Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00548-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00548-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2015-00548-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2015-00548-01
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actores: CLARA CELINA GIRALDO DE RAMÍREZ Y OTROS
TESIS: SE CONFIRMA PARCIALMENTE LA SENTENCIA
APELADA. EL DICTAMEN PERICIAL DECRETADO Y
PRACTICADO EN PRIMERA INSTANCIA NO CUMPLIÓ
CABALMENTE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA
ESTABLECER EL VALOR REAL DEL ÁREA DE TERRENO OBJETO
DE EXPROPIACIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes
contra la sentencia de 30 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
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Número único de radicación:05001233300020150054801
Clara Celina Giraldo de Ramírez y otros
I.1.- Los señores CLARA CELINA GIRALDO DE RAMÍREZ,
ABIGAIL DEL SOCORRO RAMÍREZ GIRALDO, MAGDA IDALI
RAMÍREZ GIRALDO, ASENETH BEATRÍZ RAMÍREZ GIRALDO,
HERMES EDGARDO RAMÍREZ GIRALDO, HENRY ULISES
RAMÍREZ GIRALDO, JENNY AIDEÉ RAMÍREZ GIRALDO, ÉRICA
EUNICE RAMÍREZ GIRALDO Y JORGE ANDRÉS RAMÍREZ
GIRALDO, actuando a través de apoderado, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, presentaron demanda contra el
Municipio de El Carmen de Viboral, en la que formularon las
siguientes pretensiones1:
“[…] PRETENSIONES
PRINCIPALES
1.- Que, mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada,
se declare nula por las causales invocadas en la presente
demanda la Resolución 0847 de 3 de junio de 2014, acto
administrativo cuya declaratoria de nulidad se pretende con la
presente demanda, por medio de la cual el Alcalde del Municipio
de El Carmen de Viboral (Antioquia) ordenó la expropiación por
vía administrativa de una franja de terreno con un área de
570.26 metros cuadrados con todas las mejoras y anexidades
existentes, segregada de un inmueble de mayor extensión, cuyo
titular inscrito del derecho real de dominio es el señor JOSÉ
ANGEL RAMÍREZ CARDONA identificado con cédula de
ciudadanía número 712.462, inmueble ubicado en la Calle 34
No. 26-37 de la nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen
de Viboral, distinguido con matrícula inmobiliaria 018-44735
cuya descripción, área y linderos según escritura pública de
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1996, de la Notaria Única del Círculo Notarial del Municipio de El
Carmen de Viboral, son: (…F)"Partiendo del punto donde
convergen los linderos de la Calle 34, la Carrera 26 y Enrique
Henao a encontrar lindero con herederos de Alfredo Pérez;
voltea recto con estos hasta la quebrada Cimarronas, la cruza y
sigue lindando con los mismos a encontrar predio de herederos
de José Domingo Gómez; voltea a la derecha con estos a
encontrar lindero con herederos de Francisco Duque; voltea
sobre derecha por chamba a caer a la quebrada Cimarronas,
sigue quebrada abajo a encontrar una chamba lindero con los
mismos Duque; con estos hacia el Occidente, a encontrar predio
de Henry Ulises Ramírez, con este a salir a la Calle 34, la cruza
y sigue por esta a la esquina de la Carrera 26, punto de partida."
2.- Que, así mismo se declare nula la Resolución 2162 de 11 de
septiembre de 2014, por medio de la cual fue decidido
negativamente el recurso de reposición interpuesto en contra de
la anterior resolución de expropiación.
3.- Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, y a
título de restitución del derecho, se ordene al ente demandado
abstenerse, o suspender en forma inmediata, todas las acciones
o intervenciones en curso para utilizar el bien expropiado.
4.- Que, también con el propósito de restablecer el derecho, se
ordene el registro de la sentencia en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Marinilla, que el derecho de dominio
sobre inmueble expropiado se reincorpore a la masa sucesoral
de la herencia del señor JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ CARDONA, quien
en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 712.462.
5.- Que se condene en costas al ente demandado.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
1.- Que, mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada,
se decida que por parte del municipio EL CARMEN DE VIBORAL
• Antioquia, entidad estatal representada legalmente por el
alcalde NÉSTOR JOAQUÍN MARTÍNEZ JIMÉNEZ, o por quien haga
sus veces, hay lugar a incrementar el monto del precio
indemnizatorio reconocido al señor JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ
CARDONA por la expropiación del inmueble, hasta hacerlo
equivalente al que resulte establecido por el experticio que se
practique en el proceso con ese propósito.
2.- Que, como consecuencia de la decisión anterior, se condene
al municipio EL CARMEN DE VIBORAL - Antioquia, a pagar a la
sucesión del señor JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ CARDONA,
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representada por los demandantes, la suma de dinero
correspondiente a la diferencia entre el precio indemnizatorio
primeramente reconocido por ese ente estatal y el que resulte
establecido con el experticio.
3.- Que se condene en costas al ente demandado. […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda fueron señalados los
siguientes:
El señor José Ángel Ramírez Cardona se encontraba inscrito como
propietario del inmueble ubicado en la calle 34 #26-37 del municipio
de El Carmen de Viboral. El día 3 de abril de 2000 falleció, dejando
como cónyuge supérstite a la señora Clara Celina Giraldo y como
hijos a Abigail del Socorro, Magda Idaly, Hermes Edgardo, Aseneth
Beatriz, Henry Ulises, Jenny Aydeé, Erica Eunice y Jorge Andrés
Ramírez Giraldo.
A través de la Resolución 1638 de 2013, la Alcaldía Municipal de El
Carmen de Viboral declaró la situación de urgencia para la adquisición
del derecho de dominio sobre varios inmuebles requeridos con
ocasión de la ejecución de obras públicas, dentro de los cuales
incluyó el área de terreno que se encontraba a nombre del señor José
Ángel Ramírez Cardona, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria núm. 018-44735.
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Mediante la Resolución 581 de 26 de marzo de 2014, el alcalde
Municipal de El Carmen de Viboral presentó oferta de compra al señor
José Ángel Ramírez Cardona, respecto de una franja de terreno de
570,26 metros cuadrados, segregada de un inmueble de mayor
extensión ubicado en la calle 34 No. 26-37 del mismo municipio. A
dicha oferta se anexó el avalúo practicado por la firma Corporación
Avalúos, cuyo valor ascendió a $104.811.506.
La señora Clara Celina Giraldo, mediante escrito del 23 de abril de
2014, comunicó al Municipio de El Carmen de Viboral el fallecimiento
del señor José Ángel Ramírez Cardona, así como el vínculo familiar y
sucesoral existente, solicitando además información adicional sobre
la oferta de compra. No obstante, mediante oficio del 6 de mayo del
mismo año, el alcalde municipal emitió una respuesta genérica,
omitiendo pronunciamiento específico sobre el deceso del citado
propietario.
El Municipio de El Carmen de Viboral desatendió las observaciones
formuladas frente al avalúo aportado y, en consecuencia, expidió la
Resolución 0847 de 3 de junio de 2014, mediante la cual ordenó
la expropiación por vía administrativa de la franja de terreno
mencionada, con todas sus mejoras y anexidades, segregada de un
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inmueble de mayor extensión ubicado en la calle 34 No. 26-37 de la
nomenclatura urbana del municipio, identificado con la matrícula
inmobiliaria 018-44735.
Los demandantes, pese a no figurar como destinatarios de la
resolución —dirigida contra el señor José Ángel Ramírez Cardona, ya
fallecido—, interpusieron recurso de reposición, alegando el
desconocimiento de la muerte del propietario inscrito y señalando
inconsistencias técnicas en el avalúo que sirvió de fundamento para
la oferta de compra y la posterior expropiación. Dicho recurso fue
resuelto mediante la Resolución 2162 de 11 de septiembre de
2014, en la cual se reiteraron los argumentos previamente
expuestos por la administración.
El 1º de octubre de 2014, el Municipio de El Carmen de Viboral
efectuó la consignación del importe de la indemnización en la
sucursal del Banco Agrario, por valor de $101.332.176, a órdenes del
señor José Ángel Ramírez Cardona.
I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
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los artículos 24 y 29 de la Constitución Política; y 137 de la Ley 1437
de 2011.
En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:
De la vulneración de los derechos al debido proceso y defensa.
1.- Señaló que la administración del Municipio de El Carmen de
Viboral, en cabeza de su alcalde y representante legal, desconocieron
el derecho de audiencia y de defensa, en razón a que para la fecha
de expedición del acto de expropiación, ya estaba acreditado ante las
autoridades municipales el fallecimiento del señor José Ángel
Ramírez Cardona, circunstancia informada por sus herederos
mediante escrito del 23 de abril de 2014, acompañado del respectivo
registro civil de defunción.
Pese a ello, adujo que la administración municipal expidió la citación
núm. 03192 de 3 de junio de 2014 dirigida al señor Ramírez Cardona,
convocándolo a comparecer el 6 de junio de 2014 ante la Secretaría
de Planeación con el objeto de notificarle la resolución de
expropiación e incluso se consignó en dicho documento un número
de teléfono celular para que el citado informara en caso de no poder
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asistir. Posteriormente, se pretendió notificar por aviso al mismo
señor Ramírez Cardona la resolución en cuestión, mediante
documento núm. 03358 del 12 de junio de 2014, recibido por uno de
sus herederos el 13 de junio del mismo año, en el cual se advirtió
que la notificación se entendería surtida al finalizar el día siguiente a
su entrega.
Indicó que el mentado proceder reveló una cadena de alteraciones
que vulneran el artículo 29 de la Constitución Política y los principios
que orientan las actuaciones administrativas, consagrados en el
artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
2.-. Refirió que el acto administrativo mediante el cual se ordenó la
expropiación se encuentra viciado por la causal de falsa motivación,
en la medida en que en el numeral 14 de sus considerandos se
afirmó, en contravía de la realidad, que la Resolución de oferta de
compra 581 del 26 de marzo de 2014 había sido notificada al señor
Ramírez Cardona el 10 de abril de 2014, mediante aviso remitido el
8 de abril, con fundamento en los artículos 67, 68 y 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Tal
aseveración resulta inexacta, pues se pretendió aparentar el
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cumplimiento de los requisitos previos de firmeza de la oferta de
compra, cuando en realidad la notificación se dirigió a una persona
cuyo fallecimiento ya había sido informado y acreditado ante la
administración municipal.
Expuso que la imprecisión se complementa en el considerando núm.
15, al sostenerse que el término para aceptar la oferta de compra
formulada al señor Ramírez Cardona venció el 19 de mayo de 2014
sin que se hubiera suscrito contrato de compraventa o promesa de
compraventa, conforme al artículo 68 de la Ley 388 de 1997,
aseveración que carece de veracidad pues los herederos del
causante, mediante escrito radicado el 23 de abril de 2014 ante la
Dirección de Proyectos Especiales de la Alcaldía, informaron su
fallecimiento y anexaron el respectivo registro civil de defunción, de
modo que al no existir notificación efectiva y real al destinatario de
la oferta el término para su aceptación nunca inició, razón por la cual
resulta improcedente afirmar que dicho plazo había vencido.
Precisó que la relevancia de la mentada falsedad es evidente, toda
vez que de haber obrado la administración con lealtad y respeto por
el debido proceso habría reconocido el fallecimiento del propietario
inscrito y dirigido su actuación hacia la sucesión, vinculando a los
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herederos determinados e indeterminados del causante.
En consecuencia, reafirmó que resulta incorrecto afirmar que se
hubiera vencido el término concedido al señor Ramírez Cardona, pues
dicho plazo nunca comenzó a correr ante la ausencia de una
notificación válida de la oferta de compra.
Por último, solicitó se designe un perito experto en avalúos de
inmuebles urbanos para que establezca el valor comercial de las
franjas de terreno que fueron objeto de expropiación por parte de la
entidad demandada y aportó copia de los avalúos rendidos por los
profesionales John Dairon Jaramillo Arroyave y José Libardo Montoya
Castrillón.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1.- El Municipio de El Carmen de Viboral, por conducto de
apoderado contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones en los siguientes términos2:
Expresó que el avalúo oficial que sirvió de fundamento para la
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expedición de los actos administrativos impugnados se ajustó a lo
previsto en la Ley 388 de 1997, a las resoluciones del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y a las disposiciones complementarias
aplicables, señalando que, en cumplimiento de dichas normas, se
contrató a la Corporación Avalúos, entidad reconocida en el sector
inmobiliario y afiliada a Camacol y Asolonjas, para la práctica del
avalúo del predio identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 018-
44735. Dicho avalúo, elaborado con base en documentos
suministrados por la administración y en estudios de mercado,
determinó un valor comercial de $104.811.506, conforme a
operaciones comparables y criterios técnicos aplicados.
Adujo que posteriormente, mediante la Resolución 581 de 26 de
marzo de 2014, se formuló oferta de compra por enajenación
voluntaria de una franja de terreno de 570,26 metros cuadrados,
segregada del inmueble de mayor extensión, con todas sus mejoras
y anexidades. La oferta fue notificada el 9 de abril de 2014 mediante
aviso, frente al cual los herederos presentaron solicitud de ampliación
el 23 de abril de 2014 (radicado núm. 01782), y fue resuelta por la
administración el 6 de mayo de 2014 mediante oficio núm. 02615.
Expuso que ante la imposibilidad de lograr la enajenación voluntaria
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el ente territorial continuó con el procedimiento previsto en la Ley
388 de 1997 y expidió la Resolución 0847 del 3 de junio de 2014,
ordenando la expropiación por vía administrativa de la franja de
terreno mencionada. Contra dicho acto, la parte actora interpuso
recurso de reposición (radicado núm. 02865 del 26 de junio de
2014), el que fue resuelto mediante la Resolución 2162 de 11 de
septiembre de 2014, a través del cual confirmó en su integridad la
decisión recurrida, agotando así la actuación administrativa.
Destacó que el procedimiento se adelantó conforme a los parámetros
legales, garantizando transparencia mediante la contratación de un
avalúo externo con entidad reconocida, y que en ningún momento se
configuraron las causales de nulidad alegadas por la parte actora,
tales como desconocimiento del derecho de audiencia, defensa o
falsa motivación.
En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la demanda, por
cuanto no se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos
cuestionados.
I.5. Mediante providencia de fecha 29 de febrero de 20163, el
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magistrado sustanciador decretó la práctica de un dictamen pericial,
a costa de la parte demandante, el cual fue rendido por el perito
Rafael Estrada Londoño el 12 de octubre de 2016 y posteriormente
complementado el día 11 de abril de 2017.
I.6. El 21 de junio de 2017, el magistrado sustanciador llevó a cabo
la audiencia de contradicción al dictamen pericial rendido por el
profesional Rafael Estrada Londoño.4
II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 30 de
mayo de 2023, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en
los siguientes términos:5
“[…] PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de las
Resoluciones núms. 0847 del 3 de junio de 2014 y 2162 del 11
de septiembre de 2014 proferida por el Municipio de El Carmen
de Viboral, en relación con el precio fijado por el ente territorial
a título de indemnización a pagar por la expropiación
administrativa del bien inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria núm. 018-44735 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Marinilla, propiedad del señor José
Ángel Ramírez Cardona, conforme la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho,
al MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, a pagar a CLARA
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CELINA GIRALDO DE RAMÍREZ, ABIGAIL DEL SOCORRO
RAMÍREZ GIRALDO, MAGDA IDALI RAMÍREZ GIRALDO,
ASENETH BEATRIZ RAMÍREZ GIRALDO, HERMES EDGARDO
RAMÍREZ GIRALDO, HENRY ULISES RAMÍREZ GIRALDO, JENNY
AIDEÉ RAMÍREZ GIRALDO, ÉRICA EUNICE RAMÍREZ GIRALDO y
JORGE ANDRÉS RAMÍREZ GIRALDO, quienes actúan en
representación de la sucesión del señor JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ
CARDONA, la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO
PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($75.758.075,18),
correspondientes a la diferencia entre el valor que se debió pagar
a los demandantes y el valor que fue entregado.
TERCERO: Las sumas reconocidas que deberán ser actualizadas
de conformidad con la formula indicada en la parte motiva de
esta providencia y se le dará cumplimiento a la misma en los
términos señalados en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de
2011.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, las cuales se liquidarán por la Secretaría de esta
Corporación, según las normas de la Ley 1564 de 2012, y en la
medida de su comprobación. Las agencias en derecho se fijan
en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que sirvió
para estimar la competencia), de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura. […]”.
1. Señaló que los avalúos allegados al proceso, así como el dictamen
pericial decretado para establecer el precio de la indemnización,
carecían de la solidez técnica necesaria.
Para el efecto, adujo que el dictamen pericial rendido por el
profesional Rafael Estrada Londoño aplicó el método comparativo de
mercado con datos correspondientes al año 2016 y no al 2014, fecha
en la cual se practicó el avalúo oficial. Precisó que, aunque se efectuó
el cálculo de la depreciación de la moneda, no se tuvo en cuenta la
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valorización generada por las obras realizadas en el sector, ni se
acreditó que los valores reportados correspondieran a ofertas o
transacciones verificables mediante escrituras públicas u otros
documentos idóneos.
Expresó que el avalúo realizado por el señor José Libardo Montoya,
aplicó el método residual y presentó un cuadro comparativo con cinco
predios; sin embargo, dichos inmuebles no fueron identificados de
manera precisa ni se acreditaron las transacciones referidas, lo que
impedía verificar su pertinencia frente al lote en disputa, además de
no haberse precisado el área total del terreno.
Indicó que el informe rendido por el perito John Dairon Jaramillo
Arroyave, elaborado bajo el método residual, carecía de una
identificación concreta de los bienes utilizados para la comparación y
no aportaba fórmula ni datos numéricos que permitieran sustentar el
valor de $430.000 por metro cuadrado. Asimismo, destacó que el
avalúo oficial tampoco cumplía con las exigencias técnicas previstas
en la normativa aplicable, lo que condujo a la afectación del precio
indemnizatorio y, en consecuencia, al desconocimiento del derecho
del particular a recibir una indemnización plena por el bien objeto de
expropiación.
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Advirtió que, en razón a la falta de conclusividad de los dictámenes
practicados, el 28 de febrero de 2023 solicitó, como prueba
trasladada, un dictamen pericial rendido en otro proceso adelantado
ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Refirió que dicho
proceso, identificado con el radicado núm.
05001233300020140108001, si bien analizó el valor comercial de
otro predio, versaba sobre la misma construcción denominada
“circunvalar en el Carmen de Viboral”, el cual concluyó con un fallo
condenatorio de segunda instancia proferido por el Consejo de
Estado.
Sostuvo que a través de providencia de fecha 28 de marzo de 2023,
el dictamen trasladado fue puesto en conocimiento de las partes para
que manifestaran sus inconformidades, y citó como fundamento lo
dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, que faculta a la
Sala, antes de dictar sentencia, ordenar la práctica de pruebas
necesarias con el fin de esclarecer aspectos difusos de la
controversia.
Adujo que, luego de la valoración del dictamen trasladado concluyó
que este cumplía con los requisitos exigidos, en tanto se refirió a la
misma obra pública y determinó que, para la época en que se
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adelantó el proceso de expropiación el valor del metro cuadrado
ascendía realmente a $310.543, empleando el método de
comparación de mercado con base en la oferta y la demanda de
inmuebles en el mismo sector, e incluyendo en su análisis la
descripción de la ubicación del predio, el acceso a servicios públicos,
las condiciones de transporte, el área del terreno, su uso, la
topografía y el potencial del inmueble en términos de mayor y mejor
aprovechamiento.
Transcribió apartes de la sentencia proferida en segunda instancia
por el Consejo de Estado, de 13 de octubre de 2016, dentro del
proceso 05001233300020140108001, en la que realizó
observaciones al dictamen que fue elaborado por la Corporación
Avalúos, según el cual se precisó que al confrontar tal documento
con las exigencias previstas en el Decreto 1420 de 1998 y en la
Resolución 620 de 2008 del IGAC, dicho avalúo no cumplía con los
requisitos técnicos del método de comparación de mercado. En
efecto, advirtió que la comparación se realizó con casas —algunas de
interés social—, bienes distintos al lote expropiado, que correspondía
a un terreno plano sin construcción y con uso potencial de actividades
múltiples, lo que hacía improcedente la equiparación; ausencia de
referencia a la reglamentación urbanística municipal vigente, exigida
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por el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998; la falta de mención de
la fecha de las ofertas utilizadas como referencia, requisito previsto
en el artículo 10 de la Resolución 620 de 2008; la carencia de
información sobre las construcciones existentes en la zona y la
infraestructura vial y de transporte, elementos relevantes según el
artículo 22 del Decreto 1420 de 1998; y la ausencia de especificación
y valoración de los factores positivos y negativos que, según el propio
avalúo, incidían en el valor del inmueble.
En consecuencia, concluyó que, por tratarse de dos dictámenes
similares, adoptó las consideraciones que en su oportunidad previó
el Consejo de Estado para arribar a la conclusión de que el avalúo
oficial, allegado al presente caso, no se ajustó a las normas
establecidas para su elaboración.
III.- RECURSO DE APELACIÓN
III.1. La parte actora solicitó revocar “parcialmente” la sentencia
de primera instancia en lo que tiene que ver con la valoración que se
hizo de la prueba trasladada, con la finalidad de que el monto de la
indemnización corresponda a la que se estableció en el dictamen
pericial que se debatió en el proceso. Para el efecto, fincó su
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inconformidad, en esencia, así6:
-Indicó que, se vulneró lo previsto en los artículos 29 inciso 5° de la
Constitución Política, 214 inciso 1° de la Ley 1437 de 2011 y 164 del
Código General del Proceso, toda vez que el magistrado Sustanciador
ordenó el traslado de una prueba practicada en otro proceso sin cumplir
los requisitos previstos en la normativa procesal.
Señaló que, al invocar el artículo 174 del Código General del Proceso,
la providencia transcribió la norma de manera parcial, omitiendo la
condición de que las pruebas trasladadas deben haberse practicado a
petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.
Agregó que la prueba trasladada no fue sometida a contradicción, pues
fue decretada de oficio mediante providencia que no admitía recurso,
incorporada al expediente una vez remitida por la magistrada
destinataria de la solicitud, y anunciada a las partes sin que se ordenara
su contradicción ni se fijara término para ello. Precisó que, ante la
ausencia de oportunidad procesal, formuló reparos sobre la
improcedencia jurídica de la decisión, con la expectativa de que fueran
6
Índice 2 del sistema digital SAMAI. PRINCIPALES PIEZAS PROCESALES (.zip) pdf,
13.ApelaciónSentenciaParteD.
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atendidos, máxime cuando el dictamen pericial decretado en este
proceso sí fue objeto de contradicción en el momento pertinente y no
recibió observaciones ni solicitudes de aclaración o ampliación.
Resaltó el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 213 inciso 1°
de la Ley 1437 de 2011, pues el a quo se limitó a anunciar la
incorporación del dictamen sin ordenar su contradicción, lo que, a su
juicio, evidencia la ilegalidad del traslado de las pruebas.
• Sostuvo que los inmuebles cuya valoración se pretende homologar
son diferentes y, por tanto, no puede aplicárseles el mismo avalúo.
Explicó que el dictamen practicado dentro del proceso radicado núm.
05001233300020140108000, promovido por Francisco Duque Becerra,
evidenció características que impiden su equiparación con el inmueble
objeto del presente litigio, pues aquel se encontraba ubicado en la
carrera 28 No. 31-24, a dos cuadras del parque principal, mientras que
los inmuebles tomados como referencia —como la Ciudadela La
Palma— se hallaban a mayor distancia, lo que descarta su
homologación.
Agregó que dicho predio hacía parte de un lote mayor sin equipamiento
urbano, paralelo a la quebrada La Cimarrona y vulnerable a
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inundaciones, condiciones que no se presentan en el inmueble
expropiado en este proceso. Indicó también que se trataba de un lote
sin urbanizar, mientras que el predio de la familia Ramírez Giraldo sí
estaba urbanizado y situado en un área de intenso comercio.
Dijo además que el dictamen no estableció con precisión el área del
predio, lo que afectaba su solidez técnica, y que los lotes utilizados
como comparables pertenecían a parcelaciones y urbanizaciones
consolidadas, con estructuras urbanísticas distintas. Incluso se
mencionaron conceptos inmobiliarios de terceros sin identificar su
origen ni propósito, lo que restaba valor probatorio.
Destacó que los referentes utilizados en el dictamen —lotes de La
Reserva del Carmen y de la Ciudadela La Palma— tenían valores por
metro cuadrado superiores, entre $756.410 y $1.250.000, lo que
demuestra que el inmueble expropiado a la familia Ramírez Giraldo, por
su ubicación más cercana al parque principal y su condición urbanizada,
debía tener un valor más elevado que el asignado.
• Adicional a lo expuesto, adujo que el avalúo practicado dentro del
proceso 20140108000, en lo relacionado a los “inductores de
homogenización”, fueron aplicados de manera incorrecta pues debían
sumarse y no restarse e indicó que en las tablas de las páginas 16 y
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Número único de radicación:05001233300020150054801
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17 (numeral 10.1) se aplicó de forma errada el IPC para calcular el
valor del predio en el año 2013, no solo por los porcentajes
equivocados, sino también porque se retrotrajo al año 2012, anterior
a la expropiación.
Precisó que el peritaje no explicó con claridad cómo se obtuvo la cifra
de $310.543 por metro cuadrado asignada al predio objeto de ese
estudio, y cuestionó que se hubieran tomado como referencia lotes
de la Ciudadela La Palma, ubicada en zona limítrofe con el área rural
y a más de dos kilómetros del parque principal, mientras que el
inmueble de la familia Ramírez Giraldo se encuentra a solo tres
cuadras de dicho parque, en condiciones urbanísticas distintas.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia impugnada en lo relativo
a la valoración de la indemnización reclamada por la parte
demandante, la cual “se sustentó en una prueba pericial practicada
y controvertida en otro proceso, y que, en su lugar, se disponga que
el monto de la indemnización corresponda al establecido en el
dictamen pericial practicado dentro de este proceso”.
III.2. La parte demandada
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La parte demandada interpuso recurso de apelación parcial
respecto a la imposición de la condena en costas, en los siguientes
términos7:
-Sostuvo que, de la revisión de los artículos 188 de la Ley 1437 de
2011 y 361 del Código General del Proceso, la condena en costas no
puede imponerse de manera irreflexiva, pues requiere atender a
criterios objetivos y verificables dentro del expediente, aspecto que
el Tribunal omitió al no referirse a prueba alguna que justificara dicha
decisión.
En apoyo de su tesis, transcribió apartes del salvamento parcial de
voto presentado en el proceso, en el cual se afirmó que, conforme a
la interpretación del artículo 188 del CPACA, la condena en costas no
opera automáticamente contra la parte vencida, pues el verbo
“disponer”, contenido en la mentada disposición, faculta al juez para
deliberar sobre su procedencia. En ese sentido, no basta con que el
resultado del proceso sea desfavorable, sino que debe verificarse la
causación de gastos ordinarios y la actividad efectivamente
desplegada por el apoderado.
7
Índice 2 del sistema digital SAMAI. PRINCIPALES PIEZAS PROCESALES (.zip) pdf,
12.ApelaciónMpioELCamen.
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Cuestionó la fijación de las agencias en derecho en el equivalente al
3% del valor de lo pedido en la demanda, conforme al Acuerdo
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, explicando que en la
práctica las demandas suelen tasarse en cuantías muy elevadas
aunque las pretensiones prosperen únicamente en un porcentaje
mínimo, de modo que si el vencido fuera el demandante resultaría
proporcional aplicar dicho criterio pues reflejaría la temeridad de
quien promovió una demanda sin sustento suficiente; sin embargo,
cuando la parte vencida es la demandada no puede atribuírsele
responsabilidad por la desmesura en las pretensiones del actor.
Por lo anterior, afirmó que lo correcto es fijar las agencias en derecho
sobre el valor efectivamente reconocido en la sentencia y no sobre la
cuantía inicial de las pretensiones.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Actos demandados
En el presente asunto se cuestionan las siguientes resoluciones:
Resolución 0847 de 3 de junio de 2014, expedida por el alcalde
del municipio de El Carmen de Viboral, por medio de la cual ordenó
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Número único de radicación:05001233300020150054801
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la expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la
Calle 34 núm. 26-37, matricula inmobiliaria 018-44735, en los
siguientes términos8:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Ordenar la expropiación por
vía administrativa de una franja de terreno con un área de
570.26 metros cuadrados, con todas las mejoras y anexidades
existentes, segregada de un bien inmueble de mayor extensión,
cuyo titular inscrito del derecho real de dominio es el Señor JOSÉ
ÁNGEL RAMÍREZ CARDONA identificado con cédula de
ciudadanía número 712.462, inmueble ubicado en la Calle 34 Nº
26 - 37 de la nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen
de Viboral, distinguido con matrícula inmobiliaria 018 - 44735,
cuya descripción, área y linderos según Escritura Pública Nº
1.275 del 4 de Diciembre de 1996, de la Notaria Única del Círculo
Notarial del Municipio de El Carmen de Viboral, son:
DESCRIPCIÓN Y LINDEROS INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN:
"Partiendo del punto donde convergen los linderos de la Calle
34, la Carrera 26 y Enrique Henao, sigue con este Henao a
encontrar lindero con herederos de Alfredo Pérez; voltea recto
con estos hasta la quebrada Cimarronas, la cruza y sigue
lindando con los mismos a encontrar predio de herederos de José
Domingo Gómez; voltea a la derecha con estos a encontrar
lindero con herederos de Francisco Duque; voltea sobre la
derecha por chamba a caer a la quebrada Cimarronas, sigue
quebrada abajo a encontrar una chamba lindero con los mismos
Duque; con estos hacia el Occidente, a encontrar predio de
Henry Ulises Ramírez, con este a salir a la Calle 34, la cruza y
sigue por esta a la esquina de la Carrera 26, punto de partida."
Parágrafo 1: De conformidad con lo registrado en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla, matrícula
inmobiliaria 018 - 44735, el área del inmueble de mayor
extensión, después de segregada la franja de terreno cedida y
actualizados los linderos y el área, mediante Escritura Pública
Nº. 1.275 del 4 de diciembre de 1996, de la Notaria Única del
Círculo Notarial del Municipio de El Carmen de Viboral, el área
del inmueble de mayor extensión es de 12.800 metros
cuadrados.
Parágrafo 2: De conformidad con la Ficha Técnica número 23 y
su anexo 1 elaboradas por la Secretaría de Hacienda del
Municipio de El Carmen de Viboral, el área de la franja de terreno
a adquirir es de 570.26 metros cuadrados y está ubicado en la
8
Índice 2 del sistema digital SAMAI. EXPEDIENTE DIGITALIZADO (.zip).Pdf.5. Folios 12-23.
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Número único de radicación:05001233300020150054801
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Calle 34 Nº 26 – 37 de la nomenclatura urbana del Municipio de
El Carmen de Viboral, comprendida en dos franjas de terreno
asi: LOTE 1 es de 271.78 metros cuadrados y del LOTE 2 es de
298.48 metros cuadrados.
DESCRIPCIÓN, ÁREA Y LINDEROS DE LAS FRANJAS DE
TERRENO A ADQUIRIR EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE
VIBORAL:
"LOTE 1: Un lote de terreno sin construcción, sus demás mejoras
y anexidades, ubicado en la Calle 34 Nº 26 - 37 de la
nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de Viboral, con
un área total a adquirir de 271.78 metros cuadrados, cuyos
linderos son: Por el Norte, con propiedad de la señora Emma
Cecilia Pérez Arboleda, entre los puntos A1 y A2; Por el
Occidente, con la faja de terreno que le queda al Vendedor
distinguida como Lote 4, entre los puntos A2 y N1; Por el Sur,
con la Calle 34, entre los puntos N1 y N2; Por el Oriente, con la
faja de terreno que le queda al Vendedor distinguida como Lote
3, entre los puntos N2 y A1, del plano anexo 1 a la Ficha Técnica
número 23, elaboradas por la Secretaría de Hacienda del
Municipio de El Carmen de Viboral."
"LOTE 2: Un lote de terreno sin construcción, sus demás mejoras
y anexidades, ubicado en la Calle 34 Nº 26 - 37 de la
nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de Viboral, con
un área total a adquirir de 298.48 metros cuadrados, cuyos
linderos son: Por el Norte, con la Calle 34, entre los puntos L y
L1; Por el Occidente, con la faja de terreno que le queda al
Vendedor distinguida como Lote 4, entre los puntos L1 y J1; Por
el Sur, con propiedad de la Señora Luz Dary Jaramillo Castrillón,
entre los puntos J1 y K; Por el Oriente, con propiedad de la
Familia Duque Becerra, entre los puntos K y_L, del plano anexo
1 a la Ficha Técnica número 23, elaboradas por la secretaria de
Hacienda del Municipio de El Carmen de Viboral."
Parágrafo 3: No obstante, el área y descripción de linderos de
las franjas de terreno a adquirir y de la presente expropiación,
ésta se realiza sobre cuerpo cierto, consistente en dos franjas
de terreno segregada del inmueble de mayor extensión con
Matrícula Inmobiliaria Nº 018 - 44735.
DESCRIPCIÓN, ÁREA Y LINDEROS DE LA FRANJA DE TERRENO
REMANENTE:
El área y linderos de las franjas de terreno que le quedan al
titular inscrito del derecho real de dominio del lote de terreno de
mayor extensión, después de segregar las franjas de terreno que
adquiere el Municipio de El Carmen de Viboral, son los siguientes
lotes:
"LOTE 3: Un lote de terreno sin construcción, sus demás mejoras
y anexidades, ubicado en la Calle 34 Nº 26 - 37 de la
nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de Viboral,
dando frente a la futura Vía Circunvalar por el Occidente, con un
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área total de 731.43 metros cuadrados, cuyos linderos son: Por
el Frente u Occidente, con la faja de terreno que adquiere el
Municipio de El Carmen de Viboral, futura Vía Circunvalar,
distinguida como Lote 1, entre los puntos A1 y N2; Por el Sur,
con la Calle 34, entre los puntos N2 y O; Por el Oriente, con
propiedad de la Familia Henao, entre los puntos O y A; Por el
Norte, con propiedad de la señora Emma Cecilia Pérez Arboleda,
entre los puntos A y A1, del plano anexo 1 a la Ficha Técnica
número 23, elaboradas por la Secretaría de Hacienda del
Municipio de El Carmen de Viboral."
"LOTE 4: Un lote de terreno sin construcción, sus demás mejoras
y anexidades, ubicado en la Calle 34 Nº 26 - 37 de la
nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de Viboral,
dando frente a la futura Vía Circunvalar por el Oriente, con un
área total de 11.498.31 metros cuadrados, cuyos linderos son:
Por el Frente u Oriente, en parte con las fajas de terreo que
adquiere el Municipio de El Carmen de Viboral, futura Vía
Circunvalar, distinguidas como Lote 1 y 2, y en parte con la Calle
34, entre los puntos A2, N1, N, M, L1 y J1; Por el Norte, con
propiedad de la señora Emma Cecilia Pérez Arboleda, entre los
puntos A2 hasta llegar a la quebrada punto B, cruza la quebrada
y aguas abajo lindero con la misma Emma Cecilia Pérez Arboleda
hasta el punto C; Por el Occidente, en parte con propiedad de la
señora Emma Cecilia Pérez Arboleda y en parte con la propiedad
de la Señora Beatriz Cecilia Mejía Arias, entre los puntos C, D y
E; Por el Sur, con propiedad de los herederos de la Familia
Duque, entre los puntos E, F, G, H hasta llegar a la quebrada
punto I; Por el Oriente, con la quebrada La Cimarrona, aguas
abajo, entre el punto I, cruza la quebrada hasta el punto J, sigue
lindero con propiedad de los herederos de la familia Duque y en
parte lindero con la propiedad de la Señora Luz Dary Jaramillo
Castrillón, hasta el punto J1, del plano anexo 1 a la Ficha Técnica
número 23, elaboradas por la Secretaría de Hacienda del
Municipio de El Carmen de Viboral."
Parágrafo 4: De conformidad con la Ficha Técnica número 23 y
su anexo 1 elaboradas por la Secretaría de Hacienda del
Municipio de El Carmen de Viboral, el área de las franjas de
terreno del resto o remanente del LOTE 3 es de 731.43 metros
cuadrados y del LOTE 4 es de 11.498.31 metros cuadrados y
esta ubicado en la Calle 34 Nº 26 - 37 de la nomenclatura urbana
del Municipio de El Carmen de Viboral.
Parágrafo 5: De conformidad con lo registrado en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla, matricula
inmobiliaria 018 - 44735, y la Escritura Pública Nº 1.275 del 4
de diciembre de 1996 de la Notaria Única del Círculo Notarial del
Municipio de El Carmen de Viboral, y después de segregadas las
fajas de terreno que adquiere el Municipio de El Carmen de
Viboral, el área de la franja de terreno del resto o remanente del
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lote es de 12.229.74 metros cuadrados, distribuidos así: LOTE 3
es de 731.43 metros cuadrados y del LOTE 4 es de 11.498.31
metros cuadrados, ubicados Calle 34 Nº 26 – 37 de la
nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de Viboral.
ARTÍCULO SEGUNDO: TRADICIÓN: El titular inscrito del derecho
real de dominio del inmueble de mayor extensión es el Señor
JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ CARDONA del resto o remanente después
de segregada la cesión que le hiciera al Municipio de El Carmen
de Viboral, mediante escritura pública número 1.275 del 4 de
Diciembre de 1996 de la Notaria Única del Círculo Notarial del
Municipio de El Carmen de Viboral, registrada a folio de matrícula
inmobiliaria 018 - 44735 de la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos de Marinilla.
ARTÍCULO TERCERO: PRECIO DE LA INDEMNIZACIÓN: EL
VALOR TOTAL de la indemnización por las franjas de terreno
segregadas del bien inmueble de mayor extensión, en la
presente Resolución es, conforme al avalúo comercial número
2013 - 11 del día 27 de agosto de 2013, realizado por la
Corporación Avalúos, asciende a la suma de CIENTO CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
($104.811.506).
PARÁGRAFO I: La entidad financiera autorizada para lo
relacionado con la consignación indicada en la presente
Resolución, es el Banco Agrario de Colombia S. A., Sucursal El
Carmen de Viboral.
PARÁGRAFO II: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El pago se hará
con cargo al rubro presupuestal No. 05.02.03.03.
05.06.05.0102.02.03.01,05.06.05.01.02.02.03.04,05.06.05.01
.02.06.01, Fondo 022, 024, reserva No. 268 del 11 de febrero
de 2014
ARTÍCULO CUARTO: DESTINACIÓN: El inmueble será destinado
de acuerdo con la Resolución Nº 0581 del 26 de marzo de 2014,
al proyecto denominado "Circunvalar, Tramo Oriental."
ARTÍCULO QUINTO: CANCELACIÓN MEDIDA CAUTELAR Y
OFERTA DE COMPRA: Se solicita al señor registrador de la
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Marinilla, la
cancelación de la medida cautelar "Declaratoria de Utilidad
Pública" y de la "Oferta de Compra" formulada por El Municipio
de El Carmen de Viboral registradas a folio de matricula
inmobiliaria 018 - 44735.
ARTÍCULO SEXTO: ORDEN DE INSCRIPCIÓN: Una vez
ejecutoriada la presente Resolución, se le solicitará a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla, inscribir la
expropiación ordenada por este Acto Administrativo en el folio
de Matricula Inmobiliaria 018 - 44735, para que se surtan los
efectos legales a la transferencia del dominio en cabeza del
Municipio de El Carmen de Viboral, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 68 de la Ley 388 de 1997
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y numeral 1 artículo 70 de la misma ley.
PARÁGRAFO I: Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Marinilla, abrir a cada lote, franjas de terreno
adquiridas por el Municipio de El Carmen de Viboral, Lote 1 y
Lote 2, y a las franjas de terreno, Lote 3 y Lote 4, que le quedan
al titular inscrito del derecho real de dominio del lote de terreno
de mayor extensión, ya que cada uno es un predio
independiente; igual solicitud se hace a la Oficina de Catastro
Departamental de abrir un número de predio a cada lote.
ARTÍCULO SÉPTIMO: ENTREGA MATERIAL: Una vez en firme el
presente acto administrativo y efectuado el registro de la
presente resolución, se exigirá la entrega material del inmueble
expropiado sin necesidad de intervención judicial, para lo cual
se podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía, si ello
fuere necesario.
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICACIÓN Y RECURSOS: La presente
resolución será notificada a el Señor JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ
CARDONA identificado con cédula de ciudadanía número
712.462, en calidad de titular inscrito del derecho real de
dominio, según el Certificado de Tradición y Libertad
correspondiente al Folio de Matricula inmobiliaria Nº 018 -
44735, de acuerdo con lo señalado por el Artículo 69 de la ley
388 de 1997.
Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición,
que deberá ser interpuesto ante el Señor alcalde del Municipio
de El Carmen de Viboral, dentro de los Diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación personal o por aviso, según sea el
caso, de conformidad con lo previsto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […]”.
Resolución 2162 de 11 de septiembre de 2014, expedida
por el alcalde del municipio de El Carmen de Viboral, por medio
de la cual resolvió un recurso de reposición contra la Resolución
0847 de 3 de junio de 20149. La parte resolutiva dispuso lo
siguiente:
9
Índice 2 del sistema digital SAMAI. EXPEDIENTE DIGITALIZADO (.zip).Pdf.5.Folios 26-32.
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“[…] ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 0847 de
3 de junio de 2014 por medio de la cual se dispone la
expropiación por vía administrativa de una franja de terreno que
hace parte de un inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria 018-44735.
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución será notificada al
señor JOSE ÁNGEL RAMÍREZ CARDONA en calidad de titular
inscrito del derecho real de dominio, según el Certificado de
Tradición y Libertad correspondiente al folio de matrícula
inmobiliaria 018 -44735, de conformidad con lo previsto en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, advirtiendo que contra la presente no procede
recurso alguno en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 388 de 1997. […]”.
V.2.- Cuestión previa
Antes de abordar el estudio de fondo del recurso de apelación
interpuesto, resulta indispensable precisar el alcance de la
competencia funcional de esta instancia a la luz del principio de non
reformatio in pejus, garantía procesal de rango constitucional que
impide al juez de segunda instancia agravar, en este caso, la situación
de la parte demandante, pues aunque la parte demandada también
apeló, sus fundamentos se limitaron exclusivamente a la imposición
de condena en costas, aunado a que de conformidad con el artículo
188 del CPACA, es deber del juez resolver, en la sentencia, sobre la
condena en costas, salvo en los procesos en que se ventile un interés
público.
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De modo que la controversia principal quedará delimitada a los
argumentos de fondo planteados por la parte actora.
La decisión de primera instancia accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y fijó un valor indemnizatorio con base
en un dictamen pericial allegado al expediente mediante prueba
trasladada del proceso judicial radicado bajo el número
05001233300020140108001. Si bien dicho dictamen podría
considerarse formalmente ajustado a las exigencias normativas que
regulan esta clase de pruebas, un examen material de su contenido
podría eventualmente derivar en una conclusión menos favorable
para la parte recurrente, lo que implicaría desconocer la garantía
procesal antes mencionada.
En consecuencia, y en estricta observancia del principio de non
reformatio in pejus y del carácter dispositivo del recurso de
apelación, la Sala circunscribirá el análisis únicamente a los aspectos
impugnados que no impliquen un eventual desmejoramiento de la
situación jurídica de la parte demandante. Así, el marco de la
apelación se reduce al examen del dictamen pericial practicado en
primera instancia por el perito Rafael Estrada Londoño de fecha 12
de octubre de 2016 y posteriormente complementado mediante
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oficio de 11 de abril de 2017, con el fin de establecer si procede el
incremento del valor de la indemnización reconocida en primera
instancia.
Para resolver el interrogante planteado, la Sala hará referencia al
marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,
para enseguida abordar el estudio del caso concreto.
Del procedimiento de expropiación administrativa,
generalidades
El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad
privada, en los siguientes términos:
“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.
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Con base en la norma en cita se tiene que10 i) la garantía a la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con
arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las
formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido el
carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que
prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la
propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)
están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.
De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto
constitucional, inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos
para la adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de
utilidad pública e interés general, potestad que luego se reguló por la
Ley 388 de 1997.
Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el procedimiento
que debe ser atendido con el propósito de llevar a cabo la
expropiación por vía administrativa.
10 Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11,
proferidas por la Corte Constitucional.
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El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el
proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30
días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin
llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria11, la
autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación
administrativa correspondiente.
El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe
contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)
el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la destinación
que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto administrativo
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; v) la orden de
notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos reales
del predio y la información sobre los recursos procedentes.
Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada el
artículo 70 ibidem, prevé:
“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por
no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:
1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán
de las personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto
11
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
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la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador
exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares
de otros derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han retirado el
valor de la indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este
artículo.
2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del particular,
y entregara copia de la consignación al Tribunal Administrativo
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.
3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario.
4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.
5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.
Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en
cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante
proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
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de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación
por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará
su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que
el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la
misma sentencia se determinará el valor y los documentos de
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar
a la entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos
del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro ordenado
[…]”.
En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el
artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el
carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual
será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos
en el artículo 6112 de la presente ley […]”.
De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales
de la expropiación radica en el hecho de que la actuación del Estado
se hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa
indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y los
12
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley
9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. […]”.
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perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de
alejarse de un acto confiscatorio.
Al respecto, esta Sección13 ha precisado:
“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la
cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el
hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que
por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal un
detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura
del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”.
Por otro lado, para la Sala se hace necesario traer a colación los
criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción especial
contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.
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que procede contra la decisión de expropiación por vía
administrativa. Al respecto, se ha manifestado14:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma inadecuada
las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas
allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor
de la indemnización es incorporado en el acto administrativo que
ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando la
demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del
precio indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio
de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de la
expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de legalidad
sobre la decisión de expropiación al verificar su cumplimiento,
como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce
el recurrente, que la acción especial contencioso administrativa
se aborde como una acción ordinaria de nulidad. […]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta
también acertado verificar que el avalúo técnico que da soporte
legal y fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación
se ajusta a la normativa aplicable […]”.
Cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al haber sido
incorporado el avalúo comercial al acto administrativo acusado, que
decretó la expropiación, este se encuentra amparado por la misma
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011 00196
01.
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Número único de radicación:05001233300020150054801
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presunción de legalidad y certeza, que se predica de las decisiones
definitivas de la Administración, y debe tenerse como válido, creíble
y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este
caso, al demandante, demostrar en el proceso que el avalúo oficial
es equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones. Sobre el
particular, la Sala ha indicado:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009,
al analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de
certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo
cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso
que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente
su incorrección”.15
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección16 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía
la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como
lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
15
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
16
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
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Número único de radicación:05001233300020150054801
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indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]”17.
Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 1998 fueron
reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios
para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse
el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso
de expropiaciones administrativas.
Ahora bien, mientras en el artículo 2018 del decreto en mención está
establecido que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el
artículo 2319 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a través
de resolución las disposiciones metodológicas para la realización de
estos.
En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente expidió
las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones que
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011 00196
01
18
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las
personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.
19
“[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata el
presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que
deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este decreto, la
cual deberá publicarse en el Diario Oficial. […]”.
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fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en la
actualidad establece los procedimientos para los avalúos ordenados
dentro del marco de la Ley 388 de 1997.
Dicha resolución establece como métodos para la elaboración de los
avalúos el de comparación o de mercado, el de capitalización de
rentas o ingresos, el residual, el de consulta de encuestas y el de
costo o reposición.
De la valoración de los dictámenes periciales
En lo que respecta a la vinculación y fuerza probatoria de los
dictámenes periciales rendidos en el marco de procesos judiciales
relacionados con la expropiación administrativa, esta Sección ha
tenido ocasión de pronunciarse en los siguientes términos:20
“[…] 6.2.2. Reglas del avalúo comercial de los inmuebles
objeto de expropiación administrativa. Requisitos del
dictamen pericial contentivo de un avalúo comercial
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1420
de 1998 se entiende por valor comercial de un inmueble el precio
más favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde
el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el
conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el
bien. La determinación del valor comercial de los inmuebles la
harán, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
20
Sentencia del 16 de julio de 2015. M.P.: Guillermo Vargas Ayala. Rad. 2004 01027 01. Actor: César
Guillermo Abadía Acosta y otros.
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Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales
o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las
lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes
objeto de la valoración (art. 3º ibídem).
En los artículos 12 a 19 del Decreto 1420 de 1998 se regula el
procedimiento para la elaboración y controversia de los avalúos,
señalándose las entidades ante quienes puede solicitarse la
realización del avalúo, los requisitos de la solicitud respectiva, la
responsabilidad de los avaluadores respecto de la veracidad de
la información urbanística que afecte o haya afectado el
inmueble objeto del predio en el momento de la realización del
avalúo, y la oportunidad, forma y procedimiento de revisión del
avalúo.
Por otro lado, en los artículos 20 a 26 de esta norma
reglamentaria se definen los parámetros y criterios para la
elaboración de los avalúos, entre los que se destacan los
siguientes:
(i) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que
cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas
registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de
avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial
definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones
y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron
a tal estimación. (art. 20)
(ii) Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la
determinación del valor comercial: a) La reglamentación
urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del
mismo; b) La destinación económica del inmueble; c) Para los
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el
avalúo se realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta
los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad;
d) Para los inmuebles que presenten diferentes características
de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se
deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos;
e) Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que
afecten parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que
requieran de la ejecución de obras de adecuación para la
utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de
dichas obras se determinarán en forma independiente y se
adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble
para establecer su valor comercial; f) Para los efectos del avalúo
de que trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, los inmuebles
que se encuentren destinados a actividades productivas y se
presente una afectación que ocasione una limitación temporal o
definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo
de las mismas, deberá considerarse independientemente del
avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
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dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6)
meses; g) Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble
declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental,
por no existir bienes comprables en términos de mercado, el
método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se
descontará la depreciación acumulada, también deberá
afectarse el valor por el estado de conservación física del bien.
Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble
el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el
mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales
se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que
se le han introducido; y h) La estratificación socioeconómica del
bien. (art. 21)
(iii) Así mismo, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las
siguientes características: a) Para el terreno: aspectos físicos
tales como área, ubicación, topografía y forma; clases de suelo:
urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección;
las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio; tipo
de construcciones en la zona; la dotación de redes primarias,
secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así,
como la infraestructura vial y servicio de transporte; en zonas
rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas; y la
estratificación socioeconómica del inmueble; b) Para las
construcciones: el área de construcciones existentes autorizadas
legalmente; los elementos constructivos empleados en su
estructura y acabados; las obras adicionales o complementarias
existentes; la edad de los materiales; el estado de conservación
física; la vida útil económica y técnica remanente; y la
funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido; c) Para
bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las
áreas comunes; d) Para los cultivos: la variedad; la densidad del
cultivo; la vida remanente en concordancia con el ciclo
vegetativo del mismo; el estado fitosanitario; y la productividad
del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se
encuentre localizado. (art. 22)
(iv) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene como función
diseñar las normas metodológicas para la realización y
presentación de los avalúos de que trata el Decreto 1420 de
1998. (art. 23)
(v) Para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997,
se deberá aplicar uno de los siguientes métodos
observando los parámetros y criterios mencionados
anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el
método de comparación o de mercado, el de renta o
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capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el
residual. (art. 25)
(vi) Cuando las condiciones del inmueble objeto del
análisis permitan la aplicación de uno o más de los
métodos enunciados en el artículo anterior, el avaluador
debe realizar las estimaciones correspondientes y
sustentar el valor que se determine. (art. 26)
6.2.2.1.- En el artículo 1º de la Resolución 762 de 199821 del
Instituto geográfico Agustín Codazzi “Por la cual se establece la
metodología para la realización de los avalúos ordenados por la
Ley 388 de 1997”,22 se definen los métodos de valuación:
(…)
6.2.2.2.- Ahora bien, como antes se expresó, en los
dictámenes periciales que se rindan en un proceso
especial de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se discuta el precio indemnizatorio de un inmueble
expropiado por vía administrativa, en particular en lo
relativo a su avalúo comercial, los peritos designados
están sujetos a las reglas para la elaboración de dichos
avalúos antes referidas contenidas en el Decreto 1420 de
1998 y en la Resolución 762 de 1998 e igualmente, por
tratarse de una prueba en una actuación judicial, deben
seguir las reglas que el estatuto de procedimiento civil
establece para la elaboración y rendición de los informes
técnicos que se les solicite (artículos 233 y s.s.),
expresando no solo las conclusiones de sus trabajos sino
explicando las razones técnicas y científicas en que s las
mismas se fundamentan. Precisamente, sobre este
particular en la Sentencia del 14 de mayo de 2009 esta
Sección precisó lo siguiente:
“Según el criterio expresado por esta Corporación, en estos
casos resulta insuficiente la mera exposición de los resultados
de las operaciones periciales practicadas y de las deducciones
extraídas por el perito, huérfanas de las explicaciones
relativas a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha
conducido a su obtención, omitiendo la exposición y
explicación de las razones por las cuales no es dable mantener
otro criterio diferente.
Precisamente por el hecho de que tanto las partes como
la autoridad judicial no cuenten con los conocimientos
especializados del perito, es de esperar que éste revele
los datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un
entendido en la materia puede reputar elementales, un
profano puede encontrarlos inasequibles. Obsérvese que
21
Derogada por la Resolución 620 de 23 de septiembre de 2008.
22
Vigente para el momento de los hechos, ya que posteriormente fue modificada por la Resolución No.
149 del 5 de abril de 2002 y luego por la Resolución No. 620 de 2008, todas proferidas por el IGAC.
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el cometido principal de cualquier experticia no es otro que la
persuasión, y esta difícilmente se logra cuando solamente se
efectúan afirmaciones o negaciones de manera apodíctica,
negándole al juez y a las partes la posibilidad de conocer los
rudimentos básicos del análisis efectuado. La labor del perito
consiste precisamente en proporcionar, junto con el fruto de
su propia interpretación, los fundamentos que lo soportan,
para situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar
la objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de
las conclusiones presentadas.
(…)
Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral
6° del artículo 237 del C. de P. C., en donde se dispone
que "El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él
se explicarán los exámenes, experimentos e
investigaciones efectuados, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las
conclusiones". Esta disposición consagra la necesidad de
explicar por qué se rinde el dictamen en determinado sentido,
indicando las razones de orden técnico, científico o artístico que
se tuvieron en cuenta para conceptuar, a fin de que, como ya se
dijo, las partes puedan ejercer el derecho de contradicción de la
prueba y el juez, por su parte, pueda valorar la racionalidad y
objetividad de las conclusiones emitidas […]” (Negrillas y
subrayado de la Sala).
Así pues, como corolario de las distintas providencias se concluye
que: (i) de conformidad con el artículo 237 del CPC, hoy 226 del CGP,
el dictamen debe ser claro, preciso y detallado para poder explicar
los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones;
(ii) en los dictámenes periciales que se rindan en un proceso especial
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se discuta el
precio indemnizatorio de un inmueble expropiado por vía
administrativa, en particular en lo relativo a su avalúo comercial, los
peritos designados están sujetos a las reglas para la elaboración de
dichos avalúos antes referidas contenidas en el Decreto 1420 de
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1998; (iii) para la elaboración de estos avalúos se deberá aplicar uno
de los siguientes métodos observando los parámetros y criterios
mencionados anteriormente o, si el caso lo amerita, varios de ellos:
el método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización
por ingresos, el de costo de reposición o el residual, tal como dispone
la Resolución 762 de 1998; y (iv) cuando las condiciones del
inmueble objeto del análisis permitan la aplicación de uno o más de
los métodos enunciados en el artículo anterior, el avaluador debe
realizar las estimaciones correspondientes y sustentar el valor que
se determine.
Aunado a lo anterior, la Ley 388 de 1997 en el artículo 67 23, establece
que el valor indemnizatorio será igual al avalúo comercial que se
utiliza para los efectos del artículo 61 ibidem, que dispone:
“[…] Artículo 61º.- Modificaciones al procedimiento de
enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes
modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9 de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley
23
“[…] Artículo 67º.- Indemnización y forma de pago. En el mismo acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos
en el artículo 61 de la presente Ley. Igualmente se precisarán las condiciones para el pago del
precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el pago de contado o el pago entre un cuarenta
(40%) y un sesenta por ciento (60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor
restante en cinco (5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria. […]”.
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2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos
establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre
avalúos expida el gobierno. El valor comercial se
determinará teniendo en cuenta la reglamentación
urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. […]”.
(Negrilla fuera de texto).
V.3. Caso concreto
1- En el presente asunto, la parte actora sostiene que el dictamen
pericial decretado y practicado en primera instancia por el profesional
Rafael Estrada Londoño, de 12 de octubre de 2016, y posteriormente
complementado mediante oficio de 11 de abril de 2017, cumple
cabalmente con los requisitos exigidos por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) para establecer el valor real del área de
terreno objeto de expropiación.
Dentro del plenario obra copia del referido informe, del cual se
destacan, para los fines de este proceso, los siguientes aspectos24:
“[…] El Señor JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ CARDONA, era propietario
de un lote de mayor extensión con un área de 12.800 metros
cuadrados, de acuerdo con la escritura No.1.275 del 4 de
diciembre de 1996 de la Notaría Única de El Carmen de Viboral,
del cual se ordenó expropiar un área total de 570.26 M2,
24
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pdf.17 Folios 30-32.
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distribuida en dos lotes con áreas de :271.78 el LOTE No. 1 y
298.48 M2 el LOTE No. 2. La dirección asignada a los lotes
señalados es CALLE 34 No. 26- 37 de la nomenclatura urbana
del municipio y distinguido con la Matricula Inmobiliaria No.018
• 44735.
La Alcaldía del Municipio, por medio de la resolución No. 1638
de 2013 declaró la situación de urgencia para la adquisición del
derecho de dominio de los lotes, para la ejecución de obra
pública.
LINDEROS ACTUALIZADOS. LOTE No. 1
NORTE Calle 34
ORIENTE Con lote No. 4
OCCIDENTE Henry Ramírez
SUR Luz Dary Duque
LINDEROS ACTUALIZADOS. LOTE No. 2
NORTE Calle 34
OCCIDENTE Henry Ramírez
ORIENTE Familia Duque Becerra
SUR Luz Dary Jaramillo Castrillon
Los lotes descritos, cuentan con urbanismo total y con frentes
de 23.24 y 18.74 M2 muy suficientes para un desarrollo de
cualquier tipo a nivel municipal.
De acuerdo con la investigación realizada encontré un progreso
muy notorio en todo el Municipio, especialmente en el área que
nos ocupa, con urbanismo completo y en sus alrededores
funcionan instituciones educativas como Fray Julio Tobón,
Instituto Técnico Industrial Jorge Eliecer Gaitán y Biblioteca
Municipal Jesús Antonio Arango y Coliseo Cubierto.
En las fotografías anexas se tiene un completo informe
fotográfico con respecto a las características y desarrollos del
Municipio. […]”.
En cuanto al método adoptado para el avalúo consideró lo siguiente:
“[…] Para este avalúo utilizamos el METODO COMPARATIVO O
DE MERCADO y para lo mismo tomamos varios datos de lotes
vendidos recientemente y actualmente en venta, para sacar un
precio promedio real y verdadero.
1.- Área 76.00 M2 - BARRIO EL EDEN, Calle 35 x Cra 26 A, precio
total $
100.000,000.00, unitario $ 1.315.789
2.- Área 72.80 M2 - BARRIO EL EDEN, Calle 35 x Cra 26 A precio
total $
100.000.000.00, unitario $ 1.373.626
3.- Área 114.00 M2, Calle 43 B x Cra 35, precio total $
90.000.000.00, unitario $789.473.
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4.- Área 126.00 M2, Calle 43 B x Cra 31A, precio total $
100.000.000.00, unitario $ 793.473.
5.- Casa vieja, prácticamente se compra el lote, cerca al parque,
con 310.00 M2, precio total $ 680.000.000.00, unitario $
2.193.548.
SUMA….... $ 6.465.909
PRECIO PROMEDIO ….$ 1.293.182
Por lo anterior tenemos el precio promedio que debe
multiplicarse por el metraje total 570.26 M2 x $ 1.293.182 = $
737.449.968.
El anterior es el valor de los lotes a precio actual.
Para cumplir con lo ordenado: indicar el precio de lo expropiado
a marzo 26 de 2014, me remito a la tabla de INDICE DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR, I. P.C., así:
PRECIO CALCULADO PARA M2, A LA FECHA ... $ 737.449.968.
Depreciación 2014 - (Marzo a Diciembre) 1.85 %
Depreciación 2015 (Todo el año) 6.77
Depreciación 2016 (Acumulado de Enero a Marzo) 3.6 %
Depreciación en 2016, $ 737,449.968 x - 3.6% = $ 710.901.769
Depreciación en 2015, $ 710.901.769 x - 6.77 % = $
662.773.719
Depreciación en 2014, $ 662.773.719 x - 2.88 % = $
643.685.836
SON: SEICIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS
OCHENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. […]”.
Mediante oficio de 11 de abril de 2017 el perito, aclaró y
complementó el mentado avalúo en virtud de la solicitud presentada
por el apoderado de la parte actora. Sobre el particular, se resalta,
lo siguiente:
“1.- En cuadro anexo, se consignan los datos solicitados para
cada uno de los lotes objeto de comparación con el mismo
número asignado en el informe inicial ÍTEM y Foto Nº (en página
adicional, se muestran en fotos igualmente numeradas); dichos
datos, corresponden a FUENTE VERIFICABLE/CONTACTO
(entidad y/o persona de quien se obtuvieron los datos de los
inmuebles), al igual que su TELÉFONO de contacto. Así mismo,
se indican las CARACTERÍSTICAS más relevantes de dichos
inmuebles al momento de realizar sobre ellos las transacciones
económicas mencionadas u ofertas especificadas, especificando
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además si es solo LOTE o si comprende alguna EDIFICACIÓN;
seguidamente se anota SIMILITUD O COMPARACIÓN de dichos
lotes, con los inmuebles objeto del avalúo solicitado; luego se
anota la DIRECCIÓN APROXIMADA/SECTOR/DISTANCIA a los
predios objeto del avalúo, así como la FECHA o época de la
TRANSACCIÓN DE VENTA U OFERTA DE cada uno de los predios.
(…)
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Según observa la Sala, el dictamen pericial acudió al “MÉTODO DE
COMPARACIÓN O DE MERCADO”, definido en la siguiente forma por
el artículo 1º de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi: “Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación
del valor comercial” (resalta la Sala).
Los artículos 10 y 11 de esta Resolución establecen las siguientes
reglas para la aplicación del método de comparación o de mercado:
“[…] ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la
presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del
cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además
de otros factores que permitan su identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
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analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.”
“ARTÍCULO 11. DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS
ESTADÍSTICOS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS VALORES.
Cuando para el avalúo se haya utilizado información de mercado
de documentos escritos, estos deben ser verificados,
confrontados y ajustados antes de ser utilizados en los cálculos
estadísticos.
Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los
eventos de no existir mercado. En los casos que existan datos
de ofertas, de transacciones o de renta producto de la aplicación
de los métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser tenida en
cuenta para la estimación del valor medio a asignar.
Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y
la más usual es la media aritmética. Siempre que se acuda a
medidas de tendencia central, es necesario calcular indicadores
de dispersión tales como la varianza y el coeficiente de variación
(Ver Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas).
Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, la media obtenida se podrá adoptar como el
más probable valor asignable al bien.
Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, no es conveniente utilizar la media obtenida y
por el contrario es necesario reforzar el número de puntos de
investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor
medio encontrado.
En caso de que el perito desee separarse del valor medio
encontrado, deberá calcular el coeficiente de asimetría (ver
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer hacia
dónde tiende a desplazarse la información, pero no podrá
sobrepasar el porcentaje encontrado en las medidas de
dispersión.
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Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las
construcciones y se quieran trabajar en un sistema de ajuste de
regresión, será necesario que se haga por lo menos el ajuste
para tres ecuaciones (ver Capítulo VII De las Fórmulas
Estadísticas) y se tomará la más representativa del mercado.
[…]”.
Al confrontar el peritaje con las reglas previstas en el Decreto
1420 de 1998 y en la Resolución 620 de 2008 del IGAC, la Sala
advierte que aquel no satisface las exigencias establecidas para la
aplicación del método de comparación o de mercado, pues aunque
en los cuadros previamente enunciados la parte actora acudió a
información de ofertas, no se consignó de manera explícita la
fecha de publicación ni el medio del cual se obtuvo la información
—portales inmobiliarios, anuncios— tal como lo ordena el artículo
10 de la citada Resolución, circunstancia que impide determinar
con certeza si se trató de ofertas o transacciones idóneas para
servir de soporte válido a la comparación realizada.
Así entonces, la disposición en comento busca precisamente que
el avalúo se funde en datos verificables y trazables, lo que
fortalece la credibilidad del informe y permite su posterior
confirmación por terceros, de manera que la ausencia de tales
referencias priva al dictamen de la solidez que se exige en este
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tipo de actuaciones y deja en evidencia un incumplimiento de los
parámetros normativos que regulan la materia.
Es preciso destacar además que en el dictamen se indicó haber
tomado diversos datos de lotes vendidos recientemente y
actualmente en oferta con el propósito de obtener un promedio
“real”, pero se acudió a condiciones de mercado correspondientes
al año 2016 y no al 2014, fecha en la cual se practicó el avalúo
oficial expedido por la Corporación de Avalúos, circunstancia que
evidencia aún más las falencias en la precisión y rigurosidad
exigidas por las disposiciones previamente citadas, pues la
utilización de referencias temporales distintas a las que
correspondían al momento del avalúo oficial introduce un sesgo
metodológico que afecta la consistencia del resultado y
compromete la validez técnica del informe, lo que refuerza la
conclusión de que el peritaje carece de los elementos mínimos de
certeza y fiabilidad.
En ese orden de ideas, en la medida que los argumentos plasmados
en el recurso de apelación estudiado no tienen vocación de prosperar,
la sentencia recurrida será confirmada, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
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2- La Sala se ocupará también de la apelación parcial que presentó
el municipio demandado, cuyo reproche se limitó a manifestar su
desacuerdo con la condena en costas que fijó el Tribunal, para lo cual
pidió: i) revocarla y ii) en subsidio, solicitó que las costas se fijen
con base en el valor de la condena, no de las pretensiones de la
demanda.
Para explicar los motivos de oposición con el fallo del Tribunal a quo
argumentó: i) la improcedencia de la condena en costas bajo
criterios meramente objetivos, esto es, refirió que esta no opera
simplemente por el resultado desfavorable en contra de una de las
partes, sino que debió verificarse la causación de gastos ordinarios y
la actividad efectivamente desplegada por el apoderado de la
contraparte y, ii) porque estima que el porcentaje considerado para
la liquidación, equivalente al 3% del valor de lo pedido en la
demanda, no es apropiado pues no debe tasarse bajo la cuantía de
las pretensiones sino respecto del valor reconocido en la sentencia.
Previo a resolver lo que corresponde, es del caso referir que las
costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la totalidad
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de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso25
y por las agencias en derecho26”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió
con respecto a lo estatuido en el CCA27, al pasar de un criterio
subjetivo28 a uno objetivo valorativo29, en el que se requiere que
el juez revise si se causaron e identifique a cargo de quien procede
su imposición.
Visto lo anterior y verificada la fecha de presentación de la
demanda30, se tiene que el presente asunto está regido por el CPACA,
lo que determina que la fijación de las costas debió darse en
aplicación de un criterio objetivo valorativo31 y, además que la
25
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
26
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
27
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección A.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-18).
CP William Hernández Gómez.
28
Esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
29
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o
parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.
30
Tal hecho ocurrió el 18 de marzo de 2015. De ahí que la Sala verifique la normativa en vigor para
ese momento.
31
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
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57
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norma en vigor para establecer el monto de las agencias en derecho,
es el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y no aquel - PSAA16-10554 de
2016 - en que se fundó el fallo.
Esta explicación es necesaria porque si bien la condena en costas
procede, en principio, contra la parte vencida, de conformidad con
lo señalado en el artículo 18832 del CPACA, en armonía con los
numerales 1, 2, 333 y 834 del artículo 365 del CGP, también resulta
de importancia destacar que el numeral 5°35 ibidem, habilita al juez
para abstenerse de imponerla o fijarla de manera parcial, cuando han
prosperado apenas parcialmente las pretensiones, previa
motivación de tal decisión.
32
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
33
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
34
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “[…] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
35
“[…] 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión
[…]”
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En el caso bajo examen, se tiene que el juez de la primera instancia
fundó su decisión en el artículo 188 del CPACA, que dispone que,
salvo en los procesos en que se ventile un interés público, toda
sentencia debe pronunciarse sobre las costas, sujetándose para su
liquidación y ejecución a las reglas del CGP.
A pesar de que esta determinación que es acertada, la Sala encuentra
que el juez a quo no valoró el hecho de que la prosperidad de las
pretensiones no fue total, es decir, que no hubo una “parte
vencida” lo que le habilitaba para abstenerse de fijar la condena en
costa o hacerlo parcialmente. A tal conclusión se arriba de lo
puntualizado en el fallo:
“[…] En aplicación de los artículos 188 del CPACA, 365 y 366
del CGP y el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016,
proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, deberá imponerse la condena en costas y
agencias en derecho a la PARTE VENCIDA, las cuales se
liquidarán por la Secretaría de esta Corporación, según las
normas de la Ley 1564 de 2012 y en la medida de su
comprobación.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3%
del valor de lo pedido (cuantía que sirvió para estimar la
competencia), de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo núm. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura […]”.
De acuerdo con lo allí decidido, a juicio de esta Sala, y atendiendo a
los reproches del municipio recurrente se aprecia que no se explicó
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en el fallo la razón de la condena y tampoco se consideró el resultado
de la decisión.
De este modo, encuentra la Sala que pese a que existieron gastos 36
en el proceso como el pago de honorarios del dictamen pericial a
cargo exclusivo de la parte demandante y que las pretensiones
prosperaron parcialmente en favor de la parte actora, era necesario
que el juez identificara los motivos para la condena parcial y al
haberlos omitidos, a juicio de esta Corporación impidió que se
identificara la viabilidad o no del porcentaje que le asignó en el
componente de agencias en derecho al municipio demandado y la
responsabilidad de cubrir las expensas del proceso.
De ahí que le asista razón a la entidad apelante en relación con este
primer argumento, lo que releva a la Sala del examen de la solicitud
de reducción del valor de las costas.
En todo caso, lo anterior no impide que la Sala precise que la norma
que debió aplicarse fue el Acuerdo 1887 de 2003, la que fija para
esta jurisdicción que las agencias en derecho en la primera
36
Auto de 17 de marzo de 2017. Según se aprecia en el folio 17 del archivo Expediente Digitalizado
ZIP C001 (017 PDF) que fijó la suma de 1.5% del SMLMV para esa anualidad a cargo de la parte
demandante que solicitó la prueba y de la que obra certificación del perito de haber recibido el pago
(fl. 32 del archivo Expediente Digitalizado ZIP C001 (018 PDF)
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instancia se fijen “[…] hasta el veinte por ciento (20%) del valor de
las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia […]”37.
De este modo se revocará el numeral cuarto de la sentencia objeto
de recurso, para en su lugar, abstenerse de condenar en costas
en virtud de lo establecido en el artículo 365.5 del CGP.
3. Por último, y en lo que corresponde a la fijación de costas en la
segunda instancia se tiene que pese a que prosperó el recurso de
apelación que interpuso el municipio demandado, lo relevante es que
ninguna oposición hizo esta parte respecto de la declaratoria de
nulidad parcial de los actos acusados contenida en el fallo del a quo,
lo cual, sumado al examen de los reproches de la parte actora,
evidencian que la actividad de ambas partes en esta instancia se
limitó a la interposición de los recursos38.
Entonces, en cumplimiento de lo previsto en los numerales 1 y 8 del
artículo 365 y 4 del 366 del CGP, la Sala se abstendrá de fijar costas
procesales en el componente de agencias en derecho y expensas,
37
Según el artículo 6, numeral 3.1.3.
38
Lo anterior habida cuenta que por auto de 25 de agosto de 2023 se admitieron los recursos y
comoquiera que no se solicitaron pruebas en esta instancia el Despacho conductor se abstuvo de correr
traslado para alegar. Además, si bien hubo solicitudes relativas a autorizar el ingreso del alcalde (E) al
aplicativo SAMAI y la aportación de un nuevo poder y sus anexos, estas actividades no son demostrativa
de actuaciones tendientes a exponer argumentos propios de la decisión de los recursos propuestos.
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toda vez que de la revisión del expediente se advierte que las partes
demandante y demandada no realizaron ninguna gestión útil en el
estudio a cargo de esta instancia y tampoco se incurrió en gastos en
el trámite de la apelación, motivos más que suficientes para adoptar
esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia por los motivos
expuestos en esta providencia, a excepción del ordinal CUARTO que
se REVOCA, el cual quedará de la siguiente manera:
“ABSTENERSE de condenar en costas en virtud de lo
establecido en los artículos 188 del CPACA y 365.5 del
CGP, por haber prosperado parcialmente las
pretensiones de la demanda y atendiendo a los
razonamientos expuesto en esta decisión”.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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