo a cuarto de
la parte resolutiva de la decisión de primera instancia, toda vez que, para su
imposición, el Tribunal no atendió a juicios de suficiencia y adecuación. Lo anterior,
como quiera que ordenó la construcción inmediata de redes de alcantarillado en la
zona rural del Municipio de Rionegro, sin considerar que, como se vio, dicho ente ya
había presentado un proyecto en el PDA, el cual se encuentra en fase de consultoría.
En consecuencia, en atención a que, para la fecha de emisión de esta providencia ya
concluyó la última prórroga de los contratos C-170-22 y C-233-2234, se ordenará que
dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta providencia, el
Municipio de Rionegro, en colaboración con el Departamento de Santander y la CDMB,
dentro del ámbito de sus competencias, finalicen los estudios y diseños que permita la
prestación del servicio de alcantarillado en el Corregimiento de San Rafael,
especialmente en los barrios Villa Esperanza, San Martín y Las Villas. Para ese
propósito, se deberán tener en cuenta los resultados de los contratos de consultoría e
34 Conforme consta en los links
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7703244&ide=721f82ff-
6072-4901-a8b6-b5a1a3554d5d y
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7701448&ide
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interventoría que fueron suscritos en el marco del Proyecto de pre-inversión
denominado “Estudios y diseños para la actualización y viabilización del Plan Maestro
de Alcantarillado del Centro Poblado San Rafael de Lebrija del Municipio de Rionegro
-Santander” que fue presentado por el Municipio de Rionegro ante el gestor del PDA35.
Dentro de ese mismo término, el citado proyecto deberá ser presentado ante la
dependencia encargada del PDA del Departamento de Santander o del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, para que evalúen su aprobación y financiación.
En caso de que alguna de esas entidades requiera información adicional o requiera
correcciones, estas deberán ser subsanadas por el Municipio de Rionegro dentro de
los dos (2) meses siguientes.
Una vez aprobado el financiamiento de la obra, esta deberá ser realizada por el
Municipio de Rionegro o por la empresa prestadora de servicios públicos designada
para ese fin, conforme a los términos establecidos en los cronogramas que sean
definidos en los estudios aprobados para dicha infraestructura.
8.5. De la controversia frente a la necesidad del Comité de Verificación de la
sentencia
En este punto, tendrá que dilucidarse si debe prescindirse de la integración del Comité
de Verificación de una sentencia de acción popular, si se alega que éste es
innecesario, dado que, para el cumplimiento de dicha providencia, resulta más ágil la
interposición del incidente de desacato.
Con miras a resolver dicho reparo, la Sala prohijará lo dicho en la providencia del 28
de enero del 2021, en la que se resolvió el recurso de alzada presentado por la
Defensoría del Pueblo – Regional Santander, en similares términos a los aquí
expuestos, así:
“A juicio del apoderado de la actora, no es necesaria la conformación de un comité
de verificación, toda vez que ante un eventual incumplimiento de la providencia,
resulta más célere promover un incidente de desacato que atenerse a un comité
cuyo funcionamiento es indeterminado y dispendioso.
35 Visible en el índice 74 del Sistema de Gestión SAMAI.
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Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley
472, el Juez tiene la facultad de conformar un comité de verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes,
la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el
objeto del fallo.
La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes
o los interesados de acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una
orden judicial, pues aquel tiene por finalidad efectuar un seguimiento a la
ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia y también puede
servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas
interesadas, para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos
vulnerados.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo
siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos
normativos hayan considerado que dichas autoridades debían conservar su
competencia, después de proferido el fallo, para adoptar las medidas que
conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como
el de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar
las órdenes de protección, cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para
establecer los motivos de su negligencia y adelantar las diligencias que
correspondan para corregir tales obstáculos.36
El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos
efectos: la conformación del comité para la verificación del cumplimiento que,
integrado de la manera en que se anunció previamente (Supra 4.5.) cumple la
función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de propuestas que
conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un
seguimiento de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho
colectivo vulnerado han adoptado con ese objeto.37
[…]
.10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación
acerca de la responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus
sentencias y de los instrumentos jurídicos de los que él y las partes pueden valerse
36 La Sentencia 85001-23-31-000-2011-00047-01(AP), proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado el cinco (5) abril de 2013 (C.P. Stella Conto Díaz del Castillo), se refiere al compromiso que, en
atención a la naturaleza de la acción popular, a su origen constitucional y a la clase de derechos e
intereses que protege, adquiere el juez que la tramitó frente a la garantía del cumplimiento de las
órdenes impartidas en aras del restablecimiento del derecho colectivo vulnerado. El fallo señala, al
respecto, que “(...) la supremacía de las normas constitucionales exige, antes que la evocación de un
enunciado formal de prevalencia de los derechos colectivos, su plena eficacia material. Y a ese objetivo
debe orientarse imperiosamente la actividad de las autoridades, incluyendo la tarea del juez de la acción
popular, pues un procedimiento distinto conduciría al desconocimiento de uno de los fines esenciales
del Estado Social, para el efecto de la participación en la protección de los derechos colectivos con la
eficacia que su trascendencia exige. Sobre ese supuesto, advierte que el rol del juez de la acción popular
no puede limitarse a adoptar una decisión con respecto a los hechos, pretensiones y excepciones
alegadas y probadas por las partes, ya que, por el contrario, “su deber tiene que ver con la adopción de
las medidas que sean necesarias para restablecer las cosas al estado precedente a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, de ser ello posible (...)”.
37 Cfr. Sentencia T-443 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt).
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para impulsar el cumplimiento de las órdenes de protección de los derechos
colectivos.
Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa
el plazo previsto para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la
competencia para tomar las medidas que conduzcan a la pronta y efectiva
materialización de la protección concedida. Esto significa que puede practicar
pruebas para identificar las circunstancias que obstaculizan la concreción del
amparo, requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección
y adoptar los correctivos que conduzcan a superar la dilación verificada.
Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité de verificación
de cumplimiento de la sentencia de acción popular y el incidente de desacato frente
a dicho propósito, el primero porque opera como un espacio para la elaboración y
discusión de las alternativas de cumplimiento de la sentencia y el segundo porque
permite que, ante la inminencia de una sanción disciplinaria, las autoridades se
apresuren a ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad el amparo
concedido.
[…]
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y seguimiento de las
órdenes de protección, la competencia que se le confirió al juez para vincular a las
entidades que podrían contribuir a acelerar el cumplimiento del fallo, la labor que en
aras de este objetivo pueden ejercer los organismos de control y los intereses que
están en juego tratándose de derechos colectivos cuya protección, por definición,
concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar que, en
efecto, el juez de la acción popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando
ello resulte indispensable para asegurar el goce efectivo de tales derechos o
conjurar las circunstancias que lo amenazan […]”.
Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto
sub-examine no debe ser revocado, pero sí modificado en el sentido de incluir al
Tribunal, a través de su magistrado ponente, quien lo presidirá”38 (Subrayas de la
Sala).
En consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
8.6. De la controversia sobre la conformación del Comité de verificación de la
sentencia
En este punto, tendrá que definirse si debe modificarse la integración del Comité de
Verificación de la sentencia, en el sentido de incluir al Magistrado Ponente del Tribunal
en primera instancia, al Ministerio Público y a una ONG, cuyo objeto social esté
relacionado con los hechos de la demanda.
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28 de
enero de 2021. Proceso radicado número: 68001 23 33 000 2019 00250 01. Consejera Ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón.
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Sea lo primero indicar que, conforme con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, esa
clase de Comités deben ser integrados, además del Juez, por las partes, la entidad
encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una
organización no gubernamental con actividades relacionadas con el objeto del fallo. La
norma en cuestión es del siguiente tenor:
“Artículo 34. Sentencia. (…)
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de
sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la
providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez
conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución
de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de
Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes,
la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el
objeto del fallo”. (Subrayas de la Sala).
Por ende, lo que observa la Sala es que asiste razón a la parte actora respecto a que
el Comité de Verificación del fallo debe ser integrado por el Ministerio Público y el
Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia, éste último, quien, además,
lo debe presidir. De modo que se modificará el numeral quinto de la decisión recurrida
con miras a incluir a dichos sujetos en el mencionado Comité.
De otro lado, en cuanto la inclusión de una Organización No Gubernamental, se
observa que la norma en cuestión dispuso su vinculación a efectos de realizar veeduría
de las órdenes que fueron impuestas en la sentencia, circunstancia que se advierte
cumplida con la participación de la Defensoría y la Personería de Rionegro quienes
tendrán que velar, junto con los demás integrantes del Comité, por el cumplimiento del
fallo. Por ende, se negará tal petición, pues se entiende que el fin buscado por la
normativa se halla agotado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley
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FALLA
PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo a cuarto de la parte resolutiva de la
decisión de primera instancia, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, en su lugar se dispondrá:
ORDENAR que dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, el Municipio de Rionegro, en colaboración con el Departamento de
Santander y la CDMB, dentro del ámbito de sus competencias, finalicen los
estudios y diseños que permitan la prestación del servicio de alcantarillado en el
Corregimiento de San Rafael, especialmente en los barrios Villa Esperanza, San
Martín y Las Villas. Para ese propósito, se deberán tener en cuenta los resultados
de los contratos de consultoría e interventoría que fueron suscritos en el marco del
Proyecto de pre-inversión denominado “Estudios y diseños para la actualización y
viabilización del Plan Maestro de Alcantarillado del Centro Poblado San Rafael de
Lebrija del Municipio de Rionegro -Santander” que fue presentado por el Municipio
de Rionegro ante el gestor del PDA39.
Dentro de ese mismo término, el citado proyecto deberá ser presentado ante la
dependencia encargada del PDA del Departamento de Santander o del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que evalúen su aprobación y financiación.
En caso de que alguna de esas entidades requiera información adicional o requiera
correcciones, estas deberán ser subsanadas por el Municipio de Rionegro dentro
de los dos (2) meses siguientes.
Una vez aprobado el financiamiento de la obra, esta deberá ser realizada por el
Municipio de Rionegro o por la empresa prestadora de servicios públicos
designada para ese fin, conforme a los términos establecidos en los cronogramas
que sean definidos en los estudios aprobados para dicha infraestructura.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia recurrida, el cual quedará
así:
QUINTO. Ordenar la conformación del Comité de Verificación que deberá estar
integrado por el Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia quien lo
presidirá, el actor popular, un representante del Ministerio Público, del Municipio
de Rionegro, el Departamento de Santander, la CDMB, y el personero municipal
de Rionegro, con el propósito de que realicen seguimiento y adopten las medidas
necesarias para el cabal cumplimiento de la presente sentencia.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión impugnada.
CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
39 Visible en el índice 74 del Sistema de Gestión SAMAI.
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QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala el 4 de julio de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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