Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-02110-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-02110-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-02110-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
8 de julio de 2021
PROCESO DISCIPLINARIO / REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES OFICIALES / VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES / FALTA DISCIPLINARIA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
En razón de su naturaleza, como empresa industrial y comercial del Estado, EPM se rige por las reglas de derecho privado salvo las excepciones consagradas expresamente en la Constitución Política, la ley y demás estatutos reglamentarios, entre estas disposiciones, la Ley 734 de 2002, cómo régimen disciplinario aplicable a los empleados y trabajadores oficiales de esta entidad. […] [N]o toda irregularidad acaecida en el curso de un procedimiento administrativo o el no acatamiento de los requisitos formales por parte de la administración pública constituye per se, un motivo para declarar la nulidad de los actos impugnados. Estos solo podrán ser anulados, cuando los vicios impliquen el desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado con su expedición, es decir, que la nulidad del acto por desconocimiento del debido proceso puede ser decretada únicamente cuando se presenten irregularidades sustanciales o esenciales, que afecten las garantías constitucionales del administrado. Debe entenderse por irregularidad sustancial aquella que, incide en la decisión de fondo contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir que, de no haber existido ésta, el acto administrativo que define la situación jurídica hubiese tenido un sentido distinto; entonces, los vicios de procedimiento que no incidan en el fondo del asunto discutido son considerados como irregularidades intrascendentes o irrelevantes, que no tienen la trascendencia para general la nulidad del mismo. […] Se tiene que la Ley 734 de 2002, establece los procedimientos disciplinarios sobre los cuales la autoridad disciplinaria debe encaminar su actuar en la búsqueda de la verdad a que está obligado (…). Es así que a partir del Art. 150, Titulo XI, Capitulo de la indagación preliminar, se establecen las etapas y los términos en que ha de surtir el trámite ordinario, comenzando con la etapa antes enunciada, la cual tendrá una duración de seis (6) meses prorrogables por otro termino igual, que una vez superada ésta etapa, se abre paso la de investigación disciplinaria, que tiene un término hasta de 12 meses, vencido los cuales abra de proferirse auto de cierre de investigación, y ejecutoriado, prosigue la evaluación de la investigación disciplinaria la cual cuenta con un término máximo de 15 días. Agotada la etapa de evaluación de la investigación disciplinaria y habiendo merito probatorio la autoridad disciplinaria procederá a proferir pliego de cargos al investigado, donde se verificara la descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó, las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta, la identificación del autor o autores de la falta, se hará un análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados, se desarrollara así mismo, la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 del CDU, se indicara la forma de culpabilidad y se verificara el análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Evacuada la etapa antes descrita, la autoridad disciplinaria notificará la providencia contentiva del pliego de cargos a los disciplinados, quienes tendrán 10 días para rendir los descargos, y solicitar pruebas, las cuales podrán ser evacuadas en un término no superior a los 90 días. Practicadas las pruebas y vencida dicha etapa, por auto se correrá traslado a las partes para alegar de conclusión por el termino de 10 días, vencido los cuales, el funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término para alegar de conclusión. (Art.
150 y siguientes) […] [S]e ha señalado por el Consejo de Estado (…) que la inobservancia “per se” de un término procesal de los antes señalados no da lugar a la invalidez del procedimiento sancionatorio, en la medida en que, es necesario que se valoren las circunstancias en que tal situación ocurrió y si con ello se afectó el derecho de defensa del investigado. […] [E]l vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar ni genera nulidad del proceso disciplinario. […] Es necesario recalcar que, el hecho de que se haya superado el término previsto en la ley, por sí mismo, no conlleva la vulneración de las garantías del investigado, ni afecta de nulidad la actuación. Tampoco conduce a la afirmación de que la Procuraduría General de la Nación perdió la competencia e incurrió automáticamente en una afectación grave de las garantías constitucionales y que, como consecuencia de ésta, toda la actuación efectuada carezca de validez. […] [S]i bien se incurrió en una irregularidad en el procedimiento disciplinario cuando no se observaron estrictamente los términos por parte de la autoridad disciplinaria al momento de proferir el pliego de cargo y el fallo disciplinario de primera instancia, con ello no se violentó el derecho de defensa del disciplinado, ni se afectó del debido proceso. […] Las sanciones que estableció el Legislador para los servidores públicos que incurran en una conducta descrita como falta disciplinaria se encuentran descritas en los artículos 44 y 45 de la Ley 734 de 2002. […] De las normas antes trascritas se desprende que la sanción de destitución e inhabilidad general implica varias consecuencias dependiendo de la clase de servidor público que se trate, por lo tanto para los trabajadores oficiales –como es el caso del ahora demandante- ésta conlleva expresamente la terminación del contrato de trabajo.
FUENTE FORMAL: CP – ARTÍCULO 6 / CP – ARTÍCULO 29 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 44 / LEY 734 DE 2002 / ARTÍCULO 45 / LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 150
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 05001-23-33-000-2014-02110-01(1153-20)
Actor: FABIAN CÉSPEDES MONSALVE.
Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - ESP.
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - LEY 1437 DE 2011 - CONFIRMA SENTENCIA QUE NEGÓ PRETENSIONES DE LA DEMANDA.
El proceso de la referencia viene con informe de la Secretaría de 23 de abril de 2021, y cumplido el trámite previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 20 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda –y condenó en costas a la parte vencida-.
ANTECEDENTES.
1.1 La demanda y sus fundamentos
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Fabián Céspedes Monsalve, a través de apoderada judicial, solicitó la nulidad de los fallos disciplinarios de 20 de marzo y 5 de mayo de 2014, proferidos por el Jefe (E) de la Unidad de Control Disciplinario, y el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín –en adelante EPM-, respectivamente, por medio de los cuales fue sancionado con terminación del contrato de trabajo –destitución del cargo de Trabajador Oficial de Mantenimiento Aguas de EPM- e inhabilidad general de diez (10) años.
Como consecuencia de lo anterior, la apoderada del demandante solicitó a título de restablecimiento que se condene a la entidad demandada a: i) reintegrar al demandante al cargo que venía desempañando, o a uno igual categoría; ii) pagar los salarios, emolumentos y beneficios prestacionales dejados de percibir sin solución de continuidad; iii) actualizar los dineros que se causen en su favor con la respectiva indexación; iv) cumplir la sentencia que ponga fin al proceso contencioso administrativo, en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; y v) condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
La Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada en la demanda, así:
La apoderada de la parte demandante afirmó que, el señor Fabián Céspedes Monsalve -demandante- se desempeñó en el cargo de Trabajador Oficial de Mantenimiento Aguas, con registro interno Nº. 277659, centro de actividad 1033, 1629, o 2691, adscrito al Equipo Gestión y Soporte Operativo de la Empresas Públicas de Medellín E.S.P. -EPM-.
Señaló que, la acción disciplinaria tuvo su origen en virtud del memorando Nº. 101992 de 21 de marzo de 2013, suscrito por la Jefe de la Unidad de Servicios y Bienestar, remitido a la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Humana Organizacional de EPM, mediante el cual puso en conocimiento presuntas irregularidades en la legalización de beneficios prestacionales económicos otorgados por EPM.
Refirió que, la Unidad de Control Disciplinario en cita, mediante auto de 19 de abril de 2013, ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del ahora demandante, con el radicado Nº 055, atendiendo a que, la factura Nº 3959 de 7 de febrero del año en comento, enviada por el demandante a la Unidad de Servicios y Bienestar de EPM con el fin de obtener un reconocimiento económico a favor de su hijo -Juan Pablo Céspedes Vásquez- como beneficiario para el curso de equitación en el “Club de Chalanería y Equitación El Juncal” presentó irregularidades, en vista que, no correspondía al beneficiario que aparecía en la documentación de ese club, no tenía marza de agua respecto de las originales que reposaban allí, el valor era superior al que efectivamente se cobraba en dicha institución, y la firma no correspondía a la del administrador del mentado club –el señor Juan Felipe Pérez-.
Manifestó que, la autoridad disciplinaria profirió pliego de cargos, a través de auto de 30 de octubre de 2013, por medio del cual endilgó al demandante: i) abusar de los derechos e incumplir sus deberes y obligaciones como servidor público –Ley 734 de 2002, artículos 33 (numeral 10), 34 (numeral 1), y 35 (numeral 1)-, al haber solicitado y recibido una suma de dinero por parte de EPM para cursos de instrucción deportiva de sus hijos, y destinándolos para otros fines, violando el régimen de beneficios contenido en la convención colectiva; y ii) incurrir a título de dolo en la falta gravísima del numeral 1 artículo 48 ibídem, al haber realizado objetivamente el delito de falsedad en documento privado –Ley 599 de 2000, artículo 289-, por presentar una factura falsa del “Club de Chalanería y Equinoterapia El Juncal” en valor de $970.000.
Refirió que, el Jefe (E) de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Humana Organizacional de EPM, profirió fallo disciplinario de primera instancia mediante Resolución Nº. 2014-RES-5327 de 20 de marzo de 2014, en la que declaró disciplinariamente responsable al hoy demandante por los cargos enrostrados, imponiéndole sanción de terminación del contrato de trabajo –destitución- e inhabilidad general por el término de diez (10) años -decisión que fue apelada-. El Gerente General de EPM E.S.P., resolvió el recurso de apelación a través de la Resolución Nº. 2014-RES-5483 de 5 de mayo de 2014, confirmando en su totalidad la decisión impugnada.
Normas violadas
La apoderada del demandante citó como violadas las siguientes disposiciones:
Constitución Política, artículo 29.
Ley 734 de 2002, artículos 6, 9, 161 y 172.5.
Ley 1474 de 2011, artículos 53, que adiciona el artículo 160A; 56 que adiciona el artículo 169A a la Ley 734 de 2002.
Concepto de violación
Señaló la apoderada del demandante que, la autoridad disciplinaria demandada vulneró el derecho al debido proceso y la garantía de defensa del disciplinado, en atención a los siguientes argumentos:
• Manifestó que, la autoridad disciplinaria incurrió en expedición irregular del auto de 13 de septiembre de 2013, por medio del cual se decretó el cierre de la etapa de investigación, dado que, prejuzgó anticipada e ilegalmente, al señalar “que existen elementos probatorios suficientes para formular pliego de cargos”, vulnerando lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 734 de 2002, el cual indica que, una vez cerrada la investigación, se deben evaluar las pruebas y dictar según el caso, pliego de cargos o el archivo de la actuación, más no anticipar el resultado.
• Afirmó que, el funcionario instructor expidió irregularmente el pliego de cargos, dado que, profirió el auto de manera extemporánea, esto es, por fuera del término de 15 días dispuesto por el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011, que adiciona el artículo 160A a la Ley 734 de 2002, en vista que, éste inició el 2 de septiembre de 2013, venció el día 20 del mismo mes, y aquel fue expedido 30 de octubre del mismo año.
• Refirió que, el fallo disciplinario de primera instancia está viciado de nulidad por expedición irregular puesto que, la autoridad incumplió el término de 20 días para fallar dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1474 de 2011 –por el cual se adicionó el artículo 169A de la Ley 734 de 2002-, puesto que, dicho lapso inició el 13 de febrero y venció el 12 de marzo del 2014, sin embargo, la decisión sancionatoria fue proferida el 20 de marzo del año en cita, es decir, de manera extemporánea.
• Indicó que, la autoridad disciplinaria al expedir el fallo de primera instancia -Resolución Nº 2014-RES-5327- incurrió en falta de competencia, habida cuenta que, impuso al actor la sanción de terminación de su contrato de trabajo, cuando su atribución legal estaba dada únicamente para destituir al disciplinado, conforme al artículo 44 de la Ley 734 de 2002, más no para dar por terminado su contrato, cuya competencia es del resorte exclusivo del nominador de la entidad, esto es, el Gerente General.
• Aseveró que, la autoridad disciplinaria de primera instancia pretermitió el procedimiento establecido en el numeral 5 y parágrafo del artículo 172 del Código Disciplinario Único para la ejecución de las sanciones disciplinarias, ya que la Unidad de Control Disciplinario dispuso la fecha a partir de la cual la sanción se haría efectiva, suplantando de esa forma las funciones del Gerente General de EPM -nominador-.
• Expuso que, la Resolución Nº. 2014-RES-5483 -fallo disciplinario de segunda instancia- está afectada de nulidad por expedición irregular y falta de competencia, en vista que ésta se fundamentó en las mismas consideraciones del fallo disciplinario de primera instancia.
1.2 Contestación de la demanda.
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., a través de apoderado contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del líbelo, con base en los siguientes argumentos:
Afirmó que, no se le vulneró el debido proceso a la parte demandante, en tanto existe un pronunciamiento del juez de tutela -Juzgado 32 Penal Municipal, y Juzgado 5 Penal del Circuito de Medellín-, el cual concluyó que este no fue vulnerado.
Manifestó que, no es procedente el argumento respecto a que, la autoridad disciplinaria en el auto de cierre de la etapa de investigación hizo un juicio anticipado e ilegal, puesto que, en esa etapa existieron elementos materiales de prueba para formular pliego de cargos, lo que está en consonancia del artículo 53 de la Ley 1474 de 2011 -referido como infringido por la parte demandante-, pues allí se establece que es posible declarar cerrada la investigación cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, por lo que, la suficiencia del material probatorio para la formulación de éstos no puede ser calificada como prejuzgativa, aunado a que, dicha providencia no contiene una manifestación definitiva de la voluntad de la administración.
Refirió que, el incumplimiento de los términos otorgados por la norma para proferir pliego de cargos y para fallar en primera instancia no vician de nulidad los actos demandados, como quiera que esto no genera la pérdida de la competencia del operador disciplinario y tampoco se generó caducidad o prescripción de la acción disciplinaria.
Aclaró que, el argumento referido al procedimiento establecido en el numeral 5 y parágrafo del artículo 172 de la Ley 734 de 2002, no es válido dado que, el Gerente General de EPM fue quien profirió la sanción, y quien remitió el acto en los términos del parágrafo en cita para su cumplimiento.
1.3 La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de primera instancia de 20 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda (con condena en costas a la parte demandante), con base en los siguientes argumentos:
Afirmó que, no se advierte la expedición irregular alegada respecto del auto que decretó el cierre de la etapa de investigación, puesto que, la Unidad de Control Disciplinario de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. actuó en derecho, cuando expresó, “Que en el desarrollo de la investigación que se adelanta contra el señor Fabián Céspedes Monsalve, existe material probatorio suficiente que permite la formulación de cargos, razón por la cual se procederá a cerrar la etapa de investigación”, pues contrario a los manifestado por la parte demandante, es necesario que quien adelanta la investigación examine si se reúne el material probatorio suficiente para disponer el cierre de la etapa de investigación.
Manifestó que, tampoco tiene asidero el argumento de la parte demandante respecto al incumplimiento de los términos para proferir pliego de cargos y para tomar la decisión de primera instancia, puesto que, ello no implica por sí mismo vulneración del debido proceso que conduzca a la nulidad de los actos mediante los cuales se resolvió la actuación, a menos que exista prescripción de la acción disciplinaria, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, a través de su jurisprudencia. Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que con ocasión del retraso en que se incurrió para proferirse el pliego de cargos, y la decisión de primera instancia, se haya presentado vulneración a derechos fundamentales.
Indicó que, la autoridad disciplinaria no incurrió en falta de competencia alguna, dado que, la facultad que otorga la Ley 734 de 2002, de sancionar con destitución al funcionario implica la terminación del contrato de trabajo, pues a lo que se alude con tal sanción es que se separe al servidor del cargo o trabajo que viene desempeñando. Por otro lado, tampoco hay razones jurídicas para determinar que solo el Gerente General de EPM puede dar por terminado un contrato de trabajo, en tanto, la decisión de destitución está enmarcada en el proceso sancionatorio, donde se actúa según el reparto de competencias de la misma entidad.
Advirtió que, los asuntos relativos a la ejecución de la sanción no conducen a la nulidad de los actos demandados, ya que, tales problemas impiden la oponibilidad frente a los particulares, y por tanto, su eficiencia, pero en ningún caso afecta su existencia y validez.
Condenó en costas a la parte demandante, con base en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y fijó las agencias en derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso.
1.4 El recurso de apelación
El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de 20 de noviembre de 2019, del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
Manifestó que, el auto de 13 de septiembre de 2013 -por medio del cual se declaró cerrada la etapa de investigación-, está viciado de nulidad por expedición irregular, toda vez que, la autoridad disciplinaria no evaluó las pruebas, sino que prejuzgó anticipada e ilegalmente.
Señaló que, el pliego de cargos y el fallo disciplinario de primera instancia están viciados de nulidad por expedición irregular, puesto que, la entidad demandada incumplió los términos de 15 y 20 días, respectivamente para proferir dichas providencias, establecidos en los artículos 160A y 169A del Código Disciplinario único -modificados por la Ley 1474 de 2011-, lo que denota un irrespeto por el debido proceso. El ente demandado tampoco removió de oficio los vicios formales de dicho acto administrativo para evitar futuras decisiones inhibitorias.
Agregó que, la Resolución Nº. 2014-RES-5327 -fallo disciplinario de primera instancia- está viciada de nulidad por falta de competencia, puesto que, al actor se le impuso la sanción de terminación de su contrato de trabajo, cuando su atribución legal estaba dada para destituir al disciplinado, más no para dar por terminado el contrato de trabajo, siendo que en todos los casos, esta es una competencia del nominador de la entidad -el Gerente General-.
Adicionó que, el fallo disciplinario de segunda instancia está afectado de nulidad por expedición irregular, en vista que, se fundamentó en una decisión viciada –el fallo disciplinario de primera instancia- por la misma causal, y por falta de competencia.
1.5. Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público.
• Alegatos de la parte demandante.
La parte demandante, por intermedio de apoderada presentó alegatos de conclusión, remitiéndose a los mismos argumentos que planteó en la demanda, los cuales se sintetizan a continuación:
Manifestó que, no comparte la afirmación hecha por el A Quo en la sentencia recurrida cuando señaló que, no se afectó el debido proceso, dado que, siendo el proceso disciplinario reglado y respetuoso de las formalidades procesales, la autoridad disciplinaria inobservó los plazos impuestos para tramitar el pliego de cargos y dictar la decisión sancionatoria.
Aseveró que, el pliego de cargos, y los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia están viciados de nulidad por expedición irregular, dado que, las dos primeras providencias en cita fueron expedidas extemporáneamente, y la resolución por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación -mediante la cual se confirmó la decisión- se fundamentó en lo dispuesto en éstas, siendo nulos dichos actos administrativos.
Agregó que, el fallo disciplinario de segunda instancia, pretermitió el procedimiento establecido en el parágrafo del artículo 172 de la Ley 734 de 2002, pues conforme a dicha norma, una vez ejecutoriado el fallo, éste se debía enviar al nominador quien es el competente para ejecutar la sanción, lo que no aconteció, pues luego de proferirse dicha providencia, la Unidad Control Disciplinario mediante correo electrónico de 7 de julio de 2014 -dirigido a diferentes personas y dependencias-, comunicó, por una parte, la decisión sancionatoria dispuesta en los fallos de instancia; y por otra, que la destitución impuesta operaba a partir del 27 de mayo del mismo año, abrogándose ésta Unidad una competencia que no era suya, e inobservando el procedimiento previo para la implementación de la sanción dispuesto en el artículo en cita.
• Alegatos de la parte demandada.
La parte demandada, a través de apoderado presentó alegatos de conclusión, solicitando sea confirmada la decisión tomada en primera instancia, con base en los siguientes argumentos:
Señaló que, las razones de reproche que hace el demandante sobre la sentencia proferida por el A Quo, son similares a los puntos de inconformidad sobre los cuales centró la demanda, mismos que fueron analizados por la Sala de Decisión del Tribunal de Antioquia, siendo desestimados todos ellos en la providencia recurrida. Para la parte demandada, los razonamientos hechos por el A Quo, para arribar a las conclusiones que se consignaron en la decisión, son suficientes, claras y contundentes, por lo que, solicita sea confirmada la decisión.
• Concepto del Ministerio Público.
El ministerio público en esta instancia guardó silencio, tal y como se puede corroborar en el informe de secretaría de 23 de abril de 2021.
II. CONSIDERACIONES
Planteamiento del problema jurídico
Analizada de manera integral y detallada la demanda interpuesta por el señor Fabián Céspedes Monsalve, así como los argumentos de oposición expuestos por la parte demandada y los del recurso de apelación, encuentra la Sala que para resolver de fondo el presente asunto deberá atender los siguientes problemas jurídicos:
Primer problema jurídico. ¿Determinar si la autoridad disciplinaria inobservó el debido proceso al expedir dentro del trámite disciplinario adelantado contra el demandante: i) el auto de cierre de la investigación -por presunta vulneración del principio de presunción de inocencia-; ii) el pliego de cargos -por incumplimiento del término de (15) días para proferirlo-; iii) el fallo disciplinario de primera instancia -por exceder el término de (20) días para dictarlo y iv) el fallo disciplinario de segunda instancia -por tener como fundamento en una decisión inmersa en expedición irregular, y falta de competencia-?
Segundo problema jurídico. ¿Establecer si la decisión sancionatoria de primera instancia está viciada de nulidad por falta de competencia, y pretermisión del procedimiento establecido en el numeral 5 y parágrafo del artículo 172 del Código Disciplinario Único?
Para efectos de resolver los problemas jurídicos en cuestión, la Sala desarrollará los marcos normativos de estos y a continuación resolverá los cargos del recurso de apelación.
2.2. RESOLUCIÓN DEL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO RELACIONADO CON LA PRESUNTA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR EXPEDICIÓN IRREGULAR DE PROVIDENCIAS.
Con miras a resolver el planteamiento en cuestión, considera necesario la Sala estudiar los siguientes elementos: i) naturaleza jurídica de empresas públicas de medellín e.s.p. y debido proceso disciplinario, ii) el marco jurídico de los términos, en las diferentes etapas del proceso disciplinario, y iii) resolución de los cargos.
• Naturaleza jurídica de Empresas públicas de Medellín E.S.P., y debido proceso disciplinario.
Las Empresas Públicas de Medellín (EPM), es una entidad descentralizada del orden municipal, creada mediante Acuerdo No. 58 del 6 de agosto de 1955 del Consejo Administrativo de Medellín, como un Establecimiento Público Autónomo, y transformada en empresa industrial y comercial del Estado del orden Municipal, por Acuerdo No. 069 del 10 de diciembre de 1997 expedido por el Concejo de Medellín. En razón de su naturaleza, como empresa industrial y comercial del Estado, EPM se rige por las reglas de derecho privado salvo las excepciones consagradas expresamente en la Constitución Política, la ley y demás estatutos reglamentarios, entre estas disposiciones, la Ley 734 de 2002, cómo régimen disciplinario aplicable a los empleados y trabajadores oficiales de esta entidad.
La Constitución Política de 1991, en su artículo 29 consagró el derecho fundamental al debido proceso, en aplicación al principio de legalidad el cual constituye uno de los fundamentos esenciales del Estado Social de Derecho, toda vez que, impone un límite al ejercicio del poder público, en especial, a la aplicación del ius puniendi, teniendo en cuenta que las funciones del Estado deben ser desarrolladas, con observancia de los lineamientos o parámetros establecidos previamente por el legislador.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades ha sostenido que el debido proceso administrativo está constituido por las siguientes prerrogativas:
“(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”.
Cabe destacar en este punto que, no toda irregularidad acaecida en el curso de un procedimiento administrativo o el no acatamiento de los requisitos formales por parte de la administración pública constituye per se, un motivo para declarar la nulidad de los actos impugnados. Estos solo podrán ser anulados, cuando los vicios impliquen el desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado con su expedición, es decir, que la nulidad del acto por desconocimiento del debido proceso puede ser decretada únicamente cuando se presenten irregularidades sustanciales o esenciales, que afecten las garantías constitucionales del administrado.
Debe entenderse por irregularidad sustancial aquella que, incide en la decisión de fondo contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir que, de no haber existido ésta, el acto administrativo que define la situación jurídica hubiese tenido un sentido distinto; entonces, los vicios de procedimiento que no incidan en el fondo del asunto discutido son considerados como irregularidades intrascendentes o irrelevantes, que no tienen la trascendencia para general la nulidad del mismo.
• El marco jurídico de los términos, en las diferentes etapas del proceso disciplinario.
La Corte Constitucional ha sido insistente en precisar la importancia que tiene para la conservación de las garantías del debido proceso el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales estas se desarrollan, al punto que el cumplimiento de aquellas por parte de la Autoridad encargada de adelantar un trámite administrativo y/o judicial, constituye base fundamental para la efectividad de los derechos de los ciudadanos. La consagración de los términos procesales lleva implícito el derecho a recibir una pronta y oportuna decisión de las autoridades, en otras palabras, a que los asuntos puestos en conocimiento de aquellas se resuelvan sin dilaciones injustificadas.
Se tiene que la Ley 734 de 2002, establece los procedimientos disciplinarios sobre los cuales la autoridad disciplinaria debe encaminar su actuar en la búsqueda de la verdad a que está obligado, según las voces del Art. 20 ibídem. Es así que a partir del Art. 150, Titulo XI, Capitulo de la indagación preliminar, se establecen las etapas y los términos en que ha de surtir el trámite ordinario, comenzando con la etapa antes enunciada, la cual tendrá una duración de seis (6) meses prorrogables por otro termino igual, que una vez superada ésta etapa, se abre paso la de investigación disciplinaria, que tiene un término hasta de 12 meses, vencido los cuales abra de proferirse auto de cierre de investigación, y ejecutoriado, prosigue la evaluación de la investigación disciplinaria la cual cuenta con un término máximo de 15 días.
Agotada la etapa de evaluación de la investigación disciplinaria y habiendo merito probatorio la autoridad disciplinaria procederá a proferir pliego de cargos al investigado, donde se verificara la descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó, las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta, la identificación del autor o autores de la falta, se hará un análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados, se desarrollara así mismo, la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 del CDU, se indicara la forma de culpabilidad y se verificara el análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.
Evacuada la etapa antes descrita, la autoridad disciplinaria notificará la providencia contentiva del pliego de cargos a los disciplinados, quienes tendrán 10 días para rendir los descargos, y solicitar pruebas, las cuales podrán ser evacuadas en un término no superior a los 90 días. Practicadas las pruebas y vencida dicha etapa, por auto se correrá traslado a las partes para alegar de conclusión por el termino de 10 días, vencido los cuales, el funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término para alegar de conclusión. (Art. 150 y siguientes)
Ahora, se ha señalado por el Consejo de Estado como por la Corte Constitucional que la inobservancia “per se” de un término procesal de los antes señalados no da lugar a la invalidez del procedimiento sancionatorio, en la medida en que, es necesario que se valoren las circunstancias en que tal situación ocurrió y si con ello se afectó el derecho de defensa del investigado. En relación con lo anterior el Consejo de Estado, también ha precisado que, sin desconocer el derecho que tiene el inculpado de resolver oportunamente su situación disciplinaria, el vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar ni genera nulidad del proceso disciplinario.
• Resolución de los cargos referidos al primer problema jurídico
Manifestó la parte recurrente que, el auto de 13 de septiembre de 2013 -que dispuso el cierre de la etapa de investigación-, está viciado de nulidad por expedición irregular, puesto que, la autoridad disciplinaria prejuzgó anticipada e ilegalmente, cuando expresó “que existen elementos probatorios suficientes para formular pliego de cargos”, inobservando lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 734 de 2002, que establece que, una vez cerrada la investigación, se procede a evaluar las pruebas y dictar pliego de cargos o archivo de la actuación, sin que se anticipe el resultado, como en efecto se hizo, omitiendo realizar la valoración, lo que da lugar a la causal de nulidad en comento.
Se tiene que, el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011, el cual adicionó el artículo 160-A a la Ley 734 de 2002, dispuso: “Artículo 160-A. Decisión de Cierre de Investigación. Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación notificable y que sólo admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la investigación. En firme la providencia anterior, la evaluación de la investigación disciplinaria se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.”, ésta norma plantea que, es procedente el cierre de la etapa de investigación mediante una providencia de sustanciación que solo admite recurso de reposición, cuando se hayan recaudado pruebas suficientes que permitan la formulación de cargos -por haberse establecido una posible falta disciplinaria- y/o cuando los términos de investigación se hayan agotado.
La manifestación realizada por la parte demandante al señalar que el operador disciplinario violó el principio de imparcialidad al existir prejuzgamiento, por haber indicado que existía suficiente material probatorio para la formulación de cargo y como consecuencia necesaria el cierre de la etapa de investigación, no tiene sustento jurídico alguno, en la medida en que como se indicó previamente lo señalado por éste obedece a la estricta y correcta aplicación del principio de efectividad y eficiencia en el ejercicio de su función administrativa, lo cual no constituye la violación al debido proceso y menos aún la configuración de una causal de nulidad sustancial.
Así las cosas, era necesario que el operador disciplinario examinara si se reunía el material probatorio suficiente para disponer el cierre de la investigación y posteriormente proferir pliego de cargos –siendo necesario para esto último el análisis sobre la existencia de pruebas de la falta y la responsabilidad del investigado-, en consecuencia no se advierte la causal de nulidad de expedición irregular alegada.
Ahora, respecto del cargo presentado por la parte recurrente referido a la expedición irregular de i) el pliego de cargos, ii) el fallo disciplinario de primera, y iii) el fallo de segunda instancia; las dos primeras por incumplimiento de los términos de 15 y 20 días, respectivamente, para proferirlas -establecidos en los artículos 160A y 169A del Código Disciplinario Único -modificados por la Ley 1474 de 2011-, y la última de éstas, por estar fundamentada en lo dispuesto en dichos actos aparentemente viciados de la causal de nulidad citada.
La Sala, respecto al incumplimiento de los términos de 15 días para proferir pliego de cargos y de 20 días para tomar la decisión de primera instancia, debe señalar que la expedición de dichas providencias por fuera de esos plazos per se no implica violación al debido proceso, tal y como se desprende de las disposiciones normativas que regulan estas actuaciones.
“Artículo 160-A. Decisión de Cierre de Investigación. Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación notificable y que sólo admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la investigación.
En firme la providencia anterior, la evaluación de la investigación disciplinaria se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.” (se resalta)
En el presente caso, el auto de cierre de investigación tuvo lugar el día 13 de Septiembre de 2013, notificándose personalmente al apoderado de la parte demandante para el día 21 del mismo mes y año, y cobrando dicha providencia ejecutoria el día 30 del mes citado, ante la no interposición de recurso alguno, lo que condujo a que los términos de los 15 días previstos en la norma en cita para formular pliegos de cargo o el archivo de la investigación, comenzaron a correr el día 1 de octubre, hasta el día 22 de éste mes, no obstante el pliego de cargos fue proferido el 30 de Octubre de 2013. Si bien la decisión no se adoptó dentro del plazo previsto en la norma, esta inobservancia no es significativa, ateniendo al aspecto temporal –toda vez que el exceso en el término fue solo de ocho (8) días calendario- ni atendiendo al aspecto material -por cuanto tal irregularidad no comportó una afectación a las garantías fundamentales de defensa y contradicción del investigado-.
Por otra parte, para la Sala, el argumento respecto del incumplimiento del término de 20 días para expedir la decisión de primera instancia -que establece el artículo 169-A de la Ley 734 de 2002-, tampoco tiene vocación de prosperar, para sustentar ello se analiza la normatividad en cita.
“ARTÍCULO 169-A. TÉRMINO PARA FALLAR. El funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para presentar alegatos de conclusión.”
Se tiene que para el 28 de enero del año 2014, se profiere providencia para que las partes presenten sus alegatos de conclusión, la cual se notificó en estado el día 29, comenzando a correr el termino de 10 días para alegar a partir del 30 de enero hasta el día 12 de febrero del 2014, comenzando el termino para dictar decisión de primera instancia a partir del día 13 de del mismo mes y año hasta el día 12 de marzo de 2014, profiriéndose la decisión sancionatoria solo hasta el día 20 de marzo, esto es luego de 8 días de vencido el término legal.
Es necesario recalcar que, el hecho de que se haya superado el término previsto en la ley, por sí mismo, no conlleva la vulneración de las garantías del investigado, ni afecta de nulidad la actuación. Tampoco conduce a la afirmación de que la Procuraduría General de la Nación perdió la competencia e incurrió automáticamente en una afectación grave de las garantías constitucionales y que, como consecuencia de ésta, toda la actuación efectuada carezca de validez.
Sobre el particular, en sentencia de unificación SU-901 de 2005, la Corte Constitucional, expuso:
“(…) De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, el sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación.
De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria en que pueda incurrir el servidor que incumplió ese término, él se halla en el deber de tomar una decisión con base en la actuación cumplida hasta el momento en que el vencimiento de ese término operó. Si en tal momento existen dudas, éstas se tornen insalvables y surge la obligación de archivar la actuación; pero si tales dudas no existen, esto es, si aparecen cumplidos los objetivos pretendidos con la indagación preliminar, nada se opone a que se abra investigación disciplinaria pues precisamente esta es una de las decisiones que se pueden tomar en tal momento. (…). En suma, si bien en el proceso disciplinario adelantado contra el actor se desconoció el término legalmente fijado para la investigación preliminar, tal irregularidad no afectó ni el debido proceso ni el derecho de defensa y por ello no puede haber lugar al amparo constitucional de tales derechos y a la declaratoria de invalidez de lo actuado (…)” (se resalta).
De conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política, en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial. En aplicación de esta pauta, el Consejo de Estado ha establecido en una línea jurisprudencial, según la cual, no cualquier irregularidad que se presente en el proceso disciplinario tiene por efecto generar una nulidad de las actuaciones sujetas a revisión, únicamente aquellas que, por su entidad, afectan los derechos sustantivos de defensa y contradicción del investigado darán lugar a ello. Así lo ha expresado inequívocamente esta Corporación:
“Como lo ha expresado la Sala en otras oportunidades, el debido proceso es una garantía constitucional instituida en favor de las partes y de aquellos terceros interesados en una determinada actuación administrativa o judicial (artículo 29). Consiste en que toda persona, natural o jurídica, debe ser juzgada conforme a leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándosele principios como los de publicidad y contradicción y el derecho de defensa. No obstante, debe precisarse que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera de por sí la nulidad de los actos a través de los cuales se aplica a un funcionario una sanción disciplinaria pues lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal entidad que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso, es decir sólo las irregularidades sustanciales o esenciales, que implican violación de garantías o derechos fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.”
Conforme a lo anterior, se tiene que, si bien se incurrió en una irregularidad en el procedimiento disciplinario cuando no se observaron estrictamente los términos por parte de la autoridad disciplinaria al momento de proferir el pliego de cargo y el fallo disciplinario de primera instancia, con ello no se violentó el derecho de defensa del disciplinado, ni se afectó del debido proceso -ni resulta viciado el fallo disciplinario de segunda instancia, cuyos cargos de nulidad se desprenden únicamente de la prosperidad de los cargos de la nulidad del fallo disciplinario de primera instancia-, razón por la cual el cargo analizado no está llamado a prosperar.
2.3. RESOLUCIÓN DEL SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO RELACIONADO CON LA PRESUNTA FALTA DE COMPETENCIA PARA IMPONER COMO SANCIÓN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, Y VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN LA EJECUCIÓN DEL ACTO DISCIPLINARIO.
Con miras a resolver los cargos relacionados con el segundo problema jurídico, se analizará la sanción de destitución del cargo y su aplicabilidad, para luego revisar el caso concreto.
El artículo 125 de la Constitución Política, consagró como una causal del retiro del ejercicio de la función pública, la violación del régimen disciplinario, mandato que evidencia la existencia de la potestad disciplinaria por disposición constitucional, la cual es entendida como la facultad del Estado para sancionar a los servidores públicos -empleados públicos y trabajadores oficiales- por la vulneración o incumplimiento de las disposiciones reguladoras de las funciones y deberes que les han sido asignadas, y asegurar así, el cumplimiento de los fines Estatales y el interés general. Por lo anterior la potestad disciplinaria hace parte, o es una de las manifestaciones del poder sancionador del Estado o –ius puniendi-, la cual ha sido definida por la Corte Constitucional en los siguientes términos:
“La potestad disciplinaria, entendida como la facultad para corregir las fallas o deficiencias provenientes de la actividad de los servidores públicos, se torna en una prerrogativa tendiente a proteger al ciudadano de eventuales arbitrariedades por incumplimiento de las directrices fijadas en la ley, con ella se evita que quienes prestan funciones públicas lo hagan de manera negligente y contraria al servicio, desconociendo el interés general que debe orientar las actuaciones estatales.
Ahora bien, dado que la finalidad primigenia de la potestad disciplinaria consiste en asegurar el adecuado desarrollo de la función pública, es pertinente hacer referencia a los principios que orientan la actividad de los servidores públicos en el ejercicio de las labores que le son propias, por cuanto la búsqueda de la vigencia y cumplimiento de los mismos sirve de sustento a la existencia de una potestad disciplinaria.
(…)
Ahora bien, en pos de que la función pública cumpliese su objetivo, la misma Constitución Política se encargó de estipular expresamente en su artículo 209 unos principios a los cuales debe sujetarse el ejercicio de la actividad administrativa, si bien, dicha norma hace referencia específica a la función administrativa y la ubica dentro del capítulo concerniente a la rama ejecutiva, es pertinente señalar que dichas directrices orientan toda la actividad estatal, razón por la cual en caso de no ser cumplidos dan lugar inequívocamente a la realización de un correspondiente control disciplinario, de allí que garantizar la aplicación de los mismos sea una de las prioridades de la potestad disciplinaria.”
En suma, la potestad disciplinaria se ocupa esencialmente de investigar y sancionar, si a ello hubiese lugar, a quienes incumplan sus deberes funcionales, entre los cuales indefectiblemente se encuentra cumplir su labor de acuerdo con los lineamientos planteados por el artículo 209 constitucional. Dichos principios no son otros que los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.”
El ejercicio de la facultad disciplinaria del Estado se encuentra fundamentada en el principio de legalidad, pues los servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas solo podrán ser sancionados disciplinariamente cuando incurran en una de las conductas establecidas por la Constitución, la Ley y los reglamentos como falta disciplinaria, en aplicación del procedimiento establecido por el Legislador y recibirán las consecuencias jurídicas consagradas para el caso determinado. Son estos dos elementos; la facultad disciplinaria como poder sancionador del Estado, más el conjunto de normas tipificadas como falta disciplinaria, procedimiento y consecuencias jurídicas, que integran el ordenamiento jurídico disciplinario.
Las sanciones que estableció el Legislador para los servidores públicos que incurran en una conducta descrita como falta disciplinaria se encuentran descritas en los artículos 44 y 45 de la Ley 734 de 2002, que señalan:
“ARTÍCULO 44. CLASES DE SANCIONES. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.
3. Suspensión, para las faltas graves culposas.
4. Multa, para las faltas leves dolosas.
5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.
(…)”
Ahora, en lo que tiene que ver con la sanción de destitución, el artículo 45 ibídem señala:
“ARTÍCULO 45. DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES.
1. La destitución e inhabilidad general implica:
a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o
b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política, o
c) La terminación del contrato de trabajo, y
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.
(…)” (se resalta)
Al determinarse e imponerse la sanción que corresponde ante la violación de las normas disciplinarias, esta deberá ser ejecutada por la autoridad determinada por el Art. 172 del C.D.U., como acto de ejecución derivado e independiente del fallo disciplinario, norma ésta que prevé:
“ARTÍCULO 172. FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES. La sanción impuesta se hará efectiva por:
1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de Distrito.
2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.
3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera.
4. Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes hagan sus veces, respecto de los miembros de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas.
5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las corporaciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de los trabajadores oficiales.
6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus representantes legales, respecto de los miembros de las juntas o consejos directivos.
7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del particular que ejerza funciones públicas.
PARÁGRAFO. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.”.
De las normas antes trascritas se desprende que la sanción de destitución e inhabilidad general implica varias consecuencias dependiendo de la clase de servidor público que se trate, por lo tanto para los trabajadores oficiales –como es el caso del ahora demandante- ésta conlleva expresamente la terminación del contrato de trabajo.
Igualmente debe decirse que de conformidad con el artículo 172 ídem –antes trascrito-, se habilita a los funcionarios competentes para ejecutar cualquiera de las sanciones previstas en los artículos 44 y 45 –antes analizados-, luego de ejecutoriado el fallo disciplinario y previa notificación de la decisión, situación que permite establecer que, únicamente las decisiones de la administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que hacen imposible continuar dicha actuación, son los susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, de tal modo que, aquellos de ejecución de una decisión –como aquel por el cual se materializa la sanción de destitución- se encuentran excluidos del referido control, toda vez que, a través de ellos no se decide definitivamente una actuación y su relevancia es sólo para efectos del conteo del término de caducidad de la acción.
• Resolución de los cargos relacionados con el segundo problema jurídico
Manifestó la parte recurrente que, la autoridad disciplinaria al expedir el fallo de primera instancia -Resolución Nº. 2014-RES-5327- incurrió en falta de competencia, en vista que, impuso al actor la sanción de terminación de su contrato de trabajo, cuando su atribución legal estaba dada únicamente para destituir al disciplinado, más no para dar por terminada su relación contractual, dado que tal facultad es únicamente del resorte del Gerente General de la entidad, al ser el nominador.
Por otra parte, el recurrente aseveró que, la autoridad disciplinaria no agotó el procedimiento para materializar la sanción, puesto que, no se produjo el acto administrativo de ejecución, por el contrario, la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Humana Organizacional de EPM suplantó las funciones del nominador, en vista que, dispuso la sanción de destitución y la fecha a partir de la cual se haría efectiva, por lo anterior, la decisión nunca se ejecutó legalmente.
Para la Sala los argumentos esgrimidos por la parte recurrente no están llamados a prosperar, por las siguientes razones:
Se tiene que, conforme a las normas previamente trascritas, la sanción de destitución e inhabilidad general comporta la terminación del contrato de trabajo –para los trabajadores oficiales-, y en todo caso la imposibilidad de ejercer funciones públicas en cualquier cargo o función, de manera que, contrario a lo manifestado por el libelista, la competencia para eliminar el vínculo contractual laboral en el sector público, no es exclusiva del nominador pues también es de la órbita de la autoridad sancionadora en el marco de un proceso disciplinario; por lo tanto el señalamiento expreso de tal consecuencia sancionatoria en el fallo disciplinario –esto es, la terminación del contrato de trabajo- de ninguna manera puede comportar irregularidad.
Las sanciones son la consecuencia jurídica que deben asumir los servidores que sean declarados responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, y hace parte de la potestad sancionatoria del Estado frente a los servidores públicos con el fin de asegurar la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo. En ese sentido, el Código Disciplinario Único define las conductas que se consideran faltas disciplinarias, las sanciones en las que se puede incurrir y el proceso que debe seguirse para establecer la responsabilidad disciplinaria.
La sanción impuesta al hoy demandante de terminación del contrato de trabajo, se encuentra ajustada a los artículos 44 y 45 de la Ley 734 de 200 –previamente trascritos-, pues al analizar las normas precedentes se observa que ésta es la consecuencia necesaria de la destitución e inhabilidad general en el caso de los trabajadores oficiales –como es el evento del demandante-, razón por la cual no se observa en este punto irregularidad alguna.
Al imponerse la sanción que corresponde al trabajador oficial, ésta deberá ser ejecutada por la autoridad determinada en el artículo 172 del C.D.U., para los efectos del presente caso, de acuerdo con lo dispuesto el numeral 5 que señala “La sanción impuesta se hará efectiva por: (…). 5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las corporaciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de los trabajadores oficiales”.
Si bien este cargo analizado, tiene relación con un asunto ajeno y posterior a la expedición del acto sancionatorio, que en principio no puede dar lugar a la nulidad del mismo y que en esta controversia se encuentra excluido de control jurisdiccional, es necesario aclarar que, la normativa antes trascrita es aplicable cuando la autoridad que profiere la decisión sancionatoria es distinta de aquella que debe ejecutarla, esto a la luz del parágrafo del artículo 172 del Código Disciplinario Único, el cual señala lo siguiente “Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.”, pues cuando ello no es así, esto es en los eventos en que la autoridad disciplinaria que profiere el fallo por el cual queda en firme la sanción es la misma que debe ejecutarla –por ejemplo el representante legal de la entidad-, los principios de eficacia, efectividad y economía procesal, permiten que en el mismo acto disciplinario, aquella –esto la autoridad disciplinaria quien es a la vez representante legal- pueda disponer la ejecución de la sanción -una vez notificada y ejecutoriada la respectiva providencia- con la comunicación que se haga al afectado por la división correspondiente de la entidad a la cual aquel se encuentre vinculado, tal y como ocurrió en el presente caso.
En atención a todo lo expuesto, al no ser acogidos los argumentos de inconformidad de la apelación, y al estar acreditado que, la autoridad disciplinaria actuó acorde a la Ley, debe confirmarse el fallo de la primera instancia que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4. Condena en costas
En relación con la condena en costas, debe la Sala señalar que no procedente su imposición de manera automática, pues como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Por ello, al observar que en el trámite del proceso estas no se causaron, se revocarán.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFÍRMAR, la sentencia de 20 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Fabián Céspedes Monsalve en contra de las Empresas Públicas de Medellín por haber proferido a través del Jefe (E) de la Unidad de Control Disciplinario y el Gerente General de EPM, en primera y segunda instancia, los fallos disciplinarios de 20 de marzo y de 5 de mayo de 2014.
SEGUNDO: REVOCAR la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
Folio 373 del expediente, cuaderno principal.
Ley 1437 de 2011, artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…).
Visible en folios 371 del expediente, cuaderno principal.
Sala de Decisión. M.P. Rafael Darío Restrepo Quijano.
Visible en folio 1 del expediente, cuaderno principal.
Consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011, artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. (…).
Resolución Nº. 2014-RES-5327. Fallo disciplinario de primera instancia. Visible en folio 49 del expediente, cuaderno principal.
Resolución Nº. 2014-RES-5483. Visible en folio 57 del expediente, cuaderno principal.
Olga Cecilia Salazar Pineda.
Visible en folio 22 del expediente, cuaderno principal.
Visible en folio 31 del expediente, cuaderno principal.
Ley 599 de 2000, Articulo 289. falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.
Para efectos permitir una resolución ordenada de los argumentos de nulidad planteados por el actor en la demanda, estos se agruparán en diferentes ítems. Visible en folio 4 del expediente, cuaderno principal. Visible en folio 27 del expediente, cuaderno principal
Visible en folio 84 del expediente, cuaderno principal. Visible en folio 349 del expediente, cuaderno principal. Sentencia de Unificación SU-901 de 2005, Corte Constitucional; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 11001032500020120008901. M.P. Carmelo Perdomo, Sentencia de 31 de enero de 2018. Sentencia de 28 de octubre de 1999, Exp. 3443; sentencia C-957-97, de la Corte Constitucional, entre otras. Visible en folio 359 del expediente, cuaderno principal. Resolución Nº. 2014-RES-5327. Artículos 53 y 56 de la Ley 1474 de 2011, que modifican los artículos 160A, y 169A de la Ley 734 de 2002. Visible en índice 14 del expediente digitalizado en SAMAI. Visible en índice 12 y 13 del expediente digitalizado en SAMAI. Visible en folio 373 del expediente, cuaderno principal.
“El principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición de un lado es el principio rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del derecho sancionador. Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas.” Corte Constitucional, sentencia C-710 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, sentencia C-181 de 12 de marzo 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional, sentencia C-728 de 21 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional, sentencia SU-901 de 1 de septiembre de 2005. Sala Plena. “Del sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación. (…) Si bien en el proceso disciplinario adelantado contra el actor se desconoció el término legalmente fijado para la investigación preliminar, tal irregularidad no afectó ni el debido proceso ni el derecho de defensa y por ello no puede haber lugar al amparo constitucional de tales derechos y a la declaratoria de invalidez de lo actuado.”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 18 de octubre de 2007 Exp. N° 760012331000200303595 01 (2250-2006). Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado. Actor: Nelly Caicedo Lourido. Ver también, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Sentencia de 8 de noviembre de 2007. Radicación N°: 47001-23-31-000-2001-00955-01(3834-04). Actor: Antonio Rafael Vives Cervantes. Demandado: Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial.
Artículos 53 y 56 de la Ley 1474 de 2011, que modifican los artículos 160A, y 169A de la Ley 734 de 2002. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de agosto de 2007, Rad. No. 25000-23-25-000-1999-11470-01(4144-04); Consejero Ponente: Jesús María Lemos Bustamante. ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. Sentencia C-028 de 26 de enero de 2006. Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Tambien denominado como derecho disciplinario, conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C - 014 de 20 de enero de 2004. Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. Sobre este particular, puede verse la sentencia de 14 de noviembre de 1995, Expediente No. 7200, Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro, en la que se sostuvo: “Sobre el particular se observa que ciertamente las argumentaciones del a quo reflejan el criterio de la Sala, en el sentido de que los actos mediante los cuales el órgano que en ejercicio del poder disciplinario atribuido por la constitución o las leyes, impone a los funcionarios públicos la sanción de destitución, no conforma con el respectivo acto de ejecución proferido por la autoridad nominadora, un acto complejo. Sin embargo la Sala, rectificando alguna providencia anterior ha dicho también que aunque son actos independientes, es incuestionable la conexidad existente entre ellos, lo que implica que, para garantizar una efectiva protección del derecho de defensa, el término de caducidad deba ser uno solo para impugnar tanto el acto de ejecución como aquellos que imponen al funcionario la respectiva penalización por faltas disciplinarias, término que comienza a contarse a partir de la notificación o comunicación del acto de ejecución. Así como el conocimiento de los actos proferidos, cuando se acusan en su totalidad, no se fracciona, tampoco debe fraccionarse o contarse separadamente el término de caducidad de la acción procedente contra ellos, que en este caso tiene como juez el Tribunal.”.
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