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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03045-00

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03045-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo para conocer la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. SEPARAR del conocimiento de este trámite constitucional a la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo. TERCERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga y la Alcaldía de Bucaramanga, conforme a la motivación. CUARTO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo, Regional Santander, contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 19 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03045-00 Accionante: Defensoría del Pueblo, Regional Santander Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera SEXTO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03045-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03045-001
Accionante : Defensoría del Pueblo, Regional Santander
Accionado : Consejo de Estado, Sección Primera
Vinculados : Axelinta Gaitán Villalba y otros2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, integración del comité de
verificación de cumplimiento de sentencia en el medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por la Regional Santander de la Defensoría del Pueblo contra la Sección
Primera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la entidad actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego,
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. La Defensoría del Pueblo, Regional Santander, que actúa a través de apoderado

judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Municipio de Bucaramanga, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Área
Metropolitana de Bucaramanga, Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga, Departamento de Santander, Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Defensoría del Pueblo y Tribunal Administrativo de Santander.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03045-00
Accionante: Defensoría del Pueblo, Regional Santander
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

4. Por consiguiente, solicitó:

[…] SEGUNDA: […] se DEJE SIN EFECTOS el ordinal TERCERO de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Primera, en el proceso radicado 68001-23-33-000-2018-00720-01 (Rad.
Interno 2025), únicamente en cuanto mantiene a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO —
REGIONAL SANTANDER como integrante del Comité de Verificación de
cumplimiento de dicha sentencia.

TERCERA. Que, en su lugar, se ordene al Consejo de Estado, Sección Primera,
proferir una nueva decisión, respecto al tema, que excluya a la Defensoría del Pueblo
del Comité de Verificación, ciñéndose a los sujetos taxativamente señalados en el
artículo 34 de la Ley 472 de 1998 y sin que ello comporte vulneración del principio de
legalidad, artículos 6° y 122 de la Constitución Política.

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

parte accionante se puede evidenciar que, la señora Axelinta Gaitán Villalba
presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos contra el Municipio de Bucaramanga, la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), el
Área Metropolitana de Bucaramanga, la Curaduría Urbana No. 2 de
Bucaramanga, el Departamento de Santander y la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que se ampararan los derechos
colectivos de los habitantes frente a la situación de riesgo derivada de la
construcción de edificios y asentamientos humanos sin control y sin obras de
mitigación ubicados en las comunas 10 y 11 de la ciudad de Bucaramanga.

6. Mediante auto del Veintitrés (23) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), el

Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y, en aplicación del
artículo 21 de la Ley 472 de 1998, ordenó el envío de copia de la misma a la
Defensoría del Pueblo, Regional Santander, quien intervino en el proceso, en
calidad de coadyuvante.

7. Mediante sentencia del Seis (6) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020) (radicado

núm. 68001-23-33-000-2018-00720-00), el Tribunal declaró la vulneración de los
derechos colectivos invocados y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

SEGUNDO. - ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA
DE BUCARAMANGA- CDMB según sus competencias legales que en un plazo no
mayor a cuatro (4) meses realicen las apropiaciones presupuestales y posterior
contratación pública para llevar a cabo el censo de la población que se encuentran

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 4.
2

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los 20 asentamientos humanos ubicados entre las comunas 10 y 11 de
Bucaramanga, con el fin de establecer, delimitar las situaciones de vulnerabilidad y
riesgo en los que pudieren estar, debiendo ejercerse un control urbano a cargo del
Municipio, tendiente a garantizar que no se sigan desarrollando construcciones en
aquellas zonas con restricción de ocupación establecidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial POT (vigente), determinándose las medidas de mitigación,
prevención, reducción de la amenaza o vulnerabilidad, tendientes a la realización
de acciones y obras (estabilización, reforzamiento e infraestructura) para atender
las condiciones de riesgo existente, además de regular y controlar el uso, ocupación
y aprovechamiento del suelo, ejerciendo las medidas a que haya lugar según sus
facultades legales.

[…] TERCERO. ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA CDMB, ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – AMB,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES, crear un Comité Interdisciplinar integrado por
sus delegados, la parte accionante y la Defensoría del Pueblo, para que hagan
seguimiento al cumplimiento de esta decisión e informen al Despacho las gestiones
adelantadas para materializar los derechos e intereses colectivos amparados.
(Énfasis de la Sala)

8. En desacuerdo con esa decisión, la Regional Santander, junto con la CDMB,

presentaron recurso de apelación. En particular, el ente de control solicitó que, se
revocara el numeral tercero del fallo, porque no era necesaria la conformación del
comité permanente de verificación, comoquiera que, ante un eventual
incumplimiento, resultaba más expedito promover el incidente de desacato. En
subsidio, pidió que, se modificara el ordinal tercero del fallo, para excluir a la
Defensoría y, en cambio, incluir como miembro al magistrado ponente del fallo de
primera instancia, a la Procuraduría como Ministerio Público y a una ONG con
actividades propias del objeto del fallo.

9. Como argumentos que sustentan la ausencia de competencia de la Defensoría,

expuso que, en la Ley 472 de 1998, el legislador distinguió entre las asignaciones
específicas a la Defensoría del Pueblo y las asignaciones al Ministerio Público
que están en cabeza de la Procuraduría. Agregó que:

[s]i cupiera duda sobre el sentido y alcance de la alusión al Ministerio Público de la
Ley 472/98, ella se disipa, vista la Resolución 638 de 2008 de la Defensoría del
Pueblo […] la cual expresa que:

… de conformidad con los artículos 12, 13, 17, 19 y 24 de la Ley 472 de 1998, el
Defensor del Pueblo intervendrá como sujeto procesal en las acciones populares
para la defensa de los derechos e intereses colectivos, para lo cual podrá
interponer, coadyuvar, impugnar y solicitar amparo de pobreza, además, de
asesorar a los interesados en la elaboración de su demanda […]. No obstante lo
anterior, los artículos 21, 27 y 34 de la Ley 472 de 1998 le asignan al Ministerio
Público determinadas funciones en materia de acciones populares, tales como
[…] la intervención en el pacto de cumplimiento y la integración del Comité de
Verificación, actividades procesales que no corresponden al Defensor del Pueblo
en cuanto las funciones del Ministerio Público las ejerce el Procurador General de
la Nación a través de sus Procuradores Delegados, lo cual es claro en la parte
motiva y en el Artículo 74 en concordancia con el Artículo 71 Parágrafo 1°, de la
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anotada Resolución donde se expresó: “Para los efectos del artículo 27 de la Ley
472 de 1998, en ningún caso, la Defensoría del Pueblo ostenta la condición de
agende del Ministerio Público, calidad que sólo le corresponde a los Procuradores
Judiciales en virtud de lo previsto en el Artículo 41 del Decreto 262 de 2000. (Énfasis
en el texto original)

10. En segunda instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante

sentencia del Dos (2) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), decidió modificar
el ordinal tercero, en el sentido de disponer que, el «Comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia […] estará integrado por el Magistrado Ponente del Tribunal, en
primera instancia, quien lo presidirá; por la parte actora, por el Ministerio Público y por un
delegado del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB, del ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA – AMB, del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, de la UNIDAD NACIONAL
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO»
(Énfasis de la Sala).

11. Particularmente, la Sección Primera negó la solicitud de la Defensoría del
Pueblo, Regional Santander, de ser excluida del comité para vincular, en su lugar,
a una organización no gubernamental. Como fundamentos, sostuvo que, la
integración del comité de verificación tiene asidero en el artículo 34 de la Ley 472
de 1998 y en la jurisprudencia de esta corporación, que ha destacado «[la]
importancia [de aquel] para hacer seguimiento a las órdenes contempladas en las sentencias
dentro del medio de control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos» .

12. Seguido, acudió a lo dicho en la sentencia del Veintiocho (28) de Enero de Dos

Mil Veintiuno (2021) (radicado núm. 68001-23-33-000-2019-00410-01), conforme
a la cual, la implementación del comité «no pugna con la facultad que tienen las partes o
los interesados de acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial,
pues aquel tiene por finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo
previstas en la sentencia y también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el
juez y demás personas interesadas, para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos
vulnerados».

13. El a quem se apoyó en esa misma sentencia para confirmar la inclusión de la

Defensoría como organización no gubernamental, en la medida en que, en
aquella decisión, se estableció que, la Ley 472 «dispuso su vinculación a efectos de
realizar veeduría de l[a]s órdenes que fueron impuestas en la sentencia, circunstancia que se
advierte cumplida con la participación de la Defensoría quien tendrá que velar, junto con los
demás integrantes del Comité, por el cumplimiento del fallo»

14. En su tutela, la Defensoría del Pueblo, Regional Santander, expuso que, la

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Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del Dos (2) de Octubre de
Dos Mil Veinticinco (2025), incurrió en los defectos sustantivo, de
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

15. En sustento del primer defecto, alegó que, la providencia atacada equiparó, sin

habilitación normativa, a la Defensoría del Pueblo con una organización no
gubernamental, en contradicción con el texto del artículo 34 de la Ley 472 de
1998, que establece una lista cerrada de los integrantes del comité de verificación.

16. Así, la Defensoría no encajaría en ninguna de las cinco categorías ahí previstas

en relación con el proceso de origen: no es juez, pues no tramitó la causa; no es
parte (ni demandante ni demandada), sino coadyuvante; no es la entidad pública
encargada de velar por los derechos colectivos vulnerados, función que
corresponde al Municipio de Bucaramanga, a la CDMB y demás entidades
demandadas; y no actúa como Ministerio Público, calidad que la Resolución 638
de 2008 de la Defensoría reservó a los Procuradores Judiciales en virtud del
artículo 41 del Decreto 262 de 2000.

17. En particular, una entidad estatal de rango constitucional (arts. 281 a 284 C.

P.), financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación e integrada al
Sistema Nacional de Control del Estado, no puede ser jurídicamente equiparada
a una ONG que es una entidad privada, sin ánimo de lucro y no adscrita al Estado,
sin desbordar la categoría legal expresamente fijada por el legislador en ejercicio
de la habilitación constitucional del artículo 88 superior. Adicionalmente, sostuvo
que, la equiparación resulta contradictoria, pues, si la Defensoría ocupa el lugar
de la organización no gubernamental, bajo la lógica de la autoridad accionada, el
comité no estaría integrado por el Ministerio Público y, en esa medida, se estaría
incumpliendo la Ley 472 de 1998.

18. Como segundo cargo, alegó el desconocimiento del precedente horizontal de

la misma Sección Primera del Consejo de Estado, contenido en la sentencia del
Cuatro (4) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) (radicado núm. 68001-23-33-
000-2015-00540-01), en la que, al resolver una acción popular del mismo Tribunal
Administrativo de Santander, esa autoridad judicial concluyó que, «el Comité de
Verificación del fallo debe ser integrado por el Ministerio Público y el Magistrado Ponente de la
decisión de primera instancia, éste último, quien, además, lo debe presidir» , sin incorporar a

la Defensoría del Pueblo. La accionante sostuvo que, la providencia atacada no
5

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Accionante: Defensoría del Pueblo, Regional Santander
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justificó por qué se apartó de tal precedente, e indicó que, el antecedente del
Veintiocho (28) de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021) (radicado núm. 68001-23-
33-000-2019-00410-01), invocado por la autoridad censurada, se refería a un
proceso en el que, la intervención de la Defensoría del Pueblo, Regional
Magdalena Medio, se dio en términos distintos a los del presente asunto, sin que
la providencia atacada hubiera expuesto las razones por las cuales, tal
antecedente resultaba aplicable.

19. Finalmente, adujo la violación directa de los artículos 6°, 122 y 281 a 284 de la

Constitución, por cuanto, la providencia censurada habría impuesto a la
Defensoría del Pueblo, por vía judicial, la obligación de integrar comités de
verificación judiciales en procesos en los que, no ha obrado como actora popular,
y sin que el legislador haya previsto tal función entre las atribuidas a la entidad.
En su criterio, esto comporta una «extensión judicial de funciones públicas» sin sustento
normativo expreso.

II. TRÁMITE PROCESAL

20. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del

Veinticuatro (24) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)4, admitió la presente acción
de tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y
(ii) dispuso vincular a Axelinta Gaitán Villalba, el Municipio de Bucaramanga, la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
el Área Metropolitana de Bucaramanga, la Curaduría Urbana No. 2 de
Bucaramanga, el Departamento de Santander, la UNGRD, la Defensoría del Pueblo
y el Tribunal Administrativo de Santander, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

21. 2.1.1. La Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga5 expuso que, no le consta

la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante,
toda vez que, no participó en la adopción de la decisión judicial cuestionada. En
consecuencia, solicitó que, se ordene su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva.

4
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 4.
5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 11, archivo 12.
6

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Accionante: Defensoría del Pueblo, Regional Santander
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

22. 2.1.2. El Tribunal Administrativo de Santander 6 remitió el link del expediente

digital, sin pronunciarse sobre el presente proceso.

23. 2.1.3. El Consejo de Estado, Sección Primera7 adujo que, la presente acción

no cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque, pretende reabrir el
debate que se surtió dentro del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos, al estar dirigida a cuestionar la conformación del comité de
verificación de cumplimiento de la sentencia, que ya fue resuelto por la Sección
Primera de esta Corporación.

24. 2.1.4. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres8 se opuso

a las pretensiones del accionante, y explicó que, «[…] llama la atención de que la acción
impetrada tiene como propósito rehacer una actuación judicial que ya se encuentra en firme, nótese
que los fundamentos de derecho alegados por el accionante rayan con atribuciones impropias de la
legitimación en el ejercicio judicial. Lo anterior, por cuanto se observa es una intencionalidad de
obtener una tercera sentencia favorable». Agregó que, en este caso, no se advierte

ninguna vulneración de derechos.

25. 2.1.5. El Área Metropolitana de Bucaramanga9 argumentó que, contrario a lo

alegado por la parte accionante, lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de
1998 sí le es aplicable, por lo que, no se configura un defecto sustantivo. Para ello,
destacó que, esa norma prevé que, el juez tiene la facultad de conformar el comité
de verificación que estará integrado, entre otros miembros, por «el Ministerio Público».

26. Al respecto, dijo que, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del

Pueblo, y las Personerías Municipales «hacen parte del ministerio público». Además, citó
el artículo 118 de la Constitución Política que establece que «El Ministerio Público será
ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores
delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los
personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley». Por ende, solicitó

que, se declare la improcedencia del amparo constitucional.

27. 2.1.6. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de

Bucaramanga10 expuso que, en este caso, no se cumple el requisito de
subsidiariedad, porque, «la accionante contó con otros medios o recursos para controvertir la

6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 13.
7
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 15.
8
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 19.
9
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 20.
10
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 21.
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03045-00
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decisión judicial de segunda instancia; […] ya que dentro del mismo término legal pudo acudir de
manera diligente y oportuna en solicitar aclaración o adición».

28. 2.1.7. La Defensoría del Pueblo11 presentó una réplica frente al informe rendido

por la Sección Primera del Consejo de Estado. En su concepto, el reparo
constitucional formulado radica en que, la autoridad accionada aseguró que, la
participación de la Defensoría en el comité de verificación satisfacía la finalidad
prevista para una organización no gubernamental, cuando la entidad no ostenta tal
calidad. En síntesis, «[l]o que se cuestiona es la imposición judicial de una función institucional
a la Defensoría del Pueblo sin título constitucional o legal suficiente». En su concepto, no basta

con que una entidad pública pueda contribuir al seguimiento del fallo para
convertirla en una ONG, y tal interpretación constituye un defecto sustantivo.

29. Por el contrario, expuso que, el artículo 34 la Ley 472 de 1998 prevé las
siguientes categorías de legitimados: (i) organizaciones no gubernamentales,
populares, cívicas o similares; (ii) entidades públicas con funciones de control
intervención o vigilancia; y (iii) el Procurador General de la Nación, el Defensor del
Pueblo y los personeros. Esta clasificación confirmaría que el Defensor del Pueblo
no es una organización no gubernamental.

30. Agregó que, la Defensoría no actuó como Ministerio Público dentro del proceso

de acción popular, a la luz de la Resolución Defensorial 638 de 2008 que distinguió
las funciones de litigio defensorial de las funciones del Ministerio Público en
acciones populares y señaló que «las actividades de los artículos 21, 27 y 34 de la Ley 472
de 1998 –incluida la integración del comité de verificación– no corresponden al Defensor del Pueblo,
pues las funciones del Ministerio Público son ejercidas por el Procurador General de la Nación a
través de sus procuradores delegados. La misma resolución dispone que la Defensoría del Pueblo
no ostenta la condición de agente del Ministerio Público, calidad que corresponde a los procuradores
judiciales».

31. Finalmente, expuso que, «la Defensoría tampoco es la entidad pública encargada de velar

por el derecho o interés colectivo objeto del fallo. Esa categoría del artículo 34 no se refiere a
cualquier entidad estatal con competencias generales de promoción o defensa de derechos. Se
refiere a la entidad pública funcionalmente encargada del derecho colectivo comprometido en el
caso concreto. En el proceso de origen se discutieron riesgos derivados de construcciones y
asentamientos humanos en las comunas 10 y 11 de Bucaramanga, así como derechos colectivos
asociados a seguridad, ambiente, prevención de desastres, infraestructura y gestión territorial. Las

11
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 22.
8

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Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

autoridades funcionalmente responsables de esas materias son las entidades territoriales,
ambientales, metropolitanas y de gestión del riesgo vinculadas al proceso».

32. 2.1.8. La Alcaldía de Bucaramanga12 pidió que, se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Bucaramanga, en tanto, la
acción se dirige contra una providencia judicial proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado.

33. La señora Axelinta Gaitán Villalba y el Departamento de Santander guardaron

silencio, pese a que, fueron debidamente notificados del presente proceso.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

34. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. Cuestión previa – Manifestación de impedimento

35. El Decreto 2591 de 1991 «[p]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el

artículo 86 de la Constitución Política», dispone en el artículo 39 que, «[e]l juez deberá
declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento
Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente».

36. En la acción constitucional de la referencia, la magistrada Elizabeth Becerra

Cornejo, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, manifestó su
impedimento13 para conocer del asunto de la referencia, por cuanto, «el estudio y la
resolución de la presente tutela implica necesariamente decidir sobre la conformación del comité de
verificación de cumplimiento de la sentencia de acción popular, que es presidido por la magistrada
María Eugenia Carreño Gómez, con quien [la] une una relación de amistad íntima […]». Situación

que, la hace incursa en la causal establecida en el numeral 5, del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal14.

12
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 24.
13
Actuaciones de SAMAI, índice 35.
14
«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […] 5. Que exista amistad íntima o
enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial. […]».
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03045-00
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

37. Conforme a lo anterior, la Sala Dual, constata que, la sentencia proferida por la

Sección Primera del Consejo de Estado, el Dos (2) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025), decidió modificar el ordinal tercero, en el sentido de disponer
que, el «Comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia […] estará integrado por el
Magistrado Ponente del Tribunal», esto es, por la magistrada Carreño Gómez. Por lo

tanto, se encuentra configurada la causal de impedimento referida en el párrafo que
antecede.

38. En consecuencia, la Subsección declarará fundado el impedimento manifestado

por la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo y, la separará del conocimiento del
trámite constitucional de la referencia.

3.3. La acción

39. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4. Falta de legitimación en la causa por pasiva

40. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que, la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional15 ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

41. La Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga y la Alcaldía de Bucaramanga, en

sus contestaciones, solicitaron ser desvinculadas por falta de legitimación en la

15
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
10

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causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que, su vinculación en el presente
asunto fue en calidad de terceros con interés, por integrar el extremo pasivo dentro
del proceso contencioso en cuestión; esto es, en aras de garantizar sus derechos
a la defensa y contradicción. Por lo tanto, se negarán sus solicitudes.

3.5. Problema jurídico

42. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia
del Dos (2) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante la cual, la Sección
Primera del Consejo de Estado modificó el ordinal tercero de la parte resolutiva del
fallo del Seis (6) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020), proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander, en el sentido de integrar al Magistrado Ponente de la
decisión de primera instancia y mantener a la Regional Santander de la Defensoría
del Pueblo en el comité de verificación del fallo (expediente 68001-23-33-000-2018-
00720-00/01); y, en caso afirmativo, si se vulneraron las garantías superiores al
debido proceso y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de
amparo.

3.6. La acción de tutela contra providencias judiciales

43. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional16 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado17, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

44. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

16
Sentencia C-590 de 2005.
17
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

45. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.7. Caso concreto

46. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
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contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta aplicación
incorrecta del artículo 34 de la Ley 472 de 1998; lo cual, de comprobarse, vulneraría
los derechos fundamentales de la parte actora; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno, pues se trata de una sentencia de segunda
instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia atacada
quedó ejecutoriada el Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)18 y
la solicitud de amparo se radicó el Veinte (20) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026),
es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes; y (v) el fallo acusado no obedece
a uno de tutela.

47. En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el

fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución, que serán estudiados de forma conjunta, en
tanto, así se plantean.

3.7.1. Defecto sustantivo

48. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que,

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

49. La jurisprudencia constitucional19 ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación

18
Visible en el expediente electrónico del proceso 68001-23-33-000-2018-00720-01 en SAMAI, índice 91, según el cual se
notificó electrónicamente el 14 de octubre de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días
siguientes, esto es, el 16 de octubre de 2025, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
19
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
13

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de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice
o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 20.

50. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como

causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo
241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia21, y la segunda hace referencia a cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que, la providencia adolece de un
defecto sustantivo22, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y
buena fe23.

51. Sobre el particular, es preciso señalar que, además de la incorrecta
interpretación del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, la actora se refiere a la segunda
modalidad de desconocimiento del precedente judicial, en razón a que la discusión
planteada gira en torno a si la Sección Primera del Consejo de Estado se apartó
injustificadamente del precedente que la accionante estima contenido en la
sentencia del Cuatro (4) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) (radicado núm.
68001-23-33-000-2015-00540-01) de esa misma autoridad.

3.7.2. Violación directa de la Constitución

52. Sea lo primero anotar que esta causal fue concebida, en un principio, como un

defecto sustantivo, el cual, se consolidó como un requisito de procedencia
específico autónomo a partir de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 200524

20
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
22
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
23
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24
Pese a lo anterior, en la Sentencia T-086 de 2007 la ausencia de motivación, el desconocimiento del precedente y la
violación directa de la Constitución Política se tratan como parte integrante del defecto sustantivo; y, en la Sentencia T-178
de 2012 sucede lo mismo en relación con los dos primeros defectos. En otras providencias, por su parte, se abordó este

14

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de la Corte Constitucional. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en
sentencia SU-069 de 2018, señaló que, esta causal se configura «[…] a partir del
desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en
el artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados» , el

cual, puede darse bajo dos hipótesis25:

53. La primera se refiere a que, no se aplica una norma fundamental al caso en

estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando: (a) en la solución del
caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de la violación evidente de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) el juez, con su fallo, vulnera derechos
fundamentales porque no tiene en cuenta el principio de interpretación conforme
con la Constitución.

54. La segunda se presenta con la aplicación de una norma incompatible con la

Constitución, en lugar de darle prevalencia a las disposiciones constitucionales, es
decir, que no se aplica la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo
4 constitucional cuando existe incompatibilidad con las disposiciones legales.

55. En el caso sub judice, la Defensoría del Pueblo expuso que, la Sección Primera

afirmó que la participación de esa entidad en el comité de verificación «[…] ‘cumple el
fin’ previsto para la ONG» lo que «no tiene sustento en el texto del artículo 34 Ley 472 de 1998, ni

en ninguna otra norma del ordenamiento». Agregó, incluso, que no se encuadra en

ninguna de las cinco categorías del artículo 34 de la Ley 472 y, en particular, no
puede fungir como Ministerio Público, porque

[l]a Resolución 638 de 2008 de la propia Defensoría —Diario Oficial N.° 47.110 del 6
de junio de 2008— establece expresamente que “los artículos 21, 27 y 34 de la Ley
472 de 1998 le asignan al Ministerio Público determinadas funciones en materia de
acciones populares, tales como (…) la integración del Comité de Verificación,
actividades procesales que no corresponden al Defensor del Pueblo, en cuanto las
funciones del Ministerio Público las ejerce el Procurador General de la Nación a través
de sus Procuradores Delegados” y que “en ningún caso, la Defensoría del Pueblo
ostenta la condición de agente del Ministerio Público, calidad que sólo le corresponde
a los Procuradores Judiciales en virtud de lo previsto en el Artículo 41 del Decreto 262
de 2000.

56. La accionante también expuso que, la Sección Primera desconoció su
precedente horizontal, pues, en sentencia del Cuatro (4) de Julio de Dos Mil

aspecto desde la violación de una norma, situación de la cual se derivó que podían configurarse tres vicios: defecto
sustantivo, defecto orgánico y defecto procedimental [Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T-701 de 2004].
25
Sobre el particular, consultar la sentencia T-888 de 2010.
15

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Veinticuatro (2024), concluyó que, «asiste razón a la parte actora respecto a que el Comité
de Verificación del fallo debe ser integrado por el Ministerio Público y el Magistrado Ponente de la
decisión de primera instancia, éste último, quien, además, lo debe presidir. De modo que se
modificará el numeral quinto de la decisión recurrida con miras a incluir a dichos sujetos en el
mencionado Comité.».

57. Así, la autoridad accionada se habría apartado de esa decisión sin motivación

suficiente. Por el contrario, se habría apoyado en la sentencia del Veintiocho (28)
de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021) «para sostener que la participación de la Defensoría
cumple el fin de la ONG [pese a que en ese] proceso […] la Defensoría del Pueblo – Regional
Magdalena Medio había intervenido en términos distintos a los del presente asunto». Esto se

habría traducido en una violación de los artículos 6° y 122 de la Constitución Política
que «establecen que los servidores públicos solo pueden actuar en los términos que la Constitución
y la ley les autorizan», así como el artículo 282 que «delimita las funciones del Defensor del
Pueblo, entre las que no se encuentra integrar comités de verificación judiciales en procesos en los
que no haya obrado como actora popular».

58. Frente a lo alegado por la accionante, sea lo primero aclarar que, una vez
revisado el fallo censurado, esta Sala no comparte la afirmación según la cual, la
Sección Primera del Consejo de Estado aseguró que, la Defensoría del Pueblo
fungía como organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
Se trata de una conclusión que la actora supuestamente extrajo de la sentencia
atacada, sin que ahí se asevere tal cosa.

59. De igual forma, no es cierto que la Sección Primera del Consejo de Estado haya

empleado la sentencia del Veintiocho (28) de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021)
(radicado núm. 68001-23-33-000-2019-00410-01) para explicar por qué la
Defensoría del Pueblo hace las veces de organización no gubernamental en el
comité de verificación. Por el contrario, la autoridad judicial se apoyó en aquella
decisión para reiterar la necesidad de conformar un comité de esa naturaleza, ante
el argumento de la apelación según el cual, «no era necesaria la conformación del comité
permanente para la verificación».

60. En consecuencia, esta Sala solo se ocupará en estudiar la supuesta falta de

legitimación de la Defensoría del Pueblo para obrar como Ministerio Público en el
comité de verificación del cumplimiento que ordenó conformar el Tribunal
Administrativo de Santander. Resolver si se configuró un defecto sustantivo en la
interpretación del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 supone, en este contexto,

16

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verificar si es cierto que, la Defensoría del Pueblo no encaja en la categoría de
Ministerio Público para efectos de la conformación de ese tipo de comités.

61. Así, es importante recordar que el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 establece lo

siguiente:

ARTÍCULO 34.- Sentencia. […]

En la sentencia el juez señalará un plazo prudencia, de acuerdo con el alcance de
sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la
providencia y posteriormente culminará su ejecución. En dicho término el juez
conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de
la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de
Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento
de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública
encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una
organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.

62. Al respecto, la Sala advierte que, tal artículo se refiere a la conformación del

comité por el «Ministerio Público», sin precisar si se trata únicamente de la
Procuraduría General de la Nación, es decir, sin excluir expresamente a la
Defensoría del Pueblo. Por su parte, el artículo 118 Superior establece que, «[e]l
Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo,
por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades
jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley».

63. Pese a la claridad de la norma constitucional, la accionante alega que, en virtud

de una resolución expedida por ella misma (la Resolución 638 de 2008),
corresponde a la Procuraduría General de la Nación y no a la Defensoría del
Pueblo, ejercer las funciones de Ministerio Público en la integración del comité de
verificación. Revisado dicho acto, aquel establece efectivamente, en sus
consideraciones, que:

[…] no obstante lo anterior, los artículos 21, 27 y 34 de la Ley 472 de 1998 le asignan
al Ministerio Público, determinadas funciones en materia de acciones populares, tales
como la notificación del auto admisorio de la demanda, la intervención en el pacto de
cumplimiento y la integración del Comité de Verificación, actividades procesales que
no corresponden al Defensor del Pueblo, en cuanto las funciones del Ministerio
Público las ejerce el Procurador General de la Nación, a través de sus Procuradores
Delegados

64. Sin embargo, no solo se trata de una consideración que no fue incorporada en

la parte resolutiva del acto administrativo, sino que, además, no es clara la
habilitación legal de tal restricción frente a las funciones de Ministerio Público
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asignadas por la Carta Política a la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo. De hecho, la misma Ley 472 de 1998 tampoco restringe
tales funciones únicamente en cabeza de la primera autoridad, pues se refiere al
«Ministerio Público», mas no a la Procuraduría. De ahí que, no existió, en cabeza de

la Sección Primera, una interpretación errónea del artículo 34 en comento, pues,
por el contrario, aquella corresponde con lo dicho por la Constitución, que de
ninguna forma puede ser restringido por un acto administrativo de carácter general
sin habilitación legal.

65. En cuanto al presunto desconocimiento del precedente horizontal contenido en

la sentencia del Cuatro (4) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) (radicado núm.
68001-23-33-000-2015-00540-01), contrario a lo dicho por la actora, en esa
providencia, la Sección Primera no estableció que el comité de verificación debiera
integrarlo únicamente la Procuraduría General de la Nación como Ministerio
Público. Antes bien, en aquel asunto, la Sala dispuso que, el comité quedaría
integrado por «el Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia quien lo presidirá, el
actor popular, un representante del Ministerio Público, del Municipio de Rionegro, el Departamento
de Santander, la CDMB, y el personero municipal de Rionegro» (Énfasis de la Sala).

66. Al respecto, en el proceso que dio origen al precedente invocado, la Defensoría

del Pueblo, Regional Santander, no intervino como coadyuvante, sino que
ostentaba la calidad de actor popular, esto es, de demandante. Por ello, su
participación en el comité de verificación de ese asunto quedó garantizada no en
virtud de su asimilación a la organización no gubernamental ni al Ministerio Público,
sino en su condición de parte procesal (categoría que el artículo 34 de la Ley 472
de 1998 prevé de manera autónoma e independiente de la de Ministerio Público).
De ahí que, se descarta que en esa decisión se hubiera identificado a la Defensoría
con el Ministerio Público o se hubiera excluido categóricamente su participación en
el comité. Por ende, no se trataba de un precedente vinculante para la Sección
Primera en el asunto bajo estudio.

67. En ese orden, la Sala encuentra que, la Sección Primera del Consejo de Estado

no se apartó injustificadamente del precedente judicial invocado por la accionante
ni incurrió, en general, en un defecto sustantivo. Por lo tanto, se impone no acceder
a lo pretendido en la tutela estudiada.

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68. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención, como ocurre en este caso.

IV. DECISIÓN

69. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte

accionante no acreditó que, la providencia cuestionada haya incurrido en defecto
sustantivo o en violación directa de la Constitución. Por tal motivo, se negará la
solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SEPARAR del conocimiento de este trámite constitucional a la
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo.

TERCERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Curaduría Urbana No.
2 de Bucaramanga y la Alcaldía de Bucaramanga, conforme a la motivación.

CUARTO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo,
Regional Santander, contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

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SEXTO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con impedimento

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

20

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