Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-31-000-2016-01076-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-31-000-2016-01076-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-31-000-2016-01076-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-31-000-2016-01076-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO.
Actores: JESÚS EVELIO ORTEGA OLAYA Y OTROS.
TESIS: APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ÁREA FORESTAL
PROTECTORA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. COMPETENCIA DE
LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA ADELANTAR INVESTIGACIÓN
SANCIONATORIA POR USO DE PESTICIDAS.
DERECHOS COLECTIVOS: GOCE AL AMBIENTE SANO, AL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO, A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, A LA
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y A LA PREVENCIÓN
DE DESASTRES.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados de la sociedad SMURFIT KAPPA CARTÓN COLOMBIA
S.A.1 y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA2, contra la sentencia de 29 de enero de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda4
1 En adelante Cartón de Colombia S.A.
2 En adelante CVC.
3 En adelante el Tribunal
4 Visible a folios 1 a 45 del cuaderno 1.
2
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Actores: JESÚS EVELIO ORTEGA OLAYA Y OTROS.
El ciudadano JESÚS EVELIO ORTEGA OLAYA, en nombre propio y
en condición de Presidente y Representante Legal de la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA RED RURAL DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA, -ACUAPALTRES5-, y los señores
MARÍA ISABEL SALDARRIAGA MUÑOZ, SEGUNDO ISAACS
ÑAÑEZ CABRERA y MARLEN RAMÍREZ DÍAZ, miembros de la
junta directiva de dicha asociación, instauraron acción popular contra
la CVC, el MUNICIPIO DE RESTREPO6, CARTÓN DE COLOMBIA
S.A. y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE7, en defensa de los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad
pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, al acceso al agua potable, a la salud y a la
vida.
En el escrito de la demanda, los actores manifestaron que la acción
fue coadyuvada por los señores Roberto Vargas, Segundo Cerón,
José Martín Erazo, Alonso Vargas, Víctor Ocampo, Antonio Córdoba,
Santiago Castillo, Misael Gómez, Rosaura Torres, Guillermo Soto,
Clara Inés Berrio, Carlos Andrés Barbosa, Amparo Cerón, Angélica
María Mosquera, Álvaro Cayapu, Jorge Armando Borda, Víctor Vidal,
5 En adelante ACUAPALTRES
6 En adelante el Municipio
7 En adelante MinAmbiente
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Herney Diaz Dorado y Omar Arenas, integrantes del Consejo de
Delegados de ACUAPALTRES.
De igual forma, manifestaron que 901 personas que residen en el
Municipio de Restrepo, relacionadas a folios 51 a 86 del expediente,
coadyuvan el amparo invocado.
I.2. Hechos
Explicaron que mediante la Resolución núm. DRP 000153 de 1o. de
noviembre de 20028, la CVC otorgó concesión de aguas de uso
público a ACUAPALTRES por un término de 10 años para
proporcionar acceso al agua potable a las comunidades de las
veredas Las Palmas y Tres Puertas, mediante la creación de una red
de distribución del agua captada en las quebradas Sinaí y La Tobón-
Calimita, lapso durante el cual el reparto del líquido se extendió a las
veredas Buen Vivir, Colegurre, Monterredondo, Chontaduro, El
Agrado y Ventaquemada.
Aseguraron que la concesión en mención permitía el
aprovechamiento de las fuentes de las quebradas La Tobón-Calimita
y Sinaí en cantidades de 77.58% y 46.42% de los caudales en los
sitios de captación del nacimiento de las citadas quebradas,
respectivamente.
8
“Por la cual se otorga una concesión de aguas de uso público”.
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Manifestaron que vencida la concesión solicitaron su renovación, la
cual fue denegada por la autoridad ambiental porque el agua no era
apta para consumo humano dada la alta concentración de materia
sólida (turbiedad), principalmente, en la quebrada Sinaí, conforme el
concepto de autorización sanitaria de la Unidad Ejecutora de
Saneamiento Ambiental9.
En su criterio, lo anterior obedece a la explotación irracional que
realiza CARTÓN DE COLOMBIA S.A. en las áreas de nacimiento de
las aguas que surten los acueductos veredales del Municipio, toda
vez que planta coníferas en zonas protectoras, que son especies
depredadoras de la vegetación circundante y, además, emplea
herbicidas.
Indicaron que la UES conceptuó que el agua no es apta para el
consumo humano porque en épocas de cosecha, la tala de las
coníferas destroza la vegetación nativa y ocasiona la caída de agua
enlodada en las quebradas y las vuelve turbias, razón por la que
consideran que mientras persista la actividad realizada por CARTÓN
DE COLOMBIA S.A. en las microcuencas Sinaí y La Tobón-Calimita,
no habrá un concepto favorable para la renovación de la concesión
de aguas.
9 En adelante el UES
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Afirmaron que el Concejo Municipal de Restrepo y la CVC han
adelantado diferentes actuaciones administrativas relacionadas con
la actividad desarrollada por la multinacional desde tiempo atrás.
Señalaron que la CVC, mediante Resolución núm. 0760 No. 0761-
000657 13 de noviembre de 201510, impuso medida preventiva a
CARTÓN DE COLOMBIA S.A. consistente en la “[…] suspensión
inmediata de todo tipo de aprovechamiento forestal, de bosque
plantado, y bosque natural dentro de la zona forestal protectora de
las microcuencas el Sinaí y Calmita jurisdicción del Municipio de
Restrepo, Departamento del Valle del Cauca […]”, por encontrar que
plantó más de 500 hectáreas de especies de pino y eucalipto en la
parte alta de la microcuenca El Sinaí, las cuales ocupan la zona de
protección hídrica de aguas que son empleadas para el uso de
acueductos rurales con fines domésticos, determinación que, en su
criterio, es irrisoria y contraviene lo previsto en los artículos 3° y 4°
del Decreto 1449 de 27 de junio de 197711.
Mencionaron que dos miembros12 de ACUAPALTRES, un
funcionario13 de la UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA14
y dos ingenieros15 de CARTÓN COLOMBIA S.A., a principios del año
2013, realizaron visita a los bosques que proveían de agua a la
10
“Por la cual se impone una medida preventiva a la firma SMURFITH KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA
S.A. con NIT […]”. Documento visible a folio 103 del cuaderno 1.
11
“Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número
135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974.”
12
Señores Leonel Fernández y José Florentino Urrego Urrea, vicepresidente y fontanero,
respectivamente.
13
Carlos Medina,
14
En adelante UMATA, Carlos Medina,
15
Roberto Duque y Davidson Rivera.
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bocatoma de la quebrada La Tobón-Calimita, y ante la disminución
de casi la totalidad del caudal, por sugerencia de los profesionales,
captaron agua 500 metros más abajo de la asignada a la Quebrada
el Sinaí, en la cual se construyó una “cortina” que iba a ser empleada
para embalsar pequeñas porciones del recurso y recuperar el aforo
perdido en la original, a fin de beneficiar a la comunidad. No
obstante, la CVC ordenó demoler y retirar la obra por falta de los
permisos correspondientes.
Concluyeron que la CVC no ha impuesto a CARTÓN DE COLOMBIA
S.A. una sanción contundente y definitiva como responsable de la
problemática de desabastecimiento de las aguas de las quebradas
Sinaí y La Tobón-Calimita.
I.3. Pretensiones
Los actores además de la protección de los derechos colectivos
invocados como vulnerados solicitaron lo siguiente:
“[…] 1- DECLARAR que SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA
S.A. ha infringido las normas ambientales de protección de las
fuentes hídricas en la microcuenca de las quebradas Sinaí y
Calimita, conforme se ha demostrado ampliamente en las
argumentaciones procedentes.
2- DECLARAR que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA –CVC- ha incumplido sus obligaciones como
máximo ente de control ambiental en relación con la protección de
la microcuenca de las quebradas Sinaí y Calimita resultando con
ello coparticipe de las infracciones ambientales cometidas por la
empresa explotadora económica forestal SMURFIT KAPPA CARTÓN
DE COLOMBIA S.A. y por ello corresponsable en las medidas de
prevención, saneamiento e indemnización que sean proferidas.
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3- ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA –CVC- que adelante proceso sancionatorio
contra SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA S.A. por las
infracciones ambientales detalladas, teniendo como probadas
dichas infracciones en el adelantamiento de este trámite,
resultando por lo tanto que dicho proceso sancionatorio
corresponda a la imposición de las multas y sanciones que sean
correspondientes.
4- ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA –CVC- que establezca un procedimiento del
control permanente y periódico sobre las actividades de
explotación económica forestal realizadas por SMURFIT KAPPA
CARTÓN DE COLOMBIA S.A. en la microcuenca de las quebradas
Sinaí y Calimita, con una periodicidad que no debe ser inferior a
tres (03) meses de intervalo entre visitas de inspección y
verificación, que deben estar documentadas y comunicadas a la
comunidad que se sirve de esas fuentes de agua y al Personero
Municipal de Restrepo Valle, en su condición de Veedor Ambiental,
estableciendo como obligatorio que el explotador económico de los
recursos forestales informe a la comunidad, mediante notificación
a la autoridad ambiental, al Alcalde Municipal y al Personero
Municipal, con una antelación no menor a tres (03) meses, de la
programación de cosecha de su explotación forestal, para que las
autoridades puedan programar las medidas de control y vigilancia
del respeto a las normas ambientales en dicho período.
5- ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA –CVC- que dentro de las medidas protectoras
que se determinen con ocasión del proceso sancionatorio que
adelante contra SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA S.A. por
las infracciones ambientales cometidas por esta empresa en la
microcuenca de las quebradas Sinaí y Calimita se determine:
5.1- DEFINIR LAS ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA de la
microcuenca de las quebradas Sinaí y Calimita (100 metros
circundantes al nacimiento y 30 metros a ambos lados del cauce)
mediante el cercado de las mismas, a costas del infractor,
remplazando en esas zonas los pinos y eucaliptos que estén
sembrados, con especies nativas, estas amables con la protección
de las fuentes hídricas.
5.2 De ser posible, mediante el uso de los recursos previsto en la
normativa ambiental, ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC- LA ADQUISICIÓN DE
DICHA ZONA DE PROTECCIÓN HIDRICA, para sustraerla del
dominio privado, pasando a ser un bien público y por lo tanto
inalienable e imprescriptible, garantizando de esta manera la
permanencia de dicha fuente hídrica.
5.3- como quiera que la explotación económica forestal de
SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA S.A. es la causante de la
mala calidad del agua captada en la microcuenca de las quebradas
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Sinaí y Calimita, ORDENAR, a costa del infractor, como parte de
la INDEMNIZACIÓN POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA
COMUNIDAD, la construcción de la infraestructura necesaria para
que las aguas captadas en esas fuentes hídricas puedan alcanzar
la calidad de “aptas para consumo humano” tales como: tanques
de sedimentación, desarenadores, filtros de potabilización, etc.,
conforme sean definidos por la UNIDAD EJECUTORA DE
SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA -UES-.
5.4- Que el infractor de normas ambientales SMURFIT KAPPA
CARTÓN DE COLOMBIA S.A., RESTABLEZCA EL CAUCE
NATURAL de la microcuenca de las quebradas Sinaí y Calimita,
interrumpido por la construcción de una carretera que lo atraviesa,
impidiendo el flujo natural de las aguas del nacimiento, para lo cual
deberá destruir completamente el terraplén que ha construido,
disponiendo de los materiales y escombros resultantes de manera
que no causen ninguna afectación del flujo natural de las aguas
provenientes del nacimiento de agua existente.
5.5- Que se prohíba al infractor de las normas ambientales el uso
de herbicidas sistémicos (matamalezas) en las áreas circundantes
de la zona de protección hídrica de la microcuenca de las quebradas
Sinaí y Calimita.
5.6- QUE IMPONGA LAS SANCIONES tanto pecuniarias como
materiales a SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA S.A. por las
infracciones ambientales cometidas en la microcuenca de las
quebradas Sinaí y Calimita.
6. CONDENAR al infractor de normas ambientales SMURFIT KAPPA
CARTÓN DE COLOMBIA S.A. y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC- a INDEMINZAR A LA
COMUNIDAD usuaria de la microcuenca de las quebradas Sinaí y
Calimita, por los perjuicios en la salud y la dignidad humana,
perjuicios morales tasados en la suma de cien (100) salarios
mínimos mensuales legales vigentes para cada una de las personas
de la comunidad afectada por las conductas antijurídicas tanto del
actor: SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA S.A. como ente
consentidos de la conducta ilícita: CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC-, cuantía que es el límite
establecido como razonable por el Honorable Consejo de Estado.
7- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Restrepo Valle, COMO
INDEMNIZACIÓN A LA COMUNIDAD POR SU FALTA DE GESTIÓN Y
CONTROL, priorizar planes de financiación de saneamiento básico
no existente en las veredas afectas. Así como ordenar mayor
control y eficiencia de los procesos educativos ambientales en
cuanto a establecer mecanismos permanentes para dar a conocer
a la población y estudiantes de esta situación, para que todos se
conviertan en veedores ciudadanos actuales y futuros. SMURFIT
KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA S.A. y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC- se mantienen
en el tiempo las personas no (sic).
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8- CONDENAR EN COSTAS a los demandados para que reintegren
los gastos en que se deba incurrir en la procura de la protección de
los derechos fundamentales de nuestra comunidad.
9- COMPULSAR COPIAS a las autoridades jurisdiccionales
competentes, para que se investiguen las conductas antijurídicas,
incluso de índole penal y administrativo cometidas tanto por la
acción de SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA S.A. como por
la omisión de deberes legales de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC- […]”.
I.4. Defensa16
I.4.1.- La CVC indicó que en ejercicio de sus funciones legales y
constitucionales como autoridad ambiental ha exigido a CARTÓN DE
COLOMBIA S.A. el cabal cumplimiento de las normas ambientales,
previstas en la Ley 99 de 22 de diciembre de 199317 y demás
complementarias, respecto de las cuales relacionó las siguientes
actuaciones:
-. Mediante Oficio MRVSISP1797/2015 de 10 de septiembre de 2015,
la Secretaría de Infraestructura del MUNICIPIO le comunicó que la
sociedad accionada estaba afectando un nacimiento de agua del que
se surtía el acueducto de la vereda Román, razón por la cual el 21 de
octubre de ese año, uno de sus técnicos operativos, adscrito a la
Unidad de Gestión de Cuenca Dagua, radicó el informe de visita
ocular núm. 56381, en el que advirtió que en la parte alta de la
16
Se precisa que la acción fue admitida por el a quo en auto de 18 de agosto de 2016, que ordenó
notificar a la CVC, al Municipio, a Cartón de Colombia y al MinAMbiente, entidad que interpuso el recuso
de reposición porque no se acreditó respecto de aquel el agotamiento del requisito de procedibilidad
previsto en el artículo 144 del CPACA, el cual fue resuelto el 10 de febrero de 2017, en el sentido de
rechazar la demanda frente a esa cartera ministerial.
17
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
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microcuenca El Sinaí había una plantación de más de 500 hectáreas
de especies de pino y eucalipto de la empresa CARTÓN DE
COLOMBIA S.A., que ocupaba la zona de protección hídrica utilizada
para el uso de acueductos rurales con uso doméstico.
-. Mediante la Resolución núm. 0760 No. 0761-000657 de 13 de
noviembre de 2015, impuso medida preventiva a CARTÓN DE
COLOMBIA S.A., consistente en la suspensión inmediata de todo
tipo de aprovechamiento forestal de bosque plantado y bosque
natural dentro de la zona forestal protectora de las microcuencas el
Sinaí y Calimita.
-. El 7 de marzo de 2015, realizó visita a la zona en mención en la
que constató el incumplimiento por parte de la accionada, pues
encontró el aprovechamiento forestal de bosque plantado dentro de
la margen de protección forestal de las microcuencas El Sinaí y
Calimita.
-. Mediante Auto núm. 0760-0761 No. 048 de 18 de agosto de 2016,
ordenó la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental en
contra de CARTÓN DE COLOMBIA S.A., que está en curso.
Explicó que no participa en la ejecución de obras de infraestructura,
sino que se limita al seguimiento de éstas dentro de los parámetros
técnicos fijados y aprobados para su desarrollo; y propuso como
excepciones las denominadas: “inexistencia de los hechos, acciones
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y omisiones que motivan la acción”, “cumplimiento de los deberes
constitucionales y legales por parte de la CVC”, “inexistencia de
responsabilidad por parte de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca” y “excepción de la naturaleza genérica” 18.
I.4.2.- CARTÓN DE COLOMBIA S.A. indicó que el acueducto en
mención fue construido en el año 1977 por el Comité Departamental
de Cafeteros del Valle del Cauca, para abastecer 150 usuarios,
sistema para el cual la CVC le otorgó a ACUAPALTRES concesión de
aguas a través de la Resolución DRP-000153 de 1o. de noviembre de
2002, por un término de 10 años, para el uso doméstico de 412
viviendas, con un promedio de 2.060 habitantes.
Indicó que la UES a través de Acta núm. 4430 de 2000, determinó
que la calidad de agua del acueducto no era apta para el consumo
humano.
Señaló que el Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, zona Tuluá,
mediante concepto técnico de 2 de agosto de 2002, solicitó cambiar
de sitio de captación para el acueducto ACUAPALTRES de la cota
1525 a la 1672.2 del mismo predio, traslado que representó una
menor área de captación y un caudal inferior, conforme consta en el
Acta núm. 53 del Concejo Municipal.
18 Visible a folios 351 a 359 del cuaderno 2.
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Agregó que la CVC constató que en la bocatoma construida en la cota
1672.2, se captaba el 90% del caudal que ofrece la fuente, respecto
de la cual solo se autorizó el 46.425%, que no presentaba sistema
de reparto y que el caudal remanente es por efecto de filtraciones,
cuyo uso principal es doméstico, riego de cultivos y abrevadero para
ganado.
Señaló que la CVC mediante comunicado 0761-102-2015 de agosto
de 2015, informó a ACUAPALTRES que debía renovar la concesión
por vencimiento de la otorgada y por el aumento de la cobertura del
acueducto19.
En cuanto a la localización de la zona de captación explicó que el
acueducto ACUAPALTRES está conformado por dos bocatomas y
dos desarenadores que llevan el agua desde las quebradas La Tobón
y Sinaí; la conducción desde el primer torrente y la red de
distribución funciona como acueducto antiguo y el encausamiento de
éste, desde la segunda fuente hasta el tanque de abastecimiento, es
de 4 pulgadas y de 6 kilómetros aproximadamente.
Sostuvo que a pesar de que la hidrografía del Municipio se
distribuye en: i) las sub-cuencas de la quebrada La Virgen, Bajo
19
Años
1977 2002 2006 2007 2016 2016
No. 150 412 400 437 540 620
suscriptores
No. 900 2060 1800 1900 270
beneficiarios
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Dagua, Río Zabaletas, Río Grande y la zona de Río Bravo, siendo las
tres últimas las principales, ii) 30 microcuencas, y iii) 36 nacimientos,
fuentes que abastecen 26 acueductos en todo el territorio, hay déficit
en la oferta hídrica, problemática que se incrementa por la falta de
conservación y la deforestación causada por sistemas productivos
pecuarios, entre otros.
Agregó que tal deficiencia también obedece a la relación de la oferta
y demanda del recurso, pues al momento de la creación del
acueducto las necesidades de distribución eran para una población
menor de la actual, si se tiene en cuenta que la concesión se otorgó
para consumo doméstico, no obstante, se diversificó para riego y
otras actividades que desbordan el sistema inicial.
Adujo que según el Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT del
MUNICIPIO, la potencialidad de usos del suelo es de vocación
forestal, supuesto que, en su criterio, evidencia que existe déficit de
cobertura del servicio de acueducto en la zona rural, así como un
inadecuado sistema de abastecimiento de agua.
Propuso como excepciones las denominadas: “Inexistencia de
prueba de daño”, “ausencia de daño, vulneración o peligro del
derecho colectivo alegado”, “improcedencia de la acción
popular por carencia de objeto, falta de elementos
constitutivos para demandar” y “genérica”, frente a las cuales
sostuvo que los actores no demostraron el daño alegado; no se
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configura ninguno de los elementos constitutivos de la acción
popular, en especial el relacionado con el daño contingente, peligro
o vulneración de derechos colectivos; ni existe incumplimiento,
acción u omisión que le sea atribuible como causa de la presunta
afectación o amenaza, respectivamente.
Respecto de la responsabilidad de la vulneración de los derechos
colectivos invocados como amenazados y/o violados indicó que son
múltiples los factores que afectan al suministro del recurso hídrico,
los cuales van desde el cambio climático que incide directamente en
los niveles de las corrientes hídricas, hasta en el tratamiento de las
aguas residuales, la oferta y la demanda para la cual fue concebido
el acueducto y la calidad del agua, cuyas causas escapan a cualquier
responsabilidad que le pueda ser atribuible.
Adujo que según lo previsto en la Ley 101 de 23 de diciembre de
199320, la actividad forestal que desarrolla en los predios de su
propiedad, es catalogada como agrícola, la cual fue registrada en los
términos del Decreto 1498 de 7 de mayo de 200821, trámite respecto
del cual acreditó los requisitos exigidos en la Resolución 000182 de
5 de junio de 200822, modificada por la Resolución 000240 de 18 de
20
“Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero”.
21
“Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2° de la
Ley 139 de 1994”.
22
“Por medio de la cual se fija el procedimiento y los requisitos para el registro de los sistemas
agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales y se adopta el formato para la movilización”.
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julio de ese año23, que culminó con concepto favorable de registro
por parte del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-.
Explicó que el área relacionada en la acción popular comprende su
predio, denominado Sinaí, y el cultivo en la finca agrícola “El Sinaí”,
de propiedad de una familia de apellido Borrero, con quien tiene un
contrato de cuentas en participación.
Adujo que en el predio de su propiedad el área plantada en el año
2016 fue de 10 Has, que equivalen a un 20% del área total del
predio; el área conservada de bosque natural es del 9% que
corresponde a 4.9 Has; y de pastos y otros usos es del 2%, esto
es, 0.9Has; mientras que en la propiedad de la familia Borrero hay
una plantación forestal de 47% del área total que corresponde a
24.5Has; de bosque natural 21% del área total, que es de 10.7Has;
y otros usos y pastos 0.5Has que corresponden al 1%.
Aseguró que el uso total de los dos predios que se benefician de la
microcuenca del Sinaí existe un 67% equivalente a cultivos
forestales, un 30% de bosque natural y un 3% que tiene otro usos o
pastos.
Manifestó que el porcentaje en bosque natural supera el 10%, que
erróneamente se equipara en la demanda a cobertura forestal, dado
que las plantaciones forestales en sí mismas cumplen el
23
“Por cual se modifica la Resolución núm. 000182 de 5 de junio de 2008”.
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requerimiento previsto en el artículo 4° del Decreto 1449 de 27 de
junio de 197724.
Aseguró que de las definiciones previstas en los artículos 204 (Área
Forestal Protectora) y 230 (Plantación Forestal)25 del Código de
Recursos Naturales - CRN, se puede colegir que es válido y legal
sembrar plantaciones o árboles artificiales en áreas protectoras,
espacios que también pueden ser objeto de aprovechamiento forestal
directo o indirecto, condicionado a que se mantenga el efecto de
protección del recurso bosque, es decir que se conserve esa área
como forestal.
Explicó que el Decreto 1449 de 1977 no se encuentra vigente, si se
tiene en cuenta que reglamentaba el inciso 1° del numeral 5 del
artículo 56 de la Ley 135 de 15 de diciembre de 196126, disposición
que fue derogada por el artículo 111 de la Ley 160 de 3 de agosto de
199427.
Indicó que los actores populares pretenden mantener vigente el
artículo 3° del Decreto 1449 de 197728, a través del literal d) del
24
“Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1ro del numeral 5to del art. 56 de la Ley 135 de
1961 y el Decreto-ley 2811 de 1974”.
25
La empresa Cartón de Colombia puso de manifiesto que el artículo 230 del CRN fue modificado
“ilegalmente” por el artículo 69 del Decreto 1791 de 4 de octubre de 1996 expedido por el Ministerio
de Ambiente, pues la nueva definición contraviene la anterior, la cual se encuentra consignada en una
norma de mayor jerarquía, razón por la que se debe seguir aplicado la prevista en la Ley.
26
“Sobre reforma social agraria”.
27
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria<1> y se dictan otras disposiciones”.
28 Dicho artículo prevé a obligación de los propietarios de los predios de mantener en cobertura boscosa
las áreas forestales protectoras, las cuales comprenden, entre otras, “[…] Una faja no inferior a 30
metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua […]”
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artículo 83 del CRN, interpretación que estima que no es ajustada a
derecho, por cuanto la primera norma se refiere al área forestal
protectora y la segunda se ubica en la parte III denominada “De las
Aguas no marítimas”, del capítulo II “Del dominio de las aguas y sus
cauces”, lo que, a su juicio, no guarda relación, pues regulan temas
diferentes.
Adujó que según lo establecido en los artículos 206 y 207 del CRN,
no se puede restringir ni prohibir el establecimiento, mantenimiento
y aprovechamiento de las plantaciones forestales con fines
comerciales, pues gozan de especial protección legal, y cualquier
disposición en contrario vulneraría el artículo 84 de la Constitución
Política.
Respecto de la construcción de carreteables, sostuvo que son
necesarios para el aprovechamiento de las plantaciones forestales,
pues, de lo contrario, no sería técnico, económico ni ambientalmente
posible desarrollar un proyecto forestal, además de que la
construcción de éstos no es un proyecto distinto del forestal
autorizado al interior de las Áreas de Reserva Forestal, conforme lo
ordenan los artículos 7° y 8° del Decreto 1498 de 2008.
Indicó que si bien el Decreto 1498 de 2008, fue derogado por el
artículo 19 del Decreto 2803 de 2010, recobró vigencia con la
declaratoria de inconstitucional de la Ley 1377 de 2010, por parte de
la Corte Constitucional.
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Aseguró que al momento de adquisición del predio Sinaí no existía
cobertura boscosa protectora del recurso hídrico, pues en su mayoría
eran potreros, razón por la que estima que el incremento de bosque
natural y plantaciones no afectan negativamente las corrientes
aledañas, por el contrario, regulan el ciclo del agua y contribuyen a
la disminución de la afectación del bosque natural, pues la madera
obtenida reduce “la presión de las comunidades campesinas por leña,
madera para cercos y para sus edificaciones”.
Sostuvo que su proyecto forestal no representa amenaza al
ecosistema pues se registró en un área destinada a potreros y el
mismo cumple con lo previsto en la Ley 2ª de 17 de enero de 195929
y el Decreto 2811 de 18 de diciembre de 197430, normas según las
cuales es su obligación conservar y proteger los bosques nativos
existentes al momento del registro31.
I.4.3.- El Municipio, de manera extemporánea32 se opuso a las
pretensiones de la demanda, para lo cual relacionó diferentes
aspectos del programa de gobierno “DEL LADO DE LA GENTE”, con
los cuales pretende alcanzar en un 4% la recuperación de los
ecosistemas estratégicos33.
29
“Sobre Economía Forestal de la Nación y Conservación de Recursos Naturales Renovables”.
30
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”.
31
Visible a folios 366 a 391 del cuaderno 2.
32
El auto admisorio de la demanda fue notificado al municipio demandado el 29 de agosto de 2016, los
términos transcurrieron hasta el 12 de septiembre siguiente y la contestación de la demanda fue
radicara el 23 de ese mes y año.
33
Visible a folios 396 a 398 del cuaderno 2.
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I.5 Pacto de Cumplimiento
El 4 de abril de 2017 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo
conciliatorio34.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 29 de enero de 201935, amparó los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del
equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación,
restauración o sustitución y, en consecuencia, profirió las siguientes
órdenes para su protección:
“[…] 2.- Se ORDENA a la EMPRESA SMURFIT KAPPA CARTÓN
DE COLOMBIA, que una vez culminada la etapa de cosecha
forestal del bosque plantado ya existente dentro del área de
protección, -que corresponde a una distancia de 30 metros de
ancho paralela a las líneas a cada lado del cauce de las cuencas El
Sinaí y la Tobón-Calimita- y 100 metros a la redonda de sus
nacimientos-, se ABSTENGA de sembrar nuevamente plántulas
para aprovechamiento forestal en dicho rango de 30 metros a cada
lado y 100 metros desde los nacimientos de las cuencas; así mismo
deberá indicar la compañía al despacho, en un término máximo de
3 meses, la fecha estimada para culminar la etapa de cosecha en
dichas áreas, al igual que deberá remitir dicha información a la
CVC.
3.- Se ORDENA a la […] CVC que una vez culminada la etapa de
cosecha de aprovechamiento forestal de Smurfit Kappa Cartón de
Colombia, en las áreas de protección, es decir, en el rango de 30
metros desde el cauce de las cuencas y 100 metros desde los
nacimientos, proceda a la siembra de bosque natural a efectos de
34
Visible a folios 442 a 442 del cuaderno 1-1.
35
Visible a folios 403 a 427 del cuaderno 2.
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que permanezca siempre la zona protegida con protección boscosa
libre de aprovechamiento forestal.
4.- Se ORDENA a la […] CVC que dentro del término de un mes
continúe de manera célere con la actuación administrativa
adelantada en contra de Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A.,
sobre el proceso sancionatorio aperturado mediante Auto 0760-
0761 Nro. 048 de 2016. Deberá informar cada dos (2) meses al
despacho, el estado de la actuación adelantada y el estado del
proceso administrativo.
5.- Se ORDENA a la […] CVC que dentro del término de un (1)
mes, adelante nueva investigación a la empresa Smurfit Kappa
Cartón de Colombia S.A., sobre el uso indebido de pesticidas
(herbicidas, insecticidas, entre otros) sobre el bosque plantado
existente en el área de protección.
6.- Se ORDENA a la EMPRESA SMURFIT KAPPA CARTÓN DE
COLOMBIA que proceda a cubrir los taludes y cunetas
desprovistos de cobertura boscosa, para evitar vertimiento de
sedimentos por escorrentía. Deberá informar cada dos (2) meses
al despacho, la actuación adelantada.
7.- Se ORDENA al MUNICIPIO DE RESTREPO, proceda a
identificar las vías públicas existentes en la zona cuyos taludes y
cunetas se encuentren desprovistos de protección boscosa, para
que proceda en el término de seis (6) meses a la plantación de
bosque natural, actividad que deberá ser coordinada con la CVC.
8.- Se ORDENA al MUNICIPIO DE RESTREPO, para que proceda
en el término de seis (6) meses, a verificar la existencia de predios
rurales sin pozos sépticos para que imparta a los pobladores la
orden de su adopción inmediata.
9.- Se ORDENA al MUNICIPIO DE RESTREPO, para que proceda
en el término de seis (6) meses, a identificar y cancelar las licencias
de subdivisión rural otorgadas en contravía a lo establecido en el
Plan de Ordenamiento Territorial del mismo municipio, con la
observancia igualmente de la reglamentación sobre las Unidades
Agrícolas Familiares.
10.- Se ORDENA a ACUAPALTRES, al MUNICIPIO DE
RESTREPO y a la […] CVC, adelantar campañas trimestrales de
sensibilización a la comunidad sobre la conservación y ahorro del
recurso hídrico.
11.- Se ORDENA a SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA
observar los protocolos establecidos por Forest Stewarship Council
-FSC, en cuanto al uso de pesticidas en el bosque plantado,
debiendo observar i) la aplicación distante de los nacimientos y
corrientes de agua, ii) el uso mínimo de estos productos en áreas
de captación de acueductos para usuarios agua abajo, y iii) la
disposición adecuada de recipientes de embalaje de los
agroquímicos [...]” (Resaltado del texto).
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El a quo formuló como problema jurídico determinar si se encontraba
probada la vulneración de los derechos colectivos invocados o si de
las pruebas aportadas se podía concluir que las cuencas hidrográficas
El Sinaí y La Tobón-Calimita estaban en condiciones ambientales
aceptables a pesar del aprovechamiento forestal de la zona,
planteamiento respecto del cual destacó la importancia del cuidado y
protección de las fuentes hídricas para el abastecimiento de uso
doméstico del MUNICIPIO y advirtió como problemática la “carencia
de agua para el consumo humano y su falta de potabilidad”, causada
principalmente por la “pérdida de caudal” y la “calidad del agua”.
Como factores de la “pérdida de caudal” relacionó el despojo de la
protección boscosa en las áreas de protección por parte de la
sociedad accionada, toda vez que el bosque plantado en la ronda
hídrica, si bien en el tiempo de crecimiento de las plántulas existe
cobertura boscosa en dicha zona, desaparece en época de cosecha,
lo que afecta el recurso hídrico por la ausencia vegetativa, por lo que
es necesario mantener dichas áreas cubiertas de bosque.
Indicó que conforme con el estudio adelantado por el perito en el año
2018, del total de las áreas de especial protección de la cuenca Sinaí,
casi la mitad se encuentra con bosque plantado y el restante con
bosque natural, circunstancia que, en principio, puede ser
beneficiosa debido al tiempo prolongado del crecimiento del bosque
plantado hasta el momento de la cosecha, lapso dentro del cual
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cumple una función protectora; no obstante, al momento de la tala
resulta desfavorable porque implica el apeo de los árboles, la
extracción, el uso de maquinaria pesada y animales, la presencia de
personal operativo en el área de cosecha y la desprotección
transitoria del suelo, fase en la que más cuidado se debe tener por
tratarse de territorios en los que se hace la captación de caudales
para consumo.
Destacó que permitir la presencia de bosque plantado en las rondas
hídricas de especial protección, constituye un alto riesgo debido a las
implicaciones de su cosecha, por lo que es necesario disminuir los
focos de amenaza y mantener las rondas hídricas únicamente con
bosque natural.
Adujo que las condiciones actuales de las quebradas El Sinaí y La
Tobón-Calimita, destinadas al abastecimiento de la población, es
limitada frente a la cantidad de usuarios.
Estimó reprochable que la CVC al año 2019, no hubiera culminado el
proceso sancionatorio ambiental iniciado contra la empresa
accionada por encontrar que el área circundante a la cuenca el Sinaí
tenía presencia de bosque plantado para aprovechamiento forestal.
Señaló la carga poblacional como otro factor negativo que influye en
la insuficiencia del recurso hídrico, si se tiene en cuenta que desde el
año 2002, fecha en la que se concedió la concesión de aguas
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superficiales para el consumo, el incremento de suscriptores ha sido
exponencial.
Advirtió que la distribución de agua en el Municipio es un asunto
álgido, en especial para algunos suscriptores que por su ubicación
geográfica tienen mayores dificultades para el suministro, lo que
amerita la adopción de medidas individuales tendientes al ahorro y
conservación del agua.
Llamó la atención de los actores sobre la necesidad de enseñar a la
comunidad el cuidado y conservación del agua a través de campañas
relacionadas con la pérdida del recurso y su escasez, tarea que debe
acompañar el MUNICIPIO.
Explicó que, en aplicación del principio de precaución ambiental,
había lugar a ordenar al ente territorial, verificar si todos los predios
rurales cuentan con pozo séptico, pues si bien no se acreditó que las
quebradas fueran receptoras de las descargas de aguas residuales
de las viviendas cercanas, la demandada señaló que solo el 40% de
la población cuenta con dicho sistema.
Resaltó la importancia de que el MUNICIPIO no expida más
licencias urbanísticas de subdivisión rural sin atender los parámetros
establecidos en el POT, revise las otorgadas y cancele las concedidas
de manera irregular.
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Estimó que el factor climatológico incide en el aumento de las
temperaturas generadas en época de sequía, siendo necesario
implementar medidas humanas para contrarrestar los cambios de la
naturaleza.
Sostuvo que el consumo de agua por bosque plantado es otro factor
negativo si se tiene en cuenta que, según el informe del perito, el
Eucaliptus de la Cordillera Central consume un porcentaje mayor de
agua respecto del bosque natural; no obstante, pese a que en las
cuencas El Sinaí y La Tobón – Calimita existe esa especie, hay dos
variaciones que marcan la diferencia en el consumo del líquido: i)
que no toda la cuenca tiene cobertura de bosque plantado; y ii) la
combinación en la misma cuenca hidrográfica de rodales de distinta
edad, especies y de bosque natural, amortigua el consumo de agua
extra atribuible al bosque plantado, por lo que llamó la atención de
la sociedad accionada para continuar con la técnica, a fin de que las
plántulas siempre se encuentren en diferentes estados de
crecimiento y reduzcan la pérdida hidrológica al variar el consumo
acorde con la etapa de crecimiento.
Señaló que el consumo de agua por actividad pecuaria es otro factor
que afecta el gasto hídrico de las cuencas EL Sinaí y la Tobó-Calimia,
pues a pesar de que la actividad agropecuaria y de pastoreo no es
muy común debido al cambio en el aprovechamiento de las tierras, -
principalmente forestales según el peritaje-, persiste e “imprime algo
de presión en la relación oferta demanda del recurso”.
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Respecto a la “pérdida de caudal”, concluyó que tiene mayor
incidencia la presencia de bosque plantado en las zonas de especial
protección debido a que en la época de cosecha queda desprovista el
área de protección boscosa afectando la regulación del recurso,
siendo necesario acatar y mantener la franja continua al caudal de
las cuentas, es decir, 30 metros, únicamente con bosque natural para
que éste no se afecte por el aprovechamiento forestal.
En cuanto a la “calidad del agua”, sostuvo que el agua de las
quebradas objeto de la acción popular tiene niveles de toxicidad que
impiden su consumo humano y requieren medidas correctivas y
preventivas para contrarrestar los efectos de la contaminación, pues
la sedimentación natural del suelo, según el informe pericial,
teniendo en cuenta que la textura del terreno es superficial, ligero y
poroso, genera caída de sedimentos al agua, especialmente en época
de lluvia, cuando el recurso aumente y baja por escorrentía a las
cuencas, hecho que se agrava cuando no hay protección boscosa por
la temporada de cosecha.
Destacó la importancia del bosque natural en la ribera de las cuencas,
pues si bien la estructura de la tierra es propensa a ocasionar el
vertimiento de sedimentos, lo que realmente contamina es la
ausencia de bosque dada la menor capacidad de absorción y la
erosión, así como la escorrentía del material sólido inestable a las
fuentes de agua.
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Sostuvo que, de acuerdo con la pericia, la contaminación de las aguas
también es propiciada por la vegetación, esto es, el bosque plantado
y el natural, que ocasionan turbidez por “contaminación iónica y
orgánica” debido al lavado de materia orgánica como lo es la
hojarasca descompuesta y otros detritos.
Adujo que la presencia frecuente de colonias de hormigas cortadoras
provoca erosión y genera acumulación de materiales finos granulares
extraídos de la tierra, lo que en época de lluvia causa escorrentía a
los caudales y, por ende, turbidez.
Advirtió que si bien el uso de pesticidas, herbicidas e insecticidas, es
necesario para el crecimiento y control del bosque plantado, se
acreditó que los herbicidas utilizados por la sociedad accionada
fueron utilizados a escasos metros de distancia de las quebradas y a
sabiendas que aproximadamente a 300 metros más abajo estaba el
sitio de captación de agua para la comunidad, razón por la cual la
CVC adelantó proceso sancionatorio ambiental, que fue archivado
por falta de infracción a la normativa existente pues la plantación
forestal estaba amparada en el Registro de Cultivos Forestales y
Sistemas Agroforestales con fines comerciales expedido por el ICA,
que, según lo establecido en el artículo 5° del Decreto 1498 de 2008,
no requería autorización.
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Dijo que el informe pericial destacó la importancia del apego al
protocolo establecido por el Consejo de Administración Forestal
Internacional (por sus siglas en inglés: Forest Stewardship Council -
FSC), según el cual tales sustancias deben aplicarse de manera
distante de los nacimientos y corrientes de agua, así como también
procurar el mantenimiento de las rondas hídricas que generen el
efecto tampón de lixiviados, y el uso mínimo de esos productos en
áreas de captación de acueductos para usuarios aguas abajo,
protocolo de obligatorio cumplimiento para la empresa demandada
si se tiene que a pesar de contar con la certificación forestal emitida
por la FSC no está acatando el protocolo.
Adujo que no era válido que la sociedad accionada excusara el
incumplimiento en el hecho que la CVC no le indicó qué norma fue
vulnerada, pues para conservar la certificación internacional
otorgada le asiste el deber de acatar los protocolos.
Manifestó que, según la pericia practicada, las vías hacen parte de la
infraestructura operativa de los proyectos forestales, por cuanto son
necesarias para el establecimiento, mantenimiento y cosecha de las
plántulas; no obstante, deben construirse según los procedimientos
de ingeniería relacionados con el ancho de banca, las pendientes,
peraltes, taludes, afirmado y manejo de aguas de escorrentía, a fin
de causar el menor impacto posible a dicha actividad.
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Señaló que en la pericia se indicó que algunos taludes desprovistos
de vegetación protectora, quedan expuestos para la acción de
escorrentía superficial, de ahí que el lavado de materiales fino-
granulares pueden llegar a las corrientes de agua, vector causante
de más del 1% de la turbidez hallada en los caudales captados por
el sistema de ACUAPALTRES.
Sostuvo que pese al bajo impacto de contaminación del agua era
necesario proveer taludes con barrera boscosa protectora para evitar
la escorrentía de material granular, actividad que está en marcha y
que debe ser objeto de vigilancia por parte de la CVC; situación que
también fue analizada respecto de la vía pública terciaria que
intercomunica las veredas, pero como la misma no estaba
plenamente identificada correspondía al Municipio determinarla
para corregir la problemática verificada por la CVC.
Consideró que no había lugar a adoptar ninguna medida respecto a
la actividad pecuaria, por cuanto la problemática no era actual y el
riesgo predominante lo aportaba la ausencia de bosque protector
natural en las áreas protegidas, por lo que era necesario que dicha
zona estuviera libre de plántulas de aprovechamiento forestal,
actividad que requiere el uso de pesticidas que pueden llegar al agua.
Estimó que las órdenes impartidas se orientan a solucionar la
problemática referida, con lo cual se espera que el caudal de las
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quebradas sea de mayor importancia y los niveles de toxicidad
disminuyan, y el recurso sea apto para el consumo humano, así como
que el abastecimiento sea óptimo.
Finalmente, no encontró probadas las excepciones de inexistencia de
prueba del daño, ausencia de vulneración e improcedencia de la
acción por carencia de objeto, propuestas por la sociedad accionada,
y denegó las pretensiones de indemnización por resultar ajenas a la
naturaleza de la acción y el reconocimiento de costas, pues los
accionantes se acogieron al amparo de pobreza y CARTÓN DE
COLOMBIA S.A. asumió el pago del peritaje36.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. CARTÓN COLOMBIA S.A.37 reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda, relacionados con la falta
de prueba de la vulneración de los derechos colectivos, la situación
anterior y actual de los terrenos aprovechados, la vigencia del
Decreto 1449 de 197738, la normativa que respalda su actividad
36
Se precisa que la CVC pidió aclarar el fallo del a quo en cuanto a las órdenes de: i) siembra de
protección boscosa en el rango de 30 metros desde el cauce y 100 desde el nacimiento de las cuencas
Sinaí y La Tobón, y ii) el límite de las campañas trimestrales de sensibilización a la población (fls. 440
a 442 del cuaderno 2), cuya solicitud fue negada mediante auto de 14 de mayo de 2018 (fls. 492 y 493
del cuaderno 3).
37
Folios 443 a 455 del cuaderno 2.
38
La apelante sostuvo que el Tribunal no tuvo en cuenta que dicho decreto no se encuentra vigente y
que así lo ha sostenido la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia de 11 de noviembre de
2010, proferida al interior del expediente 11001-0324-000-2002-00068-01, con ponencia del Consejero
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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forestal39 y los antecedentes relacionados con la construcción del
acueducto de ACUAPALTRES.
Manifestó que el Tribunal efectuó una valoración errónea del material
probatorio allegado al proceso, habida cuenta que fundamentó la
decisión apelada en procesos sancionatorios adelantados en su
contra por la CVC, los cuales fueron archivados por falta de mérito.
Consideró que la orden que concierne a que la autoridad ambiental
dé continuidad a los procedimientos administrativos archivados o
inicie unos nuevos, vulnera el derecho de defensa, toda vez que las
áreas referidas en esas actuaciones no pertenecen al MUNICIPIO.
Precisó que, en relación con el desabastecimiento y contaminación
del recurso hídrico de la cuenca objeto de debate, su actividad
forestal, la cual implica establecer plantaciones forestales
comerciales con especies introducidas o artificiales en las franjas
denominadas áreas forestales protectoras – productoras, se
encuentra autorizada y regulada por el CRN, conforme lo previsto en
los artículos 205 y 230 del Decreto–Ley 2811 de 1974, según los
cuales, esas áreas son aquellas que deben ser conservadas
permanentemente con bosques naturales o artificiales y que,
además, pueden ser objeto de actividades de producción siempre y
39
Dicha normativa fue citada para efecto de argumentar que su actividad forestal se encuentra ajustada
a derecho.
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cuando conserve el efecto protector o renovabilidad de la plantación,
actividad que también se encuentra amparada en el artículo
2.2.1.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, normativa que no fue tenida
en cuenta por el Tribunal; y que también obvió que antes del
establecimiento de las plantaciones forestales en la cuenca Sinaí,
había realizado acciones para recuperar los suelos con vocación
forestal y los bosques naturales.
Manifestó que ante la inexigibilidad del Decreto 1449 de 1977, el
MinAmbiente expidió el Decreto 2245 de 29 de diciembre de 2017,
que reglamentó el artículo 206 de la Ley 1450 de 16 de junio de
201140 y adicionó una Sección al Decreto 1076 de 2015 en lo
relacionado con el acotamiento de rondas hídricas.
Sostuvo que el Decreto en mención prevé criterios técnicos para que
las autoridades ambientales competentes realicen estudios para el
acotamiento de las rondas hídricas en áreas de su jurisdicción, con
fundamento en los criterios geomorfológico, hidrológico y eco-
sistémico, para cuya aplicación se expidió la Resolución 957 de 31 de
mayo de 201841.
Indicó que el Tribunal no estudió en debida forma la normativa
referida, pese a que el perito explicó lo relacionado con el
acotamiento de las rondas hídricas, máxime que en la Guía Técnica
40
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
41
“Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”.
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de Criterios para Acotamiento de las Rondas Hídricas su actividad
forestal es totalmente compatible con la funcionalidad de la ronda
hídrica, pues al iniciar sus operaciones en los predios cuestionados
no existía bosque natural.
Resaltó que sustraer y dejar de plantar bosque nativo en la franja
paralela de 30 metros a los cauces, atenta contra sus derechos de
propiedad, pues se trataría de una confiscación que de acuerdo con
el artículo 34 de la Constitución Política se encuentra proscrita; orden
que también afecta a la Sociedad Borrero Larroche Hermanos S en
CS, propietaria del predio sobre el cual pesa un contrato de cuentas
en participación y que tiene una importante extensión sobre la
cuenca Sinaí, que debió ser llamada al proceso.
En relación a los factores de carga poblacional y climático, sostuvo
que resulta arbitrario que el Tribunal considere que la mayor
influencia en el desabastecimiento y contaminación de los terrenos
es su actividad forestal, pues en el dictamen pericial practicado se
reconoció la incidencia positiva sobre la cuenca que antes se
encontraba desprovista de vegetación nativa, experticia en la que se
sugirieron medidas42 que no implican la prohibición de plantaciones
forestales en las rondas hídricas.
42
“[…] -. Uso de sistemas de cosecha que no impliquen el arrastre de las trozas sobre el suelo.
-. Limitar o suprimir la extracción de madera con animales (arriería).
-. Programación de la cosecha en las épocas de menores niveles de precipitación.
-. Disposición de los residuos de cosecha (ramas, hojas, etc.) en el mismo sitio de aprovechamiento de
los árboles de manera que se minimice el impacto de la lluvia y la escorrentía superficial erosiva.
-. Establecimiento del nuevo bosque lo más pronto que sea posible luego de la cosecha, para que se
restauren rápidamente los efectos hidrológicos favorables de la plantación.
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Sostuvo que si bien en el dictamen practicado en el proceso se señaló
que en la zona cuestionada existe una sobrepoblación con relación a
la concesión otorgada inicialmente, describió dos escenarios para el
suministro de agua por parte del acueducto: uno favorable, en el que
el caudal es suficiente para la prestación óptima del servicio de
acueducto, siempre y cuando se excluyan los otros usos ejercidos
por la población, como son los agrícolas y pecuarios; y otro
desfavorable, en el que tiene gran influencia las oscilaciones de los
fenómenos de la Niña y el Niño, que son ajenos a la autoridad
ambiental y, pese a ello, las plantaciones forestales coadyuvan a
otorgar mayor estabilidad debido a la prevención de la escorrentía,
regulación del ciclo hidrológico y como barrera en presencia de
inundaciones o desbordamientos de los caudales.
Agregó que, según la experticia referida, la oferta natural de agua de
la cuenca Sinaí es limitada debido al área reducida de captación, que
es de 44,5 hs, aunado al crecimiento exponencial de usuarios, lo que
impide que exista una oferta natural de caudales disponibles para
atender la demanda de los consumidores del acueducto que, en un
-. Extremar medidas para evitar el derrame de combustibles, la disposición adecuada de residuos
sólidos y líquidos, y el manejo de personal operativo para que su accionar en la cuenca no propicie
otras causas de afectación de la calidad del agua.
-. No cosechar simultáneamente todas las plantaciones de la cuenca, de manera que toda ella pueda
quedarse en un momento dado sin el efecto protector de las plantaciones. Para ello es deseable que se
mantenga la actual estructura de rodales de distintas edades y preferiblemente, hacía adelante, rodales
de distintas especies, para que así los momentos de cosecha sean diferidos en el tiempo. (Páginas 45
y 46 dictamen pericial) […]”.
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escenario desfavorable, es incapaz de atender la prestación del
servicio.
Reiteró la indebida valoración probatoria por parte del a quo respecto
del precitado dictamen pericial, pues estima que el desequilibrio en
la oferta natural de agua y la demanda no es imputable a sus
plantaciones sino a la inadecuada planificación de recursos
hidráulicos.
En cuanto al consumo de agua por bosque plantado, dijo que la
reducción del 5% de los caudales disponibles no es atribuible
únicamente al uso de la tierra en bosque plantado sino también a las
demás actividades agrícolas, por lo que consideró que “[…] sustraer
un área que por demás, va en contravía con las normas relativas al
acotamiento de las rondas hídricas, cuando además no se considera
que existen otras actividades agrícolas que requieren un gran
volumen de agua para su establecimiento y mantenimiento, por
ejemplo la papa tiene un consumo de agua del 100%, Maíz 90%,
Remolacha 65% […]”.
Frente al consumo de agua por actividad pecuaria, manifestó que el
peritaje fue claro en señalar que en la zona había usos diferentes al
consumo humano.
Sobre la calidad del agua, sostuvo que el Tribunal no tuvo en cuenta
que la UES afirmó que se requería la construcción de un sistema de
potabilización de agua para consumo humano que permitiera la
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reducción de aluminio, coliformes totales y E-coli, lo que, a su juicio,
no tiene que ver con la presencia de plantaciones forestales
comerciales en la franja de los 30 metros, concepto necesario para
la renovación de la concesión de agua.
Concluyó que la actuación administrativa adelantada por la autoridad
ambiental, por la ocurrencia de presuntas infracciones ambientales,
obedeció a hechos ocurridos en el municipio de Vijes y no de
Restrepo, la cual se archivó por falta de pruebas y argumentos
jurídicos, razón por la que estima improcedente ordenar proseguir
con la misma dado que la actividad realizada no es improvisada y sin
control.
III.2. La CVC43 manifestó su imposibilidad para dar cumplimiento a
la orden impartida en el numeral cuarto de la sentencia apelada44,
por cuanto mediante auto de 14 de noviembre de 2018, el Director
Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este, ordenó el
archivo del expediente administrativo identificado con el núm. 0761-
039-002-039-2018, adelantado contra la sociedad CARTÓN DE
COLOMBIA S.A., esto es, “a la fecha no cursa actuación
administrativa vigente por los hechos que originaron la apertura del
43
Folios 494 a 496 del cuaderno 3.
44
“[…] 4.- Se ORDENA a la […] CVC que dentro del término de un mes, continúe de manera célere con
la actuación administrativa adelantada en contra de Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A., sobre el
proceso sancionatorio aperturado mediante Auto 0760-0761 Nro. 048 de 2016. Deberá informar cada
dos (2) meses al despacho, el estado de la actuación adelantada y el estado del proceso administrativo
[…]”.
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proceso sancionatorio ambiental mediante auto 0760-0761 48 de
2016”.
Adicionalmente, solicitó revocar el numeral quinto de la parte
resolutiva de la sentencia apelada45, toda vez que de acuerdo con la
Ley 99 carece de competencia para pronunciarse respecto del uso
indebido de pesticidas, habida cuenta que la Ley 822 de 10 de julio
de 200346 y el Decreto 502 de 5 de marzo de 200347, establecen que
dicho asunto corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario -ICA
o quien haga sus veces.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- Mediante auto de 21 de octubre de 201948, el Despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados de CARTÓN DE COLOMBIA S.A. y de la CVC contra la
sentencia de primera instancia.
Adicionalmente resolvió que los documentos allegados por la
sociedad accionada con el escrito contentivo del recurso,
relacionados en los numerales 1, 2 y 4 del acápite de anexos de dicho
escrito, no serían tenidos como pruebas por no concurrir los
45
“[…] 5.- Se ORDENA a la […] CVC que dentro del término de un (1) mes, adelante nueva investigación
a la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A., sobre el uso indebido de pesticidas (herbicidas,
insecticidas, entre otros) sobre el bosque plantado existente en el área de protección […]”.
46
“Por la cual se dictan normas relacionadas con los agroquímicos genéricos”.
47
“Por el cual se reglamenta la Decisión Andina 436 de 1998 para el registro y control de plaguicidas
químicos de uso agrícola”.
48
Folios 542 a 546 del cuaderno 3.
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presupuestos previstos en el artículo 327 del CGP, habida cuenta que
no fueron solicitadas de común acuerdo por las partes, ni decretadas
en primera instancia, ni se dejaron de practicar ni versan sobre
hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad procesal
pertinente.
Respecto de los documentos enunciados en los numerales 3, 5 y 6
del referido acápite, esto es, el auto sin fecha por el cual la CVC
ordenó el archivo del expediente núm. 0761-039-002-039-2015; la
Resolución núm. 0730 0733-000411 de 13 de marzo de 2019, “Por
medio de la cual se levanta una medida preventiva, se ordena la
cesación de un procedimiento sancionatorio y se toman otras
determinaciones”; y el escrito de 30 de enero de 2019, por el cual la
sociedad demandada presentó descargos frente al auto de 5 de
octubre de 2018, se determinó que serían tenidos como prueba, de
conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 327 del CGP,
toda vez que fueron expedidos con posterioridad a la oportunidad
procesal para pedir pruebas en primera instancia, razón por la que
se corrió traslado de los mismos a las partes por el término de tres
días.
IV.2.- Posteriormente, el Despacho por auto de 12 de noviembre de
201949, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para rendir concepto.
49
Folio 559 idem.
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IV.2.1.- La Defensoría del Pueblo – Regional Valle del Cauca50,
tras efectuar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso,
adujo que la CVC y el MinAmbiente son responsables de la
vulneración de los derechos colectivos deprecados, debido a que
transgredieron los artículos 3º y 4º del Decreto 1449 de 1997 que
obliga a los propietarios de los predios de más de 50 hectáreas a
proteger la cobertura boscosa y a mantener una reserva forestal de
por lo menos el 10%, para el cuidado, protección y conservación de
los nacimientos de agua.
Solicitó ordenarle al MUNICIPIO que, en coordinación con la CVC,
efectué un plan especial de manejo, protección y conservación de las
cuencas hidrográficas para que éstas no se vean afectadas por la
falta o interrupción de agua potable para la comunidad.
Pidió requerir a la CVC para que adelantara las gestiones
correspondientes para la compra de los predios necesarios para la
protección, manejo y conservación del medio ambiente y de las
cuencas hidrográficas, a fin de asegurar el abastecimiento de agua
de la población del Municipio.
IV.2.2.- El señor Jesús Evelio Ortega Otaya51 reiteró los
argumentos expuestos en la demanda y señaló que su intención no
es cuestionar la legalidad de las actividades desarrolladas por
50
Folios 574 a 576 idem.
51
Folios 594 a 594 idem.
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CARTÓN DE COLOMBIA S.A., sino las consecuencias negativas que
ésta ha generado en los nacimientos y cauces hídricos enunciados
con ocasión de su actividad forestal.
Manifestó que la empresa accionada goza de ventajas en el ejercicio
de su actividad a pesar de los inconvenientes que enfrenta la
comunidad campesina en el desarrollo de sus proyectos
agroindustriales.
Indicó que no es necesario vincular a los propietarios de la finca en
donde se desarrolla la actividad cuestionada, pues ésta es realizada
por CARTÓN DE COLOMBIA S.A., arrendataria del predio y
responsable de los efectos adversos.
Concluyó que contrario a lo afirmado por la referida sociedad, antes
de su llegada a los predios en mención sobraba el agua y su calidad
era adecuada para abrevar y cultivar, además de que el caudal de la
quebrada Sinaí se ha mantenido a pesar del aumento de la población.
IV.2.3.- CARTÓN DE COLOMBIA S.A.52 y la CVC53 reiteraron los
argumentos expuestos en sus escritos de contestación de la
demanda y del recurso de apelación.
52
Folios 577 a 589 idem.
53
Folios 618 a 620 idem.
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IV.2.4.- El Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa54, tras efectuar un recuento de las actuaciones
surtidas en el proceso, señaló:
Si bien la comunidad del MUNICIPIO tiene alta demanda y baja
oferta del recurso hídrico, la reducción y calidad del agua obedece a
diferentes factores exógenos y antrópicos, pues en época de cosecha
de pinos y eucaliptos en la zona de protección de la cuenca ubicada
dentro de la reserva forestal productora existen riesgos de erosión,
los cuales pueden mitigarse con buenas prácticas, razón por la cual
deben tomarse acciones para la recuperación y protección del daño
ambiental causado con las cosechas en la zona paralela de los cauces
de las quebradas Sinaí y La Tobón-Calimita, que han perdido caudal
y potabilidad.
Adujo que el Decreto 1449 de 1977 no está decaído o, por lo menos,
en lo relacionado con la faja paralela a cada lado del cauce del cuerpo
hídrico, pues dicha norma no se fundamentó solamente en la Ley
135 de 15 de diciembre de 196155, sino también se soportó en el
Decreto Ley 2811 de 1974, el cual se encuentra vigente y hace
referencia a la protección de la cuenca hídrica y a la prohibición de
efectuar actividad agropecuaria en un margen no inferior a 30
metros de distancia del cauce.
54
Folios 621 a 627 idem.
55
“Sobre reforma social agraria”.
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Aclaró que el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 prevé una
faja paralela de distancia de hasta 30 metros de ancho, con la
finalidad de delimitar hasta dónde llega el terreno de dominio
público, pues dicha zona es imprescriptible e inalienable y, por tanto,
ni siquiera puede ser considerada como un baldío adjudicable a un
particular con fines de explotación económica en los términos del
artículo 84 ídem, razón por la que es improcedente alegar la
posesión o derechos adquiridos sobre esta área o pretender ejercer
actividades allí.
Manifestó que la discusión sobre el riesgo o no que representa la
actividad ejercida en dicha zona queda superada cuando se
establece que la zona paralela al cuerpo de agua no se adjudica,
pues esa restricción tiene como finalidad garantizar la condición
mínima de los cauces de los ríos, así pase por una zona forestal
productora.
La autoridad ambiental es la competente para definir el área de
conservación y protección de la faja paralela al cauce, la cual no
puede ser inferior a 30 metros de distancia desde el punto de
acotación adyacente al cuerpo de agua establecido por aquella.
Agregó que:
“[…] puede coincidir la zona de protección con el área del bien
público o inclusive superarlo si así lo ve conveniente la autoridad
ambiental, evento en el que se restringirá el uso y goce de la
propiedad privada por exceder el área de dominio público, lo que
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puede dar lugar a la compensación económica sobre el terreno
privado afectado para la destinación ambiental, situación que no se
ha presentado en este caso […]”.
Indicó que, conforme lo advertido por la empresa accionada,
corresponde al Gobierno Nacional fijar los criterios técnicos y a las
CAR presentar los estudios para la delimitación de la zona, razón por
la que estima que es del caso ordenarle a la CVC que de conformidad
con lo establecido en el Decreto 2245 de 2017, junto con la “Guía
Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en
Colombia”, delimite físicamente la ronda de agua de la quebrada
Sinaí y La Tobón-Calimita, teniendo en cuenta la faja paralela al
cauce para establecer la zona de protección aferente, que no puede
ser inferior a 30 metros de ancho por ambos lados de los afluentes
en mención.
Sostuvo que como dicha zona es del Estado debe estar desprovista
de acciones industriales o de actividades que no propugnen su
conservación, por lo que no resulta procedente la conservación de la
ronda hídrica con plantaciones objeto de explotación económica,
pues la expone a un riesgo de daño ambiental por explotación ilegal.
Señaló que el archivo del proceso sancionatorio ambiental se motivó
en la imposibilidad de individualizar con exactitud las conductas
violatorias de las normas, por lo que no fue posible solicitar la
práctica de las pruebas, con lo cual se vulneraría el derecho de
contradicción y defensa, máxime que la empresa accionada sustentó
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que no se determinó el sitio exacto donde ocurrió la supuesta
infracción; no obstante, tal determinación no hace tránsito a cosa
juzgada y, por ello, con fundamento en el dictamen pericial obrante
en el proceso y las normas aquí aludidas, debe iniciarse una nueva
indagación ambiental.
En lo que tiene que ver con la competencia de la CVC para sancionar
por el uso indebido de agroquímicos, sostuvo que le corresponde a
dicha entidad habida cuenta que la función administrativa del ICA,
prevista en la Ley 822, refiere al seguimiento y registro en la
producción y comercialización de compuestos químicos para el uso
agrícola, la cual consiste en verificar el nivel de toxicología permitido,
entre otros componentes, que de no estar conformes no se autoriza
la producción, venta ni registro.
Se refirió a los numerales 10 y 12 del artículo 31 de la Ley 99, que
prevé como competencia de las CAR vigilar lo relacionado con los
vertimientos de agroquímicos en la cuenca hídrica.
Señaló que de acuerdo con el artículo 1º y el parágrafo 2º de la Ley
1333, la competencia sobre la evaluación, manejo y control del uso
indebido del agua por vertimientos en zonas protegidas con la
implementación de productos agroquímicos con ocasión de una
licencia de explotación forestal, recae en la autoridad ambiental
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encargada del control y autorización del aprovechamiento del
recurso.
Concluyó que debe modificarse el numeral 3 de la parte resolutiva
de la sentencia en lo que tiene que ver con ordenarle a la CVC
presentar, de conformidad con las normas técnicas, el punto de
acotamiento a lado y lado del cauce de las cuencas en un rango no
inferior a 30 metros, así como 100 metros desde su nacimiento y
proceder a la siembra de bosque natural en dicha área.
IV.3.- Mediante auto de 5 de octubre de 202056, el Despacho
sustanciador solicitó las siguientes pruebas para aclarar puntos
dudosos y oscuros de la controversia:
“[…] 1.- REQUERIR a la CVC para que, en el término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación de esta providencia, informe lo
siguiente:
a.- Si ha otorgado permiso de aprovechamiento forestal a la empresa
SMURFIT KAPPA CARTÓN COLOMBIA, para desarrollar dicha
actividad en la parte alta de las microcuencas Sinaí y Calimita en la
jurisdicción del Municipio de Restrepo del Departamento del Valle del
Cauca. En caso de ser así, allegar los actos administrativos
correspondientes.
b.- Si, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1450
de 16 de junio de 201157, ha acotado la faja paralela a las quebradas
Sinaí y Calimita en la jurisdicción del Municipio de Restrepo, a que se
refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974, así
como el área de protección o conservación aferente, más exactamente,
en los predios donde la empresa SMURFIT KAPPA CARTÓN
COLOMBIA desarrolla su actividad forestal, objeto de la acción
popular de la referencia.
c.- Si ha declarado áreas forestales productoras, protectoras y
protectoras – productoras objeto de aprovechamiento en los predios
56
Índice 43 del expediente digital.
57
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
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donde la empresa SMURFIT KAPPA CARTÓN COLOMBIA desarrolla
su actividad forestal, objeto de la acción popular; y si dentro de estas,
se encuentra la faja paralela a las quebradas Sinaí y Calimita, a que se
refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974. En
caso afirmativo, deberá explicar qué clasificación recibió dicha zona y,
con fundamento en ello, qué actividades puede realizar la empresa
accionada.
2.- REQUERIR a la empresa SMURFIT KAPPA CARTÓN
COLOMBIA para que, en el término de dos (2) días contados a partir
de la notificación de esta providencia, allegue el certificado de libertad
y tradición del predio de su propiedad en el que desarrolla la actividad
forestal objeto de la presente acción popular […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199858, tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
En el presente asunto los actores instauraron acción popular contra
la CVC, el Municipio, CARTÓN DE COLOMBIA S.A. y el
MinAmbiente59, con el fin de obtener el amparo de los derechos
58
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
59
Se precisa que el Tribunal mediate auto de 10 de febrero de 2017, rechazó la demanda frente al
MinAMbiente en razón a que la parte actora no agotó, respecto de aquel, el requisito de procedibilidad
previsto en el artículo 144 del CPACA.
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colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la
seguridad y salubridad pública, al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, al acceso al agua
potable, a la salud y a la vida, presuntamente vulnerados por: i) la
sociedad accionada con ocasión del aprovechamiento forestal en la
franja protectora de las quebradas Sinaí y La Tobón-Calimita y su
incidencia en la contaminación y disminución de las fuentes hídricas
de las que se abastece el acueducto que surte a diversas veredas del
MUNICIPIO; y ii) por la CVC por la presunta omisión en el ejercicio
de sus funciones de vigilancia y control en lo concerniente a la
referida actividad.
El Tribunal en sentencia de 29 de enero de 2019, amparó los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano y al equilibrio
ecológico y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o
sustitución, al encontrar acreditada la problemática sobre el
abastecimiento y calidad del agua en el Municipio, con ocasión de,
entre otros factores, la actividad forestal desarrollada por CARTÓN
DE COLOMBIA S.A., en la franja protectora de las quebradas Sinaí
y La Tobón-Calimita.
Con fundamento en lo anterior, impuso a CARTÓN DE COLOMBIA
S.A., a la CVC y al Municipio las siguientes órdenes, orientadas a
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mantener las áreas protegidas únicamente con bosque natural, para
prevenir mayores niveles de contaminación de las cuencas Sinaí y La
Tobón-Calimita, preservar la conservación del recurso hídrico y el
equilibrio entre el gasto del líquido y la recarga natural bajo niveles
óptimos de salubridad:
A CARTÓN DE COLOMBIA S.A.: i) abstenerse de sembrar
nuevamente plántulas para aprovechamiento forestal en las áreas de
protección, e indicar en un término máximo de 3 meses, la fecha
estimada para culminar la etapa de cosecha en dichas áreas; ii)
cubrir los taludes y cunetas desprovistos de cobertura boscosa, con
el fin de evitar vertimiento de sedimentos por escorrentía; y iii)
observar los protocolos establecidos por Forest Stewarship Council-
FSC, en cuanto al uso de pesticidas en el bosque plantado y respecto
de la aplicación distante de los nacimientos y corrientes de agua, el
uso mínimo de esos productos en áreas de captación de acueductos
para los usuarios agua abajo y la disposición adecuada de recipientes
de embalaje de agroquímicos.
A la CVC: i) una vez culminada la etapa de cosecha de
aprovechamiento forestal de CARTÓN DE COLOMBIA S.A. en el
área de protección, esto es, en el rango de 30 metros desde el cauce
de las cuencas y 100 metros desde los nacimientos, sembrar bosque
natural a efectos de que la zona permanezca libre de
aprovechamiento forestal; ii) continuar y concluir la actuación
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administrativa iniciada en contra de la referida sociedad a través del
Auto núm. 0760-761 núm. 048 de 2016; e iii) iniciar investigación
en contra de ésta por el uso indebido de pesticidas en el bosque
plantado en el área de protección.
Al Municipio: i) identificar las vías públicas existentes en la zona
cuyos taludes y cunetas se encuentran desprovistos de protección
boscosa, para que proceda a la plantación de bosque natural en
coordinación con la CVC; ii) verificar la existencia de predios rurales
sin pozos sépticos, con el fin de exigir a los propietarios la instalación
de los mismos; iii) identificar y cancelar las licencias de subdivisión
rural otorgadas en contravía de lo dispuesto en el POT, atendiendo
la reglamentación de las Unidades Agrícolas Familiares -UAF; y iv)
adelantar campañas de sensibilización de la comunidad sobre la
conservación y ahorro del agua, en coordinación con ACUAPALTRES
y la CVC.
Inconformes con la anterior decisión, CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
y la CVC la apelaron, con fundamento en: i) la falta de prueba de la
vulneración de los derechos colectivos, la situación anterior y actual
de los terrenos aprovechados por la sociedad, la vigencia del Decreto
1449 de 1977, la normativa que respalda la actividad forestal y los
antecedentes relacionados con la construcción del acueducto de
ACUAPALTRES; y ii) la imposibilidad de continuar con la actuación
administrativa adelantada contra la sociedad accionada por el
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plantado en el área de protección y la falta de competencia para
investigar actuaciones por uso indebido de pesticidas,
respectivamente.
Problemas jurídicos
De acuerdo con las inconformidades de los apelantes, a la Sala le
corresponde determinar:
i) Si se encuentra acreditada la vulneración de los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico
y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución por
parte de CARTÓN DE COLOMBIA S.A., con ocasión del
aprovechamiento forestal que realiza en las áreas de ronda y
forestal protectora de las quebradas Sinaí y La Tobón-Calimita, su
incidencia en el desabastecimiento y contaminación del agua; y, en
consecuencia, si debe abstenerse de sembrar plántulas de
aprovechamiento forestal en tales áreas.
La Sala advierte que en el análisis del problema jurídico precedente,
se estudiará sobre la vigencia del artículo 3º del Decreto 1449 de
1977, en atención a la derogatoria de la Ley 135 de 1961 que lo
fundamentaba.
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ii) Si la CVC debe continuar con el proceso sancionatorio ambiental
iniciado contra CARTÓN DE COLOMBIA S.A., mediante auto 0760-
0761 núm. 48 de 18 de agosto de 2016, “por el cual se ordena la
apertura de una investigación de un procedimiento sancionatorio
ambiental”, archivado por el Director Territorial de la Dirección
Ambiental Regional Pacífico Este, a través de auto de 14 de
noviembre de 2018.
iii) Si la CVC es la competente para adelantar procesos
administrativos contra CARTÓN DE COLOMBIA S.A., por el
presunto uso indebido de pesticidas.
Caso concreto
1.- Del aprovechamiento forestal en áreas de ronda y forestal
protectora
Para efecto de resolver el primer problema jurídico planteado, la Sala
se referirá a la vigencia del Decreto 1449 de 1977, cuya aplicación
cuestiona la empresa recurrente, porque, a su juicio, dicha norma
perdió fuerza ejecutoria con ocasión de la derogatoria de la Ley 135
de 1961. Asimismo, es necesario precisar las diferencias entre área
de ronda y área forestal protectora y las actividades permitidas en
ellas, para efecto de establecer si las plantaciones de pino y eucalipto
con fines comerciales por parte de CARTÓN DE COLOMBIA S.A. se
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encuentran amparadas por la ley; y si las mismas afectan los
derechos colectivos invocados en la demanda por su incidencia en la
disminución y contaminación del caudal hídrico de las quebradas
Sinaí y La Tobón-Calimita.
1.1.- De la vigencia del Decreto 1449 de 1977 y de las áreas
de ronda y forestal protectora
Respecto de la vigencia del Decreto 1449 de 1977 y las diferencias
entre área de ronda y área forestal protectora, la Sección ya tuvo la
oportunidad de pronunciarse en sentencia de 13 de julio de 202360,
en la que precisó que: i) la norma en comento aún sigue vigente
porque sus disposiciones fueron recopiladas en el Decreto 1077 de
2015 y porque la jurisprudencia de la Sección ha considerado
reiteradamente que la medida de 30 metros paralela al cauce de ríos
o lagos, dispuesta en el artículo 3° del citado Decreto 1449, es
aplicable tanto para zonas urbanas como rurales; y ii) que el área de
ronda fue establecida por el legislador con la finalidad de
salvaguardar el patrimonio del Estado, mientras que el área forestal
protectora es de protección ambiental, sin perjuicio de que,
eventualmente, las medidas o longitud correspondientes en cada
disposición normativa puedan llegar a coincidir espacialmente.
Sobre el particular, la sentencia en comento explicó:
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón, sentencia de 13 de julio de 2023, expediente núm. 05001-33-33-000-2014-
01190-01.
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“[…]La Sala señala que la discusión sobre la vigencia del Decreto
1449 de 1977, particularmente en lo que tiene que ver con las
áreas de retiro a fuentes hídricas, ha sido superada, no sólo porque
sus disposiciones fueron recopiladas en el Decreto 1076 de 26 de
mayo de 201561, sino porque actualmente se ha decantado el
criterio jurisprudencial de que la medida de 30 metros paralela al
cauce de ríos o lagos, dispuesta en el artículo 3° del citado Decreto
144962, es aplicable tanto para zonas urbanas como rurales.
En efecto, esta Corporación63 en reciente pronunciamiento tuvo la
oportunidad de reiterar su postura en los siguientes términos:
“[…] En lo relacionado con el primer aspecto, la Sala advierte que si
bien es cierto que había dos decisiones que podrían analizar el tema
de manera diversa, también los es que esta Corporación ya tuvo la
oportunidad de zanjar esa discusión en la providencia de 4 de junio
de 2015, la cual constituye un precedente que se ajusta a la
situación en particular, en la que se indicó:
“[…] Otras de las normas determinantes que debían ser observadas
por el Concejo Municipal de Yopal, se encuentran consignadas en el
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974
y su decreto reglamentario 1449 de 1977, normativas que a juicio del
actor fueron desconocidas en los actos parcialmente acusados y que
establecen lo siguiente:
El Decreto 2811 de diciembre 18 de 1974, “Por el cual se dicta el
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente”, expedido por el Presidente de la República, en el
Capítulo II, reguló lo relativo al dominio de las aguas y sus cauces, al
señalar en el artículo 80: “Sin perjuicio de los derechos privados
adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público,
inalienables e imprescriptibles. Cuando en este Código se hable de
aguas sin otra calificación, se deberán entender las de dominio
público”. Según lo transcrito, por regla general las aguas son de
dominio público y por tanto de uso público, salvo los derechos
particulares o privados adquiridos previamente y de forma legal.
Coherente con la anterior disposición normativa el artículo 83 idem,
determina:
61
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
62
Decreto 1449 de 1977, “ARTÍCULO 3.- En relación con la protección y conservación de los bosques,
los propietarios de predios están obligados a: Ver Decreto Nacional 1791 de 1996 Aprovechamiento
forestal.
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda,
medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos
de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el
control de quemas”.
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón, auto de 24 de noviembre de 2022, expediente núm. 11001-03-24-000-2020-
00416-00.
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“Artículo 83º.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los
glaciares;
f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.”
De acuerdo con el tenor literal de los apartes subrayados, a la luz del
Código de Recursos Naturales Renovables, la faja paralela de hasta
30 metros de ancho, a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, constituye un bien de uso público
inalienable e imprescriptible, motivo por el cual no puede ser
apropiado por los particulares y se debe dejar libre de
desarrollos urbanísticos y del ejercicio de actividades
agropecuarias, salvo la existencia de derechos adquiridos que
quedan afectados por esta limitación.
(…)
Por su parte, el Decreto 1449 de junio 27 de 1977 “Por el cual se
reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de
la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de
1974”, en el artículo 3º, determinó lo siguiente:
“Artículo 3º.- En relación con la protección y conservación de los
bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas
forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo
menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos
de agua; (…)”
El ordenamiento concibió como un área forestal protectora
para la conservación de los bosques, “Una faja no inferior a
30 metros de ancha”, por lo que los concejos municipales, al
reglamentar el uso del suelo, deben en principio respetar este límite
fijado. Sin embargo, considera la Sala que la expresión subrayada
abre la puerta a que la faja protectora, pueda ser superior a 30
metros en el Decreto 1449 de 1977, mientras que la redacción del
literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 al decir “hasta 30
metros de ancho”, la fijó como si fueran 30 metros como máximo, es
decir, que en principio no podría ser superior a esta medida. Los
artículos 58, 63, 78 y 80 de la Constitución Política, destacan la
función ecológica de la propiedad, el carácter inalienable,
imprescriptible e inembargable que tienen los bienes de uso público,
el derecho a gozar de un ambiente sano, la obligación que tiene el
Estado de conservar las áreas de especial importancia ecológica y la
necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables para garantizar su desarrollo sostenible,
conservación, restauración y sustitución.
No obstante lo expuesto en precedencia, la Sala coincide con el
planteamiento del a quo según el cual, si bien es cierto el mínimo de
la ronda hídrica es de 30 metros durante el cauce a lado y lado y de
100 metros en su nacimiento, igualmente lo es que a las autoridades
territoriales -en razón de la expedición de la Ley 388 de 1997, se les
revistió de poderes discrecionales para ajustar dicha medida a las
necesidades particulares de su territorio, en virtud de la revisión del
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Yopal.
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[…]Con fundamento en todo lo expuesto, es válido afirmar que la
ronda del caño Usivar, puede ser definida a la luz de la Ley 388 de
1997, como suelo de protección, que bien puede atravesar como
en el caso sub judice, área urbana o rural. De allí la pertinencia
de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto
1449 de 1977, argumento que fue utilizado como cargo de
censura por el apelante, al afirmar que esta legislación sólo
tenía aplicación para el sector rural, aseveración que no fue
acogida por la primera instancia con buen acierto, al
considerar que también sus disposiciones se podían aplicar
para el sector urbano, como quiera que el título del citado acto
de 1977 modificó también el Código de Recursos Naturales
Renovales.
Del mismo modo pierde solidez jurídica el cargo de la apelación, por
cuanto no contraviene el ordenamiento legal que se establezcan
zonas de protección o área forestal protectora en el perímetro urbano
de un municipio, ya que el concejo municipal lo que está haciendo es
regular el uso del uso, para lo cual dispone de competencia
constitucional y legal, según lo visto. Aunado a lo anterior se tiene
que la facultad de manejar el margen de la ronda hídrica como lo
hicieron las autoridades municipales demandadas, realiza el cometido
de la prevención de desastres, del cual tienen que ocuparse estas
entidades.
Tal parece que el apelante nuevamente analizó de manera
aislada el artículo 31 de la Ley 388 de 1997 que establece la
definición de suelo urbano pero no lo interpretó armónica e
integralmente frente al supuesto normativo del artículo 35
idem relativo a suelos de protección que bien pueden estar
ubicados en los suelos urbano, de expansión urbana, rural y
suburbano, a que aluden los artículos 31 al 34 idem.
De acuerdo con el anterior recuento normativo y jurisprudencial,
encuentra la Sala que tanto la Alcaldía como el Concejo del Municipio
de Yopal Casanare, no violaron el ordenamiento legal al redactar los
artículos 66 numeral 1º del Decreto 100.24.007 de 2005 y los
artículos 154 y 162 parciales del Acuerdo 012 de 2007 como lo
hicieron, pues lejos de desconocer las normas superiores, el Código
de Recursos Naturales y su decreto reglamentario 1449 de 1977, así
como las de la Ley 388 de 1997, las realizaron al darle cumplimiento
[…]”.
Teniendo en cuenta el anterior pronunciamiento jurisprudencial,
esta Sala precisa que el asunto objeto de análisis no revela la
necesidad de sentar jurisprudencia, ni un interés jurídico
determinante o novedoso, toda vez que esta Sección al abordar
recientemente el estudio del artículo 3º del Decreto 1449 de 1977
compilado por el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 ha
tenido la oportunidad de marcar pautas, precisar algunos aspectos
y criterios en su aplicación, lo cual constituye precedente
jurisprudencial para los jueces y tribunales de la jurisdicción
contenciosa administrativa […]” (Resaltado de la Sala).
Ahora bien, pese a que, como ya se dijo, la Sala estima que asuntos
como el presente no requieren variar el precedente jurisprudencial,
lo cierto es que en esta oportunidad se referirá al alcance de las
expresiones “no inferior a 30 metros” y “hasta de 30 metros”
en consideración a que en el fallo de 4 de junio de 2015, las mismas
fueron utilizadas como relativas al mismo concepto, a saber: las
zonas de protección forestal. En esa oportunidad se dijo:
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“[…] considera la Sala que la expresión subrayada abre la puerta a
que la faja protectora, pueda ser superior a 30 metros en el
Decreto 1449 de 1977, mientras que la redacción del literal
d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 al decir “hasta
30 metros de ancho”, la fijó como si fueran 30 metros como
máximo, es decir, que en principio no podría ser superior a esta
medida […]” (las negrillas y subrayas no son del texto original).
Pero ocurre que mientras el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977
prevé una protección a las áreas de conservación boscosa en
las zonas ribereñas “no inferior a 30 metros”, el literal d) del
artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 establece una porción
terrestre de “hasta 30 metros de ancho” como un bien
inalienable e imprescriptible del Estado, de manera que una y
otra disposición normativa regulan asuntos distintos.
Dicho en otras palabras, una de las normas citadas establece una
protección ambiental, al tiempo que la otra protege el
patrimonio del Estado, ello, sin perjuicio de que, eventualmente,
las medidas o longitud correspondientes en cada disposición
normativa puedan llegar a coincidir espacialmente.
En ese sentido, esta Sección ha manifestado que las normas
mencionadas “versan sobre materias distintas pero conexas”
64
, frente a lo cual ha precisado lo siguiente:
“[…] Así las cosas, el citado literal d) del artículo 83 del Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del
Medio Ambiente65, establece una regulación en términos de
propiedad pública de las zonas territoriales paralelas al río, conforme
a la cual el espacio geográfico lateral a las corrientes hídricas de
hasta treinta (30) metros es un bien inembargable e
imprescriptible del Estado.
[…]
Nótese cómo el Presidente de la República, en ejercicio de las
facultades extraordinarias concedidas por el Congreso, utilizó la
preposición hasta al momento de señalar la demarcación máxima
de las franjas paralelas de los cauces permanentes de los ríos;
término que refiere al “límite final de una trayectoria en el espacio
o en el tiempo”, al “límite máximo de una cantidad variable” y al
concepto “no antes de”. Es decir, el espacio de dominio público a
que alude dicho precepto, sin menoscabo de los derechos adquiridos
antes del 18 de agosto de 1974, puede oscilar entre los 0 y 30
metros, ello en consonancia con lo previsto en los artículos
677,1521 y 2519 del Código Civil.
Siguiendo esta lógica, el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, no
solo trasladó a “las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, a los Grandes Centros Urbanos y a los
Establecimientos Públicos Ambientales” la competencia prevista en
el literal d) del mencionado artículo 83, que en su momento fue
ejercida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (artículo
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera - Sala Unitaria. Auto que
resuelve medida cautelar de suspensión provisional. Expediente núm. 11001-03-24-000-2018-00101-
00. M.P. Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS.
65
Decreto Ley 2811 de 1974
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14 del Decreto 1541 de 1978), sino que también señaló que al
delimitar la franja protectora aledaña a los ríos aquellas autoridades
realizarían estudios técnicos siguiendo las directrices fijadas por el
Gobierno Nacional para tal efecto.
Por ello, y de conformidad con lo consignado en el artículo 5° de la
Ley 9ª de 1989 y en el artículo 5° del Decreto 1504 de 1998, las
franjas de retiro de los ríos y la extensión paralela delimitada
por la autoridad ambiental en un rango entre los 0 hasta los
30 metros, comprende un elemento constitutivo del espacio
público66, inalienable, imprescriptible e inembargable, en los
términos del artículo 63 de la Constitución Política.
Precisamente, el Decreto 1508 de agosto 4 de 1998, en su artículo
5º estableció:
“Artículo 5º.- El espacio público está conformado por el conjunto de
los siguientes elementos constitutivos y complementarios:
I. Elementos constitutivos
1) Elementos constitutivos naturales:
a. Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico
o de montañas, tales como: cerros, montañas, colinas, volcanes y
nevados;
b. Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico:
conformado por:
i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales
como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas,
arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de
bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua,
tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos,
lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y
protección ambiental;
ii) Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de
agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos,
diques, presas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y
protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua tales
como: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas,
escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental
(…)”
En conclusión, de acuerdo con los apartes subrayados de las normas
transcritas, la Sala observa que los municipios, en ejercicio de
su función urbanística, deben seguir las determinantes que
fijen las Corporaciones Autónomas Regionales en materia de
protección aledañas a los acuíferos.
Así, en tratándose de las áreas a que se refiere el literal d)
del mencionado artículo 83, las Corporaciones deben
efectuar estudios para delimitar el territorio de dominio
público que garantiza conservación y preservación de los
ríos, espacio que oscila entre los 0 y los 30 metros.
[…]
Al respecto ver la sentencia de 15 de octubre de 2009 (Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera
66
ponente: María Claudia Rojas Lasso, expediente núm. 25000-23-25-000-2002-01021-01(AP)
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Sin embargo, una interpretación armónica de la disposición cuyo
desconocimiento se alega, conduce necesariamente al deber de
diferenciar la figura de protección contemplada en el literal
d) del artículo 83 del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en adelante
CNRNPMA, respecto de la señalada en el artículo 3° del
Decreto 1449 de 1977, en cuyo marco es posible concluir que
los mínimos territoriales de protección previstos en la última
disposición, no resultan aplicables a la figura establecida en
la primera norma, pero tampoco se contradicen pues versan
sobre materias distintas pero conexas.
Concretamente, el Decreto 1449 de 1977, “Por el cual se
reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56
de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de
1974”, en el artículo 3º, determinó los siguientes deberes de los
propietarios de predios de importancia ambiental hídrica, a saber:
[…]
Nótese que en la precitada norma, el Gobierno Nacional estableció
un mecanismo de protección de los territorios rurales paralelos a los
ríos -que no hubiesen sido delimitados como de propiedad del
Estado en virtud de lo dispuesto en el literal d) del aludido
artículo 83, cuya conservación boscosa resulta necesaria para la
preservación de la cuenca.
Este compromiso también fue reiterado en el artículo 209 del
Decreto 1541 de 1978, a cuyo tenor, los propietarios, poseedores
o tenedores de predios en los que nacen, atraviesan o circundan
fuentes de agua, independientemente de su carácter rural o
urbano, deben mantener prácticas de conservación de las aguas y
de los bosques protectores y suelos.
Ahora bien, aquel deber ciudadano remite a la figura de “área
forestal protectora”, reglada en el artículo 204 del Código de
Recursos Naturales, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 204º.- Se entiende por área forestal protectora la
zona que debe ser conservada permanentemente con bosques
naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros
naturales renovables.
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y
solo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. […]”
Precisamente, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente, en su título III denominado “de
los bosques”, clasificó las “Áreas Forestales” como protectoras,
productoras y protectora-productora (Art. 202 del Decreto Ley 2811
de 1974), definiendo la protectora como la “zona que debe ser
conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales,
para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables”
Así las cosas, tal y como se explicó en el acápite IV.3.1 de esta
providencia, el instituto de protección de la zona de ronda
contemplado en el literal d) del artículo 83 del CNRNPMA, cuyo
acotamiento es de competencia de CORPOCALDAS, conforme lo
señala el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, establece una
regulación en términos de propiedad pública, mientras que el
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Decreto 1449 de 1977 reconoció un deber en cabeza de los
propietarios de los sectores ya titulados.”
Ahora bien, en el caso específico de las áreas de ronda, la
Sala67 recientemente resaltó que constituyen espacio público; que
no son construibles para vivienda y que pueden ser ajustadas en
los planes de ordenamiento territorial con la finalidad de establecer
las zonas no urbanizables para efectos de su conservación
ambiental y/o proteger a las personas de los riesgos naturales. Al
respecto, se dijo:
[…]
En atención a tal interpretación armónica de los artículos 83 del
Decreto 2811 de 1974 y 3° del Decreto 1449 de 1977, la Sala da
por aclarada la imprecisión de la sentencia de 4 de junio de 2015,
en cuanto aparejó los conceptos de la faja de protección forestal y
la faja de propiedad del Estado e insiste en que, por lo demás, no
hay razón para apartarse del criterio jurisprudencial en ella
adoptado, el cual se ha reiterado por la Sección Primera tanto en
su Sala de Decisión como en Salas Unitarias, en relación con los
siguientes aspectos: i) que, como regla general, el área de ronda
es la faja paralela a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta
de treinta metros de ancho, la cual es de propiedad del Estado
salvo derechos adquiridos por particulares; ii) que la anterior
medida puede ser ajustada por los entes territoriales en sus POT
con la finalidad de establecer las zonas no urbanizables para
efectos de su conservación ambiental y/o proteger a las personas
de los riesgos naturales; iii) pero, en el evento de que el área de
ronda sea delimitada por la autoridad ambiental competente, que
tiene a cargo dicha función de manera principal68, aquella
constituye determinante ambiental que debe prevalecer incluso
sobre lo ordenado en el POT; y iv) que tanto las áreas de
protección boscosa como la franja de ronda de propiedad
Estatal de que tratan los Decretos 1449 de 1977 y 2811 del mismo
año, respectivamente, son aplicables tanto en zona rural como en
zona urbana.
No puede entenderse de otro modo, habida cuenta de que los
bienes jurídicos protegidos por las normas comentadas, a saber, el
medio ambiente y el patrimonio público, en materia de áreas
paralelas al cauce de las fuentes hídricas no se circunscriben al tipo
de zona en que se ubiquen, sea rural o urbana, pues las normas
no hacen acepción alguna al respecto […]” (Resaltado del texto).
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón, sentencia de 9 de junio de 2022, radicado núm. 68001-23-33-000-2018-00881-
01.
68
Ley 1450 de 2011, Artículo 206 “ARTÍCULO 206. RONDAS HÍDRICAS. Corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los
Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus
competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del
artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual
deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional”
(Resaltado fuera del texto).
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En ese orden de ideas, no le asiste razón a CARTÓN DE COLOMBIA
S.A., cuando afirma que el fallo apelado se fundamentó en una
normativa que no estaba vigente pues, como quedó visto, tanto la
norma compiladora como la jurisprudencia de esta Corporación dan
cuenta de que el Decreto 1449 de 1977 sí goza de aplicabilidad en
casos como el examinado, en los que resulta oportuna la protección
de las áreas contiguas a las fuentes hídricas.
1.2.- Del aprovechamiento forestal desarrollado por CARTÓN
DE COLOMBIA S.A. en el área forestal protectora
Ahora, la Sala debe determinar si el aprovechamiento forestal
comercial desarrollado por la empresa accionada en el área
forestal protectora, y no en el área de ronda, de las quebradas
Sinaí y La Tobón -Calimita se encuentra ajustado a derecho.
Lo anterior, en atención a que los hechos que motivaron la acción
popular se relacionan con la contaminación del recurso hídrico y la
disminución del caudal, lo cual va en perjuicio de los usuarios de los
acueductos veredales y de la población en general, lo que se traduce
en la protección ambiental del recurso hídrico y, por ende, del área
forestal protectora. En consecuencia, dado que las conductas
vulneradoras no se refieren a desarrollos urbanísticos, actividades
agropecuarias ni por la necesidad de proteger a la población aledaña
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a las quebradas por los riesgos naturales, no hay lugar a referirse al
área de ronda.
Aclarado lo anterior, la Sala precisa que, como se vio, los propietarios
de los predios rurales están en la obligación de mantener una
cobertura boscosa en las áreas forestales protectoras, las cuales son
definidas por el mismo artículo 3º del Decreto 1449 de 1977 como:
i) “Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo
menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia”;
y ii) “Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas
de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas
y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o
depósitos de agua”, entre otras.
Por su parte, el artículo 204 del CRN prevé que el área forestal
protectora solamente debe ser conservada permanentemente con
bosques naturales o artificiales, debe prevalecer el efecto protector
y solo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque.
El parágrafo 2° del artículo 12 del Decreto 2372 de 1o. de julio de
201069, definió los frutos secundarios como “[…] los productos no
maderables y los servicios generados por estos ecosistemas
69
“por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el
Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de
manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones”.
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boscosos, entre ellos, las flores, los frutos, las fibras, las cortezas,
las hojas, las semillas, las gomas, las resinas y los exudados […]”.
Asimismo, el inciso 5º del artículo 4º del Decreto 1498 de 200870,
dispuso que “[…] no podrán establecerse cultivos forestales o
sistemas agroforestales con fines comerciales en bosques
naturales, áreas forestales protectoras, áreas de manejo especial
o cualquier otra categoría de manejo, conservación o protección que
excluya dicha actividad, así como ecosistemas estratégicos, tales
como páramos, manglares, humedales y coberturas vegetales
naturales secas […]”71.
Además de lo anterior, la Sala advierte que el artículo 230 del CRN
definió las plantaciones forestales protectoras como aquellas que se
siembran exclusivamente para proteger o recuperar algún recurso
natural renovable, cuya definición fue reiterada en el artículo
2.2.1.1.12.1. del Decreto 1076 de 201572. En relación con las
actividades allí permitidas, el artículo 230 idem previó que solo se
puede tener un aprovechamiento indirecto y el artículo 2.2.1.1.12.1.
dispuso, específicamente, que en ella se pueden realizar
aprovechamientos forestales no maderables73 y desarrollar
70
Se advierte que el Decreto 1498 de 2008 fue derogado por el Decreto 2803 de 2010. Sin embargo,
este último fue expedido con la finalidad de reglamentar la Ley 1377 de 8 de enero de 2010, la cual
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-685 de 2011, razón por la que
al ser expulsada del ordenamiento jurídico, el acto reglamentario corre la misma suerte.
71 Resaltado fuera del texto
72 Modificado por el Decreto 1532 de 26 agosto de 2019
73
El artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015 definió el producto forestal no maderable como “[…]
Bienes de origen biológico distintos de la madera y la fauna, que se obtienen de las variadas formas de
vida de la flora silvestre, incluidos los hongos, y que hacen parte de los ecosistemas naturales. […]”.
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actividades de manejo silvicultural, asegurando la persistencia del
recurso.
De lo hasta aquí expuesto, la Sala advierte que la normativa aplicable
es lo suficientemente clara en establecer que en el área forestal
protectora no está permitido el aprovechamiento forestal con fines
comerciales.
Ahora, se advierte que la legislación también previó otra figura de
protección denominada área de reserva forestal que fue definida
por el artículo 206 del CRN como “[…] la zona de propiedad pública
o privada reservada para destinarla exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas
forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras […]”.
El artículo 207 idem dispuso que dicha zona puede “[…] destinarse al
aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella
existan o se establezcan […]”.
Asimismo, se advierte que como área protegida del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas -SINAP74, se incluyó las reservas forestales
protectoras, respecto de la cual el Decreto 1076 de 2015 dispuso:
“ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3. Las reservas forestales protectoras.
Espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque mantienen
74
El artículo 2.2.2.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015 lo define como “[…] el conjunto de las áreas
protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las
articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación
del país.
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su función, aunque su estructura y composición haya sido
modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance
de la población humana para destinarlos a su preservación, uso
sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de
propiedad pública o privada se reserva para destinarla al
establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los
bosques y demás coberturas vegetales naturales.
La reserva, delimitación, alinderación, declaración y sustracción de
las Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en
la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en cuyo caso se denominarán Reservas
Forestales Protectoras Nacionales. La administración corresponde
a las Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio.
La reserva, delimitación, alinderación, declaración,
administración y sustracción de las Reservas Forestales que
alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional,
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, en cuyo
caso se denominarán Reservas Forestales Protectoras Regionales.
Parágrafo 1°. El uso sostenible en esta categoría hace
referencia a la obtención de los frutos secundarios del
bosque en lo relacionado con las actividades de
aprovechamiento forestal. No obstante, el régimen de usos
deberá estar en consonancia con la finalidad del área protegida,
donde deben prevalecer los valores naturales asociados al área y
en tal sentido, el desarrollo de actividades públicas y privadas
deberá realizarse conforme a dicha finalidad y según la regulación
que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo
Sostenible.
Parágrafo 2°. Entiéndase por frutos secundarios del bosque los
productos no maderables y los servicios generados por estos
ecosistemas boscosos, entre ellos, las flores, los frutos, las fibras,
las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las resinas y los
exudados” (Resaltado de la Sala).
De la norma idem la Sala destaca que para que opere esta figura de
protección, la zona debe ser declarada y delimitada por la autoridad
ambiental competente mediante acto administrativo, pero, en todo
caso, en dicha zona tampoco puede efectuarse un aprovechamiento
forestal comercial, pues solo está permitido la obtención de frutos
secundarios del bosque.
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La Sala precisa que las áreas consideradas como forestales
protectoras aun cuando no gocen de la protección propia de las
reservas forestales protectoras porque la autoridad ambiental no
ha procedido a su delimitación o declaración, ello no significa que se
encuentren desprotegidas o que en las mismas se pueda efectuar
cualquier tipo de aprovechamiento forestal directo, pues por
disposición expresa del artículo 2.2.2.1.3.1. del Decreto 1076 de
2015, aquellas áreas gozan de la protección establecida por la
normativa que las creó y deben regirse por las mismas. Para el
efecto, la norma en comento ordenó:
“ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1. Permanencia de las figuras de protección
declaradas. Las categorías de protección y manejo de los recursos
naturales renovables reguladas por la Ley 2ª de 1959, el Decreto-
ley 2811 de 1974, o por la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos,
existentes a la entrada en vigencia del presente decreto, con base
en las cuales declararon áreas públicas o se designaron áreas por
la sociedad civil, y las establecidas directamente por leyes o
decretos, mantendrán plena vigencia y continuarán
rigiéndose para todos sus efectos por las normas que las
regulan.
Sin embargo, esas áreas no se considerarán como áreas protegidas
integrantes del Sinap, sino como estrategias de conservación
in situ que aportan a la protección, planeación, y manejo de
los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los
objetivos generales de conservación del país, hasta tanto se
adelante el proceso de registro de que trata el artículo el presente
decreto, previa homologación de denominaciones o
recategorización si es del caso” (Resaltado de la Sala).
Visto lo anterior, se advierte que en el caso concreto obran las
siguientes pruebas:
-. Resolución CVC núm. 2282 de 10 de noviembre de 1982, “Por la
cual se aprueba un plan de reforestación y se imponen unas
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obligaciones”, expedida por el Jefe de la División de Recursos
Naturales de la CVC75, mediante la cual se aprueba el plan de
reforestación presentado por REFORESTADORA ANDINA S.A., para
el predio denominado Sinaí, entre otros, y se imponen obligaciones
relacionadas con la conservación de la vegetación natural de las
márgenes de las corrientes de agua permanente conforme con lo
previsto en el CRN y, en caso de plantarse esa área, su
aprovechamiento será restringido. Del documento se destaca:
“[…] en representación de Reforestadora Andina S.A., solicitó a
esta Corporación la aprobación del plan de reforestación elaborado
por la División Forestal de la empresa Cartón de Colombia, para ser
adelantado en los predios “Sinaí”, “El Otoño”, “La Quebrada”, “El
Olimpo”, “El Buho”, “Campoalegre”, ubicados en la Vereda El Sinaí,
Municipio de Restrepo, Departamento del Valle del Cauca.
[…]
RESUELVE:
Artículo primero: Apruébase el plan de reforestación presentado
por Reforestadora Andina S.A. y registrado bajo el código 08-82
el cual será adelantado en el predio de su propiedad,
denominado fincas “Sinaí”, “El Otoño”, “La Quebrada”, “El
Olimpo”, “El Buho”, “Campoalegre”, ubicadas en la Vereda El Sinaí,
Municipio de Restrepo, Departamento del Valle del Cauca.
Parágrafo: De conformidad con lo señalado en el Artículo 3 del
Decreto reglamentario No. 2787 de octubre 21 de 1980, en razón
a que el bosque cuya plantación se aprueba por esta providencia,
será establecido en el predio de propiedad de Reforestadora Andina
S.A., dicho bosque es de propiedad privada de la citada
empresa.
Artículo segundo: Obligaciones del Beneficiario
[…]
d) Mantener con vegetación natural las márgenes de las
corrientes de aguas permanentes de acuerdo con las
normas establecidas en el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
75
Índice 49 del expediente digital.
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e) En caso de que las márgenes de las corrientes de agua
permanente sean plantadas, su aprovechamiento estará
restringido de acuerdo al Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y
el Estatuto de Recursos Naturales de la CVC.
[…].
g) Conservar el terreno bajo uso forestal por tratarse de un área
de vocación forestal […]”. (Resaltado de la Sala).
-. Registros de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines
comerciales núms. 890316958-76-0002 de 23 de mayo de 2007 y
8903169587-76-0116 de 6 de septiembre de 2007, expedidos por el
Gerente Seccional del ICA a favor de la REFORESTADORA ANDINA
S.A.76, para plantaciones forestales de eupalyptus grandis y
eupalyptus urograndis en el predio identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria núm. 370-0106042, y eupalyptus urograndis,
eupalyptus grandis, pinus tecunumanii, pinus oocarpa, pinus kesiya,
pines patuia, pinus maximinoi H.E. Moore, en el predio con matrícula
inmobiliaria núm. 370-0087724, respectivamente.
En ambos certificados se indica que los registros no otorgan
derechos para el aprovechamiento de bosque naturales ni aplican
para áreas forestales protectoras. Al respecto, se destaca:
“[…] En razón a que la empresa titular de este registro ha cumplido
con los requisitos de la ley 1021 de abril 20 de 2006, Decreto No.
2300 de julio 12 de 2006 y la Resolución ICA No. 2321 de agosto
22 de 2006.
El presente registro no otorga derechos para el
aprovechamiento y movilización de bosques naturales o
76
Folios 1 y 2 del cuaderno de anexos de la contestación de la demanda de la empresa Cartón de
Colombia.
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remanentes de bosque natural, ni aplica para áreas
forestales protectoras, áreas de manejo especial o cualquier
otra categoría de manejo de conservación o protección; así
como ecosistemas estratégicos, tales como páramos,
manglares, humedales y coberturas vegetales naturales secas y en
general que tengan restricción ambiental, establecidas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por las
Corporaciones Autónomas Regionales, por los Municipios, a través
de los planes de ordenamiento territorial o cualquier otra autoridad
con competencia en el tema.
Que los impactos ambientales que genere el
aprovechamiento de productos contenidos en el registro de
cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines
comerciales son de exclusivo conocimiento de la autoridad
ambiental competente en cada jurisdicción […]” (Negrilla
fuera de texto).
-. Certificado de existencia y representación de CARTÓN DE
COLOMBIA S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Cali, el
14 de marzo de 201777, en el que se señala como objeto, entre otras
actividades, la plantación de árboles y el aprovechamiento forestal
de bosque cultivado. Al respecto se destaca:
“[…] 6. Plantar árboles de toda clase y planear el cultivo,
beneficio y aprovechamiento de estos y de sus productos
secundarios tales como semillas, resinas, taninos, etc. 7. El
aprovechamiento forestal de bosques cultivados con el fin de
extraer maderas para su posterior transformación,
distribución, venta y exportación, adquirir, negociar, procesar
o manufacturar maderas, pulpas, pastas celulósicas, resinas
y demás productos derivados del aprovechamiento forestal
para su posterior transformación […]”.
-. Oficio sin número de fecha 14 de octubre de 2020, por el cual el
apoderado de la CVC78, en atención al requerimiento efectuado por
esta Corporación a través del auto para mejor proveer de 5 de
77
Folios 446 a 451 del cuaderno 1-1.
78
Índice 49 del expediente digital.
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octubre de ese año79, informó que recientemente no ha otorgado
permiso de aprovechamiento forestal a CARTÓN COLOMBIA S.A.
para desarrollar tal actividad en la parte alta de las microcuencas
Sinaí y Calimita, por cuanto hasta el año 2008 tuvo competencia
para efectuar registros forestales o sistemas agroforestales con fines
comerciales.
Al respecto, se resalta:
“[…] Actualmente, no es competencia de la CVC el otorgar permisos
de aprovechamiento forestal comercial. El parágrafo 3º del artículo
5º de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2º de la Ley 139 de 1994,
determinan que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la
entidad competente para formular la política de cultivos forestales
con fines comerciales de especies introducidas o autóctonas, con
base en la política nacional ambiental y de recursos naturales
renovables formulada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
En consecuencia, corresponde al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, señalar el procedimiento y los requisitos para el
registro de los cultivos forestales o sistemas agroforestales con
fines comerciales de conformidad con lo señalado en el parágrafo
3º del artículo 3º del Decreto 1498 de 2008.
Es competencia del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA –
efectuar el registro de los cultivos forestales o sistemas
agroforestales con fines comerciales conforme la delegación
establecida mediante la Resolución número 159 del 14 de mayo de
2008 y el Convenio número 111 de 2008.
La Resolución número 182 de 2008 en su artículo primero establece
que toda persona natural o jurídica que se dedique a cultivos
forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales debe
registrarse ante el ICA para lo cual debe presentar la solicitud ante
la Oficina Seccional Ica o quien haga sus veces, en la cual se
encuentre el cultivo forestal o sistema agroforestal.
Se precisa que hasta el año 2008, las CARs, registraron los cultivos
forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales; por
tanto al proferirse la reglamentación antes mencionada se hizo
79
Índice 43 idem.
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entrega de dichos Expedientes a la nueva autoridad competente,
quien actualmente se encarga del registro (ICA).
Cabe recordar que la CVC en el año 1982, profirió en ese entonces,
la Resolución número 2282 de 1982 (adjunta), “POR LA CUAL SE
APRUEBA UN PLAN DE REFORESTACIÓN Y SE IMPONEN UNAS
OBLIGACIONES”, aprobando el Plan de Reforestación … en el
predio de su propiedad denominado fincas “Sinaí”, “El Otoño”, “La
Quebrada”, “El Olimpo”, “El Buho”, “Campoalegre”…, demarcando
en esa fecha en su Artículo Segundo, numeral: d) “Mantener con
vegetación natural las márgenes de las corrientes de agua
permanentes de acuerdo a las normas establecidas en el Código
Nacional de los Recursos naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente y el Estatuto de Recursos Naturales de la CVC”.
Así mismo, se adjunta Certificación de Inscripción No.
8903169587-76- 0116 ante el ICA de la Plantación Forestal por
parte de REFORESTADORA ANDINA, ante el nuevo requerimiento
legal y cambio de competencia en el manejo de plantaciones
forestales por parte del Gobierno Nacional, acorde con la
normatividad vigente […]”.
También se indicó que si bien no ha declarado las áreas forestales
productoras, protectoras y protectoras productoras objeto de
aprovechamiento en los predios en los cuales CARTÓN DE
COLOMBIA S.A. desarrolla la actividad forestal en las microcuencas
Sinaí y Calimita, revisados los documentos correspondientes a los
Planes de Ordenación Forestal (Zona Andina, Cajambre –
Yurumangui y Calima – Dagua), se advertía que el área de
jurisdicción del Municipio se encuentra enmarcado dentro del Plan
de Ordenación Forestal Calima – Dagua, documento que a la fecha
se encuentra en revisión del informe final y su correspondiente
cartografía.
Con el oficio en mención la CVC allegó un documento denominado
“El objeto de las plantaciones forestales de conformidad con la
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normativa nacional y su obligación de mantener franjas de
protección hídrica”, elaborado para dar respuesta al auto para mejor
proveer, en el que indicó que las áreas destinadas a la reforestación
comercial de la cuenca del río Sinaí, donde se ubican los predios de
CARTÓN DE COLOMBIA S.A., son productoras y no protectoras,
razón por la cual de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del
Decreto núm. 1498 de 2008, no les aplican las categorías de
conservación de rondas hídricas ni de restricción ambiental. Al
respecto se destaca:
“[...] Las áreas destinadas a la reforestación comercial de la cuenca
del Río Sinaí, donde se ubican los predios de Smurfit Kappa Cartón
de Colombia, se encuentran bajo registro por parte del ICA
Ministerio de Agricultura, Nro. 8903169587-76-116 del 13 de
octubre de 2006, en el marco de la Ley 1021 de 2006 80, que
reemplazaba lo determinado por el Artículo 69 del Decreto 1791 de
1996; y posteriormente avalado por el Decreto 1498 de 2008. Son
áreas productoras y no protectoras.
• Igualmente, estas plantaciones comerciales o cultivos
forestales (especies exóticas de Pino y Eucalipto), presentan un
plan de reforestación aprobado mediante Resolución CVC 2282 de
1982, en el marco de lo determinado por el Decreto 2787 de 1980 81
del Ministerio de Agricultura.
• Las plantaciones forestales con fines comerciales se
aprovechan de manera persistente, es decir que siempre van a
conservar el rendimiento normal del bosque plantado con técnicas
silvícolas, que permiten su renovación.
• Los suelos donde se encuentran las plantaciones
forestales o cultivos forestales presentan uso productor82,
que mediante registro ICA, permite determinar que cumplen
con los criterios descritos por el artículo cuarto del Decreto
1498 de 2008 y que por lo tanto no aplica en ellas las
categorías de conservación de rondas hídricas, ni de
restricción ambiental.
80
Ley derogada en el marco de la sentencia C-030 de 2008 - SUIN-Juriscol.
81
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974.
82
Dictamen pericial Universidad Nacional de Colombia, 2017.
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• Pese a lo anterior y considerando que los predios
plantados de uso productor se encuentran en la cuenca
Sinaí, las rondas hídricas actualmente están cubiertas por
vegetación nativa que comienza a configurar manchas
boscosas de segundo crecimiento, los cuales han sido
conservados y recuperados por Smurfit Kappa Cartón de
Colombia, demostrando actualmente que la cuenca
hidrográfica de la quebrada Sinaí tiene un total de 6,4
hectáreas de las áreas hidrológicamente sensibles
denominadas “Áreas Variables de Afluencia Física” – AVAs,
de las cuales se encuentran con vegetación natural
protectora 3,4 hectáreas, quedando las restantes 3,0
hectáreas con destinación al uso en bosque plantado […]”.
(Negrillas fuera de texto).
En el anexo también se mencionó que: i) la CVC no es la
competente para otorgar permisos para actividades de
aprovechamiento forestal, materia a cargo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural; ii) no ha acotado la faja paralela a
las quebradas Sinaí y Calimita por encontrarse protegidas con
bosques nativo y plantados, último que surte un efecto protector;
y iii) los predios donde CARTÓN DE COLOMBIA S.A. desarrolla
su actividad forestal cuentan con registro y no presentan las
restricciones establecidas en el artículo 4º del Decreto 1498 de
2008. Del documento se destaca:
“[...] a.- […] La CVC solo otorga permisos de aprovechamiento
forestal para bosques naturales y flora silvestre, de conformidad
con las competencias determinadas por el Artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1791 de 1996 (compilado en la sección
segunda del Decreto 1076 de 2015). Para los predios del Sinaí la
regulación normativa se rige bajo Ministerio de Agricultura y
presenta registro de plantación del Instituto Colombiano
Agropecuario-ICA. En este sentido, el aprovechamiento forestal no
es una actividad sometida a permiso por parte de las autoridades
ambientales, ya que la competencia para el registro de la actividad
forestal desde el año 2008 se estableció en cabeza del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, quien, mediante el registro de las
plantaciones forestales comerciales, otorga la facultad de
aprovechamiento, sin necesidad de permiso adicional.
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b.- […] La aplicación del Artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, es
expreso para las competencias determinadas por las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes
Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales, y no
para el Ministerio de Agricultura, que, en el presente caso, es quien
se encarga de la regulación y manejo de las plantaciones forestales
productoras o cultivos forestales.
Ahora bien, la Ley 1450 de 201183 , estableció que corresponde a
las Corporaciones Autónomas el Acotamiento de las Rondas
Hídricas, conforme se establece en el artículo 8310 del Decreto Ley
2811 de 1974, es decir, una faja paralela hasta de 30 metros de
ancho en ríos y lagos; sin embargo, también estableció la
obligación conforme a los criterios que para el efecto definiera el
Gobierno Nacional, reglamentación que apenas fue proferida
mediante la expedición del Decreto 2245 de 2017, complementada
por la Resolución 0957 de 2018, mediante la cual se establecieron
los criterios para el acotamiento técnico de las rondas hídricas.
Esta resolución, también otorgó a las Corporaciones un lapso de
tiempo para establecer el orden de prioridades dentro de sus
jurisdicciones para realizar este acotamiento técnico. Siendo así las
cosas, a nivel nacional, las autoridades ambientales se encuentran
definiendo las prioridades y acotando aquellas rondas hídricas que
cuentan con una menor protección. Es este caso la CVC, no ha
establecido dentro de las prioridades próximas los predios objeto
de debate, por encontrarse en un grado de protección óptimo, ya
que se encuentran protegidas no sólo por bosque o árboles nativos,
con un aumento comprobado mediante la experticia realizada por
la Universidad Nacional del 68%11, desde el año 2003 al 2015,
sino también por los árboles plantados que surten también un
efecto protector del recurso suelo e hídrico.
c.- […] En los predios donde la empresa SMURFIT KAPPA CARTÓN
COLOMBIA desarrolla su actividad forestal productiva, objeto de la
acción popular, actualmente se encuentran registrados por el
ICA, y por lo tanto no presentan las restricciones
determinadas por el párrafo segundo, literal b, artículo 4 del
Decreto 1498 de 2008.
Se itera, que no corresponde a las competencias de las CAR´s,
declarar áreas forestales productoras, las protectoras, en conjunto
con el Ministerio de Ambiente, son determinadas de acuerdo con
las categorías establecidas en el Decreto 2372 de 2010, no
encontrándose los predios objeto de debate, bajo ninguna de estas
categorías, respecto al sistema de áreas protegidas en el País.
El registro de las plantaciones forestales protectoras y protectoras
– productoras, corresponden al reciente desarrollo normativo
contenido en el Decreto 1532 del 26 de agosto de 2019, valga la
pena indicar, norma posterior a la acción que nos ocupa, establece
83
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
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que las plantaciones forestales protectoras y protectoras –
productoras, son las establecidas en área forestal protectora, cuyo
registro corresponde a las CAR´s, reiterándose en este sentido que
los predios objeto de debate, no se encuentran en un área
categorizada como protectora y cuyo aprovechamiento directo está
autorizado, sin necesidad de permiso por parte de las autoridades
ambientales […]”.
Del anterior recuento probatorio, la Sala considera que la actividad
forestal desarrollada por CARTÓN DE COLOMBIA S.A., está
amparada por los registros expedidos por la autoridad competente,
esto es, la Resolución CVC núm. 2282 de 198284 y los registros de
cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales
núms. 890316958-76-0002 y 8903169587-76-0116 de 2007. Sin
embargo, el aprovechamiento forestal efectuado en las franjas
paralelas de los cauces de las quebradas Sinaí y La Tobón-Calimita,
en rango no inferior a 30 metros a cada lado de los cauces y 100
metros a la redonda de los nacimientos de las cuentas, no se
encuentra ajustado a derecho porque las autorizaciones y registros
que respaldan su actividad comercial prevén la conservación de la
vegetación natural de las márgenes de las corrientes de agua
permanente conforme con lo previsto en el CRN, zona en la cual está
restringido el aprovechamiento, conforme quedó expuesto
claramente en precedencia.
Asimismo, se observa que a pesar de que la autoridad ambiental
indicó que los predios donde se desarrolla la actividad forestal
controvertida se encuentran registrados por el ICA y no “[…]
84
“Por la cual se aprueba un plan de reforestación y se imponen unas obligaciones”.
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presentan las restricciones determinadas en el párrafo segundo,
literal b, artículo 4 del Decreto 1498 de 2008 […]”, lo cierto es que
tal argumento contradice los sistemas de protección, tales como el
de área forestal protectora, que fueron creados desde el CRN,
cuyas restricciones han sido reiteradas a lo largo de la expedición de
los diferentes decretos reglamentarios que fueron referidos en
precedencia y que aún siguen plenamente vigentes, aun cuando la
autoridad ambiental competente no hubiese delimitado las áreas
forestales productoras-protectoras o protectoras o declarado la
reserva forestal protectora.
La Sala advierte que el hecho de que la empresa accionada hubiese
registrado su actividad forestal ello no la autoriza a desconocer las
áreas forestales protectoras, pues su establecimiento y
protección opera en virtud de la ley y no requiere de acto
administrativo que así lo declare, razón por la que no se comparten
los argumentos expuestos por la CVC en el Oficio de 14 de octubre
de 2020 y, por tanto, ello no excusa a la empresa accionada de dar
cumplimiento al CRN y demás normas reglamentarias.
1.3.- De la incidencia del aprovechamiento forestal en el área
forestal protectora en la disminución y contaminación de las
quebradas Sinaí y La Tobón – Calimita.
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Con fundamento en lo anterior, la Sala determinará si el
aprovechamiento comercial forestal desplegado por CARTÓN DE
COLOMBIA S.A. en el área forestal protectora de las quebradas
Sinaí y La Tobón – Calimita tiene incidencia en su disminución y
contaminación.
Sobre el particular se destaca el siguiente material probatorio:
-. Resolución 000153 de 1o. de noviembre de 200285, a través de la
cual la Dirección Regional Pacífico de la CVC otorgó a
ACUAPALTRES la concesión de aguas de uso público respecto de
las quebradas Tobón y Sinaí, en porcentaje de de 4.5 lt/seg y 1.3
lt/seg, respectivamente, para uso doméstico de 412 viviendas con
un promedio de 2.060 habitantes, por un término de 10 años, y
precisó que, en caso de requerirse un uso diferente, se debía solicitar
a la autoridad ambiental el cambio de uso correspondiente.
-. Oficio núm. MR-PM-00188/2003 de 17 de septiembre de 2003, por
medio del cual el Personero Municipal de Restrepo informa a la CVC
de la queja presentada por el Comité de Cafeteros y ACUAPALTRES
con ocasión de la problemática evidenciada sobre el
aprovechamiento forestal realizado por CARTÓN DE COLOMBIA
85
Folios 98 a 100 del cuaderno 1 y 150 vuelto a 153 del anexo 1.
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S.A., sin respetar la zona protectora de la fuente hídrica Sinaí 86. Del
documento se destaca:
“[…] Esta fuente hoy alimenta los Acueductos de “Potrerillo”
y “El Aguacate”, y más aún cuando la vereda “La Palma – Tres
Puertas” con anterioridad obtuvieron la debida concesión de aguas
que antes del aprovechamiento forestal permitió la viabilidad de
que se elaborara un proyecto y que fue avalado por el
Departamento a través de la PARA, adjudicándoles un valor
aproximado de $860.000.000.oo, y que los ingenieros que están
elaborando el diseño de la conducción de la próxima inyección a
través de esta fuente, y quedaron sorprendidos de la
deforestación, no solo de su zona forestal sino nativa,
perjudicando indudablemente este nacimiento.
Les quiero resaltar […] que esta situación no es la primera que se
está presentando, sino que actualmente Cartón de Colombia
compró unos predios en la vereda de “San Salvador”, sucediendo
particularmente en donde el aprovechamiento o siembra de los
colinos lo realizan a un metro de distancia de las quebradas
que surten las aguas a estas veredas […]” (Negrilla fuera de
texto).
-. Informes de laboratorio efectuados por la UES de fechas: 16 de
diciembre de 2013; 10 de marzo, 8 de abril y 23 de julio de 2014;
17 de mayo y 12 de agosto de 2015; y 10 de junio de 2016 87, a
través de los cuales se indica a ACUAPALTRES que los resultados
de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados a unas
muestras de agua tomadas diferentes días y puntos, arrojaron
niveles de riesgo Altos y Medios, razón por la que el agua no es apta
para el consumo humano.
En dichos documentos se requiere a la Junta Administradora del
Acueducto, como responsable de la prestación del servicio de
86
Folio 96 ídem.
87
Folios 125 a 159 del cuaderno 1.
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abastecimiento de agua, adoptar los correctivos necesarios para
disminuir el riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico, así
como también que gestionara recursos con el municipio para la
construcción de un sistema de potabilización del agua, que permita
el cumplimiento de las normas de calidad del agua para Turbiedad,
Hierro Total y Coliformes Totales.
-. Documento titulado “División Forestal Recurso Hídrico Municipio
de Restrepo”, elaborado por CARTÓN DE COLOMBIA S.A., el 25
de septiembre de 201588, en el cual se señala que entre las
múltiples causas de la disminución de la oferta hídrica del sector
se encuentra el desarrollo de actividades antrópicas. Al respecto,
se destaca:
“[…] Problemática
Oferta
-. La oferta de agua está afectada por los procesos de degradación
de las cuencas, con la disminución progresiva de la regulación
natural del régimen hidrológico que hace más prolongados los
períodos de estiaje y mayores las crecientes.
-. La oferta hídrica experimenta en la actualidad una reducción
progresiva por causas de las limitaciones de uso que implica la
alteración de la calidad del agua por contaminación debido
principalmente al desarrollo de actividades antrópicas y de
servicios.
-. Cerca del 50% de la población de las áreas urbanas municipales
está expuesta a sufrir problemas de desabastecimiento de agua,
por causa de las condiciones de disponibilidad, regulación y presión
que existen sobre los sistemas hídricos que las atienden.
-. Proliferación de proyectos de infraestructura y económicos
(mineros, petróleos, agrícolas, viales) en zonas estratégicas
para la conservación del recurso hídrico y la protección de
las cuencas […]” (resaltado de la Sala).
88
Folios 35 a 40 del anexo I.
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-. Documento denominado “Caracterización de la zona de captación
#2 Sinaí Acueducto Acuapaltres”, sin fecha, elaborado por el
ingeniero Roberto Duque Mora de CARTÓN DE COLOMBIA S.A., en
el que se relaciona el predio Sinaí, de propiedad de la sociedad, su
ubicación geográfica y el uso del suelo: “plantaciones forestales
productoras-protectoras 67%, 34,8 hectáreas plantadas con
eucalipto”. Al respecto, se destaca:
“[…] -. Quebrada La Tobón.
Esta fuente está ubicada en la finca La Tobón propiedad del señor
Víctor Manuel Tafur, predio que estaba en uso ganadero, pero por
situaciones personales del propietario, no le fue posible seguirlo
manejando, lo que ocasionó una regeneración natural.
Según reporte de la Alcaldía Municipal -UMATA, el área de esta
microcuenca es de 50 Has.
-. Quebrada Sinaí
En el año 1980, Cartón de Colombia adquiere la finca Sinaí que
tiene un área total de 558,5 Has cuyo uso era el de ganadería
extensiva, en el que se encuentran varias microcuencas, entre
ellas, la microcuenca Sinaí, la cual tiene área de captación de 51.8
Has., de las cuales el 69% es de la familia Borrero y el 31% es
propiedad de Cartón de Colombia […]
[…]
El uso actual del suelo en la microcuenca Sinaí está distribuido de
la siguiente manera:
-. Bosques naturales (30%): 15,6 Has se encuentran cubiertas con
bosques naturales secundarios bien desarrollados.
-. Plantaciones forestales productoras-protectoras (67%): 34,8
hectáreas plantadas con eucalipto […]”.
En dicho documento también se menciona que el Municipio
presenta un déficit de oferta hídrica que se agrava en temporadas
críticas, debido a la falta de conservación, la deforestación derivada
de sistemas productivos pecuarios, entre otros.
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Adicionalmente, explica que hay un balance hídrico que se obtiene
de plantar árboles en zonas cuya destinación eran potreros:
“[…] Cuando se establecen plantaciones en potreros el balance
hídrico de la cuenca se altera y lo primero que se observa es una
disminución en el volumen de agua que alcanza las corrientes
inmediatamente después de los eventos lluviosos. Esta disminución
es el resultado de (i) parte del agua que antes llegaba a las
corrientes ahora es interceptada por las copas, (ii) la infiltración es
mayor (iii) la escorrentía es menor.
La disminución inicial de volumen de agua en los cauces producto
de una escorrentía menor es compensada durante los períodos
secos cuando los acuíferos alimentados por una mayor infiltración
mantienen los arroyos y quebradas fluyendo durante los veranos
[…]”
-. Resolución 0760 No. 0761-000657 de 13 de noviembre de 2015,
“Por la cual se impone una medida preventiva a la firma Smurfith
Kappa Cartón de Colombia S.A. con Nit. 890300406-3”, expedida
por el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacífico
Este de la CVC89.
En dicho acto se relacionaron los siguientes antecedentes:
a.- Que el 10 de septiembre de 2015, la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos del MUNICIPIO, le comunicó
sobre las afectaciones por parte de la sociedad accionada a un
nacimiento de agua del acueducto de la vereda Román.
b.- Con ocasión de lo anterior y tras una visita ocular al predio por
parte del Técnico Operativo de la zona, se radicó informe de visita
89
Folios 103 a 111 del cuaderno 1
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núm. 56381 de 21 de octubre de 2015, en el que se destacó que en
la parte alta de la microcuenca el Sinaí, CARTÓN DE COLOMBIA
S.A. tiene una plantación forestal de más de 500 has de pino y
eucalipto, las cuales ocupan la zona de protección hídrica de
afluentes de los que se sirven acueductos rurales para uso
doméstico.
c.- Que el aprovechamiento forestal ha generado pérdida de
cobertura boscosa en la zona de protección hídrica que es de 30
metros a lado y lado de las corrientes de agua permanentes y no
permanentes y 100 metros a la redonda de nacimientos de agua.
d.- Asimismo, se evidenció la construcción de 800 metros de vías
forestales que cruzan los drenajes naturales de las microcuencas
Sinaí y Calimita.
El acápite de antecedentes concluyó con el siguiente argumento:
“[…] Las actividades forestales realizadas en las
microcuencas Sinaí y Calimita, jurisdicción del municipio de
Restrepo -Valle afectan directamente la regulación hídrica
por pérdida considerable de coberturas forestales, en áreas
que por su vocación de zona forestal protectora, deben
permanecer con coberturas vegetales de cualquier índole, como
también la construcción de vía carreteable dentro de las
microcuencas, sin haber solicitado la autorización para la
ocupación de cauce a la CVC, como autoridad ambiental de
acuerdo a su competencia, lo cual podría ocasionar la alteración de
la calidad de las aguas que son utilizadas para uso doméstico en
los acueductos comunitarios por arrastre de sedimentos,
contraviniendo normas ambientales y en especial la Ley 1377 de
2010 […]”. (Negrilla fuera de texto).
El referido acto invocó como fundamento normativo el literal d) del
artículo 83 de CRN y el artículo 2.2.1.1.17.6 del Decreto 1076
de 2015, que conciernen al área de ronda y a las áreas forestales
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protectoras, de influencia sobre cabeceras y nacimientos de los ríos
y quebradas, permanentes o no. Señaló como “descripción de la
situación”, la siguiente:
“[…] En la parte alta de la microcuenca El Sinaí, existe una
plantación forestal de la empresa Smurfith Kappa Cartón de
Colombia, con más de 500 hectáreas plantadas con las
especies pino y eucalipto. Las plantaciones realizadas por
etapas en algunos sectores ocupan las zonas de protección
hídrica y/o forestal, agua que son utilizadas para uso doméstico
mediante acueductos comunitarios […].
A la fecha se está realizando el aprovechamiento de las
plantaciones, lo que ha generado pérdida de cobertura
forestal en las zonas de protección hídrica (30 metros al
lado y lado de las corrientes de agua permanentes o no
permanentes, y 100 metros a la redonda de nacimientos de
agua, estas áreas utilizadas en reforestación comercial se
calculan en más de 6 hectáreas, que nuevamente vuelven a ser
reforestadas.
También se observó la construcción de 800 metros de vías
forestales, cruzando drenajes naturales de las microcuencas Sinaí
y Calimita.
Las actividades forestales realizadas en las microcuencas
Sinaí y Calimita, jurisdicción del municipio de Restrepo – Valle,
afectan directamente la regulación hídrica por pérdida
considerable de coberturas forestales, en áreas que por su
vocación de zona forestal protectora, deben permanecer con
coberturas vegetales de cualquier índole, como también la
construcción de vía carreteables dentro de las
microcuencas, sin haber solicitado la autorización para la
ocupación de cauce a la CVC, como autoridad ambiental de
acuerdo a su competencia, lo cual podría ocasionar la alteración
de la calidad de las aguas que son utilizadas para uso doméstico
en los acueductos comunitarios por arrastre de sedimentos,
contraviniendo normas ambientales[…]” (Negrillas fuera de texto).
Con fundamento en los anteriores antecedentes y marco normativo,
la autoridad ambiental ordenó a CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
suspender de manera inmediata todo tipo de aprovechamiento
forestal de bosque plantado y natural dentro del área forestal
protectora de las microcuencas el Sinaí y Calimita, por cuanto, de
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la inspección ocular realizada a la zona, se evidenció que las
plantaciones, esto es, más de 500 hectáreas plantadas con especies
de pino y eucalipto, ocupaban la “zona de protección hídrica de
aguas” utilizadas por los acueductos rurales para uso doméstico,
generando pérdida de la cobertura forestal y procesos de
sedimentación hacía los cauces.
Adicionalmente, requirió a la sociedad demandada presentar planos
topográficos, previamente al aprovechamiento forestal y al
establecimiento de las labores silviculturales para posteriores turnos
de cosecha, en los predios de su propiedad y en los que se encuentra
bajo la modalidad de cuentas en participación, en los cuales se
“determine claramente las áreas forestales protectoras, en las que
no se podrá hacer ningún tipo de intervención”.
-. Acta de concertación núm. 001 de 28 de octubre de 2015 90, en la
que varios de los asistentes manifiestan que entre las múltiples
causas de la problemática del acueducto ACUAPALTRES, se
encuentra la actividad que desarrolla CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
Para uno de los asistentes, -señor Carlos Humberto Cardona
Hincapié, entonces Concejal del MUNICIPIO-, la reducción del agua
de las quebradas no obedece a la actividad desarrollada por la
sociedad demandada sino al lugar de la misma, pues las siembras
90
Folios 229 a 248 del cuaderno 2.
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se realizan a las orillas de los nacimientos y a los alrededores de las
fuentes hídricas. Al respecto, se destaca:
“[…]presenta evidencias fotográficas de la visita realizada a la
QUEBRADA EL SINAÍ que abastece el acueducto de ACUALPATRES
allí se puede evidenciar no sé hasta donde se puede decir que esto
siempre ha estado en esa condición, interviniendo hasta la parte
alta de la montaña adyacente a la fuente de agua se ve cómo eran
los bosques nativos antes son pequeñas evidencias de lo que queda
y también tenemos desprotección de árboles hasta la orilla de la
quebrada, aquí lo podemos observar directamente que no hay ni
dos metros de área boscosa, cuya intervención la hace SMURFIT
KAPPA CARTÓN COLOMBIA, entonces lo que se discute no es que
haya un sembradío de árboles eucaliptos o pinos, lo que se discute
precisamente es que hay una reglamentación por el régimen
jurídico del agua en Colombia que no permite, que esa tala se haga
hasta las orillas de los nacimientos y las quebradas, y se puede
apreciar la reducción de las quebradas aguas abajo y en partes
desaparece completamente […]. Observa la parte donde se
encuentra la bocatoma que al lado y lado esta talado el bosque
nosotros pensábamos que incluso se ve árboles nativos, porque se
produce esto porque al tumbar los pinos o eucaliptos caen sobre
los árboles nativos y los destrozan […]. Vemos también que por
donde pasa el agua lado a lado han talado el bosque.
Posteriormente pasa a las evidencias que corresponden a la
QUEBRADA CALIMITA que abastece veredas de Calimita y San
Pablo, lo que yo les decía ahora debe quedar claro y es que las
quebradas no nacen desde su nacimiento, tampoco es una sola, las
microcuencas corresponden a varios hilos de agua, entonces
cuando se destruyen esos hilos de agua se empieza a mermar la
fuente principal […]. Aclara que todo el desastre no corresponde
únicamente a Cartón de Colombia vemos la quema debajo de un
gradual en plena sequía y cerca baja los hilos de agua y están
quemando el guadual y se evidencia el humo y es evidente que las
quemas por todos lados para establecer cultivos, tala de las
plantaciones de Cartón de Colombia […]”.
Por su parte, la CVC manifestó que la problemática de los acueductos
y de reducción de los recursos hídricos es generalizada en los
municipios de Vijes, Restrepo y La Cumbre, entre otros factores, por
los cultivos de piña y de pino, razón por la que señaló que teniendo
en cuenta la normativa existente, se deben clasificar los árboles a
sembrar acordes al sector. También explicó que el MUNICIPIO
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integraba la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, creada en la Ley
2ª de 17 de enero de 195991, pero, posteriormente, fue sustraído y
reclasificado como zona de protección natural.
-. Informe de visita seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la medida preventiva contenida en la Resolución 0760
núm. 0761-000657 de 13 de noviembre de 2015, efectuada por la
CVC el 7 de marzo de 201692, en el que se señala que CARTÓN DE
COLOMBIA S.A. sigue realizando aprovechamiento forestal de
bosque plantado dentro del margen de protección forestal de las
quebradas El Sinaí y Calimita. Al respecto se destaca:
“[…]Teniendo en cuenta el Resuelve de la Resolución referida en el
que en su Artículo Primero dispone:
[…]
Al respecto se verifica que se ha incumplido la obligación impuesta,
debido a que se encontró la realización del aprovechamiento
forestal de bosque plantado dentro de la margen de protección
forestal de las microcuencas El Sinaí y Calimita.
Artículo Segundo: […]
Se incumplió la obligación puesto que no se ha allegado la
documentación requerida en el artículo en mención.
RECOMENDACIONES.
• Teniendo en cuenta lo referenciado anteriormente y lo enunciado
en el Artículo tercero, parágrafo 3.2 que dispone: El incumplimiento
total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto
administrativo será causal de agravación de la responsabilidad en
materia ambiental, por tal motivo al haberse incumplido las
obligaciones impuestas en la resolución No. 0760 000657 del 13
de noviembre de 2015, se hace necesario la formulación de cargos
a la firma SMURFITH KAPPA CARTON DE COLOMBIA S.A. con Nit:
890-300406-3, representada por el señor RUDOLF ALEXANDER
RAHN ZUÑIGA, con cédula de ciudadanía No. […]”.
91
“Sobre Economía Forestal de la Nación y Conservación de Recursos Naturales Renovables”.
92
Folios 303 vuelto a 305 del cuaderno 3.
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-. Auto núm. 0760-0761 No. 048 de 18 de agosto de 201693, por el
cual la CVC decide adelantar investigación administrativa ambiental
de carácter sancionador contra CARTON DE COLOMBIA S.A., en
relación con los hechos objeto de la medida preventiva impuesta a
través de la Resolución núm. 0760 No. 0761-000657 de 13 de
noviembre de 2015, con fundamento en lo previsto en la Ley 1333
de 21 de julio de 200994 y el Decreto 1076 de 2015, disposición
última que en los artículos 2.2.1.1.17.6 y 2.2.1.1.18.2 dispuso
cuáles son las áreas forestales protectoras y las obligación que deben
asumir los propietarios de predios para proteger y conservar los
bosques95.
Con fundamento en lo anterior, la autoridad ambiental adujo que el
incumplimiento de la normativa referida constituye una
contravención a las normas ambientales, razón por la cual resolvió:
i) mantener la medida preventiva impuesta a CARTON DE
COLOMBIA S.A. referida en precedencia, hasta tanto
desaparecieran las causas que la originaron; ii) iniciar el
procedimiento sancionatorio ambiental a dicha empresa por la
presunta violación a las zonas de protección hídrica debido al
establecimiento y aprovechamiento de plantaciones; y iii) ordenar la
93
Folios 306 vuelto a 311 ídem.
94
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
95
“[…] 1.- Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
Los nacimientos de fuentes de agua en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos
a partir de su periferia.
Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y
Lo terrenos con pendientes superiores al 100% […]”.
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práctica de pruebas para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.
-. Informe de la visita realizada el 22 de febrero de 2017 a la vereda
Sinaí del MUNICIPIO por parte de Defensoría del Pueblo Regional
Valle del Cauca - Delegada de Asuntos Agrarios y Tierras96, en el cual
se evidencia las siguientes afectaciones causadas a las fuentes
hídricas y a la bocatoma del acueducto veredal ACUAPALTRES por
parte de CARTÓN DE COLOMBIA S.A.:
i) La compañía no mantiene las áreas forestales en cobertura
boscosa dentro del predio, necesaria para la preservación de la
cuenca; ii) pese a que los cultivos forestales y la bocatoma están lo
suficientemente separados, se observó la aplicación de glifosato a la
mezcla del cultivo, lo que puede generar contaminación del agua por
escorrentía si se tiene en cuenta la pendiente de la zona y el estado
de las lluvias, por lo que recomendó la realización de un análisis de
aguas detallado que permita conocer los niveles de agroquímicos en
el punto de la Bocatoma, hecho que no fue acreditado en el
expediente; iii) la construcción de una vía afectó el recorrido del agua
que nace metros arriba de la carretera; y iv) no cuenta con tubería
o alcantarilla que permita el paso normal del agua, situación que
provoca la alteración del flujo natural del recurso.
96
Folios 627 a 631 del cuaderno 1-1.
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El punto de mayor afectación se presenta en el nacimiento de las
quebradas que abastecen al acueducto ACUAPALTRES, por cuanto
la plantación se encuentra a menos de 10 metros de distancia.
Del documento se destaca:
“[…]
Punto […] Observación
Punto 1 […] Se evidencia el incumplimiento del decreto
7016 de 2015, artículo 2.2.1.1.18.2. Protección
y conservación de los bosques. Numeral (b)
Bocatoma […] Se observa la aplicación de glifosato cerca de la
bocatoma
Carretera […] Se observa dificultad en el paso del agua por
construcción de carretera
Nacimiento […] Se evidencia el incumplimiento del decreto
de agua 7016 de 2015, artículo 2.2.1.1.18.2. Protección
y conservación de los bosques. Numeral (a)
• Punto 1
Corresponde al punto donde se identifica que no se está
cumpliendo con lo establecido en el decreto 7016 de 2015, artículo
2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. Relación
con la protección y conservación de los bosques, los propietarios
de los predios están obligados a mantener en cobertura boscosa
dentro del predio las áreas forestales.
Se entiende por áreas protectoras
: (c) Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas
de maneras máximas, a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de lagos
o depósitos de agua.
[…]
• Nacimiento de agua
En el punto se evidenció afectación durante el recorrido,
corresponde al nacimiento de agua de las quebradas que abastecen
al acueducto Acuapaltres, en este punto es donde mayor afectación
se presenta teniendo en cuenta que la norma establece el decreto
compilatorio 7016 de 2015, artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y
conservación de los bosques. Relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de los predios están
obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del predio las
áreas forestales.
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Se entiende por áreas protectoras
: (a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo
menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su
periferia.
En este punto la plantación se encuentra establecida a menos de
10 metros del nacimiento de agua, punto georeferenciado […]”.
-. Dictamen pericial rendido por el Ingeniero Forestal Guillermo León
Vásquez Velásquez97, en el trámite del proceso de la referencia, en
el que se relaciona, entre otros asuntos, la destinación de los predios
en los que se localizan las cuencas Sinaí y la Tobón-Calimita y las
causas objetivas que generan o no la afectación del recurso hídrico
que es aprovechado para el abastecimiento del sistema de acueducto
ACUAPALTRES.
En cuanto a la destinación de la tierra, señala:
“[…] Las tierras del área de interés se caracterizan desde décadas
atrás por estar destinadas al cultivo de café y la producción
pecuaria […]; más recientemente, desde el año de 1998 las
tierras de la cuenca Sinaí se destinan al establecimiento de
bosques plantados con especies de Pinus y Eucaplyptus para
la producción pulpa, desarrollo llevado a cabo, directamente
o en predios de particulares, por la empresa Cartón de
Colombia S.A. (hoy Smurfit Kappa Colombia, SKC). No obstante
lo anterior, tanto la cabecera como en derredor de la red de
drenaje se encuentran bosque naturales de segundo
crecimiento de calidad de vegetación protectora, uso que
abarca un total de 14.4 hectáreas que corresponden a un
32.4% del área total de la cuenca hidrográfica, en predios de
la empresa Smurfit Kappa Colombia y de particulares que
participan en la actividad reforestadora bajo la figura de “cuentas
en participación”.
Por su parte, la cuenca La Tobón-Calimita desde fecha imprecisa
que se estima superior a 15 años, fue desprovista de usos de la
tierra agrícolas o pecuarios, y se dejó para que se estableciera
espontáneamente a partir del proceso de sucesión natural, un
97
Folios 2 a 74 del cuaderno de pruebas.
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bosque de segundo crecimiento que en la actualidad presenta un
dosel cerrado, un profuso sotobosque y una composición florística
diversa […]”. (Negrilla fuera de texto).
Frente a las causas, el documento analiza: i) la oferta y demanda de
agua, los caudales disponibles en los sitios de captación del
acueducto y el índice de uso del recurso; ii) la calidad del agua a
partir de factores naturales y antrópicos, como es la influencia
natural de los suelos, de las hormigas, del uso de la tierra en las
cuencas, de las vías; iii) el consumo de agua por vegetación; iv) las
rondas hídricas en la cuenca Sinaí; y v) conclusiones y
recomendaciones. Del último factor, se destaca:
“[…] 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
[…]
4) EN RELACIÓN CON EL USO DE LA TIERRA EN BOSQUES
PLANTADOS: El uso actual de la tierra dominante en la cuenca, los
bosques plantados con fines productivos, no obstante los mitos y
prejuicios tejidos popularmente sobre sus efectos adversos para la
hidrología, es a la luz de las evidencias científicas un uso apropiado
en términos del favorecimiento de los valores hidrológicos
deseables: retención de agua en la cuenca, infiltración y
percolación, generación de caudales de flujo base, atenuación de
crecientes, retención de sedimentos y control de la erosión.
Esta clase de uso de la tierra es sustancialmente más favorable que
los usos antecedentes en ambas cuencas: el pastoreo extensivo de
ganado vacuno sobre cobertura de gramíneas. En tal sentido, la
reconversión del uso en pastos a bosques plantados fue una acción
conveniente para mejorar la regulación hidrológica y propiciar
mejores factores de calidad del agua, en beneficio de los usuarios
del agua.
La connotación de “bosques productores-protectores” que
establece el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables,
(Decreto Ley 2811 de 1974), es perfectamente aplicable en el caso
estudiado, a la luz de las evidencias científicas, con referencia a la
protección y conservación del recurso agua.
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No obstante, lo expresado en los párrafos anteriores, el manejo
silvicultural genera un momento crítico en relación con el
recurso agua: la cosecha forestal debe ser adelantada con
cuidadosas medidas precautelativas, puesto que tales
bosques se encuentran en áreas de captación del acueducto
Acuapaltres. En esencia se recomienda a la empresa Smurfit
Kappa Colombia el siguiente conjunto de medidas:
o Uso de sistemas de cosecha que no impliquen el arrastre de
las trozas sobre el suelo.
o Limitar o suprimir la extracción de madera con animales
(arriería).
o Programación de la cosecha en las épocas de menores
niveles de precipitación.
o Disposición de los residuos de cosecha (ramas, hojas, etc)
en el mismo sitio de aprovechamiento de los árboles de
manera que se minimice el impacto de la lluvia y la
escorrentía superficial erosiva.
o Establecimiento del nuevo bosque lo más pronto que sea
posible luego de la cosecha, para que se restauren
rápidamente los efectos hidrológicos favorables de la
plantación.
o Extremar medidas para evitar el derrame de combustible, la
disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos, y el
manejo de personal operativo para que su accionar en la
cuenca no propicie otras causas de afectación de la calidad
del agua.
o No cosechar simultáneamente todas las plantaciones de la
cuenca, de manera que toda ella pueda quedarse en un
momento dado sin el efecto protector de las plantaciones.
Para ello es deseable que se mantenga la actual estructura
de rodales de distintas edades y preferiblemente, hacía
adelante, rodales de distintas especies, para que así los
momentos de cosecha sean diferidos en el tiempo.
5) EN RELACIÓN CON EL CONSUMO DE AGUA POR LOS BOSQUES
PLANTADOS: La existencia de cerca de un tercio del área de la
cuenca Sinaí con bosques naturales y la configuración de rodales
de distintas edades, aminora de manera notable el consumo de
agua por los bosques plantados. Se estima que esta reducción no
supera en ningún momento del año el 5% de los caudales
disponibles para los usuarios aguas abajo. Frente a los beneficios
hidrológicos asociados al uso de la tierra en bosques plantados
antes indicados (regulación hidrológica y calidad del agua) esta
leve reducción está plenamente justificada.
6) EN RELACIÓN CON LAS RONDAS HÍDRICAS: La modelación de
las Áreas Variables de Afluencia Física (AVAs), técnica hidrológica
que permite determinar la áreas sensibles que propician la
regulación hidrológica de los caudales, de una manera más
confiable y verosímil que las normas no sustentadas que propenden
por un retiro uniforme de 30 metros a ambos lados de los canales
y de 100 metros en derredor de los nacimientos, conlleva a la
conclusión de que en la cuenca Sinaí los retiros de vegetación
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natural existentes son ampliamente suficientes para el
mantenimiento de los valores hidrológicos deseables, como son la
infiltración y la percolación, la retención de agua en la cuneta, la
contribución a la amortiguación de crecientes y el mantenimiento
de caudales de flujo de base.
[…]
Si bien existen en la actualidad 3,0 hectáreas de AVAs con
uso forestal productivo, es deseable que la empresa Smurfit
Kappa Colombia evalúe la conveniencia de su reconversión
a bosque natural protector, particularmente para evitar
algunas afectaciones a la calidad del agua durante la fase
de cosecha; de manera alternativa, la Empresa debe considerar
que el mantenimiento del bosque plantado tiene que estar ligado a
una estrategia especial de manejo cuidadoso y altamente
precautelativo, a fin de evitar efectos indeseables sobre el recurso
agua […]. (Negrilla de la Sala).
Del anterior recuento probatorio, la Sala considera probado que el
aprovechamiento forestal realizado por CARTÓN DE COLOMBIA
S.A., en el área forestal protectora de las quebradas Sinaí y La Tobón
– Calimita, sí afecta los recursos hídricos enunciados habida cuenta
que la referida actividad se desarrolla sin respetar la zona protectora
de dichas fuentes, e impacta la calidad de las aguas que son
utilizadas para surtir el acueducto ACUAPALTRES que sirve para los
corregimientos de La Palma y Tres Puertas, así como a las veredas
Colegurre, Buen Vivir, Chontaduro, Venta Quemada y Monte
Redondo.
En efecto, del dictamen pericial rendido en este proceso98 se advierte
que los predios denominados “Finca agrícola El Sinaí”99 y “lote de
terreno Finca Sinaí100, del Municipio de Restrepo, en los cuales
98
Folio 5 vuelto del cuaderno 3 del dictamen pericial.
99
Identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 370-0106042.
100
Identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 370-0087724.
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CARTÓN DE COLOMBIA S.A. desarrolla actividades de
plantaciones forestales de eucalipto y pino, se encuentran
localizados en las cuencas de las quebradas Sinaí y La Tobón-
Calimita.
Ahora, en lo que tiene que ver con la afectación enunciada, la Sala
observa que ésta fue identificada desde al año 2003 por el Personero
del MUNICIPIO, quien advirtió a la autoridad ambiental de la
deforestación causada a los nacimientos de las quebradas Sinaí y La
Tobón – Calimita, por el aprovechamiento o siembra de colinos a un
metro de distancia de las fuentes por parte de CARTÓN DE
COLOMBIA S.A., situación que fue reiterada por la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos del ente territorial a través de
oficio núm. MRVSISP1797/2015.
Por tal razón, la CVC dio inicio a una actuación administrativa en
contra de CARTÓN DE COLOMBIA S.A., trámite durante el cual se
encontró que en la parte alta de la Microcuenca el Sinaí la sociedad
tenía una plantación forestal con más de 500 has de pino y eucalipto
por etapas, que ocupaba la zona de protección hídrica de las aguas
utilizadas para uso de los acueductos rurales con uso doméstico101,
que generaba pérdida de la cobertura boscosa, fenómeno que incide
en la regulación hídrica.
101
Hallazgos consignados en el informe núm. 56381 de 21 de octubre de 2015.
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Asimismo, durante dicho proceso se advirtió que para noviembre de
2015 CARTÓN DE COLOMBIA S.A. continuaba realizando
aprovechamiento de las plantaciones, generando pérdida de la
cobertura forestal en las zonas de protección hídrica, 30 metros al
lado y lado de las corrientes de agua permanentes y no permanente
y 100 metros a la redonda de los nacimientos, en un área de más de
6 hectáreas; y que también se observaba la construcción de vías
forestales cruzando drenajes naturales de las microcuencas que
impactan la calidad del agua por arrastre de sedimentación, sin las
autorizaciones correspondientes por parte de la autoridad ambiental.
Por tal razón, se recomendó imponer medida preventiva a CARTÓN
DE COLOMBIA S.A., consistente en la suspensión inmediata de todo
tipo de aprovechamiento forestal de bosque plantado y natural
dentro de la zona forestal protectora de las microcuencas el Sinaí y
Calimita, debido a la infracción de las normas ambientales, habida
cuenta que la actividad desarrollada afecta directamente la
regulación hídrica por pérdida considerable de cobertura forestal de
las áreas que por su vocación de zona protectora debe permanecer
con cobertura vegetal de cualquier índole. Adicionalmente, por la
construcción de una vía carreteable dentro de las microcuencas
impacta la calidad del agua por arrastre de sedimentación, obra que
se ejecutó sin haberse solicitado autorización para la ocupación de
los cauces a la autoridad ambiental.
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Lo anterior, dio lugar a la expedición de la Resolución 0760 núm.
0761-000657 de 13 de noviembre de 2015102, por medio de la cual la
CVC impuso la referida medida preventiva de suspensión de las
actividades atrás referidas a CARTÓN DE COLOMBIA S.A.,
determinación frente a la cual también se adelantó procedimiento de
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impartidas, en el
que se estableció, una vez más, que la sociedad demandada
continuaba con el aprovechamiento forestal de bosque plantado
dentro del margen de protección forestal de las quebradas El Sinaí y
Calimita103.
En consecuencia, la CVC adelantó investigación administrativa
ambiental de carácter sancionatorio contra CARTON DE COLOMBIA
S.A.104, en relación con los hechos objeto de la medida preventiva
impuesta en la Resolución núm. 0760 No. 0761-000657 de 2015.
Se precisa que si bien la autoridad ambiental ordenó el archivo de la
anterior actuación, conforme se verá más adelante, con fundamento
en que el acto que impuso la medida preventiva, esto es, la
Resolución núm. 0760-núm. 0761-000657 de 2015, fue revocada por
incurrir en falsa motivación al no establecer el sitio exacto de
ocurrencia de los hechos ni precisar las conductas evidenciadas al
momento de la imposición de la medida preventiva, la realidad
102
Folios 103 a 111 del cuaderno 1
103
Informe de visita de 7 de marzo de 2016, visible a folios 303 vuelto a 305 del cuaderno 3.
104
Auto núm. 0760-0761 No. 048 de 18 de agosto de 2016, folios 306 vuelto a 311 ídem.
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procesal da cuenta de que la actividad forestal realizada por la
sociedad cuestionada sí afecta la calidad de las aguas de las
quebradas El Sinaí y Calimita, concretamente en lo que tiene que ver
con la pérdida de cobertura boscosa.
Al respecto, se destaca que la Defensoría del Pueblo Regional Valle
del Cauca - Delegada de Asuntos Agrarios y Tierras105, en visita
realizada a la vereda Sinaí el 22 de febrero de 2017, encontró que
CARTÓN DE COLOMBIA S.A. incumplía lo establecido en el artículo
2.2.1.1.18.2. numerales a y b, del Decreto núm. 7016 de 2015,
concerniente a la protección y conservación de bosques, toda vez que
no estaban manteniendo la cobertura boscosa dentro de las áreas
forestales dado que las plantaciones realizadas se ubicaban a menos
de 10 metros de los nacimientos de agua, además de que se
evidenciaba la aplicación de glifosato cerca a la bocatoma y la
dificultad del paso del agua por la construcción del carreteable.
Igualmente, en el dictamen pericial rendido en el trámite de este
proceso, se señaló que entre las múltiples causas de afectación de
las aguas de las quebradas el Sinaí y Calimita, se encontraba el
bosque plantado por CARTÓN DE COLOMBIA S.A. en áreas de
captación del acueducto de ACUAPALTRES, siendo necesaria la
adopción de, entre otras medidas, el “[…] retiro uniforme de 30
metros a ambos lados de los canales y de 100 metros en derredor de
105
Folios 627 a 631 del cuaderno 1-1.
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los nacimientos […]”, y reconversión de las 3.0 hectáreas de AVAs
con uso forestal productivo “[…] a bosque natural protector […]”, a
fin de evitar la afectación de la calidad del agua durante la fase se
cosecha.
Así las cosas, para la Sala no cabe duda de que el aprovechamiento
forestal efectuado en la franja de protección incide en la calidad del
agua, -la cual no es apta para consumo humano-, el
desabastecimiento de las fuentes hídricas y la contaminación de
estás, que si bien, como se advirtió de las pruebas, no le son
atribuibles exclusivamente a CARTÓN DE COLOMBIA S.A., vulnera
los derechos colectivos y, por tanto, le asiste el deber de ejecutar
acciones de protección ambiental.
Ahora, en relación con el argumento de la empresa recurrente según
el cual sustraer y dejar de plantar bosque nativo en la franja paralela
de 30 metros a los cauces, atenta contra sus derechos de propiedad,
pues se trataría de una confiscación que, de acuerdo con el artículo
34 de la Constitución Pólitica, se encuentra proscrita, la Sala advierte
que el artículo 4° del CRN reconoce los derechos adquiridos por los
particulares con arreglo a la Ley sobre los recursos naturales
renovables, no obstante, su ejercicio está sujeto al cumplimiento de
lo previsto en dicha disposición.
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Asimismo, según el artículo 42 del referido estatuto, los recursos
naturales renovables pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los
derechos legítimamente adquiridos por los particulares, en
cuyo caso, según el artículo 43 ídem, los derechos de propiedad
privada deben ejercerse como función social en los términos
previstos en la Constitución y con las limitaciones que establezca la
normativa respectiva.
De lo anterior, resulta claro para la Sala que los recursos naturales
renovables son de la Nación; sin embargo, los particulares pueden
ser propietarios de los mismos solamente en los casos en que su
titularidad se hubiese obtenido con justo título y de acuerdo con la
Ley, en cuyo evento dicha propiedad no debe ser entendida en
términos absolutos, esto es, que el particular pueda usar, gozar y
disponer de la cosa como a bien tenga, toda vez que esta debe
ejercerse no sólo con función social sino ecológica, lo que implica que
su uso, aprovechamiento, conservación y destinación debe
someterse a la normativa que regule la materia, así como a los
principios básicos previstos en la Constitución Política, como lo son
el desarrollo sostenible, la protección de las riquezas naturales de la
Nación y el derecho de los colombianos a gozar de un ambiente sano.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-126 de
1998, explicó que, en efecto, el artículo 4° y 43 del CRN reconocen
y garantizan la propiedad privada sobre los recursos naturales
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renovables, cuando esta fue adquirida con justo título y de acuerdo
con la Ley, no obstante, ese derecho de propiedad se encuentra
sujeto a las restricciones necesarias para la protección del medio
ambiente y asegurar su desarrollo sostenible. Al respecto, la Corte
sostuvo lo siguiente:
“[…] 36- Conforme a lo anterior, la Corte concluye que los artículos
4º y 43 el Decreto 2811 de 1974 demandados son válidos ya que
hacen parte de un estatuto encargado de regular los recursos
naturales renovables y se limitan a reconocer y garantizar la
propiedad privada sobre recursos renovables, cuando ésta ha sido
adquirida con justo título y de acuerdo con la ley. En efecto, como
ya se mostró, la Carta autoriza el dominio sobre los recursos
renovables, aunque, como es obvio, debido a la función ecológica
que le es inmanente (CP art. 58), ese derecho de propiedad se
encuentra sujeto a las restricciones que sean necesarias para
garantizar la protección del medio ambiente y para asegurar un
desarrollo sostenible (CP arts 79 y 80). Además, esa misma función
ecológica de la propiedad y la primacía del interés general sobre el
particular en materia patrimonial (CP art. 58) implican que, frente
a determinados recursos naturales vitales, la apropiación privada
puede en determinados casos llegar a ser inconstitucional.
Igualmente, la Corte considera que, con esos mismos fundamentos
constitucionales, el Estado puede también legítimamente convertir
en bienes de uso público determinados recursos renovables
considerados de utilidad social, aunque, como es obvio, y teniendo
en cuenta que la Carta reconoce la propiedad privada adquirida con
arreglo a las leyes, en tales eventos es deber de las autoridades
reconocer y expropiar los dominios privados que se hubieran
podido legalmente consolidar.
Como vemos, el cambio de paradigma que subyace a la visión
ecológica sostenida por la Carta implica que la propiedad privada
no puede ser comprendida como antaño. En efecto, en el Estado
liberal clásico, el derecho de propiedad es pensado como una
relación individual por medio de la cual una persona se apropia,
por medio de su trabajo, de los objetos naturales. Esta concepción
fue legitimada, desde el punto filosófico, por autores como Locke,
para quien el trabajo es necesario para que el ser humano subsista,
pues sólo de esa manera puede satisfacer sus necesidades
materiales, por lo cual se entiende que, por medio del trabajo
productivo, la persona se apropia del bien sobre el cual ha recaído
su labor, con lo cual saca ese objeto del estado originario en que
todos los recursos naturales pertenecían a todos106. A su vez, la
106Ver John Locke. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Capítulo 5,
párrafos 28 y ss.
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economía política clásica, de autores como Adam Smith, defendió
la idea de que esa apropiación individualista era socialmente
benéfica ya que permitía una armonía social, gracias a los
mecanismos de mercado. Sin embargo, con la instauración del
Estado interventor, esa perspectiva puramente liberal e
individualista de la propiedad entra en crisis, con lo cual el dominio
deja de ser una relación estricta entre el propietario y el bien, ya
que se reconocen derechos a todos los demás miembros de la
sociedad. Es la idea de la función social de la propiedad, que implica
una importante reconceptualización de esta categoría del derecho
privado, ya que posibilita que el ordenamiento jurídico imponga
mayores restricciones y cargas a la propiedad, al decir de Duguit,
como la propiedad reposa en la utilidad social, entonces no puede
existir sino en la medida de esa utilidad social107. Ahora bien, en la
época actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad
privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario
individual no sólo debe respetar los derechos de los miembros de
la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad)
sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos
de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras,
conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del
desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer
incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos
naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con
lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes
cambios.
Es por ello que, en los fundamentos 14 y 18 a 21 de esta sentencia,
la Corte precisó que los imperativos ambientales de la Carta obligan
a repensar el alcance de muchas de las categorías jurídicas
tradicionales del derecho privado. Sin embargo, esa necesaria
reconceptualización del dominio privado sobre los recursos
naturales renovables a la luz de la Constitución ecológica no hace
en sí misma inconstitucional la apropiación privada de tales
recursos, en determinados casos y bajo ciertas condiciones, pues
la Carta expresamente reconoce la propiedad adquirida con arreglo
a las leyes. Por ello, la Corte procederá a declarar la exequibilidad
de esas disposiciones, en el entendido de que ellas deben ser
interpretadas tomando en cuenta la función ecológica de la
propiedad […]”.
Siguiendo esta misma línea argumentativa, la Sala encuentra que el
artículo 47 del CRN permite, sin perjuicio de los derechos
legítimamente adquiridos por terceros, declarar “[…] reservada una
porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables
Ver León Duguit. Traité de Droit Constitutionnel. Paris: Boccard, Tomo III, p
107
664.
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de una región o zona cuando sea necesario para organizar o
facilitar la prestación de un servicio público, adelantar
programas de restauración, conservación o preservación de esos
recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos
[…]” (Resaltado de la Sala).
Todo lo anterior, pone de manifiesto que la orden contenida en el
numeral segundo de la sentencia apelada108 de ninguna manera
puede ser entendida como un atentado contra los derechos de
propiedad de CARTÓN DE COLOMBIA S.A. ni una confiscación,
pues el ejercicio de sus derechos de propiedad sobre sus plantaciones
debe respetar la función social y ecológica constitucionalmente
establecida y, por tanto, debe someterse a las restricciones que
imponga la normativa que regule la materia que, como se vio, fue
clara en prohibir el aprovechamiento forestal comercial en el área
forestal protectora, lo que conlleva al amparo del principio de
desarrollo sostenible la protección de las riquezas naturales de la
Nación y el derecho de los colombianos a gozar de un ambiente sano,
razón por la que tal restricción se encuentra legal y
constitucionalmente respaldada.
108
El Tribunal ordenó: “[…] Se ORDENA a la EMPRESA SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA, que
una vez culminada la etapa de cosecha forestal del bosque plantado ya existente dentro del área de
protección, -que corresponde a una distancia de 30 metros de ancho paralela a las líneas a cada lado
del cauce de las cuencas El Sinaí y la Tobón-Calimita- y 100 metros a la redonda de sus nacimientos-,
se ABSTENGA de sembrar nuevamente plántulas para aprovechamiento forestal en dicho rango de 30
metros a cada lado y 100 metros desde los nacimientos de las cuencas; así mismo deberá indicar la
compañía al despacho, en un término máximo de 3 meses, la fecha estimada para culminar la etapa
de cosecha en dichas áreas, al igual que deberá remitir dicha información a la CVC […]”.
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Finalmente, respecto de la vinculación de la Sociedad Borrero
Larroche Hermanos S en CS, propietaria del predio sobre el cual
pesa un contrato de cuentas en participación y que tiene una
importante extensión sobre la cuenca Sinaí, predio respecto del cual
también estimó que se desconocen los derechos adquiridos en
relación con el área de ronda por haber sido obtenido con
anterioridad a la expedición del CRN, la Sala considera que no hay
lugar a su vinculación ni a declarar la nulidad de lo actuado por dicha
omisión, toda vez que la problemática aquí analizada no concierne al
área de ronda, conforme se explicó en precedencia, sino a la
vulneración de los derechos colectivos invocados como violados por
la parte actora con ocasión del aprovechamiento forestal que realiza
CARTÓN DE COLOMBIA S.A. en el área forestal protectora de las
quebradas Sinaí y La Tobón-Calimita y el uso de pesticidas en esas
zonas.
En efecto, en el expediente está demostrado que el predio Finca
Agrícola El Sinaí pertenece a la sociedad BORRERO LARROCHE
HERMANOS S. EN C.S., conforme consta en la anotación núm. 5 de
16 de noviembre de 1982 del certificado de tradición y libertad
núm. 370-106042 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
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de Cali109, con ocasión de su constitución social110 y posterior compra
de derechos111.
Además, se encuentra acreditado que CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
es tenedora del mencionado bien en virtud del contrato de cuentas
en participación112 suscrito por su filial REFORESTADORA ANDINA
S.A.113 y la sociedad BORRERO LARROCHE HERMANOS S. EN
C.S., en el que se indica que esta última obra en condición de
propietaria de los predios denominados Sinaí y San Isidro del
Municipio de Restrepo, y la primera como gestor, que efectuará
“directamente o a través de terceros, la preparación, plantación,
manejo y cosecha de bosque comerciales en la especie de Eucalyptus
Grandis de conformidad con las especificaciones técnicas del
proyecto de reforestación aprobado por la Corporación Autónoma
correspondiente para las fincas que se entregan”114.
109
Visible a folios 590 a 592 del cuaderno 1-1.
110
“[…] Anotación núm. 005 Fecha 16-11-1982 Radicación 35358
Doc: Escritura 2313 de 30-06-1980 Notaría 10 de Cali
Especificación: 150 APORTE SOBRE DERECHOS CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
Personas que intervienen en el acto (X-Titulas de derecho real de domino […]
DE: BORRERO LARROCHE ARISTIDES
DE: BORRERO LARROCHE FERNANDO
DE: BORRERO LARROCHE MARTHA INÉS
DE: BORRERO LARROCHE RUBY
A: SOC. BORRERO LARROCHE HERMANOS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE […]”.
111
“[…] Anotación núm. 006 Fecha 14-01-1983 Radicación 125
Doc: Escritura 5276 de 31-12-1982 Notaría 10 de Cali
Especificación: 351 VENTA DE DERECHOS
Personas que intervienen en el acto (X-Titulas de derecho real de domino […]
DE: BORRERO ORTIZ CARLOS ARTURO
A: SOC. BORRERO LARROCHE HERMANOS S. EN C.S. […]”.
112
Escritura pública núm. 1332 de 13 de abril de 1999 de la Notaria Tercera del Circulo de Cali. Se
precisa que en la cláusula segunda del contrato se señaló que la sociedad BORRERO LARROCHE
HERMANOS S. EN C.S., obra en condición de propietaria del predio y REFORESTADORA ANDINA S.A.
como gestor y, que “[…] la entrega material que hace LA PROPIETARIA al GESTOR, es a título de mera
tenencia, porque ésta reconoce l dominio pleno de aquella […]”. Fls. 593 a 597 del cuaderno 1-1.
113
En el certificado de existencia y representación legal de CARTÓN DE COLOMBIA S.A., visible a folios
446 a 451 del cuaderno 1-1, consta que la sociedad REFORESTADORA ANDINA S.A. es filial de la matriz,
condición reconocida por la compañía demandada en los escritos de alegaciones radicados en el
presente asunto.
114
Cláusula segunda del contrato.
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Adicionalmente, en las cláusulas segunda, parágrafo primero, y
tercera del mencionado contrato se especificó que “La entrega
material que hace LA PROPIETARIA al GESTOR, es a título de mera
tenencia, porque ésta reconoce el dominio pleno de aquella sobre los
inmuebles”, y que su duración es de “siete (7) años” 115.
En consecuencia, resulta claro que quien se encuentra desarrollando
el aprovechamiento forestal en el área forestal protectora es la
empresa CARTÓN DE COLOMBIA S.A. razón por la que ésta es la
principal llamada a responder por la vulneración de los derechos
colectivos invocados.
Por lo precedente, la Sala confirmará el amparo de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o
sustitución, vulnerados por CARTÓN DE COLOMBIA S.A. con
ocasión del aprovechamiento forestal que realiza en el área forestal
protectora de las quebradas Sinaí y La Tobón-Calimita.
115
“[…] contados a partir de la finalización de la plantación de los árboles que se hará descrita en la
cláusula anterior, la cual será medida con exactitud una vez se termine la plantación de árboles, dejando
constancia en acta firmada por LA PROPIETARIA y el GESTOR a la cual se le anexará un plano
topográfico que señale las áreas efectivas. Sin embargo, el plazo real y efectivo será el necesario para
cosechar en su totalidad el bosque plantado con el fin de obtener el beneficio económico a que alude la
cláusula segunda de este contrato […]”.
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2.- Del proceso sancionatorio ambiental adelantado por la
CVC contra CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
En el recurso de apelación la CVC manifestó su imposibilidad para
dar cumplimiento a la orden impartida en el numeral cuarto de la
sentencia apelada116, porque mediante auto de 14 de noviembre de
2018 el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional
Pacífico Este dispuso el archivo del expediente administrativo
identificado con el núm. 0761-039-002-039-2018, adelantado
contra la sociedad CARTÓN DE COLOMBIA S.A., esto es, “a la
fecha no cursa actuación administrativa vigente por los hechos que
originaron la apertura del proceso sancionatorio ambiental”.
Al respecto, la Sala advierte que, conforme se explicó en
precedencia, dicho proceso sancionatorio ambiental se inició por el
aprovechamiento forestal efectuado por la empresa CARTÓN DE
COLOMBIA S.A. en el área forestal protectora de las quebradas
Sinaí y La Tobón -Calimita.
Respecto del Auto de 14 de noviembre de 2018117, se advierte que
en éste el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional
Pacífico Este de la CVC, dispuso el archivo de la actuación
116
El Tribunal ordenó: “[…] Se ORDENA a la […] CVC que dentro del término de un mes continúe de
manera célere con la actuación administrativa adelantada en contra de Smurfit Kappa Cartón de
Colombia S.A., sobre el proceso sancionatorio aperturado mediante Auto 0760-0761 Nro. 048 de 2016.
Deberá informar cada dos (2) meses al despacho, el estado de la actuación adelantada y el estado del
proceso administrativo […]”.
117
Visible a folios 459 a 467 del cuaderno 3.
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administrativa núm. 0761-039-002-039-2015, adelantada contra
CARTÓN DE COLOMBIA S.A., en consideración a que la Resolución
núm. 0760-núm. 0761-000657 de 13 de noviembre de 2015, que
impuso la medida preventiva consistente en la suspensión de
aprovechamiento forestal, fue revocada por la autoridad ambiental
por incurrir en falsa motivación “[…] al no encontrarse probados los
motivos determinantes de la decisión por no establecer el sitio
exacto de ocurrencia de los hechos, las conductas precisas
evidenciadas al momento de la imposición de la medida preventiva
que originó la apertura de la investigación sancionatoria ambiental y
lo más importante, el nexo causal entre ellas […]”.
De dicho acto también se observa que CARTÓN DE COLOMBIA
S.A., solicitó la revocatoria directa de la Resolución núm. 0760 núm.
0761 00657 de 13 de noviembre de 2015, “Por la cual se impone
una medida preventiva a la firma Smurfith Kappa Cartón de
Colombia S.A. con Nit. 890300406-3”, y del Auto 0760-0761 No. 048
de 18 de agosto de 2016118, “Por el cual se ordena la apertura de una
investigación de un procedimiento sancionatorio ambiental”, trámite
resuelto por la CVC a través de la Resolución 0760-761 núm. 000658
de 25 de noviembre de 2016, “Por la cual se resuelve una solicitud
de revocatoria directa”, en el sentido de revocar los actos atrás
enunciados. No obstante, en el plenario no obra ni la solicitud de
118
Folios 306 vuelto a 311 ídem.
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revocatoria directa ni el acto administrativo que la resuelve, el cual,
por demás, tampoco está publicado en la página web de la entidad119.
De lo anterior, la Sala considera que, en efecto, la CVC está
imposibilitada para continuar con el proceso sancionatorio ambiental
adelantado contra CARTÓN DE COLOMBIA S.A., por cuanto el
mismo se encuentra archivado.
Sin embargo, de las pruebas recaudadas en el proceso se advierte
que resulta necesario dar inicio a un nuevo procedimiento
sancionatorio ambiental y una nueva investigación contra CARTÓN
DE COLOMBIA S.A., en el que se garantice el derecho de defensa
y contradicción de la presunta infractora de las normas ambientales,
pues se evidenció el incumplimiento de la normativa ambiental
relacionada con la ocupación de zonas protegidas, la construcción de
vías sin permisos ni licencias, entre otras actividades violatorias del
derecho colectivo al medio ambiente.
Actividades que deben ser intervenidas por la autoridad ambiental
en ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental, previstas en el numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99,
pues se insiste en que la actividad forestal que desarrolla CARTÓN
DE COLOMBIA S.A. genera una serie de implicaciones negativas
https://www.cvc.gov.co/documentos/normatividad/boletin-actos-administrativos-
119
ambientales/actos-administrativos-2016
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para el área forestal protectora de las quebradas Sinaí y La Tobón-
Calimita.
En consecuencia, la Sala modificará el numeral cuarto de la
sentencia apelada, en el sentido de ordenarle a la CVC que dentro
del término de un mes, y en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, inicie de manera célere
un nuevo procedimiento sancionatorio ambiental y adelante una
nueva investigación contra CARTÓN DE COLOMBIA S.A., con
observancia del derecho de defensa y contradicción de la presunta
infractora de las normas ambientales, en el que se investigue y
sancione, en caso de que a ello hubiere lugar, las conductas
relacionadas con el aprovechamiento forestal comercial en el área
forestal protectora de las cuencas de las quebradas Sinaí y La Tobón
-Calimita y demás conductas que atenten contra la conservación de
dicho recurso hídrico, de lo cual deberá informar cada cuatro (4)
meses al despacho del Tribunal el estado de la actuación adelantada
y del proceso administrativo.
3.- De la competencia de la CVC para adelantar procesos
administrativos contra CARTÓN DE COLOMBIA S.A., por el
presunto uso indebido de pesticidas
La Sala precisa que el Tribunal en la sentencia recurrida ordenó a la
CVC adelantar una investigación contra CARTÓN DE COLOMBIA
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S.A. por el uso de pesticidas, -herbicidas e insecticidas, sobre el
bosque plantado existente en el área de protección, durante el
crecimiento del bosque, pues dada la cercanía de la zona protegidas
a las corrientes hídricas “[…] es muy probable que por filtración o
escorrentía terminen en los cursos de agua […]”, supuesto por el
cual se adelantó otro proceso sancionatorio ambiental contra la
sociedad demandada, por afectación de la zona forestal protectora
para el control de herbáceas y arbustos que emergen después de
haber realizado la cosecha en el municipio de Vijes, Valle del Cauca.
La CVC recurrió la anterior determinación aduciendo que carece de
competencia para pronunciarse sobre el uso indebido de pesticidas,
pues, en su criterio, dicho asunto le concierne al ICA, o a quien haga
sus veces, de acuerdo con lo previsto en la Ley 822120 y el Decreto
502 de 2003.
En el expediente se encuentra acreditado que según lo consignado
en el dictamen pericial121 rendido en el proceso, que el manejo
silvicultor del proyecto forestal desarrollado por CARTÓN DE
COLOMBIA S.A. se realiza bajo estándares de la Certificación
Forestal Voluntaria122 regidos y auditados por Forest Stewardship
Council International (FSC123), durante la etapa de crecimiento de
120
“Por la cual se dictan normas relacionadas con los agroquímicos genéricos”.
121
Folios 14 y 15 del cuaderno 3 contentivo del dictamen pericial.
122
Obtenida en diciembre de 2003, refrendada en 2014 y con vigencia hasta marzo de 2019.
123
Organización no gubernamental independiente que promueve el manejo ambientalmente
responsable, socialmente beneficioso y económicamente sostenible de los bosques del mundo. Creada
en 1994 para ayudar a los consumidores y a las empresas a identificar productos que provienen de
bosques manejados de forma responsable, protegiendo las diferentes especies de plantas y animales,
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bosque, momento en el cual la sociedad demandada “realizan
fertilizaciones y control de plagas y enfermedades” mediante uso de
biocidas124 enfocados a eliminar la competencia a la que se enfrentan
las plántulas, generalmente en etapas iniciales, siendo los herbicidas
más utilizados en la producción de eucalipto el “[…] LORSBAN 2.5%
DP insecticida agrícola, LORSBAN 4E insecticida, BECANO SC500
12X1I BOT CO Herbicida, ROUNDUP ACTICO Herbicida […]”.
Asimismo, se indicó que los protocolos de FSC y el manejo
silvicultural establecen los debidos cuidados en el uso y manejo de
herbicidas, de manera que no se generen efectos residuales a las
fuentes de agua. Del documento se destaca:
“[…] la aplicación distante de los nacimientos y corrientes de agua,
el mantenimiento de rondas hídricas que generen el efecto tampón
de los lixiviados, el uso mínimo de estos productos en áreas de
captación de acueductos para usuarios aguas abajo, y la
disposición adecuada de recipientes de embalaje de los
agroquímicos.
Sin embargo, puede darse accidentalmente el derrame de estos
productos puros o preparados, y la dejación de recipientes en el
campo por el descuido que hagan algunos operarios, todo lo cual
debe ser super vigilado por los directores de las operaciones
forestales de cosecha.
No es posible en el marco de las actividades técnica de este
dictamen verificar efectos residuales en el agua de consumo, por
cuanto ello implica pruebas de laboratorio complejas, que deben
garantizando los derechos de los Pueblos Indígenas, exigiendo la seguridad de los trabajadores
forestales, entre otros; contribuyendo en 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de las Naciones Unidas.
FSC cuenta con un sistema global de certificación forestal con dos componentes clave: Manejo forestal
(FM, por sus siglas en inglés) y Cadena de custodia (CoC, por sus siglas en inglés). El proceso de
certificación es llevado a cabo por organizaciones independientes que evalúan a los propietarios de
bosques y compañías de productos forestales respecto a los estándares FSC. Los estándares están
basados en 10 principios que incluyen el cumplimiento de las leyes, el respeto de los derechos de los
Pueblos Indígenas y trabajadores forestales, el manejo ambientalmente responsable, la optimización
de los beneficios del bosque, así como la protección de los altos valores de conservación.
Información disponible en: https://latinoamerica.fsc.org/es-ni.
124
La Real Academia Española define el término como “Sustancia activa o preparado que contenga uno
o más sustancias activas, destinado a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer
un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos”.
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realizarse no en un solo momento sino en campañas repetitivas
durante meses y años según las fases de desarrollo del bosque
plantado […]”.
Comoquiera que los hechos que refieren a la presunta afectación de
la zona forestal protectora de las quebradas Sinaí y Calimita, por
efectos residuales del uso pesticidas, -herbicidas e insecticidas, no
fueron controvertidos por los recurrentes, la Sala los tendrá como
ciertos y limitará el estudio correspondiente al problema jurídico
planteado, esto es, a establecer la competencia de la autoridad
ambiental para ejercer funciones relacionadas en uso indebido de
pesticidas.
Al respecto, se precisa que la Ley 822, -que reglamenta el registro
y control de agroquímicos genéricos125-, y el Decreto 502 de 2003, -
que reglamente la Decisión 436 de 1996 para el registro y control de
plaguicidas químicos de uso agrícola-, prevén que la autoridad
competente para aprobar la utilización y venta de agroquímicos
de uso agrícola a nivel nacional, conforme con lo previsto en el
anexo 1 de la Decisión 436, y de llevar el registro y control de
estos productos, es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
a través del ICA, o la entidad que haga sus veces (arts. 1ºs), cartera
que también recibirá, tramitará y coordinará con las autoridades
competentes, las solicitudes de registro de esos productos.
125
El numeral 3 del artículo 3, los define como: “[…] producto o sustancia química utilizada en la
agricultura, la ganadería o la actividad forestal que se encuentre en estado de la técnica y se considera
de dominio público […]”.
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En caso de nuevos agroquímicos de uso agrícola formulados con
base en un ingrediente activo grado técnico sin registro anterior, el
trámite será adelantado por los Ministerios de Protección Social y
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para que, en el marco
de sus competencias, adelanten trámites de control de las
actividades vinculadas a dicho productos (artículo 4º).
No obstante, los artículos 31, numeral 12, de la Ley 99126 y
2.2.3.2.13.18 del Decreto 1076 de 2015127, establecen que la CVC
si es competente para adelantar investigación administrativa
ambiental sancionatoria encaminada a la prohibición temporal o
definitiva del uso de fertilizantes o pesticidas que afecten las fuentes
o depósitos de agua de las quebradas Sinaí y La Tobón-Calimita.
Lo anterior evidencia que la competencia de la autoridad ambiental,
en materia de uso de pesticidas, concierne a la investigación
administrativa ambiental sancionatoria, función en ejercicio de la
cual debe dar cumplimiento a la orden impuesta en el presente
126
“[…] 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos […]2.
127
“[…] ARTÍCULO 2.2.3.2.13.18. Facultades para la protección de fuentes o depósitos de aguas. Para
proteger determinadas fuentes ó depósitos de aguas, la Autoridad Ambiental competente podrá alindar
zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, tales como
vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador
y otras similares.
La Autoridad Ambiental competente podrá prohibir, temporal o definitivamente, ciertos usos, tales como
los recreativos, deportivos y la pesca, en toda una cuenca o subcuenca hidrográfica o sectores de ella,
cuando del análisis de las aguas servidas o de los desechos industriales que se viertan a una corriente
o cuerpo de agua se deduzca que existe contaminación o peligro de contaminación que deba ser
prevenida o corregida en forma inmediata […]”.
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asunto, mas no a la aprobación de la utilización y venta de
agroquímicos de uso agrícola ni a la de llevar el registro y control
de esos productos, pues dicho ejercicio recae, como bien lo señaló
la propia recurrente, en otra autoridad administrativa.
En ese orden, la Sala confirma la sentencia apelada en lo que tiene
que ver con ordenarle a la CVC adelantar una investigación en
materia ambiental en contra de CARTÓN DE COLOMBIA S.A., por
el uso de pesticidas. No obstante, adicionará el ordinal quinto de la
sentencia apelada, en el sentido de ordenarle a la autoridad
ambiental demandada informar al Tribunal cada cuatro meses, el
estado de la actuación adelantada y del proceso administrativo.
Finalmente, la Sala adicionará la sentencia en el sentido de ordenar
la conformación del comité de verificación de que trata el artículo 34
de la Ley 472128, para el cumplimiento de la sentencia, en el cual
participarán además del juez de primera instancia, quien lo presidirá,
las partes y el Ministerio Público.
128
“[…] Artículo 34º.- Sentencia.
[…]
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones,
dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminará su
ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para
la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de Procedimiento
Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual
participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés
colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del
fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Negrilla fuera de texto).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia de 29 de enero de 2019, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, el cual quedará así:
“[…] 4.- ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC que dentro del
término de un mes, contado a partir de la ejecutoria de la
sentencia, y en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, inicie de manera
célere un nuevo procedimiento sancionatorio ambiental y
adelante una nueva investigación contra SMURFIT KAPPA
CARTÓN COLOMBIA S.A., con observancia del derecho de
defensa y contradicción de la presunta infractora de las
normas ambientales, en el que se investigue y sancione, en
caso de que a ello hubiere lugar, las conductas relacionadas
con el aprovechamiento forestal comercial en el área forestal
protectora de las cuencas de las quebradas Sinaí y La Tobón
-Calimita y demás conductas que atenten contra la
conservación de dicho recurso hídrico, de lo cual deberá
informar cada cuatro (4) meses al despacho del Tribunal, el
estado de la actuación adelantada y del proceso
administrativo […]”.
SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de
la sentencia de 29 de enero de 2019, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará
así:
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“5. Se ORDENA a la […] CVC que dentro del término de un (1)
mes, adelante nueva investigación a la empresa Smurfit Kappa
Cartón de Colombia S.A., sobre el uso indebido de pesticidas
(herbicidas, insecticidas, entre otros) sobre el bosque plantado
existente en el área de protección. Deberá informar cada cuatro
(4) meses al despacho, el estado de la actuación adelantada
y del proceso administrativo”.
TERCERO.- ADICIONAR un ordinal a la parte resolutiva de la
sentencia de 29 de enero de 2019, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará
así:
“12. Conformar un Comité para la verificación del cumplimiento de
la decisión, el cual estará integrado por el Tribunal, quien lo
presidirá, el actor popular, un representante del Municipio de
Restrepo, un representante de la CVC, un representante de Cartón
de Colombia, y un representante del Ministerio Público, de
conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472,
quienes deberán hacer seguimiento a lo ordenado en el fallo e
informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten para el
cabal cumplimiento de la sentencia”.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.
QUINTO: REMÍTASE copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión del día 18 de abril de 2024.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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