RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2012-00563-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2012-00563-01

Fecha
12 de abril de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2012-00563-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de 4 de diciembre de 2013, que negó las pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas. SEGUNDO: FIJAR como agencias en derecho, en esta instancia, la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cargo de la Sociedad demandante y a favor del Municipio de Arbeláez – Cundinamarca. TERCERO: CONDENAR en costas de esta instancia a Alpha Gravas S.A.S. Según el artículo 366 del CGP, las costas las liquidará el Tribunal, las cuales incluirán, por concepto de agencias en derecho, lo indicado en esta providencia. Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2012-00563-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

12 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 12 de abril de 2024

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00563-01(50.609)
Demandante: Alpha Gravas S.A.S.
Demandado: Municipio de Arbeláez - Cundinamarca
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho – Código de Minas – delegación administrativa –
recursos contra actos del delegatario - primacía de la sustancia sobre las formas - presunción de
legalidad - improcedencia del restablecimiento del derecho

Síntesis del caso: El demandante solicitó la nulidad en contra de la Resolución 151 de 2012,
mediante la cual el municipio de Arbeláez resolvió un recurso de apelación dentro de una
actuación minera, y el consecuente restablecimiento del derecho.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la Sentencia de 4 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante -1.2. Posición de la parte demandada - 1.3.
Sentencia recurrida - 1.4. Recurso de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 28 de noviembre de 2012, Alpha Gravas S.A.S. (en adelante, la Sociedad)
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra del municipio de Arbeláez -
Cundinamarca (en adelante, el Municipio) con el objeto de que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):

“PRETENSIONES:
1.- Que se revoque el acto administrativo – Resolución No. 151 de fecha 11 de mayo
del 2012, mediante el cual EL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, en cabeza de la ALCALDÍA,
resuelve un recurso de apelación dentro de una actuación minera, notificada al
apoderado especial, el día 4 de junio del 2012.

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias

dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Además, según el artículo 13, numeral
2, del Acuerdo 80 de 2019 (Reglamento Interno), a la Sección Tercera del Consejo de Estado se le asignaron los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos mineros.
2 Folios 3 al 29 del Cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00563-01(50.609)
Demandante: Alpha Gravas S.A.S.
Demandado: Municipio de Arbeláez – Cundinamarca
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Decisión: Confirma la Sentencia

2.- Que, como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad del acto
administrativo – Resolución No. 151 de fecha 11 de mayo del 2012, mediante la cual
EL MUNICIPIO ARBELÁEZ, en cabeza de la ALCALDÍA, resuelve un recurso de
apelación dentro de una actuación minera.
3.- Que, con base en lo anterior, se indemnice los perjuicios ocasionados a mi
mandante.
4.- Se declare que EL MUNICIPIO ARBELÁEZ, en cabeza de la ALCALDÍA, es
responsable por los perjuicios ocasionados a mi mandante y, por lo tanto, está
llamada a indemnizar, tanto daño emergente, como lucro cesante.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, este Alto Tribunal se servirá
pronunciarse sobre las siguientes:
CONDENAS:
1.- Que la demanda debe ser condenada a responder a mi mandante por los
perjuicios materiales ocasionados, consistentes en daño emergente y lucro cesante,
representados el uno en la suma dejada de percibir, con base en las proyecciones
financieras respecto del objeto social de mi representada, desde el inicio de la
inspección judicial practicada por la Inspección de Policía de Arbeláez, como
delegada de la Alcaldía de dicho Municipio, dentro de la actuación administrativa
que finalizo con el acto administrativo del que se demanda su nulidad, y el segundo,
el interés dejado de percibir sobre tales sumas de dinero.
2.-. Que se condene a la demandada a cancelar la suma reclamada como daño
emergente, indexada al momento de dictar sentencia.
3.- Que sobre dicha cantidad se condene a la demandada a pagar la tasa de interés
moratorio, correspondiente al 1.5 mensual de interés corriente Bancario, vertical o
por la Super Intendencia Financiera.
4.- Que se condene a la demandada en costas del proceso.”.

2. Los perjuicios materiales reclamados son:

Tipo de perjuicios Valor
Daño emergente La suma de “(…) $862.147.243,89“.

Interés sobre La suma de “(…) $103.298.383,32“.
suma indexada
Total: La suma de “(…) $965.445.627,21”

3. La Sociedad fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:

4. 1) El Instituto Colombiano de Geología y Minería - INGEOMINAS, en calidad de
concedente, suscribió los contratos de concesión FHK 121, de junio del 2005, y HBO
153, de abril del 2006, con Antonio William Gaviria Arana. Por su parte, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante, CAR) otorgó
dos licencias ambientales al señor Gaviria Arana, correspondientes a cada uno de
los contratos de concesión.

5. 2) El señor Gaviria Arana, en su condición de titular de la concesión HBO 153 y
de accionista de la Sociedad demandante, el 23 de agosto del 2011, informó al
Municipio sobre la explotación ilícita de minerales, según lo establecido en el
artículo 164 del Código de Minas. Producto de ello, el alcalde municipal delegó a
la inspección municipal de policía, la cual, el 21 de octubre del 2011, procedió a
verificar lo denunciado. Ante la actuación de la inspección de policía, el personal
que trabajaba en el predio dejó de asistir a sus labores y se suspendió toda
actividad de explotación desde la misma fecha.

2 de 9

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00563-01(50.609)
Demandante: Alpha Gravas S.A.S.
Demandado: Municipio de Arbeláez – Cundinamarca
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Decisión: Confirma la Sentencia

6. 3) El 28 de febrero de 2012, mediante la Resolución 11 de 2012, la inspección
municipal de policía decidió no decretar el decomiso de los materiales extraídos.
Contra esa decisión, el señor Gaviria Arana, en su condición de titular minero,
interpuso recurso de apelación. Dicho recurso fue resuelto mediante la Resolución
151, de 11 de mayo de 2012, expedida por la alcaldía municipal, a través de la
cual se revocó íntegramente la Resolución 11 y se ordenó la suspensión de las
actividades mineras de forma indefinida, hasta que se presentara el título minero
respectivo.

7. 4) La Sociedad demandante, a la fecha de expedición de la Resolución 151 de
mayo 11 del 2012, ya había suspendido las actividades que se venían
desarrollando, producto de la visita al predio que hizo la inspección de policía,
desde el 21 de octubre del 2011 y, para dejar constancia de ello, solicitó una
prueba anticipada, mediante inspección judicial, efectuada por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Arbeláez, el 27 de junio de 2012.

8. En la demanda se invocaron como cargos de nulidad del acto administrativo la
falta de competencia de la alcaldía municipal y la falsa motivación de la
resolución demandada. En relación con el primero, se indicó que (se trascribe)
“(…) existió exceso en el ejercicio de sus funciones, abuso de poder e
incompetencia por parte de la alcaldesa de Arbeláez, (…) puesto que este recurso
[el de apelación] no era procedente, ya que la inspección de Arbeláez actuó
como delegada de la alcaldía y, como consecuencia, los actos de aquella, [eran]
considerados como de la delegante, por lo que el único recurso viable era
el de reposición.”. En relación con el segundo cargo, sin que se aceptara la
competencia de la alcaldía municipal, se alegó que en la Resolución se omitió que
el amparo administrativo, adelantado por el Municipio, se encontraba dirigido a
los eventos en donde no hubiera título minero inscrito, pero en el presente caso el
denunciante, señor Gaviria Arana, era titular del contrato de concesión minera y
accionista de la Sociedad demandante.

1.2. Posición de la parte demandada

9. El Municipio contestó la demanda3 y se opuso a las pretensiones. Indicó que era
cierto que el señor Gaviria Arana, titular del contrato de concesión minera,
presentó la denuncia que motivó su actuación. Sin embargo, alegó que la
suspensión de las actividades de explotación se produjo voluntariamente por la
Sociedad y, en todo caso, dicha suspensión ocurrió antes de que la alcaldía
municipal resolviera el recurso de apelación, mediante la Resolución 151 de 11 de
mayo de 2012. Además, indicó que, mediante comunicaciones internas, el
contrato de operación minera que el señor Gaviria Arana, como titular minero,
suscribió con la Sociedad, de la cual era socio, había terminado de forma
unilateral, por tanto, la Sociedad, no contaba con título minero y, de este modo, la

3 Folios 47 a 70, Cuaderno 1.

3 de 9

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00563-01(50.609)
Demandante: Alpha Gravas S.A.S.
Demandado: Municipio de Arbeláez – Cundinamarca
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Decisión: Confirma la Sentencia

suspensión de actividades, ordenada en la Resolución 151 de 11 de mayo de 2012,
fue completamente válida.

10. Propuso como excepciones: 1) la naturaleza policiva del procedimiento
adelantado que, además, no fue oficioso, sino producto de la denuncia por
minería ilegal interpuesta por el interesado, señor Gaviria Arana, como titular de la
concesión minera. 2) La suspensión voluntaria de las actividades por parte de la
Sociedad, el 21 de octubre de 2011, como consecuencia de la terminación del
contrato de operación minera, sin que mediara una orden municipal en ese
sentido, para esa fecha. Es decir, que la suspensión obedeció a conflictos internos
entre los socios de la Sociedad demandante. Por tanto, los perjuicios que se alegan
no podían ser atribuidos al Municipio.

1.3. Sentencia recurrida

11. El 4 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, profirió sentencia de primera instancia4, en la que decidió
(se trascribe):

“Falla:
PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de nulidad de la Resolución 151 de 11 de mayo de 2012,
expedida por el alcalde del MUNICIPIO DE ARBELAEZ – CUNDINAMARCA, por las
razones señaladas en la presente providencia.
SEGUNDO: NIÉGASE las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Por secretaria DEVUÉLVASE al actor el remanente de los gastos de proceso,
previa liquidación.
CUARTO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante; en consecuencia, por
secretaria, LIQUIDÁNSE las cosas procesales, de conformidad con la parte motiva de
esta decisión.
QUINTO: ARCHÍVASE, previa ejecutoria.”

12. El Tribunal, luego de encontrar configurados los presupuestos procesales de
procedencia de la acción, precisó que la controversia se refería a determinar si (se
trascribe) “¿E[ra] nulo el acto administrativo demandado Resolución 151 de 11 de
mayo de 2012, emitido por el alcalde del MUNICIPIO DE ARBELAEZ –
CUNDINAMARCA debido a que fue expedido con falta de competencia y falsa
motivación?”

13. Consideró que el cargo de falta de competencia no estaba llamado a
prosperar porque, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 136 de 1994, vigente
para la fecha de expedición del acto de delegación del alcalde municipal al
inspector de policía, el primero (se trascribe) “(…) sí cumplía con atribución para
resolver el recurso de apelación impetrado por el quejoso, por cuanto [según el
inciso 2 del parágrafo del artículo 92] “contra los actos de los delegatarios que,
conforme a las disposiciones legales vigentes, procedan recursos por la vía
gubernativa, procederá el de apelación ante el alcalde”.

4 Folios 632 al 662 del Cuaderno de Consejo de Estado.

4 de 9

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00563-01(50.609)
Demandante: Alpha Gravas S.A.S.
Demandado: Municipio de Arbeláez – Cundinamarca
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Decisión: Confirma la Sentencia

14. A su turno, consideró que el cargo de falsa motivación tampoco estaba
llamado a prosperar porque el trámite iniciado por el señor Gaviria Arana fue de
“aviso a las autoridades” por minería ilegal, y no el de “amparo administrativo”,
como pretendió hacerlo ver la Sociedad. Por tanto, el procedimiento estuvo
acertadamente encaminado a (se trascribe) “(…) corroborar la existencia o no de
un título minero que autoriza[ra] la exploración y explotación de minerales (…) [Sin
embargo] no se probó que el señor Antonio William Gaviria Arana mantuviera la
autorización de explotación minera, fue claro para la autoridad administrativa, y
en este momento lo es para esta Corporación, que la Sociedad (…) no contaba
con permiso para explotar, lo que conv[ertía] su actuación en una explotación
ilegal de minerales (…)”. Por tanto, concluyó que la Sociedad no desvirtuó la
presunción de legalidad que amparaba a la resolución demandada y ello
conllevaba a la negación de las pretensiones.

1.4. Recurso de apelación

15. La Sociedad presentó recurso de apelación5, en el que se opuso a la decisión
de primera instancia. Alegó que el Tribunal equivocó su análisis pues (se trascribe)
“(…) el recurso viable [contra la decisión de la inspección de policía municipal] era
el de reposición ante la alcaldesa y el de apelación ante el superior jerárquico, el
gobernador (…)”. En relación con el parágrafo del artículo 92 de la Ley 136 de
1994, alegó que la materia objeto de controversia no se encontraba señalada en
esa norma y, en todo caso, el recurso de reposición (se trascribe) “(…) deb[ía] ser
resuelto por el funcionario titular de las funciones respecto de las cuales se
adelantó la actuación administrativa y el de apelación ante el superior jerárquico
de éste”.

16. En relación con la falsa motivación, alegó que el contrato de sociedad, por
medio del cual se creó la Sociedad demandante, estaba vigente y el aporte
efectuado por el señor Gaviria Arana fue, precisamente, los títulos mineros y, por
tanto, no se estaba desarrollando minería ilegal. Además, el Tribunal no podía
basar su decisión en la terminación unilateral del contrato de operación minera,
pues ello implicaría (se trascribe) “(…) dar cabida a las vías de hecho y desconocer
de un solo tajo el Estado social de derecho (…) [pues] la terminación del contrato
impone el acudir al juez para que declare el incumplimiento contractual”.

1.5 Trámite relevante en segunda instancia

17. En la oportunidad para alegar de conclusión la Sociedad6 insistió en los
argumentos de la apelación, relativos a la configuración de la falta de
competencia y de la falsa motivación. Por su parte, el Municipio y el Ministerio
Público guardaron silencio7.

5 Folios 674 a 689 del Cuaderno del Consejo de Estado.
6 Folios 704 a 707 del Cuaderno del Consejo de Estado.
7 Auto de 8 de marzo de 2017. Folio 718 del Cuaderno del Consejo de Estado.

5 de 9

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00563-01(50.609)
Demandante: Alpha Gravas S.A.S.
Demandado: Municipio de Arbeláez – Cundinamarca
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Decisión: Confirma la Sentencia

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar. - 2.2. - Análisis sustantivo. - 2.3. Sobre
la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

18. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que encuentra
reunidos los presupuestos para dictar sentencia. Respecto de la oportunidad, se
advierte que, en la demanda, en la pretensión primera, se indicó que la resolución
controvertida fue (se trascribe) “(…) notificada al apoderado especial [de la
Sociedad] el 4 de junio de 2012”8, sin que obre en el expediente prueba alguna de
la constancia de dicha notificación y, además, en el trámite procesal el Municipio
o el Ministerio Público no manifestaron reparos sobre esa afirmación.

19. Por lo anterior, en procura de que prime el derecho sustancial sobre el formal y
de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala
tomará como cierta esa fecha de notificación. De este modo, el término de
caducidad, según el literal d), numeral 2 del artículo 164 del CPACA, corrió desde
el 5 de junio de 2012 y, en principio, hasta el 5 de octubre de 2012. No obstante,
estuvo suspendido por 56 días, entre el 25 de septiembre de 2012 y el 20 de
noviembre de 2012, en virtud del trámite de la conciliación perjudicial9. Por tanto,
el término se extendió hasta el 30 de noviembre de 2012 y, en consecuencia, la
demanda, radicada el 28 de noviembre de 201210, fue oportuna.

20. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones
de la demanda, porque la Sociedad no desvirtuó la presunción de legalidad del
acto demandado. Como consecuencia, también negará el restablecimiento del
derecho.

2.2. Análisis sustantivo

21. Mediante la Resolución 11 de 28 de febrero de 2012, la inspección municipal
de policía de Arbeláez, en ejercicio de las funciones delegadas por el alcalde
municipal11, decidió “(…) abstenerse de proceder a decretar el decomiso de los
materiales extraídos, de conformidad con el artículo 164 de la legislación minera
(…)”12, por considerar que el peticionario, señor Gaviria Arana, en su condición de
titular de la concesión minera, mediante contrato de operación minera, había
otorgado “(…) los derechos de exploración y explotación económica a Friedrich
Birschel Guericke en su condición de representante legal de Alpha Gravas,
sociedad de la cual [el señor Gaviria Arana] es socio en 50% (…) y titular de la
concesión minera HBO-153 (…) no puede predicarse la ilicitud de una explotación,
conforme al artículo 164 del Código de Minas, cuando el concesionario minero se

8 Folio 4 del Cuaderno 1.
9 Folios 100 y 101 del Cuaderno Anexo 1.
10 Folio 29 del Cuaderno 1.
11 Mediante Resolución 155 de 24 de agosto de 2011. Folios 194 a 197 del Cuaderno 1.
12 Folios 289 a 297 del Cuaderno 1.

6 de 9

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00563-01(50.609)
Demandante: Alpha Gravas S.A.S.
Demandado: Municipio de Arbeláez – Cundinamarca
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Decisión: Confirma la Sentencia

autoriza a sí mismo, otorga con exclusividad en asocio con otra persona los
derechos de explotación (…) concedida mediante licencia HBO-153.”

22. Mediante la Resolución 151 de 11 de mayo de 2012 el alcalde del municipio de
Arbeláez resolvió el recurso de apelación planteado por el señor Gaviria Arana13 y
decidió revocar la Resolución 11 de 2012, suspender las actividades mineras -de
conformidad con el artículo 306 del Código de Minas- y extender la medida hasta
que los explotadores presentaran el título minero correspondiente. La decisión se
motivó en que los subcontratos suscritos por el concesionario minero no constituían
título minero y, por tanto, “(…) queda[ba] desvirtuada la posición presentada por
la inspectora de policía de este municipio, en la resolución objeto del recurso de
alzada, pues no p[odía] admitirse la tesis consistente en que la minería ilegal se
desvirtuaba con la presentación de subcontratos de operación minera, como
efectivamente lo hizo Alpha Gravas S.A.S.”

23. Tanto en la demanda, como en el recurso de apelación se plantearon los
cargos de falta de competencia y de falsa motivación contra la Resolución 151 de
2012, los cuales se pasan a analizar separadamente.

24. En relación con el primer cargo, la Sala no comparte las consideraciones del
Tribunal, en el sentido de que para la fecha del acto demandado se encontraba
vigente el texto original del artículo 92 de la Ley 136 de 1994, en cuyo parágrafo se
indicaba que contra los actos de los delegatarios de los alcaldes procedía el
recurso de apelación. Lo anterior porque, tal como lo ha precisado esta
Corporación14 y en consonancia con la naturaleza jurídica de la delegación
administrativa, el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 derogó tácitamente el artículo
92 referido y, por tanto, las decisiones del delegatario sólo “(…) serán susceptibles
de los recursos procedentes contra los actos [del delegante]”. En el presente caso,
contra la decisión adoptada por inspector de policía, con ocasión de la
delegación de las funciones del alcalde municipal, contenidas en el artículo 164
del Código de Minas, sólo procedía el recurso de reposición, pues en relación con
esa competencia el alcalde no tenía superior jerárquico o funcional.

25. Sin embargo, el cargo no está llamado a prosperar porque, en virtud del
principio de primacía de la sustancia sobre las formas, que rige el ejercicio de la
administración de justicia, según el artículo 228 constitucional, para la Sala resulta
claro que el alcalde municipal sí estaba facultado para conocer y tramitar el
recurso de reposición. Si, además, según el mismo artículo 12 de la Ley 489 de 1998,
el delegante, como titular de la competencia administrativa, “puede en cualquier
tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario”,
debe entenderse que la Resolución 151 de 11 de mayo de 2012, proferida por el

13 Folios 318 a 321 del Cuaderno 1.
14 “Sobre la aplicabilidad del artículo 92 de la Ley 136 de 1994, encuentra la Sala que es acertada la postura, tanto del a quo

como del agente del Ministerio Público, al señalar que el mismo fue derogado tácitamente por el artículo 12 de la Ley 489
de 1998, pues, como viene de explicarse, esta última reguló el régimen de los actos del delegatario el cual resulta aplicable
a los entes territoriales, como lo es el municipio de Medellín y, además, porque el artículo 121 de la misma ley, previó la
derogatoria de todas las disposiciones que le fueran contrarias.” Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de
abril de 2018, Rad. 05001-23-31-000-2010-02401-01.
7 de 9

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00563-01(50.609)
Demandante: Alpha Gravas S.A.S.
Demandado: Municipio de Arbeláez – Cundinamarca
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Decisión: Confirma la Sentencia

alcalde municipal, resolvió el recurso de reposición, y no el de apelación o, en
cualquier caso, que mediante ese acto se ejercieron las referidas funciones
contenidas en el artículo 12 de la Ley 489 de 1998. Lo anterior, porque fue el
alcalde, como único titular de la competencia administrativa en cuestión, quien
decidió revocar la primera decisión. Entonces, no se configuró el vicio de falta de
competencia alegado.

26. En relación con el cargo de falsa motivación, la Sala comparte las
consideraciones del Tribunal, en el sentido de que (se trascribe) “(…) no se probó
que el señor Antonio William Gaviria Arana mantuviera la autorización de
explotación minera, fue claro para la autoridad administrativa [alcalde municipal],
y en este momento lo es para esta Corporación, que la sociedad Alpha Gravas
S.A.S. no contaba con permiso para explotar, lo que convierte su actuación en una
explotación ilegal de minerales (…)”. Lo anterior porque, según el material
probatorio obrante en el expediente -pruebas documentales- la Sala encuentra
que entre la Sociedad y el titular del título minero -señor Gaviria Arana- no existía
ningún vínculo negocial relativo, precisamente, al contrato HBO-153.

27. En efecto, si bien los señores Antonio William Gaviria Arana, como titular de la
concesión minera HBO-153, y Friedrich Bircshel Guerike, eran socios de Alpha
Gravas S.A.S.15, no hay prueba de que, como se alegó en la demanda, el señor
Gaviria Arana hubiera aportado para la constitución de la Sociedad los títulos
mineros. Por el contrario, la Sala encuentra que en el expediente obran dos copias
del contrato de operación minera16, celebrado entre el señor Gaviria Arana -titular
de la concesión- y el señor Bircshel Guerike, como persona natural; contrato del
cual no hace parte la sociedad demandante -Alpha Gravas S.A.S.-. Es decir, esta
última, tal como lo concluyó la alcaldía municipal y el Tribunal, no contaba con
título alguno que la facultara para realizar exploración o explotación minera pues,
como se indicó, el operador minero era el señor Bircshel Guerike y no la Sociedad
demandante. De este modo, para la Sala, la decisión de suspender la explotación
minera, contenida en el acto demandado, se encuentra debidamente motivada,
según los artículos 164 y 306 del Código de Minas.

28. En relación con las pretensiones de restablecimiento propuestas en la
demanda, referidas a los perjuicios materiales derivados de la suspensión de las
actividades de explotación minera, la Sala encuentra que no tienen vocación de
prosperidad porque fueron formuladas como consecuencia de la declaratoria de
nulidad de la Resolución 151 de 2012, la cual no prosperó. De este modo, si la
fuente del daño alegado era la ilicitud del acto administrativo demandando, al
mantenerse su presunción de legalidad, no hay lugar al restablecimiento pedido.

15 Según contrato social, Folios 21 a 37 del Cuaderno 2 y Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad,

Folios 226 a 228 del Cuaderno 1.
16 Folios 213 a 216 y 229 a 232 del Cuaderno 1.

8 de 9

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00563-01(50.609)
Demandante: Alpha Gravas S.A.S.
Demandado: Municipio de Arbeláez – Cundinamarca
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Decisión: Confirma la Sentencia

2.3. Sobre la condena en costas

29. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, los numerales 1 y 3 del artículo
365 y el artículo 366 del CGP, se condenará en costas de segunda instancia a la
Sociedad demandante, las cuales se liquidarán por el Tribunal. En los términos del
numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la
Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda17, se fija la suma
de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por agencias en derecho a
pagar, por parte de la Sociedad demandante, a favor del Municipio de Arbeláez
– Cundinamarca.

3. DECISIÓN

30. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, de 4 de diciembre de 2013, que negó las
pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: FIJAR como agencias en derecho, en esta instancia, la suma de 3
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cargo de la Sociedad demandante
y a favor del Municipio de Arbeláez – Cundinamarca.

TERCERO: CONDENAR en costas de esta instancia a Alpha Gravas S.A.S. Según el
artículo 366 del CGP, las costas las liquidará el Tribunal, las cuales incluirán, por
concepto de agencias en derecho, lo indicado en esta providencia.

Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente
al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
(salvamento de voto)

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

17 La demanda se presentó el 28 de noviembre de 2012. El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo PSAA16-

1055410554 del 5 agosto de 2016; no obstante, este último solo entró a aplicarse para los procesos judiciales iniciados a partir
de su publicación.
9 de 9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.