Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00720-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00720-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2018-00720-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
2 de octubre de 2025
1
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá D.C. dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos
Radicación núm: 680012333000201800720-01
Demandante: Axelinta Gaitán Villalba
Demandados: Municipio de Bucaramanga, Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga, Área Metropolitana de
Bucaramanga, Curaduría Urbana No 2 de
Bucaramanga, Departamento de Santander y
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres
Coadyuvante: Defensoría del Pueblo
ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_______________________________________________________
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga y la Defensoría del Pueblo - Regional Santander contra la
sentencia del 6 de febrero de 2020, emitida por el Tribunal Administrativo de
Santander, por la cual se ampararon los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, el acceso a infraestructura que garantice la salubridad pública;
el acceso a los servicios públicos y su prestación efectiva y eficiente; a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes de las comunas 10 y 11 de la ciudad de
Bucaramanga.
I. SÍNTESIS DEL CASO
I.1. La demanda.
La señora Axelinta Gaitán Villalba presentó demanda en contra del Municipio
de Bucaramanga, Área Metropolitana de Bucaramanga, la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la
2
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
Curaduría Urbana 2 de Bucaramanga, el Departamento de Santander y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Señaló que en las comunas 10 y 11 de Bucaramanga –conformadas por los
barrios Brisas de Provenza, Cristal Alto, Cristal Bajo, Diamante II, Fontana
Granjas de Provenza, Nueva Fontana, Provenza, San Luis, Viveros de
Provenza, Luz de Salvación I, Balcones del Sur, Brisas del Palmar, Brisas del
Paraíso, Ciudad Venecia, Villa Alicia, El Rocío, Toledo Plata, Dangond, Manuela
Beltrán I y II, Isabelar, Santa María, Los Robles, Granjas de Julio Rincón,
Jardines de Coaviconsa, El Candado, Malpaso, El Porvenir, Las Delicias,
Delicias Bajas, Condado de Gibraltar, y Granjas de Reagan y los asentamientos
de La Floresta- San José y Porvenir Sector Central– se han ejecutado
construcciones de edificios y asentamientos humanos sin control y sin obras
de mitigación de riesgo, lo que pone en peligro a los habitantes por fenómenos
de remoción en masa, erosión, deslizamientos y hundimientos.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que se declare que EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA
DE BUCRAMANGA, EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, LA
CURADURÍA URBANA No 2 DE BUCARAMANGA, EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES, con la conducta omisiva de sus funcionarios, han permitido la
vulneración de los siguientes derechos e intereses colectivos:
a. El goce a un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en
la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.
b. La moralidad administrativa.
c. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes
de uso público.
d. La seguridad y salubridad públicas.
e. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública.
f. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna.
g. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente. La realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.
SEGUNDA: Que para el restablecimiento de los derechos colectivos
vulnerados, se condene a las entidades accionadas para que de manera
3
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
solidaria aúnen esfuerzos con el fin de suscribir convenio
interadministrativo o la figura legal que consideren pertinente para:
a. Realizar un censo de los asentamientos humanos y construcciones
legales existentes en las comunas 10 y 11 de Bucaramanga.
b. Indicar cuáles construcciones legales y cuáles asentamientos
humanos de los anteriores, se encuentran en zona de escarpa o reserva
forestal, así como las especificaciones de edificabilidad conforme el P.O.T.
c. Señalar para cada uno de los asentamientos humanos y
construcciones legales existentes en las comunas 10 y 11 de Bucaramanga,
las obras de mitigación necesarias para estabilizar los terrenos y enfrentar
fenómenos de remisión en masa, deslizamientos, desprendimientos,
hundimientos o inundaciones.
d. Realizar un inventario de las obras necesarias por cada uno de los
asentamientos humanos y construcciones legales existentes en las
comunas 10 y 11 de Bucaramanga, proyectando un cronograma para la
ejecución de las mismas. Dentro de las obras necesarias, debe cumplirse a
cabalidad con el sistema geotécnico constructivo y definitivo.
TERCERA: Que se condene en costas procesales a la demandada. (…)”1
I.2. Trámite de la acción
I.2.1 Mediante auto del 23 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo del
Santander admitió la demanda, ordenó la notificación personal al Ministerio
Público y el envío de copias a la Defensoría del Pueblo-Regional Santander.
Asimismo, ordenó notificar al Municipio de Bucaramanga, a la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, al Área
Metropolitana de Bucaramanga, a la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga,
al Departamento de Santander y a la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres.2
I.2.2. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
contestó la demanda. Al oponerse a las pretensiones de la demanda, afirmó
que no había incurrido en acción u omisión en la vulneración de los derechos
colectivos invocados. Le atribuyó la responsabilidad al alcalde, en asocio con
el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes debían
identificar los habitantes y las viviendas ubicadas en zona de alto riesgo, para
adelantar los procesos de reasentamiento requeridos.
De igual manera, la UNGRD defendió la tesis que no estaba dentro de sus
competencias adelantar procesos de reubicación y que su competencia se
1
Fl. 5 del C. Principal.
2
Fl. 184 del C. Principal.
4
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
refiere a la implementación de la gestión del riesgo de desastres, de acuerdo
con las políticas del desarrollo sostenible y la coordinación del funcionamiento
y desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres- SNPAD.3
I.2.3. El Departamento de Santander contestó la demanda. Señaló que la
responsabilidad de los departamentos era subsidiaria y complementaria a la
de las entidades municipales en materia de gestión de riesgo. Propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que, en
su concepto, quien debe atender y responder por la eventual vulneración a los
derechos colectivos alegados es el Municipio de Bucaramanga. Concluyó que
se debían denegar las pretensiones por no tener fundamentos fácticos o
jurídicos que responsabilizaran al departamento de la vulneración de los
derechos colectivos solicitados en amparo.4
I.2.4. El Municipio de Bucaramanga contestó la demanda. Adujo que la
ubicación del municipio es en terrenos de alto riesgo de manera generalizada,
que no se reduce a un barrio específico, por lo que, tanto el Estado como los
particulares deben tomar medidas técnicas y legales necesarias para realizar
las construcciones. Relacionó una serie de intervenciones y visitas técnicas
realizadas a través de las diferentes entidades y secretarías municipales.
Después de enumerar las funciones de la Secretaría de Planeación Municipal,
solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto
que en los asentamientos o barrios no legalizados y sobre las zonas de riesgo
está proscrita la inversión de recursos públicos, y son los particulares quienes
tienen el deber de respetar las disposiciones normativas para construir dentro
del territorio.
Adicionalmente, formuló las excepciones de inexistencia de vulneración, daño
o amenaza actual contra los derechos colectivos e inexistencia de
responsabilidad por parte del Municipio de Bucaramanga- Secretaría de
Planeación e insuficiencia probatoria por falta de medios de la accionante.5
I.2.5. La Curaduría Urbana Dos de Bucaramanga, en la contestación de
la demanda, señaló que, conforme al Decreto 2150 de 1995, el Curador Urbano
es un particular encargado de dar fe sobre el cumplimiento de las normas
urbanísticas y de la edificación vigente en los distritos o municipios y de
expedir las licencias de urbanismo o de construcción a solicitud de parte.
Explicadas las funciones de la Curaduría y los Curadores, presentó como
excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque la ejecución
3
Fls. 207 a 215 y 368 a 376 del C. Principal.
4
Fls. 221 a 227 del C. Principal.
5
Fls. 240 a 264 del C. Principal.
5
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
de obras sin el lleno de requisitos o el crecimiento urbanístico sin orden no son
de su competencia. Además, solicitó que se desestimaran las pretensiones por
la falta de demostración de la vulneración de los derechos colectivos solicitados
en amparo.6
I.2.6. El Área Metropolitana de Bucaramanga, en la contestación de la
demanda, señaló que, conforme a los numerales j y k de la ley 1625 de 2013,
tiene funciones de autoridad ambiental dentro del perímetro urbano de los
municipios que conforman el área metropolitana. Sin embargo, señaló que no
es responsable para aplicar correctivos en materia de seguridad y salubridad
pública, de prevención de desastres previsibles técnicamente y de construcción
de obras civiles y del seguimiento y control urbanístico.
Dijo que, si bien tiene funciones de autoridad ambiental urbana y apoyo en
concurrencia para la prevención de desastres previsibles técnicamente, y así,
adelantar programas de adecuación necesarios en zona de alto riesgo, las
funciones no conllevan el deber de construcción de obras civiles para mitigar
amenazas de remoción en masa, deslizamientos, desprendimientos,
hundimientos e inundaciones, invasión de predios, o control urbano.
Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad y la falta de
competencia funcional del Área Metropolitana de Bucaramanga, así como, la
inexistencia de la vulneración de los derechos colectivos invocados por parte
del Área Metropolitana de Bucaramanga.7
I.2.7. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga contestó la demanda. Después de explicar el marco
normativo que la regula y a los municipios, solicitó negar las pretensiones en
lo que respecta a su eventual responsabilidad, pues el que debe atender la
problemática es la entidad territorial, por lo que propuso la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Adujo que, como garante del orden ambiental, es asesora de los Comités de
Prevención y Atención de Desastres tanto locales como regionales –Consejos
Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres- en relación con el control
de los problemas de erosión de origen natural en los municipios de su
jurisdicción, con excepción de la acción antrópica de zonas ocasionadas por
particulares, los cuales se escapan de su competencia.
En ese sentido, manifestó que era responsabilidad de los municipios la
mitigación de riesgos –a través de la definición de normas urbanísticas de uso
6
Fls. 304 a 313 del C. Principal.
7
Fls. 319 a 328 del C. Principal.
6
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
y ocupación para controlar la localización de viviendas en zonas de riesgo no
mitigable–, y formuló como excepción la falta de legitimación en la causa por
pasiva.8
I.2.8. Mediante auto del 19 de noviembre de 2018 se fijó fecha para realizar
la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida el 3 de
diciembre de 2018.9
I.2.9. Por auto del 22 de enero del 2019 se abrió el período probatorio y en
providencia del 9 de septiembre de 2019 se corrió traslado para alegatos de
conclusión.10
I.2.10. La Curaduría Urbana Dos de Bucaramanga Municipio presentó
alegatos de conclusión y replicó la contestación de la demanda.11
I.2.11. La parte actora presentó sus alegatos de conclusión, en la que,
conforme al concepto técnico remitido por el Área Metropolitana de
Bucaramanga, señaló que la mayoría de extensión de los asentamientos
localizados al interior de las comunas 10 y 11 impedían y limitaban su
desarrollo y en algunos casos se prohibía la ocupación, por lo que, se hacía
necesario ejercer un control urbano efectivo a cargo del municipio para que no
se siguieran realizando construcciones en las zonas con ocupación
restringida.
Se refirió específicamente a la necesidad de reubicación de las familias
ubicadas alrededor de las Torres de San Lorenzo I, San Lorenzo II y San
Lorenzo III- Edifico Azalea- con un total de 1300 apartamentos y 1300 familias
que estarían en riesgo, así como, los asentamientos que están alrededor –
Viveros de Provenza, Granjas de Provenza, Brisas de Provenza, Luz de
Salvación I y II, Cristal Alto, entre otros. 12
I.2.12. El Departamento de Santander, en los alegatos de conclusión, reiteró
los argumentos de la contestación de la demanda e insistió en la falta de
legitimación en la causa por pasiva.13
I.2.13. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga presentó alegatos de conclusión. Reiteró los argumentos de la
8
Fls. 342 a 364 del C. Principal.
9
Fl. 386 del C. Principal y Fls 412 a 415 del C. Principal.
10
Fls. 902 - 903 del C. Principal y Fl. 1284 del C. Principal.
11
Fls. 1292 a 1295 del C. Principal.
12
Fls. 1296 a 1301 del C. Principal.
13
Fls. 1318 a 1324 del C. Principal.
7
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
contestación de la demanda sobre la competencia del municipio, quien debía
vigilar y exigir el control en el uso del suelo.14
I.2.14. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, presentó
alegatos de conclusión, en los cuales reiteró los argumentos de la contestación
de la demanda.15
I.2.15. El Área Metropolitana de Bucaramanga, igualmente, en los alegatos
de conclusión replicó la contestación de la demanda y los argumentos
contenidos en ella.
I.2.16. La Defensoría del Pueblo- Regional Santander invocó el artículo 24 de
la Ley 472 de 1998 y solicitó que se ordenara a las autoridades competentes
que hicieran las actividades necesarias para proteger los intereses y derechos
colectivos amenazados o vulnerados. 16
I.2.17. El Departamento de Santander reiteró los argumentos de la
contestación de la demanda.17
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Santander declaró la vulneración de los derechos
e intereses colectivos, así:
“PRIMERO. - DECLÁRESE la vulneración al goce de un ambiente sano; el acceso
a infraestructura que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios
públicos y su prestación efectiva y eficiente; a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes de las comunas 10 y 11 de la ciudad de Bucaramanga, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. - ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-
CDMB según sus competencias legales que en un plazo no mayor a cuatro (4)
meses realicen las apropiaciones presupuestales y posterior contratación pública
para llevar a cabo el censo de la población que se encuentran los 20
asentamientos humanos ubicados entre las comunas 10 y 11 de Bucaramanga,
con el fin de establecer, delimitar las situaciones de vulnerabilidad y riesgo en
los que pudieren estar, debiendo ejercerse un control urbano a cargo del
Municipio, tendiente a garantizar que no se sigan desarrollando construcciones
en aquellas zonas con restricción de ocupación establecidas en el Plan de
14
Fls. 1328 a 1336 del C. Principal.
15
Fls. 1338 a 1342 del C. Principal.
16
Fls 1355 a 1388 del C. Principal
17
Fls. 1318 a 1324 del C. Principal.
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Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
Ordenamiento Territorial POT (vigente), determinándose las medidas de
mitigación, prevención, reducción de la amenaza o vulnerabilidad, tendientes a
la realización de acciones y obras (estabilización, reforzamiento e
infraestructura) para atender las condiciones de riesgo existente, además de
regular y controlar el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo, ejerciendo
las medidas a que haya lugar según sus facultades legales.
Parágrafo-. La anterior orden, el Municipio de Bucaramanga y la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga- CDMB
deberán coordinar con las entidades que tienen funciones legales y
reglamentarias a fin a la solución de esta problemática (sic), esto es, según sus
facultades legales el Área Metropolitana de Bucaramanga- AMB, el
Departamento de Santander y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres- UNGRD.
TERCERO. ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-
CDMB, ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – AMB, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES, crear un Comité Interdisciplinar integrado por sus delegados, la
parte accionante y la Defensoría del Pueblo, para que hagan seguimiento al
cumplimiento de esta decisión e informen al Despacho las gestiones adelantadas
para materializar los derechos e intereses colectivos amparados.
CUARTO. - CONDÉNASE en costas de primera instancia al Municipio de
Bucaramanga y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga- CDMB, en favor de la parte accionante, las cuales se
liquidarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP, conforme a
las consideraciones de esta providencia.
QUINTO. – ENVÍASE copia de la presente providencia a la Defensoría del Pueblo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO. - Ejecutoriada ésta providencia, ARCHÍVENSE las diligencias, previas las
anotaciones de rigor en el Sistema Justicia Siglo XXI.” 18
En síntesis, el Tribunal determinó que, conforme a las pruebas del proceso y
el índice de vulnerabilidad de los barrios de los cuales se pretende el amparo,
se demostró que sufren de una amenaza alta desde el punto de vista
estructural, por desarrollarse urbanísticamente de manera acelerada, sin
ningún tipo de control.
En relación con la atribución de responsabilidad, el Tribunal estableció que la
Curaduría Urbana Número 2 de Bucaramanga, aunque como particular se
encarga de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanismo,
construcción o demolición, para el loteo o subdivisión de predios, no es
responsable cuando el constructor o particular se escapa a lo autorizado dentro
de la licencia o si la obra se realiza sin ella, pues no está en su competencia
ejercer ese tipo de control.
18
Fls. 1513 a 1530 del C. Principal.
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Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
En esa vía, estableció que es competencia de los alcaldes municipales la
vigilancia y control durante la ejecución de las obras, para aplicar las medidas
correctivas cuando se incumplan las licencias urbanísticas.
III. RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB interpuso recurso de apelación
solicitando la revocatoria de la decisión de primera instancia19.
De la lectura del recurso la Corporación plantea que no hay una prueba
específica que demuestre técnicamente el riesgo que tienen las edificaciones
de la zona, por tanto, no se demostró la amenaza o vulneración de los
derechos colectivos invocados y el nexo causal entre la supuesta acción u
omisión de la Corporación y la vulneración para configurar la responsabilidad
de la entidad.
Argumentó que la responsabilidad recae en el municipio de Bucaramanga, toda
vez que entre las competencias y funciones de la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga no está responder por
el ordenamiento del territorio, vigilar y controlar el cumplimiento de normas
urbanísticas y realizar gestiones de riesgo en el marco de la prevención de
desastres por riesgos determinados que puedan afectar a comunidades.
Señaló que las funciones de la entidad son ejercer el apoyo, asesoría,
orientación de manera subsidiaria y complementaria al municipio; por tanto,
bajo el principio de concurrencia lo que le correspondería sería el apoyo con la
asesoría y orientación para que el municipio en su autonomía tome las
determinaciones y acciones administrativas de reasentamiento.
Finalmente, solicitó que se denegaran las pretensiones y se declarara la
improcedencia de la acción y en caso de negarse a dicha solicitud, que se
desvinculara a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga de la vulneración de los derechos colectivos solicitados en
amparo.
III.2. La Defensoría del Pueblo-Regional Santander, por su parte, solicitó
que se revocara el numeral tercero del fallo. Señaló que no era necesaria la
conformación del comité permanente para la verificación, porque, ante un
19
Fls. 1541 a 1548 del C. Principal.
10
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
eventual incumplimiento, lo que procedía era la formulación del incidente de
desacato, para no estar supeditado al dispendioso funcionamiento.
Asimismo, solicitó que, en vez de conformar el comité de verificación con los
accionados, debía conformarse por el magistrado ponente, la Procuraduría y
una Organización No Gubernamental que desarrollara actividades coincidentes
con el contenido del fallo.20
IV. TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 18 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de
Santander concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación formulado
por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga.21
El 2 de octubre de 2020, mediante auto, el Consejo de Estado devolvió el
expediente al Tribunal Administrativo de Santander, porque no se había
pronunciado sobre la solicitud de una medida cautelar y la apelación contra el
fallo de primera instancia presentada por la Defensoría del Pueblo- Regional
Santander el 13 de febrero de 2020.22
El 31 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander resolvió la
solicitud de la Defensoría del Pueblo, negó la solicitud de la medida cautelar y
le concedió el recurso de apelación.
El 30 de junio de 2023, el Consejo de Estado admitió los recursos de
apelación.23
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el
artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
proferido por el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para
conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las
sentencias emitidas por los Tribunales Administrativos en los medios de control
de protección de los derechos e intereses colectivos.
20
Fls.1557 a 1560 del C. Principal.
21
Fl. 1530 del C. Principal.
22
Fl. 1570 del C. Principal.
23
Índice de SAMAI 00049- Expediente digital.
11
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
V.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia.
Según los escritos de apelación, advierte la Sala que la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga cuestiona la
vulneración de los derechos colectivos amparados por parte de la entidad y las
obligaciones que le impusieron por no considerarlas de su competencia. La
Defensoría del Pueblo, por su parte, está en desacuerdo en la forma como se
pretende el seguimiento al cumplimiento del fallo por medio del comité de
verificación.
V.3. Análisis de la Sala.
V.3.1. Pruebas de la situación de riesgo
En el expediente obra el Informe Técnico de la Alcaldía de Bucaramanga No
205 del 5 abril de 2017, en el cual se describe lo siguiente:
“[…] En la visita realizada y atendiendo a la solicitud enviada, se observa
un talud ubicado delante de la entrada del asentamiento Granjas de
Provenza, donde se observa desprendimientos de tierra y vegetación al
parecer por erosión hídrica por escorrentía debido a las lluvias y por su
verticalidad.
[…]
Se realiza la inspección de la corona del talud donde está ubicado el
Conjunto Residencial Portal de los Viveros y se observa que las aguas
lluvias del parqueadero del conjunto y una zona verde adyacente al talud
son recogidas por una canaleta con concreto y dirigidas a una estructura
escalonada de conducción y disipador de energía (Vertedero) construido
sobre el talud que conduce a las aguas sobre la cuneta de la vía, que se
conectan a una caja recolectora la cual no está conectada al alcantarillado.
CONCLUSIONES
La falta de vegetación, la verticalidad del talud y la falta de canaletas en
gran parte del pie del talud y sobre la corona, al parecer es la causa del
problema, es recomendable su ejecución para reducir los procesos
erosivos. Por parte del conjunto residencial, la limpieza de las canaletas y
del disipador de energía (vertedero) que debe ser conectado al
alcantarillado público. […]” 24.
Así mismo, obra el informe técnico del 19 de septiembre de 2018, aportado
por el Área Metropolitana de Bucaramanga, presentado por el Ingeniero
Guillermo Cardozo Correa y elaborado por el Ingeniero Freddy García Delgado,
en el cual se observa lo siguiente:
24
Fl. 266 del C. Principal.
12
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
“[…] Se consultó la cartografía de la entidad y revisados los informes
técnicos de visitas realizadas por funcionarios de la Subdirección Ambiental
del AMB a los asentamientos humanos de las comunas 10 y 11 del Municipio
de Bucaramanga, se verificó la siguiente información:
Asentamientos humanos de las comunas 10 y 11 de Bucaramanga:
Comuna 10 (Provenza): Viveros de Provenza, Granjas de Provenza,
Brisas de Provenza, Luz de Salvación I, Luz de Salvación II, Cristal Alto,
Cristal Bajo.
Comuna 11 (Sur): Granjas de Julio Rincón, Balcones del Sur, Villa Real
del Sur, Brisas del Palmar, Granjas Reagan, Villa del Nogal, Punta Paraiso,
Brisas del Paraiso (Brisas de Paz), Porvenir (Sector los Lotes), Porvenir
(Sector Elva Lucía), Porvenir (Sector La Transversal), Conquistadores y la
Floresta- San José (Parte Baja Ciudad Venecia).
(…)
b) Georreferenciación indicando si hay asentamientos humanos o
construcciones dentro de las zonas de escarpa o reserva forestal
c) Información si tienen o no amenaza de remoción en masa,
erosión deslizamientos, hundimientos o cualquier otra amenaza de
riesgo.
2. De acuerdo a la información consultada y revisando el POT de
Bucaramanga, se observó que estos asentamientos se localizan sobre
escarpa suroccidental, los cuales presentan inestabilidad geológica,
principalmente: Cristal Alto, Luz de Salvación, Brisas del Paraiso, Villa del
Nogal, Granjas Reagan, Brisas del Palmar, Villa Real del Sur y El Porvenir
sectores Transversal y Los Lotes (…)
Según el mapa de Restricción de ocupación del POT vigente de
Bucaramanga, los asentamientos humanos de las comunas 10 y 11 se
localizan principalmente en las zonas 1, 6 y 7 las cuales presentan las
siguientes características:
Zona 1- Occidente, Escarpe de Malpaso y otros Escarpes: Suelo urbano de
protección que “No se permiten nuevas áreas construidas o ampliación de
las existentes. Los sectores ocupados con edificaciones deben ser objeto de
estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinar
su viabilidad o reubicación. Los predios o áreas en que existan
construcciones que se deban reubicar, se consideran suelos de protección
y tendrán manejo de zonas verdes no ocupables y/ o parques cuya
intervención, recuperación y sostenibilidad deben desarrollarse de acuerdo
con la priorización establecida en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres.
Zona 6- Áreas de drenaje: No permite nuevas áreas construidas o
ampliaciones de las existentes, a partir de las identificaciones de las zonas
afectadas por avenidas fluviotorrenciales se debe determinar la viabilidad
o reubicación de los sectores ocupados con edificaciones. Los predios o
áreas en que existen construcciones que se deban reubicar, se consideran
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Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
suelos de protección y tendrán manejo de zonas verdes no ocupables y/o
parques cuya intervención, recuperación y sostenibilidad debe desarrollarse
de acuerdo con la priorización establecida en el Plan Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres.
Zona 7- Área de amortiguación uno (1) de los Escarpes: No permite
edificaciones nuevas ni ampliaciones de las existentes en el área
correspondiente a la zona de aislamiento de taludes aplicando las normas
geotécnicas vigentes expedidas por la autoridad ambiental
correspondiente. Además, los estudios técnicos que se elaboran, podrán
definir restricciones a la ocupación y construcciones adicionales o no
previstas en las fichas normativas.
(…)
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda a las entidades que realizan control urbano (Secretaría de
Planeación y Secretaría del Interior, realizar seguimiento y control al
desarrollo de urbanizaciones del sector y así evitar su continuidad, que los
problemas ambientales y sanitarios que se generan son bastante críticos.
Las características geológicas, geotécnicas y ambientales de estas áreas,
posiblemente no permiten garantizar la estabilidad de proyectos de
desarrollo urbano. Por lo tanto, cualquier edificación u obra de
infraestructura que se localice en estas áreas, será considerada de alta
vulnerabilidad y posible riesgo no mitigable, afectada severamente por
procesos de inestabilidad del terreno.
El estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo que presuntamente se
encuentra adelantando la Administración Municipal de Bucaramanga
(según información verificada en la página web del municipio), deberá
servir como insumo para definir las estrategias de planeación municipal, el
ordenamiento integral del territorio, en donde se concluya el tipo de obras
o medidas de mitigación que se requieren para dar solución a la
problemática en cuestión, los costos y la programación de inversiones, así
como la identificación de edificaciones en riesgo alto no mitigable que
fundamente su reubicación, adicionalmente la dotación o factibilidad de
servicios públicos y demás actividades que permitan adelantar los procesos
de consolidación urbana.
Se recomienda realizar estudios adicionales que actualicen las frecuentes
variaciones urbanísticas, tendientes a determinar las zonas amenazadas
por deslizamientos, los cuales sirvan de base para diseñar y construir las
obras de estabilización, drenaje y control que mitiguen dicha condición, así
mismo, se recomienda la continuidad de ejecución del plan maestro de
control de erosión, con el objeto de lograr la estabilización de los taludes
que representan peligro para los asentamientos humanos localizados en las
áreas cercanas a los escarpes.
Se recomienda al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
(CMGRD), realizar monitoreos y mantenimiento a los drenajes de los
taludes. Así mismo, a las condiciones estructurales de las viviendas
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Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
localizadas en los asentamientos de las comunas 10 y 11 (escarpa
suroccidental) […]”25.
De acuerdo con el documento denominado: “Estudio Detallado de Amenaza,
Vulnerabilidad y Riesgo por Fenómeno de Remoción en Masa e Inundación de
los Asentamientos Luz de Salvación 1 y 2, Brisas de Provenza, Balcones del
Sur, Brisas del Palmar, Granjas de Reagan, Punta Paraíso, Villas del Nogal,
Brisas del Paraíso, Viveros de Provenza, Villa Real, Cristal Alto y Granjas de
Provenza del Municipio de Bucaramanga”, el cual fue aportado con la
demanda, no fue desconocido y posteriormente allegado por la Secretaría de
Planeación Municipal mediante el oficio No 62-680012333000201800720-00
MR como el informe que fue contratado a la firma EDARFRIS del cual se
destacan los siguientes aspectos:
“[…]1.- Categorización de la amenaza por fenómeno de remoción en masa
[…] Se catalogan los taludes del área de estudio como zona de amenaza
alta y media para las condiciones actuales, lo anterior se debe a que los
factores de seguridad son inferiores a 1.25 para las condiciones Estáticas y
de 1.00 para condiciones Seudo- estáticas o Dinámicas de acuerdo a lo
especificado por las normas geotécnicas de la CDMB de 2009.
[…]
1.1 Clasificación de la amenaza por fenómenos de remoción en masa.
1.1.1 Amenaza alta
Hace referencia a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno para factores
de seguridad inferiores a 1.25 para condiciones estáticas y 1.0 para
condiciones pseudo- estáticas.
1.1.2 Amenaza media
Hace referencia a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno para factores
de seguridad superiores a 1.50 para condiciones estáticas y 1.2 para
condiciones Seudo- estáticas.
[…]1.3 Resultado de la categorización de la amenaza actual por fenómenos
de remoción en masa en el área total del estudio.
De acuerdo con el plano de amenaza PL_ 18_Amenaza KST 0.2.
Actualmente en la zona de estudio se establecen las siguientes categorías:
CATEGORIZACIÓN AREA (m2) %
AMENAZA ALTO 519669,836 82,63
AMENAZA MEDIA 84416,897 13,42
AMENAZA BAJA 24817,141 3,95%
También, lo dejó expresado el precitado documento, en las conclusiones,
en donde hizo las siguientes precisiones:
“[…]
CONCLUSIONES
[…]
• Diferentes actividades como desarrollo de cortes verticales de laderas
para construcción de viviendas, extracción de materiales de construcción,
25
Fls. 335 a 340 del C. Principal.
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Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
quema de la cobertura vegetal, botaderos de escombros y basuras, tuberías
expuestas, construcción de viviendas inadecuadas, ocupación corrientes
superficiales sin canalizar, construcción de viviendas expuestas, corrientes
superficiales sin canalizar, de zonas de protección ambiental, no
reconformación de taludes, vegetación secundaria en taludes y
construcciones sobre el cauce principal de la microcuenca son factores
detonantes en la generación de procesos y focos de erosión en el área.
• La mayor cantidad de obras geotécnicas presentes actualmente en el área
para reducir los procesos de remoción fueron desarrolladas de manera
artesanal, no cuentan con un mantenimiento adecuado y en su gran
mayoría no cumplen la función correcta.
• A través del análisis multi- temporal y un flujo metodológico desarrollado
se planteó el comportamiento de la zona de estudio frente a focos y
procesos de remoción en masa; donde se evidencia un aumento de estos
a lo largo de 12 años en sentido oeste-este y viceversa, hacia la cuenca de
la Quebrada La Chiquita, debido a aspectos como: expansión urbana hacia
zonas con mayores pendientes (Disminución con cobertura vegetal) y
unidades geológicas más susceptibles a erosión (Miembro órganos), en
zonas con procesos activos de aguas (rezumaderos hacia microcuencas en
el margen oeste de la cuenca), con geoformas denudacionales y siempre la
afectación antrópica como detonante principal.
• Se encuentran zonas puntuales de erosión asociadas principalmente a las
geoformas de las unidades geológicas (Miembro Gravoso con escarpes
denudacionales), los cuales con las actividades antrópicas generan mayor
inestabilidad.
• En general esta región presenta una expresión geomórfica denudacional
y está constituida por zonas plana y laderas con pendientes
moderadamente empinadas a empinadas, con valles intermedios y algunas
zonas afectadas por erosión debido a eliminación de la cobertura vegetal
por acción antrópica. […]”.
Los documentos citados dan cuenta de la existencia del riesgo en un nivel alto
y medio y bajo. Se lee, igualmente la necesidad de evaluar la reubicación y
las acciones mitigadoras, presencia de escarpes, taludes y verticalidad del
terreno, procesos de construcción de manera artesanal, procesos de remoción
en masa, ocupaciones de zonas de protección ambiental.
En especial, el estudio presentado por la firma EDARFRIS y allegado al proceso
por la Secretaría del Planeación del Municipio de Bucaramanga da cuenta de
las metodologías utilizadas para llegar a las conclusiones, no fue controvertido
y además coincide en los aspectos generales constitutivos del riesgo con los
informes allegados con la demanda, en especial el informe No 205 de la
Alcaldía de Bucaramanga y con lo afirmado por la misma Área Metropolitana
de Bucaramanga que en conjunto arrojan la indefectible situación de riesgo.
16
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
Ahora, en un segundo momento, superado el estudio del riesgo, le
corresponde a la Sala estudiar si, frente a casos como el que nos ocupa, las
Corporaciones Autónomas Regionales son funcionalmente responsables.
V.3.2. De la responsabilidad de la Corporación Autónoma.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación en una decisión
reciente de esta misma Sección, en lo relativo a las obligaciones de las
Corporaciones Autónomas, indicó lo siguiente:
“[…] Mediante la ley 99 de 1993 se reglamentó, entre otros temas, la naturaleza
jurídica y funciones de las Corporaciones Autónomas que, en síntesis, tienen el
objetivo de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables, y propender por su desarrollo sostenible.
Ahora bien, en cuanto al papel de las Corporaciones Autónomas en el marco de
los derechos colectivos, precisa la Sala que corresponde al previsto en el literal
c) del artículo 4 de la ley 472 de 1998, que señala lo siguiente:
“c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica,
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente;”.
Lo anterior, en tanto que, al revisar las funciones atribuidas por la ley 99 de
1993 las Corporaciones Autónomas, deben propender por garantizar el
desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de
los recursos naturales renovables; así se puede leer en el artículo 31:
Nótese entonces como las funciones de las Corporaciones Autónomas están
relacionadas es con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Ahora bien, según lo dispuesto en la ley 1523 de 2012, las Corporaciones
Autónomas hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, su papel o
intervención se requiere cuando se advierta una afectación al medio ambiente y
al desarrollo sostenible; así se desprende de lo dispuesto en el artículo 31:
“Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional.
Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que para
efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además
de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las
leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la
reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas,
de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones,
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Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden
a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes
y gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los
procesos de gestión del riesgo de desastres.
Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar
a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito
de su competencia y serán corresponsables en la implementación. (Subrayas
nuestras).
Por su parte, según el numeral 9° del artículo 2° de esta misma ley se definió el
principio de sostenibilidad ambiental como: “El desarrollo es sostenible cuando
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los
sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras e implica tener en
cuenta la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El riesgo de
desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por
tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y
contribuyen a la gestión del riesgo de desastres. […]”.26
Se colige, entonces, que las Corporaciones Autónomas desarrollan funciones
relevantes en la gestión del riesgo, en el marco del desarrollo sostenible y
ordenamiento del territorio. De allí que se encuentre plenamente acertado que
la primera instancia hubiera amparado los derechos colectivos, para proteger
los asentamientos humanos mal planeados, que conllevan una situación de
insuficiencia en la prestación de los servicios básicos, y en general, en la
garantía de los derechos constitucionales a la vivienda digna27.
26
Cfr radicado 2010-00704-01, CP Oswaldo Giraldo López, 29 de agosto de 2024.
27
Precisamente, sobre la vivienda digna, la sentencia T-349 de 2012 explicó:
“6.4. El derecho a la vivienda digna.
El concepto de vivienda digna implica contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse
en unas mínimas condiciones de dignidad y en el cual pueda desarrollar su proyecto de vida (…)
En cuanto al contenido de este derecho, la observación general del comité de derechos económicos, sociales y
culturales de las Naciones Unidas (comité DESC) (…)
“7. En opinión del comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo
considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad,
paz y dignidad en alguna parte. (...) significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y “En primer lugar,
debe presentar condiciones adecuadas, las cuales dependen de la satisfacción de los siguientes factores, entre otros:
(i) Habitabilidad, es decir, que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios
para que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud. (ii) Facilidad de
acceso a los servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus ocupantes. (iii)
Ubicación que permita el fácil acceso a opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales,
y en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes. (iv) Adecuación cultural a sus habitantes. (…) una
situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (destacado fuera
de texto).
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Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
En consecuencia, se concluye que el amparo no solo debe ser sobre las
construcciones sino sobre un catálogo completo de derechos colectivos, que
son una consecuencia de los otros. Por eso, acertadamente la primera
instancia concedió el amparo al goce de un ambiente sano; el acceso a
infraestructura que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios
públicos y su prestación efectiva y eficiente; a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes de las comunas 10 y 11 de la ciudad de Bucaramanga.
Pues bien, vivir dignamente incluye un espacio que pueda ser ocupado sin que
implique un peligro para la integridad física de la familia que lo habita, lo que
va de la mano con el eje central de esta decisión, que son los conceptos de
ordenamiento territorial, uso del suelo y el desarrollo sostenible. De allí que,
en casos de asentamientos humanos, generalmente, se materialice la
vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de
desastres y seguridad y salubridad públicas; por tanto, se produce la necesaria
concurrencia de las entidades encargadas de actuar en el marco del Sistema
Nacional Ambiental – SINA, de las cuales, por supuesto, tiene un ejercicio
fundamental las Corporaciones Autónomas Regionales.
En armonía, el parágrafo 1° del artículo 1° de la ley 1523 de 2012 dispone
que: “[…] La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los
derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones
y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con
la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la
población […]”.
El sentido y teleología normativa están en la Ley 1523 de 2012, así, por
ejemplo, el artículo 2° donde estipula lo siguiente:
“[…] La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los
habitantes del territorio colombiano.
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo,
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
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Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión
del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo
personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las
autoridades. […]”.
En ese marco, la responsabilidad en la gestión del riesgo le corresponde a
todas las autoridades y a la población en general.
En relación con las Corporaciones Autónomas Regionales, conforme el artículo
9° de la ley 472 de 1998, la acción popular procederá no sólo por la acción de
la autoridad, es decir, cuando le es imputable la conducta que da lugar a la
vulneración del derecho colectivo, sino a título de omisión, es decir, cuando a
partir de las funciones legales determinada entidad está en la obligación de
adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección, como sucede
en el caso concreto con la CDMB, de la cual en el plenario se demostró que
profirió la Resolución No 001294 del 29 de diciembre de 2009, por la cual
adoptó el manual de normas técnicas para el control de erosión y para la
realización de estudios geológicos, geotécnicos, e hidrológicos en el área de
su jurisdicción y ahora se requiere de la realización de ese y otros
instrumentos, para enervar la vulneración de los derechos colectivos
amparados.
Finalmente, en cuanto a la orden específica dada a la CDMB según la cual,
según sus competencias, deberá hacer las apropiaciones presupuestales y
contratar para llevar a cabo el censo de la población de los asentamientos
humanos ubicados en las comunas 10 y 11 de Bucaramanga, con el fin de
establecer, delimitar las situaciones de vulnerabilidad y el riesgo en que
pudieren estar, con el deber de coordinar con las entidades que tienen
funciones legales para definir soluciones a esta problemática, la misma será
precisada en esta instancia, de acuerdo con el marco normativo señalado con
antelación, para que, apoye al municipio en todos los estudios necesarios para
el conocimiento y la implementación de los procesos de gestión del riesgo,
por supuesto, en el ámbito de su competencia.
V.3.3. De la integración del comité de verificación.
En cuanto a los argumentos presentados en el recurso de apelación de la
Defensoría del Pueblo- Regional Santander, sobre la forma como debería
ejecutarse la sentencia y la innecesaria conformación del comité, el incidente
de desacato como fórmula para el cumplimiento, la innecesaria integración de
la Defensoría del Pueblo- Regional Santander y la integración de una
Organización Gubernamental, la integración de este tiene fundamento jurídico
en el artículo 34 de la Ley 472 de 1994, disposición acogida por la
jurisprudencia de esta Corporación, debido a su importancia para hacer
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Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
seguimiento a las órdenes contempladas en las sentencias dentro del medio
de control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos.
Sobre el particular, esta Corporación, ya se ha expresado así:
“[...] En este punto, tendrá que dilucidarse si debe prescindirse de la integración
del Comité de Verificación de una sentencia de acción popular, si se alega que
éste es innecesario, dado que, para el cumplimiento de dicha providencia,
resulta más ágil la interposición del incidente de desacato.
Con miras a resolver dicho reparo, la Sala prohijará lo dicho en la providencia
del 28 de enero del 2021, en la que se resolvió el recurso de alzada presentado
por la Defensoría del Pueblo – Regional Santander, en similares términos a los
aquí expuestos, así:
“A juicio del apoderado de la actora, no es necesaria la conformación de un
comité de verificación, toda vez que, ante un eventual incumplimiento de la
providencia, resulta más célere promover un incidente de desacato que atenerse
a un comité cuyo funcionamiento es indeterminado y dispendioso.
Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley
472, el Juez tiene la facultad de conformar un comité de verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes,
la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el
objeto del fallo.
La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las
partes o los interesados de acudir al incidente de desacato ante el
incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por finalidad efectuar un
seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia
y también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y
demás personas interesadas, para lograr la efectiva protección de los derechos
colectivos vulnerados.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó
lo siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos
normativos hayan considerado que dichas autoridades debían conservar su
competencia, después de proferido el fallo, para adoptar las medidas que
conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela
como el de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de
ejecutar las órdenes de protección, cuantas veces sea necesario; practicar
pruebas para establecer los motivos de su negligencia y adelantar las diligencias
que correspondan para corregir tales obstáculos.28
28
Artículo 13 de la Ley por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e
Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta señala que los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urbano de
la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere
aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.
21
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
La Sentencia 85001-23-31-000-2011-00047-01(AP), proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado el cinco (5) abril de 2013 (C.P. Stella Conto Díaz
del Castillo), se refiere al compromiso que, en atención a la naturaleza de la
acción popular, a su origen constitucional y a la clase de derechos e intereses
que protege, adquiere el juez que la tramitó frente a la garantía del cumplimiento
de las órdenes impartidas en aras del restablecimiento del derecho colectivo
vulnerado. El fallo señala, al respecto, que “(...) la supremacía de las normas
constitucionales exige, antes que la evocación de un enunciado formal de
prevalencia de los derechos colectivos, su plena eficacia material. Y a ese
objetivo debe orientarse imperiosamente la actividad de las autoridades,
incluyendo la tarea del juez de la acción popular, pues un procedimiento distinto
conduciría al desconocimiento de uno de los fines esenciales del Estado Social,
para el efecto de la participación en la protección de los derechos colectivos con
la eficacia que su trascendencia exige. Sobre ese supuesto, advierte que el rol
del juez de la acción popular no puede limitarse a adoptar una decisión con
respecto a los hechos, pretensiones y excepciones alegadas y probadas por las
partes, ya que, por el contrario, “su deber tiene que ver con la adopción del juez
de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la
conformación del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de
la manera en que se anunció previamente (...) cumple la función de asesorar al
funcionario judicial en la formulación de propuestas que conduzcan a realizar la
protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento de las gestiones
que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han adoptado
con ese objeto. [...]29
Ahora, en cuanto la inclusión de una Organización No Gubernamental se observa
que la norma en cuestión dispuso su vinculación a efectos de realizar veeduría
de los órdenes que fueron impuestas en la sentencia, circunstancia que se
advierte cumplida con la participación de la Defensoría quien tendrá que velar,
junto con los demás integrantes del Comité, por el cumplimiento del fallo. Por
ende, se negará tal petición, pues se entiende que el fin buscado por la
normativa se halla agotado. [...]”30.
En ese sentido, la Sala reitera estos argumentos, por lo que se negará lo
solicitado por la Defensoría del Pueblo - Regional Santander, en estos
aspectos, advirtiendo que, en lo que le asiste razón es que el Comité de
Verificación del fallo debe ser integrado por el Magistrado Ponente de la
decisión de primera instancia.
El artículo 34 de la Ley 472 de 1998 establece que en la sentencia se podrá
integrar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, “[…]
en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública
encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y
una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. […]”.
29
Cfr. Sentencia T-443 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt).
30
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA. Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO
LÓPEZ. Radicación núm.: 68001 23 33 000 2019 00410 01. Actor: Defensoría del Pueblo, Regional Magdalena
Medio. Demandado: Municipio de Barrancabermeja, Santander, Secretarías de Infraestructura y Medio Ambiente;
Corporación Autónoma Regional de Santander y Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
22
Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
Como en el caso concreto se ordenó por el Tribunal la constitución del Comité
y se omitió indicar que quien lo presidirá será el Magistrado Ponente del
Tribunal Administrativo de Santander, así se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente decisión.
Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365
del Código General del Proceso y atendiendo el criterio sostenido por la Sala
Especial de Decisión núm. 27 en providencia del 6 de agosto de 201931, no se
condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia de 6 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, el cual quedará así:
“SEGUNDO. - ORDÉNASE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA que en un
plazo no mayor a cuatro (4) meses realicen las apropiaciones
presupuestales y posterior contratación pública para llevar a cabo el censo
de la población que se encuentran los 20 asentamientos humanos
ubicados entre las comunas 10 y 11 de Bucaramanga, con el fin de
establecer, delimitar las situaciones de vulnerabilidad y riesgo en los que
pudieren estar, debiendo ejercerse un control urbano a cargo del
Municipio, tendiente a garantizar que no se sigan desarrollando
construcciones en aquellas zonas con restricción de ocupación
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial POT (vigente),
determinándose las medias de mitigación, prevención, reducción de la
amenaza o vulnerabilidad, tendientes a la realización de acciones y obras
(estabilización, reforzamiento e infraestructura) para atender las
condiciones de riesgo existente, además de regular y controlar el uso,
ocupación y aprovechamiento del suelo, ejerciendo las medidas a que
haya lugar según sus facultades legales.
La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB deberá, en el ámbito de su
competencia, apoyar al municipio en todos los estudios necesarios para
el conocimiento y la implementación de los procesos de gestión del riesgo.
31
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación de 6
de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
Parágrafo-. La anterior orden, el Municipio de Bucaramanga y la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga- CDMB deberán coordinar con las entidades que tienen
funciones legales y reglamentarias con el fin de dar solución a esta
problemática, esto es, según sus facultades legales, el Área Metropolitana
de Bucaramanga- AMB, el Departamento de Santander y la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD.”.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia del 6 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, para indicar que el Magistrado Ponente de la primera instancia
integrará y presidirá el comité de verificación, así:
“TERCERO. ORDÉNASE la constitución de un Comité para la verificación
del cumplimiento de la sentencia, el cual estará integrado por el Magistrado
Ponente del Tribunal, en primera instancia, quien lo presidirá; por la parte
actora, por el Ministerio Público y por un delegado del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB, del ÁREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – AMB, del DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES y de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, para que hagan
seguimiento al cumplimiento de la sentencia. […]”.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 6 de febrero de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Sin condena en costas de la segunda instancia.
QUINTO: REMITIR copia de la providencia a la Defensoría del Pueblo,
conforme lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 472.
SEXTO: En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen, para lo de su cargo.
Notifíquese y Cúmplase,
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Radicación: 68001233300020180072001
Demandantes: Axelinta Gaitán Villalba
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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