Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06320-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06320-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06320-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
19 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06320-00
Accionante: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / nulidad
y restablecimiento del derecho / defectos
procedimental y orgánico
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Willmar
Calderón Olmos en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de conformidad con
el Decreto 333 del 2021.
I. ANTECEDENTES
El señor Willmar Calderón Olmos, quien actúa, en nombre propio,
invoca la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, así como también
del principio de favorabilidad, con base en los siguientes:
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06320-00
Accionante: Willmar Calderón Olmos
1. HECHOS
1.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el señor Willmar Calderón Olmos demandó los actos
administrativos contenidos en las decisiones del 31 de mayo de
2016, proferida por la Gerencia de Control Disciplinario de Ecopetrol,
y la de 12 de octubre de 2016, proferida por el Presidente de la
entidad, mediante las cuales se le declaró responsable de la falta
disciplinaria calificada como grave a título de dolo al reiterar
solicitudes evidentemente improcedentes y se le sancionó con
suspensión e inhabilidad especial por el término de 3 meses.
1.2. Dicho proceso por reparto le correspondió al Juzgado Cuarenta
y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, dependencia judicial
que, a través de la sentencia del 18 de enero de 2019, resolvió
acceder a las súplicas de la demanda, por lo que anuló los actos
administrativos objeto de censura, en tanto consideró que fueron
expedidos de forma irregular y con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa y, a título de restablecimiento del derecho,
ordenó a la parte accionada reconocer y pagar a favor del actor los
salarios, las prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de
percibir en los tres (3) meses que permaneció suspendido en el
ejercicio de sus funciones y sin derecho a remuneración. Asimismo,
dispuso eliminar cualquier antecedente disciplinario resultado de la
sanción y reconocer el período de suspensión como tiempo de
servicio es decir sin solución de continuidad.
1.3. Inconforme, Ecopetrol S.A. interpuso recurso de apelación el
cual fue resuelto favorablemente el 29 de junio de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, que revocó la anterior decisión para, en su lugar,
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negar las súplicas de la demanda, al considerar que las peticiones
elevadas por el actor en el curso de los años 2013 y 2014, y que
dieron lugar a las decisiones disciplinarias sancionatorias objeto de
censura dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, fueron reiteradas, temerarias y abiertamente
improcedentes.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Del extenso y confuso escrito de tutela, se logran extraer las
siguientes inconformidades planteadas por el demandante:
Señala que el tribunal incurrió en “vía de hecho” por: “(i) Carencia
de función administrativa al derecho laboral reclamado; (ii)
Usurpación para calificar derechos laborales; (iii) Es nula, de pleno
derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso; (iv)
Non in bis ídem, no ser juzgado dos veces por el mismo hecho; (v)
Aniquilación mandato expreso de la Constitución principio de
favorabilidad laboral; y (vi) Violación fragante al principio de
imparcialidad”.
Al respecto, sobre la «{segunda vía de hecho: usurpación para
calificar derechos laborales}», indica:
«cuando al resolver la competencia partió del siguiente defecto procedimental
absoluto “Ahora, se debe precisar que no se discute en el plenario que, el señor
Willmar Calderón Olmos, se vinculó a Ecopetrol a través de contratos de trabajo
en calidad de trabajador oficial, no obstante, al margen de la vinculación del
actor” (Sentencia Capítulo COMPETENCIA Página 10) cuando en realidad el
Tribunal encartado debió ceñirse a la Ley. En primer lugar el Tribunal encartado
actuó al margen de la Ley cuando desconoció el articulado del CPACA (AUTO
A450-21) estar en la obligación, y no lo hizo, de contrastar el artículo 104 del
C.P.A.C.A que define, en términos generales, que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo conocerá “de las controversias y litigios originados
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en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, en los que estén
involucradas entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa”, contra el artículo 105 de ese estatuto que enuncia las
excepciones a aquella regla general, entre las que figuran “los conflictos de
carácter laboral surgido entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales”.
Contraste de dos artículos pretermitido y de obligatorio cumplimiento, de donde
sale avante la prerrogativa laboral del día de permiso de descanso donde al
capricho del Tribunal accionado impuso que el descanso de un Domingo y lo
que pudiera hacer el accionante fue una función administrativa y con esto, de
manera equívoca, proferir Sentencia partiendo de un defecto procesal absoluto».
Por otra parte, señala de manera confusa, que el tribunal incurrió en
defecto procedimental, por cuanto dio prevalencia al Código Único
Disciplinario (Ley 734 de 2022) sobre la Convención Colectiva de
Trabajo de la cual hacía parte.
3. PRETENSIONES
El accionante solicita:
«1.- DECLARAR procedente la presente acción de tutela, en amparo de los
derechos fundamentales constitucionales al debido proceso, el principio de
favorabilidad del trabajador y el acceso a la administración de justicia en
conexidad con el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 25, 42 y 44 de la misma
carta magna de nuestra administración de justicia.
2.- En Consecuencia a la decisión anterior se ordene REVOCAR las siguientes
decisiones administrativas:
2.1.- Actos Administrativos contenidos en los fallos disciplinarios de primera
y segunda instancia proferidos por la Gerencia de Control disciplinario de
ECOPETROL S. A. del 31 de mayo de 2016 y en segunda instancia por el
Presidente de ECOPETROL el 12 de octubre de 2016.
2.2.- Comunicación No. 2-2016-046-9344 el día 22 de noviembre de 2016
donde ECOPETROL S.A. suspendió el contrato laboral del Sr. WILLMAR
CALDERÓN OLMOS sin la calificación, autorización y aprobación del juez
natural Ordinario en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social.
2.3.- Sentencia de Segunda Instancia proferida el día 29 de Junio de 2022
dentro del proceso con número de radicado 11001 3342 048-2017-00241-02
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda –
Subsección “C”.
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3.- Como consecuencia de lo anterior CONDENAR a Ecopetrol S.A., a que
reconozca y pague al accionante las pretensiones invocadas en la solicitud de
Conciliación administrativa y en demanda de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO conforme Sentencia del Primera
Instancia del Juzgado Cuarenta y Ocho (48) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá profirió Sentencia el día 18 de enero de 2019.
4.- ORDENAR a Ecopetrol S.A. anular el antecedente disciplinario de la
Historia Laboral y de las bases de datos de la Procuraduría el nombre del
accionante que se impuso con comunicación No. 2-2016-046-9344 el día 22 de
noviembre de 2016 así: “En cumplimiento de lo ordenado en el fallo de primera
instancia, fechado 31 de mayo de 2016 y fallo de segunda instancia de fecha 12
de octubre de 2016, en contra de usted señor CALDERÓN OLMOS WILLMAR,
identificado con la cédula de ciudadanía 9.529.459, providencia que resolvió
declararlo disciplinariamente responsable del cargo elevado en su contra y toda
vez que el mismo ha cobrado ejecutoria, le comunico que la sanción allí
impuesta trae como consecuencia la “SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL
CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL TÉRMINO DE TRES (3)
MESES”, a partir del día 23 de noviembre de 2016 regresando a laborar el día
23 de febrero de 2017.”».
4. INFORMES
Mediante auto del 5 de diciembre de 2022 se admitió la acción de
tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C como accionado
y a ECOPETROL S.A. como tercero interesado en las resultas del
proceso.
4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Subsección D, manifestó haber conocido únicamente de la
recusación formulada por el accionante dentro del proceso 11001-
33-42-2017-00241-02 en contra de los magistrados que integraban
la Subsección C de dicha corporación y quienes fueron ponentes de
la decisión objeto de censura.
Al respecto, indicó que no observa la configuración de defecto
alguno, en cuanto la decisión recurrida fue proferida por funcionarios
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competentes, con acatamiento del procedimiento establecido para
esta clase de actuaciones, en aplicación del supuesto legal que sirvió
de fundamento a la decisión, de acuerdo al acervo probatorio
allegado al expediente, sin que se presentara contradicción entre los
fundamentos de la decisión y la parte resolutiva de la misma, la cual
fue ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de derecho
que resultaron ser razonables, coherentes y armónicos con la
controversia que se planteó.
Finalmente, señaló que el presente mecanismo constitucional es
improcedente, toda vez que el accionante ejerció todos los
mecanismos judiciales que tenía a su disposición y en esa medida,
los argumentos planteados ya fueron resueltos por su juez natural.
4.2. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará si:
• ¿La autoridad judicial accionada, al proferir la decisión del 29
de junio de 2022, transgredió al demandante los derechos
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fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia al incurrir en los defectos orgánico y procedimental?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) el marco
conceptual del defecto procedimental y orgánico; y iv) el caso
concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional vigente1, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena
de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para
obtener la protección material de los derechos fundamentales,
cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la
absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia
Constitución establece; y en esa perspectiva, cualquier autoridad
investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su
linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando se desbordan los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-
01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las irregularidades que allí surjan son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional
estructurara, después de años de elaboración jurisprudencial, los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela». (Resalta la Sala).
La causal de improcedencia de la acción relacionada con la existencia
de otros medios de defensa responde al carácter subsidiario de la
acción de tutela, con el propósito respetar la división de
competencias que la misma Carta Política ha delineado y el principio
de especialidad de la jurisdicción; por tanto, desconocer tales
atribuciones implicaría invadir a los jueces que recibieron el encargo
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constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fueron revestidos de autonomía e
independencia.
El referido a la existencia de recursos o medios de defensa judicial,
supone aquellos eventos en los que la petición presentada en la
Acción de Tutela puede ser resuelta no sólo a través de las acciones
ordinarias u otros medios de defensa judicial, sino además cuando
las partes dentro de un proceso han contado con los
mecanismos de defensa y no han hecho uso de ellos, buscando
ante tal omisión acudir a esta vía para que se reviva la oportunidad
procesal ya precluida.
El argumento de improcedencia en comento, tiene sustento en los
deberes jurídicos que tienen las partes en el trámite de los
procesos judiciales para impugnar o controvertir las
decisiones con las que están en desacuerdo y cuya oportunidad
se establece en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de
que se trate.
Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el
establecimiento de los recursos y demás oportunidades procesales
tienen por objeto que el mismo funcionario judicial o su superior
funcional reexaminen la actuación censurada y la modifiquen o
revoquen.
Visto lo anterior, el juez constitucional no podrá declarar procedente
una solicitud de amparo en donde la parte interesada en controvertir
la decisión judicial, no ejerció su derecho en tiempo o simplemente
dejó de cumplir con los formalismos establecidos en la legislación
procesal, por desconocimiento o falta de diligencia.
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Por otra parte, la carga de identificar de manera razonable los
hechos que presuntamente originan la vulneración ius
fundamental así como los derechos quebrantados3, tal como lo
ha advertido la jurisprudencia constitucional, «es comprensible pues,
sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto
al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial […], y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos»4.
3. Caso concreto
En el presente asunto, la parte accionante cuestiona la sentencia del
29 de junio de 2022 por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, revocó la
decisión de primera instancia para, en su lugar, negar las súplicas
de la demanda, al considerar que las peticiones elevadas por el actor
que fueron la causa de la decisión disciplinaria sancionatoria objeto
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, eran
reiteradas, temerarias y abiertamente improcedentes.
Sostiene, en síntesis, que la decisión objeto de censura adolece de
defecto orgánico, porque el tribunal carecía de competencia para
conocer del asunto, ello, de conformidad con lo preceptuado en el
numeral 4.º del artículo 105 del CPACA5.
3 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
5
ARTÍCULO 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no
conocerá de los siguientes asuntos:
(…)
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Ahora bien, de las piezas procesales que reposan en el expediente,
la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, respecto de la competencia para
conocer del asunto, indicó:
«Este Tribunal es competente para conocer y resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarenta y Ocho (48) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de D.C. –
Sección Segunda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 153 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ahora, se debe precisar que no se discute en el plenario que, el señor Willmar Calderón
Olmos, se vinculó a Ecopetrol a través de contratos de trabajo en calidad de trabajador
oficial, no obstante, al margen de la vinculación del actor, el H. Consejo de estado ha
precisado que asuntos como el sub examine, en los que se pretende la nulidad de los
actos administrativos que imponen una sanción disciplinaria a un trabajador oficial,
son competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En efecto, el artículo 123 de la Constitución Política establece que son servidores
públicos: los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Por su
parte, la Ley 489 de 1998, en el artículo 68, define las entidades descentralizadas así:
(…)
Inicialmente, a través del Decreto 30 de 1951, se creó la Empresa Colombiana de
Petróleos como una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional,
vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con autonomía y personería jurídica, lo
que significa que el personal perteneciente a ésta tenía la categoría de servidor público.
Posteriormente, con la expedición del Decreto 1760 de 2003, el Ministerio de Minas
y Energía escindió la aludida entidad y dispuso su organización como una sociedad
pública por acciones, manteniendo sus empleados la misma denominación. Luego, su
naturaleza jurídica fue modificada a través de la Ley 1118 de 2006, transformándose
en una sociedad de economía mixta de carácter comercial, vinculada al Ministerio de
Minas y Energía. Por su parte, el artículo 7 Ibídem estableció el nuevo régimen laboral
de los empleados de Ecopetrol S.A., así:
“ARTÍCULO 7. RÉGIMEN LABORAL. Una vez ocurra el cambio de
naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A., la totalidad de los servidores públicos
de Ecopetrol S. A. tendrán el carácter de trabajadores particulares y, por
ende, a los contratos individuales de trabajo continuarán aplicándoles las
disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en la
Convención Colectiva de Trabajo y en el Acuerdo 01 de 1977, según sea el
caso, con las modificaciones y adiciones que se presenten (…)” (Negrilla
fuera de texto original) (texto subrayado declarado exequible)
4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores
oficiales.
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La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 7 (parcial) y a
través de la sentencia C-722 de 2007, precisó que “en la disposición acusada
no se está disponiendo que, al producirse el cambio de naturaleza jurídica de
Ecopetrol S.A., quienes laboran para la aludida empresa perderán su condición
de servidores públicos para pasar a convertirse en trabajadores particulares. Si
se toma el texto integral de la disposición contenida en el artículo 7º de la Ley
1118 de 2006, se pone en evidencia cómo, de lo que se trata es de señalar el
régimen laboral aplicable a los servidores de Ecopetrol S.A. y, para tal efecto,
se empieza por ratificar su condición de servidores públicos, para señalar luego
que dichos servidores públicos tendrán el carácter de trabajadores particulares
para efectos de la determinación del régimen jurídico aplicable a sus contratos
individuales de trabajo, disposición que se encuentra en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 123 de la Constitución, según el cual los empleados y
los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente
y por servicios son servidores públicos”.
De conformidad con lo anterior, es claro que los empleados y trabajadores al
servicio de las sociedades de economía mixta como lo es Ecopetrol, tienen la
calidad de servidores públicos. En este sentido se ha pronunciado el H. Consejo
de Estado que al estudiar una demanda de nulidad incoada contra los actos
administrativos que decidieron un proceso disciplinario al interior de
Ecopetrol, recalcó:
El Alto tribunal ha reiterado en distintas oportunidades sobre la competencia
que le asiste a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer sobre
la nulidad de las decisiones disciplinarias impuestas a los trabajadores oficiales
en general, al considerar que la potestad disciplinaria del Estado es una sola y
se manifiesta sobre los servidores públicos, esto es, sobre aquellas personas
naturales que prestan una función pública bajo la subordinación del Estado, ya
sea empleados públicos o trabajadores oficiales. Verbigracia, a través de
sentencias de la Sección Segunda - Subsección “A”, Consejero Ponente: Dr.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, proferida en diez (10) de marzo de dos
mil once (2011), Radicación No.11001-03-25-000-2008-00126- 00 (2740-08);
Sección Segunda - Subsección B, Consejero Ponente: César Palomino Cortés,
proferida el once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018), Radicación
No.11001-03-25-000-2011-00213-00(0738-11), Sección Segunda -
Subsección “B”, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, proferida el
ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021), Radicación No.05001-23-33-
000-2014-02110-01(1153-20).»
Al respecto, la Sala considera que el presente asunto se torna
improcedente, toda vez que el reparo formulado por el accionado
frente a la falta de competencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para conocer del asunto no fue puesto de presente en
el curso del proceso ordinario y ante la jurisdicción que él mismo
activó a través de la demanda de nulidad y restablecimiento del
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Accionante: Willmar Calderón Olmos
derecho que presentara contra ECOPETROL, por lo que no es dable
poner de relieve presuntas irregularidades que no expuso ante los
jueces que estaban conociendo el asunto, a través de los medios
ordinarios de defensa previstos para ello.
En suma, la Sala considera que la presente solicitud de tutela no es
procedente, toda vez que el accionante no hizo uso de los
mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición al
interior de los procesos ordinarios, y tampoco se evidencia la
configuración de un perjuicio irremediable que permita a la Sala
intervenir en el asunto de manera excepcional.
Finalmente, frente a los demás reparos o “vías de hecho” enlistadas
por el demandante como: “(i) Carencia de función administrativa al
derecho laboral reclamado; (ii) Usurpación para calificar derechos
laborales; (iii) Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso; (iv) Non in bis ídem, no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho; (v) Aniquilación mandato expreso de
la Constitución principio de favorabilidad laboral; y (vi) Violación
fragante al principio de imparcialidad” y frente al defecto
procedimental por habérsele aplicado el Código Disciplinario Único
sobre la Convención Colectiva de Trabajo, para la Sala no es posible
extraer de la demanda de tutela argumentos jurídicos mínimos que
le permitan abordar un análisis de fondo sobre la decisión proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues el
demandante únicamente se ocupó de hacer extensas y confusas
manifestaciones en las que cuestionó la actuación de ECOPETROL y
del Tribunal, pero sin realizar una confrontación argumentativa, más
allá de afirmaciones meramente enunciativas y subjetivas, que
permitan entender claramente el cuestionamiento dirigido a una y a
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06320-00
Accionante: Willmar Calderón Olmos
otra en punto de la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
De esta manera, es claro para la Sala que no se acreditan los
presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra
la providencia judicial cuestionada, puesto que, en primer término,
no se cumple con el requisito de subsidiariedad y porque, además,
no contiene la carga mínima de argumentación que permita
establecer el defecto que se les atribuye, presupuesto que, lejos de
imponer exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, imponen a la parte accionante
exponer con claridad el fundamento de la afectación.
Por lo anteriormente expuesto, se rechazará por improcedente la
presente acción, pues se reitera, dentro de las facultades del juez
constitucional no se encuentra la de sustituir los mecanismos
judiciales idóneos para obtener la protección iusfundamental
quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se
convertiría irremediablemente en una acción de protección
alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría
un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le
encomendó la carta a los jueces constitucionales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06320-00
Accionante: Willmar Calderón Olmos
FALLA
PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de
tutela formulada por el señor Willmar Calderón Olmos
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés
(2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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