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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2022-00098-01

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2022-00098-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, el cual quedará así: “[…] PRIMERO: DECLARAR que el municipio de Puerto Rondón y el departamento de Arauca quebrantaron los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. […]”. SEGUNDO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, el numeral 2.1. del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, el cual quedará así: “[…] SEGUNDO: ORDENAR el cumplimiento de las siguientes medidas de amparo de los derechos colectivos transgredidos: 2.1. El municipio de Puerto Rondón, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la presente providencia, si no lo ha hecho, adoptará las medidas técnicas transitorias que estime pertinentes para mitigar los factores de riesgo más graves presentes en el puente “El Arrecostón”, las cuales estarán vigentes mientras se adopta una medida definitiva para corregir la problemática. El municipio de Puerto Rondón, en coordinación con el departa mento de Arauca, y en el término de tres (3) meses siguientes a la notificación de la presente sentencia, actualizarán los estudios técnicos y diseños necesarios para adelantar la construcción del referido puente. En caso de que ambas entidades ya hayan adelantado los mencionados estudios, el municipio de Puerto Rondón, en coordinación con el departamento de Arauca, deberán adelantar todas las acciones necesarias para que se lleve a cabo el proceso de contratación que permitirá la construcción del puente sobre el rio Cravo para lo cual, tendrán un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. La obra deberá ejecutarse en el término de un año, contado a partir de la suscripción del contrato que tenga dicho fin. En el evento que, durante la ejecución de la sentencia, s e observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el tribunal, en 32 Radicación: 81-001-2339-000-2022-00098-01 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 81001-23-39-000-2022-00098-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 81-001-2339-000-2022-00098-01
Demandante: PERSONERÍA DE PUERTO RONDÓN
Demandados: MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
ORINOQUÍA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS,
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DEL INTERIOR E
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el departamento
de Arauca en contra de la sentencia de 12 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. La Personería de Puerto Rondón demandó al municipio de Puerto Rondón, al
departamento de Arauca, a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía
(Corporinoquía), a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al Departamento Nacional de
Planeación (DNP), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio del
Interior y al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), en ejercicio de la acción popular
establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las
Leyes 472 de 5 de agosto de 19981 y 1437 de 18 de enero de 20112, con miras a
obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los literales g), h) y l)
del artículo 4.º de la Ley 4723 y los derechos […] de la población indígena
ASPEJENAS al retorno […]” y a la “[…] infraestructura pública vial o de transporte
terrestre en condiciones de seguridad […]”.

1
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
3
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; […]”.

2

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Demandante: Personería de Puerto Rondón

2. En su libelo petitorio, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la vulneración a los derechos colectivos (…).

SEGUNDO: ORDENAR a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO RONDÓN
remitir en un término de (cinco) días al Departamento Nacional de Planeación
– DNP - y a la Gobernación de Arauca, el proyecto: CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE EL RÍO CRAVO EN LA
VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA para su aprobación y destinación de
recursos.

TERCERO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
ORINOQUÍA – CORPORINOQUÍA, en caso de ser necesario realizar los
estudios ambientales e impartir aprobación y además otorgar las concesiones
para el uso de agua para el proyecto, sin dilatación e imponiendo un término
para tal fin.

CUARTO: ORDENAR a la Gobernación de Arauca en el marco de los
principios de subsidiaridad y complementariedad gestionar y destinar los
recursos en el porcentaje que ordene esa corporación para la materialización
del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO
SOBRE EL RÍO CRAVO EN LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO
DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA o el proyecto que
resulte para la construcción del puente sobre el rio Cravo Norte en la Vereda
la Esmeralda.

QUINTO: ORDENAR al Departamento Nacional de Planeación - DNP -
gestionar y/o asignar los recursos en el porcentaje que ordene esa honorable
Corporación, con cargo al Sistema General de Regalías – SGP-, para la
materialización del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN
CONCRETO SOBRE EL RÍO CRAVO EN LA VEREDA LA ESMERALDA DEL
MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA o el
proyecto que resulte para la construcción del puente sobre el rio Cravo Norte
en la Vereda la Esmeralda.

SEXTO: ORDENAR Al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS-, para que
apoye a la administración Municipal de Puerto Rondón, con los conceptos
técnicos y estudios técnicos que se requieren para la viabilidad del proyecto:
“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE EL
RÍO CRAVO EN LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO
RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Administración Municipal de Puerto Rondón previo
a ejecutar los recursos y el proyecto CONCERTAR con las comunidades
campesinas y la comunidad indígena ASPEJENAS la construcción del Puente.

OCTAVO: ORDENAR al Ministerio del interior – Asuntos indígenas, apoyar
técnicamente a la Administración Municipal de Puerto Rondón con el fin de
realizar la consulta a los pueblos indígenas.

NOVENO: ORDENAR a la Gobernación de Arauca y al DNP, firmar el
respectivo convenio interadministrativo con el Municipio de Puerto Rondón o la
resolución de transferencia de los recursos para que sean ejecutados por el
Municipio, por ser esta una vía terciaria a cargo del Municipio […]”.

3.Como fundamento de las pretensiones, la demandante informó que, entre las
veredas El Palón y La Esmeralda del municipio de Puerto Rondón, existe un

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Demandante: Personería de Puerto Rondón

puente vehicular colgante sobre el río Cravo que amenaza ruina y presenta riesgo
de colapso4. Esta circunstancia, impide el crecimiento económico del ente
territorial y pone en riesgo la seguridad de los residentes del sector y de los
usuarios de la vía.

4. Mencionó que la problemática afecta al pueblo indígena Aspejenas, comunidad
víctima de confinamiento y desplazamiento forzado que requiere del puente para
retornar a su territorio original. Precisó que esa comunidad está conformada por
“[…] 39 familias y 138 personas, están en proceso de restitución sobre dos predios
que están en la vereda el paisaje, como ellos viven a este lado del rio Cravo, les
queda muy difícil las labores de retorno voluntario, debido al estado del puente
[…]”.

5. Puso de presente que entre los años 2018 y 2022 el municipio de Puerto
Rondón y el departamento de Arauca acordaron que gestionarían recursos del
Sistema General de Regalías para financiar las obras de reconstrucción del
puente del río Cravo. Aun así, el plan de desarrollo departamental 2020-2023 no
adoptó ese compromiso.

6. Aseguró que el citado municipio radicó el 11 de mayo de 2021, ante la
Gobernación de Arauca, el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE EL RÍO CRAVO EN LA VEREDA LA
ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA” por valor de $ 6.552.895.200,38. Sin embargo, el departamento se
rehúsa a financiar la obra por falta de competencia, ausencia de recursos
económicos e insuficiencia técnica de los diseños.

7.Adujo que las entidades demandadas, a pesar de sus competencias legales y
constitucionales, afirman que el proyecto no se encuentra registrado en el Sistema
Unificado de Información y Finanzas Públicas (SUIFP-SGR), ni en la base de
datos del INVÍAS, o que no son competentes para destinar recursos o acometer
obras de infraestructura por tratarse de una vía terciaria.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

8. El magistrado del Tribunal Administrativo de Arauca a cargo de la sustanciación
del proceso, mediante auto de 20 de octubre de 20225, admitió la demanda y
ordenó la notificación y el traslado correspondiente a los accionados para que
contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o solicitaran la práctica de
pruebas. Igualmente, notificó al Procurador Departamental de Arauca, al Defensor
del Pueblo y a la ANDJE. Por último, dispuso comunicar la acción de la referencia
a los miembros de la comunidad6.

4
El puente se ubica en las coordenadas Norte 6° 27 11.51* y Este 71° 07° 0.57".
5
Expediente Samai, Tribunal Administrativo de Arauca, índice 6, documento denominado
“5_AUTOADMITEDEMANDA_AUTOADMIT(.pdf) NroActua 6”.
6
Ibidem, documento denominado “5_AUTOADMITEDEMANDA_AUTOADMIT(.pdf) NroActua 6”.

4

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Demandante: Personería de Puerto Rondón

9.A través de auto de 14 de diciembre de 20227, el a quo denegó la solicitud
cautelar.

10. Mediante auto de 31 de enero de 2023, se declaró fallida la audiencia especial
de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, al advertir que las partes no
acordaron un pacto de cumplimiento8.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. La apoderada judicial del departamento de Arauca, mediante memorial de
30 de noviembre de 20229, manifestó que el puente “El arrecostón” hace parte de
una vía de nivel terciario, cuya construcción y mantenimiento corresponde al
municipio. Explicó que el proyecto se debe financiar con los recursos del Sistema
General de Regalías, previo cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
2056 de 30 de septiembre de 202010 y en el Decreto 182111 de 31 de diciembre
del mismo año, porque los costos de la obra ascienden a los $6.700’000.000
pesos.

11. Puso de presente que, “[…] conforme al estudio hidrológico e hidráulico
realizado por la ingeniera Civil María Alessandra Dávila Ramírez, el puente
colgante se encuentra en muy mal estado, con láminas metálicas que se
encuentra desajustadas y obstrucción del paso peatonal que mantiene confinado a
sus habitantes […]”.

12. Aseguró que el municipio no subsanó las observaciones que tiene el proyecto y
procedió a retirarlo. En consecuencia, señaló que el municipio de Puerto Rondón
debe adelantar los estudios técnicos que permitan determinar la necesidad de
construir un nuevo puente o realizar el mantenimiento de la infraestructura actual.

I.3.2. El apoderado judicial del Instituto Nacional de Vías, mediante escrito de 17
de noviembre de 202212, se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que
el instituto no vulneró los derechos colectivos señalados como violados por la
parte actora.

13. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva tras
explicar que la vía de la demanda es del nivel terciario, correspondiente al
“corredor vial 81591-11 RONDON - RIO CRAVO”, y cuya administración atañe al
municipio de Puerto Rondón.

7
Ibidem, índice 33, documento denominado "AUTONIEGAMEDIDASCAUTELARES_DECIDEMC(.pdf) NroActua 33”.
8
Ibidem, índice 74 documento denominado “124_AUDIENCIAINICIAL_ACTA_20230131POPULAR2(.pdf) NroActua 74”.
9
Ibidem, índice 19, documento denominado “45_RECEPCIONMEMORIAL_CORREODPT_47CONTESTACIONDEMAND
(.pdf) NroActua 19”.
10
"Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías".
11
“Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías”.
12
Expediente Samai, Tribunal Administrativo de Arauca, índice 25, documento denominado
“57_RECEPCIONMEMORIAL_CORREOINV_59CONTESTACIONDDAINV (.pdf) NroActua 25”.

5

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Demandante: Personería de Puerto Rondón

I.3.3. El apoderado de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía,
mediante escrito de 30 de noviembre de 202213, se opuso a las pretensiones de la
demanda. Explicó que la base de datos de trámites ambientales no reporta ningún
permiso o solicitud ambiental respecto del proyecto de “[…] construcción del
Puente vehicular en concreto sobre el río Cravo en la Vereda La Esmeralda del
Municipio de Puerto Rondón, Departamento de Arauca […]”.

14. Aunado a ello, indicó que “[…] una vez se radique el trámite de solicitud de
permisos para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto formulados por entidades
territoriales y/o personas naturales, esta Autoridad Ambiental procederá a dar
celeridad en el menor tiempo posible con la revisión necesaria, para emitir el
respectivo acto administrativo a que haya lugar, otorgando o negando los
permisos ambientales referidos […]”.

15. Finalmente,propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva porque las pretensiones de la demanda se encaminan a la construcción del
puente vehicular sobre el río Cravo en el municipio de Puerto Rondón, y ello no
guarda relación con sus funciones.

I.3.4. El apoderado judicial del Ministerio del Interior, mediante escrito de 9 de
noviembre de 202214, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva. Alegó que la petición de construir un puente vehicular desborda sus
competencias como articulador de las políticas públicas y garante de los derechos
de la población indígena, en los términos previstos en los artículos 2° del Decreto
Ley 2893 de 11 de agosto de 201115 y 5° del Decreto 2340 de 3 de diciembre de
201516.

16. Precisó que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio
del Interior no participa en los procedimientos de consulta previa, en tanto dicha
función la ejerce la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, a
petición de parte, “[…] cuando existe evidencia razonable de que una medida es
susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad
afrodescendiente […]”.

I.3.5. El apoderado judicial del Departamento Nacional de Planeación, mediante
escrito de 10 de noviembre de 202217, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda al considerar que no es la entidad responsable de la
vulneración de los derechos colectivos.

17. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva debido a
que el municipio de Puerto Rondón y el departamento de Arauca deben adelantar

13
Ibidem, índice 27, documento denominado “59_RECEPCIONMEMORIAL_CORREOSOL_62CONTESTACIONCORPOR
(.pdf) NroActua 27”.
14
Ibidem, índice 20, documento denominado “48_RECEPCIONMEMORIAL_CORREOMIN_50CONTESTACIONMINIST
(.pdf) NroActua 20”.
15
“Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector
Administrativo del Interior”.
16
“Por el cual se modifica el Decreto-ley 2893 de 2011”.
17
Expediente Samai, Tribunal Administrativo de Arauca, índice 23, documento denominado
“53_RECEPCIONMEMORIAL_CORREODNP_55ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 23”.

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Demandante: Personería de Puerto Rondón

las obras de infraestructura del proceso, según lo previsto en los artículos 5° de la
Ley 1682 de 22 de noviembre de 201318 y 3° de la Ley 2200 de 8 de febrero de
202219. Además, esas entidades territoriales deben “[…] atender los requisitos
generales y sectoriales -cuando aplique-, establecidos en el documento
denominado: Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión
(nueva versión) […]”, para acceder a los recursos del Sistema General de
Regalías (SGR).

18. Agregó que la Ley 2056 de 2020 define el procedimiento para la aprobación de
esas iniciativas. En ese contexto, mencionó que el proyecto de construcción del
puente vehicular sobre el Río Cravo se encuentra cargado en la plataforma SUIFP
bajo el código 2021005810203, con el siguiente estado: “[…] proceso de viabilidad
territorio No. 1635019 Devuelto a MGA enviado por: ASGR con el rol: Formulador
Oficial 2022-01-02 […]”.

19. Precisó que el DNP no prioriza, aprueba ni ejecuta los proyectos de inversión
financiados con esos recursos, y solo el municipio es el encargado de “[…]
disponer los recursos del SGR para el financiamiento del mismo […]”.

II. La sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia de 12 de mayo de
2023, amparó el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, transgredido por el municipio de Puerto
Rondón y por el departamento de Arauca.

21. Para arribar a esa determinación, el tribunal estudió el alcance jurisprudencial y
normativo de aquel derecho y analizó el material probatorio, advirtiendo que el
puente comporta un alto grado de peligrosidad para los usuarios que lo transitan.
En su criterio, la precariedad de las condiciones estructurales del puente
mencionado es un factor de amenaza que limita la comunicación y la
comercialización de productos agrícolas y pecuarios en la zona. Por ello,
consideró que era urgente viabilizar técnica, financiera y administrativamente la
nueva obra.

22. Identificó que el municipio de Puerto Rondón y el departamento de Arauca son
las autoridades responsables del mantenimiento y/o reconstrucción del puente.
Así, el municipio está a cargo de la gestión eficiente de la vía terciaria donde se
encuentra ubicada la estructura, de conformidad con las competencias que le
asignan los artículos 311 de la Constitución Política, 3° de la Ley 136 de 2 de junio
de 199420 y 17 de la Ley 105 de 30 de diciembre de 199321.

18
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias”.
19
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”.
20
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
21
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación
y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.

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23. Por su parte, el departamento de Arauca debe planificar y promover el
desarrollo económico y social en su jurisdicción, razón por la que el argumento
sobre la falta de recursos propios como excusa para desatender la situación de
peligro, no es admisible, pues existe todo un andamiaje jurídico y técnico que
establece otras fuentes de financiación.

24. En su criterio, “[…] no se encuentra probada la existencia de una causa extraña
como quiebre de la causalidad, y (…) lo que se reprocha es la falta de acción para
el control del puente deteriorado y la construcción de uno nuevo, lo que está a su
entero alcance ya que siempre han conocido la problemática y sus implicaciones y
soluciones […]”.

25. Consideró que los dos entes territoriales deben adoptar las acciones que
garanticen la consecución de los recursos financieros necesarios para la
construcción de la obra, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad y complementariedad. Igualmente, reconoció que Corporinoquía y
el INVÍAS, a la luz de lo dispuesto en los artículos 288 y 298 de la Constitución
Política, tenían que participar en el cumplimiento de las órdenes, en el marco de
sus competencias legales y deberes de apoyo técnico.

26. Finalmente, adujo que “[…] a las demás entidades demandadas, la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Uariv-, el Departamento Nacional
de Planeación -DNP-, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SGP y SGR) y
el Ministerio del Interior, no se les imparte orden alguna, toda vez que no tienen
competencia en el servicio público cuyo derecho colectivo se protege […]”. Por
ende, resolvió lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR en consecuencia, y para hacer efectivo el amparo
del derecho colectivo vulnerado, conforme se expuso:

2.1. El Municipio de Puerto Rondón y el Departamento de Arauca, de manera
coordinada ejecutarán la construcción real, cierta e idónea de un nuevo puente
de tipo vehicular sobre el río Cravo en la vereda La Esmeralda, sector
Marrero. Para la realización del proyecto definitivo y la asignación de recursos
presupuestales, dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, teniendo
en cuenta que en el segundo semestre de este año se produce el trámite del
presupuesto para la vigencia 2024; y para la construcción del nuevo puente, se les
establece como fecha límite para su ejecución completa y puesta en
funcionamiento en condiciones de idoneidad, eficiencia y seguridad, el 31
de julio de 2024.

Con tal objeto y en lo que corresponda, pondrán en acción inmediata a sus
ordenadores del gasto y a los órganos colectivos respectivos (Concejo
Municipal, Asamblea Departamental), para adoptar y actualizar los planes,
estudios, proyectos, diseños y programas, asignar y utilizar los recursos
presupuestales, y efectuar los trámites de contratación que se requieran.
Los aportes que se requieran se harán en términos de razonabilidad y
proporcionalidad, en un 40% por el Municipio de Puerto Rondón y el 60% por
el Departamento de Arauca, inversiones a su cargo que podrán sustituir con la
obtención de recursos de otras fuentes públicas o privadas y de
cofinanciación. La responsabilidad de dirigir la coordinación y ejecución de
actividades se radica en el Alcalde de Puerto Rondón.

8

Radicación: 81-001-2339-000-2022-00098-01
Demandante: Personería de Puerto Rondón

El cumplimiento de las órdenes que se imparten, para efecto de su debida
responsabilidad y también para aplicar sanciones en caso de desacato, se
asignan en cabeza de sus respectivos representantes legales, esto es, el Alcalde
de Puerto Rondón y el Gobernador de Arauca.

2.2. Corporinoquia cuya responsabilidad de cumplir se radica en cabeza de su
representante legal, (sic) el Director General, (sic) deberá participar durante el
tiempo que se requiera, en la elaboración e implementación de los estudios,
planes y programas que deban adelantar y ejecutar el Municipio de
Saravena y el Departamento de Arauca, y tramitará con prelación y
prioridad las licencias y autorizaciones exigidas.

2.3. Invías (sic) podrá participar en razón de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad del artículo 288, C.Po (sic) en la elaboración de
estudios y diseños y en la financiación de las obras que se ejecutarán.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONFORMAR un Comité de Verificación que estará conformado de
la siguiente manera: Por (i). El (sic) Magistrado Ponente del proceso, quien lo
presidirá y citará a sus reuniones, cuyas fechas pueden ser sugeridas por los
demás integrantes, (ii). Los (sic)representantes legales del Municipio de
Puerto Rondón, del Departamento de Arauca, y un delegado de Invías con
capacidad de decisión y de obligar a la entidad, La demandante Personería
de Puerto Rondón,El (sic) presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda La Esmeralda; (y). Quienes (sic) al momento de cada convocatoria
ocupen los cargos de Defensor del Pueblo-Regional Arauca y Procurador
Regional de Arauca; el Comité tendrá la función de comprobar el
cumplimiento de la sentencia, hacer el seguimiento a lo ordenado e informar
sobre las decisiones y acciones que se adopten y ejecuten. […]

QUINTO: DECLARAR que no hay condena en costas. […]”.

III. Fundamentos del recurso de apelación

27. El departamento de Arauca, mediante correo electrónico de 2 de agosto de
202322, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia tras considerar
que no vulneró el derecho colectivo objeto de amparo y, por el contrario, ese ente
territorial adelantó las acciones de su competencia exigibles para corregir la
problemática. Explicó que la vía donde se pretende construir el puente es de tercer
orden y, en consecuencia, su mantenimiento, sostenibilidad e intervención es
competencia del municipio de Puerto Rondón.

28. Aunado a ello, señaló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres podría participar en la solución de la problemática por las siguientes
razones:

“[…] no se puede desconocer que por el principio de subsidiaridad otras
instituciones pueden apoyar, es por ello, y atendiendo la necesidad que se tiene
al respecto el Gobernador actual solicitó la instalación de puentes militares, para
atender situaciones de emergencia por interrupción de comunicación rurales de

22
Expediente Samai, Tribunal Administrativo de Arauca, índice 105, documento denominado
“173_RECEPCIONMEMORIAL_169REC1(.pdf) NroActua 105”.

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Demandante: Personería de Puerto Rondón

los municipios de Puerto Rondón, Cravo Norte, Arauquita, Arauca y Tame a la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, lo radicado a través de
correo electrónico del 22 de marzo del 2023, del cual la misma no ha brindado
respuesta alguna. […]”.

29. Mencionó que el INVÍAS es el llamado a realizar el mantenimiento de la red vial
terciaria, junto con el municipio de Pueblo Rondón, según lo dispuesto en la
sentencia del Consejo de Estado de 28 de febrero de 2019, y en las Leyes 105 de
1993 y 1551 de 6 de julio de 201223.

30. Finalmente, el recurrente solicitó, de forma subsidiaria, la ampliación de los
plazos para cumplir las órdenes de amparo.

IV. Trámite en segunda instancia

31. Mediante auto de 11 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Arauca
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por el
departamento de Arauca24.

32. Esta autoridad judicial, a través de auto de 16 de febrero de 202425, admitió el
recurso de apelación y advirtió a los sujetos procesales que no había lugar a dar
traslado para alegar de conclusión. También informó al Ministerio Público que se
encontraba habilitado para emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara
al despacho para emitir sentencia.

33. Mediante memorial de 21 de febrero de 202426, la Personería de Puerto
Rondón insistió en que el departamento de Arauca debe participar en el
cumplimiento de las órdenes, debido a que el presupuesto de ese municipio de
sexta categoría es insuficiente para financiar las obras. Además, solicitó que la
orden de amparo se extienda al “[…] Departamento Nacional de Planeación -DNP,
para que una vez el Departamento de Arauca y el Municipio de Puerto Rondón
realicen el proyecto con sus respectivos estudios técnicos y financieros, y sean
radicados ante esa entidad se le ordene priorizarlos […]”.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

34. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201927, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia los recursos

23
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
24
Expediente Samai, Tribunal Administrativo de Arauca, índice 115, documento denominado
“182_AUTORESUELVECONCESIONRECURSOAPELACION(.pdf) NroActua 115”.
25
Ibidem, índice 4, documento denominado “8AUTOQUEADMITEADMITE2022000980001PERSONERIADEPUERTO
RENDONADMITERECURSOVFPDF(.pdf) NroActua 4”.
26
Ibidem, índice 12.
27
“Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado”.

10

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Demandante: Personería de Puerto Rondón

de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones
populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

35. La Personería de Puerto Rondón atribuyó al municipio de Puerto Rondón, al
departamento de Arauca, a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, a
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Vías, la
transgresión de los derechos colectivos previstos en los literales g), h) y l) del
artículo 4.º de la Ley 472 y de los derechos […] de la población indígena
ASPEJENAS al retorno […]” y a la “[…] infraestructura pública vial o de transporte
terrestre en condiciones de seguridad […]”, debido a las deficientes condiciones
estructurales del puente “El arrecostón”, ubicado sobre el río Cravo.

36. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Arauca, autoridad judicial que amparó el derecho colectivo al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna,
transgredido por el municipio de Puerto Rondón y el departamento de Arauca. El
tribunal ordenó a ambas entidades territoriales que construyeran un nuevo puente
vehicular, con el apoyo del Invias y de Corporinoquía, antes del 31 de julio de 2024.

37. El departamento de Arauca, inconforme con la anterior decisión, interpuso
recurso de apelación. En la alzada, afirmó que: i) el municipio de Puerto Rondón
es la entidad responsable de cumplir con la orden de rehabilitación y/o
reconstrucción del puente “El Arrecostón”; ii) la recuperación de esa infraestructura
también corresponde al INVÍAS, conforme a lo establecido en la ley y en la
jurisprudencia del Consejo de Estado; iii) la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres debe participar en el cumplimiento de las órdenes de
amparo; y iv) el plazo dispuesto para cumplir las instrucciones judiciales no es
suficiente ni proporcional.

38. En ese orden, corresponde a la Sala determinar si los cuatro (4) argumentos de
oposición expuestos en la alzada cuentan con vocación de prosperidad.

V.2.1. La responsabilidad del departamento de Arauca y del municipio de
Puerto Rondón en el caso concreto

39. El departamento de Arauca afirmó en el primer planteamiento que el municipio
de Puerto Rondón es la entidad responsable de cumplir con la orden de
rehabilitación y/o reconstrucción del puente “El Arrecostón”. Señaló que el
departamento no vulneró el derecho colectivo objeto de amparo y, por el contrario,
adelantó las acciones de su competencia exigibles para corregir la problemática.

40. Para resolver el planteamiento, cabe recordar que las vías que conforman el
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional, según lo dispuesto en el

11

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artículo 1.º de la Ley 1228 de 16 de julio de 200828, “[…] podrán corresponder a
carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los
municipios […]”.

41. Los artículos 1929 y 2030 de la Ley 105 de 1993 precisaron que a la Nación y a
las entidades territoriales les compete la construcción, la conservación y la
planeación de todos los componentes de la infraestructura de transporte de su
propiedad. El artículo 15 de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 201331 advirtió
que “[…] [t]odos los bienes y servicios que se deriven del desarrollo del proyecto
serán de propiedad, uso, explotación y administración de la Nación o entidad
territorial según corresponda. […]”32.

42. La misma norma definió la infraestructura del transporte como el sistema de
movilidad “[…] integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y
aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y
control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las
personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes
zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la
calidad de la vida de los ciudadanos […]”.

43. Dicha infraestructura se caracteriza “[…] por ser inteligente, eficiente,
multimodal, segura [33], de acceso a todas las personas y carga, ambientalmente
sostenible, adaptada al cambio climático y vulnerabilidad, con acciones de
mitigación y está destinada a facilitar y hacer posible el transporte en todos sus
modos […]”34. Además, está integrada, entre otros, por “[…] los puentes […] de las
vías terrestres […]”35.

44. Esto significa que la "propiedad" de las vías, en principio, trae consigo la
responsabilidad de apropiar, en el nivel respectivo, los recursos presupuestales
requeridos para su conservación, rehabilitación y mantenimiento. Así lo señala el
artículo 19 de la Ley 105 de 1993:

28
“Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema
vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”. Ley
desarrollada por el Decreto 2976 de 6 de agosto de 2010.
29
“Artículo 19.- Construcción y conservación. Corresponde a la Nación y a las Entidades Territoriales la construcción y la
conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley”.
30
“Artículo 20.- Planeación e identificación de propiedades de la infraestructura de transporte. Corresponde al Ministerio de
Transporte, a las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades
Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su
conservación y construcción. […]”.
31
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […]. Artículo 1o. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a la infraestructura del
transporte”.
32
Artículo 15, inciso tercero.
33
“Artículo 8o. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes principios, bajo los cuales se planeará y
desarrollará la infraestructura del transporte: […].
Seguridad. La infraestructura de transporte que se construya en el país deberá atender a criterios y estándares de
calidad, oportunidad, seguridad y la visión de cero muertes en accidentes, para cualquier modo de transporte.
Esta seguridad involucra las acciones de prevención o minimización de accidentes de tránsito y las encaminadas a proveer
la información de las medidas que deben adoptarse para minimizar las consecuencias de un accidente al momento de su
ocurrencia. […]”. [Resalta la Sala].
34
Artículo 3.º.
35
Artículo 4.º, numerales 1.º, 10.º y 11.

12

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“[…] Artículo 19. Constitución y conservación. Corresponde a la Nación y a
las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada
uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la
presente Ley […]”.

45. El artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200136 y el numeral 23 del
artículo 3.° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6.° de la Ley 1551 de
2012, también reiteran que el primer responsable del mantenimiento y
rehabilitación de los puentes del orden terciario es el municipio cuando funge
como propietario de las respectivas vías.

46. Aun así, se debe considerar que los principios de solidaridad, coordinación,
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad perfeccionan el régimen de
competencias del sector transporte, especialmente, cuando se demuestra la
incapacidad financiera del ente territorial para gestionar los riesgos viales. La
Constitución Política, en su artículo 288, contempló que “[…] las competencias
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley […]”.

47.El régimen legal de gestión de riesgos prevé, en los artículos 13 y 14 de la Ley
1523 de 24 de abril de 201237, una acción articulada entre los municipios y los
departamentos que es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 13. Los Gobernadores en el Sistema Nacional. Los
gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia de
orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de
desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del
Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de
desastres en el ámbito de su competencia territorial. (…)

Parágrafo 2°. Los gobernadores y la administración departamental son
la instancia de coordinación de los municipios que existen en su
territorio. En consecuencia, están a cargo de las competencias de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los
municipios de su departamento.

Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes
de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y
el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el
responsable directo de la implementación de los procesos de gestión
del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la
reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).

48. Cabe recordar que la Ley 1523 organizó el Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres (SGRD), a través de un enfoque de corresponsabilidad en el

36
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
37
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

13

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que “[…] la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los
habitantes del territorio colombiano […]”38. Dicha característica implica que los
municipios y departamentos comparten el deber de prevenir las amenazas
naturales y antrópicas.

49. La Ley 1523 define la prevención como el conjunto de “[…] medidas y acciones
de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de
evitar que se genere riesgo […]”. La prevención contempla la identificación, el
análisis y la evaluación de los factores de riesgo, así como la implementación de
medidas de intervención sobre las condiciones de amenaza y vulnerabilidad.

50. Los municipios y los departamentos se encargan entonces de identificar los
riesgos, examinar sus causas y gestionar las amenazas presentes en la
infraestructura vial, de manera coordinada, complementaria, concurrente y
subsidiaria. Ese actuar articulado busca tanto el aprovechamiento de los recursos
disponibles, como el apoyo mutuo en la consecución de los fines del Estado.

51. Se debe considerar que la Sección Primera del Consejo de Estado en la
sentencia de 1.° de febrero de 202439, al resolver un caso con similares supuestos
fácticos, advirtió que, “[…] por expresa disposición constitucional y legal, el
MUNICIPIO es el garante de los derechos colectivos vulnerados y, en virtud de los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, también lo es el
DEPARTAMENTO […]”.

52.La citada providencia reconoció que ambas autoridades eran responsables de
gestionar la situación de riesgo que culminó con el colapso de un puente peatonal
del nivel terciario que no fue objeto de acciones oportunas de mantenimiento, por
las siguientes razones:

“[…] en el presente asunto, el principal responsable de la vulneración de los
derechos colectivos invocados es el MUNICIPIO, a quien le compete, no solo
propugnar por la construcción del puente, sino también adelantar las acciones
que sean necesarias para la gestión del riesgo en la zona, pues como se
advirtió en precedencia, el colapso del puente ocurrió por una creciente del
río. (…)

De igual manera y de conformidad con la normativa expuesta, el
DEPARTAMENTO también resulta responsable en el asunto sub
examine, en virtud de los principios coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva que le asiste en materia de gestión del riesgo
frente a los municipios de su territorio, pues las acciones emprendidas
para solucionar la problemática, tales como la participación en las diversas
reuniones con la comunidad en las que se ha comprometido en la
consecución de recursos, no son suficientes para la garantía de los derechos
conculcados, cuya transgresión persiste, razón por la que la Sala revocará el

38
El numeral 11 del artículo 4° de la norma ibidem definió la gestión del riesgo como “el proceso social de planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de
una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse
y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y
reconstrucción”.
39
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 52001-23-33-000-2019-00337-01, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.

14

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numeral primero de la sentencia apelada, en el que se declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. […]”. (Negrilla fuera
del texto).

53. Del extracto jurisprudencial se deduce que los municipios y los departamentos
tienen la obligación de actuar de manera articulada para corregir las amenazas
viales más graves, porque el colapso de la infraestructura vial no solo puede
afectar a los habitantes que residen en el sector aledaño, sino que impacta social,
ambiental y económicamente a los usuarios del departamento que utilizan la vía
para acceder a servicios básicos, comercio, educación y salud, entre otros.

54.En esta tipología de escenarios el desarrollo de las obras de mitigación y
corrección de los riesgos puede implicar una inversión significativa de recursos
públicos, que supera la capacidad financiera de los municipios, especialmente de
aquellos de sexta categoría. Por lo tanto, se requiere de la participación y el apoyo
del departamento, que cuenta con recursos propios y que puede gestionar ante la
Nación la cofinanciación de este tipo de proyectos, según el artículo 360 de la
Constitución Política.

55. Bajo este marco normativo y jurisprudencial, al descender en el caso concreto
se observa que la Secretaría de Infraestructura Física del departamento de Arauca
tuvo conocimiento en febrero de 2017 del alto nivel de riesgo de la infraestructura
de propiedad del municipio, con ocasión del documento diagnóstico del contrato
de consultoría núm. 617 de 201640, denominado “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
PUENTE ARRECOSTON SOBRE EL RÍO CRAVO MUNICIPIO DE PUERTO
RONDÓN Y EL PUENTE CABUYARE SOBRE EL CAÑO CABUYARE EN EL
MUNICIPIO DE ARAUCA”.

56.El informeelaborado en el mes de febrero de 2017, por los ingenieros del
Consorcio Arrecostón y Cabuyare, en su parte introductoria señala que:

“[…] En el departamento de Arauca se requiere la construcción de un puente
que comunica los municipios de Puerto Rondón y Arauca sobre el rio Cravo el
cual unido a la ausencia de estudios, lleva a la necesidad imperiosa de
comenzar con el desarrollo de programas y proyectos que redunde a la
construcción del puente y por ende eleve el nivel de vida de los
habitantes del departamento.

Para lo cual la Gobernación de Arauca adelantó la Licitación Pública No
CM-05-27-2016, cuyo objeto es realizar los ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
PUENTE ARRECOSTON SOBRE EL RIO CRAVO MUNICIPIO DE PUERTO
RONDON Y EL PUENTE CABUYARE SOBRE EL CAÑO CABUYARE EN
EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Adjudicando
al CONSORCIO ARRECOSTÓN Y CABUYARE, mediante CONTRATO DE
CONSULTORÍA No. 617/2016. […]”. (Negrilla fuera del texto).

57.El documento registra el compromiso de la Gobernación con el desarrollo de
esa infraestructura, así:

40
Expediente Samai, Tribunal Administrativo de Arauca, índice 90, documento denominado
“149_RECEPCIONMEMORIAL_MEMORIAL_145ALCALDIAPUERTORON(.pdf) NroActua 90”.

15

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“[…] La gobernación de Arauca busca mejorar la condición de vida de las
comunidades y la posibilidad de comercializar productos y enceres para
el sustento de las comunidades de habitan las diferentes veredas del
municipio de Puerto Rondón.

La gobernación de Arauca consciente de esta necesidad y con el
conocimiento de la necesidad de mejorar la condición de vida de las
comunidades, ya que con la construcción de este nuevo puente se
garantiza mayor facilidad de acceso a servicios de educación, transporte
y salud, propiciando una mejor actividad económica.

Es por esta razón que la gobernación de Arauca busca realizar esta obra
estructural para mejorar la red vial que comunica las zonas veredales
con el casco urbano del municipio de Puerto Rondón. […]”. (Negrilla fuera
del texto).

58.También explica que esa obra beneficia a todo el departamento por las
siguientes razones:

“[…] Con la realización de los estudios y diseños para la construcción del
nuevo puente sobre el rio Cravo se busca mejorar, desarrollar optimizar la
infraestructura vial del departamento de Arauca.

Se debe anotar que la Gobernación busca atraer inversión productiva, así
se debe garantizar condiciones de infraestructura básicas que hagan
competitiva la inversión en esta región. Por tal razón la construcción del
puente vehicular beneficia a la población en general debido a que se mejora
la infraestructura vial, y en especial las carreteras, que son de significativa
importancia en el crecimiento y desarrollo de una región debido a que la
mayoría de los productos de consumo se movilizan por carretera; por
esto el mejorar la malla vial aumenta la capacidad de transporte de insumos y
productos agrícolas, pecuarios e industriales que generaran ingresos para los
habitantes de la región. (…)

Con la construcción del puente proyectado, se ofrece una solución técnica
y socio económico eficaz para el adecuado desarrollo del área que se
verá beneficiada con este proyecto generando así una mejor movilidad
en la vía de la verada la Esmeralda; se hace necesario implementar una
adecuada red vial con los requerimientos y especificaciones exigidas.

El municipio cuenta con una población total de 3844 habitantes según
proyección del DANE para el año 2015, es importante resaltar que el mejorar
la comunicación del área urbana del municipio de Puerto Rondón con la
vereda la Esmeralda, Pailon, el Palmar en la vía que comunica con la
cabecera municipal ayuda al mejoramiento de la malla vial, con lo que se
logra aumentar las condiciones de vida de la población y la movilidad de
la red vial, al llevar a cabo la demolición y posterior construcción del puente
ayudaría positivamente en el proceso de adecuación y cambios en los que se
está tratando de implementar diseños de ingeniería, que como resultado se
espera den un mejor desarrollo vial.

En conclusión, todos estos problemas de la malla vial y su infraestructura,
aunque previsibles, se ven reflejados en muchos aspectos en la calidad de
vida de todos los Rondoneños que entre muchos casos les afecta sus
tiempos de desplazamiento de un lugar a otro. […]”. (Negrilla fuera del texto).

59. Lassiguientes imágenes ilustran el mal estado del puente denominado “El
Arrecostón”:

16

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Vista aérea del puente existente sobre el río Cravo Vista de la sección del río Cravo donde se construirá el
nuevo puente vehicular.

Vista general del estado actual del puente Arrecostón Estado de las cerchas de apoyo que funcionaron como
sobre el río Cravo, donde se observa la deformación de las vigas longitudinales y transversales, las cuales por el
láminas existentes y el material arcilloso presente en los constante uso y falta de mantenimiento llevaron a las
accesos al puente. barras de acero de refuerzo a deflectar.

60. El documento expresamente reconoce que: i) el puente está “[…] a punto de
colapsar […]”; ii) “[…] se observa la deformación de las láminas existentes y el
material arcilloso presente en los accesos al puente […]”; y iii) se evidencia el mal
“[…] estado de las cerchas de apoyo que funcionaron como vigas longitudinales y
transversales, las cuales por el constante uso y falta de mantenimiento llevaron a
las barras de acero de refuerzo a deflectar […]”.

61. Cabe agregar que el informe final de la consultoría de 29 de agosto de 201741
da cuenta del “[…] Levantamiento Topográfico, Estudio de Hidrología, Estudios de
Suelos, Estudio Estructural, Manual de Mantenimiento y Operación, Plan de
Manejo Ambiental, Especificaciones, Presupuesto de Cantidades, Programación,
Flujo de Inversión, MGA […]” de la obra proyectada. En el contexto de tales
estudios se seleccionó la “[…] la alternativa 3: Puente en viga de alma llena con
apoyo intermedio […]”, cuya ejecución planteó el siguiente presupuesto total:

41
Expediente digital de primera instancia núm. 81001233900020220009800, índice 92, documento denominado
“153_RECEPCIONMEMORIAL_MEMORIAL_LINKDEANEXOSALLEG(.pdf) NroActua 92”.

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62. En el plenario también obra el oficio núm. 20210800001950-1 de 11 de mayo de
202142, a través del cual la Alcaldía de Puerto Rondón radicó ante la Gobernación
de Arauca el proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR
EN CONCRETO SOBRE EL RIO CRAVO EN LA VEREDA LA ESMERALDA DEL
MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

63. El documento diagnóstico de ese proyecto describió cuál era la problemática
existente, cuáles son las generalidades económicas y geológicas del área de
influencia del puente y cuáles son las alternativas de construcción43. Se señaló
que los habitantes de Puerto Rondón solo cuentan con una vía de acceso para
llegar al municipio de Tame, razón por la que la comunidad no puede movilizarse
cuando se presentan condiciones climáticas adversas.

64. Se precisó que esa vía comunica el casco urbano con las veredas El Palón, El
Progreso, La esmeralda, Normandía, El Musiu, las Acacias, El Paisaje y El
Palmar. A pesar de ello, el puente “[…] se encuentra en pésimas condiciones, a
punto de colapsar […]” y presenta los siguientes riesgos:

“[...] Debido a la característica de este puente, los rondoneños y campesinos
del sector se ven imposibilitados de poder acceder a sus propiedades y el
desplazamiento hacia otros municipios con sus ciclomotores debido a que
este no cuenta con la capacidad para el paso de vehículos de carga o
pasajeros, lo que imposibilita a su vez el transporte de sus productos
especialmente de ganadería y agricultura , hacia el casco urbano de Puerto
Rondón y hacia los otros municipios del Departamento, actualmente se cruza
en bestias de carga o nadando cuando el tiempo lo permite o algunos
arriesgando su vida lo hacen por el puente a punto de colapsar, lo que
genera elevados tiempos y costos de transporte, pérdidas de cosechas,
interrupción de las actividades socioeconómicas de la comunidad, disminución
de atención médica, educativa a la población y baja calidad de vida de los
habitantes; situación que se agrava ante la falta de vías que conecten los
sectores.

Estas comunidades cuya fuente de vida es la agricultura y la ganadería
se encuentran con la dificultad de comercializar sus productos agrícolas
y ganaderos, razón por la cual, en ocasiones deben perder producciones
completas debido a que no alcanzan a extraer los productos cosechados por
la ausencia del Puente sobre el Río Cravo.

Es por ello la necesidad urgente de brindar a estas comunidades rurales
y al Municipio de Puerto Rondón la posibilidad de tener un puente con la
capacidad suficiente para mejorar las condiciones de transitabilidad,
dándoles la posibilidad de aumentar la comercialización agrícola y ganadera
además de mejorar las condiciones de transporte de los estudiantes y demás
que atraviesan el rio, de esta manera acortando las distancias de viaje a la
capital Araucana y mejorando su calidad de vida. Por lo cual es imprescindible

42
Ibídem, índice 92, documento denominado “152_RECEPCIONMEMORIAL_MEMORIAL_147DEPARTAMENTOARAUC
(.pdf) NroActua 92”.
43
Ibídem, índice 90, documento denominado “149_RECEPCIONMEMORIAL_MEMORIAL_145ALCALDIAPUERTORON
(.pdf) NroActua 90”, folios 18 y ss.

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que se mejoren las relaciones de movilidad entre las aisladas zonas del
municipio, mediante la rehabilitación de los ejes viales proyectados en el
casco urbano del municipio [...]”. (Negrilla fuera del texto).

65. Lo dicho encuentra apoyo en el siguiente registro fotográfico:

66. El documento de la Secretaría de Planeación e Infraestructura propuso como
alternativa “[...] la construcción de un puente vehicular en concreto que permita
comunicar los centros poblados de la vereda la Esmeralda [...]” y, posteriormente,
presentó las siguientes conclusiones:

“[...] • Se debe construir un puente de mejor estructura y capacidad sobre
el rio Cravo que permita el paso constante del tráfico vehicular.
• Para realizar la construcción del puente sobre el rio Cravo se debe tener en
cuenta una reubicación, esto debido a la contante socavación del actual.
• Se debe mejorar y garantizar los accesos al puente a construir con sus
adecuadas pendientes y taludes instalándoles grama que le permita evitar la
erosión debido a las lluvias en invierno.
• Al realizar esta obra se mejora la movilidad y conectividad vial del municipio
de Puerto Rondón, hacia los demás municipio (sic) del departamento, de igual
manera se mejora la calidad de vida de los campesinos y ganaderos de la
zona de influencia directa del proyecto [...]”.

67. El mismo proyecto contiene un análisis de riesgos que es del siguiente tenor:

“[...] En la visita preliminar realizada para la elaboración de este informe se
pudo observar que actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo
servicio en la vía, debido al mal estado del Puente que se encuentra ubicado
en la vereda la esmeralda sobre el rio Cravo, encontrándose en pésimas
condiciones y a punto de colapsar, este corredor vial terciario, es una

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alternativa de salida de los rondoneños hacia la capital de Arauca y los
otros municipios circunvecinos debido al mal estado del puente (…).

Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando
disminución del acceso a los sectores afectados. Así como también
daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público,
ocasionando mayores costos de movilización y operación de los
vehículos.

Debido a la característica de este puente, los rondoneños y campesinos del
sector se ven imposibilitados de poder acceder a sus propiedades y el
desplazamiento hacia otros municipios con sus ciclomotores debido a
que este no cuenta con la capacidad para el paso de vehículos de carga
o pasajeros, lo que imposibilita a su vez el transporte de sus productos
especialmente de ganadería y agricultura, hacia el casco urbano de puerto
Rondón y hacia los otros municipios del departamento, actualmente se cruza
en bestias de carga o nadando cuando el tiempo lo permite o algunos
arriesgando su vida lo hacen por el puente a punto de colapsar, lo que
genera elevados tiempos y costos de transporte, pérdidas de cosechas,
interrupción de las actividades socioeconómicas de la comunidad,
disminución de atención médica, educativa a la población y baja calidad
de vida de los habitantes; situación que se agrava ante la falta de vías que
conecten los sector.

Además de reducirse el tiempo de recorrido entre destinos, el puente
construido contribuye a que los productores de plátano, ganado y leche de la
zona puedan comercializarlos con mayor facilidad en los cascos urbanos de
varios municipios.

Argumentos Técnicos

Desde el punto de vista técnico, es necesaria la ejecución del proyecto puesto
que existe la necesidad de mejorar el estado actual del Sector de La Vereda
la Esmeralda, con el ánimo de generar mayores posibilidades del
desarrollo socioeconómico del sector garantizando la movilidad. Así
mismo, con la construcción del puente se mejorará la transitabilidad de esta
vía importante para el municipio de Puerto Rondón.

Argumentos Económicos

Con la ejecución de este proyecto se impulsará el desarrollo en el sector,
con la ejecución de alternativas económicamente factibles para que la
comunidad que habita en esta zona mejore la movilidad y transitabilidad entre
el sector rural del Municipios de Puerto Rondón.

Argumentos Ambientales y Sociales

Con la implementación de este proyecto se logrará mejorar las condiciones
ambientales del entorno, ya que las obras de arte y drenaje permitirán darle
un manejo adecuado a las aguas provenientes de las fuertes lluvias que
causan aguas estancadas generadoras de focos de contaminación. Por otro
lado, durante la ejecución de los trabajos se tendrá presente cuidado con la
protección y conservación del ecosistema buscando un equilibrio para
generar los impactos mínimos negativos sobre el medio ambiente.

En cuanto a los argumentos sociales, la población de este sector
conformada directamente por los habitantes de la zona rural del
Municipio de Puerto Rondón se beneficiaría, lo cual sin lugar a dudas
mejorará la calidad de vida de estas personas, ya que facilita la

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Demandante: Personería de Puerto Rondón

movilidad y transitabilidad de los habitantes logrando desplazarse con
mayor rapidez entre municipios. [...]”. (Negrilla fuera del texto).

68. Adicionalmente, el anexo denominado “[...] FORMATO DOCUMENTO
TÉCNICO PROYECTO DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL Y SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS [...]” de 14 de mayo de 2021, indica que el valor de ese
proyecto es el siguiente:

69. Nótese además que la apoderada del departamento de Arauca, en respuesta al
requerimiento probatorio realizado por el a quo mediante auto de 11 de abril de
2023, aportó el 3 de mayo de 2023 las siguientes fotografías sobre el estado del
puente44:

44
Ibídem, índice 92, documento denominado “152_RECEPCIONMEMORIAL_MEMORIAL_147DEPARTAMENTOARAUC
(.pdf) NroActua 92”, ruta de acceso: “Anexos 20220098.zip”, carpeta denominada “Juridica 81 001 23 39 000 2022 00098
00”, carpeta “Proyecto Altenativo Puente Rio Cravo - Puerto Rondón”, “REGISTRO FOTOGRAF”.

21

Radicación: 81-001-2339-000-2022-00098-01
Demandante: Personería de Puerto Rondón

70.Este proyecto no reposa en el banco de programas y proyectos del
departamento, tal como lo certificó la Secretaría de Planeación del departamento
de Arauca, mediante oficio de 13 de abril de 202345, de esta forma:

“[...] una vez revisadas y analizadas las bases de datos de esta dependencia,
el proyecto en mención; se identifica que este no ha sido objeto de
registro por parte del banco de programas y proyectos del Departamento
de Arauca[...]”, pese a que sí “[...] se encuentra registrado en plataforma
SUIFP-T, como se evidencia en el pantallazo anexo [...]”. (Negrilla fuera del
texto).

71. En el mismo comunicado, la Secretaría de Planeación del departamento
recomendó trasladar el asunto a la Secretaría de Infraestructura Física para que
resolviera sobre la viabilidad técnica, la actualización del proyecto y la inscripción
en el banco de programas y proyectos, a fin de considerarlo elegible para la
asignación de recursos.

72. Finalmente, en el plenario se demostró que el gobernador encargado del
departamento de Arauca, mediante oficio de 13 de marzo de 2023, presentó la
siguiente solicitud ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres:

“[...] Por medio de la presente y con el propósito de prevenir la interrupción de
comunicación vía terrestre de las comunidades rurales de los municipios de
Puerto Rondón, Cravo Norte, Arauquita, Arauca y Tame; respetuosamente
solicito evaluar la posibilidad de gestionar la instalación de tres puentes
militares sobre los siguientes corredores viales:
1. Carretera: Santo Domingo - La Esmeralda Puente Arrecostón (Rio
Cravo)
Longitud= 50 metros
Coordenadas: 6° 27 11.76" N 71° 7' 1.46" 0
Población Afectada: 99.951 Habitantes
El puente existente se encuentra en condiciones de inestabilidad elevados,
generando riesgo a quienes por allí cruzan; adicionalmente este sector ha
sido objeto de alteraciones de orden público, siendo la principal necesidad
para las comunidades allí asentadas, una solución más segura para el
cruce de esta arteria vial; sobre esta carretera se benefician veredas de los
municipios de Puerto Rondón, Arauquita y Tame. (…)

Por lo anterior, solicito incorporar dentro de los planes de mitigación de
riesgos, la gestión dirigida a la colocación de tres puentes militares para
brindar una solución de esta delicada situación de transitabilidad de las
comunidades allí afectadas. [...]”46. (Negrilla fuera del texto).

73. Conforme al registro fotográfico y a la prueba documental, la Sala observa que
el recurrente desplegó algunas actividades administrativas en materia
presupuestal, contractual y operativa, a fin de complementar la gestión del
municipio en materia de prevención de riesgos. El departamento de Arauca

45
Ibídem, página 6.
46
Ibídem, índice 92, documento denominado “152_RECEPCIONMEMORIAL_MEMORIAL_147DEPARTAMENTOARAUC
(.pdf) NroActua 92”, ruta de acceso: “Anexos 20220098.zip”, carpeta denominada “Juridica 81 001 23 39 000 2022 00098
00”, subcarpeta “4. Gestiones Realizadas para un Puente Nuevo”.

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celebró el contrato de consultoría núm. 617 de 2016, y requirió el apoyo de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el mismo propósito.

74. Sin embargo, se advierte que las labores ejecutadas por ambos entes
territoriales están incompletas frente a las pretensiones de la demanda y a las
necesidades del puente acreditadas en las demás pruebas obrantes en el acervo.
Dicha infraestructura se encuentra en un estado precario y presenta un alto riesgo
de accidentalidad para los transeúntes. Además, el paso en la vía se inunda, en
épocas de lluvia.

75. Sin duda alguna, el riesgo cierto e inminente de accidentalidad para los
peatones y motociclistas, constituye una circunstancia que no solo vulnera el
derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, sino que transgrede el derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente.

76. Para la Sala, es claro que el departamento de Arauca valoró las condiciones
críticas del puente y el grave riesgo en que se encuentra la población desde el año
2017. Aun así, desde el momento en que se rindió el “Informe final consultoría
puente Arrecostón” (2017) y la época en que el departamento requirió el apoyo de
la UNGRD (13 de marzo de 2023), transcurrieron, aproximadamente, seis años.

77. En conclusión, el municipio y el departamento deben actuar articuladamente
para corregir esa amenaza vial y evitar un desastre originado en el mal
funcionamiento de la infraestructura de transporte, porque tienen
responsabilidades compartidas en la garantía de los derechos colectivos de los
habitantes de la región, y se trata de una situación que demanda la cooperación y
la solidaridad entre los diferentes niveles territoriales. De ahí que el planteamiento
no prospera y resulta pertinente modificar el ordinal primero de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia para amparar igualmente el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

V.2.2. La responsabilidad del Invias en el caso concreto

78. El apelante sostuvo en segundo lugar que el INVÍAS debe realizar el
mantenimiento del puente “El arrecostón”, junto con el municipio, según lo
dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 1551 de 2013, y en la sentencia de 28 de
febrero de 201947, proferida por el Consejo de Estado.

79. En dicha providencia, la Sección Primera de esta corporación judicial consideró
que el INVÍAS, conforme al Decreto 2056 de 24 de julio de 200348, tiene “[...] bajo
su cuidado, entre otras, las vías terciarias no concesionadas frente a las cuales
debe ejecutar los planes y políticas tendientes a la construcción, reconstrucción,
mejoramiento, rehabilitación, conservación y demás obras que estas requieran, así

47
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, radicación: 15001313300420130000101,
demandante: Dora Cecilia Suarez Borda.
48
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vias, Invias, y se dictan otras disposiciones”.

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como velar por la debida ejecución de los planes y proyectos que se aprueben, ya
sea que se realicen de manera directa o a través de otras entidades mediante la
respectiva contratación [...]”.

80. También se precisó que, en ese caso, las pruebas acreditaban que la vía
cuestionada no era veredal, pues según el mapa cartográfico digital de la red
terciaria y férrea del INVÍAS, el tramo vial aún estaba a cargo de la Nación.

81. Más adelante, en la sentencia de 23 de julio de 202149, esta Sección prohijó el
mismo criterio y consideró que el INVIAS es responsable del mantenimiento de la
red terciaria cuando en el proceso se demuestra que la Nación no surtió con el
municipio el proceso de transferencia exigido por la ley.

82. El artículo 1.° del Decreto 1292 de 14 de octubre de 202150, reitera que el
Invias tiene “[...] como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus
infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados
por el Ministerio de Transporte [...]” (negrilla fuera del texto). Sin embargo, esa
facultad solo se extiende a los tramos que aún hacen parte del inventario nacional,
en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta Sección.

83. Aun así, este hecho no modifica la competencia genérica que detenta esa
institución de “[...] asesorar y prestar apoyo técnico, así como en la ejecución de
proyectos a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados
encargados de la construcción, mantenimiento y atención de infraestructuras a su
cargo, cuando ellas lo soliciten, se cuente con recursos o se acuerde con eI
INVIAS [...]”51 (negrilla fuera del texto).

84. En virtud de aquella facultad, el Documento CONPES 3857 de 25 de abril de
201652 estableció una política pública con el objeto de apoyar a los municipios en
el financiamiento, gestión y mantenimiento de la red vial terciaria de su
competencia. El CONPES 3857 reconoció la importancia estratégica de esa red
para el desarrollo rural, la inclusión social, la seguridad alimentaria y la
construcción de paz. Por ello, propuso un modelo de priorización de vías
municipales que serían objeto de cofinanciación por parte de la Nación, conforme
a las siguientes pautas:

“[...] Para la recuperación y rehabilitación de las vías en regular y mal estado,
y teniendo en cuenta que estas intervenciones pueden ser costosas y
complejas, se optimizarán los recursos disponibles priorizando los
tramos que se intervendrán. Esta priorización se hará con el uso de criterios
que permitan calificar para cada segmento vial su dimensión espacial

49
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 13001-23-33-000-2018-
00715-01 (AP), actor: AMAURY PUELLO MERCADO.
50
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías – INVIAS”.
51
Artículo 2.°, numeral 2.5, ibidem.
52
“LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA RED TERCIARIA”.

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(cuarenta puntos), económica (veinticinco puntos) y social (treinta y cinco
puntos).

La calificación de estos criterios se realizará por parte de las entidades
territoriales y con el acompañamiento y revisión del DNP. Así mismo, se
basarán en la información suministrada por los respectivos ministerios, el
DNP, el DANE, y las entidades del orden nacional y territorial. La aplicación de
esta metodología permitirá asignarle un puntaje a cada una de las vías y se
considerarán vías de alta prioridad aquellas que obtengan un puntaje igual al
mayor puntaje del percentil 67 dentro del municipio. De igual forma se
consideran de prioridad baja aquellas que estén por debajo del percentil 33
dentro de la clasificación del municipio. Las demás se considerarán de
prioridad media. Una vez conocida la relación de vías de cada categoría de
prioridad, el alcalde en coordinación con la participación de la
comunidad definirá el orden de intervención de las vías catalogadas en
cada prioridad. Estos deberán tener en cuenta que las vías clasificadas
como de alta prioridad accederán a mayores montos de cofinanciaciones
por parte de la Nación, de acuerdo con las condiciones que se explican
en la siguiente sección. [...]”. (Negrilla fuera del texto).

85. En cuanto al modelo de cofinanciación, se explicó que:

“[...] 5.3.4. Modelo de cofinanciación
A pesar del aumento de las inversiones durante los últimos años, se reconoce
un importante retraso en las intervenciones que requiere la red terciaria.
Llevar esta red a buen estado representa un reto económico para el país que
debe ser abordado de manera articulada por todos los niveles de gobierno.
Con el fin de aunar esfuerzos y focalizar los recursos en los municipios
con mayores rezagos económicos y sociales, se proponen reglas de
cofinanciación que reconozcan tanto las necesidades como la
capacidad fiscal de cada municipio. Tal cofinanciación podrá realizarla
cualquier entidad del Gobierno nacional39 para lo cual se adelantarán los
convenios correspondientes con miras a la adecuada ejecución de los
proyectos. Conforme a lo anterior, atendiendo la autonomía presupuestal
prevista en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, se plantean
cuatro variables para determinar el porcentaje máximo de cofinanciación:
entorno de desarrollo del municipio, longitud de las vías, mantenimiento
garantizado de las vías, prioridad de las vías y utilización de proyectos tipo.
La suma de todos los porcentajes les permitirá a los municipios con mayores
necesidades contar con un máximo de cofinanciación de la nación de hasta
85% en función de los recursos disponibles en el PGN. En el caso de los
municipios de paz, identificados por la Presidencia de la República como los
más afectados por el conflicto, la nación podrá cofinanciar hasta el 100%
(Tabla 5). [...]”. (Negrilla fuera del texto).

86. Todo esto significa que el Invías tiene a su cargo las vías nacionales de orden
terciario no concesionadas que no surtieron el procedimiento de transferencia a
otras entidades territoriales. Además, la misma entidad puede asesorar, prestar
apoyo técnico y ejecutar proyectos de la red vial de los municipios cuando “[...]
cuente con recursos o se acuerde con eI INVIAS [...]”, previo requerimiento del
respectivo ente territorial.

87. Ahora bien, al consultar la página web del INVÍAS53, según el mapa de la red
terciaria y férrea del departamento de Arauca cuya última actualización se realizó

53
https://www.invias.gov.co/images/mapas/03_arauca_casanare.jpg

25

Radicación: 81-001-2339-000-2022-00098-01
Demandante: Personería de Puerto Rondón

el 25 enero 2018, se corroboró que el tramo aquí cuestionado no hace parte de la
red de propiedad de la Nación:

88. En línea con lo anterior, el alcalde municipal de Puerto Rondón, en el oficio de 9
de noviembre de 2022, certificó lo siguiente:

“[...] Que la vía terciaria a intervenir con el proyecto denominado:
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE EL RIO
CRAVO EN LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO
RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*, son COMPETENCIA del
MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN en tal sentido MUNICIPIO DE PUERTO
RONDÓN autoriza a la Gobernación de Arauca la intervención a realizar con
este proyecto. [...]”. (Negrilla fuera del texto).

89. La Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio, mediante
certificado de la misma fecha, aclaró que:

“[...] Que el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE EL RIO CRAVO EN LA VEREDA LA
ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA", no es un proyecto que incluya vías Primarias, por lo tanto,
no requiere certificado en el que conste que la vía está acorde con el Plan de
Adaptación al Cambio Climático de la red vial primaria de Colombia. [...]”.

“[...] El proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN
CONCRETO SOBRE EL RIO CRAVO EN LA VEREDA LA ESMERALDA DEL
MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN. DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Ubicado en la Vereda La Esmeralda, sector Marreros, área rural del Municipio
de Puerto Rondón, se encuentra en concordancia con el Plan de
Desarrollo del Municipio de puerto Rondón 2020-2023. "Construyendo
Territorio".

[...]”. (Negrilla fuera del texto).

90. Aunado a ello, la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio,
mediante certificado de 9 de noviembre de 2022, precisó que la obra cuestionada
se priorizó mediante la metodología señalada en el CONPES 3857. Veamos:

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Radicación: 81-001-2339-000-2022-00098-01
Demandante: Personería de Puerto Rondón

“[...] Que la vía terciaria a intervenir con el proyecto denominado:
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE EL
RIO CRAVO EN LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO
RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" fue priorizada mediante la
metodología señalada en el CONPES 3857 y el Plan Vial Municipal de
Puerto Rondón. [...]”.

91. El material probatorio demuestra así que el tribunal de primera instancia acertó
cuando consideró que el INVIAS no era responsable de la transgresión del
derecho colectivo amparado y, sin embargo, le impuso la siguiente orden en el
marco de sus competencias complementarias:

“[...] 2.3. El Invías podrá participar en razón de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad del artículo 288, C.Po (sic) en la elaboración de
estudios y diseños y en la financiación de las obras que se ejecutarán. [...]”.

92. En consecuencia, los reproches estudiados en este acápite, contra la sentencia
de primera instancia, no prosperan.

V.2.3. La improcedencia del argumento relacionado con la participación de la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre

93. En el recurso de apelación, el apoderado judicial del departamento de Arauca
afirmó que esa entidad “[...] no es quien debe responder (…), siendo competencia
del INVIAS, LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
y del MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN [...]”. Al respecto, explicó lo siguiente:

“[…] no se puede desconocer que por el principio de subsidiaridad otras
instituciones pueden apoyar, es por ello, y atendiendo la necesidad que se tiene
al respecto el Gobernador actual solicitó la instalación de puentes militares, para
atender situaciones de emergencia por interrupción de comunicación rurales de
los municipios de Puerto Rondón, Cravo Norte, Arauquita, Arauca y Tame a la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, lo radicado a través de
correo electrónico del 22 de marzo del 2023, del cual la misma no ha brindado
respuesta alguna. […]”.

94. Frente al planteamiento, es importante recordar que la demanda interpuesta en
ejercicio de la acción popular, de conformidad con los preceptos normativos de la
Ley 472, se dirige contra los sujetos identificados por el accionante como
presuntos responsables del hecho u omisión que la motiva. En este medio de
control, el juez tiene la obligación de integrar adecuadamente el extremo pasivo de
la litis, para así garantizar el derecho al debido proceso de las personas que
intervienen en el debate judicial, y de aquellas que pueden verse cobijadas por los
efectos de la sentencia.

95. Sobre este punto, el artículo 14 de la Ley 472 aclara lo siguiente:

“[…] ARTICULO 14. PERSONAS CONTRA QUIENES SE DIRIGE LA
ACCION. La Acción Popular se dirigirá contra el particular, persona natural o
jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que
amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. En caso de existir

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Demandante: Personería de Puerto Rondón

la vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables,
corresponderá al juez determinarlos. […]”. (Negrilla fuera del texto).

96. Elinciso final del artículo 18 ibidem reitera la facultad del juez de primera
instancia de citar a otros presuntos responsables de la vulneración o amenaza
colectiva, antes de resolver de fondo la litis, aún en el evento en que esas
autoridades o particulares no hayan sido individualizadas por el actor popular en el
escrito de la demanda.

97. En el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Arauca profirió sentencia el
12 de mayo de 2023, sin que el departamento hubiese solicitado durante el
transcurso de la primera instancia la comparecencia al proceso de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Cabe reconocer, además, que
esa entidad no es un litisconsorte necesario por pasiva, en los términos del
artículo 61 del Código General del Proceso, norma que señala:

“[…] Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio.
Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de
los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse
de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la
comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que
intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o
dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la
demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para
integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia
dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez
dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición
de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y
concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se
suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el
juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a
los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en
litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure
en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de
dicho litisconsorcio. […]”. (Negrilla fuera del texto).

98. Esta figura procesal impone la obligación de incluir en un juicio a las partes
indispensables para que el juez pueda resolver el conflicto, esto es, aquellos
sujetos cuya ausencia impide adoptar una decisión de fondo que respete el
derecho de contradicción y de defensa.

99. La Sala no desconoce que, según la Ley 1523 de 2012, el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo está conformado por la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, los consejos departamentales, distritales y municipales para
la gestión del riesgo de desastres, y los comités locales para la prevención y
atención de desastres, entre otros. Estos órganos deben actuar de manera

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coordinada, concurrente y subsidiaria, según los principios establecidos en el
artículo 7.° de la misma ley.

100. En todo caso, en el plenario se demostró que la falta de mantenimiento
preventivo y los problemas de articulación de las entidades territoriales
demandadas originaron la problemática colectiva. Además, es una realidad que
los procesos judiciales relacionados con la prevención de riesgos se pueden
resolver sin que concurran todos los integrantes del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo porque cada entidad cuenta con competencias diferenciadas.

101. Esta Sección54 y la Corte Constitucional pacíficamente han sostenido que,
cuando el juez popular no vincula de oficio a otros sujetos que son litisconsortes
facultativos o cuasi necesarios, tal omisión no impacta la validez del proceso
judicial. La materialización del derecho al acceso a la administración de justicia
implica reconocer que los derechos colectivos están en cabeza de todos los
administrados, y no por eso, el juez tendrá que llamar a comparecer a todas las
personas que puedan resultar cobijadas (positiva o negativamente) por los efectos
de las decisiones.

102. Concretamente, el máximo Tribunal Constitucional en la sentencia T-646 de
2003 precisó que “[...] la comparecencia de litisconsortes simplemente voluntarios
no cuenta para (viciar) la validez de los litigios […]” de las acciones populares.
Agregó que “[...] no es exacto considerar, que de la comparecencia de todos los
agentes contaminantes, a las distintas acciones populares, pende el
restablecimiento del derecho a gozar de un ambiente sano, dado que la realidad
indica que frente a la confluencia de emisiones tal exigencia prolongaría los
litigios indefinidamente, comprometiendo, por consiguiente, los derechos e
intereses colectivos y el acceso a la justicia de los afectados (artículos 88,
228 y 230 C.P.) […]”.

103. Siguiendo esa línea, la Sala resolvió en la sentencia de 1.° de febrero de
202455, un caso en el que responsabilizó al municipio de Ipiales y al departamento
de Nariño por la transgresión de “[...] los derechos colectivos al goce del espacio
público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, el acceso a la
infraestructura pública y el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente […]”, atribuible al colapso de un puente perteneciente a
una vía terciaria, sin que la participación de la UNGRD resultara necesaria en ese
análisis.

104. Como se explicó en el acápite V.2.1. de esta providencia, en el marco del
SNGRD, las alcaldías y las gobernaciones son las directas responsables de
activar los procesos de conocimiento y gestión del riesgo. En consecuencia, la

54
Al respecto ver, entre otras, la sentencia de 14 de diciembre de 2022, con radicado 76001-23-33-000-2017-01795-01,
demandantes Fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos –Fundacolectivos (en liquidación) y Juan Carlos
Echeverry Narváez.
55
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 52001-23-33-000-2019-00337-01, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.

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Demandante: Personería de Puerto Rondón

presencia de la Unidad no cambiaba esa competencia principal establecida por la
Ley para los entes territoriales.

105. Se aclara que este criterio no significa que la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres no pueda coadyuvar el cumplimiento de las órdenes en el
marco de sus competencias legales y reglamentarias. Por el contrario, esta
decisión implica que frente a dicha institución no opera el fenómeno de cosa
juzgada en el evento en que en otro proceso se demuestre que participó en la
transgresión de los derechos colectivos vulnerados por la situación fáctica descrita
en la causa petendi.

106. Sin duda alguna el hecho de que la Gobernación de Arauca no haya
procurado la vinculación de la Unidad al proceso, no obsta para que, en sede
administrativa y apelando al principio constitucional de intermediación, acuda a
esa entidad con el fin de activar sus competencias y aunar más esfuerzos para
remediar la situación de riesgo inminente del puente. Lo anterior, en consideración
a que la Unidad ya tiene conocimiento de la necesidad de adoptar una medida
transitoria de carácter urgente (puente militar), en atención al riesgo de colapso del
puente y a que las obras de amparo definitivas deben observar el principio de
planeación.

107. Por ello, la solicitud de integración del litisconsorcio, además de carecer de
fundamento probatorio, resulta improcedente dado que el juez de primera
instancia integró de forma adecuada el contradictorio.

V.2.4. La insuficiencia de los plazos previstos para el cumplimiento de las
órdenes de amparo

108. De forma subsidiaria, el apelante puso de presente que “[...] el termino dado
para cumplir dicho fallo es muy corto para atender las medidas sobre todo por el
tema presupuestal, máxime cuando dicha sentencia fue notificada culminando el
mes de julio del 2023 […]”.

109. A efectos de resolver, se pone de presente que los plazos de cumplimiento
dispuestos en la orden cuestionada son del siguiente tenor:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR en consecuencia, y para hacer efectivo el amparo
del derecho colectivo vulnerado, conforme se expuso:

2.1. El Municipio de Puerto Rondón y el Departamento de Arauca, de manera
coordinada ejecutarán la construcción real, cierta e idónea de un nuevo puente
de tipo vehicular sobre el río Cravo en la vereda La Esmeralda, sector
Marrero. Para la realización del proyecto definitivo y la asignación de
recursos presupuestales, dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de
2023, teniendo en cuenta que en el segundo semestre de este año se
produce el trámite del presupuesto para la vigencia 2024; y para la
construcción del nuevo puente, se les establece como fecha límite para su
ejecución completa y puesta en funcionamiento en condiciones de
idoneidad, eficiencia y seguridad, el 31 de julio de 2024.

30

Radicación: 81-001-2339-000-2022-00098-01
Demandante: Personería de Puerto Rondón

Con tal objeto y en lo que corresponda, pondrán en acción inmediata a sus
ordenadores del gasto y a los órganos colectivos respectivos (Concejo
Municipal, Asamblea Departamental), para adoptar y actualizar los planes,
estudios, proyectos, diseños y programas, asignar y utilizar los recursos
presupuestales, y efectuar los trámites de contratación que se requieran.

Los aportes que se requieran se harán en términos de razonabilidad y
proporcionalidad, en un 40% por el Municipio de Puerto Rondón y el 60% por
el Departamento de Arauca, inversiones a su cargo que podrán sustituir con la
obtención de recursos de otras fuentes públicas o privadas y de
cofinanciación. La responsabilidad de dirigir la coordinación y ejecución de
actividades se radica en el Alcalde de Puerto Rondón.

El cumplimiento de las órdenes que se imparten, para efecto de su debida
responsabilidad y también para aplicar sanciones en caso de desacato, se
asignan en cabeza de sus respectivos representantes legales, esto es, el Alcalde
de Puerto Rondón y el Gobernador de Arauca. […]”. (Negrilla fuera del texto).

110. Como puede apreciarse el a quo confirió hasta el 31 de diciembre de 2023 para
el desarrollo de la fase de planeación de la obra, y hasta el 31 de julio de 2024 para
su ejecución. Esos lapsos no responden a los tiempos razonables establecidos por
esta Sección en el antecedente de 1.° de febrero de 2024. Por ello, la Sala
modificará el numeral 2.1. del ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia de 12 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Arauca, el cual quedará así:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR el cumplimiento de las siguientes medidas
de amparo de los derechos colectivos transgredidos:

2.1. El municipio de Puerto Rondón, dentro de los 15 días siguientes a
la notificación de la presente providencia, si no lo ha hecho, adoptará
las medidas técnicas transitorias que estime pertinentes para mitigar
los factores de riesgo más graves presentes en el puente “El
Arrecostón”, las cuales estarán vigentes mientras se adopta una
medida definitiva para corregir la problemática.

El municipio de Puerto Rondón, en coordinación con el departamento
de Arauca, y en el término de tres (3) meses siguientes a la notificación
de la presente sentencia, actualizarán los estudios técnicos y diseños
necesarios para adelantar la construcción del referido puente.

En caso de que ambas entidades ya hayan adelantado los
mencionados estudios, el municipio de Puerto Rondón, en coordinación
con el departamento de Arauca, deberán adelantar todas las acciones
necesarias para que se lleve a cabo el proceso de cont ratación que
permitirá la construcción del puente sobre el rio Cravo para lo cual,
tendrán un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia. La obra deberá ejecutarse en el
término de un año, contado a partir de la suscripción del contrato que
tenga dicho fin.

En el evento que, durante la ejecución de la sentencia, se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el tribunal, en
el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las deci siones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, en atención a lo
ordenado en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998. […]”.

31

Radicación: 81-001-2339-000-2022-00098-01
Demandante: Personería de Puerto Rondón

111. Finalmente, la Sala modificará el ordinal cuarto de la providencia recurrida en
el sentido de ordenar la conformación del comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia en los términos establecidos en el artículo 34 de la Ley 472 de
1998. Y, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del
Código General del Proceso, no se condenará en costas en esta instancia,
atendiendo el criterio sostenido en la providencia de 6 de agosto de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida,
el cual quedará así:

“[…] PRIMERO: DECLARAR que el municipio de Puerto Rondón y el
departamento de Arauca quebrantaron los derechos colectivos al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente. […]”.

SEGUNDO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, el numeral 2.1. del ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia recurrida, el cual quedará así:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR el cumplimiento de las siguientes medidas
de amparo de los derechos colectivos transgredidos:

2.1. El municipio de Puerto Rondón, dentro de los 15 días siguientes a
la notificación de la presente providencia, si no lo ha hecho, adoptará
las medidas técnicas transitorias que estime pertinentes para mitigar
los factores de riesgo más graves presentes en el puente “El
Arrecostón”, las cuales estarán vigentes mientras se adopta una
medida definitiva para corregir la problemática.

El municipio de Puerto Rondón, en coordinación con el departa mento
de Arauca, y en el término de tres (3) meses siguientes a la notificación
de la presente sentencia, actualizarán los estudios técnicos y diseños
necesarios para adelantar la construcción del referido puente.

En caso de que ambas entidades ya hayan adelantado los
mencionados estudios, el municipio de Puerto Rondón, en coordinación
con el departamento de Arauca, deberán adelantar todas las acciones
necesarias para que se lleve a cabo el proceso de contratación que
permitirá la construcción del puente sobre el rio Cravo para lo cual,
tendrán un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia. La obra deberá ejecutarse en el
término de un año, contado a partir de la suscripción del contrato que
tenga dicho fin.

En el evento que, durante la ejecución de la sentencia, s e observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el tribunal, en

32

Radicación: 81-001-2339-000-2022-00098-01
Demandante: Personería de Puerto Rondón

el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, en atención a lo
ordenado en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998. […]”.

TERCERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida,
el cual quedará así:

“[…] CUARTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento
de esta providencia, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo de
Arauca, a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá-; por la parte
demandante; por un representante del municipio de Puerto Rondón; por un
representante del departamento de Arauca; por un representante del Instituto
Nacional de Vías, por un representante de la Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía (Corporinoquía) y por el agente del Ministerio Público. […]”.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 12 de mayo de 2023
por el Tribunal Administrativo de Arauca.

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.

SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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