Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00603-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00603-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-00603-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C, veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2015 00603 01 (3274-2021)
Demandante: Francisco Javier Burbano Portilla y Olga Lucía Ortiz Urbano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Tema: Muerte en simple actividad. Derecho a pensión de
sobrevivientes. Padres beneficiarios. Exigencia de dependencia
económica respecto al causante. Decreto 4433 de 2004.
Decisión: Confirma sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia proferida el 8 de marzo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. Los señores Francisco Javier Burbano Portilla y Olga Lucía Ortiz Urbano por
intermedio de apoderado solicitan se declare la nulidad del Oficio S- 2014-001200
del 12 de agosto de 2014 y de la Resolución 00384 del 23 de marzo de 2011, por
medio de los cuales se negó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes
en calidad de padres del PT (F) Wilber Javier Burbano Ortiz. Así mismo se declare
la existencia y nulidad del acto ficto negativo producto del silencio de la entidad
respecto a la petición formulada el 22 de julio de 2014.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento, reajuste y
pago de una pensión de sobrevivientes en calidad de padres del causante, a partir
del 11 de septiembre de 2010, liquidada con la inclusión de todos los emolumentos
devengados, de conformidad con la Ley 797 de 2003. De otra parte y para efectos
de la prescripción se tome como petición aquella que dio origen a la Resolución
00384 del 23 de marzo de 2011.
4. Finalmente, que las sumas reconocidas sean actualizadas; se dé cumplimiento a
la sentencia en los términos ordenados por el C.P.A.C.A., de no ser así se condene
al pago de intereses moratorios y las costas del proceso.
4.1. Hechos que fundamentan la demanda
2. Los actores son padres del PT (F) Wilber Javier Burbano Ortiz, quien prestó sus
servicios a la Policía Nacional desde el 10 de octubre de 2005 hasta el 11 de
septiembre de 2010, fecha esta última en la que falleció; su muerte fue calificada en
servicio activo, por esta razón sus beneficiarios tienen derecho al reconocimiento
de una pensión de sobrevivientes con fundamento en la Ley 797 de 2003.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Francisco Javier Burbano Portilla y otro
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
3. La entidad afecta el mínimo vital de los demandantes, en razón a que dependen
de la pensión reclamada para tener acceso a servicios médicos asistenciales, de
emergencia y hospitalización, además el derecho pensional debe concederse con
fundamento en la Ley 797 de 2003 por favorabilidad, esto es, con 50 semanas
cotizadas, requisito que el causante acredita con suficiencia toda vez que prestó sus
servicios a la Policía Nacional por espacio de 4 años, 10 meses y 20 días
1.4. Contestación de la demanda2
4. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por
intermedio de apoderada se opuso a las pretensiones alegando que el PT (F) Wilber
Javier Burbano Ortiz no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 4433 de
2004 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Además, contra la
Resolución 00384 del 23 de marzo de 2011, que les reconoció prestaciones por
muerte, no se interpusieron recursos, razón por la que la decisión quedó
debidamente ejecutoriada.
5. La entidad se refirió a la declaración juramentada presentada por el actor –padre
del finado policial-, en la que afirmó que devengaba pensión, y que su finado hijo
aportaba para el sostenimiento del hogar; y con fundamento en esta consideró que
no se cumplen los requisitos del Decreto 4433 de 2004, para obtener la pensión de
sobrevivientes, ya que cuentan con recursos para solventar sus necesidades.
6. En relación con la Ley 100 de 1993, señaló que no es aplicable al presente
asunto en atención al principio de inescindibilidad; además el personal de la fuerza
pública es beneficiario de un régimen especial que prevalece sobre el general.
Finalmente señaló que el Decreto 4433 de 2004, era la norma vigente a la fecha en
que se produjo el deceso del causante, razón por la cual debe ser aplicada en forma
integral para efectos del reconocimiento de las prestaciones por muerte a sus
beneficiarios.
1.5. Sentencia de primera instancia3
7. En sentencia proferida el 8 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la parte vencida. Luego de efectuar el recuento normativo, jurisprudencial
y probatorio pertinente concluyó que para analizar el reconocimiento pensional en
cabeza de los demandantes no resultaba aplicable la Ley 100 de 1993, toda vez
que la sentencia de unificación del 30 de abril de 2019 orientó que solo se puede
acudir a esa norma cuando la muerte del uniformado se produce con anterioridad a
la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, en consecuencia y en vista de que
el deceso del PT Wilder Javier Burbano Ortiz, ocurrió en el año 2010, la norma que
resulta aplicable para el reconocimiento de la prestaciones por causa de muerte
corresponde al Decreto 4433 de 2004.
7. Explicó que está acreditado que los actores son los padres del fallecido policial;
que este último prestó sus servicios a la Policía Nacional por 4 años, 11 meses y 26
días, murió el 11 de septiembre de 2010 y su deceso fue calificado en simple
actividad. Que de conformidad con el artículo 29 del Decreto 4433 de 2004, para
tener derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por muerte simple
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Demandante: Francisco Javier Burbano Portilla y otro
en actividad, el uniformado debe acreditar 1 año o más de haber ingresado al
escalafón, requisito que el causante cumple.
8. Así mismo sostuvo que al tenor del artículo 11 de la norma en cita, entre los
beneficiarios de la prestación por muerte se encuentran los padres, siempre y
cuando dependan económicamente del uniformado; sobre el particular, adujo que
la entidad en el acto acusado sustentó su negativa en el hecho de que los
demandantes reciben ingresos, razón por la cual son autosuficientes para atender
sus necesidades. Para analizar este requisito, el a quo señaló que los documentos
que fueron aportados en sede administrativa, son los mismos incorporados al
proceso, entre los que se encuentran declaraciones de parte rendidas por Elsye del
Carmen Bravon Chacón, Ángela Andrea Rivadeneira Tejada y Carlos Enrique
Eraso, medios de prueba que en los términos de los artículos 188 y 222 del C.G.P.
tiene pleno valor probatorio, toda vez que la Policía Nacional no solicitó su
ratificación.
9. Que los deponentes señalaron que los señores Olga Ortiz y Francisco Burbano
dependían económicamente de su hijo Wilber Javier Burbano Ortiz (q.e.p.d.), quien
en ocasiones les consignaba dinero mensualmente o lo enviaba con sus
compañeros de trabajo, recursos que usaban para completar el pago de servicios
públicos, arriendo o medicamentos. Así mismo se aportó declaración rendida por el
demandante Francisco Burbano Portilla, en la que manifestó que era pensionado
de la Policía Nacional, no obstante, esos recursos resultaban insuficientes para su
subsistencia, razón por la cual él y su esposa recibían apoyo económico de su hijo
fallecido Wilber Burbano.
10. Para el tribunal, el hecho de que el señor Burbano Portilla sea pensionado de la
Policía Nacional no significa que los reclamantes sean autosuficientes, lo anterior
en aplicación a la regla 4 de la sentencia T-538 de 2015, según la cual la
dependencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario
este percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional, además las reglas
de la experiencia indican que una asignación de retiro en la Policía Nacional, no
corresponde a sumas considerables que hagan suponer que un pensionado
subsistente con los ingresos que representan dicha asignación.
11. Destacó que la Policía Nacional para negar el derecho, no expuso un argumento
distinto a la existencia de ingresos en los demandantes, lo que hace innecesario el
estudio de otros elementos relativos a la dependencia económica que pudieran
imposibilitar el reconocimiento pensional, se reitera, el hecho de que el señor
Francisco Javier Burbano Portilla, padre del uniformado fallecido, sea pensionado,
no es fundamento para negar el derecho reclamado.
12. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con fundamento en el Decreto 4433
de 2004, en cuantía del 40% de las partidas computables devengadas por el
causante durante el tiempo de su vinculación con la entidad, a partir del 11 de
septiembre de 2010, sin prescripción. Finalmente ordenó a la entidad realizar el
descuento indexado de las sumas que los demandantes recibieron por concepto de
compensación por muerte.
1.6. Recurso de apelación4
13. A través de apoderada, la entidad demandada solicitó revocar la sentencia y en
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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su lugar negar las pretensiones de la demanda, con tal fin argumentó que los
demandantes no tienen derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
toda vez que dicha pretensión fue discutida en sede administrativa y resuelta a
través de la Resolución 00384 del 23 de marzo de 2011, decisión que no fue objeto
de recursos, de manera que se encuentra ejecutoriada.
14. El reconocimiento de pensión de sobreviviente está supeditado al cumplimiento
de los requisitos de ley, en el presente asunto el causante no cumple uno de los
requisitos establecidos para tal fin, esto es el tiempo de permanencia en la
institución, en consecuencia, al producirse su deceso se consolidó a favor de sus
beneficiarios el pago de una indemnización, sin que sea posible el reconocimiento
pensional con fundamento en el Decreto 4433 de 2004 o la Ley 100 de 1993.
Finalmente señaló “los demandantes no aportaron pruebas que dieran cuenta de la
dependencia económica de su hijo”:
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
15. Por auto calendado el 22 de octubre de 2021, se admitió el recurso de
apelación5. En el término concedido no se presentaron intervenciones.
16. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
17. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.
2.2. Manifestación de impedimento
18. El consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta
encontrarse impedido para conocer del presente asunto, por estar incurso en la
causal prevista en el numeral 2.° del artículo 141 del Código General del Proceso,
pues, afirma que hizo parte de la sala de decisión que profirió la sentencia objeto de
alzada, cuando fungió como magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia.
19. Respecto al trámite de los impedimentos, el artículo 131 del CPACA dispone
que «3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el
artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien
le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta
tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección
resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo
aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los
magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el
reglamento interno.»
5
Expediente segunda instancia índice 3 de la plataforma Samai
6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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20. Mientras que el artículo 141 numeral 2.° del Código General del Proceso
consagra como causal de recusación «2. Haber conocido del proceso o realizado
cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero
permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.»
21. Es de resaltar que, dada la taxatividad y el carácter restrictivo de dichas
causales, nada excusa al juez para abstenerse de cumplir los deberes que la ley le
asigna. Por la misma razón, la motivación o los hechos que llevan al funcionario
judicial a declarar el impedimento deben enmarcarse con toda precisión en alguna
de ellas, lo cual obedece, además, a la especificidad con que se encuentran
definidas en la norma.
22. Analizada la causal esgrimida y los argumentos del impedimento manifestado,
esta Sala de decisión lo encuentra fundado, toda vez que, dentro del proceso del
epígrafe, en el curso de la primera instancia, el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez
conoció del asunto, pues, suscribió la sentencia sobre la cual gravita el recurso de
apelación que desata esta Sala de Subsección. Lo anterior se enmarca dentro de la
causal 2.ª del artículo 141 del Código General del Proceso.
2.3 Asunto previo
23. En la sentencia proferida en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Antioquia concluyó que al presente asunto no resulta aplicable la Ley 100 de 1993,
toda vez que el deceso del PT Wilmer Javier Burbano Ortiz se produjo con
posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004, esto es, el 11 de
septiembre de 2010, en consecuencia, atendiendo a las reglas de unificación
contenidas en la sentencia CE-SUJ2-016-19 del 30 de mayo de 2019, el análisis
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se efectuó con fundamento
en el Decreto 4433 de 2004.
24. Ahora bien, con el recurso de apelación la entidad demandada insiste en que
los demandantes no tienen derecho al reconocimiento pensional con fundamento
en la Ley 100 de 1993, pretensión que como se mencionó en líneas atrás fue
descartada por el a quo, por lo que no existe mérito alguno para referirse a ello. No
obstante, y en atención a que también se discute el cumplimiento del tiempo de
servicio con fundamento en el Decreto 4433 de 2004, el análisis en esta instancia
se centrará en la validación de los requisitos exigidos en esta última norma.
25. De otra parte, la entidad arguye que a través de la Resolución 00384 del 23 de
marzo de 2011, se reconoció compensación por muerte a los demandantes y se
negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, acto administrativo contra
el cual no se interpusieron recursos y por ende se encuentra en firme.
26. Sobre el particular sea lo primero señalar que, conforme a lo analizado en el
proceso, si bien contra la Resolución 00384 del 23 de marzo de 2011, no se
interpusieron los recursos de ley, dicha circunstancia obedeció a que no fue
notificada en debida forma a los demandantes, por esta razón en audiencia inicial
celebrada el 3 de agosto de 20168 y en la sentencia, el a quo concluyó que no era
exigible el agotamiento del recurso de apelación.
27. Adicionalmente, contra el auto proferido en audiencia inicial celebrada el 3 de
agosto de 2016, que determinó que no era exigible el requisito de apelación
respecto a la Resolución 00384 de 2011, la entidad demandada no presentó
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recurso. Por esta razón, en el curso del proceso se concluyó que los actos
demandados corresponden la Resolución 00384 del 23 de marzo de 2011 y el
Oficio S- 2014-001200 del 12 de agosto de 2014, por medio de los cuales se negó
a los demandantes el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con
fundamento en el Decreto 4433 de 2004 y la Ley 100 de1993.
28. En consecuencia, no le asiste razón a la entidad apelante cuando alega que no
era posible demandar la Resolución 00384 del 23 de marzo de 2011, toda vez que
frente a esta no se presentaron recursos, pues se itera dicha circunstancia obedeció
a la ausencia de notificación, razón por la cual los demandantes se encuentran
legitimados para cuestionar su legalidad, más si se tiene en cuenta que a través de
ella se negó el reconocimiento de una prestación de naturaleza periódica que puede
demandarse en cualquier tiempo.
2.4. Del problema jurídico
29. Aclarado lo anterior, corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el
PT (F) Wilder Javier Burbano Ortiz acredita o no el tiempo de servicio exigido en el
Decreto 4433 de 2004 para que a los señores Francisco Javier Burbano Portilla y
Olga Lucía Ortiz Urbano en calidad de padres, les sea reconocida pensión de
sobrevivientes y a su vez si ellos acreditan el requisito de dependencia económica
exigido por ley para ser beneficiarios de la pensión por muerte.
2.5. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
30. Los miembros de la Policía Nacional se encuentran amparados por un
régimen especial en materia de seguridad social a voces de lo ordenado en el
artículo 218 Constitucional9, en consecuencia, resulta pertinente analizar los
requisitos y prestaciones establecidas en materia de pensión de sobrevivientes
atendiendo a la fecha en que se causó el deceso del patrullero Wilmer Javier
Burbano Ortiz, esto es, el 11 de septiembre de 201010, bajo la consideración de que
la muerte fue calificada como simple en actividad11. En ese orden, las normas que
resultan aplicables a su situación jurídica corresponden a las contenidas en la Ley
923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004.
31. Sobre el particular, el artículo 3 de la Ley 923 de 200412, establece los
elementos mínimos que deben considerarse para efectos del reconocimiento, entre
otros, de la pensión a sobrevivientes, así:
«(…)
3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su monto, será
fijado teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias en
que se origine la muerte del miembro de la Fuerza Pública y el monto de la pensión en
ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
computables para la asignación de retiro en el evento de la muerte en combate, en
actos meritorios del servicio o en misión del servicio. En el caso de muerte simplemente
en actividad el monto de la pensión no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%)
cuando el miembro de la Fuerza Pública tenga quince (15) o más años de servicio al
momento de la muerte, ni al cuarenta por ciento (40%) cuando el tiempo de servicio
sea inferior.
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La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz.
La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
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Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo
150,
numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como requisito
para acceder al derecho, un tiempo de servicio que no sea superior a un (1) año a partir
de la fecha en que se termine el respectivo curso de formación y sea dado de alta en
la respectiva carrera como miembro de la Fuerza Pública.
3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución de
la asignación de retiro o de la pensión de invalidez será establecido teniendo en cuenta
los miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular.
(…)
3.12. Las indemnizaciones prestacionales por disminución de la capacidad psicofísica
o por muerte son compatibles con la pensión o asignación de retiro que se llegare a
otorgar, de conformidad con las normas que las regulan, sin que haya lugar a
indemnización sustitutiva.»
32. En desarrollo de lo expuesto en la norma en cita, el legislador expidió el
Decreto 4433 de 200413, que en su artículo 11 establece el orden de beneficios por
muerte en servicio activo así: “Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente
sobreviviente, ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres, siempre y
cuando dependieran económicamente del causante.”
33. De otra parte, el artículo 29 ibidem respecto a la muerte en simple actividad,
señala:
«Artículo 29. Muerte en simple actividad. A la muerte en simple actividad de un
Oficial, Suboficial, Agente o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional a partir de la entrada en vigencia del presente decreto14, con un (1) año
o más de haber ingresado al escalafón, por causas diferentes a las enumeradas en los
artículos anteriores, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el
artículo 11 del presente decreto tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento,
a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la
Dirección General de la Policía Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma
forma de la asignación de retiro de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del
causante.
Cuando el Oficial, Suboficial, Agente o miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, falleciere sin tener el tiempo requerido para la asignación de retiro, la pensión
será liquidada en un porcentaje equivalente al cuarenta por ciento (40%) de las partidas
computables.
Parágrafo 1°. A la muerte de un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en
servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, con un (1) año o
más de haber ingresado al escalafón, por causas diferentes a las enumeradas en los
artículos anteriores, sus beneficiarios en el orden y proporción establecida en el artículo
11 del presente decreto, tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que
por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección
General de la Policía Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de
la asignación de retiro de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
Cuando el miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, falleciere sin tener
derecho a asignación de retiro la pensión será liquidada en un porcentaje equivalente
al cuarenta por ciento (40%) de las partidas computables.
Parágrafo 2°. La Dirección General de la Policía Nacional reconocerá de conformidad
con lo dispuesto en este artículo, las pensiones establecidas en el artículo 6° de la Ley
923 del 30 de diciembre de 2004.»
34. En consecuencia, para que los beneficiarios de un miembro del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional vinculado a partir de la vigencia del Decreto 4433
de 2004 y muerto en simple actividad, tengan derecho al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, el uniformado debe acreditar como mínimo un año de
haber ingresado al escalafón.
13
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.”
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30 de diciembre de 2004
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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2.5.1. Sobre la dependencia económica
35. La Corte Constitucional en sentencia C- 111 del 22 de febrero de 200615 al
revisar la constitucional del literal e) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con el requisito de la
dependencia económica, orientó: “(…) para poder acreditar la dependencia
económica, no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -
propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono,
miseria o indigencia- sino que, por el contrario, basta la comprobación de la
imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios
obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna.”
36. En esa oportunidad, fijó las siguientes reglas para determinar si una persona
es o no dependiente económicamente a partir de la valoración del conjunto de
condiciones materiales necesarias para asegurar su congrua subsistencia, así:
«1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para
acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna16.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica17.
3. No constituye independencia económica recibir otra prestación18. Por ello, entre otras
cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de
sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de
199319.
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional20.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir
ingresos permanentes y suficientes21.
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica22.»
37. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ-SII 010-
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2018 , orientó respecto al requisito de la dependencia económica para efectos del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, lo siguiente:
«(…) La medida está orientada a constatar la suficiencia o no de recursos del núcleo
familiar de manera que se les asegure una vida en condiciones dignas. No
obstante, esto no conlleva la necesidad de demostrar que se carece por completo
de recursos, pues tal interpretación desconoce el principio de proporcionalidad, al
sacrificar derechos de mayor entidad, como los del mínimo vital y el respeto a la dignidad
humana y los postulados constitucionales de solidaridad y protección integral a la
familia.» (Resalta la Sala)
38. En esa línea, el requisito de dependencia económica para acceder a la
pensión de sobrevivientes por parte de los beneficiarios de los miembros de la
Policía Nacional no implica demostrar carencia total y absoluta de recursos sino
basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que
les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir de
manera digna.
15
Corte Constitucional, sentencia C-111 de 22 de febrero de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil
16
Sentencia T-574 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
17
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
18
Sentencia T-281 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19
Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”
20
Sentencias T-574 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T- 996 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Del mismo modo,
la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las consideraciones
expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para colegir que el demandante
disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera ocasional $20.000 0 $ 25.000
semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no es más que una suposición del juzgador,
pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea autosuficiente económicamente, como erradamente
lo concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de mayo de
2004. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader).
21
Sentencia T-076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y Auto 127A de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
22
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. Radiación No. 21.360.
23
Consejo de Estado, sentencia de unificación SUJ-010-S2 del12 de abril de 2018, Sección Segunda, expediente No. 81001
23 33 000 2014 00013 01 (1321-15) actor: Pastora Ochoa Osorio, demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional.
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2015 00603 01 (3274-2021)
Demandante: Francisco Javier Burbano Portilla y otro
2.6 Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
39. A través de la Resolución 00384 del 23 de marzo de 2011, el subdirector
general de la Policía Nacional reconoció y ordenó el pago de $30.851.541 por
concepto de compensación por muerte a favor de Olga Lucía Ortiz Urbano y
Francisco Javier Burbano Portilla. Así mismo y en atención a que consideró que no
se acreditó que dependían económicamente del causante les negó el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes24.
40. El Jefe del Grupo de Pensionados de la Secretaría General de la Policía
Nacional, mediante Oficio S-2014-001200 del 12 de agosto de 2014, en respuesta
a un derecho de petición elevado por los demandantes, les informó que mediante
Resolución 00384 del 23 de marzo de 2011, les fue reconocida compensación por
muerte y negada la pensión de sobrevivientes, acto administrativo que se encuentra
ejecutoriado, toda vez que no se interpusieron recursos en la oportunidad legal.
Además, que no tenían derecho al reconocimiento pensional con fundamento en la
Ley 100 de 1993, en virtud del principio de inescindibilidad, ya que el personal de la
fuerza pública tiene regulación de carácter especial que debe ser aplicada para
efectos del reconocimiento de las prestaciones por muerte25.
41. Se encuentra acreditado en el plenario y no es motivo de discusión que el
señor Wilber Javier Burbano Ortiz nació el 5 de octubre de 1981 y es hijo de Olga
Lucía Urbano Ortiz y Francisco Javier Burbano Portilla26. Así mismo, que falleció el
11 de septiembre de 2010, según registro civil de defunción 0680830327.
42. También se demostró que prestó sus servicios en la Policía Nacional como
alumno del nivel ejecutivo del 9 de octubre de 2005 al 5 de octubre de 2006 (11
meses y 26 días); en el nivel ejecutivo del 6 de octubre de 2006 al 11 de septiembre
de 2010 (3 años, 11 meses y 5 días) y cumplió los tres meses de alta el 11 de
diciembre de 2010, para un total de tiempo de servicio de 4 años, 11 meses y 26
días28. Se concluye entonces que, desde su ingreso al escalafón del nivel ejecutivo,
6 de octubre de 2006, hasta el momento en que se produjo su deceso,
transcurrieron 3 años, 11 meses y 5 días.
43. El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá mediante
informe administrativo prestacional por muerte 211/2010 calificó la muerte del
Patrullero Wilber Javier Burbano Ortiz como en simple actividad29.
44. Lo anterior, permite a la Sala establecer que no tiene prosperidad el cargo
formulado con el recurso, relacionado con que el finado policial no prestó servicios
durante el tiempo exigido por el artículo 29 del Decreto 4433 de 2004, esto es, un
(1) año, pues, por el contrario, esto se encuentra satisfecho en demasía.
45. En lo concerniente a la dependencia económica de los actores frente a su
hijo fallecido, se tiene que, con la petición de 16 de noviembre de 2011, solicitaron
el reconocimiento de la prestación, afirmando que con el apoyo de su hijo sostenían
a la familia y educaron a sus hermanas quienes para ese momento adelantaban
estudios universitarios30. Posteriormente, el 18 de enero de 2011, en respuesta al
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2015 00603 01 (3274-2021)
Demandante: Francisco Javier Burbano Portilla y otro
requerimiento efectuado por el Grupo de Pensionados de la Policía Nacional, el
señor Burbano Portilla aportó declaración extraproceso y desprendible del pago de
su pensión del mes de diciembre de 2010, por valor neto de $2.083.810, de lo cual
percibía en total $1.088.63231, luego de descuentos. Así mismo solicitó acelerar el
trámite de la sustitución pensional, toda vez que la familia, por la falta de ingresos
estaba adquiriendo deudas para su sostenimiento y reiteró que el reconocimiento
pensional lo solicitaba con fundamento en el Decreto 4433 de 2004.32.
46. En dicha declaración rendida ante la Notaría Primera del Círculo de Pasto el
12 de enero de 2011, sostuvo que era pensionado de la Policía Nacional, esposo
de la señora Olga Lucía Ortiz Urbano y padre de Wilber Javier Burbano Ortiz,
fallecido el 11 de septiembre de 2010, “que de mi pensión dependen
económicamente nueve (9) personas, y para el sostenimiento de la familia y
cumplimiento de las diferentes obligaciones de tipo económico, aportaba mi difunto
hijo ya mencionado. El fallecimiento de mi Hijo Wilder Javier Burbano Ortiz, ha
afectado los ingresos familiares, para el cumplimiento de obligaciones de tipo civil y
sostenimiento de la familia, ya que el extinto en mención, le aportaba a su señora
madre para la compra de víveres y demás necesidades de tal manera que su madre
OLGA LUCIA ORTIZ URBANO, dependía económicamente y en forma total de su
hijo WILBER JAVIER (q.e.p.d.) “33.
47. Así mismo, con miras a demostrar dicha dependencia económica se
allegaron declaraciones extraproceso rendidas ante la Notaría Cuarta del Círculo de
Pasto por los señores Elsye del Carmen Bravo Chacón34, Carlos Enrique Eraso35
y Angela Andrea Rivadeneira Tejada36, en las que manifestaron que conocen a
los señores Olga Lucía Ortiz Urbano y Francisco Javier Burbano Portilla y que por
tal razón les consta que dependían económicamente de su hijo Wilder Javier
Burbano Ortiz, quien en ocasiones les entregaba dinero en forma personal o por
intermedio de sus compañeros de trabajo, con el fin de completar el pago de
servicios públicos, arriendo o medicamentos, pues no tenían otra fuente de ingresos
para satisfacer su manutención mensual; además que el señor Wilder Javier
Burbano Ortiz, era soltero y no tenía hijos.
48. Pues bien, respecto al requisito de dependencia económica, debe la Sala
destacar que la entidad en el recurso se limitó a señalar que “los demandantes no
aportaron pruebas que dieran cuenta de la dependencia económica de su hijo”, no
obstante en la sentencia de primera instancia el tribunal con fundamento en los
medios de prueba debidamente incorporados al expediente concluyó lo contrario y
que el hecho de que el señor Francisco Javier Burbano Portilla sea beneficiario de
una asignación de retiro reconocida por CASUR, no era óbice para negar el derecho
pretendido; sin embargo, la entidad se opone a dicha decisión pero no presenta
argumentos claros y concretos para desvirtuar la fuerza probatoria de las
declaraciones extra procesales y demás documentos tenidos en cuenta por el a quo
para el efecto.
49. Ahora, la sala coincide con el análisis realizado por el tribunal de instancia en
punto a que la sola circunstancia de que el padre del fallecido policial perciba una
mesada pensional, per se no le resta derecho a obtener la pensión de
31
Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 19 – archivo 12ED_32742021pdf(.pdf) folio 142. para la nómina de
diciembre del año 2010, por valor de $2.083.810, suma a la cual se le realizan descuento por 4% servicio médico $83.352,
1%CASUR $20.838; auxilio mutuo $2.100; MEGABANCO $656.300; COOCRECER $37.500 Y COOPFUR $195.000, para un
neto consignado de $1.088.632.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2015 00603 01 (3274-2021)
Demandante: Francisco Javier Burbano Portilla y otro
sobrevivientes, incluso este afirma, que la misma le es insuficiente para satisfacer
las necesidades del núcleo familiar compuesto también por la madre –quien no
labora ni recibe ingresos- y hermanas de aquel; sumado a que de lo percibido le son
descontados valores, entre otros, por concepto de créditos bancarios, agregando
que con el aporte de su hijo se lograba solventar gastos de arriendo, servicios, entre
otros. De manera que, correspondía a la entidad controvertir lo anterior, apoyada en
argumentos sólidos e incluso material probatorio, no obstante, ello no se hizo.
2.7 Conclusión
50. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda.
2.8 Condena en costas en segunda instancia
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada pues no
prosperó el recurso de apelación interpuesto. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia.
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero
de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de marzo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda,
por lo ya expuesto.
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2015 00603 01 (3274-2021)
Demandante: Francisco Javier Burbano Portilla y otro
TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la entidad
demandada, conforme lo indicado en la parte motiva.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CON IMPEDIMENTO ACEPTADO
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
Sigue leyendo
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