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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2020-00209-01

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2020-00209-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4.4 del ordinal cuarto y el sexto de la parte resolutiva de la sentencia de 25 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, los cuales quedarán así: “[…] Cuarto: ORDÉNASE al Municipio de Viterbo, Caldas: […] 4.4.- Realizar acciones necesarias para lograr el respeto de la zona de ronda en la microcuenca El mellizo o Guayabito. Lo 33“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO VITERBO - CALDAS, 2023 – 2035”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47 Número único de radicación: 17001-23-33-000-2020-00209-01 Actor: ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS anterior de manera permanente, coordinada y articulada con la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en el marco de las facultades legales que les asisten en materia policiva para garantizar las zonas de ronda hídrica como componente del espacio público y factor determinante en la preservación de los cuerpos de agua como la quebrada Guayabito”. […] “[…] Sexto. CONFÓRMASE un comité de verificación que estará integrado por el magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá, el Procurador Judicial para Asuntos Administrativos que actúe ante ese Despacho, el actor popular, un representante del Municipio de Viterbo, del Departamento de Caldas, de Corpocaldas y de Empocaldas. El comité se reunirá e informará al Tribunal Administrativo de Caldas con destino a este expediente, una vez vencidos los términos indicados en esta providencia […]”. SEGUNDO: REVOCAR el numeral 4.2 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48 Número único de radicación: 17001-23-33-000-2020-00209-01 Actor: ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2020-00209-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2020-00209-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS

TESIS: LA SOLUCIÓN INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA ORIGEN DE
LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTVOS NO SE AGOTA EN
LA INTERVENCIÓN DEL BOX CULVERT QUE CANALIZÓ LA
QUEBRADA GUAYABITO, COMOQUIERA QUE DEBE ARTENDERSE
LAS MÚLTIPLES CAUSAS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO ADVERTIDA

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, AL ACCESO A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA,
Y A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los

apoderados del MUNICIPIO DE VITERBO1, de la EMPRESA DE

OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.2 y del

DEPARTAMENTO DE CALDAS3, contra la sentencia de 25 de agosto

de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas4.

1
En adelante el Municipio.
2
En adelante EMPOCALDAS
3
En adelante el Departamento.
4
En adelante el Tribunal.

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Actor: ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

El señor ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS, en ejercicio de la acción

popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentó

demanda contra el MUNICIPIO, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE CALDAS6 y la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS

DE CALDAS S.A. E.S.P.7 tendiente a que se protegieran los derechos

colectivos al goce de un medio ambiente sano, al acceso a los

servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a

la prevención de los desastres previsibles técnicamente.

I.2. Hechos

Expuso que en el MUNICIPIO se presentan constantes inundaciones

generadas por la quebrada Guayabito y/o Mellizos en el cruce con la

vía nacional, en la carrera 10 y 11, entre calles 4ª y 5ª, debido a: i)

la ausencia de obras para mitigar el riesgo en la zona y de manejo

5
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6
En adelante CORPOCALDAS.
7
En adelante EMPOCALDAS.

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Actor: ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS

de aguas lluvias y residuales; y ii) a la acumulación de residuos,

sedimentos, escombros y basuras que impiden el tránsito de la

corriente, generando el represamiento y el rebose del cauce.

Indicó que las aguas residuales llegan sin tratamiento alguno a la

quebrada, por lo que se requiere de un medio de conducción o una

planta de tratamiento para evitar la afectación de la comunidad.

I.3. Pretensiones

El actor popular solicitó:

“[…] 1. Resolver el problema de empalizadas, que se producen por las
socavaciones laterales del río, lo que consecuentemente genera la
caída de los árboles de gran tamaño por pérdidas de sustentación, los
cuales con sus troncos y raíces retienen las guaduas.
2. Propiciar la tala de los árboles que puedan generar peligro por
taponamiento u obstrucción del curso normal del río.
[…]
4. Resolver el problema técnico de empalme de la cámara lo que
causa vertimientos.
5. Resolver el problema de capacidad de la estructura retenedora de
empalizadas y sedimentos […].
6. Resolver el problema que genera eventos de inundaciones
registrados, especialmente en el cruce con la vía nacional de acceso
al Municipio de Viterbo, Caldas, en la carrera 10 y 11 y entre calles 4
y 5, en donde, en diferentes épocas invernales, se ha presentado
inundaciones en las viviendas del sector.
7. Darle la dirección técnica que requiera el box culvert que cambia
de dirección en 3 puntos reconocidos, que puede ser causa de
inundaciones.
8. Resolver la problemática ambiental que se presenta por parte de
Empocaldas para que presente proyectos para el tratamiento de
aguas residuales -planta de tratamiento […]”.

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Actor: ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO expuso que en los informes allegados con la

demanda se establecen recomendaciones y conclusiones a las que la

ha dado cumplimiento en el marco de sus competencias y de acuerdo

con la disponibilidad presupuestal existente.

En consecuencia, propuso las siguientes excepciones:

“AUSENCIA DE VIOLACIÓN O AMENAZA DE VIOLACIÓN A LOS

DERECHOS INVOCADOS”: Adujo que no ha sido ajeno a las

recomendaciones de la autoridad ambiental, incluso, ha suscrito

contratos para llevar a cabo obras de mitigación del riesgo, en asocio

con la comunidad del sector de la quebrada Mellizo.

“INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO PROCESAL DE LA CARGA

DE LA PRUEBA”: Precisó que el actor no demostró que en la

actualidad se presentan inundaciones y que ha sido omisivo o

renuente a las conclusiones y recomendaciones realizadas en los

informes técnicos de CORPOCALDAS.

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“CULPA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD”. Indicó que la

comunidad tiene un deber social de impedir que se presenten hechos

como la tala indiscriminada y el depósito de retales que finalmente

llegan a las corrientes, con el fin de evitar anegaciones a raíz del

taponamiento en el box culvert.

“HECHO SUPERADO”. Argumentó que ha venido cumpliendo con la

limpieza periódica del recorrido de la quebrada, al punto que no hay

circunstancias actuales que permitan endilgarle responsabilidad por

acción u omisión por la vulneración de los derechos colectivos

invocados, por lo que el hecho esgrimido como causante de los

desbordamientos e inundaciones se encuentra controlado.

I.4.2.- CORPOCALDAS indicó que no incurrió en acción u omisión

que la haga responsable de la vulneración de los derechos colectivos

alegados.

Sostuvo que algunas de las inundaciones presentadas en los años

2011 y 2018, al parecer, fueron ocasionadas por el taponamiento del

box culvert ubicado en la quebrada Guayabito o Mellizo con residuos

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de construcción y basuras de gran tamaño como llantas, muebles,

árboles, guaduas.

Propuso las siguientes excepciones:

“COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE VITERBO Y DEL

DEPARTAMENTO DE CALDAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

DE DESASTRES”. Adujo que varios de los factores que han incidido

en los eventos de inundación en el pasado han sido superados, como

es el caso de la obstrucción del cauce por empalizadas, caída de

árboles, residuos de construcción, entre otros; y que la comunidad,

el MUNICIPIO y el DEPARTAMENTO son responsables de los

factores de riesgo relacionados con los desarrollos urbanos que se

vienen realizando en las márgenes de la Quebrada Guayabito.

“AUSENCIA DE TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS

RECLAMADOS Y CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y DILIGENTE DE

LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA LEY A LA CORPORACIÓN

AUTÓNOMA Y REGIONAL DE CALDAS”. Sostuvo que en el marco

de sus competencias ha realizado las visitas de asesoría técnica al

sitio y generado los respectivos informes con las recomendaciones

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necesarias para tratar la situación y ha dado traslado de las

recomendaciones técnicas al MUNICIPIO y a EMPOCALDAS.

“COMPETENCIAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO EN MATERIA DE

ALCANTARILLADO”. Señaló que el empalme de tubos de la cámara

de vertimientos, la dirección técnica del box culvert y la PTAR, son

obras relacionadas directamente con la prestación del servicio de

alcantarillado en el MUNICIPIO, lo que escapa de su competencia.

I.4.3.- EMPOCALDAS expuso que, luego de varias visitas al lugar

de los hechos, determinó que la situación objeto de la acción se está

generando a causa de las basuras que se han venido depositando en

el cauce de la quebrada.

Expuso que la presunta ocupación de franja protectora obedece a la

nula intervención pública, responsabilidad que corresponde a la

entidad municipal encargada de salvaguardar el buen estado de los

predios de naturaleza pública en su territorio.

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Indicó que no son ciertas las afirmaciones del actor popular en

relación con el cambio de sección transversal del box culvert, su

taponamiento y la generación de problemas en 82 viviendas.

Adujo que, en visita técnica de 20 de septiembre de 2020, se verificó

que la obra se encuentra en perfectas condiciones, inclusive, ha

permitido coadyuvar a la eliminación de puntos de vertimiento de

aguas residuales sobre el cuerpo hídrico, a mejorar la calidad de este

y la calidad de vida de los habitantes del sector.

Manifestó que como empresa de servicios públicos domiciliarios

recolecta y conduce de una manera adecuada, a través de sus

tuberías y hacia sitios apropiados para su descarga, las aguas

residuales generadas por la población del casco urbano del

MUNICIPIO.

Propuso las siguientes excepciones:

“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA POR

PARTE DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.”. Argumentó que el problema

se centra, principalmente, en el estado e indebido mantenimiento de

la quebrada Guayabito que, a su vez, está generando riesgos de

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inundación, malos olores y perturbación del ambiente sano para los

habitantes de la localidad y de los predios aledaños al cauce;

además, de manera habitual se realiza un tratamiento efectivo a la

infraestructura presente en el cauce de la quebrada guayabito, por

tanto, a su juicio, no le asiste ningún tipo de responsabilidad.

“OBLIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN REALIZAR LAS

OBRAS TENDIENTES A CONSERVAR EL BIENESTAR DE SUS

HABITANTES”. Señaló que el MUNICIPIO debe incluir la ejecución

de las obras tendientes a mantener en buen estado las franjas

protectoras a lo largo del cauce de la quebrada, así como la

eliminación o corrección de empalizadas o elementos que obstruyan

y deterioren el cauce.

“RESPONSABILIDAD DE CORPOCALDAS COMO AUTORIDAD

AMBIENTAL”. Adujo que la autoridad ambiental debe promover

obras de defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y

corrientes de agua, así como la protección y garantía del manejo

adecuado de las cuencas hidrográficas de Caldas; asimismo, en

conjunto con la alcaldía, le corresponde garantizar el correcto cauce

de la fuente hidrográfica que recorre el MUNICIPIO.

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“RESPONSABILIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE

VITERBO”. Indicó una de las causas que han podido generar la

amenaza y el riesgo, son las acciones de particulares como el arrojo

de escombros y basuras a las laderas que impide el curso normal de

las aguas.

“INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS POR PARTE DE EMPOCALDAS S.A.

E.S.P.” Argumentó que no existe en ninguno de los informes

técnicos elaborados por la CORPOCALDAS referencia a que la

problemática se encuentre asociada a la infraestructura que tiene a

su cargo en la quebrada Guayabito, o que tenga relación con los

servicios públicos que presta.

“IMPROCEDENCIA DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS AL AMBIENTE SANO, LA PREVENCIÓN DE

DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE Y LA PROTECCIÓN

AL BIEN PÚBLICO POR PARTE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.”

Precisó que las situaciones de hecho no configuran una afectación a

derechos colectivos que le sea atribuible, pues el tratamiento de las

aguas residuales y el estado de la infraestructura instalada lo largo

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del cauce se encuentran ajustadas a los requerimientos legales y

constitucionales.

“AUSENCIA DEL HECHO GENERADOR, DADO QUE LA

SITUACIÓN MENCIONADA CON RESPECTO A EMPOCALDAS

S.A. E.S.P. NO EXISTE”. Aseguró que ha cumplido a cabalidad con

su obligación de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado de

manera satisfactoria, como lo soporta la celebración de contratos

para la reposición de acueducto y alcantarillado en diferentes lugares

del MUNICIPIO.

“PRESCRIPCIÓN”. Solicitó que se declare que el tiempo ha

extinguido cualquier derecho de los habitantes del sector, u

obligación de la empresa.

“NO LE ASISTE NINGUNA RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS

ACCIONES U OMISIONES RELACIONADAS CON LA

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

INVOCADOS EN LA DEMANDA”. Manifestó que no existe prueba

técnica de la que pueda inferirse que hubiese incurrido en acción u

omisión relacionada con la vulneración o amenaza de los derechos e

intereses colectivos invocados en la demanda.

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“GENÉRICA”. Solicitó que se declare probada cualquier excepción

diferente a las referidas que conduzca a rechazar su responsabilidad

y/o las pretensiones del demandante.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo los días 10 y

31 de mayo de 2021, declarándose fallida por ausencia de fórmulas

de acuerdo entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 25 de agosto de 2023, declaró la

vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de

desastres previsibles técnicamente, con fundamento en lo siguiente:

Destacó que la quebrada fue canalizada desde hace más de 40 años

mediante un box culvert y cuenta con una estructura retenedora de

empalizadas construida por el MUNICIPIO en convenio con

CORPOCALDAS y, además, EMPOCALDAS construyó allí un

interceptor que recoge las aguas residuales de los barrios ubicados

en la cabecera municipal.

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Sostuvo que CORPOCALDAS ha emitido diferentes

recomendaciones en punto a las inundaciones, entre ellas: i) el

mantenimiento a la infraestructura (cámara y estructura retenedora

de empalizadas) por parte de EMPOCALDAS y del MUNICIPIO,

para evitar vertimientos y conductas que atenten contra la limpieza

y funcionamiento de la misma; y ii) realizar campañas por parte de

la administración municipal para la defensa de las fajas protectoras,

impedir la disposición de basuras en el cauce, la tala de especies

vegetales y la construcción ilegal de viviendas ocupando la orilla del

cauce.

Adujo que las pruebas daban cuenta de la falta de capacidad

hidráulica del box culvert, la pérdida de cobertura vegetal en el

nacimiento de la quebrada, incidiendo en la concentración rápida de

aguas lluvias sobre toda la microcuenca y propiciando la ocurrencia

de inundaciones en la parte baja que atraviesa el casco urbano,

situación que no solo obedece a condiciones de cambio climático, sino

a las modificaciones en los usos del suelo para favorecer pasturas.

A su juicio, se demostró la vulneración del derecho colectivo a la

seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por la

ausencia de intervención integral de la quebrada El Mellizo, así como

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de la infraestructura construida, cuya responsabilidad atribuyó al

MUNICIPIO por omitir sus funciones constitucionales y legales de

ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres,

comoquiera que solo fueron demostradas acciones de limpieza de la

estructura construida en el cauce.

Destacó que EMPOCALDAS en su función de prestación del servicio

público de acueducto y alcantarillado no ha influido en las

inundaciones, mientras que CORPOCALDAS acreditó haber

asesorado a la entidad territorial para superar la problemática.

Expuso que en atención a que el MUNICIPIO es de sexta categoría

y a los costos que pueden tener los estudios, proyectos y obras

requeridas, en virtud de los principios de colaboración y coordinación,

al cumplimiento de las órdenes debía concurrir el DEPARTAMENTO

y CORPOCALDAS, las cuales tienen competencias en materia de

gestión del riesgo de desastres e intervención de cauces como el

afectado, en asocio con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres y demás entidades del orden departamental y nacional

que, de acuerdo con sus atribuciones, puedan generar recursos

económicos y técnicos para evitar las inundaciones.

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En consecuencia, impartió las siguientes órdenes:

“[…]Cuarto. ORDÉNASE al Municipio de Viterbo, Caldas:

4.1.- Realizar acciones de monitoreo y mantenimiento periódico sobre
el cauce de la quebrada El Mellizo o Guayabito (tres veces al año)
en la infraestructura construida en el mismo, esto es, el box culvert a
través del cual se canaliza la quebrada, así como en la estructura
retenedora de empalizadas […].

4.2.- Ejecutar las intervenciones técnicas necesarias y pertinentes a
los sitios críticos del box culvert de la quebrada El mellizo o Guayabito.
Lo anterior en el término de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia.

4.3.- Efectuar acciones de reforestación y monitoreo sobre los usos
del suelo en la parte alta de la microcuenca El mellizo o Guayabito
impidiendo actividades que propicien la generación de deslizamientos
o empalizadas que posteriormente terminen en el cauce colapsando
el box culvert a través del cual se canaliza la quebrada, así como la
estructura retenedora de empalizadas. Lo anterior de manera
permanente, en asocio y con la asesoría de la Corporación
Autónoma Regional de Caldas.

4.4.- Realizar acciones necesarias para lograr el respeto de las fajas
protectoras de retiro en la microcuenca El Mellizo o Guayabito. Lo
anterior de manera permanente, en asocio y con la asesoría de
la Corporación Autónoma Regional de Caldas.

4.5.- Adelantar estudios técnicos con la asesoría del Departamento
de Caldas y Corpocaldas para verificar la pertinencia y viabilidad
de construcción de una pantalla adicional, diques, estructura
retenedora de empalizadas y/o piscinas de amortiguamiento de
crecientes en la parte alta de la microcuenca El Mellizo o Guayabito.
Lo anterior en el término de ocho (8) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia.

Para realizar las obras recomendadas en el estudio anterior, el
Municipio de Viterbo, Caldas, deberá acudir al Departamento de
Caldas, Corpocaldas y demás entidades del orden nacional que
procuren la financiación de las mismas en caso de que la entidad
territorial no cuente con el presupuesto necesario para concretar las
obras respectivas.

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4.6.- Disponer, si aún no lo ha hecho, de los recursos humanos,
técnicos, administrativos, presupuestales y financieros con el fin de
elaborar un estudio de microzonificación del riesgo en la
microcuenca El Mellizo o Guayabito en el Municipio de Viterbo,
Caldas, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa de
esta providencia.

Para la contratación y elaboración del mencionado estudio de detalle,
el Municipio de Viterbo, Caldas, contará con un término de dieciocho
(18) meses que correrá a partir de la notificación de la
presente sentencia. El Departamento de Caldas y Corpocaldas
prestarán apoyo a la entidad territorial de acuerdo con sus
competencias.

[…]

4.8.- Realizar las acciones recomendadas por Corpocaldas en
diferentes documentos que obran en este proceso, a las cuales se hizo
referencia en el acápite número 8 denominado “De las medidas
para solucionar la vulneración de derechos colectivos” de la
parte considerativa de esta providencia.

Las anteriores actividades ser realizarán por el Municipio de Viterbo
aplicando los principios de coordinación y colaboración administrativa.

Quinto. REQUIÉRESE al Departamento de Caldas, Empocaldas
S.A. ESP y a Corpocaldas para que realicen las acciones dispuestas
en el numeral anterior y mencionadas en el acápite 8 de la parte
motiva de esta providencia, referido a “las medidas para
solucionar la vulneración de derechos colectivos” y lleven a
cabo las acciones de colaboración y coordinación administrativa que
sean pertinentes.

Sexto. CONFÓRMASE un comité de verificación que estará integrado
por el Procurador Judicial para Asuntos Administrativos que actúe
ante el Despacho del Magistrado Ponente de esta providencia, quien
lo presidirá, convocará e informará, el actor popular, un
representante del Municipio de Viterbo, Caldas, uno del Departamento
de Caldas y uno de Corpocaldas. El comité se reunirá e informará al
Tribunal Administrativo de Caldas con destino a este expediente, una
vez vencidos los términos indicados en esta providencia […]”.

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III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1 El MUNICIPIO manifestó que se le impartieron órdenes

relacionadas con actividades que viene realizando y otras que ya

fueron adelantadas, incluso antes de la presentación de la demanda,

conforme lo demuestran los informes allegados y los testimonios que

no fueron considerados por el Tribunal, pese a dar cuenta que

personas que hacen parte de la Junta de Acción Comunal del barrio

Pueblo Nuevo, realizan actividades de monitoreo y limpieza a la

pantalla retenedora de empalizadas, así como a la zona de afluencia

del box coulvert.

Indicó que ha desplegado acciones con CORPOCALDAS como la

suscripción del convenio interadministrativo núm. 192-2021 cuyo

objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros

para la construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de

agua en sitios críticos del área urbana del municipio de Viterbo por

el monto agotable”, el cual está en ejecución y en el que frente a la

quebrada Guayabito prevé la construcción de una estructura tipo

dique, complementado con gaviones para su empotramiento en las

márgenes de la quebrada, con el fin de “[…] regular y mayorar los

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tiempos de concentración que tienen relación con las magnitudes de

los caudales pico […]”.

Adujo que la construcción en comento se ejecutó en el marco del

contrato de obra núm. 003-2022, bajo las recomendaciones de la

autoridad ambiental, razón por la que, a su juicio, se configura la

carencia actual de objeto por hecho superado.

Sostuvo que aun cuando el prestador del servicio de alcantarillado

manifestó haber reducido los vertimientos a la quebrada antes de

llegar a la entrada del box coulvert, metros más adelante, el sistema

de redes de alcantarillado en época de lluvias y avenidas torrenciales

realizan todo su aporte al interior del cauce, generando su

taponamiento porque no existe un colector dispuesto por el prestador

de ese servicio.

Afirmó que el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria

al tener solo en cuenta el aporte de aguas arriba del inicio de la

estructura, obviando los realizados aguas abajo de la canalización

que está siendo usada para el paso de aguas residuales que, por

disposición legal, corresponde realizar a EMPOCALDAS mediante

colectores hacia una PTAR y no a una fuente hídrica.

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III.2. El Departamento afirmó que el cauce de la quebrada

Guayabito está completamente intervenido por los desarrollos

urbanos sobre sus márgenes e incluso sobre el propio trazado del

cauce que generan perturbaciones y alteraciones del flujo de la

corriente, afectando la capacidad hidráulica de la canalización y

dando lugar a las inundaciones.

Expuso que los informes de CORPOCALDAS daban cuenta que el

cauce de la quebrada, en la parte media y alta, se encuentra

altamente intervenido con zonas de pastoreo de ganado, cultivos

limpios y actividades que han llevado a la pérdida de la faja de

protección en varios tramos, además de la socavación lateral del

cauce.

Manifestó que no es el responsable de la vulneración de los derechos

colectivos reclamados porque la responsabilidad de la gestión del

riesgo de desastres recae directamente en el MUNICIPIO, de

manera que no puede intervenir en los deberes y obligaciones que le

corresponden a este, quien no ha desplegado actividad alguna para

mejorar la problemática derivada de las malas prácticas en el manejo

de las aguas, las construcciones de viviendas, la intervención de

drenajes sin los estudios necesarios y la técnica requerida, y la

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omisión de las labores de vigilancia y control de las licencias de

construcción.

Concluyó que no hay duda de que el MUNICIPIO ha cometido un

sin número de errores que no debe asumir y, en consecuencia,

solicitó que se REVOQUE el fallo apelado y se nieguen las

pretensiones.

III.3. EMPOCALDAS solicitó aclarar si la expresión “Ejecutar”

consignada en la orden que le fue impartida se refiere a tramitar la

actualización del PSMV ante la autoridad ambiental, o a la puesta en

marcha de ese plan actualizado y aprobado por la competente.

Indicó que, aun cuando a la fecha de presentación del recurso, el

PSMV se encontraba en trámite ante CORPOCALDAS, esta ha

realizado correcciones y requerimientos que demandan estudios

topográficos de detalle, adquisición de predios, entre otras

actividades que conllevan a que el término concedido por el Tribunal

se torne insuficiente y no esté acorde con las realidades técnicas que

debe atender para su presentación.

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Adujo que la autoridad ambiental debe verificar el diagnóstico del

sistema de alcantarillado, los vertimientos puntuales de aguas

residuales realizados en áreas urbana y rural, la caracterización de

las descargas, los objetivos de reducción de vertimientos puntuales,

así como la descripción detallada de los programas, proyectos y

actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones;

información que, conforme con lo previsto en la Resolución núm.

1433 de 13 de diciembre de 20048, debe allegar ante

CORPOCALDAS en un plazo no mayor a doce (12) meses; por tanto,

solicitó la ampliación del plazo concedido.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. El MUNICIPIO alegó una vez más: i) la existencia de un hecho

superado, con fundamento en las pruebas decretadas en segunda

instancia; ii) la responsabilidad que, a su juicio, le asiste a

EMPOCALDAS con ocasión del gran aporte de aguas servidas y de

aguas lluvias que deposita en la totalidad del box coulvert; y iii) la

corresponsabilidad de CORPOCALDAS, el DEPARTAMENTO y

8“Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones”.

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EMPOCALDAS, en virtud de la cual es necesario que brinden apoyo

al ente territorial, no solo desde lo técnico, sino en lo financiero en

materia de gestión del riesgo, comoquiera que las obras y labores

necesarias para la mitigación del mismo, constituyen una carga que

supera sus capacidades, pues tiene una limitación importante en sus

recursos de inversión.

IV.2.- EMPOCALDAS insistió en la ampliación del plazo previsto en

el fallo impugnado para llevar a cabo la actualización del plan de

saneamiento y manejo de vertimiento ante CORPOCALDAS,

indicando una vez más que este se encuentra actualmente en

trámite, y reiteró la solicitud de aclarar el alcance de la expresión

“Ejecutar”, contenida en la obligación referente a la referida

actualización y la solicitud pruebas documentales, la cual fue resuelta

en el auto admisorio del recurso de apelación.

IV.3.- El DEPARTAMENTO reiteró que la vulneración o amenaza de

los derechos colectivos invocados no le resulta atribuible, comoquiera

que su origen radica en las malas prácticas en el manejo de las

aguas, la construcción de viviendas sin las respectivas licencias, la

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intervención de drenajes sin los estudios necesarios y la técnica

requerida, todas ellas adelantadas por la omisión del MUNICIPIO

de vigilar y controlar el desarrollo de su territorio.

Adujo que su intervención es procedente si el ente municipal por sí

mismo no puede atender la problemática, y para el caso bajo

examen, el MUNICIPIO cuenta con presupuesto destinado a los

temas relacionados con gestión del riesgo, por lo tanto, compete a

éste determinar e identificar las zonas vulneradas y afectadas por la

ola invernal, adelantar los programas destinados a intervenir estas

zonas y todo lo relacionado con la mitigación del riesgo, y no a los

departamentos, los cuales no pueden asumir las funciones

establecidas por mandato legal en cabeza única y exclusiva de los

municipios.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

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los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para el amparo de derechos colectivos como los invocados en el

presente asunto, cuya fuente de transgresión radica, presuntamente,

en las falencias en el mantenimiento y limpieza de la quebrada

Guayabito y la insuficiencia del box culvert para evacuar los niveles

de agua que se presentan en épocas de precipitaciones, generando

el desbordamiento del cauce e inundaciones en las zonas aledañas.

Problemas jurídicos

En consideración a lo argumentado en los recursos de alzada, a la

Sala corresponde determinar, en su orden, lo siguiente:

i) ¿Las obras y actividades ejecutadas por el MUNICIPIO en relación

con la problemática advertida dan lugar a la configuración de la

carencia actual de objeto por hecho superado?

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ii) ¿El Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria al no

considerar los vertimientos de aguas residuales realizadas por

EMPOCALDAS a la fuente hídrica?

iii) ¿Es procedente ordenar al DEPARTAMENTO concurrir con

recursos técnicos y financieros en la estructuración y ejecución de las

actividades que demanda la situación fuente de la vulneración de los

derechos colectivos invocados?

iv) ¿Cuál es el alcance de la orden impartida a EMPOCALDAS

consistente en ejecutar la actualización del PSMV?

v) ¿Es procedente la ampliación del plazo para cumplir con dicha

orden?

Caso concreto

La Sala procederá a resolver cada uno de los problemas jurídicos

definidos anteriormente.

• De la carencia actual de objeto por hecho superado

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En tratándose de acciones populares, el criterio jurisprudencial

unificado de esta Corporación9 sobre la declaratoria de la carencia

actual de objeto por hecho superado y la consecuente ineficacia del

pronunciamiento por parte del juez popular sobre las medidas

tendientes a restablecer los derechos colectivos objeto de amenaza

o agravio, fue fijado en los siguientes términos:

“[…] [L]a Sala unifica la jurisprudencia en relación con la
configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado,
dentro de una acción popular, en los siguientes dos sentidos:

i) Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad
judicial de conocimiento consideren que se ha superado la situación
que dio lugar a la interposición de la acción, es necesario verificar
el cese de la amenaza o la vulneración de los derechos
colectivos comprometidos, sin que baste con la simple
alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada
a la superación de la situación; en aquellos casos en que la
amenaza a los derechos colectivos subsista no es procedente declarar
el hecho superado, aun cuando se verifique que se ha adelantado
alguna actuación a fin de cesar la amenaza o vulneración de los
mismos.

ii) El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez
compruebe la desaparición de la situación que originó la
afectación de derechos colectivos, no es óbice para que proceda
un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos derechos
[…]” (Negrillas fuera del texto original).

En consecuencia, en aquellos eventos en que se acrediten medidas y

acciones tendientes a mitigar o hacer cesar la afectación, pero las

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 4 de
septiembre de 2018, C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo, Rad. N.º: 05001-33-31-004-2007-00191-
01(AP)SU.

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mismas solo reflejen la atención parcial de la problemática, no resulta

posible para el juez popular predicar la satisfacción efectiva de los

derechos colectivos conculcados y, en esa medida, la declaratoria de

la carencia actual de objeto es improcedente.

Bajo tal escenario se advierte que, en el caso concreto, el

MUNICIPIO, con fundamento en las pruebas decretadas en segunda

instancia10, alegó haber dado cumplimiento a sus deberes de cara a

la protección del derecho colectivo en juego; no obstante, para la

Sala las acciones acreditadas impactan solo algunos de los factores

que contribuyen al riesgo advertido, de tal suerte que no tienen la

entidad suficiente para entender configurada la carencia actual de

objeto por hecho superado, incluso, el acervo da cuenta que,

actualmente, la situación fuente de la vulneración persiste.

En efecto, aunque fueron realizadas algunas obras correctivas en el

box culvert “[…] bajo las recomendaciones de la autoridad ambiental

[…] mediante obras aguas arriba […]”11 de la estructura, lo cierto es

10
Convenio No. 192-2021, informe de actividades realizadas en el marco del contrato de obra pública
No. 003 de 2022 suscrito al amparo del citado convenio e informe técnico de supervisión del citado
contrato.
11
Así lo expone el MUNICIPIO en el escrito contentivo del recurso, indicando que la obras fueron
ejecutadas en el marco del Convenio Interadministrativo núm. 192-2021, cuyo objeto consistió en
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de estabilidad de
taludes y manejo de agua en sitios críticos del área urbana del municipio de Viterbo por el sistema de
monto agotable”, previendo en la quebrada Mellizo la construcción de diques (muros de gavión
revestidos de concreto) para regular y mayorar los tiempos de concentración que tiene relación con las

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que dentro del expediente no se advierte medio de prueba alguno

acerca de la realización de los estudios técnicos necesarios para

determinar sí, en efecto, esa intervención constituye la solución

integral, adecuada y definitiva para optimizar la capacidad hidráulica

de la canalización.

Lo anterior denota una vez más que, como fue acreditado a lo largo

del proceso, la canalización ha venido siendo objeto de acciones

improvisadas que han sido ineficientes para evacuar los niveles de

agua que se concentran en épocas de lluvias torrenciales.

Adicionalmente, tampoco se advierten medidas o actividades

encaminadas a atender los problemas de deforestación y afectación

de las zonas de protección hídrica que se presentan en algunos

tramos de la quebrada, hechos sobre los cuales son coincidentes los

testimonios recaudados.

Sobre el particular, la Sala advierte que el Esquema de Ordenamiento

Territorial -EOT del Municipio, aprobado mediante Acuerdo núm. 029

magnitudes de los caudales pico. Con fundamento en este convenio fue suscrito el contrato de obra
pública núm. 003 de 2022.

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de 2000, vigente para la época de los hechos que sustentan esta

acción, en relación con el uso del suelo disponía:

“[…] Artículo 31. SUELO DE PROTECCIÓN DEL SECTOR RURAL: A. Se
establecen como áreas de protección las áreas de interés ambiental
consideradas como relictos de bosques y guaduales que se
encuentran en el sector rural y que a continuación se describen:

[…]
B. Se establecen como áreas de protección, todas las micro cuencas
hidrográficas que se encuentran dentro del municipio lo mismo que
las rondas de los ríos y quebradas, las cuales son consideradas como
de conservación activa y se enumeran a continuación: 1. Río Risaralda
2. Río Guarne 3. Río Mapa 4. Quebrada Canaan 5. Quebrada la
Máquina 6. Quebrada Changüí 7. Quebrada La Argelia 8. Quebrada
Zabaletas 9. Quebrada Guayabito

Artículo 32. SUELO DE PROTECCIÓN DEL SECTOR URBANO: 1. Se
establecen como áreas de protección las áreas de interés ambiental
consistentes bosques y guaduales localizados en el área urbana y los
cuales enumeramos a continuación:

[…]

2. Se establecen como áreas de protección los senderos ecológicos y
paisajísticos que se plantean sobre las riberas de las quebradas
Guayabito, Limones y el Río Risaralda.

3. Se contemplan como área de protección, una franja de 15 metros
a cada lado de todas aquellas quebradas que circulan por el perímetro
urbano, entre las que se encuentran las quebradas Guayabito,
Limones y Samaria. Por otra parte se establece como áreas de
protección 50 metros a la redonda de los nacimientos de agua en el
sector urbano […]”.

Bajo ese escenario, es del caso desatacar que los documentos

técnicos suscritos por CORPOCALDAS y los testimonios rendidos

por los señores John Jairo Chisco Leguizamón y Daniel Stiven Mejía

Cardona , ofrecen suficiente nivel de certeza y convicción acerca del

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desarrollo de actividades no compatibles con el uso del suelo en la

parte alta de la microcuenca.

Así las cosas, aun cuando a voces del artículo 135 de la Ley 1801 de

29 de julio de 201612, contravenir los usos específicos del suelo

reglamentados en el plan de ordenamiento adoptado por el

respectivo ente territorial configura una infracción a la integridad

urbanística que activa la competencia de la autoridad de policía,

dentro del plenario no reposa prueba alguna acerca de las

actuaciones administrativas surtidas por el MUNICIPIO en relación

con estas irregularidades.

Ahora bien, las pruebas antes referidas también dan cuenta de que

en algunos sectores del trazado del cauce, la zona inmediatamente

contigua a la fuente hídrica ha sido objeto de ocupación por

intervenciones urbanísticas, en flagrante desconocimiento de la

naturaleza pública que revisten esas áreas no solo con el fin de

salvaguardar el patrimonio del Estado, sino la conservación y

preservación de los recursos renovables13.

12
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
13
Ver sentencias de 18 de abril (expediente núm. 76001-23-31-000-2016-01076-01, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón) y de 9 de agosto de 2024 (expediente núm. 17001-23-33-000-
2020-00253-01, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes).

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En efecto, la zona de ronda hídrica constituye un área geográfica

catalogada como espacio público destinado a la satisfacción de

intereses colectivos y, además, de protección ambiental, de suerte

que para su conservación y, de ser necesario, su restablecimiento, el

ordenamiento legal otorga expresas facultades policivas tanto al

MUNICIPIO14 como a CORPOCALDAS15.

En todo caso, las actuaciones administrativas a cargo de estas

entidades con el fin de dilucidar las presuntas afectaciones a la zona

de ronda deberán surtirse de manera coordinada y articulada, en el

ámbito competencial que a cada una corresponde, en aplicación del

principio superior de colaboración armónica y aquellos de rango legal

previstos en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, tal y como se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En tal contexto, para la Sala es claro que en el caso sub lite no

concurren los presupuestos fijados por la jurisprudencia unificada de

esta Corporación para entender que la situación fuente de la

transgresión de los derechos colectivos ha cesado y, en

14
Conforme lo ordena la Ley 388 y la lectura armónica e integral de los artículos 135, literal A), numeral
3; 139, 140, numeral 4; 198, numeral 3; 204; 205, numeral 2 de la Ley 1801 de 2016.
15
Como lo prevé el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en particular los numerales 2 y 17.

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consecuencia, el cargo formulado en este sentido no está llamado a

prosperar.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que las obras

desplegadas en el marco del Convenio núm. 192 de 202116 evidencian

el cumplimiento de la orden impartida en el numeral 4.2 de la parte

resolutiva de la sentencia, en los siguientes términos:

“[…] 4.2.- Ejecutar las intervenciones técnicas necesarias y
pertinentes a los sitios críticos del box culvert de la quebrada El
mellizo o Guayabito. Lo anterior en el término de seis (6) meses
contados a partir de la notificación de esta providencia […]”.

Así las cosas, comoquiera que dicha orden ya fue atendida, lo

procedente es revocarla, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

• De la valoración probatoria atinente a los vertimientos

El caudal probatorio da cuenta que a la altura del box culvert existe

un vertimiento de aguas residuales transportadas mediante un

interceptor construido por EMPOCALDAS, obra que permitió reducir

16
Decretado como prueba en segunda instancia.

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los vertimientos de siete (7) a dos (2)17, todo ello en el marco de la

ejecución del PSMV vigente para la época de presentarse la

demanda.

Ahora bien, el Tribunal en su análisis sobre este aspecto determinó:

“[…] En relación con Empocaldas SA ESP, este Tribunal encuentra
que demostró la inversión de recursos en la zona objeto de la presente
acción para ejecutar obras de construcción de un colector –
interceptor, y si bien es cierto acreditó la aprobación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos correspondiente a las aguas
residuales descargadas en el sistema de alcantarillado público del
Municipio de Viterbo por el término de 10 años, también lo es que en
el presente trámite constitucional ha quedado en evidencia la
ausencia actualización del mismo.

Sin embargo, tal omisión no tiene incidencia en la vulneración de
derechos colectivos en el caso concreto, toda vez que se demostró
que los vertimientos no tienen que ver con las inundaciones porque
los mismos poseen un caudal mínimo frente al caudal total que lleva
la quebrada.

En este sentido, para la Sala es claro que Empocaldas en el
desarrollo de su función de prestación del servicio público de
acueducto y alcantarillado no ha influido en las inundaciones
que ocasiona la quebrada El Mellizo en Viterbo; por el
contrario, se acreditó la ejecución de obras en el marco del
plan de saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV que han
propiciado la descontaminación de esta fuente hídrica […]

Ahora, lo analizado en relación con EMPOCALDAS SA ESP y
CORPOCALDAS no impide que la Sala de decisión emita órdenes
respecto de estas entidades, o del Departamento de Caldas, para
lograr una solución integral frente a los hechos descritos en la
demanda […]” (Negrillas fuera del texto original).

17
De conformidad con las declaraciones de los testigos obrantes en “93GrabaciónAudpruebasparte4”,
del expediente digital.

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En consecuencia, el a quo ordenó a EMPOCALDAS realizar la

actualización del PSMV que, entre otros aspectos, prevé las acciones

a ejecutar con miras a reducir de manera progresiva los vertimientos

realizados a las fuentes hídricas, y previo a su ejecución debe

someterse al escrutinio de la autoridad ambiental de esa jurisdicción.

Siendo ello así, para la Sala no resulta de recibo lo expuesto por el

MUNICIPIO, comoquiera que lo reseñado da cuenta que la

apreciación de las pruebas llevada a cabo en primera instancia,

además de considerar la totalidad de la información incorporada al

expediente, estuvo ajustada a los principios de la lógica y la sana

crítica.

En efecto, dicho ejercicio conllevó al Tribunal a tener como probado

que pese a existir vertimientos al cauce, estos se realizan de manera

controlada, en los términos fijados en el PSMV aprobado por la

autoridad ambiental para viabilizar la ejecución de actividades

inherentes a la operación del sistema de alcantarillado en cabeza de

EMPOCALDAS quien tiene a su cargo la prestación integral18 de dicho

servicio, conforme se desprende de la lectura armónica de las

18
Entendido como la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales y
pluviales.

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disposiciones de orden legal19 y reglamentario20 que rigen la materia,

y lo precisado por la Sala en reciente pronunciamiento21.

• De la responsabilidad del Departamento

En relación este asunto la Sala precisa que, contrario a lo

argumentado en el recurso, la situación sometida al conocimiento del

juez popular no tiene por única fuente las falencias evidenciadas en

punto al ordenamiento del territorio y el control de los desarrollos

urbanísticos por parte del MUNICIPIO.

Por lo contrario, la realidad acreditada en el expediente es

concluyente acerca de las condiciones de riesgo que se presentan en

el sector urbano en donde la quebrada Guayabito se encuentra

canalizada, hechos que si bien incumben en primera medida al ente

territorial municipal, no excluyen la intervención de los demás

actores que integran el Sistema de Gestión y Prevención del Riesgo

19
Ley 142 de 1994. Artículo 14, numeral 14.21.
20
Decreto núm. 302 de 25 de febrero de 2000 “"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”,
y el Decreto núm. 1077 de 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, artículo 2.3.1.1.1., numeral 46.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero ponente Hernando
Sánchez Sánchez, providencia de 9 de agosto de 2024, expediente núm. 17001-23-33-000-2022-
000122-01(AP).

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para arribar a la solución adecuada y definitiva del problema

suscitado.

En efecto, el Gobierno Nacional mediante la Ley 1523 de 24 de abril

de 201222, adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres.

La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres

como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución,

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y

el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a

la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al

desarrollo sostenible […]”. Asimismo, dispuso que era una política de

desarrollo indispensable para garantizar, entre otros, la seguridad

territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y

las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,

22
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

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con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de

gobierno y la efectiva participación de la población23.

La anterior definición es complementada por los numerales 1, 6 y 11

del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que en el

caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio

climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la

medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad

o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios

observados o esperados del clima y su variabilidad, gestión que

también implica la promoción de una mayor conciencia del riesgo,

que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo

cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las

situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación

entendida como rehabilitación y reconstrucción.

Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a

todas las autoridades y habitantes del territorio. En consecuencia, en

tratándose de las autoridades, asignó a las entidades públicas,

privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de

23
Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.

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gestión del riesgo que comprenden conocimiento y reducción del

riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su

ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo

corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar

con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal

como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades24.

En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres -Sistema Nacional-, el artículo 5° dispuso que es el

conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas,

procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos,

así como la información atinente a la temática, que se aplica de

manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país.

Acerca de su organización, la normativa legal en referencia

determinó que, en los ámbitos territoriales, los alcaldes tienen

24
Supra nota 18 Artículo 2°.

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funciones específicas en materia de gestión del riesgo, en los

siguientes términos:

“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
[…]”25.

“[…] 2.- Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública [...]”26.

Adicional a lo anterior, tanto los alcaldes como los gobernadores

deberán27:

-. “[…] Formular e implementar planes de gestión del riesgo para
priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades
del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte del
ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su
seguimiento y evaluación [...]”28.

-. “Formular y concertar con sus respectivos consejos de gestión del
riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia
para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en
armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuestas
nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán
adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde,
según el caso en un plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores
a la fecha en que se sancione la presente ley”29.

25 Ley 1523. Artículo 14.
26 Ley 1523. Artículo 14, parágrafo.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de

11 de julio de 2019. M.P: Nubia Margoth Peña Garzón. Rad. 63001-23-33-000-2018-00036-
01.
28 Ley 1523 de 2012. Artículo 32
29
Ley 1523 de 2012. Artículo 37

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-. Integrar en los planes de ordenamiento territorial el análisis del
riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,
considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso
y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la
configuración de nuevas condiciones de riesgo. Asimismo, en un plazo
no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la Ley 1523,
deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial y de
desarrollo municipal y departamental vigentes que no hubiesen
incluido la gestión del riesgo30 […]“.

Igualmente, las funciones encomendadas a cada uno de los

integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están regidas

por los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad

positiva, los cuales fueron definidos por la misma Ley 1523.

En consecuencia, la Sala concluye que en materia de gestión del

riesgo a quien le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, las

políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es,

principalmente, al MUNICIPIO en cabeza de su alcalde; no

obstante, ello no indica que deba dejarse de lado que la misma Ley

1523 estableció un trabajo coordinado y armónico con las demás

entidades31 que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo,

a la luz de los principios aludidos, definidos expresamente la cita Ley

1523.

30 Ley 1523 de 2012. Artículo 39
31
Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en sentencia de
28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-02. Consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón).

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Con fundamento en lo expuesto, en el asunto sub examine, la Sala

considera que pese a que bajo el marco normativo de la Ley 1523 el

MUNICIPIO es el principal llamado a atender la situación que sirvió

de fundamento a esta demanda, ello no es óbice para que en el

evento que las medidas a adoptar excedan su capacidad técnica y

presupuestal, los demás agentes responsables de la ejecución de la

política de gestión del riesgo sean convocados de forma subsidiaria

a garantizar el derecho colectivo involucrado, en acatamiento de los

principios fundantes de dicha política, concretamente el de

coordinación, concurrencia y subsidiariedad, cuyo alcance fue

definido por el legislador en los siguientes términos:

“[…] Artículo 3°.

Principios generales. Los principios generales que orientan la gestión
del riesgo son:

[…] 12. Principio de coordinación:

La coordinación de competencias es la actuación integrada de
servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados
y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para
garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los
fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.

13. Principio de concurrencia:

La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y
territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que
constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres,
tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se
logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica

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entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente
puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El
ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las
atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo
expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y
procedimientos para alcanzarlas.

14. Principio de subsidiariedad:

Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades
territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede
ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad
territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su
materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si
estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva,
impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en
ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no
tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en
desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien
jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en
ayuda de la entidad afectada […]”.

En esa línea argumentativa, para la Sala es claro que la objeción del

DEPARTAMENTO no tiene vocación de prosperidad y, en esa

medida, las órdenes impartidas por el Tribunal en lo que le atañe se

mantendrán incólumes.

• De la orden impartida a EMPOCALDAS y el plazo para su

cumplimiento

La empresa EMPOCALDAS adujo no tener certeza acerca de la

actividad que debía emprender a raíz de la orden impartida en

relación con el PSMV.

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Sobre el particular, el Tribunal dispuso en el numeral 4.8 de la parte

resolutiva de la sentencia que:

“[…] 4.8.- Realizar las acciones recomendadas por Corpocaldas en
diferentes documentos que obran en este proceso, a las cuales se hizo
referencia en el acápite número 8 denominado “De las medidas para
solucionar la vulneración de derechos colectivos” de la parte
considerativa de esta providencia.
Las anteriores actividades ser realizarán por el Municipio de Viterbo
aplicando los principios de coordinación y colaboración administrativa
[…]”.

Al respecto, en el numeral 2, del acápite “8.- De las medidas para

solucionar la vulneración de derechos colectivos” se ordenó a

EMPOCALDAS:

“[…] 2.- Ejecutar si aún no lo ha hecho, la actualización del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV teniendo en cuenta la
vigencia del actual. Para lo anterior la Sala concederá un término de
cuatro (4) meses […]”.

Al respecto, la Sala destaca que de la interpretación conjunta de las

razones fundantes del fallo impugnado y la parte resolutiva del

mismo, es dable concluir que la expresión “EJECUTAR” alude a la

obligación de EMPOCALDAS de presentar ante la autoridad

ambiental la actualización del PSMV, dentro del término allí previsto.

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Ahora bien, en cuanto a la ampliación del plazo para tramitar dicha

actualización se evidencia que EMPOCALDAS se limitó a manifestar

que esta se encontraba en trámite y que dentro de ese procedimiento

CORPOCALDAS realizó algunos requerimientos que implicaban la

realización de estudios técnicos en un nivel detallado.

No obstante, tal afirmación carece de un desarrollo explicativo que

de cuenta de las razones que ameriten variar el plazo otorgado por

el Tribunal, más aún cuando, según lo afirmado por la recurrente,

para la época en que fue apelada la sentencia, la actualización del

PSMV ya se encontraba en proceso de verificación y aprobación de

CORPOCALDAS.

Por consiguiente, el incumplimiento de la carga argumentativa

exigible en sede de apelación conlleva a que este cargo tampoco

tenga vocación de prosperidad.

Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente indicar que en el evento

que el cumplimiento de la citada orden demande, de manera

justificada y razonable, la ampliación del plazo concedido, será el

Comité de Verificación, valga decir, del que hace parte el Tribunal, el

escenario en el cual podrá determinarse la procedencia o no de

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conceder un tiempo adicional, en todo caso, considerando la

necesidad de garantizar en forma oportuna la protección concedida

por el juez constitucional32.

• Del comité de verificación

La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada en relación

con el comité de verificación adujo que estaría conformado por un el

Procurador Judicial Delgado ante esa Corporación, un delegado del

Municipio, un delegado del Departamento, uno más de

CORPOCALDAS y por el actor popular; no obstante, omitió incluir

un delegado de EMPOCALDAS, parte demandada dentro de este

proceso e indicar que el mismo estaría presidido por el magistrado

ponente del Tribunal.

En consecuencia, comoquiera que de conformidad con el artículo 34

de la Ley 472 el comité de verificación estará integrado por las partes

procesales de la acción popular y deberá estar presidido por el

magistrado ponente del Tribunal, lo procedente es modificar el

numeral sexto de la parte resolutiva del fallo recurrido en tal sentido.

32
Al respecto, ver entre otras: Sentencia del 1 de junio de 2020. Radicado: 68001 23 31 000 2021
00091 01. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 9 de febrero de 2023.
Radicado: 68001 23 33 000 2019 00410 01. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.

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Finalmente, la Sala pone de manifiesto que el MUNICIPIO en su

escrito de alegaciones adujo que realizó la microzonificación del

riesgo de la microcuenca en el EOT aprobado mediante Acuerdo núm.

001 de 4 de febrero de 202333, cuyo argumento fue ventilado hasta

esta instancia, razón por la que no se emitirá pronunciamiento de

fondo al respecto por ser planteado por fuera de las oportunidades

procesales previstas para ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4.4 del ordinal cuarto y el sexto

de la parte resolutiva de la sentencia de 25 de agosto de 2023,

proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, los cuales

quedarán así:

“[…] Cuarto: ORDÉNASE al Municipio de Viterbo, Caldas:

[…] 4.4.- Realizar acciones necesarias para lograr el respeto de
la zona de ronda en la microcuenca El mellizo o Guayabito. Lo

33“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO VITERBO - CALDAS, 2023 – 2035”.

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anterior de manera permanente, coordinada y articulada con la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, en el marco de las
facultades legales que les asisten en materia policiva para
garantizar las zonas de ronda hídrica como componente del
espacio público y factor determinante en la preservación de los
cuerpos de agua como la quebrada Guayabito”.

[…]

“[…] Sexto. CONFÓRMASE un comité de verificación que
estará integrado por el magistrado ponente del Tribunal, quien
lo presidirá, el Procurador Judicial para Asuntos Administrativos
que actúe ante ese Despacho, el actor popular, un
representante del Municipio de Viterbo, del Departamento de
Caldas, de Corpocaldas y de Empocaldas. El comité se reunirá
e informará al Tribunal Administrativo de Caldas con destino a
este expediente, una vez vencidos los términos indicados en
esta providencia […]”.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 4.2 de la parte resolutiva de la

sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en la parte

motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

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Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 21 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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