Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06734-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06734-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06734-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de febrero de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06734 00
Accionantes: Olga Lucía Ortiz Urbano y Francisco Javier Burbano Portilla
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06734 00
Accionantes: OLGA LUCÍA ORTIZ URBANO Y FRANCISCO JAVIER
BURBANO PORTILLA
Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN - PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL
CONSEJO DE ESTADO
Tesis: No hay lugar a amparar los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso efectivo a la administración de
justicia, cuando la autoridad judicial accionada no ha
incurrido en mora judicial injustificada.
Se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado cuando en el transcurso de la acción de tutela la
entidad accionada acredita que atendió la solicitud de la
parte actora.
No vulnera los derechos fundamentales de petición,
debido proceso y acceso efectivo a la administración de
justicia cuando la parte actora persigue la vigilancia
judicial administrativa, pero lo solicita a la Procuraduría
General de la Nación.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Olga Lucía
Ortiz Urbano y el señor Francisco Javier Burbano Portilla, en contra del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y la Procuraduría
1
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06734 00
Accionantes: Olga Lucía Ortiz Urbano y Francisco Javier Burbano Portilla
General de la Nación – Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de
Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Olga Lucía Ortiz Urbano y el señor Francisco Javier Burbano
Portilla, actuando por conducto de apoderado, promovieron acción de
tutela en contra de las precitadas autoridades, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y
acceso efectivo a la administración de justicia, y para ello formularon las
siguientes pretensiones1:
“[…] los Accionantes ruegan a las entidades Tuteladas se sirvan dar
respuesta de fondo a su reclamación administrativa. Por cuanto no
se entiende las razones en consecuencia por las cuales no ha sido
dada respuesta de fondo a lo rogado. Es por ello, que acudir a lo
contencioso administrativo sin una respuesta, constituiría una carga
desproporcionada que no tendría en cuenta las capacidades
subjetivas del Accionante. Así las cosas, se ruega CONCEDER EL
AMPARO DE TUTELA, a favor de mi(s) Poderdante(s) y, en
consecuencia:
PRIMERO. Se ruega a su señoría se sirva ordenar en AMPARO DE
TUTELA a la PROCURADURIA TERCERA DELEGADA PARA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO a dar respuesta a la solicitud de
VIGILANCIA ESPECIAL AL PROCESO DE LA REFERENCIA por
cuanto a la fecha de radicación de esta Acción no se ha recibido
respuesta de fondo, ni de trámite, o de modo alguno respuesta del
resultado a la vigilancia especial al proceso de la referencia,
desconociendo las razones para dicha omisión, así como los
resultados de esta.
SEGUNDO. Se ruega a su señoría se ordene en AMPARO DE
TUTELA, la protección al derecho fundamental al derecho de
petición; ordenando al Honorable CONSEJO DE ESTADO a fin de
que en el menor tiempo posible se sirva ordenar mover o impulsar
el proceso de la referencia a la etapa subsiguiente, teniendo en
cuenta la avanzada edad de los accionantes, que en este caso en
concreto es: DICTAR SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, por
las razones de hechos y derechos sustentadas en esta Acción […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).
1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes informaron que el 8 de marzo de 2021, el Tribunal
Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 05001 23 33 000 2015 00603 00/01, promovido por los hoy
accionantes en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, en el que se accedió a las pretensiones de la demanda,
razón por la cual la parte demandada interpuso recurso de apelación.
Señalaron que, por auto del 22 de octubre de 2021, la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado admitió el precitado recurso y el
28 de enero de 2022 el expediente ingresó al despacho para fallo.
Anotaron que “(…) pasados OCHO (8) MESES, sin actuaciones recientes
dentro del proceso de la referencia a petición de mis poderdantes, radique
MEMORIAL CON EL ASUNTO: SOLICITUD IMPULSO PROCESO-UBICACION
DEL PROCESO-SOLICITUD TURNO (…)”2.
Manifestaron que, al no presentarse actuación alguna, el 17 de noviembre
de 2023, el 28 de junio de 2024 y el 2 de julio de 2024 radicaron a través
de la ventanilla virtual de esta Corporación, nuevas solicitudes de impulso
procesal.
Indicaron que, “(…) con fecha: DOS (2) DE JULIO DEL 2024, se radicó
respetuosamente, SOLICITUD VIGILANCIA ESPECIAL DEL PROCESO, para
que la misma sea remitida a la PROCURADURIA TERCERA DELEGADA
PARA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO, radicación hecha por correo
electrónico (…)”3.
Alegaron que “(…) no se ha dado respuesta alguna de fondo a las
solicitudes de Impulso Procesal y acorde a la Solicitud de Vigilancia
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
3
Ibidem.
3
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Especial del Proceso de la referencia elevada al respectivo Procurador
Delegado, ya que no dieron respuesta alguna ni de fondo ni de trámite a
las constantes peticiones y solicitudes elevadas. Sumado a que el proceso
de la referencia no registra actuaciones en el historial del proceso de la
referencia, desde la fecha: VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022 (…)”4.
En igual sentido, aseveraron que, “(…) no he recibido respuesta alguna
del número de turno asignado al proceso de la referencia para ser
despachada próxima actuación o decisión, o de cuánto tiempo tomara
aproximadamente la subsiguiente providencia en ser ordenada (…)”5.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 5 de diciembre de 20246 a través del
aplicativo de recepción de tutela en línea de la página web de la Rama
Judicial y correspondió por reparto a esta Sección que por auto del 11 de
diciembre de 20247 la admitió y dispuso notificar8 al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, y a la Procuraduría General de la Nación
• Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, como parte
accionada; así como vincular9 a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, como tercero interesado en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió, por una parte, a la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado, para que allegara copia digital del
expediente identificado con el radicado nro. 05001 23 33 000 2015 00603
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
7
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
8
Esta orden se cumplió el 18 de diciembre de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
06734 00.
9
Ibidem.
4
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Accionantes: Olga Lucía Ortiz Urbano y Francisco Javier Burbano Portilla
01, el cual fue remitido10; y por otra, a los accionantes para que allegaran
copia o prueba de “la Solicitud de Vigilancia Especial del Proceso (…)
elevada al respectivo Procurador Delegado”, que afirmaban haber
radicado.
3.2. El apoderado de los accionantes allegó copia del escrito denominado
“solicitud: vigilancia especial al proceso de la referencia”, de fecha 2 de
julio de 2024, dirigido al Procurador Delegado para Asuntos
Administrativos del Circuito de Bogotá11.
3.3. El consejero de la Subsección A, Sección Segunda, a cargo del
proceso objeto de debate, rindió informe12 en el que solicitó que se
nieguen las pretensiones de la tutela, teniendo en cuenta que, según
afirma, no se ha vulnerado derecho alguno a los accionantes.
Al respecto, hizo un recuento del trámite de segunda instancia y explicó
que, “(…) si bien el proceso fue repartido en segunda instancia el pasado
4 de octubre de 2021, y se encuentra para fallo desde el 28 de enero de
2022, lo cierto es que el suscrito solo asumió como titular del despacho
en el mes de marzo de 2024, momento desde el cual se ha venido
impulsando los procesos a cargo (…)”.
Expuso que “(…) la parte actora ha solicitado se le informe sobre el turno
asignado para fallo, el cual corresponde al turno 128, y sobre lo cual se
procedió a informarle mediante oficio dirigido al apoderado judicial, doctor
Mauricio Ortíz Santacruz, enviado el día 18 de diciembre de 2024 al correo
electrónico o.s.abogados@hotmail.com de lo cual se adjunta constancia
(…)”.
10
La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió el enlace de acceso
al expediente cargado en el aplicativo SAMAI. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
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Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
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3.4. La abogada adscrita a la oficina jurídica de la Procuraduría General
de la Nación allegó escrito13 en el que solicitó que no se endilgue ningún
tipo de responsabilidad a dicha entidad, comoquiera que, según estima,
la acción de tutela es improcedente en tanto que no ha desconocido
derecho alguno a los accionantes.
Adujo que “(…) del informe presentado por la Procuraduría Delegada de
Intervención 8: Tercera ante el Consejo de Estado se concluye que la
entidad que represento no h (sic) vulnerado derecho alguno a la parte
activa, pues tal y como se evidencia en los soportes adjuntos desde el 23
de agosto de 2024 traslado el Consejo de Estado (…), la solicitud de
impulso procesal radicada por los hoy accionantes, actuación que
igualmente les fue informada a los petentes en la misma fecha a través
de su abogado de confianza (…)”.
Sostuvo que “(…) con base en lo manifestado por la Procuraduría
Delegada De Intervención 8: Tercera ante el Consejo de Estado se
concluye que el mecanismo de amparo constitucional se torna
improcedente contra la Procuraduría por cuanto NO EXISTE una actuación
u omisión del agente accionado o vinculado, a la que se le pueda endilgar
la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en
cuestión, pues el requerimiento recibido fue trasladado a la autoridad
competente (…)”.
3.5. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional guardó
silencio.
3.6. El expediente ingresó al despacho para fallo el 20 de enero de 202514.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199115 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,16 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202117, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201918, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, los accionantes promovieron acción de tutela
en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y la
Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Tercera Delegada ante
el Consejo de Estado, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia.
Del escrito de tutela se desprende que las inconformidades de los
accionantes radican en los siguientes hechos:
(i) Que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado nro. 05001 23 33 000 2015 00603 01 “no registra
actuaciones en el historial del proceso de la referencia, desde la fecha:
15
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
16
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
17
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
18
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2022 (…)”19; y que no han recibido “(…)
respuesta alguna del número de turno asignado al proceso de la referencia
para ser despachada próxima actuación o decisión (…)”20.
(ii) Que “no se ha dado respuesta alguna de fondo (…) a la Solicitud de
Vigilancia Especial del Proceso de la referencia elevada al respectivo
Procurador Delegado” 21.
La Sala, con el fin de determinar si hay o no lugar a conceder el amparo
solicitado, analizará de manera separada cada uno de los reproches
formulados por los accionantes.
4.2.1. En cuanto a la presunta falta de actuación, o mora judicial,
presentada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 05001 23 33 000 2015
00603 0122, y la falta de respuesta a la solicitud sobre el turno de
fallo
(i) Está acreditado en el expediente23 que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en sentencia proferida el 8 de marzo de 2021 accedió a las
pretensiones planteadas por la señora Olga Lucía Ortiz Urbano y el señor
Francisco Javier Burbano Portilla, en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
(ii) Inconforme con la decisión anterior, la entidad demandada interpuso
recurso de apelación y mediante auto del 27 de julio de 2021, el Tribunal
Administrativo de Antioquia lo concedió.
19
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Visto en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=0500123
33000201500603011100103.
23
Ibidem.
8
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(iii) El proceso fue asignado por acta de reparto del 4 de octubre de 2021
al entonces consejero Gabriel Valbuena Hernández, e ingresó al despacho
el 6 de octubre de la misma anualidad.
(iv) Por auto del 22 de octubre de 2021, la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación y el expediente
ingresó nuevamente al despacho para fallo el 28 de enero de 2022.
(v) Los días 14 de septiembre de 2022, 17 de noviembre de 2023 y 28 de
junio de 2024, los hoy accionantes, actuando por conducto de su
apoderado, radicaron escritos con destino al precitado proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho solicitando que “(…) se ordene impulsar el
proceso de la referencia, a la actuación o etapa subsiguiente (…)”, así
como, “(…) dar respuesta en lo referente al número de turno asignado al
proceso de la referencia para que suceda el próximo movimiento,
actuación o decisión. Y solo si es del caso el Turno de Sentencia
asignado (…)”.
(vi) El 12 de marzo de 2024, se presentó cambio de ponente en el
precitado proceso de nulidad y restablecimiento del derecho debido a que
se designó un nuevo consejero titular del despacho.
(vii) Durante el trámite de la acción de tutela, el 18 de diciembre de 2024,
el consejero de Estado, Luis Eduardo Mesa Nieves, nuevo titular del
despacho a cargo del proceso objeto de debate, respondió las solicitudes
de impulso del proceso y petición de turno para fallo elevada por los hoy
accionantes, en los siguientes términos24:
“[…] conforme se señaló, el suscrito solo asumió como titular del
despacho en el mes de marzo del presente año, existiendo para
la fecha un alto cúmulo de procesos para fallo los cuales han
venido siendo evacuados.
En ese orden, se tiene que actualmente el proceso de la referencia
cuyo impulso se solicita, tiene asignado el turno 128 para fallo;
siendo importante señalar que, dentro de la planificación del
24
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
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despacho para el primer trimestre del año 2025, se encuentra la
de impulsar y dictar sentencia dentro de los asuntos en los cuales
se discutan actos administrativos de reconocimiento y pago de
prestaciones a cargo de la Policía Nacional -carácter temático-,
por lo que el proceso de iniciado por los señores Burbano Portilla
y Ortiz Burbano será objeto de estudio en dicho trimestre,
atendiendo el turno que tiene asignado […]”.
(viii) En relación con la mora judicial, la Corte Constitucional en sentencia
SU 179 de 202125, indicó que “(…) la mora judicial ha sido definida por la
jurisprudencia constitucional como un “fenómeno multicausal, muchas
veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a
la administración de justicia, y que se presenta como resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad
humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los
procesos”26. De ahí que, la mora judicial se presenta cuando, por fuera
de los términos legales previstos en los códigos de procesales, los jueces
omiten proferir las decisiones a su cargo (…)”.
En esa misma oportunidad, la Corte Constitucional precisó que27:
“[…] 74. Frente a la tardanza o mora por parte de los jueces en el
cumplimiento de los términos judiciales, esta Corte ha
determinado que es posible promover acción de tutela para
reclamar la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a que
estos pueden resultar afectados por dicha omisión judicial. En
estos eventos, corresponde al juez constitucional determinar si se
trata de un caso de mora judicial justificada o injustificada,
teniendo en consideración que son hipótesis que surgen por
distintas causas y tienen diferentes implicaciones. En ese sentido,
este tribunal ha reiterado que “no toda mora judicial implica la
vulneración de los derechos fundamentales de una persona, pues
el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento
de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo
justifique”. Para tal efecto, deberán examinarse, en cada caso
concreto, las condiciones específicas del asunto sometido a
decisión judicial, evaluarse si existe o no una justificación
debidamente probada que explique la mora […]”.
75. En esa medida, la Corte ha entendido que, aun cuando se
superen los términos procesales para que el juez adopte una
determinación, no hay violación de los derechos al debido proceso
25
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
26
Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018.
27
Corte Constitucional Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
10
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y acceso a la administración de justicia y, por consiguiente, no se
desconoce la garantía a obtener una decisión de fondo sin
dilaciones injustificadas y dentro del plazo razonable, cuando se
constata que existe un motivo válido que justifica la mora judicial,
es decir, cuando se trata de una mora judicial justificada. Ello,
exige analizar si el incumplimiento del término procesal “(i) es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la
administración de justicia que generan un exceso de carga laboral
o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”.
[…]
77. En concordancia con lo anterior, esta Corte ha señalado que
es dado afirmar que existe mora judicial injustificada o indebida,
cuando quiera que se acredite que el juez no ha sido diligente y
que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, de manera
reiterada, ha sostenido que la dilación injustificada que viola los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, se configura cuando está demostrado
que “(i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe
un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por
parte de la autoridad judicial” […]”.
Está acreditado que, acorde con el informe secretarial, el 12 de marzo de
2024 que el proceso ordinario en cuestión tuvo cambio de ponente por
nuevo titular del despacho a cargo de dicho proceso y que el 18 de
diciembre de 2024, el nuevo consejero dio respuesta a las solicitudes de
los accionantes en el sentido de informarle que el despacho presenta un
alto cúmulo de procesos para fallo, los cuales se han ido evacuando, y
que el turno para fallo asignado a su proceso es el 128.
Conforme lo anterior, es posible concluir que no se presenta una mora
judicial injustificada para resolver la alzada, puesto que no se advierte la
falta de diligencia por parte de la autoridad judicial accionada, como
tampoco la omisión en el cumplimiento de sus funciones, dado que según
lo informado por el magistrado de conocimiento en este trámite tutelar, y
de la revisión del expediente ordinario en el aplicativo SAMAI, el proceso
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está en turno para dictar sentencia, el cual debe respetarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 199828,
en consonancia con lo previsto en el artículo 63A de la Ley 270 de 199629.
Por consiguiente, como la parte actora no logró demostrar que la
autoridad judicial accionada incurrió en una mora judicial injustificada,
será negada la solicitud de amparo respecto de este reproche.
Ahora bien, frente a la presunta vulneración del derecho de petición por
parte de la autoridad judicial accionada, por no haber dado respuesta “del
número de turno asignado al proceso de la referencia para ser despachada
próxima actuación o decisión”, se declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado, comoquiera que el 18 de diciembre de 2024, durante
el trámite de la acción de tutela, el nuevo Consejero de Estado a cargo
del proceso ordinario, dio respuesta a los accionantes informándoles que
el turno para fallo asignado a su proceso es el 128.
Al respecto, se recuerda que, la acción de tutela fue establecida por la
Constitución Política de 1991 con la finalidad de que toda persona,
mediante un procedimiento preferente y sumario, solicite la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; “en
ocasiones, sin embargo, la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración de los
28
“(…) ARTÍCULO 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces
dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los
expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los
casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de
conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá
modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del
Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. // La
alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria (…)”.
29
“(…) ARTÍCULO 63A. Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de
seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el
caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad,
o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte
Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala
Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán
la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha
actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación (…)”
(adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009).
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derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda su razón de ser como
mecanismo extraordinario de protección judicial”30.
La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se
configura “cuando la orden del juez constitucional no tendría efecto
alguno o “caería al vacío” (…)”32 y puede presentarse bajo las categorías
de (i) daño consumado, (ii) hecho superado o (iii) una situación
sobreviniente.
En cuanto al hecho superado se presenta cuando “entre la interposición
de la acción y la emisión de la decisión cesan las circunstancias que dieron
lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la amenaza o violación del
derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los hechos
que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas
por el juez”. Significa ello que el hecho superado se consolida cuando la
materia de decisión se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo,
cuando todas las pretensiones fueron satisfechas al punto en que la
amenaza sobre los derechos cesó y ésta no reclama intervención judicial
alguna (ultra o extra petita)”33.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que
“[…] “la ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la
desaparición de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la
acción. Estos motivos son concebidos desde dos puntos de vista distintos
pero complementarios. De una parte, hay un enfoque que liga los motivos
de la interposición de la acción a los presupuestos fácticos o situaciones
de hecho que llevaron al actor a percibir una amenaza para sus derechos
y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de decisión del juez de
tutela; y de otra, la motivación se entiende en función de las pretensiones
hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión
instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el
30
Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana
Fajardo Rivera.
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instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser”
[…]”34.
Por lo tanto, frente a esta inconformidad, la Sala declarara la carencia
actual de objeto por hecho superado, por cuanto está acreditado que la
solicitud elevada por los accionantes ante la autoridad judicial accionada
fue atendida en el transcurso de la acción de tutela.
4.2.2. En cuanto a la presunta falta de “respuesta alguna de fondo
(…) a la Solicitud de Vigilancia Especial del Proceso de la
referencia elevada al respectivo Procurador Delegado”.
(i) Está acreditado en el expediente que el 2 de julio de 2024, el
apoderado de los hoy accionantes envió correo electrónico a la
Procuraduría Judicial de la Nación, con asunto “SOLICITUD: VIGILANCIA
ESPECIAL AL PROCESO DE LA REFERENCIA. Radicado nro. 050012333000
20150060301. Accionante: OLGA LUCÍA ORTIZ BURBANO Y FRANCISCO
JAVIER BURBANO PORTILLA” 31, pidiendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Se sirva adelantar la correspondiente
VIGILANCIA ESPECIAL al proceso ORDINARIO - NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO No.
05001233300020150060301 ya que desde el inicio de su
radicación hasta la fecha pese a oficiarse y solicitarse impulsar el
proceso de la referencia, este no ha tenido actuación procesal
distinta a las enunciadas de mi parte […]”.
(ii) Mediante oficio nro. 026-2024 P3DEL-CE del 23 de agosto de 2024, el
Procurador Delegado de Intervención 8 Tercero ante el Consejo de
Estado, dio respuesta a la solicitud de los accionantes, en los siguientes
términos32:
“[…] una vez revisadas las actuaciones registradas en la
plataforma SAMAI, esta Procuraduría Delegada, manifiesta a los
demandantes que, en las oportunidades procesales
31
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
32
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06734 00.
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correspondientes para intervenir como Agente del Ministerio
Público, se procederá con la intervención, de acuerdo a los
criterios de intervención, así como, lo dispuesto en el numeral 7º
del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 300 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y el artículo 30 del Decreto Ley 262
de 2000.
En consecuencia, este Despacho, mediante Oficio No. 025-2024
P3DEL-CE del 23 de agosto del año en curso, surtió el debido
traslado a la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Segunda Subsección A - Consejero Ponente: Dr. Gabriel
Valbuena Hernández, para que, en su efecto, considere la
presente solicitud […]”.
(iii) Para resolver este reproche, la Sala advierte que lo que persigue la
parte actora, tanto en la “solicitud” formulada, como en la presente acción
de tutela, es que se adelante el mecanismo de vigilancia judicial respecto
del proceso ordinario ya mencionado, función que no tiene asignada la
Procuraduría General de la Nación.
En efecto, conforme con el artículo 277.7 de la Constitución Política, el
Procurador General de la Nación, por sí mismo o por medio de sus
delegados y agentes, está facultado para intervenir en los procesos y ante
las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en
defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y
garantías fundamentales; luego, esta facultad, es distinta al mecanismo
de vigilancia judicial que persigue la parte actora.
En ese escenario, se tiene que, los accionantes pretenden a través de esta
acción de tutela que se responda de fondo a la solicitud que presentaron
ante la Procuraduría General de la Nación, en la que buscaban se adelante
la correspondiente vigilancia judicial, petición que el Procurador Delegado
de Intervención 8 Tercero ante el Consejo de Estado contestó en el
sentido de indicar que sus funciones lo facultaban para intervenir como
Agente del Ministerio Público en el proceso ordinario.
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Por lo tanto, no es posible advertir una vulneración de los derechos
fundamentales invocados, en la medida que la accionada sí contestó en
el marco de sus competencias frente a lo que perseguían los ahora
accionantes, más aún si se tiene en cuenta que lo que en realidad
pretende la parte actora no es que se resuelva una solicitud, sino que se
adelante la vigilancia judicial del proceso, mecanismo que está dirigido a
controlar el cumplimiento de las funciones de la Rama Judicial, lo que no
le compete a la Procuraduría General de la Nación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela instaurada por la señora Olga Lucía
Ortiz Urbano y el señor Francisco Javier Burbano Portilla, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO en cuanto a las peticiones presentadas por la señora
Olga Lucía Ortiz Urbano y el señor Francisco Javier Burbano Portilla,
solicitando “dar respuesta en lo referente al número de turno asignado al
proceso”, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no
fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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