Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2020-00209-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2020-00209-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2020-00209-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
21 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 17001-23-33-000-2020-00209-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS
TESIS: LA SOLUCIÓN INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA ORIGEN DE
LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTVOS NO SE AGOTA EN
LA INTERVENCIÓN DEL BOX CULVERT QUE CANALIZÓ LA
QUEBRADA GUAYABITO, COMOQUIERA QUE DEBE ARTENDERSE
LAS MÚLTIPLES CAUSAS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO ADVERTIDA
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, AL ACCESO A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA,
Y A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados del MUNICIPIO DE VITERBO1, de la EMPRESA DE
OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.2 y del
DEPARTAMENTO DE CALDAS3, contra la sentencia de 25 de agosto
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas4.
1
En adelante el Municipio.
2
En adelante EMPOCALDAS
3
En adelante el Departamento.
4
En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 17001-23-33-000-2020-00209-01
Actor: ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
El señor ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS, en ejercicio de la acción
popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentó
demanda contra el MUNICIPIO, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CALDAS6 y la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS S.A. E.S.P.7 tendiente a que se protegieran los derechos
colectivos al goce de un medio ambiente sano, al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a
la prevención de los desastres previsibles técnicamente.
I.2. Hechos
Expuso que en el MUNICIPIO se presentan constantes inundaciones
generadas por la quebrada Guayabito y/o Mellizos en el cruce con la
vía nacional, en la carrera 10 y 11, entre calles 4ª y 5ª, debido a: i)
la ausencia de obras para mitigar el riesgo en la zona y de manejo
5
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6
En adelante CORPOCALDAS.
7
En adelante EMPOCALDAS.
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de aguas lluvias y residuales; y ii) a la acumulación de residuos,
sedimentos, escombros y basuras que impiden el tránsito de la
corriente, generando el represamiento y el rebose del cauce.
Indicó que las aguas residuales llegan sin tratamiento alguno a la
quebrada, por lo que se requiere de un medio de conducción o una
planta de tratamiento para evitar la afectación de la comunidad.
I.3. Pretensiones
El actor popular solicitó:
“[…] 1. Resolver el problema de empalizadas, que se producen por las
socavaciones laterales del río, lo que consecuentemente genera la
caída de los árboles de gran tamaño por pérdidas de sustentación, los
cuales con sus troncos y raíces retienen las guaduas.
2. Propiciar la tala de los árboles que puedan generar peligro por
taponamiento u obstrucción del curso normal del río.
[…]
4. Resolver el problema técnico de empalme de la cámara lo que
causa vertimientos.
5. Resolver el problema de capacidad de la estructura retenedora de
empalizadas y sedimentos […].
6. Resolver el problema que genera eventos de inundaciones
registrados, especialmente en el cruce con la vía nacional de acceso
al Municipio de Viterbo, Caldas, en la carrera 10 y 11 y entre calles 4
y 5, en donde, en diferentes épocas invernales, se ha presentado
inundaciones en las viviendas del sector.
7. Darle la dirección técnica que requiera el box culvert que cambia
de dirección en 3 puntos reconocidos, que puede ser causa de
inundaciones.
8. Resolver la problemática ambiental que se presenta por parte de
Empocaldas para que presente proyectos para el tratamiento de
aguas residuales -planta de tratamiento […]”.
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Actor: ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS
I.4. Defensa
I.4.1.- El MUNICIPIO expuso que en los informes allegados con la
demanda se establecen recomendaciones y conclusiones a las que la
ha dado cumplimiento en el marco de sus competencias y de acuerdo
con la disponibilidad presupuestal existente.
En consecuencia, propuso las siguientes excepciones:
“AUSENCIA DE VIOLACIÓN O AMENAZA DE VIOLACIÓN A LOS
DERECHOS INVOCADOS”: Adujo que no ha sido ajeno a las
recomendaciones de la autoridad ambiental, incluso, ha suscrito
contratos para llevar a cabo obras de mitigación del riesgo, en asocio
con la comunidad del sector de la quebrada Mellizo.
“INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO PROCESAL DE LA CARGA
DE LA PRUEBA”: Precisó que el actor no demostró que en la
actualidad se presentan inundaciones y que ha sido omisivo o
renuente a las conclusiones y recomendaciones realizadas en los
informes técnicos de CORPOCALDAS.
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“CULPA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD”. Indicó que la
comunidad tiene un deber social de impedir que se presenten hechos
como la tala indiscriminada y el depósito de retales que finalmente
llegan a las corrientes, con el fin de evitar anegaciones a raíz del
taponamiento en el box culvert.
“HECHO SUPERADO”. Argumentó que ha venido cumpliendo con la
limpieza periódica del recorrido de la quebrada, al punto que no hay
circunstancias actuales que permitan endilgarle responsabilidad por
acción u omisión por la vulneración de los derechos colectivos
invocados, por lo que el hecho esgrimido como causante de los
desbordamientos e inundaciones se encuentra controlado.
I.4.2.- CORPOCALDAS indicó que no incurrió en acción u omisión
que la haga responsable de la vulneración de los derechos colectivos
alegados.
Sostuvo que algunas de las inundaciones presentadas en los años
2011 y 2018, al parecer, fueron ocasionadas por el taponamiento del
box culvert ubicado en la quebrada Guayabito o Mellizo con residuos
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de construcción y basuras de gran tamaño como llantas, muebles,
árboles, guaduas.
Propuso las siguientes excepciones:
“COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE VITERBO Y DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE DESASTRES”. Adujo que varios de los factores que han incidido
en los eventos de inundación en el pasado han sido superados, como
es el caso de la obstrucción del cauce por empalizadas, caída de
árboles, residuos de construcción, entre otros; y que la comunidad,
el MUNICIPIO y el DEPARTAMENTO son responsables de los
factores de riesgo relacionados con los desarrollos urbanos que se
vienen realizando en las márgenes de la Quebrada Guayabito.
“AUSENCIA DE TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS
RECLAMADOS Y CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y DILIGENTE DE
LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA LEY A LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA Y REGIONAL DE CALDAS”. Sostuvo que en el marco
de sus competencias ha realizado las visitas de asesoría técnica al
sitio y generado los respectivos informes con las recomendaciones
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necesarias para tratar la situación y ha dado traslado de las
recomendaciones técnicas al MUNICIPIO y a EMPOCALDAS.
“COMPETENCIAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO EN MATERIA DE
ALCANTARILLADO”. Señaló que el empalme de tubos de la cámara
de vertimientos, la dirección técnica del box culvert y la PTAR, son
obras relacionadas directamente con la prestación del servicio de
alcantarillado en el MUNICIPIO, lo que escapa de su competencia.
I.4.3.- EMPOCALDAS expuso que, luego de varias visitas al lugar
de los hechos, determinó que la situación objeto de la acción se está
generando a causa de las basuras que se han venido depositando en
el cauce de la quebrada.
Expuso que la presunta ocupación de franja protectora obedece a la
nula intervención pública, responsabilidad que corresponde a la
entidad municipal encargada de salvaguardar el buen estado de los
predios de naturaleza pública en su territorio.
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Indicó que no son ciertas las afirmaciones del actor popular en
relación con el cambio de sección transversal del box culvert, su
taponamiento y la generación de problemas en 82 viviendas.
Adujo que, en visita técnica de 20 de septiembre de 2020, se verificó
que la obra se encuentra en perfectas condiciones, inclusive, ha
permitido coadyuvar a la eliminación de puntos de vertimiento de
aguas residuales sobre el cuerpo hídrico, a mejorar la calidad de este
y la calidad de vida de los habitantes del sector.
Manifestó que como empresa de servicios públicos domiciliarios
recolecta y conduce de una manera adecuada, a través de sus
tuberías y hacia sitios apropiados para su descarga, las aguas
residuales generadas por la población del casco urbano del
MUNICIPIO.
Propuso las siguientes excepciones:
“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA POR
PARTE DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.”. Argumentó que el problema
se centra, principalmente, en el estado e indebido mantenimiento de
la quebrada Guayabito que, a su vez, está generando riesgos de
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inundación, malos olores y perturbación del ambiente sano para los
habitantes de la localidad y de los predios aledaños al cauce;
además, de manera habitual se realiza un tratamiento efectivo a la
infraestructura presente en el cauce de la quebrada guayabito, por
tanto, a su juicio, no le asiste ningún tipo de responsabilidad.
“OBLIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN REALIZAR LAS
OBRAS TENDIENTES A CONSERVAR EL BIENESTAR DE SUS
HABITANTES”. Señaló que el MUNICIPIO debe incluir la ejecución
de las obras tendientes a mantener en buen estado las franjas
protectoras a lo largo del cauce de la quebrada, así como la
eliminación o corrección de empalizadas o elementos que obstruyan
y deterioren el cauce.
“RESPONSABILIDAD DE CORPOCALDAS COMO AUTORIDAD
AMBIENTAL”. Adujo que la autoridad ambiental debe promover
obras de defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, así como la protección y garantía del manejo
adecuado de las cuencas hidrográficas de Caldas; asimismo, en
conjunto con la alcaldía, le corresponde garantizar el correcto cauce
de la fuente hidrográfica que recorre el MUNICIPIO.
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“RESPONSABILIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE
VITERBO”. Indicó una de las causas que han podido generar la
amenaza y el riesgo, son las acciones de particulares como el arrojo
de escombros y basuras a las laderas que impide el curso normal de
las aguas.
“INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS POR PARTE DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P.” Argumentó que no existe en ninguno de los informes
técnicos elaborados por la CORPOCALDAS referencia a que la
problemática se encuentre asociada a la infraestructura que tiene a
su cargo en la quebrada Guayabito, o que tenga relación con los
servicios públicos que presta.
“IMPROCEDENCIA DE LOS DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS AL AMBIENTE SANO, LA PREVENCIÓN DE
DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE Y LA PROTECCIÓN
AL BIEN PÚBLICO POR PARTE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.”
Precisó que las situaciones de hecho no configuran una afectación a
derechos colectivos que le sea atribuible, pues el tratamiento de las
aguas residuales y el estado de la infraestructura instalada lo largo
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del cauce se encuentran ajustadas a los requerimientos legales y
constitucionales.
“AUSENCIA DEL HECHO GENERADOR, DADO QUE LA
SITUACIÓN MENCIONADA CON RESPECTO A EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. NO EXISTE”. Aseguró que ha cumplido a cabalidad con
su obligación de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado de
manera satisfactoria, como lo soporta la celebración de contratos
para la reposición de acueducto y alcantarillado en diferentes lugares
del MUNICIPIO.
“PRESCRIPCIÓN”. Solicitó que se declare que el tiempo ha
extinguido cualquier derecho de los habitantes del sector, u
obligación de la empresa.
“NO LE ASISTE NINGUNA RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS
ACCIONES U OMISIONES RELACIONADAS CON LA
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
INVOCADOS EN LA DEMANDA”. Manifestó que no existe prueba
técnica de la que pueda inferirse que hubiese incurrido en acción u
omisión relacionada con la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos invocados en la demanda.
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“GENÉRICA”. Solicitó que se declare probada cualquier excepción
diferente a las referidas que conduzca a rechazar su responsabilidad
y/o las pretensiones del demandante.
I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo los días 10 y
31 de mayo de 2021, declarándose fallida por ausencia de fórmulas
de acuerdo entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 25 de agosto de 2023, declaró la
vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, con fundamento en lo siguiente:
Destacó que la quebrada fue canalizada desde hace más de 40 años
mediante un box culvert y cuenta con una estructura retenedora de
empalizadas construida por el MUNICIPIO en convenio con
CORPOCALDAS y, además, EMPOCALDAS construyó allí un
interceptor que recoge las aguas residuales de los barrios ubicados
en la cabecera municipal.
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Sostuvo que CORPOCALDAS ha emitido diferentes
recomendaciones en punto a las inundaciones, entre ellas: i) el
mantenimiento a la infraestructura (cámara y estructura retenedora
de empalizadas) por parte de EMPOCALDAS y del MUNICIPIO,
para evitar vertimientos y conductas que atenten contra la limpieza
y funcionamiento de la misma; y ii) realizar campañas por parte de
la administración municipal para la defensa de las fajas protectoras,
impedir la disposición de basuras en el cauce, la tala de especies
vegetales y la construcción ilegal de viviendas ocupando la orilla del
cauce.
Adujo que las pruebas daban cuenta de la falta de capacidad
hidráulica del box culvert, la pérdida de cobertura vegetal en el
nacimiento de la quebrada, incidiendo en la concentración rápida de
aguas lluvias sobre toda la microcuenca y propiciando la ocurrencia
de inundaciones en la parte baja que atraviesa el casco urbano,
situación que no solo obedece a condiciones de cambio climático, sino
a las modificaciones en los usos del suelo para favorecer pasturas.
A su juicio, se demostró la vulneración del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por la
ausencia de intervención integral de la quebrada El Mellizo, así como
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de la infraestructura construida, cuya responsabilidad atribuyó al
MUNICIPIO por omitir sus funciones constitucionales y legales de
ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres,
comoquiera que solo fueron demostradas acciones de limpieza de la
estructura construida en el cauce.
Destacó que EMPOCALDAS en su función de prestación del servicio
público de acueducto y alcantarillado no ha influido en las
inundaciones, mientras que CORPOCALDAS acreditó haber
asesorado a la entidad territorial para superar la problemática.
Expuso que en atención a que el MUNICIPIO es de sexta categoría
y a los costos que pueden tener los estudios, proyectos y obras
requeridas, en virtud de los principios de colaboración y coordinación,
al cumplimiento de las órdenes debía concurrir el DEPARTAMENTO
y CORPOCALDAS, las cuales tienen competencias en materia de
gestión del riesgo de desastres e intervención de cauces como el
afectado, en asocio con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y demás entidades del orden departamental y nacional
que, de acuerdo con sus atribuciones, puedan generar recursos
económicos y técnicos para evitar las inundaciones.
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En consecuencia, impartió las siguientes órdenes:
“[…]Cuarto. ORDÉNASE al Municipio de Viterbo, Caldas:
4.1.- Realizar acciones de monitoreo y mantenimiento periódico sobre
el cauce de la quebrada El Mellizo o Guayabito (tres veces al año)
en la infraestructura construida en el mismo, esto es, el box culvert a
través del cual se canaliza la quebrada, así como en la estructura
retenedora de empalizadas […].
4.2.- Ejecutar las intervenciones técnicas necesarias y pertinentes a
los sitios críticos del box culvert de la quebrada El mellizo o Guayabito.
Lo anterior en el término de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia.
4.3.- Efectuar acciones de reforestación y monitoreo sobre los usos
del suelo en la parte alta de la microcuenca El mellizo o Guayabito
impidiendo actividades que propicien la generación de deslizamientos
o empalizadas que posteriormente terminen en el cauce colapsando
el box culvert a través del cual se canaliza la quebrada, así como la
estructura retenedora de empalizadas. Lo anterior de manera
permanente, en asocio y con la asesoría de la Corporación
Autónoma Regional de Caldas.
4.4.- Realizar acciones necesarias para lograr el respeto de las fajas
protectoras de retiro en la microcuenca El Mellizo o Guayabito. Lo
anterior de manera permanente, en asocio y con la asesoría de
la Corporación Autónoma Regional de Caldas.
4.5.- Adelantar estudios técnicos con la asesoría del Departamento
de Caldas y Corpocaldas para verificar la pertinencia y viabilidad
de construcción de una pantalla adicional, diques, estructura
retenedora de empalizadas y/o piscinas de amortiguamiento de
crecientes en la parte alta de la microcuenca El Mellizo o Guayabito.
Lo anterior en el término de ocho (8) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia.
Para realizar las obras recomendadas en el estudio anterior, el
Municipio de Viterbo, Caldas, deberá acudir al Departamento de
Caldas, Corpocaldas y demás entidades del orden nacional que
procuren la financiación de las mismas en caso de que la entidad
territorial no cuente con el presupuesto necesario para concretar las
obras respectivas.
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4.6.- Disponer, si aún no lo ha hecho, de los recursos humanos,
técnicos, administrativos, presupuestales y financieros con el fin de
elaborar un estudio de microzonificación del riesgo en la
microcuenca El Mellizo o Guayabito en el Municipio de Viterbo,
Caldas, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa de
esta providencia.
Para la contratación y elaboración del mencionado estudio de detalle,
el Municipio de Viterbo, Caldas, contará con un término de dieciocho
(18) meses que correrá a partir de la notificación de la
presente sentencia. El Departamento de Caldas y Corpocaldas
prestarán apoyo a la entidad territorial de acuerdo con sus
competencias.
[…]
4.8.- Realizar las acciones recomendadas por Corpocaldas en
diferentes documentos que obran en este proceso, a las cuales se hizo
referencia en el acápite número 8 denominado “De las medidas
para solucionar la vulneración de derechos colectivos” de la
parte considerativa de esta providencia.
Las anteriores actividades ser realizarán por el Municipio de Viterbo
aplicando los principios de coordinación y colaboración administrativa.
Quinto. REQUIÉRESE al Departamento de Caldas, Empocaldas
S.A. ESP y a Corpocaldas para que realicen las acciones dispuestas
en el numeral anterior y mencionadas en el acápite 8 de la parte
motiva de esta providencia, referido a “las medidas para
solucionar la vulneración de derechos colectivos” y lleven a
cabo las acciones de colaboración y coordinación administrativa que
sean pertinentes.
Sexto. CONFÓRMASE un comité de verificación que estará integrado
por el Procurador Judicial para Asuntos Administrativos que actúe
ante el Despacho del Magistrado Ponente de esta providencia, quien
lo presidirá, convocará e informará, el actor popular, un
representante del Municipio de Viterbo, Caldas, uno del Departamento
de Caldas y uno de Corpocaldas. El comité se reunirá e informará al
Tribunal Administrativo de Caldas con destino a este expediente, una
vez vencidos los términos indicados en esta providencia […]”.
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III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1 El MUNICIPIO manifestó que se le impartieron órdenes
relacionadas con actividades que viene realizando y otras que ya
fueron adelantadas, incluso antes de la presentación de la demanda,
conforme lo demuestran los informes allegados y los testimonios que
no fueron considerados por el Tribunal, pese a dar cuenta que
personas que hacen parte de la Junta de Acción Comunal del barrio
Pueblo Nuevo, realizan actividades de monitoreo y limpieza a la
pantalla retenedora de empalizadas, así como a la zona de afluencia
del box coulvert.
Indicó que ha desplegado acciones con CORPOCALDAS como la
suscripción del convenio interadministrativo núm. 192-2021 cuyo
objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
para la construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de
agua en sitios críticos del área urbana del municipio de Viterbo por
el monto agotable”, el cual está en ejecución y en el que frente a la
quebrada Guayabito prevé la construcción de una estructura tipo
dique, complementado con gaviones para su empotramiento en las
márgenes de la quebrada, con el fin de “[…] regular y mayorar los
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tiempos de concentración que tienen relación con las magnitudes de
los caudales pico […]”.
Adujo que la construcción en comento se ejecutó en el marco del
contrato de obra núm. 003-2022, bajo las recomendaciones de la
autoridad ambiental, razón por la que, a su juicio, se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Sostuvo que aun cuando el prestador del servicio de alcantarillado
manifestó haber reducido los vertimientos a la quebrada antes de
llegar a la entrada del box coulvert, metros más adelante, el sistema
de redes de alcantarillado en época de lluvias y avenidas torrenciales
realizan todo su aporte al interior del cauce, generando su
taponamiento porque no existe un colector dispuesto por el prestador
de ese servicio.
Afirmó que el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria
al tener solo en cuenta el aporte de aguas arriba del inicio de la
estructura, obviando los realizados aguas abajo de la canalización
que está siendo usada para el paso de aguas residuales que, por
disposición legal, corresponde realizar a EMPOCALDAS mediante
colectores hacia una PTAR y no a una fuente hídrica.
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III.2. El Departamento afirmó que el cauce de la quebrada
Guayabito está completamente intervenido por los desarrollos
urbanos sobre sus márgenes e incluso sobre el propio trazado del
cauce que generan perturbaciones y alteraciones del flujo de la
corriente, afectando la capacidad hidráulica de la canalización y
dando lugar a las inundaciones.
Expuso que los informes de CORPOCALDAS daban cuenta que el
cauce de la quebrada, en la parte media y alta, se encuentra
altamente intervenido con zonas de pastoreo de ganado, cultivos
limpios y actividades que han llevado a la pérdida de la faja de
protección en varios tramos, además de la socavación lateral del
cauce.
Manifestó que no es el responsable de la vulneración de los derechos
colectivos reclamados porque la responsabilidad de la gestión del
riesgo de desastres recae directamente en el MUNICIPIO, de
manera que no puede intervenir en los deberes y obligaciones que le
corresponden a este, quien no ha desplegado actividad alguna para
mejorar la problemática derivada de las malas prácticas en el manejo
de las aguas, las construcciones de viviendas, la intervención de
drenajes sin los estudios necesarios y la técnica requerida, y la
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omisión de las labores de vigilancia y control de las licencias de
construcción.
Concluyó que no hay duda de que el MUNICIPIO ha cometido un
sin número de errores que no debe asumir y, en consecuencia,
solicitó que se REVOQUE el fallo apelado y se nieguen las
pretensiones.
III.3. EMPOCALDAS solicitó aclarar si la expresión “Ejecutar”
consignada en la orden que le fue impartida se refiere a tramitar la
actualización del PSMV ante la autoridad ambiental, o a la puesta en
marcha de ese plan actualizado y aprobado por la competente.
Indicó que, aun cuando a la fecha de presentación del recurso, el
PSMV se encontraba en trámite ante CORPOCALDAS, esta ha
realizado correcciones y requerimientos que demandan estudios
topográficos de detalle, adquisición de predios, entre otras
actividades que conllevan a que el término concedido por el Tribunal
se torne insuficiente y no esté acorde con las realidades técnicas que
debe atender para su presentación.
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Adujo que la autoridad ambiental debe verificar el diagnóstico del
sistema de alcantarillado, los vertimientos puntuales de aguas
residuales realizados en áreas urbana y rural, la caracterización de
las descargas, los objetivos de reducción de vertimientos puntuales,
así como la descripción detallada de los programas, proyectos y
actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones;
información que, conforme con lo previsto en la Resolución núm.
1433 de 13 de diciembre de 20048, debe allegar ante
CORPOCALDAS en un plazo no mayor a doce (12) meses; por tanto,
solicitó la ampliación del plazo concedido.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. El MUNICIPIO alegó una vez más: i) la existencia de un hecho
superado, con fundamento en las pruebas decretadas en segunda
instancia; ii) la responsabilidad que, a su juicio, le asiste a
EMPOCALDAS con ocasión del gran aporte de aguas servidas y de
aguas lluvias que deposita en la totalidad del box coulvert; y iii) la
corresponsabilidad de CORPOCALDAS, el DEPARTAMENTO y
8“Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones”.
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EMPOCALDAS, en virtud de la cual es necesario que brinden apoyo
al ente territorial, no solo desde lo técnico, sino en lo financiero en
materia de gestión del riesgo, comoquiera que las obras y labores
necesarias para la mitigación del mismo, constituyen una carga que
supera sus capacidades, pues tiene una limitación importante en sus
recursos de inversión.
IV.2.- EMPOCALDAS insistió en la ampliación del plazo previsto en
el fallo impugnado para llevar a cabo la actualización del plan de
saneamiento y manejo de vertimiento ante CORPOCALDAS,
indicando una vez más que este se encuentra actualmente en
trámite, y reiteró la solicitud de aclarar el alcance de la expresión
“Ejecutar”, contenida en la obligación referente a la referida
actualización y la solicitud pruebas documentales, la cual fue resuelta
en el auto admisorio del recurso de apelación.
IV.3.- El DEPARTAMENTO reiteró que la vulneración o amenaza de
los derechos colectivos invocados no le resulta atribuible, comoquiera
que su origen radica en las malas prácticas en el manejo de las
aguas, la construcción de viviendas sin las respectivas licencias, la
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intervención de drenajes sin los estudios necesarios y la técnica
requerida, todas ellas adelantadas por la omisión del MUNICIPIO
de vigilar y controlar el desarrollo de su territorio.
Adujo que su intervención es procedente si el ente municipal por sí
mismo no puede atender la problemática, y para el caso bajo
examen, el MUNICIPIO cuenta con presupuesto destinado a los
temas relacionados con gestión del riesgo, por lo tanto, compete a
éste determinar e identificar las zonas vulneradas y afectadas por la
ola invernal, adelantar los programas destinados a intervenir estas
zonas y todo lo relacionado con la mitigación del riesgo, y no a los
departamentos, los cuales no pueden asumir las funciones
establecidas por mandato legal en cabeza única y exclusiva de los
municipios.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
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los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para el amparo de derechos colectivos como los invocados en el
presente asunto, cuya fuente de transgresión radica, presuntamente,
en las falencias en el mantenimiento y limpieza de la quebrada
Guayabito y la insuficiencia del box culvert para evacuar los niveles
de agua que se presentan en épocas de precipitaciones, generando
el desbordamiento del cauce e inundaciones en las zonas aledañas.
Problemas jurídicos
En consideración a lo argumentado en los recursos de alzada, a la
Sala corresponde determinar, en su orden, lo siguiente:
i) ¿Las obras y actividades ejecutadas por el MUNICIPIO en relación
con la problemática advertida dan lugar a la configuración de la
carencia actual de objeto por hecho superado?
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ii) ¿El Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria al no
considerar los vertimientos de aguas residuales realizadas por
EMPOCALDAS a la fuente hídrica?
iii) ¿Es procedente ordenar al DEPARTAMENTO concurrir con
recursos técnicos y financieros en la estructuración y ejecución de las
actividades que demanda la situación fuente de la vulneración de los
derechos colectivos invocados?
iv) ¿Cuál es el alcance de la orden impartida a EMPOCALDAS
consistente en ejecutar la actualización del PSMV?
v) ¿Es procedente la ampliación del plazo para cumplir con dicha
orden?
Caso concreto
La Sala procederá a resolver cada uno de los problemas jurídicos
definidos anteriormente.
• De la carencia actual de objeto por hecho superado
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En tratándose de acciones populares, el criterio jurisprudencial
unificado de esta Corporación9 sobre la declaratoria de la carencia
actual de objeto por hecho superado y la consecuente ineficacia del
pronunciamiento por parte del juez popular sobre las medidas
tendientes a restablecer los derechos colectivos objeto de amenaza
o agravio, fue fijado en los siguientes términos:
“[…] [L]a Sala unifica la jurisprudencia en relación con la
configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado,
dentro de una acción popular, en los siguientes dos sentidos:
i) Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad
judicial de conocimiento consideren que se ha superado la situación
que dio lugar a la interposición de la acción, es necesario verificar
el cese de la amenaza o la vulneración de los derechos
colectivos comprometidos, sin que baste con la simple
alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada
a la superación de la situación; en aquellos casos en que la
amenaza a los derechos colectivos subsista no es procedente declarar
el hecho superado, aun cuando se verifique que se ha adelantado
alguna actuación a fin de cesar la amenaza o vulneración de los
mismos.
ii) El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez
compruebe la desaparición de la situación que originó la
afectación de derechos colectivos, no es óbice para que proceda
un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos derechos
[…]” (Negrillas fuera del texto original).
En consecuencia, en aquellos eventos en que se acrediten medidas y
acciones tendientes a mitigar o hacer cesar la afectación, pero las
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 4 de
septiembre de 2018, C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo, Rad. N.º: 05001-33-31-004-2007-00191-
01(AP)SU.
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mismas solo reflejen la atención parcial de la problemática, no resulta
posible para el juez popular predicar la satisfacción efectiva de los
derechos colectivos conculcados y, en esa medida, la declaratoria de
la carencia actual de objeto es improcedente.
Bajo tal escenario se advierte que, en el caso concreto, el
MUNICIPIO, con fundamento en las pruebas decretadas en segunda
instancia10, alegó haber dado cumplimiento a sus deberes de cara a
la protección del derecho colectivo en juego; no obstante, para la
Sala las acciones acreditadas impactan solo algunos de los factores
que contribuyen al riesgo advertido, de tal suerte que no tienen la
entidad suficiente para entender configurada la carencia actual de
objeto por hecho superado, incluso, el acervo da cuenta que,
actualmente, la situación fuente de la vulneración persiste.
En efecto, aunque fueron realizadas algunas obras correctivas en el
box culvert “[…] bajo las recomendaciones de la autoridad ambiental
[…] mediante obras aguas arriba […]”11 de la estructura, lo cierto es
10
Convenio No. 192-2021, informe de actividades realizadas en el marco del contrato de obra pública
No. 003 de 2022 suscrito al amparo del citado convenio e informe técnico de supervisión del citado
contrato.
11
Así lo expone el MUNICIPIO en el escrito contentivo del recurso, indicando que la obras fueron
ejecutadas en el marco del Convenio Interadministrativo núm. 192-2021, cuyo objeto consistió en
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de estabilidad de
taludes y manejo de agua en sitios críticos del área urbana del municipio de Viterbo por el sistema de
monto agotable”, previendo en la quebrada Mellizo la construcción de diques (muros de gavión
revestidos de concreto) para regular y mayorar los tiempos de concentración que tiene relación con las
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que dentro del expediente no se advierte medio de prueba alguno
acerca de la realización de los estudios técnicos necesarios para
determinar sí, en efecto, esa intervención constituye la solución
integral, adecuada y definitiva para optimizar la capacidad hidráulica
de la canalización.
Lo anterior denota una vez más que, como fue acreditado a lo largo
del proceso, la canalización ha venido siendo objeto de acciones
improvisadas que han sido ineficientes para evacuar los niveles de
agua que se concentran en épocas de lluvias torrenciales.
Adicionalmente, tampoco se advierten medidas o actividades
encaminadas a atender los problemas de deforestación y afectación
de las zonas de protección hídrica que se presentan en algunos
tramos de la quebrada, hechos sobre los cuales son coincidentes los
testimonios recaudados.
Sobre el particular, la Sala advierte que el Esquema de Ordenamiento
Territorial -EOT del Municipio, aprobado mediante Acuerdo núm. 029
magnitudes de los caudales pico. Con fundamento en este convenio fue suscrito el contrato de obra
pública núm. 003 de 2022.
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de 2000, vigente para la época de los hechos que sustentan esta
acción, en relación con el uso del suelo disponía:
“[…] Artículo 31. SUELO DE PROTECCIÓN DEL SECTOR RURAL: A. Se
establecen como áreas de protección las áreas de interés ambiental
consideradas como relictos de bosques y guaduales que se
encuentran en el sector rural y que a continuación se describen:
[…]
B. Se establecen como áreas de protección, todas las micro cuencas
hidrográficas que se encuentran dentro del municipio lo mismo que
las rondas de los ríos y quebradas, las cuales son consideradas como
de conservación activa y se enumeran a continuación: 1. Río Risaralda
2. Río Guarne 3. Río Mapa 4. Quebrada Canaan 5. Quebrada la
Máquina 6. Quebrada Changüí 7. Quebrada La Argelia 8. Quebrada
Zabaletas 9. Quebrada Guayabito
Artículo 32. SUELO DE PROTECCIÓN DEL SECTOR URBANO: 1. Se
establecen como áreas de protección las áreas de interés ambiental
consistentes bosques y guaduales localizados en el área urbana y los
cuales enumeramos a continuación:
[…]
2. Se establecen como áreas de protección los senderos ecológicos y
paisajísticos que se plantean sobre las riberas de las quebradas
Guayabito, Limones y el Río Risaralda.
3. Se contemplan como área de protección, una franja de 15 metros
a cada lado de todas aquellas quebradas que circulan por el perímetro
urbano, entre las que se encuentran las quebradas Guayabito,
Limones y Samaria. Por otra parte se establece como áreas de
protección 50 metros a la redonda de los nacimientos de agua en el
sector urbano […]”.
Bajo ese escenario, es del caso desatacar que los documentos
técnicos suscritos por CORPOCALDAS y los testimonios rendidos
por los señores John Jairo Chisco Leguizamón y Daniel Stiven Mejía
Cardona , ofrecen suficiente nivel de certeza y convicción acerca del
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desarrollo de actividades no compatibles con el uso del suelo en la
parte alta de la microcuenca.
Así las cosas, aun cuando a voces del artículo 135 de la Ley 1801 de
29 de julio de 201612, contravenir los usos específicos del suelo
reglamentados en el plan de ordenamiento adoptado por el
respectivo ente territorial configura una infracción a la integridad
urbanística que activa la competencia de la autoridad de policía,
dentro del plenario no reposa prueba alguna acerca de las
actuaciones administrativas surtidas por el MUNICIPIO en relación
con estas irregularidades.
Ahora bien, las pruebas antes referidas también dan cuenta de que
en algunos sectores del trazado del cauce, la zona inmediatamente
contigua a la fuente hídrica ha sido objeto de ocupación por
intervenciones urbanísticas, en flagrante desconocimiento de la
naturaleza pública que revisten esas áreas no solo con el fin de
salvaguardar el patrimonio del Estado, sino la conservación y
preservación de los recursos renovables13.
12
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
13
Ver sentencias de 18 de abril (expediente núm. 76001-23-31-000-2016-01076-01, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón) y de 9 de agosto de 2024 (expediente núm. 17001-23-33-000-
2020-00253-01, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes).
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En efecto, la zona de ronda hídrica constituye un área geográfica
catalogada como espacio público destinado a la satisfacción de
intereses colectivos y, además, de protección ambiental, de suerte
que para su conservación y, de ser necesario, su restablecimiento, el
ordenamiento legal otorga expresas facultades policivas tanto al
MUNICIPIO14 como a CORPOCALDAS15.
En todo caso, las actuaciones administrativas a cargo de estas
entidades con el fin de dilucidar las presuntas afectaciones a la zona
de ronda deberán surtirse de manera coordinada y articulada, en el
ámbito competencial que a cada una corresponde, en aplicación del
principio superior de colaboración armónica y aquellos de rango legal
previstos en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, tal y como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En tal contexto, para la Sala es claro que en el caso sub lite no
concurren los presupuestos fijados por la jurisprudencia unificada de
esta Corporación para entender que la situación fuente de la
transgresión de los derechos colectivos ha cesado y, en
14
Conforme lo ordena la Ley 388 y la lectura armónica e integral de los artículos 135, literal A), numeral
3; 139, 140, numeral 4; 198, numeral 3; 204; 205, numeral 2 de la Ley 1801 de 2016.
15
Como lo prevé el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en particular los numerales 2 y 17.
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consecuencia, el cargo formulado en este sentido no está llamado a
prosperar.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que las obras
desplegadas en el marco del Convenio núm. 192 de 202116 evidencian
el cumplimiento de la orden impartida en el numeral 4.2 de la parte
resolutiva de la sentencia, en los siguientes términos:
“[…] 4.2.- Ejecutar las intervenciones técnicas necesarias y
pertinentes a los sitios críticos del box culvert de la quebrada El
mellizo o Guayabito. Lo anterior en el término de seis (6) meses
contados a partir de la notificación de esta providencia […]”.
Así las cosas, comoquiera que dicha orden ya fue atendida, lo
procedente es revocarla, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
• De la valoración probatoria atinente a los vertimientos
El caudal probatorio da cuenta que a la altura del box culvert existe
un vertimiento de aguas residuales transportadas mediante un
interceptor construido por EMPOCALDAS, obra que permitió reducir
16
Decretado como prueba en segunda instancia.
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los vertimientos de siete (7) a dos (2)17, todo ello en el marco de la
ejecución del PSMV vigente para la época de presentarse la
demanda.
Ahora bien, el Tribunal en su análisis sobre este aspecto determinó:
“[…] En relación con Empocaldas SA ESP, este Tribunal encuentra
que demostró la inversión de recursos en la zona objeto de la presente
acción para ejecutar obras de construcción de un colector –
interceptor, y si bien es cierto acreditó la aprobación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos correspondiente a las aguas
residuales descargadas en el sistema de alcantarillado público del
Municipio de Viterbo por el término de 10 años, también lo es que en
el presente trámite constitucional ha quedado en evidencia la
ausencia actualización del mismo.
Sin embargo, tal omisión no tiene incidencia en la vulneración de
derechos colectivos en el caso concreto, toda vez que se demostró
que los vertimientos no tienen que ver con las inundaciones porque
los mismos poseen un caudal mínimo frente al caudal total que lleva
la quebrada.
En este sentido, para la Sala es claro que Empocaldas en el
desarrollo de su función de prestación del servicio público de
acueducto y alcantarillado no ha influido en las inundaciones
que ocasiona la quebrada El Mellizo en Viterbo; por el
contrario, se acreditó la ejecución de obras en el marco del
plan de saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV que han
propiciado la descontaminación de esta fuente hídrica […]
Ahora, lo analizado en relación con EMPOCALDAS SA ESP y
CORPOCALDAS no impide que la Sala de decisión emita órdenes
respecto de estas entidades, o del Departamento de Caldas, para
lograr una solución integral frente a los hechos descritos en la
demanda […]” (Negrillas fuera del texto original).
17
De conformidad con las declaraciones de los testigos obrantes en “93GrabaciónAudpruebasparte4”,
del expediente digital.
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En consecuencia, el a quo ordenó a EMPOCALDAS realizar la
actualización del PSMV que, entre otros aspectos, prevé las acciones
a ejecutar con miras a reducir de manera progresiva los vertimientos
realizados a las fuentes hídricas, y previo a su ejecución debe
someterse al escrutinio de la autoridad ambiental de esa jurisdicción.
Siendo ello así, para la Sala no resulta de recibo lo expuesto por el
MUNICIPIO, comoquiera que lo reseñado da cuenta que la
apreciación de las pruebas llevada a cabo en primera instancia,
además de considerar la totalidad de la información incorporada al
expediente, estuvo ajustada a los principios de la lógica y la sana
crítica.
En efecto, dicho ejercicio conllevó al Tribunal a tener como probado
que pese a existir vertimientos al cauce, estos se realizan de manera
controlada, en los términos fijados en el PSMV aprobado por la
autoridad ambiental para viabilizar la ejecución de actividades
inherentes a la operación del sistema de alcantarillado en cabeza de
EMPOCALDAS quien tiene a su cargo la prestación integral18 de dicho
servicio, conforme se desprende de la lectura armónica de las
18
Entendido como la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales y
pluviales.
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disposiciones de orden legal19 y reglamentario20 que rigen la materia,
y lo precisado por la Sala en reciente pronunciamiento21.
• De la responsabilidad del Departamento
En relación este asunto la Sala precisa que, contrario a lo
argumentado en el recurso, la situación sometida al conocimiento del
juez popular no tiene por única fuente las falencias evidenciadas en
punto al ordenamiento del territorio y el control de los desarrollos
urbanísticos por parte del MUNICIPIO.
Por lo contrario, la realidad acreditada en el expediente es
concluyente acerca de las condiciones de riesgo que se presentan en
el sector urbano en donde la quebrada Guayabito se encuentra
canalizada, hechos que si bien incumben en primera medida al ente
territorial municipal, no excluyen la intervención de los demás
actores que integran el Sistema de Gestión y Prevención del Riesgo
19
Ley 142 de 1994. Artículo 14, numeral 14.21.
20
Decreto núm. 302 de 25 de febrero de 2000 “"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”,
y el Decreto núm. 1077 de 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, artículo 2.3.1.1.1., numeral 46.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero ponente Hernando
Sánchez Sánchez, providencia de 9 de agosto de 2024, expediente núm. 17001-23-33-000-2022-
000122-01(AP).
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para arribar a la solución adecuada y definitiva del problema
suscitado.
En efecto, el Gobierno Nacional mediante la Ley 1523 de 24 de abril
de 201222, adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres
como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y
el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible […]”. Asimismo, dispuso que era una política de
desarrollo indispensable para garantizar, entre otros, la seguridad
territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y
las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,
22
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de
gobierno y la efectiva participación de la población23.
La anterior definición es complementada por los numerales 1, 6 y 11
del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que en el
caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio
climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la
medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad
o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios
observados o esperados del clima y su variabilidad, gestión que
también implica la promoción de una mayor conciencia del riesgo,
que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo
cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las
situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación
entendida como rehabilitación y reconstrucción.
Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a
todas las autoridades y habitantes del territorio. En consecuencia, en
tratándose de las autoridades, asignó a las entidades públicas,
privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de
23
Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.
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gestión del riesgo que comprenden conocimiento y reducción del
riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo
corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar
con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal
como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades24.
En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres -Sistema Nacional-, el artículo 5° dispuso que es el
conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas,
procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos,
así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país.
Acerca de su organización, la normativa legal en referencia
determinó que, en los ámbitos territoriales, los alcaldes tienen
24
Supra nota 18 Artículo 2°.
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funciones específicas en materia de gestión del riesgo, en los
siguientes términos:
“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
[…]”25.
“[…] 2.- Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública [...]”26.
Adicional a lo anterior, tanto los alcaldes como los gobernadores
deberán27:
-. “[…] Formular e implementar planes de gestión del riesgo para
priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades
del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte del
ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su
seguimiento y evaluación [...]”28.
-. “Formular y concertar con sus respectivos consejos de gestión del
riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia
para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en
armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuestas
nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán
adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde,
según el caso en un plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores
a la fecha en que se sancione la presente ley”29.
25 Ley 1523. Artículo 14.
26 Ley 1523. Artículo 14, parágrafo.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
11 de julio de 2019. M.P: Nubia Margoth Peña Garzón. Rad. 63001-23-33-000-2018-00036-
01.
28 Ley 1523 de 2012. Artículo 32
29
Ley 1523 de 2012. Artículo 37
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-. Integrar en los planes de ordenamiento territorial el análisis del
riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,
considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso
y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la
configuración de nuevas condiciones de riesgo. Asimismo, en un plazo
no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la Ley 1523,
deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial y de
desarrollo municipal y departamental vigentes que no hubiesen
incluido la gestión del riesgo30 […]“.
Igualmente, las funciones encomendadas a cada uno de los
integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están regidas
por los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
positiva, los cuales fueron definidos por la misma Ley 1523.
En consecuencia, la Sala concluye que en materia de gestión del
riesgo a quien le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, las
políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es,
principalmente, al MUNICIPIO en cabeza de su alcalde; no
obstante, ello no indica que deba dejarse de lado que la misma Ley
1523 estableció un trabajo coordinado y armónico con las demás
entidades31 que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo,
a la luz de los principios aludidos, definidos expresamente la cita Ley
1523.
30 Ley 1523 de 2012. Artículo 39
31
Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en sentencia de
28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-02. Consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón).
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Con fundamento en lo expuesto, en el asunto sub examine, la Sala
considera que pese a que bajo el marco normativo de la Ley 1523 el
MUNICIPIO es el principal llamado a atender la situación que sirvió
de fundamento a esta demanda, ello no es óbice para que en el
evento que las medidas a adoptar excedan su capacidad técnica y
presupuestal, los demás agentes responsables de la ejecución de la
política de gestión del riesgo sean convocados de forma subsidiaria
a garantizar el derecho colectivo involucrado, en acatamiento de los
principios fundantes de dicha política, concretamente el de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, cuyo alcance fue
definido por el legislador en los siguientes términos:
“[…] Artículo 3°.
Principios generales. Los principios generales que orientan la gestión
del riesgo son:
[…] 12. Principio de coordinación:
La coordinación de competencias es la actuación integrada de
servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados
y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para
garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los
fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
13. Principio de concurrencia:
La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y
territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que
constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres,
tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se
logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica
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entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente
puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El
ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las
atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo
expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y
procedimientos para alcanzarlas.
14. Principio de subsidiariedad:
Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades
territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede
ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad
territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su
materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si
estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva,
impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en
ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no
tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en
desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien
jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en
ayuda de la entidad afectada […]”.
En esa línea argumentativa, para la Sala es claro que la objeción del
DEPARTAMENTO no tiene vocación de prosperidad y, en esa
medida, las órdenes impartidas por el Tribunal en lo que le atañe se
mantendrán incólumes.
• De la orden impartida a EMPOCALDAS y el plazo para su
cumplimiento
La empresa EMPOCALDAS adujo no tener certeza acerca de la
actividad que debía emprender a raíz de la orden impartida en
relación con el PSMV.
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Sobre el particular, el Tribunal dispuso en el numeral 4.8 de la parte
resolutiva de la sentencia que:
“[…] 4.8.- Realizar las acciones recomendadas por Corpocaldas en
diferentes documentos que obran en este proceso, a las cuales se hizo
referencia en el acápite número 8 denominado “De las medidas para
solucionar la vulneración de derechos colectivos” de la parte
considerativa de esta providencia.
Las anteriores actividades ser realizarán por el Municipio de Viterbo
aplicando los principios de coordinación y colaboración administrativa
[…]”.
Al respecto, en el numeral 2, del acápite “8.- De las medidas para
solucionar la vulneración de derechos colectivos” se ordenó a
EMPOCALDAS:
“[…] 2.- Ejecutar si aún no lo ha hecho, la actualización del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV teniendo en cuenta la
vigencia del actual. Para lo anterior la Sala concederá un término de
cuatro (4) meses […]”.
Al respecto, la Sala destaca que de la interpretación conjunta de las
razones fundantes del fallo impugnado y la parte resolutiva del
mismo, es dable concluir que la expresión “EJECUTAR” alude a la
obligación de EMPOCALDAS de presentar ante la autoridad
ambiental la actualización del PSMV, dentro del término allí previsto.
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Ahora bien, en cuanto a la ampliación del plazo para tramitar dicha
actualización se evidencia que EMPOCALDAS se limitó a manifestar
que esta se encontraba en trámite y que dentro de ese procedimiento
CORPOCALDAS realizó algunos requerimientos que implicaban la
realización de estudios técnicos en un nivel detallado.
No obstante, tal afirmación carece de un desarrollo explicativo que
de cuenta de las razones que ameriten variar el plazo otorgado por
el Tribunal, más aún cuando, según lo afirmado por la recurrente,
para la época en que fue apelada la sentencia, la actualización del
PSMV ya se encontraba en proceso de verificación y aprobación de
CORPOCALDAS.
Por consiguiente, el incumplimiento de la carga argumentativa
exigible en sede de apelación conlleva a que este cargo tampoco
tenga vocación de prosperidad.
Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente indicar que en el evento
que el cumplimiento de la citada orden demande, de manera
justificada y razonable, la ampliación del plazo concedido, será el
Comité de Verificación, valga decir, del que hace parte el Tribunal, el
escenario en el cual podrá determinarse la procedencia o no de
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conceder un tiempo adicional, en todo caso, considerando la
necesidad de garantizar en forma oportuna la protección concedida
por el juez constitucional32.
• Del comité de verificación
La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada en relación
con el comité de verificación adujo que estaría conformado por un el
Procurador Judicial Delgado ante esa Corporación, un delegado del
Municipio, un delegado del Departamento, uno más de
CORPOCALDAS y por el actor popular; no obstante, omitió incluir
un delegado de EMPOCALDAS, parte demandada dentro de este
proceso e indicar que el mismo estaría presidido por el magistrado
ponente del Tribunal.
En consecuencia, comoquiera que de conformidad con el artículo 34
de la Ley 472 el comité de verificación estará integrado por las partes
procesales de la acción popular y deberá estar presidido por el
magistrado ponente del Tribunal, lo procedente es modificar el
numeral sexto de la parte resolutiva del fallo recurrido en tal sentido.
32
Al respecto, ver entre otras: Sentencia del 1 de junio de 2020. Radicado: 68001 23 31 000 2021
00091 01. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 9 de febrero de 2023.
Radicado: 68001 23 33 000 2019 00410 01. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
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Finalmente, la Sala pone de manifiesto que el MUNICIPIO en su
escrito de alegaciones adujo que realizó la microzonificación del
riesgo de la microcuenca en el EOT aprobado mediante Acuerdo núm.
001 de 4 de febrero de 202333, cuyo argumento fue ventilado hasta
esta instancia, razón por la que no se emitirá pronunciamiento de
fondo al respecto por ser planteado por fuera de las oportunidades
procesales previstas para ello.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4.4 del ordinal cuarto y el sexto
de la parte resolutiva de la sentencia de 25 de agosto de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, los cuales
quedarán así:
“[…] Cuarto: ORDÉNASE al Municipio de Viterbo, Caldas:
[…] 4.4.- Realizar acciones necesarias para lograr el respeto de
la zona de ronda en la microcuenca El mellizo o Guayabito. Lo
33“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO VITERBO - CALDAS, 2023 – 2035”.
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anterior de manera permanente, coordinada y articulada con la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, en el marco de las
facultades legales que les asisten en materia policiva para
garantizar las zonas de ronda hídrica como componente del
espacio público y factor determinante en la preservación de los
cuerpos de agua como la quebrada Guayabito”.
[…]
“[…] Sexto. CONFÓRMASE un comité de verificación que
estará integrado por el magistrado ponente del Tribunal, quien
lo presidirá, el Procurador Judicial para Asuntos Administrativos
que actúe ante ese Despacho, el actor popular, un
representante del Municipio de Viterbo, del Departamento de
Caldas, de Corpocaldas y de Empocaldas. El comité se reunirá
e informará al Tribunal Administrativo de Caldas con destino a
este expediente, una vez vencidos los términos indicados en
esta providencia […]”.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral 4.2 de la parte resolutiva de la
sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
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Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 21 de noviembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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