RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2015-00695-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00695-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00695-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: 29 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01 Demandante: Cueros Vélez S.A.S. PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de julio de 2021 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2015-00695-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.
Demandada: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Asunto: Doble instancia en el proceso sancionatorio ambiental. Recursos de
reposición y apelación contra actos que finalizan investigaciones sancionatorias
ambientales. Delegación de funciones y sus efectos. Facultad de delegar funciones
y régimen de responsabilidad del delegatario. Protección jurídica del paisaje. Daño
y afectación Ambiental. Revocatoria por reincidencia grave en incumplimientos.
Agotamiento de acuífero como incumplimiento grave. Sanción por incumplimiento
de Mediciones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 6 de julio de 2021, por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: (i) Antecedentes; (ii)
Consideraciones de la Sala; y (iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda

1. La sociedad Cueros Vélez S.A.S.1 presentó demanda contra el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de Código de

1 Por intermedio de apoderado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con las
siguientes pretensiones.

“PRIMERO: Que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones por estar
viciadas de nulidad absoluta, por ir en contravía al DEBIDO PROCESO, a los
PRINCIPIOS DE LA DOBLE INSTANCIA, de LEGALIDAD, de TIPICIDAD, de
CONGRUENCIA y de DEFENSA:

A) RESOLUCIÓN NÚMERO 000202 del 19 de febrero de 2014, mediante la
cual la SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL
VALLE DE ABURRÁ, declara responsable a la empresa CUEROS VÉLEZ
S.A.S., por el vertimiento de aguas residuales industriales con color en
cantidad suficiente para alterar las condiciones existentes del cuerpo de agua
de la quebrada La Guayabala, en presunta contravención a normas
ambientales; por la captación de aguas subterráneas en cantidad superior a
la concesionada, en presunta contravención a normas ambientales,
imponiéndole una sanción consistente en Multa de TRESCIENTOS
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA
PESOS ($318.546.080), equivalente a quinientos diecisiete punto doce
(517.12) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

B) RESOLUCIÓN No. 000788 del 1 de julio de 2014, en la cual se modifica
la Resolución Metropolitana No. S.A. 000202 de 19 de febrero de 2014, en
cuanto al monto de la sanción impuesta, quedando entonces en la suma de
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($292.605.769).

SEGUNDO: Como consecuencia de estas declaraciones, se deje sin efecto los
actos mediante los cuales se pretende ejecutar la sanción que se impuso en las
resoluciones antes citadas, en el evento de que se hubieran iniciado.

TERCERO: Que a título de restablecimiento del derecho, se condene al ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ a reconocer a título de perjuicios
materiales (daño emergente) a mi poderdante por los actos administrativos
referenciados, la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($74.766.800) que se describen y
se sustenta por los siguientes gastos:

a) Gastos derivados de la defensa legal de la compañía que ascienden a la
suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS ($53.150.000).

b) Gastos derivados de la necesidad de realización de las pruebas de
laboratorio ensayos y análisis que ascienden a la suma de VEINTIÚN
ILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
($21.616.800)”2

Hechos

2. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

2 Samai, archivo “10_10_050012333000201500695012”, páginas 3 a 5.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

2.1. Mediante la Resolución núm. S.A. 001327 del 23 de agosto de 2013, el AMVA
abrió investigación por posibles infracciones ambientales causadas por la sociedad
Cueros Vélez S.A.S.

2.2. Posteriormente, a través de la Resolución núm. S.A. 0001366 del 2 de
septiembre de 2013, la entidad demandada formuló los siguientes cargos: (i)
vertimiento de aguas residuales industriales que alteraban las condiciones de la
quebrada “La Guayabala”; (ii) captación de aguas subterráneas en volúmenes
superiores a los autorizados; (iii) incumplimiento en la presentación del Programa
de Uso Eficiente y Racional del Agua (PUEYRA); (iv) medición extemporánea de
emisiones de la cabina de pigmentación 2; y (v) falta de elevación de ductos o
chimeneas en los plazos establecidos.

2.3. Tras la etapa de indagación, el Subdirector Ambiental de la AMVA por medio de
la Resolución núm. S.A. 000202 del 19 de febrero de 2014, declaró responsable a
la sociedad Cueros Vélez por los cargos (i), (ii), y (iv) por lo que impuso como
sanciones una multa equivalente a 517,12 salarios SMLMV y la caducidad de la
concesión de aguas subterráneas de un aljibe con caudal concesionado de 89.352
m2/mes.

2.4. Contra esta decisión, Cueros Vélez interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante la Resolución núm. 000788 del 1° de julio de 2014, que redujo el
monto de la multa a 475 SMLMV, porque no encontró demostrado parcialmente el
cargo (i), en cuanto al vertimiento de aguas residuales industriales a la quebrada
“La Guayabala”.

Normas violadas según la actora

3. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 29 de la Constitución Política.
• Artículo 66 de la Ley 99 de 1993.
• Artículo 3 de la Ley 1333 de 2009.

Concepto de violación expresado en la demanda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

4. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:

Primer cargo: violación del principio de doble instancia

4.1. Las Áreas Metropolitanas tienen competencia para adelantar procedimientos
sancionatorios ambientales, conforme al artículo 66 de la Ley 99 de 1993. En su
estructura organizacional, el Director actúa como representante legal, mientras que
las Subdirecciones (como la Subdirección Ambiental en el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá) ejercen funciones delegadas.

4.2. Aunque la potestad sancionatoria corresponde originalmente al Director, como
máxima autoridad, en este caso se delegó en el Subdirector Ambiental y, en esa
medida, el funcionario sancionador tenía superior jerárquico (Director), la decisión
debía ser susceptible de apelación, no solo de reposición, en los términos del
artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

Segundo cargo: inobservancia del principio de legalidad

4.3. La sanción aplicada a la demandante se fundamentó en la Resolución 2086 de
2010, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo las
facultades conferidas en el artículo 11 del Decreto 3678 de 2010 y el artículo 40 de
la Ley 1333 de 2009, que establecen la metodología para calcular multas
ambientales.

4.4. Sin embargo, el AMVA omitió que el artículo 11 del Decreto 3678 estaba
suspendido por decisión del Consejo de Estado (auto del 8 de marzo de 2012,
radicado núm. 2011-330, ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso).
Esta suspensión solo fue levantada el 10 de julio de 2014, es decir, después de
impuesta la sanción.

Tercer cargo: desconocimiento del principio de tipicidad

4.5. Señala la demandante que el AMVA violó el principio de tipicidad al sancionar
a Cueros Vélez sin fundamento legal, pues inicialmente formuló cargos basados en
el Decreto 1715 de 1978 (sobre alteración de paisajes con fines publicitarios), norma

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

completamente ajena al caso, y luego pretendió justificar la sanción alegando una
infracción genérica de “afectación al paisaje” por vertimientos industriales. Sin
embargo, nunca precisó que el paisaje afectado estuviera protegido, como exige el
Decreto 2811 de 1974, ni demostró daño ambiental concreto, aplicando así una
figura sancionatoria inexistente en la normativa ambiental vigente.

4.6. En cuanto a la caducidad de la concesión de aguas, la entidad aplicó el Decreto
3678 de 2010 de manera arbitraria. Aunque esta norma exige reincidencia grave
para decretar la caducidad, la autoridad primero determinó la gravedad del hecho y
luego buscó acomodar el concepto de reincidencia, invirtiendo el análisis legal. Peor
aún, no acreditó que la sobreexplotación del acuífero hubiera generado un impacto
ambiental severo, requisito esencial para aplicar esta drástica medida sancionatoria,
lo que evidenciaba una aplicación caprichosa de la norma.

4.7. Finalmente, señala la actora, que la sanción por no presentar mediciones de
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) carece totalmente de sustento legal, pues
la Resolución 909 de 2008 no establece estándares de emisión para COV ni tipifica
su incumplimiento como infracción ambiental, limitándose a exigir reportes anuales.
Al imponer una sanción por un mero incumplimiento administrativo, no previsto
como infracción, la autoridad ambiental excedió sus facultades, vulnerando el
principio de legalidad que exige taxatividad en las normas sancionatorias.

Cuarto cargo: violación parcial del principio de congruencia

4.8. El Área Metropolitana incurrió en una violación parcial de este principio al iniciar
el proceso por presunta infracción al Decreto 1715 de 1978 (alteración de elementos
naturales con fines publicitarios), norma totalmente ajena a los hechos, y luego, ante
la improcedencia de este cargo, improvisar una nueva tipificación basada en una
supuesta afectación al paisaje, sin que esta figura hubiera sido objeto de debate en
el pliego de cargos.

4.9. Esta arbitrariedad no solo quebrantó el principio de congruencia, sino también
el derecho de defensa, pues la empresa no pudo controvertir adecuadamente la
nueva calificación jurídica impuesta a posteriori. Peor aún, la propia entidad
demandada reconoció en sede de reposición que el vertimiento accidental no
generó daño ambiental, lo que debió conducir a la absolución y no a un cambio de
fundamentos para mantener la sanción.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

Contestación de la demanda

5. La AMVA contestó la demanda3, y se opuso a las pretensiones de la parte
demandante, así:

Frente a la violación del principio de doble instancia

5.1. El AMVA actuó como máxima autoridad ambiental en la zona urbana del Valle
de Aburrá, en consecuencia, las decisiones administrativas demandadas solo eran
susceptibles del recurso de reposición.

5.2. El recurso de apelación no era procedente ante el Director de la AMVA, pues
este había delegado al Subdirector Ambiental de la entidad la expedición de los
actos acusados, mediante la Resolución núm. 1023 de 2008 y, en consecuencia, se
asumen como si el delegante los hubiera proferido, al tenor de Io dispuesto en
artículo 12 de la Ley 489 de 1998.

Frente a la violación al principio de legalidad

5.3. Al momento de emitirse las resoluciones cuestionadas, el Decreto 3678 de 2010
seguía vigente, ya que la suspensión no había adquirido firmeza debido a que contra
el auto del 8 de marzo de 2012 se interpuso recurso de súplica, que se concedió en
el efecto suspensivo.

5.4. Además, por medio de auto del 10 de julio de 2014 se resolvió el recurso y
revocó la medida cautelar. Por lo tanto, los actos administrativos impugnados fueron
dictados en estricto cumplimiento de la normativa vigente en esa época, sin
contravenir ninguna disposición superior ni la suspensión inicial, que carecía de
efectos vinculantes al no estar firme.

Frente a la violación del principio de tipicidad

3 Samai, archivo “10_10_050012333000201500695012”, páginas 180 a 213.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

5.5. En el régimen administrativo sancionatorio ambiental, el legislador permitió la
configuración de tipos abiertos, los cuales se concretan mediante remisión a otras
normas, como lo ha reconocido la Corte Constitucional (Sentencia C-742/10).

5.6. En el caso de la empresa Cueros Vélez, se le imputó, entre otros cargos, el
vertimiento de aguas residuales con color suficiente para alterar las condiciones de
la quebrada “La Guayabala”, violando normas como el artículo 24.9 del Decreto
3930 de 2010, la Resolución Metropolitana núm. D. 002016 de 2012, el Acuerdo
Metropolitano núm. 021 de 2012 y el artículo 4° del Decreto 1715 de 1978. Así, se
evidenciaron conductas constitutivas de infracción ambiental, sustentadas en
múltiples disposiciones, no solo en el Decreto 1715.

5.7. Si bien durante el proceso se desvirtuó la supuesta violación al Decreto 1715
de 1978, no ocurrió lo mismo con las demás normas que fundamentaron el cargo.
Además, conforme al artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, no se requiere un daño
efectivo al medio ambiente para configurar la infracción, basta con la violación de
normas ambientales, como ocurrió en este caso.

5.8. El argumento del demandante sobre un supuesto vacío jurídico en la protección
del paisaje carece de fundamento, pues desconoce el principio pro natura, según el
cual toda interpretación normativa debe favorecer la protección ambiental.

5.9. En relación con la captación de aguas subterráneas, la empresa incumplió
obligaciones establecidas en la Resolución núm. S.A. 001030 de 2009, lo cual
constituye una infracción grave y reiterada según el artículo 248 del Decreto 1541
de 1978.

5.10. Respecto al cargo de no realizar mediciones de COV en la cabina de
pigmentación, la empresa incumplió la Resolución núm. 909 de 2008 durante
aproximadamente dos años. Este incumplimiento, por sí solo, configura una
infracción ambiental, sin que corresponda al vigilado cuestionar la utilidad de dichas
mediciones. Prima el principio pro natura, que exige el estricto cumplimiento de las
normas ambientales sin interpretaciones restrictivas que debiliten su protección.

Frente a la violación parcial al principio de congruencia

5.11. La demandante omitió que en la formulación de cargos se invocaron múltiples
normas ambientales infringidas, no solo el artículo 4° del Decreto 1715 de 1978, por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

lo que no existe tal contradicción. La sanción se fundamentó en el incumplimiento
comprobado de diversas disposiciones, más allá de lo señalado en el Decreto 1715.

5.12. Finalmente, respecto a los gastos de defensa judicial y pruebas de laboratorio,
la demandante desconoce que estos son consecuencia directa de sus propias
omisiones, las cuales llevaron a la autoridad ambiental a iniciar acciones
administrativas.

Sentencia apelada

6. La sentencia proferida el 6 de julio de 2021, por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia4, resolvió:

“PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, de conformidad
con el análisis realizado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO SE CONDENA EN COSTAS, conforme lo dicho en las
consideraciones.”

Consideraciones del Tribunal

Del principio de doble instancia

6.1. Aunque el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 establece que contra los actos
que pongan fin a una investigación sancionatoria proceden los recursos de
reposición y, en caso de existir superior jerárquico, el de apelación, en este caso el
subdirector ambiental actuó como delegatario del director mediante la Resolución
núm. 1023 de 2008, ejerciendo facultades propias de la autoridad ambiental sin
superior jerárquico que revisara sus decisiones, por lo que solo procedía el recurso
de reposición, el cual fue debidamente interpuesto y resuelto mediante la
Resolución núm. 788 de 2014, sin que se configurara vulneración al debido proceso.

Del principio de legalidad

6.2. El Consejo de Estado, mediante providencia del 8 de marzo de 2012, ordenó la
suspensión provisional del artículo 11 del Decreto 3678 de 2010, pero al
interponerse recurso de súplica por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

4 Samai, archivo “9_050012333000201500695001SENTENCIA20210706115206.pdf”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

Sostenible, dicha suspensión solo surtiría efectos una vez ejecutoriada la decisión,
es decir, tras resolverse el recurso el 10 de julio de 2014. Por tanto, al expedirse las
Resoluciones del 19 de febrero y 1° de julio de 2014, el artículo 11 del Decreto 3678
seguía vigente, pues la suspensión no había adquirido firmeza.

Del principio de tipicidad

6.3. Respecto al primer punto del cargo, si bien en el pliego de cargos se
mencionaron diversas normas presuntamente infringidas por Cueros Vélez, no
todas debían confirmarse como vulneradas en el fallo sancionatorio. El
procedimiento administrativo permite determinar, tras la investigación, cuáles
normas fueron efectivamente transgredidas, sin que ello implique la absolución si
otras infracciones quedan acreditadas.

6.4. Sobre la sanción de caducidad de la concesión, el Área Metropolitana
fundamentó su decisión en la sobreexplotación de aguas subterráneas, evidenciada
por captaciones que superaron en 439% y 360% el volumen concesionado en 2010
y 2011, respectivamente. La Resolución 202 de 19 de febrero de 2014, analizó la
gravedad y reincidencia del incumplimiento, destacando que la demandante fue
previamente advertida. Además, la tasación de la multa por este aspecto consideró
criterios como el beneficio ilícito, la afectación ambiental y la capacidad económica,
lo cual fue respaldado por el Comité de Tasación, lo que descartaba arbitrariedad
alguna.

6.5. En cuanto a la sanción por no presentar mediciones de COV, encontró que la
entidad aplicó el parágrafo 4° del artículo 6° de la Resolución 909 de 2008, que
exige reportes anuales durante los primeros dos años. Aunque la demandante alegó
inoperancia de la cabina de pigmentación, esto no la eximía de reportar, ya que la
norma no establece umbrales de emisión, sino la obligación de informar.

Del principio de congruencia

6.6. El procedimiento administrativo sancionatorio ambiental otorga a la
administración un margen flexible para analizar las conductas investigadas y las
normas presuntamente infringidas, conforme al artículo 5° de la Ley 1333 de 2009,
que considera infracción no solo la violación de normas expresas sino también de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

reglamentos ambientales, permitiendo así la imposición de sanciones como las que
fueron aplicadas en este caso.

6.7. Además, el parágrafo 1° de dicho artículo establece una presunción de culpa o
dolo del infractor, correspondiendo a Cueros Vélez demostrar que actuó con
diligencia y sin intención de violar las disposiciones ambientales, carga probatoria
que en este caso no fue satisfecha.

Recurso de apelación

7. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación
contra la sentencia proferida el 6 de julio de 2021, por la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, exponiendo en dicho recurso los siguientes
argumentos5:

Desconocimiento del principio de doble instancia

7.1. El Tribunal omitió analizar “si la facultad sancionatoria era delegable o no, y de
serlo, al delegarse, no se conculcan derechos de los administrados”,
particularmente la posibilidad de recurrir la sanción ante un superior.

7.2. La potestad sancionatoria ambiental corresponde al Estado, específicamente a
los directores de las Áreas Metropolitanas, siendo esta facultad de carácter
indelegable, pues, aunque la delegación está permitida, cuando se trata de
decisiones sancionatorias emitidas por un subdirector (quien tiene superior
jerárquico), estas deben ser apelables para garantizar el derecho a la doble
instancia, en los términos del artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

Inobservancia del principio de tipicidad

7.3. El Tribunal no analizó de fondo la violación al principio de tipicidad en el
procedimiento sancionatorio, flexibilizando indebidamente su aplicación. Pese a el
pliego de cargos inicial citó erróneamente el artículo 4° del Decreto 1715 de 1978
(luego rectificado en el fallo sancionatorio), se mantuvo la sanción mediante una
analogía injustificada sobre la afectación al “paisaje”, sin demostrar daño ambiental

5 Samai, archivo “12_050012333000201500695002RECEPCIONMEMOR20210722160407.pdf”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

concreto. Además, no se definió que el paisaje fuera protegido, por lo que, a su
juicio, vulneró de acuerdo con lo establecido en el artículo 302 del Decreto 2811 de
1974.

7.4. Respecto a la sanción de caducidad de la concesión de aguas, el Área
Metropolitana invirtió los criterios legales, pues el artículo 6° del Decreto 3678 de
2010 exige primero acreditar reincidencia y luego gravedad, pero la entidad priorizó
la gravedad “y con ésta (sic) base se sancionó”.

7.5. La Resolución 909 de 2008, si bien establece la obligación de reportar
emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), no define estándares
específicos de medición ni estipula consecuencias expresas por el incumplimiento
de dicho deber. A pesar de esta ausencia normativa, la autoridad ambiental impuso
una sanción a la empresa tratando la infracción como de carácter sucesivo, cuando
la obligación de presentar el reporte es anual y, por lo tanto, de naturaleza
instantánea. Al hacerlo, la entidad amplió indebidamente el tipo infracción al
incorporar el criterio de temporalidad, el cual no se encuentra previsto en la ley,
basando su decisión en resoluciones que no son aplicables al presente caso.

Violación del principio de congruencia

7.6. La AMVA desconoció el principio de congruencia entre los cargos imputados y
la decisión sancionatoria, al condenar a la empresa por afectar el “paisaje”, hecho
nunca planteado en el pliego de cargos inicial, que solo mencionó vertimientos
contaminantes en la quebrada “La Guayabala”. Pese a reconocer que no hubo
violación al Decreto 1715 de 1978 (norma originalmente invocada), la sanción se
basó en un cargo de daño al paisaje, impidiendo a la empresa ejercer su defensa
sobre este aspecto. La sentencia apelada, al justificar esta incongruencia con
argumentos genéricos sobre la flexibilidad del derecho ambiental, evitó analizar el
fondo del problema: la arbitrariedad de sancionar conductas no debatidas durante
el proceso.

Actuación en segunda instancia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de octubre de 20216, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 6 de julio de 2021, por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

II. CONSIDERACIONES

9. La Sala procederá al estudio de las consideraciones en las siguientes partes: (i)
competencia (ii) los actos administrativos acusados; (iii) el problema jurídico; y (iv)
el análisis del caso concreto.

Competencia

10. De conformidad con el artículo 1507 del CPACA, sobre la competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 3088
del CPACA 9, sobre el régimen de transición y vigencia; y el artículo 1310 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación,
la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, en segunda instancia.

11. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.

12. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos
por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida el 6 de julio de 2021, por la Sala Primera de Decisión del Tribunal

6 Samai, archivo “3_050012333000201500695011”.
7 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]”.
8 “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el

dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior […]”.
9 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
10 Modificado por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

Administrativo de Antioquia, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201211, norma aplicable al presente caso, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones
a los cuales se contrae dicho recurso.

13. En consecuencia, la Sala se releva de estudiar los argumentos sobre la
inobservancia del principio de legalidad, por cuanto estos no fueron objeto de
inconformidad en el escrito de apelación.

14. Adicionalmente, es del caso aclarar que Cueros Vélez, en el recurso de
apelación, particularmente en el cargo por desconocimiento de la doble instancia,
alegó argumentos relacionados con la indelegabilidad de la potestad sancionatoria
ambiental y, subsidiariamente, falta de la concesión del recurso de apelación ante
el Director de la AMVA, en los términos del artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

15. Al respecto, la Sala no se pronunciará respecto de los argumentos relacionados
con la indelegabilidad de la potestad sancionatoria ambiental, por cuanto fueron
expuestos por primera vez en el recurso de apelación, sin estar contenidos en la
demanda que dio origen al proceso; es decir, durante el curso de la actuación
procesal dicho argumento no fue alegado en la etapa procesal pertinente; y por
ende, tampoco fue objeto de pronunciamiento en la sentencia que ahora se apela;
en consecuencia, se trata de un planteamiento nuevo en esta sede que, como se
dijo, debió ser expuesto en la demanda con el objeto de garantizar el derecho del
debido proceso, de contradicción y de defensa de las partes.

16. Esta Sección12 en diversas oportunidades ha considerado que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente, ha reiterado que no puede abordar materias o cuestiones
que se plantean en la apelación, pero que no hacen parte del concepto de violación
del libelo, ni que la sentencia de primera instancia estudió […]”, porque ello
constituiría vulneración del principio de congruencia y, en consecuencia, de los
derechos del debido proceso, contradicción y de defensa de la parte que resulte

11 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente:

2005-00270 y Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

afectada.

17. No obstante, sí se estudiará el cargo por el desconocimiento de la doble
instancia en lo relacionado con la falta de concesión del recurso de apelación ante
el Director de la AMVA, debido a que este argumento sí fue alegado en el escrito de
la demanda y se propuso como inconformidad en el recurso de apelación por parte
de Cueros Vélez.

Actos acusados

18. Los actos acusados son los siguientes:

18.1. La Resolución núm. 000202 del 19 de febrero de 201413, por la cual el
Subdirector Ambiental del AMVA sancionó a Cueros Vélez S.A.S. con (i) multa por
la suma de 517.12 SMLMV debido al vertimiento de aguas residuales industriales
que alteraban las condiciones de la quebrada “La Guayabala” y a la medición
extemporánea de emisiones de la cabina de pigmentación 2; y (ii) con la declaratoria
de caducidad de la concesión de aguas subterráneas de un aljibe por la captación
en volúmenes superiores a los autorizados.

18.2. Y la Resolución núm. 000788 del 1° de julio de 201414, por medio de la cual el
Subdirector Ambiental del AMVA modificó parcialmente la Resolución núm. 000202
del 19 de febrero 2014, en el sentido de reducir la multa a la suma de 475 SMLMV,
al considerar que la sancionada no incurrió en la infracción prevista en el artículo 4°
del Decreto 1715 de 1978, relacionada con vertimientos de aguas residuales
industriales en la quebrada “La Guayabala”. No obstante, el acto administrativo
confirmó el resto de las sanciones y cargos establecidos en la resolución inicial.

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala, con fundamento en el argumento del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, determinar la legalidad de los actos
acusados.

13 Samai, archivo “10_10_050012333000201500695012”, páginas 31 a 81.
14 Samai, archivo “10_10_050012333000201500695012”, páginas 82 a 132.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

20. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida, en primera instancia.

Acervo probatorio

21. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes:

21.1. Resolución núm. 0001023 del 29 de octubre de 2008 que delegó al
Subdirector Ambiental de la AMVA, entre otras funciones, la facultad sancionatoria
establecida en la Ley 99 de 199315.

21.2. Resoluciones 0001029 y 000130 del 21 de agosto de 2009, mediante las
cuales la AMVA otorgó a Cueros Vélez una concesión de aguas subterráneas de
unos pozos tipo aljibe por 50,40 m3/mes y 89,352 m3/mes, respectivamente16.

21.3. Resolución núm. 0001945 del 15 de octubre de 2010, mediante la cual el
AMVA modificó las Resoluciones 0001029 y 000130 del 21 de agosto de 2009, en
el sentido de precisar las direcciones de los inmuebles en los que iba aprovechar
el uso de los aljibes17.

21.4. Resolución núm. 0001327 del 23 de agosto de 2013, por medio de la cual
AMVA inició un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental,
contra Cueros Vélez con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de
infracción a la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos,
aprovechamiento de aguas subterráneas y emisiones atmosféricas18.

21.5. Auto núm. 0003001 del 2 de octubre de 2013, por medio del cual la AMVA
abrió el periodo probatorio en el procedimiento sancionatorio ambiental19.

21.6. Resolución Metropolitana núm. 0001366 del 2 de septiembre de 2013,
mediante la cual AMVA formuló cargos contra Cueros Vélez S.A.S.20.

15 Samai, archivo “16_16_050012333000201500695012EXPEDIENTEDIGIC”, página 667.
16 Samai, archivo “16_16_050012333000201500695012EXPEDIENTEDIGIC”, páginas 650 a 661.
17 Samai, archivo “16_16_050012333000201500695012EXPEDIENTEDIGIC”, páginas 662 a 663.
18 Samai, archivo “13_13_050012333000201500695012EXPEDIENTEDIGIC”, páginas 216 a 222.
19 Samai, archivo “13_13_050012333000201500695012EXPEDIENTEDIGIC”, páginas 414 a 419.
20 Samai, archivo “13_13_050012333000201500695012EXPEDIENTEDIGIC”, páginas 231 a 238.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

21.7. Presentación de descargos del 16 de septiembre de 2013, por parte de Cueros
Vélez21.

21.8. Respuesta a solicitud de justificación de vertimientos a la quebrada “La
Guayabala”, presentada por Cueros Vélez a Empresas Públicas de Medellín el 22
de marzo de 201322.

Análisis del caso en concreto

Doble Instancia en el proceso sancionatorio ambiental

22. La sociedad Cueros Vélez aduce que la Resolución núm. 000202 del 19 de
febrero de 2014, proferida por el Subdirector Ambiental del AMVA, debió ser
susceptible del recurso de apelación y no solo de reposición, en los términos del
artículo 30 de la Ley 1333 de 200923.

23. Sobre el particular, la norma antes citada dispone lo siguiente “[c]ontra el acto
administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria ambiental procede
el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación,
los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el
Código Contencioso Administrativo”.

24. Es claro, entonces, que contra el acto administrativo que finalice una
investigación sancionatoria ambiental proceden los recursos de reposición y
de apelación, este último, únicamente cuando exista un superior jerárquico que
revise la decisión. Además, ambos deben interponerse bajo los requisitos y plazos
previstos en el Código Contencioso Administrativo -hoy Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-.

25. Sin embargo, en el proceso se acreditó que la Resolución núm. 000202 del 19
de febrero de 2014 fue expedida por el Subdirector Ambiental del AMVA, como
delegatario de las funciones del Director de la entidad, quien por medio de la
Resolución núm. 0001023 del 29 de octubre de 2008, le había delegado la
atribución sancionatoria establecida en la Ley 99 de 1993.

21 Samai, archivo “13_13_050012333000201500695012EXPEDIENTEDIGIC”, páginas 249 a 257.
22 Samai, archivo “13_13_050012333000201500695012EXPEDIENTEDIGIC”, páginas 308 a 314.
23 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

26. Al respecto, el artículo 211 de la Constitución Política señala que:

“ARTÍCULO 2011. La ley señalará las funciones que el presidente de la República
podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos,
representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes,
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine.
Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan
delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar
o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los
delegatarios”.

27. Por su parte, la Ley 489 de 199824, aplicable a todos los organismos y entidades
de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública, en el artículo
12, dispone lo siguiente:

“ARTICULO 12. REGIMEN DE LOS ACTOS DEL DELEGATARIO. Los actos
expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos
requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y
serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá
exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier
tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con
sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.

PARAGRAFO. En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma
expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente
principal” [negrillas fuera de texto].

28. Además, la Corte Constitucional mediante sentencia C-372 de 2002 identificó
los elementos de la delegación administrativa que, frente a las decisiones del
delegatario, precisó lo siguiente:

“[…] i) Decisiones del delegatario. El delegatario toma dos tipos de decisiones:
unas, para el cumplimiento de las funciones del empleo del cual es titular, y otras,
en ejercicio de la competencia delegada, para el cumplimiento de las
correspondientes funciones del empleo del delegante. […]. Además, las decisiones
que toma en calidad de delegatario tienen el mismo nivel y la misma fuerza
vinculante como si la decisión hubiese sido tomada por el delegante y, se asume,
“que el delegado es el autor real de las actuaciones que ejecuta en uso de las
competencias delegadas, y ante él se elevan las solicitudes y se surten los recursos
a que haya lugar, como si él fuera el titular mismo de la función”.

24 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se

expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

j) Recursos contra las decisiones del delegatario. La Constitución asigna al
legislador la facultad para establecer “los recursos que se pueden interponer contra
los actos de los delegatarios” (C.P., art. 211).

k) Decisiones en la delegación. En la delegación se presentan tres clases de
decisiones: 1ª) la decisión de la autoridad que otorga la calidad de delegante a una
autoridad administrativa y que señala las materias en las cuales podrá darse la
delegación; 2ª) la decisión de delegar que toma el delegante, la cual se concreta en
el acto de delegación, y 3ª) las decisiones que toma el delegatario en ejercicio de la
delegación, las cuales a su vez se expresan en actos o resoluciones […]”.

29. Así las cosas, la Sala, al analizar el régimen jurídico aplicable, concluye que no
procede el recurso de apelación contra la Resolución núm. 000202 del 19 de febrero
de 2014, proferida por el Subdirector Ambiental del AMVA en ejercicio de facultades
delegadas.

30. En efecto, el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 condiciona el recurso de
apelación a la existencia de un superior jerárquico, requisito que no se cumple en
este caso, pues la delegación convierte al Subdirector en la máxima autoridad para
emitir el acto administrativo sancionatorio. Adicionalmente, ni la Ley 1333 ni la Ley
489 contemplan un recurso de apelación contra actos de delegatarios.

31. Además, conforme a los artículos 211 de la Constitución Política y 12 de la Ley
489 de 1998, los actos del delegatario (Subdirector Ambiental) tienen la misma
naturaleza y efectos jurídicos que los del delegante (Director del AMVA). Por tanto,
al ser el delegatario quien adoptó la decisión que puso fin a la investigación
sancionatoria, no existe un superior jerárquico que pueda conocer de un eventual
recurso de apelación, ya que el delegante no revisa actos que, en esencia, se
consideran propios por ser la máxima AMVA.

32. En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado25 ha señalado que “[…]
la Sala no comparte las consideraciones del Tribunal, en el sentido de que para la
fecha del acto demandado se encontraba vigente el texto original del artículo 92 de
la Ley 136 de 1994, en cuyo parágrafo se indicaba que contra los actos de los
delegatarios de los alcaldes procedía el recurso de apelación. Lo anterior porque,
tal como lo ha precisado esta Corporación26 y en consonancia con la naturaleza

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12

de abril de 2024, radicado 25000-23-41-000-2012-00563-01(50.609).
26 “Sobre la aplicabilidad del artículo 92 de la Ley 136 de 1994, encuentra la Sala que es acertada la postura,

tanto del a quo como del agente del Ministerio Público, al señalar que el mismo fue derogado tácitamente por
el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, pues, como viene de explicarse, esta última reguló el régimen de los actos
del delegatario el cual resulta aplicable (sic) a los entes territoriales, como lo es el municipio de Medellín y,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

jurídica de la delegación administrativa, el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 derogó
tácitamente el artículo 92 referido y, por tanto, las decisiones del delegatario sólo
“(…) serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos [del
delegante]”. En el presente caso, contra la decisión adoptada por inspector de
policía, con ocasión de la delegación de las funciones del alcalde municipal,
contenidas en el artículo 164 del Código de Minas, sólo procedía el recurso de
reposición, pues en relación con esa competencia el alcalde no tenía superior
jerárquico o funcional […]”.

33. En consecuencia, el cargo de desconocimiento del principio de doble instancia
no tiene vocación de prosperidad.

Inobservancia del principio de tipicidad

34. La parte demandante alegó que, si bien el pliego de cargos inicial citó de manera
errónea el artículo 4° del Decreto 1715 de 1978 —error que fue rectificado
posteriormente en el fallo sancionatorio—, la imposición de la sanción se
fundamentó en una analogía injustificada al invocar la afectación al “paisaje”, sin
que se acreditara la existencia de un daño ambiental concreto. Asimismo, señaló
que no se definió que dicho paisaje contara con alguna figura expresa de protección,
por lo que, a su juicio, la decisión vulneró lo dispuesto en el artículo 302 del Decreto
2811 de 1974.

35. Particularmente, el 4° del Decreto 1715 de 1978, prohíbe “[…] deformar o alterar
elementos naturales como piedras, rocas, peñascos, praderas, árboles, con pintura
o cualquier otro medio para fines publicitarios o de propaganda en general.
Tampoco se podrán aducir fines artísticos para producir tales efectos”.

36. Mediante la Resolución núm. 0001366 del 2 de septiembre de 2013, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) formuló pliego de cargos en contra de
Cueros Vélez S.A.S.; en lo que respecta al cargo (i), la autoridad indicó que este
consistía en la presunta infracción del vertimiento de aguas residuales industriales
con color en cantidad suficiente para alterar las condiciones existentes del cuerpo

además, porque el artículo 121 de la misma ley, previó la derogatoria de todas las disposiciones que le fueran
contrarias.” Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de abril de 2018, Rad. 05001-23-31-000-2010-
02401-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

de agua de la quebrada “La Guayabala”, en presunta contravención, de entre otras
normas, el artículo 4° del Decreto 1715 de 1978. Textualmente señaló:

“1. El vertimiento de aguas residuales industriales con color en cantidad suficiente
para alterar las condiciones existentes del cuerpo de agua de la quebrada La
Guayabala, en presunta contravención a las siguientes normas ambientales: artículo
24, numeral 9 del Decreto 3930 de 2010; artículo 1° de la Resolución Metropolitana
No. D. 002016 del 26 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial No. 4108
del 30 de octubre de 2012 "por medio de la cual se adoptan nuevos objetivos de
calidad del Río Medellín-Aburrá, para el periodo 2012-2022", expedida por esta
Entidad; artículo 2° del Acuerdo Metropolitano No 021 del 2 de noviembre de 2012,
publicado en la Gaceta la Gaceta Oficial No. 4118 del 4 de diciembre de 2012 "Por
medio del cual se prohíben vertimientos directos a cuerpos de agua o al sistema de
alcantarillado público, que alteren los objetivos de calidad y modifiquen las
condiciones de color del cuerpo de agua" y artículo 4° del Decreto 1715 de 1978.”
[negrillas fuera del texto].

37. Entonces, la AMVA formuló cargos por infracción (i) del artículo 24, numeral 9,
del Decreto 3930 de 2010; (ii) del artículo 1° de la Resolución Metropolitana 002016
del 26 de octubre de 2012; (iii) del artículo 2° del Acuerdo Metropolitano 021 del 2
de noviembre de 2012; y (iv) del artículo 4° del Decreto 1715 de 1978.

38. Al efecto, el acto acusado, esto es, la Resolución núm. 000202 del 19 de febrero
de 2014, declaró responsable a Cueros Vélez, entre otras razones, por el
desconocimiento de las normas antes señaladas.

39. No obstante, al resolver el recurso de reposición, la Resolución núm. 000788 del
1° de julio de 2014, modificó parcialmente la decisión anterior, al considerar que la
sancionada no incurrió en la infracción prevista en el artículo 4° del Decreto 1715
de 1978, relacionada con vertimientos de aguas residuales industriales en la
quebrada “La Guayabala”, con fundamento en las siguientes razones:

“[…] Que en cuanto a la identificación de las normas infringidas le asiste la razón al
recurrente cuando afirma que la conducta imputada no se adecúa a la prohibición
contenida en el artículo 4° del Decreto 1715 de 1978, pero no por los motivos por él
invocados, pues arguye que de la lectura del artículo en mención se infiere que en
esta prohibición legal no se hace referencia al vertimiento de aguas con coloración
como aduce la autoridad ambiental.

Veamos qué señala el artículo 4° del Decreto 1715 de 1978:

“se prohíbe deformar o alterar elementos naturales como piedras, rocas,
peñascos. praderas, árboles, con pintura o cualquier otro medio para fines
publicitarios o de propaganda en general. Tampoco se podrán aducir fines
artísticos para producir tales efectos”

Los elementos de la prohibición contenida en la norma son:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

Acción: deformar o alterar elementos naturales, y señala a título enunciativo, que
son elementos naturales las piedras, rocas, peñascos, praderas, árboles, sin que
tal listado sea taxativo.

Medio: pintura o cualquier otro medio

Fin: para fines publicitarios o de propaganda en general, o fines artísticos.

Que si bien la conducta desplegada por la empresa Cueros Vélez consistió en la
alteración de un elemento natural (agua) por vertimiento de sustancias que
modificaron el color natural del agua de la quebrada La Guayabala, no se encuentra
acreditado en el expediente que la intención del agente se haya dirigido a la
obtención de fines publicitarios o de propaganda en general, o para satisfacer fines
artísticos. Por lo tanto, se modificará la Resolución Metropolitana N°. S.A. 000202
de 19 de febrero de 2014 en el sentido de suprimir la referencia al artículo 4° del
Decreto 1715 de 1978 como norma infringida por la Empresa Cueros Vélez al
realizar el vertimiento de aguas residuales industriales con color en cantidad
suficiente para alterar las condiciones existentes del cuerpo de agua de la quebrada
La Guayabala […]”.

40. Ahora, se precisa que el cargo (i) prosperó frente a las demás infracciones
formuladas en los cargos. Así se desprende de la Resolución núm. 000788 del 1°
de julio de 2014 que, a renglón seguido, encontró acreditado la afectación ambiental
del paisaje y no un daño en conceto, en los siguientes términos:

“De la afectación ambiental

• Por lo demás, fue un hecho público y notorio la alteración del color natural de las
aguas de la Quebrada La Guayabala por el vertimiento de color, contraviniendo con
ello, las disposiciones antes citadas y generando, una afectación ambiental que no
alcanzó la dimensión de daño ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 42
de la ley 99 de 1993, conforme al cual para que exista daño ambiental, se requiere
la lesión a un bien jurídico tutelado que afecte el normal funcionamiento de los
ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes.

De ahí que sólo cuando la acción u omisión del agente genere una perturbación,
modificación, alteración o impacto capaz de entorpecer el normal funcionamiento de
los ecosistemas o la renovabilidad de los recursos, será viable imputar
responsabilidad por el daño ambiental ocasionado.

Ahora bien, de acuerdo a la “Metodología para el cálculo de multas por infracción a
la normatividad ambiental. Manual conceptual y procedimental”, la afectación
ambiental es el “grado de alteración favorable o desfavorable, en el medio ambiente
o en alguno de los componentes del mismo producida por una acción o actividad”

Por lo tanto, puede existir afectación ambiental que no llega a ser constitutiva de
daño ambiental, lo cual estará determinado por el grado de incidencia de la
alteración producida y sus efectos.

Que de acuerdo al artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, no es requisito sine qua non,
la existencia de un daño para que se configure la infracción ambiental. Nótese como
la inexistencia de daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la
salud humana constituye apenas una circunstancia de atenuación de la
responsabilidad ambiental; por lo tanto, la inexistencia de daño ambiental no
desvirtúa la infracción, pero si (sic) constituye una atenuación que será valorada en
la importancia de la afectación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

Que es importante precisar que en materia de infracción ambiental se pueden
presentar las siguientes hipótesis:

• Infracción ambiental por violación a la normatividad ambiental, que
crea un riesgo potencial pero que no se concreta en impacto
ambiental. En este supuesto, habrá lugar a endilgar responsabilidad
administrativa en material ambiental por incumplimiento de normas
ambientales que contienen "obligaciones prohibiciones para lograr la
protección del medio ambiente, o las que imponen condiciones para
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

• Infracción ambiental por afectación ambiental constitutiva de daño
ambiental.

• Infracción ambiental por afectación ambiental no constitutiva de daño
ambiental.

Por lo que respecta a la afectación al paisaje, es importante resaltar que el paisaje
no sólo es un componente del medio ambiente tal y como lo enuncia el articulo 3 del
decreto 2811 de 1974, sino también un bien jurídico autónomo de protección,
tutelado por el legislador, como quiera que el artículo 1° de la Ley 99 de 1993, señala
que el paisaje es patrimonio común y por tanto, deberá ser protegido. Incluso, una
de las finalidades de las medidas preventivas en materia ambiental, a la luz de lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1333 de 2009, es la de "prevenir, impedir o evitar
la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana". Además de lo anterior, el legislador ha
previsto que para determinadas actividades (taxativamente señalada por la ley)
cuyo ejercicio pueda acarrear la existencia de un deterioro grave o de
modificaciones considerables o notorias al paisaje, se exija licencia ambiental.
Como se ve, no queda duda de la protección del paisaje como bien jurídico tutelado
por la legislación colombiana.

Que así mismo, el artículo 8 del decreto 2811 de 1974, establece como uno de los
factores que deterioran el ambiente, la alteración perjudicial o antiestética de
paisajes naturales.

Que está suficientemente acreditada la alteración a las condiciones normales del
color de las aguas de la Quebrada La Guayabala, y por tanto, la afectación al
paisaje, tal como lo evidencian las fotografías que fueron tomadas por personal de
Empresas Públicas de Medellín el día de los hechos (28 de febrero de 2013) y las
fotografías tomadas por personal técnico de la Entidad el día 7 de marzo de 2013,
donde se evidencia la descarga de aguas color negro a la Quebrada La Guayabala.

Que la alteración de las características existentes en un cuerpo de agua, no tiene
que ser permanente e irreversible, basta con que se produzca una alteración, que
bien puede ser transitoria, a un cuerpo de agua producto de un vertimiento,
afectando sus condiciones de color natural, para que se configure la afectación
ambiental. Y de la alteración a las condiciones de color de la quebrada La
Guayabala, no queda la menor duda, de lo cual obra amplia prueba en el expediente
ambiental.

Que no es atendible el argumento que presenta el recurrente cuando sostiene que
el paisaje no se vio afectado por el referido vertimiento de agua con coloración,
"máxime que este fue puntual y en muy poca cantidad (12 m3)", toda vez que no
existe certeza de la cantidad vertida. Nótese como el señor Jhoon (sic) Jairo
Carmona indicó en la declaración del 10 de octubre de 2013 lo siguiente: quisiera
también para (sic) aclarar que para el evento del 28 de febrero de 2013, donde se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

aprecia coloración azul no tenemos suficiente claridad sobre qué cantidad fue
vertido, pero si tengo claridad que lo máximo que se pudo haber vertido en ese día
de contingencia fueron doce metros cúbicos (…)” […] En cambio, si existe evidencia
(fotográfica) de que la cantidad de aguas residuales industriales de color azul
vertida, fue suficiente para alterar las condiciones de color de las aguas de la
quebrada La Guayabala.

Que así las cosas, la sanción impuesta a la empresa Cueros Vélez mediante el acto
impugnado, tiene como sustento, la violación de unas normas que contienen una
prohibición expresa, la de realizar vertimientos que alteren las características
existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos
determinados en la normatividad -Decreto 3930 de 2010-, entre ellos, el uso
estético, así como la prohibición de realizar vertimientos directos a cuerpos de agua
o al sistema de alcantarillado público de sustancias que modifiquen las condiciones
de color del cuerpo de agua, que alteren el uso estético para la armonización y
embellecimiento del paisaje -Acuerdo Metropolitano No. 021 del 2 de noviembre de
2012-, infracción que generó afectación ambiental a un bien jurídicamente tutelado
-el paisaje-que no llegó a ser constitutiva de daño ambiental”.

41. En consecuencia, la Resolución núm. 000788 del 1° de julio de 2014 determinó
que, si bien la conducta de Cueros Vélez no generó un daño ambiental, pues no
hubo afectación grave al ecosistema o renovabilidad de los recursos, sí configuró
una afectación ambiental al alterar el color natural de la Quebrada “La Guayabala”,
vulnerando así el paisaje como bien jurídico protegido por la normativa ambiental
(Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974 y Acuerdo Metropolitano 021 de 2012).

42. En este sentido se tiene que el artículo 2° del Acuerdo Metropolitano 021 de
2012, dispone que “[...] [s]e prohíben los vertimientos directos a cuerpos de agua o
al sistema de alcantarillado público, de sustancias que modifiquen las condiciones
de color del cuerpo de agua, que alteren el uso estético para la armonización y
embellecimiento del paisaje”.

43. Así, el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, sin la modificación de la Ley 2387 de
2024, señalaba que:

“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994
y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia civil […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

44. En suma, la norma en cita establecía que una infracción ambiental podía
configurarse de dos formas, a saber (i) por la violación de normas
ambientales (como el Código de Recursos Naturales, la Ley 99 de 1993 y sus
reglamentos) o de actos administrativos de autoridades ambientales; y (ii) por
la comisión de un daño ambiental, siempre que concurrieran los elementos de la
responsabilidad civil extracontractual (daño, culpa/dolo y nexo causal).

45. Entonces, el ordenamiento sanciona tanto la simple violación de normas
ambientales, como vertimientos que alteren el paisaje sin afectar irreversiblemente
el ecosistema, como aquellos casos donde efectivamente se materializa un daño
ambiental, distinción que permite concluir que carece de razón la parte actora al
señalar que la AMVA debía acreditar un daño ambiental en el proceso sancionatorio
ambiental.

46. Adicionalmente, Cueros Vélez adujo que los actos sancionatorios no
demostraron que el paisaje afectado estuviera específicamente protegido bajo lo
dispuesto en el artículo 302 del Decreto 2811 de 1974.

47. La norma en cita estableció que “[l]a comunidad tiene derecho a disfrutar de
paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual. Se
determinarán los que merezcan protección”.

48. Sobre este punto, vale la pena indicar que el artículo 3° de la Ley 1333 de 2009
-sin modificaciones- preveía que “[s]on aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99
de 1993”.

49. En este sentido, el artículo 1° de la Ley 99 de 199327 señala el paisaje como
“patrimonio común”, lo que implica su protección sin necesidad de actos
administrativos adicionales que establezcan cuales merecen protección.

50. Además, el artículo 8° del mismo Decreto 2811 de 1974 cataloga la alteración
antiestética de paisajes naturales como un factor de deterioro ambiental, y el

27 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

Acuerdo Metropolitano 021 de 2012 prohíbe expresamente vertimientos que alteren
el color de cuerpos de agua y su valor estético.

51. Así, la autoridad ambiental no debió acreditar que la Quebrada “La Guayabala”
contara con un régimen especial de protección, pues la alteración de su color,
documentada fotográficamente, afectó el ambiente. Por ello, la afectación al paisaje,
incluso transitoria, derivada del vertimiento de aguas constituyó por sí misma una
infracción a normas de orden ambiental.

52. De otro lado, la parte demandante, respecto a la sanción de caducidad de la
concesión de aguas, manifestó que el Área Metropolitana invirtió los criterios
legales, pues el Decreto 3678 de 2010 exige primero acreditar reincidencia y luego
gravedad, pero la entidad priorizó la gravedad “y con ésta (sic) base se sancionó”.

53. Pues bien, el artículo 6° del Decreto 3678 de 201028 dispone lo siguiente:

“Artículo 6°. Revocatoria o caducidad de la licencia, concesión, permiso, registro, o
demás autorizaciones ambientales. La revocatoria o caducidad de la licencia,
concesión, permiso, registro o demás autorizaciones ambientales definidos en la ley
o en los reglamentos, se impondrá como sanción por parte de las autoridades, de
acuerdo con el siguiente criterio:

a) Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en dichas
autorizaciones ambientales, siempre y cuando dicho incumplimiento sea grave”.

54. Lo anterior permite establecer que la revocatoria o caducidad de autorizaciones
ambientales (licencias, concesiones, permisos, registros) opera como sanción
administrativa únicamente en casos de reincidencia grave en el incumplimiento de
las obligaciones impuestas por dichas autorizaciones. En otros términos, procede
la medida para conductas reiteradas que comprometan gravemente los fines de
protección ambiental.

55. En ese contexto, la Resolución núm. 000788 del 1° de julio de 2014, encontró
probada el incumplimiento reincidente, al realizar captaciones ilegales recurrentes
entre el 2010 y 2011, superando en más del 300% el volumen concesionado, con
fundamento en los informes técnicos 145 de 2 de mayo de 2012 y 899 de 18 de
marzo de 2013, que advertían lo siguiente:

“Informe Técnico No. 1495 de 2 de mayo de 2012:

28 “Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de

la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

Aljibe 2: Calle 29 No. 52-98 del municipio de Medellín (edificio producción) Conforme
a los registros presentados, se aprecia que durante el año 2011, en promedio se
captaron 318 m3/mes, volumen que está por encima en 255% de lo concesionado
(89,352 m3/mes) En todos los meses se sobrepasó lo autorizado, en los meses de
agosto y septiembre se reportó un valor de cero 0" sin justificarse el porqué de esta
situación.

Se evidencia una sobreexplotación en el aljibe 2 (Edificio Producción), situación que
también se presentó en el año 2010, que genera un agotamiento del acuífero. La
empresa no informa ni presenta justificación del motivo por el cual, acorde a los
registros de consumo para el año 2010 y 2011, se está captando agua por encima
del caudal otorgado"

Informe Técnico No.000899 de 18 de marzo de 2013:

El usuario argumenta que el alto consumo para el aljibe 2 se debe:

• Aumento de personal operativo (35%) dado el crecimiento de la compañía
en los últimos años y de los turnos de trabajo producido por más horas
laborales para el personal.

• Por implementación del nuevo esquema de aseo se intensificó el lavado de
piso realizándolo dos veces por semana, vidrios y fachada.

• Daños en las redes hidráulicas del edificio generando aumento en el
consumo por perdidas del sistema Aljibe 2: Calle 29 No. 52-98 del municipio
de Medellín (edificio producción)

Conforme a los registros presentados, se aprecia que durante los años 2010 y 2011.
en promedio se captaron 392 y 321 m3/mes respectivamente, volúmenes que están
por encima en 439 y 360% de lo concesionado (89,352 m3/mes). En todos los meses
se sobrepasó lo autorizado, en los meses de agosto y septiembre de 2011 se reportó
un valor de cero "0" sin justificarse el porqué de esta situación, lo anterior muestra
que el usuario este sobreexplotando el acuífero ya que de acuerdo a la prueba de
bombeo presentada por la empresa el aljibe tiene una capacidad de 267 m3/mes y
se está captando en promedio 350 m3/mes, además se evidencia que no tienen
implementadas actividades asociadas al Programa de Uso Eficiente y Racional del
Agua ya que en vez de presentarse una reducción en el uso del recurso se observa
un aumento de un 400% con respecto a lo concesionado.

El argumento (aumento de personal y turnos laborales, daños en las redes
hidráulicas) presentado por el usuario referente a los altos consumos del aljibe 2 no
se consideran validas ya que de acuerdo a los volúmenes captados para los años
2010 y 2011 se observa que para el aljibe 1 solo se está utilizando cerca del 40%
de lo concesionado lo cual podría sopesar la sobreexplotación que se presenta en
aljibe 2, además el usuario pudo haber complementado la necesidad de agua con
el acueducto de EPM y así garantizar el cumplimiento de las condiciones bajo las
cuales se le otorgo el permiso”.

56. Y, con fundamento en lo anterior, la Resolución núm. 000788 del 1° de julio de
2014, concluyó que Cueros Vélez incurrió en un incumplimiento calificado como
grave por el agotamiento del acuífero, en los términos del artículo 239 del Decreto
1541 de 1978, afectando un recurso natural no renovable. Textualmente, señaló:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

“El recurrente aduce que el incumplimiento de las obligaciones impuestas mediante
Resolución Metropolitana N°. S.A. 0001030 de 21 de agosto de 2009, no es grave,
pero desconoce que es el Decreto 1541 de 1978, la norma que al reglamentar la
Parte III del Libro Il del Decreto-Ley 2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y
parcialmente la Ley 23 de 1973, el que determina cuándo existe incumplimiento
grave para efectos de declarar la caducidad de una concesión de aguas.

En este sentido, el incumplimiento de la sociedad Cueros Vélez a la prohibición
contenida en artículo 239 del decreto 1541 de 1978, por la captación de aguas
subterráneas en cantidad superior a la concesionada durante los años 2010 y 2011,
del aljibe 2 […], constituye un incumplimiento grave, en la medida en que la
sobreexplotación de dicho aljibe generó afectación por agotamiento del acuífero”.

57. Así las cosas, la Resolución núm. 000788 del 1° de julio de 2014 aplicó
correctamente el artículo 6° del Decreto 3678 de 2010, al demostrar la reincidencia
con los informes técnicos 145 de 2012 y 899 de 2013 en las captaciones ilegales
entre 2010 y 2011. Adicionalmente, demostró el incumplimiento calificado como
grave por el agotamiento del acuífero en los términos del artículo 239 del Decreto
1541 de 1978.

58. Entonces, la entidad no priorizó arbitrariamente la gravedad, sino que derivó la
sanción de caducidad de los hechos probados, como fueron la sobreexplotación
sistemática y su impacto ambiental.

59. Finalmente, Cueros Vélez esgrimió que la sanción por no presentar mediciones
de COV carece de sustento legal, pues la Resolución 909 de 2008 no establece
estándares de emisión para COV, ni tipifica su incumplimiento como infracción
ambiental. Pese a ello, se sancionó como si la infracción fuera sucesiva, cuando la
obligación era anual (instantánea).

60. Sin embargo, la autoridad ambiental fue clara en señalar los siguiente:

“[…] el cargo 4 se formuló por una medición fuera del término legal, pues conforme
al parágrafo 4° del articulo 6 la Resolución 909 de 2008, “las actividades industriales
a las cuales les corresponda monitorear Compuestos Orgánicos Volátiles (COV),
deben realizar mediciones anuales durante los dos primeros años, contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente resolución y posteriormente de acuerdo a
lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas”. De ahí que la infracción ambiental se
haya configurado por la violación a la normatividad ambiental que crea un riesgo
potencial, pero que no se concreta en impacto ambiental, o al menos, el impacto no
se encuentra acreditado […]”.

61. En consecuencia, la AMVA actuó dentro del marco legal al sancionar a Cueros
Vélez por el incumplimiento del monitoreo anual de COV, conforme al artículo 6°
(parágrafo 4°) de la Resolución 909 de 2008, pues el solo incumplimiento de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

medición constituye por sí mismo una violación a la normativa ambiental, tal como
lo reconoce el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

62. Es decir, la infracción se configuró por el riesgo potencial que generó la falta de
mediciones, sin requerir que se acredite un daño concreto bajo un estándar de
riesgo aplicables. Además, el carácter anual de la obligación no la convierte en
“instantánea”, pues su periodicidad implicaba un deber permanente de seguimiento,
cuyo incumplimiento reiterado, como en este caso, dio lugar a la sanción.

63. Precisamente, la Resolución núm. 000788 del 1° de julio de 2014 tuvo en cuenta
el concepto de 25 de junio de 2014 del Comité Interdisciplinario de Tasación de
Multas que indicó lo siguiente:

“[…] para el cargo 4 por emisiones la abogada asignada al expediente solicita se
calcule de junio de 2011 a mayo de 2012 por cuanto la maquina pigmentadora vieja
es un equipo nuevo que empezó a regir enero de 2011 y tenía plazo para medir 6
meses, es decir hasta 30 de junio de 2011, y fue efectivamente evaluada el 22 de
mayo de 2012. Teniendo en cuenta la solicitud de la abogada se tiene claro los dos
extremos de la infracción: 30/06/2011 a 22/05/2012, es decir 327 días -equivale a
3.6868-, por lo que no aplica la presunción de hecho instantáneo dado que se
conocen con certeza los extremos de la infracción. Se trata de una omisión de tracto
sucesivo que persiste hasta que se realice la medición, lo cual se hizo el 22/05/2012,
por lo anterior este comité modificará el alfa en 3.6868 y se recalculará la multa”.

64. Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Violación del principio de congruencia

65. Señala el demandante que el AMVA desconoció el principio de congruencia
entre los cargos imputados y la decisión sancionatoria, al condenar a la empresa
por afectar el “paisaje”, hecho nunca planteado en el pliego de cargos inicial que
solo mencionó vertimientos contaminantes en la quebrada “La Guayabala”.

66. Al respecto, basta señalar que, como viene claro del cargo anterior denominado
desconocimiento del principio de tipicidad, la AMVA formuló cargos por infracción
de, entre otras normas, el artículo 2° del Acuerdo Metropolitano 021 del 2 de
noviembre de 2012, la cual dispone “[...] [s]e prohíben los vertimientos directos a
cuerpos de agua o al sistema de alcantarillado público, de sustancias que
modifiquen las condiciones de color del cuerpo de agua, que alteren el uso estético
para la armonización y embellecimiento del paisaje”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

67. Así, la Resolución núm. 000788 del 1° de julio de 2014 determinó que se
configuró una afectación ambiental al alterar el color natural de la Quebrada “La
Guayabala”, vulnerando así el paisaje como bien jurídico protegido por la normativa
ambiental del Acuerdo Metropolitano 021 de 2012.

68. En ese orden de ideas, la autoridad ambiental no solo formuló cargos por afectar
el paisaje, sino que además sancionó a Cueros Vélez por afectación ambiental al
alterar el color natural de la Quebrada “La Guayabala”.

Conclusión de la Sala

69. En síntesis, la Sala concluye que los actos acusados fueron expedidos por un
delegatario (Subdirector Ambiental AMVA), imponiendo la sanción por afectación
del paisaje al alterar el color de la quebrada “La Guayabala” con vertimientos, que
estaba prevista en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2811 de 1974 y, en esa medida,
en el pliego de cargos, pese a que no se configuró daño ambiental. Igualmente, la
Sala concluye que se acreditó la caducidad de la concesión de aguas por
reincidencia grave en captaciones y se fundamentó adecuadamente la sanción por
incumplir mediciones de COV, siendo estas conductas de tracto sucesivo; por
consiguiente, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia, por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

70. De conformidad con los artículos 18829 del CPACA y 365 del Código General del
Proceso, sobre la condena en costas y atendiendo al criterio objetivo valorativo de
las mismas y a que en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no
condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

29 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Núm. único de radicación: 050012333000 2015 00695 01
Demandante: Cueros Vélez S.A.S.

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de julio de 2021 por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.