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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2016-00198-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2016-00198-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2016-00198-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral noveno de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y en consecuencia se levantará la medida cautelar allí adoptada. “[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan considerado que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como el de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección, cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos de su negligencia y adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos. 55 El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han adoptado con ese objeto.55 […] 10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos jurídicos de los que él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las órdenes de protección de los derechos colectivos. Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las medidas que conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección concedida. Esto significa que puede practicar pruebas para identificar las circunstancias que obstaculizan la concreción del amparo, requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y adoptar los correctivos que conduzcan a superar la dilación verificada. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 19001-23-33-000-2016-00198-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

18 de julio de 2024

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Radicado: 19001 23 33 000 2016 00198 01
Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C. dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación núm.: 19001 23 33 000 2016 00198 01
Actor: Luz Marlen Bustos y Defensoría del Pueblo Regional Cauca
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Cauca, Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
Municipio de Popayán, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.
E.S.P., Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Curadurías Urbanas 1 y 2 de Popayán
y Aura Tulia Urbano Montero
Tesis: No es cierto que el cuerpo de agua con cauce innominado que fue protegido
en la sentencia recurrida no cumple con los requisitos exigidos para ser considerado
como una quebrada.
No es cierto que el nacimiento de agua innominado que fue protegido en la
sentencia recurrida afloró con posterioridad a la interposición de la demanda como
consecuencia de un fuerte aguacero en la zona.
No es cierto que la protección del nacimiento de agua que se ubica en el Proyecto
Hacienda Yambitara no hubiera hecho parte de los hechos y pretensiones de la
demanda.
Es procedente que en la sentencia de primera instancia se fijara el área de
protección del nacimiento de agua en cien metros (100 m).
No es cierto que la recurrente ya realizó todas las acciones necesarias para
garantizar la conservación del área de protección de la quebrada que recorre su
predio y el restablecimiento de su cauce.

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por Aura Tulia Urbano
Montero en contra de la sentencia del 4 de agosto de 2022, por la cual el Tribunal
Administrativo del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

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Radicado: 19001 23 33 000 2016 00198 01
Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Luz Marlen Bustos y la Defensoría del Pueblo Regional Cauca presentaron
la demanda de la referencia en contra de la Corporación Autónoma Regional del
Cauca, del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, del Municipio de Popayán, de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, de las Curadurías Urbanas 1 y 2 de Popayán y de Aura Tulia Urbano
Montero, al considerarlas responsables de la vulneración de los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la seguridad y salubridad
públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

1.2. Particularmente, formularon las siguientes pretensiones:

“Primera: ORDENAR A LOS ACCIONADOS, en el marco de sus respectivas
competencias, HACER CESAR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS invocados o aquellos que de conformidad con el principio iura
novit curia determine el Juzgador y a su vez, RESTITUIR las cosas a un estado
anterior o RECUPERAR la zona para que se adecue a las políticas de
conservación del medio ambiente, la salubridad, el equilibrio ecológico.

Para el efecto, se solicita que el honorable juzgador constitucional se sirva
ordenar como mínimo:

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA –CRC- deberá
intervenir de manera efectiva en el área tanto en el plano ecológico, mediante
acciones tendientes a la recuperación del componente ambiental y ecológico de
la zona donde se ubican al menos dos cauces de río o de afluentes y un
humedal y su franja de protección, así como, y de ser necesario, para
restablecer el recurso hídrico, la flora y la fauna asociadas.

Adicionalmente, se solicita que se inicie los procesos administrativos de
investigación y sanción por la afectación del humedal y a los cauces que se está
presentando en la zona contigua al barrio aida lucía (sic) y rincón de Yambitará
(sic).

EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, para que realice actualización de los recursos
hídricos en su territorio; intervenga en la recuperación del humedal y las fuentes
de agua en el caso concreto de Aida Lucía, así como en los demás casos de
presencia de cuerpos de agua en la ciudad. Igualmente, para que se sirva
actualizar el POT y las demás fuentes hídricas del predio con identificación
catastral 000200040595000.

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Radicado: 19001 23 33 000 2016 00198 01
Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN, que realice las visitas
y control sobre las redes de acueducto y alcantarillado en el sector de aida lucia
(sic) interviniendo y mejorando la calidad del servicio y tomando especial
consideración en la recolección de aguas servidas y aguas lluvias por separado,
garantizando un tratamiento adecuado del recurso hídrico y evitando la
contaminación del humedal y las demás fuentes hídricas del predio con
identificación catastral 000200040595000.

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, para que realice la
actualización de los mapas y cartas catastrales y prediales de la ciudad,
evitando la superposición de predios. Adicionalmente y para el caso concreto,
que delimite adecuadamente los predios rurales, urbanos y aquellas zonas de
protección ambiental. Esta delimitación también debe ser extendida todos los
predios de la ciudad especialmente a aquellos donde se detecte la presencia
de cuerpos de agua.

NACIÓN – MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE- AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, para
que se controlen en forma adecuada la expedición de las licencias ambientales,
considerando la normatividad internacional y nacional y especialmente el
manejo de los recursos hídricos, futura riqueza de un país. En ese sentido, se
conmine a generar, las políticas públicas idóneas y ejercer el control inmediato
y necesario para salvaguardar los recursos hídricos y evitar su pérdida por sobre
urbanización.

CURADURÍA URBANA NO 1, para que ajuste el trámite de las licencias de su
competencia, considerando la aplicación obligatoria de las normas de
protección ambiental y para el caso en concreto y demás a iniciarse, exigiendo
el plan de manejo ambiental que permita garantizar la protección del derecho
colectivo que es prevalente sobre el interés particular.

AURA TULIA URBANO MONTERO, para que se sirva evitar dalos (sic) al medio
ambiente en sus proyectos urbanísticos y en el caso concreto, para que restaure
el humedal y los cauces y cuerpos de agua en el predio con identificación
catastral 000200040595000.

Segunda: ORDENAR a los accionados, en el marco de sus respectivas
competencias, que una vez ejecutadas las acciones solicitadas en el punto
anterior, se ejerza CONTROL PREVENTIVO SOBRE LA ZONA, para que la
situación no se repita y se garantice de esa manera que los recursos
económicos utilizados en la intervención no se pierdan, contribuyendo de esa
manera a la optimización de los recursos económicos en el marco de los
parámetros de moralidad administrativa.

TERCERA: CONDENAR A LOS ACCIONADOS en costas procesales siguiendo
los parámetros del artículo 188 de la ley 1437 de 2011 y 365 de la ley 1564 de
2012 y especialmente considerando la ley 472 de 1998, así como las demás
normas que sean aplicables. La condena en costas será a favor del Fondo para
la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, de conformidad con la ley
472 de 1998.”1

1.3. Como sustento de esas solicitudes adujeron que:

1 Visible a folio 4 del Cuaderno 1 del Tribunal.

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Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

Desde el año 2015, los residentes de los barrios Aida Lucía y Rincón de Yambitará
de Popayán han liderado una serie de actividades destinadas a la conservación y
protección de los recursos naturales de la zona. Estas acciones se han centrado en
la preservación de dos (2) afluentes y un (1) humedal que se encuentran en las
proximidades de los barrios mencionados y que colinda con el proyecto urbanístico
Hacienda Yambitará, que se desarrolla en el predio propiedad de la señora Aura
Tulia Urbano Montero.

Los estudios de suelos realizados en 2015 revelaron que el nivel de las aguas
freáticas en ese inmueble es poco profundo en el área y que existe una notable
presencia de aguas subterráneas.

El jefe de Planeación del Municipio de Popayán señaló que el proyecto urbanístico
atraviesa varios afluentes, lo que requiere la preservación de una franja de
protección ambiental, según lo estipulado por la autoridad ambiental. Esto implicaba
la inclusión de un plan de conservación del recurso hídrico en el proyecto de
vivienda.

En mayo de 2015, solicitaron a Planeación Municipal una visita técnica para evaluar
el daño ambiental causado en el área, especialmente por la desaparición de las
fuentes de agua que alimentaban el guadual y desembocaban en la quebrada
Claridad, afectando así al humedal.

La Oficina Asesora de Planeación solicitó al Acueducto y Alcantarillado de Popayán
que interviniera y limpiara el afluente, contactó a la Corporación Autónoma Regional
del Cauca (CRC) para verificar la situación, y pidió a la Curaduría Urbana núm. 02
que suspendiera y revisara el trámite de la licencia de urbanismo para el proyecto
Hacienda Yambitará.

En agosto de 2015 la CRC realizó una visita al área del proyecto urbanístico y recibió
informes sobre las irregularidades. Posteriormente, en enero de 2016, la autoridad
ambiental llevó a cabo una segunda visita, confirmando así las afectaciones a los
recursos naturales.

El 21 de enero de 2016 solicitaron a la Oficina Asesora Jurídica de Planeación
medidas cautelares para suspender las obras en el predio donde se desarrollaba el

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Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

proyecto urbanístico debido a actividades como la tala de árboles y movimientos de
maquinaria, pero la solicitud fue despachada de forma desfavorable.

Además de los problemas ambientales, surgieron preocupaciones sobre la
propiedad de las zonas verdes debido a discrepancias en los planos suministrados
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC). Estos problemas
persistieron a pesar de las acciones de la comunidad para abordar las
preocupaciones ambientales y legales.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La demanda fue presentada el 4 de abril de 2016. A través de auto del 27 de
abril 2016, el Tribunal Administrativo del Cauca dispuso su admisión2. Asimismo, en
la referida providencia el a quo negó las solicitudes formuladas por la parte
accionante ligadas al amparo de pobreza y la vinculación como coadyuvantes de la
Personería Municipal de Popayán y la Procuraduría Judicial Agraria.

La parte actora solicitó el decreto de medidas provisionales y pruebas anticipadas.
A través de auto de 27 de abril de 2016, se corrió traslado de la solicitud a las
entidades accionadas y se negó el decreto de pruebas. Surtido el traslado, con auto
de 17 de junio de 2016, fue negado el decreto de la medida cautelativa.

2.2. Andrés Miguel Paz3, habitante de la zona objeto de la presente acción,
coadyuvó a la parte actora y solicitó el decreto de medidas cautelares consistentes
en suspensión de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto
urbanístico. Con proveído del 17 de junio de 2016, se aceptó su participación como
coadyuvante y se negó la petición cautelar.

2.3. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales4 se opuso a las
pretensiones de la demanda. Para ello adujo la ausencia de funciones y/o
competencias que la ley y los reglamentos confieren a la entidad respecto del asunto
objeto de litigio. En tal sentido formuló la excepción de falta de legitimación por
pasiva.

2 Visible a folios 285 y siguientes del Cuaderno 2 del Tribunal.
3 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
4 Ibidem.

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Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

2.4. El Curador Urbano núm. 2 de Popayán5 solicitó la exclusión del proceso
“teniendo en cuenta que no expedí ninguna licencia en relación con los hechos
dañinos alegados por los demandantes”6.

2.5. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.7
manifestó que no participó en la ejecución del proyecto urbanístico y señaló su
ausencia de responsabilidad, considerando las funciones específicas que rigen las
actuaciones de esa sociedad. Propuso las excepciones de inexistencia de
afectación o amenaza de los derechos colectivos invocados por el actor, así como
la falta de legitimación por pasiva.

2.6. La CRC8, en su calidad de autoridad ambiental, indicó que tenía competencia
para intervenir en el área mediante acciones de recuperación del componente
ambiental y ecológico, especialmente en zonas donde existen dos (2) afluentes, por
lo que era necesario garantizar su franja de protección.

Aseveró que, durante una visita realizada el 10 de julio de 2015 al predio identificado
con el número catastral 000200040595000, conocido como Hacienda Yambitará, se
constató la presencia de una quebrada sin nombre, la cual está referenciada en la
cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Este cauce contiene un
espejo de agua o reservorio con un área de cero coma trece hectáreas (0,13 ha) y
un perímetro de ciento sesenta y tres metros (163 m), que ha sido desviado para la
construcción del proyecto inmobiliario.

De otro lado, señaló que, en el curso de la visita técnica, quien acompañó la
diligencia y acudió en representación de la constructora, se pronunció en relación
con una hondonada, producto del atascamiento de maquinaria de obra sobre el
sector, en hechos que tuvieron lugar en marzo de 2014. Así expresó que lo que en
principio aparentó ser un humedal en realidad se trató de una formación hidro-
geomorfológica antrópica que no constituía un ecosistema de esa naturaleza.

5 Ibidem.
6 Visible a folio 430 del Cuaderno 3 del Tribunal.
7 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
8 Ibidem.

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Con posterioridad a esa visita, aseveró que inició el procedimiento sancionatorio
ambiental por la alteración de los recursos naturales y por la ocupación del cauce
sin permiso de la autoridad ambiental.

Manifestó que, ante información suministrada por la comunidad del barrio Aída
Lucía, fue rendido el informe núm. 8843 de 18 de agosto de 2015, producto de la
visita técnica que fue realizada sobre la zona verde aledaña al sector; en dicha
diligencia se evidenció la presencia de tuberías de aguas residuales en mal estado.

Finalmente informó que, a través de oficio núm. 012853 de 12 de noviembre de
2015, el subdirector de Gestión Ambiental informó a la Oficina Asesora de
Planeación, respecto del límite de la franja de protección en relación con los
drenajes, que para el sector urbano deben conservar treinta metros (30 m).

2.7. El Municipio de Popayán9 se opuso a las pretensiones de la demanda y
formuló como excepción la que denominó inexistencia de afectación a derechos
colectivos.

2.8. El Curador Urbano núm. 1 de Popayán10 alegó que, una vez verificado el
cumplimiento de las exigencias de la normatividad urbanística, especialmente del
Decreto 1077 de 2015 y Acuerdo Municipal 06 de 2002 (POT de Popayán), fue
expedido el acto administrativo contenido en la Resolución núm. 5825 de 14 de
diciembre de 2015, por medio de la cual se otorgó aprobación al proyecto de
urbanismo referido, localizado en el bien identificado con número predial 00-02-
0004-0595-000, matrícula inmobiliaria No. 120-189786, propiedad de la señora Aura
Tulia Urbano Montero.

Aseveró que, estando en firme la Resolución núm. 5825 de 2015, expidió la Licencia
de Urbanización núm. 206 de 08 de enero del 2016.

Seguidamente, expidió la Licencia de Construcción núm. 4765 de 08 de enero de
2016. Manifestó que la señora Aura Tulia Urbano Montero presentó solicitud de
licencia de urbanismo y construcción, el 02 de mayo de 2016, con destino a la
urbanización y construcción de la segunda etapa del proyecto Hacienda Yambitará.

9 Ibidem.
10 Ibidem.

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Destacó que para el desarrollo del proyecto urbanístico no se debe exigir plan de
manejo ambiental, pues lo que tiene lugar es exigir la conservación de la franja de
protección respecto de los afluentes, en los términos que ordene la autoridad
ambiental con arreglo al POT.

Manifestó que atendió los llamados a los espacios convocados por la comunidad y
las autoridades, con el objetivo de atender la presunta problemática ambiental,
participando en los escenarios previos al proceso judicial.

Por último, indicó que bajo sus atribuciones no se vulneraron los derechos e
intereses colectivos, por cuanto exigió al urbanizador los requisitos que establece el
ordenamiento jurídico con destino a la protección del interés colectivo objeto de
amparo. Así pues, se estableció en su oportunidad el deber de conservación de
espacios como la franja de protección, a cargo de quien desarrolló el proyecto
urbanístico.

2.9. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible11 y el IGAC12
propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.10. Aura Tulia Montero Urbano13 explicó que la acción constitucional busca la
implementación de un plan de manejo ambiental, el cual no se encuentra previsto
por la ley para proyectos urbanísticos como el que se lleva a cabo en su propiedad.

En cuanto a la supuesta existencia del humedal la negó, basándose en las
conclusiones de la CRC durante el proceso de aprobación de la licencia de
construcción ante la Curaduría Urbana núm. 01. Argumentó que la formación
identificada como humedal fue el resultado de un accidente con una máquina de
obra causado por la imprudencia de un maquinista en marzo de 2014.

Explicó que el lugar del accidente está a más de doscientos (200) metros de donde
se está construyendo el proyecto y que se llevaron a cabo labores de
restablecimiento del cauce y reforestación en el área.

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Visible a folios 934 y siguientes del Cuaderno 4 del Tribunal.

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Basándose en un estudio de suelos realizado en el sitio, concluyó que la humedad
es una característica generalizada de los suelos en Popayán, pero eso no implica
automáticamente la existencia de humedales.

Aclaró que la franja de protección para un pequeño afluente no es de treinta (30)
metros a cada lado del cauce, como se afirmaba, sino de quince (15) metros en
cada extremo, según el POT del municipio.

Afirmó que la obra en el proyecto urbanístico no afecta las zonas verdes 2 y 3 de la
urbanización Aída Lucía. Subrayó que los conflictos de propiedad no pueden ser
objeto de este tipo de acción. Finalmente, argumentó que no se estaban vulnerando
los derechos colectivos invocados por los demandantes.

2.11. El 25 de octubre de 2016, el Tribunal declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento14.

2.12. A través de auto del 28 de febrero de 2017, el Tribunal decretó una medida
cautelar de suspensión de las obras adelantadas en el lugar ubicación de un
nacimiento de agua, identificado con coordenadas 76365807N- 1055367,94 E-1800
MSNM.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo del Cauca dictó sentencia el 4 de agosto 2022,
accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda. A continuación, se
transcribe la parte resolutiva:

“PRIMERO. - AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano;
la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional
delos recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; la conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica,
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, de la comunidad de los barrios Aída Lucía y Rincón de Yambitará,

14 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.

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de conformidad con lo dispuesto en el apartado considerativo de la presente
decisión.

SEGUNDO. - ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CAUCA -CRC- definir de manera clara el área de la franja de protección de la
quebrada que corresponde al cauce innominado, referenciado en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Popayán POT, situado sobre coordenadas “Magna
Sirgas N: 763559,339 M, E: 1055271,386 m” estableciendo de manera precisa
si el área de protección es de 30 metros de ancho a cada lado del cauce, o de
15 metros a cada lado.

TERCERO.- Definida el área de protección de la quebrada que corresponde al
cauce innominado, referenciado en el Plan de Ordenamiento Territorial de
Popayán POT, situado sobre coordenadas “Magna Sirgas N: 763559,339 M, E:
1055271,386 m, la señora Aura Tulia Urbano Montero procederá a efectuar
todas las acciones necesarias para garantizar el área de protección, lo cual
debe incluir además de la franja correspondiente, la siembra y conservación de
la vegetación necesaria para dar un adecuado manejo de la franja.

Se advierte, que si la accionada ha hecho entrega material y legal de la
urbanización a sus propietarios, existiría una subrogación en las obligaciones,
las cuales en todo caso deben ser adoptadas por quien actualmente detente la
titularidad del predio.

CUARTO. - ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CAUCA -CRC- definir técnicamente las acciones a implementar a efectos de
restablecer el cauce de la quebrada que corresponde al cauce innominado,
referenciado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán POT, situado
sobre coordenadas “Magna Sirgas N: 763559,339 M, E: 1055271,386 m”.

QUINTO. - La señora Aura Tulia Urbano Montero o quien detente la propiedad
del predio comprometido, procederá a efectuar todas las acciones necesarias y
determinadas por la CRC a efectos de restablecer el cauce de la quebrada que
corresponde al cauce innominado, referenciado en el Plan de Ordenamiento
Territorial de Popayán POT, situado sobre coordenadas “Magna Sirgas N:
763559,339 M, E: 1055271,386 m”.

SEXTO. - ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CAUCA -CRC- definir técnicamente las acciones a implementar a efectos de
restablecer el cauce del nacimiento de agua, identificado con coordenadas
76365807N- 1055367,94 E-1800 MSNM.

SÉPTIMO. - ORDENAR a la señora Aura Tulia Urbano Montero o quien detente
la propiedad del predio comprometido, efectuar todas las acciones necesarias
y determinadas por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
-CRC a efectos de restablecer el cauce de del nacimiento de agua, identificado
con coordenadas 76365807N- 1055367,94 E-1800 MSNM.

OCTAVO. - ORDENAR a la señora Aura Tulia Urbano Montero o quien detente
la propiedad del predio comprometido, garantizar el área de protección del
nacimiento de agua, identificado con coordenadas 76365807N- 1055367,94 E-
1800 MSNM., en un espacio de mínimo 100 metros de acuerdo con el POT,
sobre la cual se deben excluir actividades urbanísticas, garantizando su debido
aislamiento.

NOVENO. - MANTENER la medida cautelar decretada mediante auto de 28 de
febrero de 2017 respecto de la prohibición de adelantar obras de urbanismo,
pero restringido al lugar de ubicación del nacimiento de agua, identificado con

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coordenadas 76365807N- 1055367,94 E-1800 MSNM, de la Urbanización
Hacienda Yambitará.

DÉCIMO. - ORDENAR a la señora Aura Tulia Urbano Montero o quien detente
la propiedad del predio comprometido, la protección del guadual y la flora y
fauna que en él convergen, debiendo adelantarse labores de recuperación.

ONCE. - ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CAUCA -CRC- efectuar el seguimiento, acompañamiento y verificación del
cumplimiento de las disposiciones de esta sentencia, en relación al deber de
protección de la fuente hídrica, el nacimiento de agua y el guadual, de
conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y especialmente en el artículo
31 numeral 12 de la norma ibidem.

DOCE. - DECLARAR falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio
de Popayán, Acueducto y Alcantarillado de Popayán, Instituto Agustín Codazzi,
Curadurías Urbanas 1 y 2, Agencia Nacional de Licencias Ambientales y del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

TRECE.- CONFORMAR un comité de verificación de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por
un representante de la Defensoría del Pueblo-Regional Cauca, la señora Luz
Marlen Bustos como parte actora dentro de este trámite, un representante de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, un representante de la señora
Aura Tulia Urbano Montero, un representante de la urbanización Hacienda
Yambitará, y el Procurador Séptimo Judicial Ambiental y Agrario, quien presidirá
el comité y entregará un informe inicial de instalación, e informes semestrales
del cumplimiento de lo aquí ordenado.”15

3.2. Luego de aludir a la procedibilidad de la acción popular, al contenido de los
derechos colectivos al (i) goce de un ambiente sano; (ii) a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y
(iii) a la realización de construcciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, y exponer lo que encontró probado en el proceso,
el Tribunal se refirió al caso en concreto de la siguiente forma:

3.3. Sostuvo que, con las pruebas que reposan en el expediente, particularmente
los informes de la CRC y la experticia del perito biólogo Jaime Eduardo Mauna de
los Reyes, era posible descartar la existencia del humedal referido en la demanda
en la zona donde se desarrolló el proyecto Hacienda Yambitará. En ese orden, no
advirtió que estuvieran comprometidos los derechos colectivos invocados por la
parte demandante con el desarrollo del proyecto de vivienda mencionado, ante la
ausencia de constatación de un ecosistema de esa naturaleza en el sector.

15 Visible a folios 1204 y siguientes del Cuaderno 5 del Tribunal.

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Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

3.4. Sin embargo, en relación con las fuentes hídricas que allí se encuentran, esto
es, una quebrada y un nacimiento de agua, comenzó por indicar el marco legal y
regulatorio sobre las pautas para el manejo de los recursos naturales renovables y
la protección del medio ambiente. Con ello enfatizó en la importancia de proteger
las cuencas y las áreas de conservación y preservación del sistema hídrico.

Subrayó que los propietarios de los predios en los que haya nacimientos de agua
tienen obligaciones de conservación y anotó que las franjas aledañas a los afluentes
hídricos son de carácter público y deben ser protegidas por el Estado. Además, que
el POT del Municipio de Popayán establece medidas de protección para corrientes
de agua.

Así las cosas, con apoyo en las conclusiones del dictamen pericial, entendió que en
la zona objeto de la controversia existía una afectación flagrante a las fuentes
hídricas que nacen y transitan por el proyecto denominado Hacienda Yambitará, lo
que conllevaba a la afectación a los derechos colectivos objeto de la acción de la
referencia, comoquiera que el cauce de la quebrada y el nacimiento de agua que
allí transitaban fue desviado o canalizado de manera irregular, de modo que se
requería medidas de protección efectivas y permanentes en el tiempo.

Además, consideró necesario hacer respetar la franja de protección de treinta
metros (30 m) de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de
los cauces de la quebrada. Y de cien metros (100 m) para el caso del nacimiento de
agua que se encuentra en ese sector.

3.5. Enseguida precisó las acciones que ordenaría a la señora Aura Tulia Urbano
Montero y a la CRC, descartó la prosperidad de las demás pretensiones planteadas
por los actores populares y se pronunció sobre la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por algunas entidades demandadas.

3.6. Por último, dispuso la conformación del Comité de verificación.

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IV. RECURSO DE APELACIÓN

La señora Aura Tulia Montero Urbano impetró recurso de alzada teniendo en
consideración los argumentos que se sintetizan enseguida:

En primer lugar, señaló que en el curso del proceso se demostró, tal y como lo
reconoció el fallo de primera instancia, la inexistencia de un humedal en el área
objeto del proyecto urbanístico.

De otro lado, expresó que no podía denominarse quebrada a los afluentes de agua
de la zona, toda vez que no se cumplían los criterios técnicos para el efecto.

En segundo lugar, alegó que las órdenes de los numerales tercero y quinto de la
parte resolutiva de la sentencia describían obligaciones que en su momento le
fueron impuestas por la CRC en la actuación administrativa correspondiente y que
cumplió a cabalidad, por lo que constituían hechos consumados, circunstancia que
inclusive había sido reconocida por el perito Eduardo Mauna de los Reyes.

En tercer y último lugar, aseveró que, en relación con los numerales sexto a octavo,
el Tribunal pasó por alto que “ello no fue parte de la acción popular incoada y
tramitada, que dicho nacimiento no existía a la presentación de la acción y
desconoce además que el mismo se presentó en una zona verde ya construida e
incluso entregada que hizo parte de la segunda etapa, teniéndose en cuenta que
ahora se está en ejecución de la cuarta, ahora bien, dicho brote de agua se presentó
posterior a un fuerte aguacero, y el mismo no existía, cuando se observó la CRC
dispuso medidas de protección las cuales fueron llevadas a cabo por mi mandante
a cabalidad, pero además de lo que señala la sentencia no se puede señalar (sic)
que se restaure un cauce de algo que no existía, y en sentido estricto si estaba
dentro de la montaña ello indicaría que se vuelva a ocultar, lo cual evidentemente
no es el sentido que se le pretende dar, pero deviene de un análisis magro de los
hechos de la acción incoada, ya que fue un hecho que se presentó casi un par de
años después a la acción popular”16.

16 Folio 3 del recurso de apelación. El recurso se encuentra visible en el Cuaderno 5 del Tribunal,

páginas 1252 y siguientes.

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Mencionó que definir cien metros (100 m) como área de protección de la ronda
hídrica va en contravía de los derechos de los dueños de las casas, ya que se trata
de un nacimiento muy pequeño que está en una zona verde de la segunda etapa
del proyecto inmobiliario, de ahí que no sea posible cumplir con las órdenes
adoptadas en la decisión de segunda instancia.

Concluyó que esa entidad ha cumplido con los mandatos que le han sido impuestos
por la CRC, por lo que pidió revocar el fallo de primera instancia con fundamento en
lo antes señalado.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA17

5.1. Mediante auto del 17 de febrero de 2023, el consejero de Estado Roberto
Augusto Serrato Valdés admitió el recurso de alzada y prescindió del traslado para
alegar de conclusión.

5.2. El mencionado consejero de Estado manifestó impedimento que fue
declarado fundado con proveído del 1 de junio de 2023.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en este proceso.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por
el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.

17 Toda la actuación en esta instancia se encuentra visible en SAMAI en el expediente digital.

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7.2. Planteamiento

La Sala observa que las partes coinciden en que uno de los cuerpos de agua
cercanos al Proyecto Urbanístico Yambitará no cumple con los criterios para ser
considerado un humedal. Sin embargo, discrepan en cuanto a la necesidad de
proteger los demás afluentes que fueron objeto de amparo en la sentencia de
primera instancia, y de otro lado, en relación con las órdenes impuestas por el a quo
en la sentencia recurrida.

Así, en cuanto al primer aspecto, la recurrente considera que no se puede llamar
"quebrada" al afluente que se encuentra en esa zona ya que no cumple con los
criterios técnicos necesarios para tal denominación. Mientras que, para el Tribunal,
con el citado proyecto se estaban afectando las fuentes hídricas, esto es, una
quebrada y un nacimiento de agua, como quiera que se habían desviado sus
afluentes o canalizado los mismos de manera irregular, circunstancia que requería
medidas de protección efectivas y permanentes en el tiempo.

Además, para la accionante el restablecimiento del cauce del nacimiento de agua
que fue ordenado en los numerales sexto a octavo no fue parte de los hechos
expuestos en la demanda, y reprochó que el origen de ese afloramiento es posterior
a la interposición del libelo introductorio, dado que el mismo surgió como
consecuencia de un fuerte aguacero que se presentó en la zona, de modo que no
estaría obligada a restaurar su cauce18.

Finalmente, en relación con el segundo punto, la señora Montero Urbano es del
criterio que ya cumplió con los numerales tercero y quinto de la parte resolutiva de
la sentencia de primera instancia, toda vez que allí se describían obligaciones que
en su momento le fueron impuestas por la CRC y que observó a cabalidad. A su
vez, reprochó que el mandato impuesto en el numeral octavo, que fijó la franja de
protección del nacimiento del cuerpo de agua en cien (100) metros, iba en contravía
de los derechos de los propietarios, toda vez que era un afluente muy pequeño que
está en un área verde de la segunda etapa del proyecto inmobiliario. Mientras que,
para el Tribunal, es necesario que para el desarrollo urbanístico se cumplan con las
normas que establecen las fajas de protección de los recursos hídricos.

18 Ibídem.

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7.3. Cuestión previa. De la medida cautelar adoptada en el fallo de 28 de
febrero de 2017

La Sala observa que, en el numeral noveno de la parte resolutiva del fallo
censurado, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mantuvo la medida
cautelar relacionada con la imposibilidad de construcción en el área del nacimiento
que se encuentra en la Hacienda Yambitará.

Sobre el particular, es necesario poner de presente que, de conformidad con el
artículo 25 de la Ley 472 de 1998, el juez constitucional se encuentra facultado, para
que, de oficio o a petición de parte, adopte las medidas previas que estime
pertinentes para para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que hubiere
causado; veamos:

“Artículo 25. Medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en
cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte,
decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes
para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado.
(…)” (Subrayas de la Sala)

En consonancia con ello, el artículo 229 del CPACA. indicó que las medidas
cautelares contenidas en dicho estatuto serían aplicables a los procesos que tengan
como fin la protección de derechos e intereses colectivos. La norma en cuestión es
del siguiente tenor:

“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el
auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de
parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar,
en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de
la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la
defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto
en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.” (Subrayas de la Sala).

Así pues, de acuerdo con lo expuesto, es procedente afirmar que, dada la
naturaleza preventiva de las medidas cautelares y, por ende, transitoria, no pueden

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ser adoptadas en el fallo de primera instancia, dado que las ordenes allí previstas
están orientadas a definir la litis.

El contenido de las medidas cautelares no debe suponer lo mismo que se espera
de la sentencia, dado su carácter meramente instrumental en tanto tienden a
posibilitar el cumplimiento de la sentencia definitiva. Uno es el objeto de la
sentencia, constituido por la decisión sobre la pretensión formulada y que será
favorable al actor en caso de que demuestre la titularidad del derecho reclamado, y
otro, el objeto de la medida cautelar determinado por la tutela judicial efectiva, esto
es, la garantía de la efectividad de la sentencia que se ve en riesgo por la mora en
el trámite del proceso.

En otras palabras, el carácter accesorio que para el proceso judicial tiene la medida
cautelar, dado que se profiere dentro de su trámite, impone al juez la determinación
de la necesaria relación entre la pretensión procesal formulada en el proceso y la
medida cautelar solicitada19.

Aunado lo anterior, es menester indicar que permitir que confluyan en una misma
decisión el trámite cautelar y el de la sentencia implica desconocer el derecho de
doble instancia que es propio de las primeras decisiones. Al respecto, esta Sección
en providencia del 22 de febrero de 2018, sostuvo:

“La Sala considera que la situación planteada reviste de suma importancia,
pues, se reitera, que en la sentencia proferida al interior de una acción popular,
el Juez debe resolver la controversia y adoptar medidas definitivas que, en caso
de ser apeladas, deben ser revisadas por el superior jerárquico, en aras de
garantizar el derecho a la doble instancia, razón por la que carece de toda

19 Vale la pena traer a coalición lo dispuesto en sentencia C-9256 de 1998 a propósito de esta figura:

“En efecto, cabe precisar que las medidas cautelares son aquellas determinaciones preventivas
adoptadas mediante providencias judiciales, de oficio o a solicitud de parte, al inicio o en el curso del
proceso, que se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener el estado de
cosas similar al que existía al momento de iniciarse el trámite judicial o impedir que la vulneración al
derecho se haga más gravosa; así, con tales decisiones se asegura que el derecho material objeto
de la controversia podrá ser efectivo en el caso de prosperar el litigio y que no se verá menoscabado
como consecuencia del tiempo que tarda en finalizar el proceso. 19
Dicho de otro modo, el establecimiento de medidas cautelares se constituye en “un medio
inescindible de la tutela judicial efectiva pues sin ellas se transforma, muchas veces, en ilusoria la
posibilidad de obtener protección judicial durante la sustanciación de un proceso.”19
Este instrumento está ligado, por tanto, a la tutela judicial y tiene su fundamento ante la imposibilidad
real de contar con una justicia inmediata, de manera que se han consagrado en los estatutos
procesales medidas que anticipan o salvaguardan provisionalmente los efectos que tendría la futura
sentencia, en el entendido de que aquel derecho no tendrá vigencia si al pronunciarse la sentencia
ya resulta difícil o prácticamente imposible la satisfacción de las pretensiones, pues los derechos
litigiosos pueden haberse visto afectados por el paso del tiempo (periculum in mora)”.

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técnica jurídica la emisión de medidas cautelares en la misma, pues estas son
de carácter provisional o transitorio.

A juicio de la Sala, el hecho de dictar medidas cautelares al interior de una
sentencia, vulnera el derecho al debido proceso y a la doble instancia de la
autoridad obligada, pues el trámite de apelación del auto que decreta una
medida cautelar difiere del previsto para la apelación de sentencia, en tanto que
en el primer evento la alzada se resuelve de plano y en el segundo se debe
admitir el recurso y correr traslado del mismo a las partes y al Ministerio Público,
lo cual resulta aún más dispendioso. Lo anterior, aunado al hecho de que hace
ilusorio un pronunciamiento en segunda instancia, tal como ocurrió en el
presente caso.

La Sala destaca que, si bien, el objeto de la acción popular es el amparo de los
derechos colectivos, en cuyo trámite se debe observar la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal, el Juez también está obligado a velar por
el respeto del debido proceso, garantías procesales y el equilibrio entre las
partes, lo cual no se advirtió en el trámite de la presente acción popular.”20
(Subrayas de la Sala).

Ante tal panorama, la Sala revocará el numeral noveno de la parte resolutiva de la
sentencia recurrida y en consecuencia se levantará la mencionada medida
cautelativa, especialmente porque, como se verá en el punto 7.4.2.1. de esta
providencia, dicha decisión ya fue adoptada de forma definitiva en la sentencia
recurrida. Asimismo, se instará al Tribunal a que, en lo sucesivo, tenga en cuenta
las consideraciones anteriormente expuestas en las acciones populares de su
conocimiento.

7.4. De la discusión sobre la naturaleza de los afluentes objeto de
protección en la sentencia de primera instancia

7.4.1. De la quebrada

En primer lugar, tendrá que absolverse si es cierto que el cuerpo de agua con cauce
innominado que fue protegido en la sentencia recurrida no cumple con los requisitos
exigidos para ser considerado como una quebrada.

En este punto, es necesario señalar que la recurrente se limitó a indicar de manera
general que la mencionada quebrada no cumplía con los requisitos para ser
considerada como tal, sin precisar las razones concretas de esa afirmación. En otras
palabras, no señaló los motivos específicos por los cuales el cuerpo de agua no

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 22 de

febrero de 2018, proceso radicado número: 85001 23 33 000 2014 00129 03. Consejera Ponente:
María Elizabeth García González.

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19

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tenía esa condición, ni presentó los estudios técnicos que lo acreditaran, ni las
disposiciones jurídicas que respaldaran su dicho.

Prueba de ello es que en el recurso de alzada la señora Montero Urbano,
simplemente cuestionó:

“en lo que compete a mi mandante que refiere específicamente al presunto
humedal, se demostró y así lo reconoció el fallo la inexistencia del mismo,
acogiendo lo señalado en el dictamen de la CRC, ahora bien la CRC tiene
claramente definido el área de protección del corrimiento de agua, porque para
ser exactos no se puede señalar que es una quebrada, ya que no cumple los
criterios técnicos para ser denominada como tal, por tanto no se entiende
porque se ordena ello, si en el proceso se señaló por parte de la CRC que el
margen de protección estaba definido”21 (Subrayas de la Sala).

En consecuencia, esta Corporación se encuentra imposibilitada para analizar de
fondo dichas inconformidades, en atención a que, de acuerdo con el artículo 320
del CGP, aplicable por la remisión dispuesta en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998,
la apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, pero
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el recurrente;
veamos:

“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 71.” (Subrayas de la Sala)

En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.4.1.1. Del nacimiento de agua

De otro lado, deberá determinarse si es cierto que el nacimiento de agua
innominado que fue protegido en la sentencia recurrida afloró con posterioridad a la
interposición de la demanda como consecuencia de un fuerte aguacero en la zona.
En caso de que la respuesta a ese interrogante sea afirmativa, tendrá que
absolverse si era improcedente que el Tribunal ordenara en la sentencia recurrida

21 Visible a folio 1253 del Cuaderno del Tribunal.

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20

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que se restaurara el cauce natural de dicho afluente. A estos efectos, se observa
que en el plenario se allegaron las siguientes pruebas:

A) Acta de visita del 22 de junio de 2015, en la que la Oficina Asesora de Planeación
Municipal de la Alcaldía de Popayán, indicó.

“Se inicia visita a las 9:00 A.M. accediendo a la “Zona verde No. 2” donde se
observa un guadual deteriorado y la comunidad asistente deja el interrogante a
quien le corresponde su limpieza seguidamente desde el lindero se puede
observar un cabezote de alcantarilla del cual brotan aguas que por sus
características son residuales domésticas. Este alcantarillado está a la orilla de
un posible cauce que a la fecha está seco pero que según la comunidad
asistente por ahí bajaba agua. La comunidad indicó que aguas arriba se han
hecho rellenos y trabajos para desviar el mencionado cauce”22 (Subrayas de la
Sala).

B) Reporte de acta de visita del 10 de julio de 2015, en la que la CRC señaló que
se “identificó un cauce que conforma un área sobre un terreno plano”23.

C) Visita del 17 de julio de 2015, en el que la Corporación Autónoma Regional del
Cauca, aseveró:

“A través de la presente me permito informar que el día viernes 10 de julio de
los corrientes municipio se efectuó visita al predio con número catastral
000200040595000, Hacienda Yambitará, de Popayán, con la finalidad de
establecer presencia de un posible humedal.

El sitio objeto de estudio corresponde a un lote de superficie plana y sobre su
costado oriental se encuentran pendientes suaves y moderadas con la
presencia de algunos rastrojos y suelos erosionados. Según el relato del señor
Jesús Edgar Papamija persona quien acompaño la visita (Reporte de visita),
muchos años atrás los suelos de ese sector por correspondían (Sic) a chircales
para la obtención de arcillas y elaboración de ladrillos, razón la cual en ese
entonces aparentaban alto nivel freático.

En el recorrido se estableció la presencia de un cauce innominado y
referenciado en la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial - POT-
vigente, el cual sobre las un (Sic) coordenadas planas magna sirgas N:
763559,339 m, E: 1055271,386 m presenta inmerso un pequeño espejo de
agua o reservorio que cuenta con un área equivalente a 0,13 ha y perímetro
de 163 m (Mapa anexo, Figuras 1, 2, 3 y 4).”24 (Subrayas y negrillas de la
Sala)

D) Oficio del 24 de julio de 2015, emitido por la CRC en el que se expresó:

22 Visible a folio 129 del Cuaderno del Tribunal.
23 Visible a folio 150 del Cuaderno del Tribunal.
24 Visible a folio 145 del Cuaderno del Tribunal.

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Radicado: 19001 23 33 000 2016 00198 01
Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

“Efectivamente, en el predio identificado con número catastral
000200040595000, Hacienda Yambitará, municipio de Popayán no se
evidencia la presencia de un humedal atendiendo los estudios adelantados por
la Corporación Autónoma Regional del Cauca, a saber: Caracterización
ambiental preliminar de los humedales de la Meseta de Popayán y Puracé en
el departamento del Cauca CRC — WWF. 2006. Caracterización de los
humedales de la meseta de Popayán, como insumo para la formulación del plan
de manejo. CRC. 2008. Plan de manejo del complejo de humedales de la
meseta de Popayán. CRC. 2009. Y el acuerdo 006 del 18 de Agosto de 2010.

En visita realizada el día viernes 10 de julio de los corrientes se verifica en
la zona objeto de estudio la presencia de un cauce innominado y
referenciado en la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial - POT-
vigente, el cual sobre las coordenadas planas magna sirgas N: 763559,339
m, E: 1055271,386 m presenta inmerso un pequeño espejo de agua o
reservorio que cuenta con un área equivalente a 0,13 ha y un perímetro de
163 m (Mapa anexo, Figuras 1, 2, 3 y 4). (…)”25 (Subrayas y negrillas de la
Sala).

E) Licencia de urbanismo No. 6013 de 2015, emitida por la Curaduría Urbana
No. 1 de Popayán, para la construcción de cincuenta y cuatro (54) unidades de
vivienda, pertenecientes a la etapa I del proyecto urbanístico Hacienda Yambitará.

F) Resolución 9202 del 30 de junio de 2016, por medio de la cual, la CRC
impone una medida preventiva al Proyecto Urbanístico Hacienda Yambitará, de
suspensión de las obras localizadas en el nacimiento de agua ubicado en las
coordenadas 76365807 N - 1055367,94 E — 1800 MSNM.

Dentro de los considerandos de esa decisión se expresó:

“En acciones de control y vigilancia de los recursos naturales y del medio
ambiente, funcionarios adscriptos a la Dirección Territorial Centro, realizaron
visita de oficio el 27 de junio de 2016, al 'proyecto de urbanización Hacienda
Yambitará. El responsable de la obra señor: LUIS EDUARDO MUÑOZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.543.870, permitió la inspección
al sitio en el que se evidenció que en las coordenadas 76365807 N -
1055367,94 E — 1800 MSNM existe un nacimiento de agua que puede ser
afectado por las obras de construcción que se adelantan.

En consecuencia, se impuso a prevención suspensión de toda obra o actividad
en el lugar donde se encuentra localizado el nacimiento de agua, levantándose
la correspondiente acta de medida preventiva.

Así se advirtió al señor Luis Eduardo Muñoz, sobre la obligación legal que tiene
la empresa constructora y su 'representante legal de la preservación de los
recursos naturales, so pena de incurrir en sanción de carácter administrativo:
conforme lo indica la Ley 1333 de 2009.” 26 (Subrayas y negrillas de la Sala).

25 Visible a folio 155 del Cuaderno del Tribunal.
26 Visible a folios 1101 y 1102 del Cuaderno del Tribunal.

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G) Informe elaborado por el ingeniero civil Enrique Garces Collazos de la
Asociación Caucana de Ingenieros, quien explicó que para la edificación del
Proyecto Hacienda Yambitará: “el manejo ambiental de las fuentes hídricas no ha
sido el adecuado, se puede observar en el informe anterior, ya que han desviado
las vertientes, por cauces creados por los constructores, como también invadiendo
de escombros los sectores de humedales para desaparecerlos, para quebradas que
bajan de la microcuenca y todos los ríos guardan memoria de sus cauces, y que en
un futuro puede causar graves problemas, si se producen grandes afluentes de los
ríos en una gran situación de invierno que pueda acontecer”27.

H) Informe de visita técnica elaborado el 30 de octubre de 2018, por la
Subdirección Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y
que sirvió de sustento para el Informe Pericial rendido por Eduardo Mauna de los
Reyes. Particularmente, en relación con el afloramiento de agua, se explicó:

“Presencia de afloramiento de agua:

Fue nuevamente verificada la presencia de un afloramiento o nacimiento de
agua en el área oriental del predio visitado, el cual ha sido aislado de la
urbanización mediante un cerco o malla perimetral, que lo protege de
intervenciones directas, en el momento se encuentra en un estado de
conservación adecuada.

La CRC ha establecido una medida preventiva, “consistente en la suspensión
de obra o actividad en el lugar donde se halla localizado el nacimiento de agua,
según coordenadas 76365807 N – 105536794 E – 1800 msn” medida
preventiva legalizada mediante Resolución No. 9202 del 30 de junio de 2016.

No obstante, lo anterior, se puede observar que el cauce que se desprende
de este afloramiento ha sido desviado y canalizado, llevándolo hasta la
quebrada aledaña al predio, mediante tubería; adicionalmente, se
observaron mangueras que de forma irregular captan el recurso hídrico
proveniente del mencionado afloramiento, para ser utilizado
presuntamente en la construcción de viviendas”28 (Subrayas y negrillas de
la Sala)

Además, en cuanto a la quebrada aledaña al proyecto Hacienda Yambitará, se
expuso:

“En el área sur del predio, se identificó una quebrada que corre en sentido Sur
– Occidente a lo largo de todo el predio. Esta Quebrada ha sido objeto de
intervenciones en el paso, con el fin de modificar su cauce y alterar su franja
forestal protectora. Con un caudal de agua apreciable, que baja desde los
Cerros Tutelares de Popayán, ésta quebrada y su franja de protección deben

27 Visible a folio 31 del Cuaderno de Pruebas.
28 Visible a folios 105 a 106 del Cuaderno de Pruebas

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ser conservadas en su integridad. Se evidencia la siembra de algunas especies
vegetales incipientes, sin embargo, se requieren medidas de protección mucho
más efectivas y permanentes en el tiempo.

Conforme a lo manifestado en el informe con radicado No. 8023 del 29 de julio
de 2015, se establece: “se trata de un cauce innominado y referenciado en la
cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual sobre las
coordenadas planas magnas sirgas No. 763559, 339 m, E: 1055271,386m. Este
cauce aún vigente conduce las aguas que vienen y discurren por el predio, el
cual incluye áreas de cerros tutelares de Popayán. Esta quebrada también
evidencia diversas afectaciones ambientales sobre su franja de protección,
como son: Tala y modificaciones del cauce”.

El urbanismo está llegando muy cerca a la quebrada, por lo que debe respetarse
una franja de protección a la misma, con el fin de que no pueda ser modificada
y alterada, en mayor medida a lo ya ocurrido” (Subrayas de la Sala).

I) Posteriormente, el señor Eduardo Mauna de los Reyes, en el desarrollo de la
audiencia de pruebas explicó la pericia y aseveró:

“Perito: En el año 2015 por una queja de la comunidad, la Corporación realiza
el 10 de julio de 2015 una visita en la cual se verifica la presencia de un cauce
innominado y referenciado en la cartografía del POT de 2002, que tiene un
pequeño espejo de agua o reservorio. Entonces debo aclarar que en el POT de
Popayán existe una quebrada que no tiene nombre y por ende es innominada,
cuando nosotros hicimos la visita pudimos notar contiguo a la Quebrada, un
pequeño reservorio de agua (…)”29

7.4.1.1.1. En tal orden de ideas, está acreditado en el plenario que en el predio
en el que se desarrolló el proyecto denominado Hacienda Yambitará existen dos (2)
afluentes. El primero, un nacimiento de agua. Y el segundo, una quebrada
innominada que corre en el sentido sur – occidente a lo largo de ese inmueble.

De acuerdo con lo expuesto por el perito, en ambos casos, sus cauces fueron
desviados y canalizados de forma irregular, e inclusive han sido aprovechados para
la construcción del anotado proyecto.

Visto lo anterior, la Sala advierte que, particularmente, frente al nacimiento de agua,
no existe evidencia que permita inferir que la aparición de ese cuerpo de agua haya
ocurrido después del inicio de la urbanización (año 2015) como resultado de un
fuerte aguacero.

29 Ibídem.

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Además, la recurrente tampoco precisó cuáles eran los elementos materiales
probatorios que darían cuenta de ello, por lo que incumplió el mandato dispuesto en
el artículo 167 del CGP30, que prevé que las partes deben probar los supuestos de
hecho que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Se agrega a lo expuesto que, como se vio del recuento del material probatorio, es
dable concluir que ese afluente ya existía para el momento en que empezó la
ejecución de ese desarrollo urbanístico, dado que se dispuso de manera irregular la
canalización de sus aguas y su aprovechamiento.

En ese orden, como el cargo parte de un fundamento que no es cierto, no tiene
vocación de prosperidad.

7.4.1.2. De otro lado, tendrá que determinarse si es cierto que el nacimiento
de agua que se ubica en el Proyecto Hacienda Yambitara no hizo parte de los
hechos y pretensiones de la demanda. En caso de que la respuesta a ese
interrogante sea afirmativa, tendrá que absolverse si era procedente que se emitiera
un fallo extra o ultra petita en esa materia.

Pues bien, de la revisión del libelo introductorio lo que se evidencia es que en él no
existió ninguna alusión directa al anotado nacedero. No obstante, como se vio en
los antecedentes, en los hechos de la demanda, la actora sí se refirió de manera
general a la protección de la totalidad de afluentes que existen en predio de
propiedad de la recurrente, dentro de los cuales, valga señalar, se encuentra el
mencionado afloramiento.

30“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se
someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”.

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Además, en las peticiones del libelo introductorio, se solicitó la protección de todos
estos cuerpos de agua, como puede evidenciarse enseguida:

“Primera: ORDENAR A LOS ACCIONADOS, en el marco de sus respectivas
competencias, HACER CESAR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS invocados o aquellos que de conformidad con el principio iura
novit curia determine el Juzgador y a su vez, RESTITUIR las cosas a un estado
anterior o RECUPERAR la zona para que se adecue a las políticas de
conservación del medio ambiente, la salubridad, el equilibrio ecológico.

Para el efecto, se solicita que el honorable juzgador constitucional se sirva
ordenar como mínimo:

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA –CRC- deberá
intervenir de manera efectiva en el área tanto en el plano ecológico, mediante
acciones tendientes a la recuperación del componente ambiental y ecológico de
la zona donde se ubican al menos dos cauces de río o de afluentes y un
humedal y su franja de protección, así como, y de ser necesario, para
restablecer el recurso hídrico, la flora y la fauna asociadas.

Adicionalmente, se solicita que se inicie los procesos administrativos de
investigación y sanción por la afectación del humedal y a los cauces que se está
presentando en la zona contigua al barrio aida lucía (sic) y rincón de Yambitará
(sic).

EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, para que realice actualización de los recursos
hídricos en su territorio; intervenga en la recuperación del humedal y las fuentes
de agua en el caso concreto de Aida Lucía, así como en los demás casos de
presencia de cuerpos de agua en la ciudad. Igualmente, para que se sirva
actualizar el POT y las demás fuentes hídricas del predio con identificación
catastral 000200040595000.

EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN, que realice las visitas
y control sobre las redes de acueducto y alcantarillado en el sector de aida lucia
(sic) interviniendo y mejorando la calidad del servicio y tomando especial
consideración en la recolección de aguas servidas y aguas lluvias por separado,
garantizando un tratamiento adecuado del recurso hídrico y evitando la
contaminación del humedal y las demás fuentes hídricas del predio con
identificación catastral 000200040595000.

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, para que realice la
actualización de los mapas y cartas catastrales y prediales de la ciudad,
evitando la superposición de predios. Adicionalmente y para el caso concreto,
que delimite adecuadamente los predios rurales, urbanos y aquellas zonas de
protección ambiental. Esta delimitación también debe ser extendida todos los
predios de la ciudad especialmente a aquellos donde se detecte la presencia
de cuerpos de agua.

NACIÓN – MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE- AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, para
que se controlen en forma adecuada la expedición de las licencias ambientales,
considerando la normatividad internacional y nacional y especialmente el
manejo de los recursos hídricos, futura riqueza de un país. En ese sentido, se
conmine a generar, las políticas públicas idóneas y ejercer el control inmediato
y necesario para salvaguardar los recursos hídricos y evitar su pérdida por sobre
urbanización.

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CURADURÍA URBANA NO 1, para que ajuste el trámite de las licencias de su
competencia, considerando la aplicación obligatoria de las normas de
protección ambiental y para el caso en concreto y demás a iniciarse, exigiendo
el plan de manejo ambiental que permita garantizar la protección del derecho
colectivo que es prevalente sobre el interés particular.

AURA TULIA URBANO MONTERO, para que se sirva evitar dalos (sic) al
medio ambiente en sus proyectos urbanísticos y en el caso concreto, para
que restaure el humedal y los cauces y cuerpos de agua en el predio con
identificación catastral 000200040595000.

Segunda: ORDENAR a los accionados, en el marco de sus respectivas
competencias, que una vez ejecutadas las acciones solicitadas en el punto
anterior, se ejerza CONTROL PREVENTIVO SOBRE LA ZONA, para que la
situación no se repita y se garantice de esa manera que los recursos
económicos utilizados en la intervención no se pierdan, contribuyendo de esa
manera a la optimización de los recursos económicos en el marco de los
parámetros de moralidad administrativa.

TERCERA: CONDENAR A LOS ACCIONADOS en costas procesales siguiendo
los parámetros del artículo 188 de la ley 1437 de 2011 y 365 de la ley 1564 de
2012 y especialmente considerando la ley 472 de 1998, así como las demás
normas que sean aplicables. La condena en costas será a favor del Fondo para
la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, de conformidad con la ley
472 de 1998.”31 (Subrayas y negrillas de la Sala).

En consecuencia, es claro que, pese a que el anotado nacimiento de agua no fue
nombrado de forma precisa en la demanda, su protección sí se desprende de la
causa petendi y el objeto de la litis, de modo que el cargo no tiene vocación de
prosperidad.

7.4.2. De la controversia sobre las órdenes impuestas en la sentencia de
primera instancia

7.4.2.1. De las órdenes relacionadas con el restablecimiento del cauce
del nacimiento de agua y su área de protección

En este punto, deberá absolverse si era procedente que en la sentencia de primera
instancia se fijara la protección del nacimiento del cuerpo de agua en cien (100)
metros, si, en juicio de la recurrente, ello desconoce el derecho de los propietarios,
dado que ese afluente es muy pequeño y se encuentra en un área verde de la
segunda etapa del proyecto inmobiliario.

31 Visible a folio 4 del Cuaderno 1 del Tribunal.

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Con miras a resolver ese interrogante, de entrada, la Sala advierte que, tratándose
de afloramientos de agua, su área protectora se compone de una extensión de cien
(100) metros a la redonda de éste, medidos a partir de su periferia, tal y como se
desprende de la lectura del literal a) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2. del
Decreto 1076 de 201532.

A su vez, resulta oportuno indicar que, esta Sección en providencia del 18 de abril
de 2024, resaltó que la protección establecida en el artículo 3º del Decreto 1449 de
1977 y que fue compilada en el Decreto 1076 de 2016, era aplicable tanto en las
áreas rurales como en las urbanas de los Municipios; veamos:

“La Sala señala que la discusión sobre la vigencia del Decreto 1449 de 1977,
particularmente en lo que tiene que ver con las áreas de retiro a fuentes hídricas,
ha sido superada, no sólo porque sus disposiciones fueron recopiladas en el
Decreto 1076 de 26 de mayo de 201533, sino porque actualmente se ha
decantado el criterio jurisprudencial de que la medida de 30 metros paralela al
cauce de ríos o lagos, dispuesta en el artículo 3° del citado Decreto 144934, es
aplicable tanto para zonas urbanas como rurales.

En efecto, esta Corporación35 en reciente pronunciamiento tuvo la oportunidad
de reiterar su postura en los siguientes términos:

32 “Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección

y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda,
medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o
depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con
el control de quemas.”(Subrayas de la Sala).
33 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo

Sostenible.
34 Decreto 1449 de 1977, “ARTÍCULO 3.- En relación con la protección y conservación de los

bosques, los propietarios de predios están obligados a: Ver Decreto Nacional 1791 de 1996
Aprovechamiento forestal.
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda,
medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o
depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con
el control de quemas”.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, auto de 24 de noviembre de 2022, expediente núm. 11001-03-24-000-
2020-00416-00.

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“[…] En lo relacionado con el primer aspecto, la Sala advierte que si bien
es cierto que había dos decisiones que podrían analizar el tema de
manera diversa, también los es que esta Corporación ya tuvo la
oportunidad de zanjar esa discusión en la providencia de 4 de junio de
2015, la cual constituye un precedente que se ajusta a la situación en
particular, en la que se indicó:

“[…] Otras de las normas determinantes que debían ser observadas por
el Concejo Municipal de Yopal, se encuentran consignadas en el Código
de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974 y su
decreto reglamentario 1449 de 1977, normativas que a juicio del actor
fueron desconocidas en los actos parcialmente acusados y que
establecen lo siguiente:

El Decreto 2811 de diciembre 18 de 1974, “Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”, expedido por el Presidente de la República, en el Capítulo II,
reguló lo relativo al dominio de las aguas y sus cauces, al señalar en el
artículo 80: “Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo
a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles.
Cuando en este Código se hable de aguas sin otra calificación, se deberán
entender las de dominio público”. Según lo transcrito, por regla general
las aguas son de dominio público y por tanto de uso público, salvo los
derechos particulares o privados adquiridos previamente y de forma legal.

Coherente con la anterior disposición normativa el artículo 83 idem,
determina:

“Artículo 83º.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.”

De acuerdo con el tenor literal de los apartes subrayados, a la luz del
Código de Recursos Naturales Renovables, la faja paralela de hasta 30
metros de ancho, a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, constituye un bien de uso público inalienable
e imprescriptible, motivo por el cual no puede ser apropiado por los
particulares y se debe dejar libre de desarrollos urbanísticos y del ejercicio
de actividades agropecuarias, salvo la existencia de derechos adquiridos
que quedan afectados por esta limitación.

(…)

Por su parte, el Decreto 1449 de junio 27 de 1977 “Por el cual se
reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la
Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974”, en el
artículo 3º, determinó lo siguiente:

“Artículo 3º.- En relación con la protección y conservación de los bosques,
los propietarios de predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras:

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a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos
de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de
agua; (…)”

El ordenamiento concibió como un área forestal protectora para la
conservación de los bosques, “Una faja no inferior a 30 metros de ancha”,
por lo que los concejos municipales, al reglamentar el uso del suelo,
deben en principio respetar este límite fijado. Sin embargo, considera la
Sala que la expresión subrayada abre la puerta a que la faja protectora,
pueda ser superior a 30 metros en el Decreto 1449 de 1977, mientras que
la redacción del literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 al decir
“hasta 30 metros de ancho”, la fijó como si fueran 30 metros como
máximo, es decir, que en principio no podría ser superior a esta medida.
Los artículos 58, 63, 78 y 80 de la Constitución Política, destacan la
función ecológica de la propiedad, el carácter inalienable, imprescriptible
e inembargable que tienen los bienes de uso público, el derecho a gozar
de un ambiente sano, la obligación que tiene el Estado de conservar las
áreas de especial importancia ecológica y la necesidad de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables para
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y
sustitución.

No obstante lo expuesto en precedencia, la Sala coincide con el
planteamiento del a quo según el cual, si bien es cierto el mínimo de la
ronda hídrica es de 30 metros durante el cauce a lado y lado y de 100
metros en su nacimiento, igualmente lo es que a las autoridades
territoriales -en razón de la expedición de la Ley 388 de 1997, se les
revistió de poderes discrecionales para ajustar dicha medida a las
necesidades particulares de su territorio, en virtud de la revisión del Plan
Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Yopal.

[…]Con fundamento en todo lo expuesto, es válido afirmar que la ronda
del caño Usivar, puede ser definida a la luz de la Ley 388 de 1997, como
suelo de protección, que bien puede atravesar como en el caso sub
judice, área urbana o rural. De allí la pertinencia de la aplicación de
lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1449 de 1977, argumento
que fue utilizado como cargo de censura por el apelante, al afirmar
que esta legislación sólo tenía aplicación para el sector rural,
aseveración que no fue acogida por la primera instancia con buen
acierto, al considerar que también sus disposiciones se podían
aplicar para el sector urbano, como quiera que el título del citado
acto de 1977 modificó también el Código de Recursos Naturales
Renovales.

Del mismo modo pierde solidez jurídica el cargo de la apelación, por
cuanto no contraviene el ordenamiento legal que se establezcan
zonas de protección o área forestal protectora en el perímetro urbano
de un municipio, ya que el concejo municipal lo que está haciendo
es regular el uso del uso, para lo cual dispone de competencia
constitucional y legal, según lo visto. Aunado a lo anterior se tiene
que la facultad de manejar el margen de la ronda hídrica como lo
hicieron las autoridades municipales demandadas, realiza el
cometido de la prevención de desastres, del cual tienen que
ocuparse estas entidades.

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Tal parece que el apelante nuevamente analizó de manera aislada el
artículo 31 de la Ley 388 de 1997 que establece la definición de suelo
urbano pero no lo interpretó armónica e integralmente frente al
supuesto normativo del artículo 35 idem relativo a suelos de
protección que bien pueden estar ubicados en los suelos urbano, de
expansión urbana, rural y suburbano, a que aluden los artículos 31
al 34 idem.

De acuerdo con el anterior recuento normativo y jurisprudencial,
encuentra la Sala que tanto la Alcaldía como el Concejo del Municipio de
Yopal Casanare, no violaron el ordenamiento legal al redactar los artículos
66 numeral 1º del Decreto 100.24.007 de 2005 y los artículos 154 y 162
parciales del Acuerdo 012 de 2007 como lo hicieron, pues lejos de
desconocer las normas superiores, el Código de Recursos Naturales y su
decreto reglamentario 1449 de 1977, así como las de la Ley 388 de 1997,
las realizaron al darle cumplimiento […]”.

Teniendo en cuenta el anterior pronunciamiento jurisprudencial, esta Sala
precisa que el asunto objeto de análisis no revela la necesidad de sentar
jurisprudencia, ni un interés jurídico determinante o novedoso, toda vez
que esta Sección al abordar recientemente el estudio del artículo 3º del
Decreto 1449 de 1977 compilado por el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto
1076 de 2015 ha tenido la oportunidad de marcar pautas, precisar algunos
aspectos y criterios en su aplicación, lo cual constituye precedente
jurisprudencial para los jueces y tribunales de la jurisdicción contenciosa
administrativa […]” (Resaltado de la Sala).

Ahora bien, pese a que, como ya se dijo, la Sala estima que asuntos como el
presente no requieren variar el precedente jurisprudencial, lo cierto es que en
esta oportunidad se referirá al alcance de las expresiones “no inferior a 30
metros” y “hasta de 30 metros” en consideración a que en el fallo de 4 de junio
de 2015, las mismas fueron utilizadas como relativas al mismo concepto, a
saber: las zonas de protección forestal. En esa oportunidad se dijo:

“[…] considera la Sala que la expresión subrayada abre la puerta a que la
faja protectora, pueda ser superior a 30 metros en el Decreto 1449 de
1977, mientras que la redacción del literal d) del artículo 83 del Decreto
2811 de 1974 al decir “hasta 30 metros de ancho”, la fijó como si fueran
30 metros como máximo, es decir, que en principio no podría ser superior
a esta medida […]” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Pero ocurre que mientras el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977 prevé una
protección a las áreas de conservación boscosa en las zonas ribereñas “no
inferior a 30 metros”, el literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974
establece una porción terrestre de “hasta 30 metros de ancho” como un bien
inalienable e imprescriptible del Estado, de manera que una y otra disposición
normativa regulan asuntos distintos.

Dicho en otras palabras, una de las normas citadas establece una protección
ambiental, al tiempo que la otra protege el patrimonio del Estado, ello, sin
perjuicio de que, eventualmente, las medidas o longitud correspondientes en
cada disposición normativa puedan llegar a coincidir espacialmente.

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Radicado: 19001 23 33 000 2016 00198 01
Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

En ese sentido, esta Sección ha manifestado que las normas mencionadas
“versan sobre materias distintas pero conexas” 36, frente a lo cual ha
precisado lo siguiente:

(…)

Sin embargo, una interpretación armónica de la disposición cuyo
desconocimiento se alega, conduce necesariamente al deber de diferenciar la
figura de protección contemplada en el literal d) del artículo 83 del Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, en adelante CNRNPMA, respecto de la señalada en el artículo
3° del Decreto 1449 de 1977, en cuyo marco es posible concluir que los
mínimos territoriales de protección previstos en la última disposición, no
resultan aplicables a la figura establecida en la primera norma, pero
tampoco se contradicen pues versan sobre materias distintas pero
conexas.

Concretamente, el Decreto 1449 de 1977, “Por el cual se reglamentan
parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de
1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974”, en el artículo 3º, determinó los
siguientes deberes de los propietarios de predios de importancia ambiental
hídrica, a saber:
[…]
Nótese que en la precitada norma, el Gobierno Nacional estableció un
mecanismo de protección de los territorios rurales paralelos a los ríos -que no
hubiesen sido delimitados como de propiedad del Estado en virtud de lo
dispuesto en el literal d) del aludido artículo 83, cuya conservación boscosa
resulta necesaria para la preservación de la cuenca.

Este compromiso también fue reiterado en el artículo 209 del Decreto 1541 de
1978, a cuyo tenor, los propietarios, poseedores o tenedores de predios en los
que nacen, atraviesan o circundan fuentes de agua, independientemente de su
carácter rural o urbano, deben mantener prácticas de conservación de las aguas
y de los bosques protectores y suelos.

Ahora bien, aquel deber ciudadano remite a la figura de “área forestal
protectora”, reglada en el artículo 204 del Código de Recursos Naturales, en los
siguientes términos:

“[…] Artículo 204º.- Se entiende por área forestal protectora la zona que
debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o
artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales
renovables.

En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se
permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. […]”

Precisamente, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, en su título III denominado “de los bosques”,
clasificó las “Áreas Forestales” como protectoras, productoras y protectora-
productora (Art. 202 del Decreto Ley 2811 de 1974), definiendo la protectora
como la “zona que debe ser conservada permanentemente con bosques
naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales
renovables”

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera - Sala Unitaria. Auto

que resuelve medida cautelar de suspensión provisional. Expediente núm. 11001-03-24-000-2018-
00101-00. M.P. Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS.

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Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

Así las cosas, tal y como se explicó en el acápite IV.3.1 de esta providencia, el
instituto de protección de la zona de ronda contemplado en el literal d) del
artículo 83 del CNRNPMA, cuyo acotamiento es de competencia de
CORPOCALDAS, conforme lo señala el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011,
establece una regulación en términos de propiedad pública, mientras que el
Decreto 1449 de 1977 reconoció un deber en cabeza de los propietarios de los
sectores ya titulados.”

Ahora bien, en el caso específico de las áreas de ronda, la Sala37 recientemente
resaltó que constituyen espacio público; que no son construibles para vivienda
y que pueden ser ajustadas en los planes de ordenamiento territorial con la
finalidad de establecer las zonas no urbanizables para efectos de su
conservación ambiental y/o proteger a las personas de los riesgos naturales. Al
respecto, se dijo:

(…)

En atención a tal interpretación armónica de los artículos 83 del Decreto 2811
de 1974 y 3° del Decreto 1449 de 1977, la Sala da por aclarada la imprecisión
de la sentencia de 4 de junio de 2015, en cuanto aparejó los conceptos de la
faja de protección forestal y la faja de propiedad del Estado e insiste en que, por
lo demás, no hay razón para apartarse del criterio jurisprudencial en ella
adoptado, el cual se ha reiterado por la Sección Primera tanto en su Sala de
Decisión como en Salas Unitarias, en relación con los siguientes aspectos: i)
que, como regla general, el área de ronda es la faja paralela a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho, la cual es de
propiedad del Estado salvo derechos adquiridos por particulares; ii) que la
anterior medida puede ser ajustada por los entes territoriales en sus POT con
la finalidad de establecer las zonas no urbanizables para efectos de su
conservación ambiental y/o proteger a las personas de los riesgos naturales; iii)
pero, en el evento de que el área de ronda sea delimitada por la autoridad
ambiental competente, que tiene a cargo dicha función de manera principal38,
aquella constituye determinante ambiental que debe prevalecer incluso sobre lo
ordenado en el POT; y iv) que tanto las áreas de protección boscosa como
la franja de ronda de propiedad Estatal de que tratan los Decretos 1449 de
1977 y 2811 del mismo año, respectivamente, son aplicables tanto en zona
rural como en zona urbana.

No puede entenderse de otro modo, habida cuenta de que los bienes
jurídicos protegidos por las normas comentadas, a saber, el medio
ambiente y el patrimonio público, en materia de áreas paralelas al cauce
de las fuentes hídricas no se circunscriben al tipo de zona en que se
ubiquen, sea rural o urbana, pues las normas no hacen acepción alguna
al respecto”39 (Negrillas y subrayas de la Sala).

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 9 de junio de 2022, radicado núm. 68001-23-33-000-
2018-00881-01.
38 Ley 1450 de 2011, Artículo 206 “ARTÍCULO 206. RONDAS HÍDRICAS. Corresponde a las

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y
los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de
sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal
d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para
lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el
Gobierno Nacional” (Resaltado fuera del texto).
39 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 18 de abril de 2024.

Proceso radicado número 76001 23 31 000 2016 01076 1. Consejera Ponente: Nubia Margoth

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En similar sentido en el artículo 20 del Acuerdo Municipal 06 de 2002, por el cual se
adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Popayán, se indicó que
la siguiente era el área de protección de los nacimientos de agua:

“ARTÍCULO 20. De las Áreas de Protección a los Nacimientos de Corrientes
Naturales de Agua. Son las áreas donde las aguas subterráneas afloran y
brotan en forma natural, dando origen a manantiales y corrientes de agua. Se
definen como áreas de protección de nacimientos de corrientes naturales
de agua, las áreas circundantes a dichos afloramientos y la faja de retiro
será de cien metros (100.00 m) de conformidad con lo establecido en el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente”
(Subrayas de la Sala).

Así, tal y como señaló el a quo, para la construcción del proyecto Hacienda
Yambitara debía respetarse el área antes señalada. No obstante, ello no se hizo de
esta manera, ya que, como se observó, se desvió irregularmente su cauce y se
aprovecharon sus aguas para la construcción de viviendas.

Ahora, no es de recibo el argumento señalado en la alzada, que sugiere que la
exigencia del cumplimiento de esas normas desconoce el derecho de propiedad de
las personas que allí residen, ya que, conforme al artículo 58 de la Constitución
Política, dicha prerrogativa debe ser ejercida atendiendo a su función ambiental;
veamos:

“Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida,
el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de
propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso
respecto del precio.” (Subrayas de la Sala).

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia C-189 de 2006, afirmó
que dicha función implica que la explotación de los bienes inmuebles no puede ser

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contraria a las normas vigentes y debe velar por la preservación de un ambiente
sano; veamos:

“Por lo que respecta a la función ecológica de la propiedad, puede afirmarse
que su consagración constitucional constituye una novedosa respuesta del
Constituyente a la problemática planteada por la explotación y uso
indiscriminado de los bienes y derechos particulares en contra de la
preservación del medio ambiente sano, considerado como un derecho y bien
colectivo en cuya protección debe estar comprometida la sociedad entera (C.P.
arts. 79 y 80).

En este contexto, como lo ha reconocido esta Corporación, con la introducción
de la citada función ecológica se ha incorporado una concepción del ambiente
como límite para el ejercicio de los atributos de la propiedad privada,
propiciando lo que este Tribunal ha denominado como “ecologización de la
propiedad”. Al respecto, en sentencia C-126 de 199840, la Corte señaló:

“[El] cambio de paradigma que subyace a la visión ecológica sostenida
por la Carta implica que la propiedad privada no puede ser comprendida
como antaño. En efecto, en el Estado liberal clásico, el derecho de
propiedad es pensado como una relación individual por medio de la cual
una persona se apropia, por medio de su trabajo, de los objetos naturales.
Esta concepción fue legitimada, desde el punto filosófico, por autores
como Locke, para quien el trabajo es necesario para que el ser humano
subsista, pues sólo de esa manera puede satisfacer sus necesidades
materiales, por lo cual se entiende que, por medio del trabajo productivo,
la persona se apropia del bien sobre el cual ha recaído su labor, con lo
cual saca ese objeto del estado originario en que todos los recursos
naturales pertenecían a todos. A su vez, la economía política clásica, de
autores como Adam Smith, defendió la idea de que esa apropiación
individualista era socialmente benéfica ya que permitía una armonía
social, gracias a los mecanismos de mercado. Sin embargo, con la
instauración del Estado interventor, esa perspectiva puramente liberal e
individualista de la propiedad entra en crisis, con lo cual el dominio deja
de ser una relación estricta entre el propietario y el bien, ya que se
reconocen derechos a todos los demás miembros de la sociedad. Es la
idea de la función social de la propiedad, que implica una importante
reconceptualización de esta categoría del derecho privado, ya que
posibilita que el ordenamiento jurídico imponga mayores restricciones y
cargas a la propiedad, al decir de Duguit, como la propiedad reposa en la
utilidad social, entonces no puede existir sino en la medida de esa utilidad
social. Ahora bien, en la época actual, se ha producido una
“ecologización” de la propiedad privada, lo cual tiene notables
consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe respetar los
derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte (función
social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas
por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las
generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y
a la idea del desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede
imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos
naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual
la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios”.
(Subrayado por fuera del texto original).

40 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su
supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra
al amparo de lo que la jurisprudencia ha distinguido con el nombre de
“Constitución Ecológica”, conformada por el “conjunto de disposiciones
superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las
relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan
por su conservación y protección”41.

En efecto, a partir de una lectura sistemática y armónica de las normas que
orientan la concepción ecologista de la Constitución Política, particularmente de
los artículos 2°, 8°, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 95-8, 277-4, 289, 300-2, 313-9, 317,
331, 333, 334 y 366, es posible sostener que el Constituyente de 1991 tuvo una
especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la
protección de los bienes y riquezas ecológicas y naturales necesarios para un
desarrollo sostenible. Por lo que, hoy en día, el ambiente sano no sólo es
considerado como un asunto de interés general, sino primordialmente como un
derecho de rango constitucional del que son titulares todas las personas en
cuanto representan una colectividad42.

En esta medida, la Constitución Política dispone que la protección del ambiente
y de los recursos naturales es un asunto que corresponde en primer lugar al
Estado, señalando además que los particulares son responsables del
cumplimiento de los deberes relacionados con la conservación del mismo
(C.P. art. 95-8). Así, por ejemplo, en sentencia C-430 de 200043, la Corte
reconoció el conjunto de atribuciones y deberes concurrentes que en materia
de protección al ambiente le asisten al Estado y a los particulares, en los
términos que a continuación se exponen:

“[Por una parte] se reconoce el medio ambiente sano como un derecho
del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y
deben colaborar en su conservación-; por la otra, se impone el Estado
los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5)
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7)
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección
de los ecosistemas situados en las zonas de frontera”.

Cabe destacar que los derechos y las obligaciones ecológicas definidas
por la Constitución Política giran, como lo reconoce el artículo 80
Superior44, en torno al concepto de desarrollo sostenible, el cual, en
palabras de esta Corporación, pretende, “superar una perspectiva
puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al
intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la

41 Véase, sentencias T-411 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-519 de 1994 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), T-046 de 1999 (M.P. Hernando Herrera Vergara), C-596 de 1998 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), C-431 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
42 Sentencia T-466 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
43 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
44 Dispone la norma en cita: ”El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. //
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados. // Así mismo, cooperará con otras naciones en
la protección de los ecosistemas situaciones en las zonas fronterizas”.

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satisfacción de las necesidades humanas- con las restricciones derivadas
de la protección al medio ambiente”45.

Así las cosas, es evidente que el desarrollo social y la protección del medio
ambiente imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que permita
progresivamente mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar
social, pero sin afectar ni disminuir irracional o desproporcionadamente la
diversidad natural y biológica de nuestro ecosistema. Sobre esta particular, la
Corte ha señalado que:

“El crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad económica
y la propiedad privada, puede tener un alto costo ecológico y proyectarse
en una desenfrenada e irreversible destrucción del medio ambiente, con
las secuelas negativas que ello puede aparejar para la vida social. La
tensión desarrollo económico -conservación y preservación del medio
ambiente, que en otro sentido corresponde a la tensión bienestar
económico - calidad de vida, ha sido decidida por el Constituyente en una
síntesis equilibradora que subyace a la idea de desarrollo económico
sostenible consagrada de diversas maneras en el texto constitucional (CP
arts. 80, 268-7, 334, 339 y 340)”46.

En otro pronunciamiento este Tribunal dispuso:

"Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos,
respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los
particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el
desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y
mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés
privado que representa la actividad económica al interés público o social
que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular
debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos
marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las

45 Sentencia C-058 de 1994. (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En idéntico sentido, en
sentencia C-519 de 1994, esta Corporación sostuvo que: “El concepto de desarrollo sostenible,
esto es, la necesidad de compatibilizar, articular y equilibrar el desarrollo humano con el entorno
ecológico, de forma tal que las necesidades de la generación presente no comprometa la capacidad
de la generación futura para satisfacer sus propias necesidades, apareció por primera vez en el
informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1987, también conocido
como el informe "Nuestro Futuro Común". En dicho documento se señaló: "La satisfacción de las
necesidades y aspiraciones humanas es el principal objetivo del desarrollo. En los países en
desarrollo no se satisfacen las necesidades esenciales -alimento, ropa, abrigo, trabajo- de gran
número de personas, que tienen además legítimas aspiraciones a una mejor calidad de vida. Un
mundo en que la pobreza y la desigualdad son endémicas estará siempre propenso a crisis
ecológicas o de otra índole. El desarrollo duradero requiere la satisfacción de las necesidades
básicas de todos y extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor
(...) El crecimiento y el desarrollo económicos implican evidentemente cambios en los ecosistemas
físicos. No todo ecosistema se puede conservar intacto en todo lugar. Un bosque se puede agotar
en una parte de la vertiente y prosperar en otra parte, cosa que no es censurable si se ha planeado
la explotación y se han tenido en cuenta sus efectos sobre las tasas de erosión del suelo, régimen
del agua y las pérdidas genéticas. En general, los recursos renovables como los bosques y los
bancos de peces no se agotan necesariamente si la explotación se mantiene dentro de los límites
que establecen la regeneración y el crecimiento natural. Pero la mayoría de los recursos renovables
forman parte de un sistema complejo e interconectado, y es preciso definir el máximo rendimiento
durable después de haber considerado los efectos que la explotación tendrá sobre el conjunto del
sistema (...). En suma, el desarrollo duradero es un proceso de cambio en el cual la explotación de
los recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación de las instituciones están
acordes y acrecientan el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones
humanas".
46 Sentencia T-251 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo
del recurso o de su conservación. (...)

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su
conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica,
con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus
más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por
la autoridad ambiental. (...)

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad
económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites
tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá
que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad”47.

7. Para lograr precisamente el desarrollo sostenible se ha admitido por la
jurisprudencia de esta Corporación48, que a partir de la función ecológica
que establece la Constitución Política en el artículo 58, se puedan imponer
por el legislador límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los
atributos de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones
sean razonables y proporcionadas de modo que no afecten el núcleo esencial
del citado derecho.”49 (Subrayas y negrillas de la Sala).

Finalmente, resulta irrelevante determinar si el nacimiento de agua es pequeño o
grande para su protección, ya que el literal a) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2
del Decreto 1076 de 2015 y el artículo 20 del Acuerdo Municipal 06 de 2002 no
exigen que dichos afloramientos tengan un tamaño específico para su
conservación.

En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.4.2.2. De las órdenes relacionadas con el restablecimiento del cauce de
la quebrada y su área de protección

Entre tanto, se debe definir si es cierto que la recurrente ya realizó todas las
acciones necesarias para garantizar la conservación del área de protección de la
quebrada que recorre su predio y el restablecimiento de su cauce.

47 Sentencia T-254 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
48 Véase, sentencias C-126 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-1172 de 2004.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
49 Corte Constitucional. Sentencia C-189 del 15 de marzo de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo

Escobar Gil.

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A efectos de resolver dichos reparos en contra de los numerales tercero50 y quinto51
de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, de entrada, lo que se
observa es que la señora Urbano Montero no aportó ninguna prueba que permita
acreditar que, en la actualidad, los citados mandatos ya fueron observados.

Ello es así, pues en la alzada se limitó a indicar que de esa circunstancia ya se daba
cuenta en la pericia. No obstante, como se señaló en los numerales J) y K) del
numeral 7.2.1.1. de esta providencia, en el dictamen técnico lo que se indicó fue
que la construcción del predio urbanístico se había alterado los cauces de los
cuerpos de agua y afectado las áreas de protección, por lo que eran necesarias
medidas para su conservación.

En ese orden, la recurrente nuevamente incumplió el deber señalado en el artículo
167 del CGP52, según el cual, las partes deben probar los supuestos de hecho que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, razón por la que el cargo no tiene
vocación de prosperidad.

7.5. Del Comité de verificación de la sentencia

50 “TERCERO.- Definida el área de protección de la quebrada que corresponde al cauce innominado,

referenciado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán POT, situado sobre coordenadas
“Magna Sirgas N: 763559,339 M, E: 1055271,386 m, la señora Aura Tulia Urbano Montero procederá
a efectuar todas las acciones necesarias para garantizar el área de protección, lo cual debe incluir
además de la franja correspondiente, la siembra y conservación de la vegetación necesaria para dar
un adecuado manejo de la franja.
Se advierte, que si la accionada ha hecho entrega material y legal de la urbanización a sus
propietarios, existiría una subrogación en las obligaciones, las cuales en todo caso deben ser
adoptadas por quien actualmente detente la titularidad del predio.”
51 “QUINTO. - La señora Aura Tulia Urbano Montero o quien detente la propiedad del predio

comprometido, procederá a efectuar todas las acciones necesarias y determinadas por la CRC a
efectos de restablecer el cauce de la quebrada que corresponde al cauce innominado, referenciado
en el Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán POT, situado sobre coordenadas “Magna Sirgas
N: 763559,339 M, E: 1055271,386 m”
52“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se
someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”.

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Finalmente, se observa que en el numeral trece de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia, se conformó el citado Comité así:

“TRECE.- CONFORMAR un comité de verificación de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por
un representante de la Defensoría del Pueblo-Regional Cauca, la señora Luz
Marlen Bustos como parte actora dentro de este trámite, un representante de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, un representante de la señora
Aura Tulia Urbano Montero, un representante de la urbanización Hacienda
Yambitará, y el Procurador Séptimo Judicial Ambiental y Agrario, quien presidirá
el comité y entregará un informe inicial de instalación, e informes semestrales
del cumplimiento de lo aquí ordenado” 53

Sin embargo, se advierte que, en la anotada sentencia, no se determinó al
Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia como presidente del
anatado Comité. En ese orden, es menester señalar que esta Sección54 definió que
era necesario no sólo que se incluyera, por mandato legal, al Tribunal que emitió
sentencia de primera instancia, sino que además precisó que quien debía presidirlo
es el Magistrado que había adelantado la sustanciación y proyección de la decisión
en la anotada instancia como Ponente55.

53 Visible a folios 1204 y siguientes del Cuaderno 5 del Tribunal.
54 Verbigracia: Sentencia de 28 de junio de 2019, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.

Radicación Número: 52001-23-33-000-2018-00361-01(AP), en la que se dijo:
“Comité de verificación.
167. Para el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, se ordenará la conformación
de un comité de verificación, según lo dispone el artículo 34 de la Ley 472:
“[…] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus
determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente
culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas
contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la
verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las
partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio
Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resaltado fuera de texto
original).
1.Así las cosas, en el comité de verificación de esta sentencia participarán: i) la parte actora; ii) el
Municipio de Mocoa; ii) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONIA-; iii) la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Putumayo S.A.S. E.S.P.; y iv) el
delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Este
Comité será presidido por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la Magistrada ponente de
la sentencia proferida, en primera instancia.” (Negrillas del texto original) (Subrayas de la Sala)
55 “Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, el Juez tiene

la facultad de conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual
participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o
interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el
objeto del fallo.
La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes o los interesados
de acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por
finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia
y también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas
interesadas, para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente:

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Radicado: 19001 23 33 000 2016 00198 01
Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

En consecuencia, a efectos de aplicar dicho criterio, debe modificarse el numeral
trece del fallo recurrido, con el fin de que el mencionado Comité esté presidido por
el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

7.6. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral noveno de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia y en consecuencia se levantará la medida cautelar allí adoptada.

“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan
considerado que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo,
para adoptar las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez
de tutela como el de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las
órdenes de protección, cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos
de su negligencia y adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos. 55
El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación
del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció
previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de
propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un
seguimiento de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado
han adoptado con ese objeto.55
[…]
10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la
responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos
jurídicos de los que él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las órdenes de
protección de los derechos colectivos.
Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto
para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las
medidas que conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección concedida. Esto
significa que puede practicar pruebas para identificar las circunstancias que obstaculizan la
concreción del amparo, requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y
adoptar los correctivos que conduzcan a superar la dilación verificada.
Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia de acción popular y el incidente de desacato frente a dicho propósito, el primero
porque opera como un espacio para la elaboración y discusión de las alternativas de cumplimiento
de la sentencia y el segundo porque permite que, ante la inminencia de una sanción disciplinaria, las
autoridades se apresuren a ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad el amparo
concedido.
[…]
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y seguimiento de las órdenes de
protección, la competencia que se le confirió al juez para vincular a las entidades que podrían
contribuir a acelerar el cumplimiento del fallo, la labor que en aras de este objetivo pueden ejercer
los organismos de control y los intereses que están en juego tratándose de derechos colectivos cuya
protección, por definición, concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar que,
en efecto, el juez de la acción popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando ello resulte
indispensable para asegurar el goce efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo
amenazan […]”.
Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto sub-examine no
debe ser revocado, pero sí modificado en el sentido de incluir al Tribunal, a través de su magistrado
ponente, quien lo presidirá.”55 (Negrillas del original) (Subrayas de la Sala)

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Radicado: 19001 23 33 000 2016 00198 01
Demandante: Luz Marlen Bustos y Otro

Asimismo, se instará al Tribunal Administrativo del Cauca para que, en lo sucesivo,
se abstenga de emitir decisiones de esa naturaleza en fallos de acciones populares,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral trece de la parte resolutiva del fallo apelado,
el cual quedará así:

“TRECE.- CONFORMAR un comité de verificación de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por
el Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia quien lo presidirá, un
representante de la Defensoría del Pueblo-Regional Cauca, la señora Luz
Marlen Bustos como parte actora dentro de este trámite, un representante de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, un representante de la señora
Aura Tulia Urbano Montero, un representante de la urbanización Hacienda
Yambitará, y el Procurador Séptimo Judicial Ambiental y Agrario”

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión impugnada.

CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 18 de julio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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