Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2023-00007-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2023-00007-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-33-000-2023-00007-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
30 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 850012333000202300007-01
Demandante: Henry Riaño Cristiano
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
Departamento de Casanare y Municipio de Paz de Ariporo1
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de
Paz de Ariporo contra la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Casanare.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Henry Riaño Cristiano, en adelante la parte demandante, presentó
demanda, en ejercicio del respectivo medio de control, contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional, el Departamento de Casanare y el
Municipio de Paz de Ariporo, en adelante la parte demandada, con el objeto de que
se protejan los derechos e intereses colectivos previstos en los literales e, g, h, l y
1 Cfr. Índice 3 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 1_ED_001DEMANDA(.pdf) NroActua 3.
Correspondiente al expediente digital visible en la sede judicial del Tribunal Administrativo de Casanare con el
número único de radicación 850012333000202300007-00. Las referencias que se hacen en adelante
corresponden a la precitada ubicación, salvo que se indique lo contrario.
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m del artículo 4.º de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, presuntamente vulnerados
por las entidades accionadas3.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] PRIMERO: Que se declaré la vulneración de los derechos colectivos, E) la
defensa del patrimonio público, G) la seguridad y la salubridad pública, H) el acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública I) el derecho a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y M) la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, en pro y defensa de la ciudadanía (de) Paz de
Ariporo.
SEGUNDO: Ordenar a los demandados, que se realice un cronograma donde se
ilustre las actividades en materia de tránsito que se van a adelantar en defensa de los
derechos de (sic) colectivos de los habitantes de Paz de Ariporo, igualmente,
campañas pedagógicas y de sensibilización y culturización vial.
TERCERO: Ordenar a los demandados materializar la señalización vial (malla vial)
por las vías urbanas del municipio, como lo son las señales horizontales o marcas en
el pavimento, y las señales de información, reglamentarias, preventivas y transitorias
que hallan (sic) lugar con el fin de evitar siniestros viales.
CUARTO: Ordenar la materialización de la semaforización en los puntos críticos del
municipio de Paz de Ariporo, esto es, implementando los semáforos y quedando estos
en total funcionamiento, al igual que la malla vial, para así cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos. (carrera
10 con calle 2 sur, carrera 10 con calle 5, carrera 10 con calle 9, carrera 11 con calle
9, carrera 7 con calle 2 sur, carrera 7 con calle 9, carrera 11 con calle 2 sur, carrera 7
con calle 9, carrera 7 con calle 16 y entre otros) […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
3.1. Advirtió la deficiencia en la prevención, control del tránsito y falta de
señalización y semaforización en el área urbana del Municipio de Paz de Ariporo.
2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre
otros, los relacionados con:
e) La defensa del patrimonio público.
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas.
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
m) La realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas,
de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes […]”.
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Cfr. Índice 3 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 1_ED_001DEMANDA(.pdf)
NroActua 3.
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3.2. Manifestó la necesidad que en el área urbana del Municipio de Paz de Ariporo
se mejore y complemente la señalización vial, así como, la instalación de semáforos,
principalmente en puntos críticos, como lo son la carrera 11 con calle 2 sur, la
carrera 11 con calle 9, la carrera 10 con calle 2 sur, la carrera 10 con calle 5, la
carrera 10 con calle 9, la carrera 7 con calle 2 sur, la carrera 7 con calle 9, y la
carrera 7 con calle 16, entre otros, con el fin de mitigar los altos índices de
accidentalidad.
Actuaciones en primera instancia
4. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Casanare profirió
auto de 25 de enero de 2023, mediante el cual admitió la acción de la referencia5.
5. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se celebró el día 17 de mayo
de 2023 y se declaró fallida al no llegar a una fórmula de arreglo entre las partes6.
6. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Casanare profirió
auto de 28 de septiembre de 2023, mediante el cual corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran los escritos de alegación y el concepto,
respectivamente7.
Contestaciones de la demanda
7. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional8 presentó
escrito de 9 de febrero de 2023 en el que se opuso a las pretensiones formuladas,
así9:
7.1. Afirmó que la labor de señalización y semaforización no es competencia de
esa Entidad. Asimismo, aseguró que el Municipio de Paz de Ariporo no cuenta con
organismo de tránsito, ni con cuerpo operativo de control de tránsito y tampoco tiene
suscrito convenio con la Policía.
7.2. Adujo que la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare ha realizado
jornadas de sensibilización y conferencias de seguridad vial.
5 Cfr. índice 5 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 4_AUTOADMISORIO(.pdf)
NroActua 5.
6 Cfr. índice 36 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
34_AUDIENCIA_230700AUDIENCIAD(.pdf) NroActua 36.
7 Cfr. índice 36 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
62_AUTOTRASLADODEALEGATOSDECONCLUSION(.pdf) NroActua 62.
8 Mediante apoderado judicial.
9 Cfr. Índice 11 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
14_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf) NroActua 11.
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7.3. Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
8. El Departamento de Casanare10 presentó escrito de 13 de febrero de 202311
en el que se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló la excepción de
ausencia de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, a su juicio,
corresponde al Municipio de conformidad con lo previsto en el Plan de Desarrollo
municipal “[…] reducir los índices de accidentalidad en el municipio, gestionar la
pavimentación de vías urbanas, implementar el plan maestro de movilidad y
seguridad vial del municipio, construir senderos peatonales y ciclo rutas en el área
urbana […]”.
9. El Municipio de Paz de Ariporo12 presentó escrito de 13 de febrero de
202313 en el que se opuso a las pretensiones formuladas así:
9.1. Formuló las excepciones de inexistencia del perjuicio invocado e inexistencia
de vulneración o amenaza a derechos colectivos por parte del Municipio de Paz de
Ariporo, improcedencia de la acción contra el Municipio de Paz de Ariporo e
inexistencia de pruebas que sustenten la procedencia de la acción popular.
9.2. Destacó que ha realizado actividades de sensibilización, culturización vial y
señalización. Además, afirmó que tiene apropiaciones presupuestales para realizar
el proyecto de señalización horizontal y marcas en el pavimento en las principales
vías urbanas y, respecto del cual, ya está adelantada la etapa precontractual, existe
el diseño, el proyecto de estudios previos y demás anexos que son parte integral
del mismo. Asimismo, sostuvo que el Municipio de Paz de Ariporo cuenta con un
Plan de Movilidad en el que se indican los puntos en los cuales deben existir
semáforos, sin embargo, por su costo no han podido instalarse porque el ente
territorial no cuenta con recursos para ello.
9.3. Adujo que los accidentes de tránsito ocurridos en el Municipio son eventos
constitutivos de casos fortuitos.
10. En la etapa de alegatos de conclusión intervinieron el Departamento de
Casanare14, la parte demandante15 y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
10 Mediante apoderada judicial.
11 Cfr. índice 13 del Sistema de Gestión Judicial. Archivo denominado:
16_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDEPARTAM(.pdf) NroActua 13.
12 Mediante apoderada judicial.
13 Cfr. índice 13 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
17_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONMUNICIPI(.pdf) NroActua 14.
14 Cfr. índice 68 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 65_MemorialWeb_Alegatos(.pdf)
NroActua 68.
15 Cfr. índice 69 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 66_MemorialWeb_Alegatos(.pdf)
NroActua 69.
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Policía Nacional16, que de manera general, reiteraron lo expuesto en la demanda y
en las contestaciones de la demanda, respectivamente.
11. El Ministerio Público presentó concepto en el que solicitó17: i) acceder a las
pretensiones de la demanda de acción popular; y ii) ordenar al Municipio, entre otras
cosas, adelantar los trámites administrativos y financieros con el fin de establecer la
viabilidad de crear el organismo de tránsito en su jurisdicción.
Sentencia proferida, en primera instancia18
12. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia proferida el 16
de noviembre de 2023, resolvió:
“[…] PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional y al departamento de Casanare, por las razones indicadas en la
parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR que EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, en cabeza de
su alcalde transgredió los derechos colectivos relacionados con la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente y que los desarrollos urbanos se
realicen respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes del casco urbano del
(sic) Paz de Ariporo, acorde con lo considerado en la motivación.
TERCERO: Para garantizar su protección se disponen las siguientes medidas
definitivas:
a.- La realización de un estudio técnico sobre el tránsito en la cabecera del municipio
de Paz de Ariporo que deberá incluir, entre otros: número de vehículos automotores
que transitan por las calles y carreras de esa población; tipos de vehículos que
transitan por allí; número de accidentes ocurridos en los últimos 5 años; posibles
causas de los mismos; sitios donde ocurren con mayor frecuencia los accidentes,
etc…Así mismo, las actividades, obras y demás que sean necesarias para reducir al
mínimo los riesgos de accidentes, incluido un convenio con la Policía de Tránsito y
Transporte, si lo considera necesario.
Ese estudio DEBERÁ realizarse en el término de 3 meses contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia.
b.- Con fundamento en el estudio indicado en el literal anterior, el municipio de Paz
de Ariporo deberá establecer cuáles medidas ejecutará: resaltos en las vías, lugar de
ubicación de ellos, señalizaciones verticales u horizontales, así como sitio donde sean
necesarias, y en general lo que el municipio considere pertinente con base en el
estudio realizado.
Igualmente deberá analizar el costo de las obras y actividades a ejecutar, así como si
cuenta con los dineros necesarios para ello; si sus recursos son insuficientes, así lo
deberá certificar y con base en ello solicitar la ayuda al departamento de Casanare,
quien deberá colaborar en razón de que también hace parte de las autoridades de
tránsito, por una parte, y por otra, en virtud de los principios de subsidiariedad y
16 Cfr. índice 71 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
68_MemorialWeb_AlegatosPolicIaNacional(.pdf) NroActua 71.
17 Cfr. índice 67 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
64_MemorialWeb_Concepto(.pdf) NroActua 67.
18 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_60FALLOPRIMERAINSTAN(.pdf) NroActua 2.
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concurrencia. De igual manera deberá establecer el cronograma de actividades y
responsables.
Todo lo anterior NO DEBERÁ sobrepasar el término de 4 meses contados a partir
del vencimiento del plazo indicado en el literal a.
c.- La ejecución de las obras y actividades indicadas en el literal b, para lo cual se
otorga un término de 6 meses contados a partir del vencimiento del plazo indicado en
ese literal.
CUARTO: CONFORMAR el comité de verificación en la forma y con las funciones
indicadas en el numeral 10 de las consideraciones.
QUINTO: NO CONDENAR en costas en la instancia.
SEXTO: ORDENAR la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un
diario de amplia circulación nacional a costa del municipio de Paz de Ariporo dentro
de los cinco días hábiles siguientes a su ejecutoria y que acredite tal situación ante
esta Corporación dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del plazo anterior.
Para el efecto, la Secretaría expedirá la correspondiente copia.
SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría que remita copia de la demanda, del auto
admisorio y de este fallo, a la Defensoría del Pueblo para los fines previstos en el
artículo 80 de la Ley 472 de 1998, relacionados con el registro público centralizado
de acciones populares y acciones de grupo.
OCTAVO: Si el fallo no fuere apelado, MANTÉNGASE el expediente en Secretaría
por el término y para los efectos establecidos en el artículo 36 A de la Ley 270 de
1996, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, en sus artículos 272
y siguientes […]”.
Consideraciones del Tribunal
13. El Tribunal Administrativo de Casanare consideró que con las pruebas
allegadas al proceso se demuestra la violación, por parte del Municipio de Paz de
Ariporo, de los derechos colectivos relacionados con la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y que los desarrollos urbanos se realicen
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes de Paz de Ariporo.
14. El Tribunal encontró demostrado que: i) no existe señalización adecuada en
las calles y carreras de la cabecera municipal; ii) no hay control sobre el tránsito de
vehículos; iii) las vías son inseguras e incluso se han producido accidentes en los
que han resultado personas lesionadas y otras han fallecido; y iv) las campañas de
sensibilización que se han realizado, además de insuficientes, no se han ejecutado
en debida forma.
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Recurso de apelación19
15. El Municipio de Paz de Ariporo20 interpuso y sustentó oportunamente, recurso
de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:
Primer argumento: responsabilidad del Departamento de Casanare
16. Sostuvo que es responsabilidad del Departamento de Casanare, de manera
principal, resguardar la integridad del espacio público. Asimismo, de acuerdo con
los principios de coordinación y subsidiariedad, las autoridades administrativas
deben coordinar sus acciones para garantizar el cumplimiento adecuado de los
objetivos del Estado.
17. Afirmó que el Municipio carece de autoridad de tránsito y, esta se encuentra
a cargo del Departamento.
18. Manifestó que la Administración Municipal de Paz de Ariporo realizó lo que
estaba en su competencia, de acuerdo con la capacidad de sus recursos financieros
y técnicos, en virtud de los principios de coordinación y subsidiariedad el
Departamento de Casanare, tiene responsabilidad en el presente caso, con el
objetivo de financiar y trabajar en desarrollo de estos principios con el fin del
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Segundo argumento: limitaciones técnicas y financieras del Municipio
19. Aseguró que el Municipio tiene limitaciones técnicas y financieras para
cumplir la orden judicial en materia de tránsito
20. Sostuvo que mediante el oficio 301.16.006 del 7 de febrero de 2023, allegado
con la contestación de la demanda se indicó “[…] que actualmente no cuenta con
recursos para realizar actividades de tránsito, pero con el fin de cumplir con esta
obligación, se realizó gestión ante la Agencia Nacional de Seguridad vial, bajo el
programa “Ruta Nacional por Seguridad Vial” con el que se realizó en el año 2022
una jornada en la cual se hizo entrega de chalecos, cascos de seguridad vial y una
capacitación., y en el tema de la señalización se manifestó que ya se contaba con
un presupuesto de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS. para realizar el proyecto de señalización
horizontal y marcas en el pavimento en las principales vías urbanas del Municipio,
19 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_APELACION93_8500123(.pdf) NroActua 2.
20 Mediante Apoderada judicial.
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se indica que este proyecto ya tiene un adelanto significativo en la etapa
precontractual, existe el diseño, proyecto de estudios previos y demás anexos que
son parte integral del mismo […]”.
21. Respecto a la semaforización indicó que “[…] cuenta con un plan de
movilidad, producto de un estudio el cual fue adoptado por la administración, en el
que se indica los puntos en los cuales debe existir o se debe colocar semáforos,
pero que por el costo que estos tienen tanto para comprar como para su instalación,
mantenimiento y monitoreo, no se han podido instalar, el municipio no cuenta con
la disponibilidad de recursos financieros para la adquisición de los mismos […].”
22. Solicitó revocar la sentencia proferida, en primera instancia y, en
consecuencia, declarar que el Departamento de Casanare es el responsable de la
vulneración de los derechos colectivos invocados. Subsidiariamente, solicitó que se
declare que el Departamento es también responsable de la vulneración de los
derechos colectivos.
Concesión del recurso de apelación
23. El Magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Casanare profirió
auto de 7 de diciembre de 202321, mediante el cual concedió el recurso de apelación
presentado por el Municipio de Paz de Ariporo contra la sentencia proferida, en
primera instancia.
Actuaciones en segunda instancia
24. El Despacho sustanciador profirió auto de 27 de febrero de 202422, mediante
el cual admitió el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Paz de
Ariporo contra la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Casanare.
25. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
26. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
21 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_100_8500123330002023(.pdf) NroActua 2.
22 Cfr. índice 6 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
12AUTOQUEADMITE_AP2023701HENRYRIANOC(.pdf) NroActua 6.
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desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; v) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos
legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los
habitantes; y vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
27. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 201923, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo
de Estado; y iii) el 15024 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias
proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de
las acciones populares.
28. Vistos los artículos 32025 y 32826 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 27,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por el Municipio de Paz de Ariporo.
29. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Problemas jurídicos
30. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:
23 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
24 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080.
25 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
26 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
27 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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30.1. Si el Departamento de Casanare es la entidad responsable de proteger los
derechos colectivos amparados en la sentencia proferida, en primera instancia, con
ocasión de la deficiencia en la prevención, control del tránsito y falta de señalización
y semaforización en el área urbana del Municipio de Paz de Ariporo.
30.2. Si la falta de recursos económicos alegada por el Municipio de Paz de
Ariporo para el cumplimiento de las órdenes que le fueron impartidas es un
argumento suficiente para modificar la decisión.
30.3. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida el 16 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Casanare.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
31. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
32. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
33. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
34. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
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35. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”28.
36. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
37. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política29.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
29 “[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
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38. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.
39. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.
40. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201230, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.
41. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación31, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
42. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
30 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
31 Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación
número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP).
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prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.
Seguridad y prevención en materia vial
43. Vistos los artículos 1, 6 y 7 de la Ley 769 de 6 de agosto de 200232, sobre
ámbito de aplicación y principios, organismos de tránsito y cumplimiento régimen
normativo.
44. El artículo 1.º de la Ley 769 establece como principios rectores los de
seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso,
plena identificación, libre circulación, educación y descentralización. El artículo 7. º
de la misma norma resalta el deber que les asiste a las autoridades de tránsito de
velar “[…] por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y
privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y
sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la
asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías […]”. (Destacado fuera
de texto)
45. Los artículos 6.º y 7.º de la Ley 769 disponen lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 6°. ORGANISMOS DE TRÁNSITO. Serán organismos de tránsito
en su respectiva jurisdicción:
a) Los departamentos administrativos, institutos distritales y/o municipales de tránsito;
b) Los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los municipios
donde no hay autoridad de tránsito;
c) Las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo
municipio y los corregimientos;
d) Las secretarías distritales de tránsito dentro del área urbana de los distritos
especiales;
e) Las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la
autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de
tránsito.
PARÁGRAFO 1o. En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte
y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones
que les sean asignadas en este código.
32 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
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PARÁGRAFO 2o. Le corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado
de carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en
todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y
distritos.
PARÁGRAFO 3o. Los gobernadores y los alcaldes, las Asambleas Departamentales
y los Concejos Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de
carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito.
Los Alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas
y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de
personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las
disposiciones del presente código.
No obstante los alcaldes de municipios vecinos o colindantes podrán suscribir
convenios interadministrativos para ejercer en forma conjunta, total o parcialmente,
las funciones de tránsito que le correspondan a cada uno de ellos, dentro de las
respectivas jurisdicciones que los compongan […]”. (Destacado fuera de texto).
“[…] ARTÍCULO 7°33. CUMPLIMIENTO RÉGIMEN NORMATIVO. Las autoridades
de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública
y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y
sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la
asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.
Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de
pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la
tramitación de especies venales y todos los trámites previstos en las normas legales
y reglamentarias, salvo la valoración de dichas pruebas.
Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que podrá
ser contratado, como personal de planta o excepcionalmente por prestación de
servicios para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de
dicho servicio.
Actuarán en su respectiva jurisdicción, salvo que por una necesidad del servicio, un
municipio o departamento a través de su autoridad de tránsito, deba apoyar a otra
entidad territorial.
El Ministerio de Transporte tendrá a su cargo un cuerpo especializado de agentes de
tránsito de la Policía Nacional que velará por el cumplimiento del régimen normativo
de tránsito en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de
distritos y municipios.
Cualquier autoridad de tránsito, entiéndase agentes o inspectores, están facultados
para abocar (sic) el conocimiento de una infracción o de un accidente mientras la
autoridad competente asume la investigación, aun en las carreteras nacionales de su
jurisdicción y en especial cuando la Policía Nacional, no tiene personal dispuesto en
dicha jurisdicción.
PARÁGRAFO 1º. La Policía Nacional con los servicios especializados de Policía de
Carreteras y Policía Urbana de Tránsito, contribuirá con la misión de brindar seguridad
y tranquilidad a los usuarios de la Red Vial Nacional.
PARÁGRAFO 2°. La Policía Nacional reglamentará el funcionamiento de la Seccional
de Formación y Especialización en Seguridad Vial, de sus cuerpos especializados de
policía urbana de tránsito y policía de carreteras, como instituto docente con la
33 Modificado por el art. 58, Ley 2197 de 2022.
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facultad de expedir títulos de idoneidad en esta área, en concordancia con la
Ley 115 de 1994.
PARÁGRAFO 3°. El Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, podrá asistir técnicamente a las Instituciones de Educación Superior,
que promocionen dentro de sus ofertas académicas. La Formación y Especialización
en Seguridad Vial que las autoridades territoriales requieren para sus autoridades de
tránsito.
PARÁGRAFO 4°. Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o
convenios con los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito
mediante contrato especial pagado por los distritos, municipios y
departamentos y celebrado con la Dirección General de la Policía. Estos
contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la policía
de cambiar a sus integrantes por las causales establecidas en el reglamento
interno de la institución policial.
PARÁGRAFO 5°. La contratación con privados para la implementación de ayudas
tecnológicas por parte de las autoridades de tránsito deberá realizarse conforme las
reglas que para tal efecto dicten las normas de contratación estatal. La remuneración
a la inversión privada para la instalación y puesta en operación de sistemas
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de
infracciones no podrá superar en ningún caso el 10% del recaudo […]”. (Destacado
fuera de texto).
46. La Ley 170234 de 21 de abril de 2013 define la seguridad vial como: “[…] el
conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el
riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea
en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque
multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que
contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y
equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la
regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y
pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de
conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión
policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas […]”.
(Destacado fuera de texto). Se puede concluir, que la finalidad de la seguridad vial
es la prevención, el control y la disminución de accidentes que ocurran sobre las
vías.
Responsabilidad de los departamentos y municipios en la conservación de la
infraestructura municipal de transporte
47. Visto el numeral 23 del artículo 3.º de la Ley 136 de 2 de junio de 199435,
sobre funciones de los municipios, el cual dispone que corresponde al Municipio:
34 “Por el cual se establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV) y se dictan otras disposiciones”.
35 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.
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“[…] 23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción
y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a
cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales,
y del Departamento las que sean departamentales […]”. (Destacado fuera de
texto).
48. Visto el artículo 76.4.1 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200136 establece
como obligación del ente territorial, lo siguiente:
“[…] 76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las
vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio,
las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de
transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean
transferidos directa o indirectamente […]”. (Destacado fuera de texto)
49. Esta Sección en sentencia de 2 de diciembre de 2021 consideró lo
siguiente37:
“[…] Pues bien, la Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de
Tránsito Terrestre, advierte que la señal de tránsito tiene por objeto indicar la
forma correcta como deben transitar los usuarios de la infraestructura vial38.
Por consiguiente, en consideración a los principios del transporte público, la
funcionalidad de la señalización está direccionada, fundamentalmente, hacia la
prevención de accidentes y la protección de las personas en sus bienes
materiales e inmateriales.
135. Tal regulación dispuso que el Ministerio de Transporte habría de reglamentar las
características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura
vial. Con base en ello, es responsabilidad de cada uno de los organismos de
tránsito, al interior de su respectiva jurisdicción, aplicar y velar por el
cumplimiento de dichos estándares de demarcación y señalización39. Las
señales de tránsito son de obligatorio cumplimiento, en consecuencia, cada
organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación, uso y
mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado
control del tránsito40.
136. Como se advirtió con anterioridad, la Ley 1682 de 2013 concibió la
señalización como un bien que hace parte de la infraestructura del transporte41
y, por lo tanto, está dispuesta para facilitar la movilidad de los actores viales en
condiciones de libertad de acceso, calidad, comodidad y seguridad.
137. En observancia de dichos mandatos legales, la jurisprudencia de esta Sección
ha sido enfática en que la falta de señalización vial es un factor que contribuye
a la maximización del riesgo de accidentalidad y, por lo mismo, se erige como
una amenaza contra los derechos colectivos relacionados con la seguridad
pública.
138. En sentencia de 31 de enero de 2008, la Sección constató la afectación de los
derechos colectivos invocados al precisar lo siguiente: «[…]. [E]s a todas luces
inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que ponen sus vidas los peatones
36 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de diciembre de
2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 680012333000201701460-01.
38 Artículo 2.º. (Señal de tránsito).
39 Artículos 5.º y 109.
40 Artículos 115 y 109.
41 Artículo 4.º, numeral 1.º.
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que cotidianamente transitan el sector […] por la carencia de la señalización
horizontal y vertical que maximiza el riesgo de quienes además, transitan por el sector
en vehículos automotores»42.
139. Mediante providencia de 18 de marzo de 201043, la Sección resaltó la importancia
de las obras de señalización para efectos de prevenir o, por lo menos, reducir los índices
de accidentalidad. Allí se advirtió que «[…] la negligencia del recurrente frente al
cumplimiento de su deber legal de mantenimiento y señalización de las vías a su
cargo, constituye, sin lugar a duda alguna, una seria amenaza al derecho colectivo a la
seguridad pública pues no es necesario demostrar el grado de accidentalidad para inferir
que la falta de señalización vial en carreteras comporta un riesgo para los usuarios de
la misma […]».
140. En sentencia de 24 de octubre de 2019, la Sala amparó el derecho colectivo a
la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad, toda vez que «[…] aun
cuando resulta evidente la necesidad de que las personas crucen, se desplacen y
circulen permanente alrededor de la vía en mención, debido a la presencia de
mobiliario urbano como escaleras y pequeñas aceras, dichos sectores no cuentan
con la señalización adecuada como líneas cebradas o indicador de paradero, que
brinde a los transeúntes la posibilidad de movilizarse y transportarse en condiciones
de comodidad y seguridad […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la
calidad de vida de los habitantes
50. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]”44.
51. De igual forma, esta Sección mediante la sentencia proferida el 7 de abril de
201145, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad46; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respeto de los
42 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2008, C.P. Camilo Arciniegas Andrade,
Rad. N.º 19001-23-31-000-2004-02748-01(AP).
43 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010, C.P. (E) María Claudia Rojas Lasso,
Rad. N.º 41001-23-31-000-2004-001364-01(AP)
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de
2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril
de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-31-
000-2004-00688-01(AP).
46 1 Inciso segundo artículo 58 C.P.
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derechos ajenos y no abusar del derecho propio47; y iv) atención de los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible48 .
52. Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a
los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el
desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que
prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las
disposiciones político - administrativas y de organización física contenidas en los
mismos49. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del
suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para
los servicios públicos domiciliarios, entre otros50.
53. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o
rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.
Análisis del caso concreto
54. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
54.1. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió la sentencia de 16 de
noviembre de 2023 en la que amparó los derechos colectivos a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
47 Art. 95 numeral 1 C.P.
48 Art. 3º ley 388 de 1997.
49 Art. 5º ley 388 de 1997
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintiuno (21) de
febrero de dos mil siete (2007), C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. número: 63001- 23-31-000-2004-
00243-01(AP).
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vida de los habitantes e impartió varias órdenes al Municipio de Paz de Ariporo con
el fin de atender la situación de deficiencia en la prevención, control del tránsito y
falta de señalización y semaforización en el área urbana del precitado Municipio.
54.2. Concretamente, se ordenó al Municipio: i) realizar un estudio técnico sobre el
tránsito en la cabecera municipal, para lo cual se le concedió un plazo de 3 meses
contados desde la ejecutoria de la sentencia; ii) con fundamento en el precitado
estudio, se le ordenó establecer las medidas a ejecutar, el costo de las mismas y,
en caso de no contar con los recursos económicos suficientes para ejecutarlas,
solicitar la colaboración del Departamento de Casanare, para lo cual, se le otorgó
un plazo de 4 meses contado a partir del vencimiento de la realización del estudio;
y iii) ejecutar las obras y actividades requeridas en un plazo de 6 meses siguientes
al término previsto en el numeral anterior.
54.3. El Municipio de Paz de Ariporo presentó recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, que fundamentó en los siguientes
argumentos: i) las órdenes deben impartirse al Departamento de Casanare en
aplicación de los principios de coordinación y subsidiariedad; y ii) adujo limitaciones
técnicas y financieras del Municipio para cumplir las órdenes impartidas.
55. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Solución a los problemas jurídicos
56. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra; sin
entrar a realizar un pronunciamiento individualizado de cada prueba allegada al
expediente, en consideración a que, por un lado, el Municipio de Paz de Ariporo no
cuestionó la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas con
ocasión de la falta de señalización y los altos índices de accidentalidad vial que se
presentan en el precitado Municipio y, por otro lado, fundamentó el recurso de
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apelación en argumentos relacionados con la competencia del Departamento y la
falta de recursos del Municipio para el cumplimiento de las órdenes impartidas.
Responsabilidad del Departamento de Casanare para cumplir las órdenes
impartidas
57. La apoderada judicial del Municipio de Paz de Ariporo sostuvo que el principal
responsable de la vulneración de los derechos colectivos amparados era el
Departamento de Casanare, por lo que, en virtud de los principios de coordinación
y subsidiariedad, las órdenes contenidas en la sentencia también debían impartirse
al Departamento.
58. La Sala resalta que el Tribunal tuvo en consideración los principios de
subsidiariedad y concurrencia, respecto del Departamento de Casanare. Sobre este
específico punto se lee en la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera
instancia, lo siguiente:
“[…] b.- Con fundamento en el estudio indicado en el literal anterior, el municipio de
Paz de Ariporo deberá establecer cuáles medidas ejecutará: resaltos en las vías, lugar
de ubicación de ellos, señalizaciones verticales u horizontales, así como sitio donde
sean necesarias, y en general lo que el municipio considere pertinente con base en
el estudio realizado.
Igualmente deberá analizar el costo de las obras y actividades a ejecutar, así
como si cuenta con los dineros necesarios para ello; si sus recursos son
insuficientes, así lo deberá certificar y con base en ello solicitar la ayuda al
departamento de Casanare, quien deberá colaborar en razón de que también
hace parte de las autoridades de tránsito, por una parte, y por otra, en virtud de
los principios de subsidiariedad y concurrencia. De igual manera deberá
establecer el cronograma de actividades y responsables […]”. (Destacado fuera de
texto).
59. Adicionalmente, en el proceso se demostró que las vías en las que se
presentan los accidentes de tránsito son del orden municipal y, de conformidad con
la normativa expuesta supra, “[…] los municipios tendrán a su cargo la construcción
y mantenimiento de vías urbanas […]”, y los Departamentos, las vías
departamentales.
60. Al respecto, la Sala evidencia que la Resolución núm. 0005054 de 25 de
noviembre de 201651, expedida por el Director de Infraestructura del Ministerio de
Transporte, determinó la categorización de las vías correspondientes al
51 “[…] Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o
Red Vial Nacional correspondiente al Departamento de Casanare […]”Cfr. índice 13 del Sistema de Gestión
Judicial. Archivo denominado: 16_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDEPARTAM(.pdf)
NroActua 13.
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Departamento de Casanare, sin que se incluyeran las vías objeto de la presente
acción popular.
61. Por lo anterior, la Sala se abstendrá de impartir órdenes directas al
Departamento de Casanare, toda vez que, como quedó demostrado en el proceso,
es el Municipio de Paz de Ariporo la entidad obligada de manera principal y directa
del cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera
instancia; sin embargo, y tal como lo resolvió el Tribunal, en aplicación de los
principios de subsidiariedad y concurrencia, el Municipio podrá acudir al
Departamento de Casanare con el objeto de que, este último, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, colabore en el
cumplimiento de las órdenes impartidas al Municipio.
62. Asimismo, la Sala considera que en el caso bajo estudio no es necesario
impartir órdenes directas al Departamento, como sí se ha hecho en otras
oportunidades52, toda vez que en el presente caso, la falta de señalización víal en
algunos puntos del sector urbano del Municipio de Paz de Ariporo, es un asunto
que, se reitera, corresponde solucionarlo al Municipio de acuerdo con la normativa
referida supra y, solamente, en caso de requerirlo, podrá acudir a la colaboración
del Departamento con el fin de realizar las acciones necesarias para proteger los
derechos colectivos amparados.
63. La Sala considera que el argumento analizado en este acápite no tiene
vocación de prosperidad.
Respecto de la falta de recursos para el cumplimiento de las órdenes
64. El Municipio de Paz de Ariporo afirmó que tiene limitaciones técnicas y
presupuestales, por lo que insistió en la necesidad de impartir las órdenes al
Departamento de Casanare.
65. Al respecto, la Sala destaca que, en materia de falta de recursos para el
cumplimiento de las órdenes impartidas, esta Sección ha sostenido lo siguiente53:
“[…] Es así como esta Sección ha sostenido de forma uniforme y reiterada que la falta
de recursos económicos no es un argumento que sirva para desvirtuar la
afectación de los derechos colectivos o para limitar las medidas que
eventualmente puede adoptar el juez popular para garantizar su protección.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.º de febrero de
2024, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 520012333000201900337-01.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 agosto de 2022,
CP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 85001 23 33 000 2019 00161 01.
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Sobre el particular, la posición de esta Sección ha sido la de prever que existen
procedimientos explícitos en el orden jurídico que sí deben ser observados por las
autoridades judiciales a la hora de imponer una orden de amparo que implique su
utilización. En providencia del 15 de diciembre de 2016, se sostuvo lo siguiente:
“12.2. Los trámites presupuestales y la escasez de recursos económicos no
justifican la desprotección de los derechos colectivos. En reiterada y uniforme
jurisprudencia, la Sala ha puesto de presente que, el hecho de que la ejecución
de obras públicas esté supeditada al agotamiento de los pasos previos, de la
formulación e inscripción de proyectos en los Bancos de Proyectos de Inversión,
así como de la inclusión de los proyectos en los planes de desarrollo municipal,
departamental y nacional, no es razón para negar la protección de los derechos
colectivos cuando está probado el supuesto fáctico que sirvió de fundamento a
la acción popular. En este caso, el juez debe ordenar a las autoridades
adelantar las gestiones técnicas de planeación, las contractuales y
presupuestales conducentes a que los respectivos proyectos se incluyan
en el plan de desarrollo y cuenten con disponibilidad presupuestal, para
que luego de cumplirse las exigencias legales puedan ejecutarse. Además,
esta Sala ha manifestado que la falta de disponibilidad presupuestal no
enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos
colectivos. Ante esa situación, lo procedente es ordenar a las autoridades
que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para
obtener los recursos económicos requeridos.
En efecto, en sentencia de 25 de octubre de 2001, a propósito de una
problemática relacionada con la práctica de necropsias a cadáveres en
estado de descomposición, sin que existiera una morgue en el Municipio
de San Pedro (Sucre), esta Sala consignó el criterio jurisprudencial
aludido, de la siguiente manera: “La falta de disponibilidad presupuestal
y de existencia real de recursos no es, en manera alguna, argumento
válido para destruir el acervo probatorio que sustenta el fallo del inferior
y que se puntualiza en la indudable demostración de los hechos que
sirvieron de fundamento al ejercicio de la acción popular.
En tal virtud, le corresponde al Alcalde y a su equipo de gobierno proseguir el
adelantamiento de esta gestión y emprender las que sean necesarias para
conseguir mediante el mecanismo de cofinanciación los recursos
presupuestales que permitan financiar el proyecto de alcantarillado con el
porcentaje de los recursos ordinarios que la Nación a esos efectos les transfiere
en la denominada Participación de Beneficio General y si estos resultaren
insuficientes, con recursos de cofinanciación que deben gestionar ante el
Departamento o la Nación, explorando la disponibilidad de recursos de inversión
que para ese tipo de proyectos se prevean en los programas y subprogramas
de los presupuestos de inversión del Departamento Nacional de Planeación, del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Ministerio
de Desarrollo”.
Conforme a lo expuesto, para la Sala es claro que el juez popular debe contemplar
las normas presupuestales y programáticas al momento de tomar decisiones,
pues no existe duda en cuanto a que una adecuada planeación permite el
desarrollo de las actividades. En esta medida, tampoco reporta duda la obligación
que tienen las entidades territoriales de realizar los trámites administrativos y
financieros pertinentes para lograr la ejecución de las órdenes dadas cuando éstas
propenden por la protección de derechos e intereses colectivos […]”. (Destacado
fuera de texto).
66. La Sala reitera que la falta de recursos económicos no es un argumento para
desvirtuar la afectación de los derechos colectivos ni para justificar el no
cumplimiento de las órdenes impartidas en el marco de las acciones populares.
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67. Por lo anterior, la Sala concluye que el argumento no está llamado a
prosperar.
Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
68. En el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera
instancia, se resolvió conformar el comité de verificación en la forma y con las
funciones indicadas en el numeral 10 de las consideraciones. En el precitado
numeral se indicó lo siguiente:
“[…] Acorde con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 se considera
necesario conformar un comité de verificación de lo ordenado en la presente
sentencia que estará integrado por:
a. El alcalde del municipio de Paz de Ariporo o su delegado.
b. El gobernador o su delegado.
c. El accionante.
d. El personero del municipio de Paz de Ariporo.
e. El inspector de policía, tránsito y transporte de Paz de Ariporo.
f. Y el procurador delegado ante este Tribunal.
Los delegados indicados en los literales a) y b) para conformar el Comité de
verificación deberán pertenecer al nivel directivo.
Este Comité lo presidirá el alcalde del municipio de Paz de Ariporo o su delegado,
deberá reunirse periódicamente cada dos meses en el sitio que indique su presidente
para coordinar y verificar las actividades que van a ejecutar en virtud de lo ordenado
en este fallo.
El presidente del comité rendirá informes sobre esos temas dentro de los 5 primeros
días de cada bimestre, a partir de la ejecutoria del fallo.
El magistrado sustanciador velará por el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia
[…]”.
69. De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 472 y la línea
jurisprudencial seguida por esta Sección se modificará la integración del comité
precisando que el Magistrado Sustanciador del Tribunal debe presidirlo.
70. Finalmente, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Casanare, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Conclusiones
71. La Sala concluye que debe confirmarse la sentencia proferida, en primera
instancia, que amparó los derechos colectivos a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas con
ocasión de la falta de señalización y los altos índices de accidentalidad vial que se
presentan en el Municipio de Paz de Ariporo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 16 de
noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:
“[…] CUARTO: CONFORMAR el comité de verificación de lo ordenado en la presente
sentencia que estará integrado por:
A. El Magistrado sustanciador del Tribunal, quien lo presidirá.
B. El Alcalde del Municipio de Paz de Ariporo o su delegado.
C. El Gobernador del Departamento de Casanare o su delegado.
D. El Actor Popular.
E. El Personero del Municipio de Paz de Ariporo.
F. El Inspector de Policía, Tránsito y Transporte del Municipio de Paz de Ariporo.
G. Y el Procurador Delegado ante el Tribunal […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare el 16 de noviembre de 2023, en primera instancia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Casanare, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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