Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06837-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06837-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06837-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
19 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06837-01
Demandante: Defensoría del Pueblo- Regional Santander
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 19 de marzo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06837-01
Demandante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, REGIONAL SANTANDER
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Contra providencia judicial dictada en acción popular. Improcedencia
de la acción de tutela. Relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 9
de diciembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 30 de octubre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, el Defensor del Pueblo
Regional de Santander pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio del tutelante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con ocasión
de la sentencia del 23 de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander, en cuanto integró a la entidad demandante como parte del comité de
verificación dentro de la acción popular con radicado No. 68001333300120230015302.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Se tutelen los derechos fundamentales de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y, en consecuencia, se deje
sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el
23 de septiembre del (sic) 2025, dentro del proceso radicado: 68001333300120230015302. Medio de
Control: Protección de los Derechos e Intereses Colectivos. Demandante: Fabian Díaz Plata.
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Demandante: Defensoría del Pueblo- Regional Santander
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La comunidad de las veredas la Negreña y San Antonio, en el municipio el Playón,
Santander, solicitaron la intervención de la vía terciaria y del puente tipo hamaca que las
comunica con la cabecera municipal, sin obtener respuesta efectiva, pues a pesar de que
el alcalde asumió compromisos desde su campaña y suscribió el Acuerdo Municipal 06
de 2021 para asignar recursos para dichas obras, la administración no ejecutó acciones
concretas.
Como consecuencia de lo anterior, el ciudadano Fabián Díaz Plata interpuso acción
popular contra el Municipio del Playón con el propósito de que se declarara la vulneración
de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, la
utilización y defensa de los bienes de uso público y el desarrollo urbano ordenado
conforme a las disposiciones jurídicas, de modo que se garantizara la prevalencia del
bienestar y la calidad de vida de los habitantes. Sustentó su demanda en la falta de
mantenimiento de la vía ubicada en las veredas San Antonio y la Negreña del citado
municipio.
El asunto se adelantó bajo el radicado 68001333300120230015300 y correspondió al
Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga, que, mediante sentencia de 3 de
diciembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró que
el Municipio del Playón vulneró los derechos e intereses colectivos relacionados con el
espacio público, los bienes de uso público y el desarrollo urbano ordenó integrar el
Comité de Verificación, conformado por el actor popular, el representante legal del
municipio, el Defensor del Pueblo o su delegado y la Procuradora Judicial delegada, a
quienes impuso el deber de informar sobre el cumplimiento de la sentencia al término del
plazo fijado para su ejecución.
Inconforme con la decisión, el Municipio del Playón apeló. También lo hizo el apoderado
de la Defensoría del Pueblo de forma adhesiva y solicitó ejercer control de legalidad para
declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, al
haber incluido a la entidad que representa en el Comité de Verificación, sin tener la
calidad de parte procesal ni ejercer funciones de Ministerio Público en el caso concreto.
De manera subsidiaria, la entidad solicitó modificar el efecto en la que se concedió la
apelación, de modo que se otorgara de manera devolutiva y no suspensiva.
El 23 de septiembre de 20251, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la
sentencia de primera instancia y declaró improcedente la apelación adhesiva interpuesta
por la Defensoría del Pueblo. Citó el artículo 322 del C.G.P. y dijo que esa norma permite
adherirse a los argumentos de la apelación principal y no habilita la introducción de
1 Notificada por correo electrónico el 30 de septiembre de 2025
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nuevos planteamientos, pretensiones o materias ajenas al debate, como ocurrió en este
caso.
Añadió que la Defensoría contaba con legitimación constitucional y legal para intervenir
en la protección de derechos colectivos, por lo que su inclusión en el Comité de
Verificación resultaba legítima y no implicaba una carga sancionatoria, condena ni
afectación material de su derecho de defensa o del principio de congruencia, en tanto se
trató de una participación técnica y de acompañamiento interinstitucional, razón por la
cual no era procedente la solicitud de nulidad invocada por esta autoridad.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:
Defecto sustantivo porque el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 prevé expresamente
quiénes deben conformar el comité de verificación de cumplimiento de la orden, entre
quienes se encuentran: (i) el juez, (ii) las partes, (iii) la entidad pública encargada de velar
por el derecho o interés colectivo, (iv) el Ministerio Público y (v) una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo, sin embargo, el Tribunal accionado
dispuso integrar en este grupo al defensor del pueblo, quien nunca fue vinculado al
proceso y cuyos reparos de nulidad fueron desatendidos por esa Corporación.
Con base en los mismos argumentos, señaló que la actuación del Tribunal Administrativo
de Santander adolece de defecto procedimental y desconocimiento del precedente
(aunque no cita expresamente una providencia desatendida).
5. Intervenciones
El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga manifestó que, en las acciones
populares reguladas por la Ley 472 de 1998, el juez puede conformar un Comité Técnico
de Verificación para supervisar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la
sentencia. Agregó que, en el caso analizado, el despacho tramitó un incidente de
desacato con sanción, ante el incumplimiento de la medida cautelar decretada en el
proceso, lo que justificó la creación del comité integrado por las partes, las entidades
responsables y los organismos de control, entre ellos la Defensoría del Pueblo, que actúa
como garante de los derechos colectivos y representante de la comunidad.
Cuestionó que la Defensoría del Pueblo pretenda sustraerse de sus deberes
constitucionales con argumentos sin sustento legal, cuando en el proceso se demostró
la responsabilidad del municipio demandado y la necesidad de integrar el Comité Técnico
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de Verificación para garantizar el cumplimiento de la sentencia y la protección de los
derechos colectivos.
La Agencia Nacional de Infraestructura solicitó ser desvinculada por falta de
legitimación en la causa por activa en la medida en que no tiene relación ni jurídica ni
fáctica con los hechos de la presente acción de amparo constitucional.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió ser desvinculada por falta
de legitimación en la causa por activa, toda vez que las pretensiones de la acción de
amparo constitucional son ajenas a la entidad.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres consideró que se debe
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que las autoridades judiciales
atacadas no incurrieron en ningún defecto, de ahí que no se vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora.
El Tribunal Administrativo de Santander, la Oficina para la Gestión del Riesgo de
Desastres del municipio el Playón, el Ministerio Público y los ciudadanos Fabián
Díaz Plata, Luis Antonio Hernández Peña, Hugo Sandoval Rosso, Rodrigo
González Márquez y demás intervinientes de la acción popular de radicado 68001-33-
33-001-2023-00153-00/01/02, guardaron silencio pese a haber sido debidamente
notificados.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia dictada el 9 de
diciembre de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo, al estimar que no se
superaba el requisito de relevancia constitucional toda vez que los aspectos que
fundamentaron en concreto la acción de tutela son una reiteración de los fundamentos
que la Defensoría del Pueblo utilizó en el recurso adhesivo de apelación y la solicitud de
nulidad interpuesta en sede de segunda instancia, los cuales estuvieron dirigidos a
demostrar la improcedencia de su designación dentro del comité de verificación de
cumplimiento en la acción popular 68001-33-33-001-2023-00153-00/01/02.
Destacó que la entidad accionante no plantea un problema autónomo de protección de
derechos fundamentales, sino que pretende reabrir un debate procesal y jurídico que ya
fue objeto de análisis y decisión expresa por parte del juez natural. En efecto, la
Defensoría del Pueblo dirige su cuestionamiento contra la forma en que el Tribunal
resolvió la apelación adhesiva y conformó el comité de verificación, asuntos que fueron
abordados de manera directa y motivada en la providencia censurada.
Además, afirmó que, la demanda no desarrolla la carga argumentativa mínima exigida
para controvertir providencias judiciales por vía de tutela, pues el escrito refleja un
desacuerdo con el sentido del fallo y con la interpretación normativa adoptada por el
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Tribunal, lo cual resulta insuficiente para habilitar el control constitucional excepcional de
las decisiones judiciales.
Finalmente, precisó que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez
que la entidad puede solicitar directamente su exclusión ante el juez popular de primera
instancia, autoridad que conserva la competencia para asegurar la garantía de los
derechos e intereses colectivos.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado. Reiteró los argumentos que sustentan la
presente acción de tutela y resaltó que las funciones de la Defensoría del Pueblo están
estrictamente delimitadas por el artículo 282 de la Constitución y ninguna de ellas le
atribuye la competencia de participar en comités de verificación, salvo que haya sido el
actor popular en el proceso, lo cual no ocurrió en el caso analizado.
Indicó que la sentencia impugnada minimizó la importancia de la distinción legal y
funcional que existe entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, pues es a esta
última entidad a la que la Ley 472 de 1998 asigna específicamente la función de integrar
los comités de verificación. Resaltó que este no es un debate interpretativo menor, sino
una cuestión que define el rol institucional de cada entidad.
Aclaró que a diferencia de lo indicado por el a quo, la Defensoría del Pueblo sí agotó los
mecanismos a su alcance dentro del proceso de acción popular, pues al enterarse de la
decisión del Tribunal Administrativo de Santander, intervino solicitando la nulidad de lo
actuado precisamente por haber sido incluida indebidamente en el comité y también
formuló apelación adhesiva sobre el tema, pero dicha apelación fue declarada
improcedente, cerrando la vía procesal ordinaria para discutir este punto ante el superior.
Agregó que el juez de primera instancia carece de competencia para modificar o inaplicar
una decisión de su superior.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, pues, en efecto, los argumentos
formulados por la demandante en la solicitud de amparo coinciden con los que se
desestimaron en las providencias cuestionadas, de ahí que se evidencie que emplea este
mecanismo judicial como una tercera instancia.
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Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del
caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración
del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y en la
impugnación, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en la acción popular con
radicado 680013333001-2023-00153-02, tal como se concluyó en la sentencia
impugnada.
Básicamente, tanto en la acción de tutela de referencia como en el trámite de la acción
popular antes referida, la parte actora alegó que no tiene el deber legal de integrar
comités de verificación.
En efecto, en el recurso de apelación adhesivo y solicitud de nulidad elevados por la
demandante contra la providencia dictada el 3 de diciembre de 2024, por el Juzgado
Primero Administrativo de Bucaramanga, se lee lo siguiente:
Si, en ejercicio de la mencionada facultad, el juzgador conforma el comité de verificación, no puede
prescindir de su propia pertenencia al mismo. Sobre el tema se encuentra referente, por ejemplo, en
sentencia de julio 4 del 2024, del Consejo de Estado, Sección Primera, Rad.
68001233300020150054001, al decidir sobre si este Tribunal debía formar parte de un comité de
verificación: “Por ende, lo que observa la Sala es que asiste razón a la parte actora respecto a que el
Comité de Verificación del fallo debe ser integrado por el Ministerio Público y el Magistrado Ponente de
la decisión de primera instancia, éste último, quien, además, lo debe presidir. De modo que se modificará
el numeral quinto de la decisión recurrida con miras a incluir a dichos sujetos en el mencionado Comité”.
2. En cuanto a la carga que se impuso en la sentencia a: El actor Popular, El Representante Legal del
Municipio de El Playón, el Defensor del pueblo o su delegado y la Procuradora Judicial delegada ante
este Despacho, quienes estarán en la obligación de informar lo pertinente frente al cumplimiento de las
decisiones aquí tomadas, una vez se venza el término concedido para su ejecución. Se presenta
ausencia de legalidad y contradicción por lo ya expuesto en cuanto a la nulidad y, entre otras, estas
razones:
El juzgador no puede ordenarles a los otros miembros del comité que sean ellos quienes asuman el
objeto del mismo, porque no está previsto en la norma: art. 34 de la Ley 472 de 1998; porque el propio
titular del Despacho forma parte del comité, no es un tercero; y porque la verificación de cumplimiento
es precisamente el objeto de aquel colectivo completo y no por partes.
3 y 4. Volviendo al Principio de Legalidad. El art. 34 referido prevé que el Ministerio Público forma parte
del comité de verificación, lo cual permitiría pensar que indistintamente podría cumplirse con la
participación de aquel: designando a la Procuraduría, a la Personería pertinente o a la Defensoría del
Pueblo como miembro, pero la Defensoría carece de competencia que se lo permita, salvo que
haya obrado como actora popular en el proceso específico. En cambio:
Es necesaria y suficiente la participación de la Procuraduría Judicial como Ministerio Público: En la Ley
472 de 1998, el Legislador distinguió entre asignaciones específicas a la Defensoría del Pueblo y
asignaciones al Ministerio Público, que para efectos de tal Ley se circunscribe a la Procuraduría, siendo
que su intervención en el proceso, véase el art. 27 de la citada ley, por ejemplo, es inexorable y no
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facultativa, como lo es para la Defensoría del Pueblo. Véase, por ejemplo, el contraste entre los artículos
21 y 80 de la Ley. La admisión de la demanda con que se ejerce la acción popular se le debe comunicar,
que no notificar, al Ministerio Público. A su vez, en cuanto a la Defensoría, se debe enviar a esta una
copia de la demanda del auto admisorio de la demanda y del fallo definitivo, porque le compete organizar
un Registro Público centralizado de las Acciones Populares y de las Acciones de Grupo. En lo demás,
ver. Art 13 ib. La Defensoría podrá intervenir, lo cual no la convierte en parte y, con todo, no es
facultativo para el juzgador sino para la entidad.
Si cupiera duda sobre el sentido y alcance de la alusión al Ministerio Público en la Ley 472 de 1998, se
disipa vista la Resolución 638 de 2008 de la Defensoría del Pueblo, promulgada en el Diario Oficial Nº
4710 de junio 6 de 2008: (…)
En el presente caso, el Ministerio Público, a través de la Sra. Procuradora Judicial
correspondiente, ya quedó representado en el comité conformado con inclusión de aquella, por
lo que, además, resultaría redundante y contrario a la debida economía procesal y material
adicionarla participación de la Defensoría, así como incluir, si es que el criterio fuera acaso la
coadyuvancia realizada a, por ejemplo, los coadyuvantes LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ y HUGO
SANDOVAL. (Negrilla fuera de texto)
Asimismo, se observa que, en su escrito de tutela, alegó:
Cuando alguna de las partes no apela la sentencia y, en su lugar, opta por adherirse al recurso
instaurado por su contendiente asume todas las consecuencias derivadas de ello. Ahora, en cuanto
a las circunstancias susceptibles de ser cuestionadas por esta vía, las mismas corresponden a lo
desfavorable para el recurrente adhesivo, al margen de que hayan sido previamente atacadas por
quien apeló la sentencia dentro del término de ejecutoria o apelante principal. Así las cosas, la parte
que apela de manera adhesiva está habilitada para cuestionar los puntos que a bien considere,
siempre que le sean desfavorables, pero debe hacerlo a través de la explicación de las razones por
las que considera que la respectiva providencia debe modificarse o revocarse. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sentencia 27001233100020060058501 (41356), Jul. 9/18. En todo caso, el Tribunal
necesariamente tenía que realizar
Con ello incurrió en DEFECTOS PROCEDIMENTALES y TAMBIÉN SUSTANCIALES e incluso en
AFECTACIÓN A LA CONSTITUCIÓN y DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTES. IV. De la no
inclusión del(la) juez de primera instancia como miembro y presidente del comité de verificación. La
conformación o no de un comité de verificación es facultativa para el juzgador. Pero si, en ejercicio
de la respectiva facultad, el juzgador en la sentencia conforma el comité de verificación, no puede
prescindir de su propia pertenencia al mismo, porque es un imperativo legal y de orden público. Sobre
el tema se encuentra referente, por ejemplo, en sentencia de julio 4 del 2024, del Consejo de Estado,
Sección Primera, Rad. , al decidir sobre si este [mismo] Tribunal debía formar parte de un comité de
verificación: “Por ende, lo que observa la Sala es que asiste razón a la parte actora respecto a que
el Comité de Verificación del fallo debe ser integrado por el Ministerio Público y el Magistrado Ponente
de la decisión de primera instancia, éste último, quien, además, lo debe presidir. De modo que se
modificará el numeral quinto de la decisión recurrida con miras a incluir a dichos sujetos en el
mencionado Comité”
(...)
Todo ello implica DEFECTO SUSTANTIVO e incluso DEFECTO POR VULNERACIÓN A LA
CONSTITUCIÓN. La inclusión del Defensor del Pueblo o su delegado en el comité, es contraria a la
Constitución y a la Ley, porque la Defensoría del Pueblo es un ente constitucional cuya competencia
y actuaciones en materia de acciones populares está reglada y valga la redundancia, limitada. Tiene
un rol Constitucional y Legal desarrollado, dentro de la autonomía del propio ente, a través la
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Resolución 638 de 2008, promulgada en el Diario Oficial Nº 4710 de junio 6 de 2008 y no puede
modificarse judicialmente. Dentro de su competencia y roles no se encuentra participar en comités
de verificación de sentencias proferidas en procesos en los que no haya obrado como actora popular
y no es admisible la extensión o prórroga de competencia en una sentencia porque invade la órbita
del Constituyente, la del Legislador, y vulnera la debida separación de poderes, entre otras cosas
inadmisibles jurídicamente.
(...)
En el presente asunto. El Ministerio Público, a través del(la) Procurador(a) Judicial correspondiente
ya quedó representado en el comité conformado con inclusión de aquel(la), por lo que resultaría
redundante y contrario a la legalidad y a la debida Economía Procesal y material, adicionar la
participación de la Defensoría, que en todo caso, no fue parte en el proceso ni tiene dentro de sus
funciones y competencia ser miembro de comités de verificación en procesos en que no fue actora
popular; ni capacidad material ni de personal suficiente para intervenir en todas y cada una de las
acciones populares en que, sin haber sido promotora de la acción, se pretendiere incluirla como
miembro de comités de verificación.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Santander,
en sentencia dictada el 23 de septiembre de 2025, en la que se consideró:
El apoderado judicial de la Defensoría del Pueblo solicitó ante el Tribunal Administrativo de
Santander la declaración de nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia. La
petición se fundamenta en la vulneración del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política, al haber incluido a la Defensoría como integrante del Comité de
Verificación sin ostentar la calidad de parte procesal ni ejercer funciones de Ministerio Público en el
caso concreto.
En subsidio, la Defensoría solicitó modificar el efecto en que fue concedida la apelación, proponiendo
que se concediera en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. Así mismo, formuló apelación
adhesiva respecto del ordinal sexto de la sentencia, y pidió ejercer control de legalidad sobre dicho
aparte, con el fin de excluir a la Defensoría del comité, incluir al juez de primera instancia y revocar
la obligación impuesta a los miembros del comité de informar individualmente sobre el cumplimiento
del fallo.
Para sustentar tales solicitudes, se expuso que el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 establece que
la conformación del comité de verificación es facultativa, pero en caso de conformarse, el juez debe
integrar y presidir dicho comité, como lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado. De
igual forma, se indicó que la obligación impuesta a los integrantes del comité de verificar
individualmente el cumplimiento de la sentencia no tiene respaldo legal, ya que dicha función
corresponde al comité en su conjunto.
Finalmente, se argumentó que la inclusión de la Defensoría en el comité resulta jurídicamente
improcedente, pues esta entidad no actúa como Ministerio Público, función que en el proceso está
ejercida por la Procuraduría Judicial. La Ley 472 de 1998 distingue expresamente entre las
competencias de la Defensoría del Pueblo y las del Ministerio Público, lo que ha sido reiterado por
la propia entidad mediante la Resolución 638 de 2008. En consecuencia, la participación de la
Procuraduría garantiza la legalidad y suficiencia de la representación institucional en el comité de
verificación.
Frente a lo anterior, esta Sala considera que no se configura un recurso de apelación adhesivo, en
los términos del artículo 322 del Código General del Proceso, toda vez que dicha disposición permite
que la parte que no apeló principal se adhiera al recurso interpuesto por otra, pero no habilita la
incorporación de argumentos, pretensiones o materias nuevas al debate. En consecuencia, al
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haberse planteado cuestiones ajenas a las discutidas en la apelación principal, no se cumplen los
presupuestos del recurso adhesivo, razón por la cual no se reconocerá tal intervención como válida
en esta instancia. No obstante, esta Sala se permite señalar que:
1. La Defensoría del Pueblo, conforme al artículo 282 de la Constitución y al marco legal vigente,
tiene dentro de sus funciones misionales la protección, promoción y vigilancia de los derechos
humanos, incluyendo los de naturaleza colectiva, lo cual legitima su participación institucional en
escenarios de verificación de cumplimiento, más aún cuando no se le impuso carga sancionatoria,
condena ni responsabilidad alguna. La orden cuestionada no le atribuyó consecuencias adversas
ni la ubicó en situación procesal de parte, limitándose a una participación técnica y de
acompañamiento interinstitucional.
2. No existe afectación material al derecho de defensa ni al principio de congruencia, toda vez
que la Defensoría no fue condenada, ni se desbordaron los límites de las pretensiones de la
demanda. La conformación del comité responde a criterios de eficacia y coordinación institucional,
orientados al cumplimiento efectivo del fallo, sin que ello suponga infracción al artículo 29 Superior
ni a los artículos 6 y 281 del Código General del Proceso.
3. Finalmente, no se configura la nulidad procesal bajo los requisitos del artículo 133 del CGP, en
la medida en que no se acreditó una afectación sustancial de los derechos procesales de la
Defensoría ni un vicio que afecte el orden público procesal. En tal sentido, la solicitud de nulidad
debe ser rechazada por improcedente.
En consecuencia, no se vulneró el debido proceso ni los principios de legalidad ni de congruencia
procesal, en tanto no se trató de una condena contra la Defensoría, sino de una invitación
institucional a un proceso de verificación interinstitucional que no compromete su autonomía ni le
impone deberes que desborden sus competencias legales.
Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Santander que concluyó que la orden que se dio a la Defensoría de
componer el comité de verificación de cumplimiento no transgrede la ley ni tampoco
comporta una condena en su contra, lo que permitió concluir que no se vulneraron sus
derechos sustanciales ni procesales.
Además, el tribunal de conocimiento destacó que, en virtud de lo previsto en el artículo
282 de la Constitución Política, la Defensoría del Pueblo tiene entre sus funciones la
protección, promoción y vigilancia de los derechos humanos, incluyendo los de
naturaleza colectiva, lo cual legitima su participación para la verificación de cumplimiento
en la acción popular objeto de análisis y resaltó que no se le impuso la calidad de parte
ni se le impuso sanción o se le adjudicaron consecuencias adversas pues solo se le
pidió acompañamiento técnico e interinstitucional, lo que no excede sus funciones.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en la acción
popular con radicado 680013333001-2023-00153-01/02, finalidad para la que no está
previsto este mecanismo constitucional.
En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por el tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06837-01
Demandante: Defensoría del Pueblo- Regional Santander
cuestionada de segunda instancia dentro de la aludida acción popular, lo que denota que
la acción de tutela de la referencia no colma el requisito de relevancia constitucional, de
ahí que deba confirmarse la sentencia impugnada, que la declaró improcedente.
Finalmente, la Sala considera que los argumentos expuestos resultan suficientes para
concluir que la acción es improcedente, sin que resulte necesario analizar si la acción de
tutela cumplió o no con el requisito de subsidiariedad.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por la Defensoría del Pueblo - Regional Santander, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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