Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00819-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00819-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-00819-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2015-00819-02 (5898-2024)
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Nivelación Salarial – Decreto 1251 de 2009
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1.
1.1.1. Pretensiones
El señor Hernán Antonio Mejía Henao, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin, de obtener la anulación de la Resolución
No. DESAJM 12-07121 del 10 de octubre de 2012, expedida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia, mediante la cual se negó la solicitud
de reliquidación y pago de diferencias generadas por concepto de la aplicación del
Decreto 1251 de 2009; así como, de la Resolución No. 3218 del 22 de mayo de 2013,
que decidió el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo antes
mencionado, confirmándolo.
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Folios 2 a 13 del expediente físico.
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandado: Nación – Rama Judicial
Adicionalmente, en la demanda se solicitó:
3. Se in-aplique por inconstitucional, el artículo 4° del decreto 1251 de 2009 y toda aquella
normativa que no ordene dar cumplimiento estricto a los arts. 1,2,3 del decreto 1251 de
2009, en el sentido de ordenar el pago de la remuneración asignada al Juez, sobre la
base del 80% analogía con el decreto 610 de 1998, de lo que por todo concepto
perciba un magistrado de alta Corte, teniendo en cuenta para ello el ingreso más alto
y que por todo concepto percibida un magistrado de Alta Corte anualmente, y que debe
corresponde a los rubros de: Asignación básica mensual, gastos de representación, prima
especial, prima de navidad, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de
vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a las cesantías, prima de vivienda,
y demás certificados, ordenando el pago del 34.9% a favor del demandante, para
establecer definitivamente el monto de su sueldo mensual, donde se incluya que lo
percibido corresponde a factor salarial por percibirse de manera mensual por la
prestación del servicio ordinariamente asignado.
4. Que se ordene a título de restablecimiento del derecho, el pago efectivo al Dr. HERNAN
ANTONIO MEJÍA, del saldo dejado de cancelar, por concepto de salario, prestaciones
sociales, cesantías, y demás que se le adeudan producto del impago de manera
oportuna, en los términos del decreto 1251 de 2009, de la nivelación salarial allí ordenada,
desde los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y seguidamente durante los años que en
se siga ocupando el cargo o similar.
Todo lo anterior, en los términos del decreto 1251 de 2009, ya que a mi representado(a),
no se le viene cancelando 34.9%, sobre la base del 80% de lo que por todo concepto
perciba un magistrado de alta Corte, sobre sus derechos laborales irrenunciables por
razones de equidad, salario digno en condiciones justas y equitativas, al tenor de la ley
4ª de 1992 en armonía con el decreto 610 de 1998, que estableció un 80% del ingreso
total sobre la base de lo devengado por el superior jerárquico, en aplicación de postulados
mínimos de la constitución política.
5. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: Subsidiaria a la pretensión estipulada en los numerales
tercero y cuarto, se restablezca del derecho a favor de mi representado, en los términos
del decreto 1251 de 2009, en el sentido de ordenar el pago de la remuneración asignada
al Juez, sobre la base del 70% de lo que por todo concepto perciba un magistrado
de alta Corte, ordenando el pago que resulte de la sumatoria anterior, el 34.9% a favor
de mi representado(a) como remuneración por su labor desarrollada en su calidad de
Juez; teniendo en cuenta para ello, el ingreso más alto, y que por todo concepto perciba
un magistrado de alta Corte actualmente, y que debe corresponde (sic) a los rubros de:
Asignación básica mensual, gastos de representación, prima especial, prima de navidad,
bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad,
cesantías e intereses a las cesantías, prima de vivienda y demás ingresos percibidos por
todo concepto anualmente por in magistrado de Alta Corte actualmente, certificados.,
donde se establezca definitivamente el monto mensual que deba percibir el Juez
demandante y que corresponda con factor salarial por percibirse de manera mensual por
la prestación del servicio ordinariamente asignado, desde los años 2010, 2011, 2012,
2013 y seguidamente durante los años que en se siga ocupando el cargo o similar.
6. En las sumas solicitadas en los numerales 3, 4, 5, se ordene el pago con indexación e
intereses moratorios, desde la fecha de su causación, hasta que se produzca y ejecutoríe
la decisión definitiva, o se ordene actualizar de acuerdo a los últimos sueldos devengados
por el magistrado de alta corte de cara al porcentaje que debe asignarse al Juez, con
valores presentes a la fecha de su liquidación. art 178 C.C.A.» (sic para toda la cita)
1.1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El señor Hernán Antonio Mejía Henao labora al servicio de la Rama Judicial, en calidad
de juez 11 penal municipal de Medellín; habiéndosele cancelado durante el tiempo que
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandado: Nación – Rama Judicial
ha ejercido esa labor un estimativo del 70% del salario fijado anualmente por el Gobierno
Nacional, por cuanto el otro 30% ha sido catalogado como prima especial de servicios,
sin ser factor salarial.
Afirma que, presentó petición ante la demandada con miras a que se le otorgara la
nivelación salarial aquí pretendida, solicitud que fue resuelta desfavorablemente
mediante los actos acusados DESAJM12-07121 de 10 de octubre de 2012 y Resolución
3218 del 22 de abril de 2013.
Alegó que, la demandada al momento de liquidar sus ingresos laborales aplica de forma
indebida el Decreto 1251 de 2009, para ello debe tener en cuenta todo lo devengado por
un magistrado de alta corte; sin embargo, en la liquidación no incluye los factores, tales
como: bonificación por servicios, bonificación por gestión judicial, prima de servicios,
prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de vivienda, entre otras;
lo cual repercute negativamente en lo por él percibido.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.
Como normas trasgredidas se citaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política y
los decretos 610 de 1998 y 1251 de 2009.
Sostiene que, al ser los jueces y magistrados regidos por un único régimen laboral (Ley
4ª de 1992 y sus decretos reglamentarios), deben gozar de iguales condiciones y
derechos laborales; siendo ilegal aplicar un trato diferenciado, como ocurre en el presente
caso, en el cual no se cumple con el principio de “a trabajo igual, corresponde igual
salario”.
Indicó que, el principio de favorabilidad laboral consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, se usa no solo cuando existe un conflicto entre dos normas de
distinta o igual jerarquía, sino también cuando una norma admite varias interpretaciones;
en tal caso, la interpretación más favorable debe aplicarse íntegramente, sin que el juez
pueda seleccionar partes ventajosas de varias normas para crear una nueva, ya que ello
implicaría usurpar funciones legislativas.
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandado: Nación – Rama Judicial
Estima que, la llamada a juicio ha pagado de forma indebida su salario y demás
emolumentos laborales, comoquiera que, no se ha dado aplicación correcta al Decreto
1251 de 2009, desconociéndose los porcentajes en este fijado y que para calcularlos se
debe tener en cuenta todo lo devengado por un magistrado de alta corte; omisión que
lesiona sus derechos laborales.
1.2. Contestación de la demanda2.
La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que,
corresponde al Gobierno nacional establecer las remuneraciones de los servidores
públicos, incluidos los jueces, conforme a lo dispuesto en la Ley 4 de 1992.
Afirma que, la remuneración de los jueces municipales para el año 2009, periodo el cual
reclama el demandante, según lo establecido en los Decretos 3901 de 2008, 707 de 2009
y el Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, debe ser igual al 34.7% del 70% de todo lo
percibido anualmente por los magistrados de Altas Cortes; no obstante, aclara que, para
calcular el total de los ingresos de estos últimos, que sirven de base para la de los jueces,
no es posible incluir las cesantías, como tampoco la prima especial de servicios, dado
que esta no es factor salarial.
Propuso excepciones de inexistencia de la obligación por caducidad de la acción y
presunción de legalidad de los actos administrativos.
1.3. La sentencia de primera instancia.
La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del
Treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)3, negó las pretensiones de la
demanda, sin imponer condena en costas.
El A quo señaló que, la nivelación salarial pretendida por el actor no es procedente por
cuanto el Decreto 610 de 1998 no rige su caso, dicha disposición regula lo devengado
por los magistrados de tribunal y auxiliares de altas cortes; así como, de empleados
públicos de categorías análogas; aclarando que, el régimen salarial de los jueces es
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Folios 64 a 70 del expediente físico.
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Samai, actuaciones del Tribunal del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 00056
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandado: Nación – Rama Judicial
reglamentado por el Decreto 1251 de 2009. Esta diferencia normativa, no puede ser
considera como violatoria al derecho a la igualdad, ya que ella está establecida en
atención a la categoría del cargo y las funciones del mismo.
Expuso que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1251 de 1990, la remuneración
de los funcionarios judiciales debe ser calculada de manera anual y no mensual como lo
pretende la parte demandante; además, el régimen salarial y prestacional de aquellos,
proviene de un sistema jerarquizado respecto de lo que percibe anualmente el funcionario
inmediatamente superior, siendo el propósito de la referida disposición la nivelación
salarial escalonada, comparando los ingresos de los magistrados de altas cortes durante
una vigencia fiscal.
Conforme a lo dispuesto en el citado Decreto 1251 de 2009, los salarios de los jueces,
entre otros funcionarios, debe ser establecido con base en lo devengado por el
magistrado de alta corte, existiendo discusión acerca de lo que constituye “todos los
ingresos”; sin embargo, el actor no mostró inconformidad respecto a que, en lo
devengado por los mencionados magistrados se tenga en cuenta las cesantías de los
congresistas, por tanto, se hará el análisis sin incluir dicho factor base.
Por otra parte, aclaró que, no hará pronunciamiento respecto a las reclamaciones
correspondientes al año 2009, en tanto dicho periodo no fue reclamado ante la entidad.
Luego, realizó la verificación de lo percibido por un magistrado de Alta Corte para los
años 2010, 2011 y 2012, en el cual, determinó que la base del 70% de sus ingresos
anuales debe incluir el auxilio de cesantías y sus intereses, ya que la normativa no
distingue entre factores salariales y prestacionales.
Destacó que, la inclusión de las cesantías e intereses en el cálculo de la base del 70%
efectivamente incrementa el valor total sobre el cual se aplicaría el porcentaje para la
remuneración de los jueces, en comparación con una base que excluya dichos
conceptos. Sin embargo, al realizar el ejercicio comparativo y aplicar el porcentaje
correspondiente (34.9% para jueces municipales y 43.2% para jueces de circuito) sobre
esa base incrementada, concluyó que los ingresos que el demandante había percibido
por todo concepto durante esas vigencias ya se encontraban "correctamente estimados"
según el mandato normativo. Por lo tanto, no se encontraron diferencias que justificaran
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandado: Nación – Rama Judicial
un reconocimiento adicional de dinero a favor del demandante, por lo que concluyó que
no le asiste el derecho pretendido y negó las súplicas de la demanda.
1.4. El recurso de apelación4
El demandante solicitó la revocatoria de la sentencia, con fundamento en:
El Decreto 1251 de 2009 dispuso que, los salarios de los jueces se deben calcular con
base en todo lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte, incluyendo en
esa base las cesantías y demás emolumentos percibidos; sin embargo, aquel porcentaje
para los jueces no debe ser calculado de forma anual, como lo hizo el Tribunal, sino
mensual; esto conlleva a que, por ejemplo en el caso de los jueces municipales
mensualmente deba percibir el 34.9% de lo devengado durante todo el año por los
magistrados de alta corte, más no, como lo pregona el A-quo, dicho porcentaje deba ser
liquidado anualmente.
Sostiene además que, el Tribunal no se pronunció sobre los demás años reclamados,
alegando que el Decreto 0383 de 2013 no deroga el Decreto 1251 de 2009, ya que este
último se refiere a una nivelación salarial y el primero a una bonificación adicional.
1.5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del cuatro (4) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)5, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación; además, decretó como prueba de oficio el
documento allegado con el escrito de apelación.
Luego con providencia del diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025), el
despacho decreto como prueba de oficio la certificación en la que se precisen los valores
que recibió el señor Hernán Antonio Mejía Henao, identificado con la cédula número
70662184 de Venecia Antioquia, por concepto de cesantías e intereses a las cesantías
correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, y 2013, habiéndosele corrido el traslado
respectivo de aquel, sin que las partes emitieran pronunciamiento alguno.
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Índice 0058 de Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Samai, índice 00005
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandado: Nación – Rama Judicial
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6, el Juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala establecer, si hay lugar a ordenar la nivelación salarial pretendida,
al haberse demostrado que la remuneración que recibió el demandante, en calidad de
juez de la República, fue inferior a la establecida en el Decreto 1251 de 2009.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1 Nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009; 2.2.2. Pruebas relevantes;
y 2.2.3. Caso concreto.
2.2.1 Nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009
El Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 reguló la remuneración de los jueces, en
desarrollo de la Ley 4 de 1992, estableciendo que lo percibido por los jueces del circuito
y municipales, entre otros funcionarios judiciales, dependería de lo percibido por un
magistrado de altas cortes, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez
Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado, el
Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado, el Juez de Dirección o de Inspección y
el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento
(47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
6
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandado: Nación – Rama Judicial
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y
siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo
que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez
del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de División, o de Fuerza Naval, o de
Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o
de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del
valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente
el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y
tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que
por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez
Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el Juez de Brigada, o de Base
Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía, el Fiscal ante
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de
Departamento de Policía y el Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto
siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al treinta y cuatro
punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por
todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 4°. El pago de la diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de los
funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de la aplicación de
los porcentajes señalados en los artículos 1 a 3 de este decreto respecto del 70% de lo que por
todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes, se imputará con cargo al
ordinal Otros - Otros conceptos de servicios personales autorizados por ley.»
Dicha forma de cálculo de la remuneración de los funcionarios de la Rama Judicial ha
generado controversias respecto al tope de lo devengado por los magistrados de altas
cortes, dado que éstos gozan de un régimen salarial especial, según el cual, sus ingresos
totales anuales deben concordar con los ingresos totales anuales de los Congresistas de
la República, según lo previsto en el artículo 157 de la Ley 4 de 1992.
Así las cosas, la remuneración de los jueces de circuito y municipales está directamente
vinculada a lo que percibe un magistrado de alta corte y, en consecuencia, a los ingresos
anuales de los congresistas; debiéndose tener en cuenta en tales remuneraciones el
auxilio de cesantías.
Han sido diversos los pronunciamientos de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
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Ley 4/92. ARTÍCULO 15. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de
la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima
especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por
los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del
Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandado: Nación – Rama Judicial
del Consejo de Estado, donde así lo ha concluido; en tales providencias se ha indicado
que, cuando la norma consagra los ingresos laborales totales anuales, dicha expresión
abarca todo aquello que en el año se percibe en ejercicio de la relación laboral, sin
perjuicio que el emolumento constituya o no factor salarial o, por el contrario, se trate de
una prestación social. Así quedó definido, entre otras, en sentencia del 18 de mayo de
20168 y en la proferida el 4 de mayo de 20099, en la que se precisó que las cesantías
reconocidas a los miembros del Congreso de la República comportan ingresos laborales
anuales permanentes, por tanto, dicho valor debe ser computado en la liquidación de la
prima especial establecida en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.
Frente a la inclusión de las cesantías devengadas por los magistrados de altas cortes al
momento de efectuar la liquidación establecida en el Decreto 1251 de 2009 y con base
en ello calcular los ingresos de los jueces y demás funcionarios, también se ha
pronunciado la Sala de Conjueces de esta corporación indicando que aquellas deben ser
base de la citada liquidación salarial; así lo concluyó, entre otras, en la sentencia del 3 de
diciembre de 200410.
Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se procede a decidir
el presente caso.
2.2.2 Pruebas relevantes.
De las pruebas allegadas por los sujetos procesales, resultan relevantes para resolver el
problema jurídico planteado, las siguientes:
a) Obra certificación del cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019), expedida
por la dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia, donde se logra
advertir que, el señor Hernán Antonio Mejía Henao, al momento de presentar la
demanda presta sus servicios a la Rama Judicial iniciando labores el 1 de junio de
1965 ; inicialmente laboró en el cargo de escribiente, luego, como citador, oficial
mayor; luego como juez municipal en los siguientes periodos entre el 18 de mayo de
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Sala de Conjueces. Radicación 25000-2325-000-2010-00246-02 (0845-15). Conjuez ponente: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Consejo de Estado Sección Segunda. Sala de Conjueces. Radicación 25000-2325-000-2004-05209-02. Consejero ponente Luis
Fernando Velandia Rodríguez
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Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 3 de diciembre de 2024, proceso 25000-23-42-000-2015-
00244-02 (6490-2019) CP Héctor Santaella Quintero
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandado: Nación – Rama Judicial
2009 al 10 de febrero de 2013. En la citada prueba se registran además los ingresos
percibidos por el actor durante el tiempo que duró su vinculación.
b) Resolución No. DESAJM12-07121 del diez (10) de octubre de dos mil doce (2012),
expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia, mediante la cual se negó la solicitud de reliquidación y pago de diferencias
generadas por concepto de la aplicación del Decreto 1251 de 2009; acto
administrativo en el cual se precisó que, la reclamación administrativa en tal sentido
había sido presentada el veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2012).
c) Resolución No. 3218 del Veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013), por medio
de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resolvió el recurso de
apelación incoado en contra de la anterior resolución, confirmando el acto recurrido.
d) Constancia expedida por el Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de
la Rama Judicial de Antioquia, de fecha Siete (7) de diciembre de Dos Mil Doce
(2012), en la que refleja los pagos y descuentos efectuados al señor Hernán Antonio
Mejía Henao desde el año 2010 al 2013.
2.3 Caso concreto.
Conforme a las pruebas allegadas al plenario, tenemos acreditado que, el señor Hernán
Antonio Mejía Gómez, se vinculó a la Rama Judicial desde el 1 de junio de 1965;
inicialmente laboró en el cargo de escribiente, luego, como citador, oficial mayor y juez
municipal.
En virtud a que el actor fungió en el cargo de juez de civil municipal, es claro que, su salario
y demás emolumentos salariales deben corresponder a lo dispuesto en el Decreto 1251
de 2009; por tanto, para el año 2010 y siguientes, tenía derecho a que su remuneración
fuera calculada teniendo en cuenta un 34.9% del 70% de los ingresos totales devengados
por los magistrados de las altas cortes, dentro de la cual, debe incluirse, las cesantías por
estos devengados, habida cuenta que, aquella es un ingreso permanente.
En virtud de lo anterior, se considera que hubo un yerro en la providencia dictada por el
Tribunal, por cuanto, al hacer el estudio de la adecuada proporcionalidad de los ingresos
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
Demandado: Nación – Rama Judicial
de la actora con los de los magistrados de altas cortes, determinó que obra prueba que
evidencia una indebida liquidación con los ingresos anuales y que lleven a cambiar los
valores sobre los cuales se le realizaron las cuentas.
Por tanto, la Sala procede a realizar la liquidación en debida forma, esto es, incluyendo
las cesantías, teniendo en cuenta para ello, las certificaciones expedidas por la entidad
demandada y que obran en el plenario, las cuales arrojan los siguientes resultados:
Ingresos anuales 34.9% del 70% de Ingresos anuales Diferencia
Año Magistrados de lo devengado por del demandante adeudada
11 un Magistrado de
Alta Corte
Alta Corte
2010 $300.270.566 $ 70.797.757 $70.666.004 $ 131.753
2011 $309.798.132 $ 73.042.044 $72.906.128 $ 135.916
2012 $325.278.589 $ 76.694.146 $76.551.146 $ 143.000
Analizada la anterior liquidación, se logra evidenciar una diferencia entre lo percibido por
el señor Hernán Antonio Mejía Henao, y lo que debió percibir, en aplicación a lo dispuesto
en el Decreto 1251 de 2009; por tanto, se torna procedente las pretensiones de la
demanda, reiterándose que, aquellas consisten en la nivelación salarial con base en el
citado decreto desde el año 2010.
En ese orden de ideas, se revocará la sentencia del Tribunal y se ordenará el reajuste
salarial, a favor del demandante teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 1251
de 2009, desde el año 2010, conforme fue solicitado en la demanda, y hasta cuando
preste los servicios a la entidad demandada.
Ahora bien, en cuanto al término prescriptivo, debe precisarse que, en estos asuntos
opera la prescripción trienal, consagrada en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969; sin embargo, dicho fenómeno no se configuró
teniendo en cuenta que, la reclamación administrativa se presentó el veinticinco (25) de
julio de Dos Mil Doce (2012)12; por tanto, estarían prescritos los emolumentos salariales
causados con anterioridad al veinticinco (25) de julio de dos mil nueve (2009); sin
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Incluyendo las cesantías y sus intereses.
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Así quedó expuesto en el acto administrativo acusado.
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Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
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embargo, lo aquí reclamado es la diferencia salarial desde el año 2010, esto es, un
periodo que no afecto el citado fenómeno. Adicionalmente, entre la reclamación
administrativa y la fecha en que fue incoada la demanda, el Veintitrés (23) de Octubre de
Dos Mil Trece (2013), no transcurrió el lapso de tres (3) años.
La Sala aclara que, contrario a lo expuesto por el recurrente, para poder analizar si la
entidad demandada cumplió o no con las disposiciones del Decreto 1251 de 2009, el
cálculo debe hacerse teniendo en cuenta el total de lo devengado por un magistrado de
alta corte, incluyendo las cesantías conforme se indicó en precedencia, y lo devengado
por el juez en el mismo periodo; esto es, anual, pues, con base en ello, es posible
determinar si se aplicaron o no los porcentajes establecidos en el citado decreto.
Adicionalmente, frente al reclamo consistente en que no se debió negar las pretensiones
con fundamento en el Decreto 383 de 2013, debe indicarse que aquel, no sirvió de base
para la decisión tomada por el A-quo, ante ello, dicho motivo de inconformidad resulta
improcedente.
Vistas así las cosas, la Sala revocará la decisión de primera instancia, para en su lugar,
declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y, a título de restablecimiento
del derecho, se condenará a la entidad demandada a reliquidar y pagar a favor del
demandante, las diferencias adeudadas por concepto de salarios y prestaciones sociales
a partir del 1 de enero de 2010, teniendo en cuenta el 34.9% del 70% de lo que, por todo
concepto percibe anualmente un magistrado de alta corte, incluyendo en dicha
liquidación, las cesantías, el cual, debe coincidir con los ingresos totales anuales
permanentes de los congresistas; hasta cuando ejerza el cargo que le otorgue el citado
derecho, en los periodos en los cuales se haya presentado diferencia en contra del
demandante.
Adicionalmente, la entidad demandada deberá realizar el pago de los aportes
pensionales del demandante, sobre las diferencias aquí ordenadas, por todo el tiempo
en que se ordenó la nivelación salarial, esto en la eventualidad que no se hayan
efectuado.
Finalmente, se precisa que, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado
a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte actora por los mismos
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Número Interno: 5898-2024
Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao
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conceptos aquí reconocidos; así como, que en ningún caso las sumas de dinero que se
reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional.
2.4 Condena en costas.
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. – REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida del (30) de Mayo de
Dos Mil Veinticuatro (2024), por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. DESAJM12-07121 del diez
(10) de octubre de dos mil doce (2012), expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, mediante la cual se negó la solicitud de reliquidación
y pago de diferencias generadas por concepto de la aplicación del Decreto 1251 de 2009;
así como, de la Resolución No. 3218 del Veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013),
que resolvió el recurso de apelación en contra de aquella confirmándola en su totalidad.
TERCERO: A Título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que proceda a reliquidar y
pagar a favor del señor HERNÁN ANTONIO MEJÍA HENAO, en su calidad de juez
municipal, la diferencia salarial esto por los siguientes periodos 2010, por valor de
$131.753; 2011, por la suma de 135.916 y 2012 en cuantía de $143.00, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, esto es, teniendo en
cuenta el 34.9% del 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado
de alta corte, incluyendo en dicha liquidación, las cesantías, desde el 1 de enero de 2010
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y en adelante, hasta cuando ejerza el cargo que le otorgue el citado derecho, en los
periodos en los cuales se haya presentado diferencia en contra del demandante.
La entidad demandada deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones en favor del señor HERNÁN ANTONIO
MEJÍA HEANO, respecto de la citada diferencia salarial, (sin tener en cuenta el fenómeno
de la prescripción) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Lo reconocido con ocasión del proceso en referencia será procedente siempre y cuando
las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas no se hayan cancelado
por la entidad previamente; por tanto, le corresponde a esta hacer la verificación
correspondiente. Adicionalmente, en ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan
podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con Aclaración de Voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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