Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00497-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2014-00497-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00497-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2014-00497-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Cuatro (4) de Junio de Dos mil Veintiséis (2026)
Radicado : 15001-23-33-000-2014-00497-02 (2331-2019)1.
Demandante : Martha Lucía Rueda Camargo
Demandada : Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ).
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Nivelación salarial (Decreto 1251 de 2009)
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia proferida el Treinta y uno (31) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018), por el
Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Conjueces, que accedió parcialmente las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones2
1. La señora Marta Lucia Rueda Camargo, por intermedio de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio No. DEST13-816 del Dieciséis (16) de abril de Dos
Mil Trece (2013), proferido por el director ejecutivo seccional de administración judicial
de Tunja, mediante el cual, se negó la solicitud de reliquidación y pago de diferencias
salariales y prestaciones sociales por concepto de la aplicación del Decreto 1251 de
2009, devengados en calidad de juez; así mismo, solicita la nulidad del acto ficto que se
configuró, por la no resolución del recurso de apelación interpuesto contra el oficio en
mención.
1 Expediente hibrido
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71ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_26MEMORIAL-
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Número interno: 2331-2019
Demandante: Martha Lucía Rueda Camargo
Demandado: Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
2. A título de restablecimiento del derecho pidió: i) condenar a la Nación - Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Tunja, a reconocer y pagar
las diferencias que arroje la reliquidación de su salario y las prestaciones sociales,
causadas desde el Primero (1) de enero de Dos Mil Nueve (2009), hasta el Treinta y uno
(31) de diciembre de Dos Mil Trece (2013), cálculos que aduce debe realizarse mensual
y no anualmente como lo hace la parte demandada.
3. Subsidiariamente, solicita se declare que, tiene derecho a que la Nación - Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Tunja, reliquide y pague
tanto sus salarios como las prestaciones sociales a partir del Primero (1) de enero de
Dos Mil Nueve (2009) hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Trece (2013),
al tenor de lo ordenado en los artículos 2 y 3 del Decreto 1251 de 2009, incluyendo lo
que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de una alta corte.
4. Solicita ordenar la indexación de las sumas que se orden pagar, dar cumplimiento
a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA, y condenar en costas a la
accionada.
5. Los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de la demanda
son los siguientes3:
6. La señora Marta Lucia Rueda Camargo, labora al servicio de la Rama Judicial,
en calidad de juez primero penal municipal de Tunja; sin embargo, durante los años
2009 y 2012, se desempeñó como juez penal del circuito y juez penal municipal, por
tanto, la remuneración que debió recibir cuando fungió como juez del circuito tenía que
ser igual o equivalente al 43.2% del 70% de lo que por todo concepto percibe
anualmente un magistrado de una alta corte, y cuando laboró en calidad de juez
municipal, la remuneración debió ser equivalente al 34.9% del 70% de lo que por todo
concepto percibe anualmente un magistrado de una alta corte.
7. Señala que, lo anterior no ocurrió, toda vez que, hay una diferencia entre lo que
le pagó su empleador y lo que debió recibir conforme a la aplicación correcta de dichos
porcentajes, pues, no se ha interpretado en debida forma, lo que debe entenderse por
remuneración, contenido en el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009.
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8. Sostiene que, sus salarios y prestaciones sociales deben ser reliquidadas bajo lo
establecido en los Decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009, mensualmente y no como lo
hace su empleador de manera anual.
9. Afirma que, presentó petición ante la parte demandada con miras a que, se le
otorgara la nivelación salarial, sin embargo, la respuesta fue desfavorable mediante el
oficio DESTJ13-8162-07121 de Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Trece (2013) y el acto
ficto producto de la no resolución del recurso de apelación interpuesto en contra de la
anterior decisión.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. Como normas violadas se citan: Constitución Política artículos 2, 4, 6, 13, 25, 53,
58 y 230. Artículos 2, literal a) y artículo 15 de la Ley 4 de 1992, Decreto 10 de 1993,
artículo 27 del Código Civil, Decreto 1251 de 2009, artículo 3 de Ley 153 de 1887,
artículo 115 de la Ley 1395 de 2010 y artículo 4 de la Ley 169 de 1896.
11. Lo anterior por cuanto considera que, su empleador al momento de liquidar sus
salarios y prestaciones sociales para la vigencia 2009, y con el objetivo de aplicar los
porcentajes establecidos en el artículo 1º del Decreto 1251 de 2009, es decir, pagar a
título de remuneración el 43% del 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente
un magistrado de una alta corte, realizó los cálculos anualmente, cuando ello debió ser
mensual, contraviniendo flagrantemente la regla general dispuesta para los funcionarios
de la Rama Judicial, establecida en el artículo 4º del Decreto 717 de 1978; producto de
una inadecuada interpretación del sentir del ejecutivo, y por supuesto, trayendo consigo
una injustificada mengua en sus ingresos.
12. Expone que, si para la vigencia 2009 un magistrado de una alta corte, tal como
se desprende de las certificaciones adjuntas, percibió a título de sueldo básico la suma
de $36.554.292, unos gastos de representación por un valor de $64.985.424, la prima
especial de servicios de $174.114.756, la prima de navidad de $8.461.643, las cesantías
por valor de $9.166.780, sumas que arrojan un total de $293.262.995, más el valor
reconocido por el Consejo de Estado (sentencia del Dr. Pájaro Peñaranda) por
$14.509.960,75, todo ello, arroja unos ingresos totales para un magistrado de una Alta
Corte por un valor de $307.792.455,75.
13. A tono con lo anterior, señala que, el 70% del antedicho valor corresponde a
$215.454.719,03, y el 34,7% del mismo es $74.762.787, cantidad que dividida entre 12
meses arroja un valor de $6.230.232.29, suma esta que debería ser la asignación
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mensual, a parte de los demás emolumentos salariales que recibe mensualmente en la
misma anualidad.
14. Así las cosas, sostiene que, si compara los ingresos que efectivamente devengó
mensualmente (aproximadamente $4.195.700), concluye que hay una ostensible
diferencia de algo más de $2.034.532 mensuales.
15. En tal razón, su empleador ha calculado erradamente su salario para las
vigencias posteriores, es decir, para los años 2010, 2011 y 2012.
16. Concluye que, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja, está aplicando incorrectamente la norma en cuestión, por tanto, le ha causado un
injustificado detrimento al patrimonio cuando le liquidan y pagan su salario por los
servicios que presta al Estado colombiano.
1.3. Contestación de la demanda.
17. La parte demandada, actuando por medio de apoderado judicial. presentó
oportunamente contestación, en la que, indica que, se opone a todas y cada una de las
pretensiones de la demanda, pues, luego de analizar el contenido de la Ley 4 de 1992,
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el Decreto 10 de 1993, los decretos
3901 de 2008, 717 de 2009 y 1251 de 2009 y los decretos salariales anualizados,
sustenta las siguientes razones de defensa.
18. Para el cálculo de los ingresos que perciben mensual y anualmente los jueces de
la República, se deben tomar todos los ingresos laborales percibidos en el cargo durante
el año tanto del magistrado de alta corte como del juez de la República, toda vez que, el
Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, no habló de remuneración mensual, sino que se
refirió a la remuneración que por todo concepto perciban anualmente los aludidos
funcionarios.
19. Sostiene que, «Para determinar la diferencia para el año 2009, 2010 y 2011 de los
ingresos anuales existentes entre el porcentaje 34.7%, 34.9% establecido para jueces
municipales, del 70% de lo que por todo concepto perciben anualmente los magistrados
de las Altas cortes, se toma la remuneración mensual (asignación básica y Prima
especial) establecida en los decretos salariales para los jueces de la república según su
jurisdicción y se multiplica por los doce meses del año, adicionalmente, se liquidan las
primas y prestaciones sociales a que tienen derecho, de conformidad con la
normatividad que regula cada una de ellas. Para finalizar, se suman todos los
emolumentos salariales y prestacionales obteniendo el total de los ingresos anuales de
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Demandante: Martha Lucía Rueda Camargo
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cada uno de los funcionarios citados. Es del caso, entrar a considerar, los ingresos
mensuales y anuales que percibieron los magistrados de las Altas Cortes, para el año
2009 los cuales fueron los siguientes:
Mensual Valor Anual Valor
Asignación básica 3.046.191 Asignación básica 36.554.292
mensual mensual
Gastos de 5.415.452 Gastos de 64.985.424
representación representación
Prima especial de 14.509.563 Prima especial de 174.114.756
servicios servicios
Prima de navidad 8.461.643
Total mensual 22.971.206 Total anual 284.116.115
70% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS $ 198.881.281,00
34.7% DEL 70% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS $ 69.011.805
Del valor equivalente al 70% del total de los ingresos de los magistrados de las Altas Cortes, se
le calcula el 47.7%, 43% y 34,7% para el año 2009, según sea el caso del funcionario. De estos
valores han de descontarse los ingresos anuales de los Jueces de la república, según el caso,
y la diferencia existente se cancelará por el rubro de "Otros Servicios Personales Autorizados
por Ley"
El siguiente es el ejercicio para un Juez con categoría municipal, para el año 2009:
JUEZ MUNICIPAL
Asignación básica 3.081.095
Prima especial de servicios 924.329
Total mensual 4.005.424
Bonificación actividad judicial 6.592.775
Bonificación por servicios 1.078.383
Prima de servicios 1.585.480
Prima de vacaciones 1.651.542
Prima de navidad 3.440.712
Cesantías -
Total ingresos anuales de juez municipal 69.006.755
Diferencia juez municipal y 70% ingreso 5.050.00
magistrado de alta corte (Servicios
personales autorizados por ley)
Porcentaje establecido Decreto 3901 de 69.011.805
2008(34.7% del 70% ingreso magistrado
alta corte
El siguiente es el ejercicio para un Juez con categoría municipal, para el año 2010:
JUEZ MUNICIPAL
Asignación básica 3.158.123
Prima especial de servicios 947.437
Bonificación actividad judicial 6.724.631
Bonificación por servicios 1.105.343
Prima de servicios 1.692.831
Prima de vacaciones 1.625.117
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Número interno: 2331-2019
Demandante: Martha Lucía Rueda Camargo
Demandado: Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Prima de navidad 1.692.831
Cesantías -
Total ingresos anuales de juez municipal 70.666.004
Diferencia juez municipal y 70% ingreso 131.754
magistrado de alta corte (Servicios
personales autorizados por ley)
Porcentaje establecido Decreto 3901 de 70.797.757.85
2008 (34.7% del 70% ingreso magistrado
alta corte
Total ingresos laborales magistrado de alta 289.798.436
corte corporación año 2010
70% Remuneración magistrado 202.858.905
El siguiente es el ejercicio para un Juez con categoría municipal, para el año 2011:
JUEZ MUNICIPAL
Asignación básica 3.258.236
Prima especial de servicios 997.471
Bonificación actividad judicial 13.875.604
Bonificación por servicios 1.140.383
Prima de servicios 1.676.634
Prima de vacaciones 1.746.494
Prima de navidad 3.638.529
Total ingresos anuales de juez municipal 72.906.128
Diferencia juez municipal y 70% ingreso 135.916
magistrado de alta corte (Servicios
personales autorizados por ley)
Porcentaje establecido Decreto 3901 de 73.042.044
2008 (34.7% del 70% ingreso magistrado
alta corte
Total ingresos laborales magistrado de alta 298.985.035
corte corporación
70% Remuneración magistrado 209.289.525
34.9 del 70% del total de ingresos 73.042.044
El siguiente es el ejercicio para un Juez con categoría municipal, para el año 2012:
JUEZ MUNICIPAL
Asignación básica 3.421.148
Prima especial de servicios 1.026.345
Bonificación actividad judicial 14.569.386
Bonificación por servicios 1.197.402
Prima de servicios 1.760.466
Prima de vacaciones 1.833.819
Prima de navidad 3.820.455
Total ingresos anuales de juez municipal 76.551.444
Diferencia juez municipal y 70% ingreso 142.702
magistrado de alta corte (Servicios
personales autorizados por ley)
Porcentaje establecido Decreto 3901 de 76.694.146
2008 (34.7% del 70% ingreso magistrado
alta corte
Total ingresos laborales magistrado de alta 313.934.287
corte corporación
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Número interno: 2331-2019
Demandante: Martha Lucía Rueda Camargo
Demandado: Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
70% Remuneración magistrado 219.754.001
34.9 del 70% del total de ingresos 76.694.146
20. Señala que, conforme al Decreto 1251 de 2009, los jueces municipales deben
recibir el 34.9% del 70% de los ingresos percibidos por los magistrados de las Altas
Cortes, porcentaje que —según se indica— fue correctamente reconocido al
demandante.
21. Que los valores registrados en nómina como “Otros Servicios Personales
Autorizados por Ley” constituyen incrementos salariales mensuales efectivamente
pagados entre los años 2009 y 2012, y, que dichos pagos demuestran que la
remuneración reconocida a los jueces municipales se ajustó a lo dispuesto en la
normativa vigente.
22. Asimismo, con base en la relación de pagos aportada como prueba, se afirma
que durante los años 2009 a 2014, se dio cumplimiento a los porcentajes salariales
establecidos para los jueces municipales, aplicando correctamente el Decreto 1251 de
2009.
23. Frente a la pretensión del demandante de incluir las cesantías como ingreso
permanente para recalcular la prima especial, sostiene que, esa interpretación
contradice el artículo 16 de la Ley 4 de 1992, pues, dicha norma diferencia claramente
entre remuneración y prestaciones sociales.
24. Señala que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no puede equiparar
el valor de las cesantías de los congresistas con las de los magistrados de altas cortes
para reajustar la remuneración de los jueces municipales, toda vez que, las prestaciones
sociales de magistrados y congresistas son distintas.
25. Si llegara a acceder a las pretensiones de incluir las cesantías dentro de los
ingresos laborales de los magistrados de las altas cortes, conduciría reliquidar la prima
de especial y con ello estaría dando aplicación de manera equivoca la prohibición del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, que establece que, la prima de especial de servicios no
tiene carácter salarial, por tanto, no es factor para la liquidación de cesantías.
26. Colige que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene
competencia para extender a los efectos de la norma salariales a servidores en
situaciones diferentes, pues ello sería abrogarse una función exclusiva del presidente
de la República según lo dispuesto por el Literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
CP.
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Demandante: Martha Lucía Rueda Camargo
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1.3. Sentencia de primera instancia4
27. El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Conjueces, el Treinta y uno (31)
de julio de Dos Mil Dieciocho (2018), profirió sentencia en el sentido de conceder
parcialmente las pretensiones de la demanda, así:
«PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción prescripción extintiva del derecho
respecto a la anualidad 2009, objeto de reclamación, por lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:
2.1. Oficio No. DEST13-816 del 16 de abril de 2013, expedido por el Director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Tunja.
2.2. Del acto ficto negativo que se configuró por haber operado el silencio administrativo
negativo, al no haberse resuelto el recurso de apelación interpuesto en contra del acto
referido en el numeral 2.1.
Mediante los cuales se negó el reconocimiento, liquidación y pago de la diferencia salarial
correspondiente en plena aplicación de las reglas jurídicas establecidas por el decreto 1251
de 2009.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación –Rama Judicial
• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a re liquidar y pagar a la demandante
MARTHA LUCIA RUEDA CAMARGO, con cargo al ordinal Otros - Otros conceptos de
servicios personales autorizados por ley la diferencia en la remuneración (salarios y
prestaciones, incluida cesantías) que por todo concepto percibió como juez de la República
en los años 2012 y 2013, en los estrictos términos que para el efecto contienen los artículos
2 y 3 del decreto 1251 de 2009, para el efecto deberá tenerse en cuenta todo lo percibido por
los Magistrados de Altas Cortes, esto es, incluido el pago de la prima especial de servicios,
la cual haberse liquidado teniendo en cuenta el auxilio de cesantías percibido por los
congresistas.
CUARTO: Condenar a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial a pagar la indexación de las sumas adeudadas, conforme lo dispuesto en el artículo
187 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual se aplicará la siguiente formula (...)
QUINTO: Negar la pretensión tercera, conforme lo expuesto en la motiva.
SEXTO. Sin condena en costas» (sic)
28. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:
29. Sostuvo que, encontró demostrado que la demandante, se vinculó desde el Siete
(7) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984) de forma ininterrumpida
como servidora judicial; sin embargo, de cara a lo solicitado en la demanda, pasaría a
estudiar el tiempo de servicio comprendido entre el Primero (1) de enero de Dos Mil
Nueve (2009) hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Trece (2013), el cual
corresponde a la vigencia del Decreto 1251 de 2009.
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30. Al analizar el material probatorio, encontró certificación de la Pagaduría del
Senado de la República, en la que se detallan lo devengado por un senador desde enero
de 2009 a agosto de 2016; sin embargo, no se precisa el ingreso por concepto de
cesantías, lo que no le ofreció un criterio valorativo concluyente para la solución del caso
concreto.
31. También, evidenció la certificación expedida por la directora administrativa de la
división de asuntos laborales de la dirección ejecutiva de la administración judicial en la
que se indica que existe una diferencia para los años 2009, 2012 y 2013 entre los
ingresos de un congresista y los de un magistrado de alta corte, consistente en la
plusvalía derivada de la no inclusión de las cesantías del congresista como base de
liquidación de la prima especial de servicios a que hace referencia el artículo 15 de la
Ley 4 de 1992, todo lo anterior, en contravía de la pretensión de igualdad entre los
ingresos de un funcionario y otro.
32. No obstante, consideró que, en el expediente no existe prueba de los ingresos de
un magistrado de alta corte en los años 2010 y 2011, que son objeto de reclamación, por
tanto, tampoco encontró prueba alguna que indique que, existe diferencia entre lo percibido
por este y un congresista, razón por la cual, concluyó que, la parte actora al no asumir la
carga probatoria para demostrar tal circunstancia, la consecuencia no podía ser otra que
la de negar las pretensiones de dichas anualidades.
33. En lo que compete a los años 2002 y 2013, al comparar lo percibido por un
congresista, que a su vez debe reflejar en virtud del artículo 15 de la ley 4 de 1992, lo
recibido por el criterio base de liquidación o ingreso anual total de un magistrado de alta
corte con los devengados por la demandante estableció a la luz de los propios actos
administrativos objeto de pretensión de declaratoria de nulidad que no existe
proporcionalidad aritmética entre los factores descritos, en el contexto del mandato
efectuado por el artículo 3 del decreto 1251 del 2009.
34. Precisó que, conforme lo demuestra el certificado de ingresos mensuales y
anuales para los magistrados de las altas cortes en los años 2012 y 2013, existe una
diferencia entre los ingresos de dichos funcionarios y los de un congresista a favor de
este último en contra vía de las disposiciones del precedente jurisprudencial.
35. Sostiene que, aritméticamente la base de liquidación para los años 2012 y 2013,
se debe efectuar con la siguiente formula: (Total anual incluida cesantía + diferencia
anual ingresos congresista y magistrados alta corte) * 70% = base de liquidación del
salario del juez.
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36. Colige de lo anterior, con la siguiente fórmula: Base liquidación del salario del
juez * porcentaje establecido en el Decreto 1251 del 2009 (según categoría del juez) =
ingresos totales anuales de un juez de la república.
37. De cara a lo antes expuesto, de manera concreta al sub examine allegó al siguiente
resultado:
38. (325.278.589+17.956.237) * 70% = 240.264.378 (ingreso base de liquidación o
70% de lo que por todo concepto debería devengar anualmente un magistrado de alta
corte).
39. Sostuvo que, la demandante se desempeñó durante todo el año 2012, como juez
penal del circuito de Moniquirá, luego entonces, el porcentaje establecido es el de 43.2%
del 70% de lo que por todo concepto debería devengar anualmente un magistrado de la
Alta Corte.
40. Así, estableció que $240.264.376 * 43.2% = $103.794.211, lo que corresponde a
los ingresos anuales que, por todo concepto, debería percibir un juez de circuito, no
obstante, de la certificación de ingresos de la demandante durante el año 2012 arroja
una suma de $ 95.274.027, razón por la cual, resaltó que existe de bulto una diferencia
aritmética de $8.520.184
41. En loque atañe al año 2013, efectuó la siguiente operación aritmética
(336.468.263+16.897.468) * 70% = 247.356.011 (ingresos base de liquidación o 70% de
loque por todo concepto debería devengar anualmente un magistrado de alta corte).
42. Precisó que, la demandante se desempeñó hasta abril de 2013, como juez penal
del circuito de Moniquirá y, del Primero (1) de septiembre de Dos Mil Trece (2013) a Treinta
(30) de septiembre de Dos Mil Trece (2013) como juez de ejecución de penas de Tunja;
casos en los cuales, el porcentaje establecido en el Decreto 1251 de 2009, como suma a
devengar por un juez de circuito es el 43.2% del 70% de lo que por todo concepto debería
devengar anualmente un magistrado de Alta Corte.
43. Resalta que, del Primero (1) de mayo de Dos Mil Trece (2013) a Treinta y uno (31)
de agosto de Dos Mil Trece (2013) y de Primero (1) de octubre de Dos Mil Trece (2013) a
Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Trece (2013), se desempeñó como juez penal
municipal de control de garantías de Tunja; en estos casos, el porcentaje establecido en el
Decreto 1251 de 2009 como suma a devengar por un Juez Municipal es el 34.9% del 70%,
de lo que por todo concepto debería devengar anualmente un magistrado de alta corte;
aplicado proporcionalmente al tiempo descrito.
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44. Señala que, la tasa de reemplazo que consagra la norma es diferente en tratándose
de jueces de categoría circuito, respecto a los de categoría municipal, esto es, en el primero
de los casos es del 43.2% y en el segundo de 34.9%; en tal virtud, deberá dividirse el valor
resultante de aplicar la fórmula explicada entre los doce meses del año y el producto
multiplicarlo por el número de meses que se desempeñó en los respectivos cargos,
posteriormente sumar los resultados que dichas operaciones arrojen, a efectos de
contrastar el resultado con el valor materialmente percibido por la demandante.
45. En ese orden, estableció que, el cargo de juez de circuito fue desempeñado por
el término de 5 meses y el de juez municipal por espacio de 7 meses, razón por la cual,
realizó las siguientes operaciones aritméticas:
46. Juez de circuito: 247.356.011 * 43.2% = $106.857.796, ahora ($106.857.796 /
12) * 5 = $44.524.081. Juez municipal $247.356.011 * 34.9% = $86.327.247, ahora
($86.327.247) * 7 = 50.357.561. Colige que al sumar los dos resultados arroja la suma
de $ 94.881.642, lo que por todo concepto debió percibir la demandante en el año 2013,
no obstante, el certificado de total devengado da cuenta que percibió la cifra de $
86.116.794, lo que demuestra la existencia de una diferencia aritmética de $8.764.848.
47. Afirma que, en relación con los ingresos anuales de la demandante existen
diferencias entre lo efectivamente recibido y lo que debió percibir conforme al Decreto
1251 de 2009. En consecuencia, consideró que, surgía la necesidad de recalcular el
ingreso anual total, ajustándolo a lo que legalmente corresponde.
48. De igual manera, indicó que debía tenerse en cuenta el pago de cesantías por los
servicios prestados en los años 2012 y 2013, las cuales no fueron incluidas en las
certificaciones de ingresos, pero que conforme a la ley deben ser consideradas dentro
del cálculo.
49. Concluyó que, el ingreso anual total de la demandante debe ser objeto de un
nuevo cálculo, y que la excepción denominada “cobro de lo no debido” resultaba
improcedente.
1.4. Recursos de apelación5
50. La parte demandada inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de
alzada por medio del cual, sostiene que, los argumentos planteados en la contestación
5 Sistema Samai - Índice 21ED_CUADERNO1_06RECURSOAPELACIONP
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Número interno: 2331-2019
Demandante: Martha Lucía Rueda Camargo
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de la demanda, no se tuvieron en cuenta al momento de dictar la sentencia impugnada,
por tanto, reitera que, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª del
Dieciocho (18) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), el Gobierno Nacional
expide anualmente los decretos sobre régimen salarial y prestacional de los funcionarios
y empleados de la Rama Judicial, a través de los cuales, fija la remuneración mensual
para cada uno de ellos.
51. Así, la facultad para fijar las remuneraciones para los servidores públicos radica
única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir, que es éste el que basado en
criterios propios determina dichas remuneraciones.
52. Señala que, los ingresos mensuales y anuales que percibieron los jueces para el
año 2009, se encuentran regulados por el Decreto 723 y para el año 2010, por el Decreto
1388 de 2010. A su vez, indica que, el Decreto 1251 del Catorce (14) de abril de Dos Mil
Nueve (2009), dispuso que, para dicha vigencia, tendrían derecho a una remuneración
igual al 34.7% del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto perciba
anualmente el magistrado de alta corte.
53. En ese orden, resalta que, no es dable acceder a lo solicitado por la demandante,
pues, para dar cumplimiento a los Decretos 1251 de 2009 y 1388 de 2010, se debe tener
en cuenta la Ley 4 de 1992, toda vez que, a estos funcionarios se les debe reconocer la
remuneración anual de los miembros del Congreso de la República, ello, en
cumplimiento a que el artículo 1 del Decreto N° 10 de enero Siete (7) de Mil Novecientos
Noventa y Tres (1993), estableció que la prima especial de servicios de que trata el
artículo 15 de la ley 4 de 1992, sería igual a la diferencia entre los ingresos laborales
totales anuales recibidos por los miembros del congreso y los que devenguen los
magistrados de altas cortes.
54. De tal manera que, para realizar el cálculo de los ingresos que perciben mensual
y anualmente los jueces de la República, se deben tomar todos los ingresos laborales
percibidos en el cargo durante el año tanto del magistrado de alta corte como del juez
de la República, toda vez que, el Decreto 1251 del Catorce (14) de abril de Dos Mil
Nueve (2009), no habló de remuneración mensual, sino que, se refirió a la remuneración
que por todo concepto perciban anualmente los aludidos funcionarios.
55. Resalta que, para determinar la diferencia en los ingresos anuales de los años
2009, 2010 y 2011, se debe tener en cuenta que a los jueces municipales se les
reconoce el 34.7% y el 34.9% respectivamente del 70% de lo que perciben anualmente
los magistrados de las altas cortes.
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56. Para calcular la remuneración mensual (asignación básica y prima especial), se
multiplica por los doce meses del año y se adicionan las primas y prestaciones sociales
conforme a la normativa vigente.
57. En consecuencia, se deben sumar todos los emolumentos salariales y
prestaciones para obtener el total de ingresos anuales de cada funcionario.
58. Seguidamente, expone que, los valores identificados en nómina como “Otros
Servicios Personales Autorizados por Ley” representan un incremento mensual de la
remuneración de los jueces municipales quienes recibieron por ese concepto durante
los años 2009 $5.049.51, 2010 $10.979.50, 2011 $11.326.00, y en el 2012 $11.892.00,
por tanto, la remuneración que han percibido los jueces se encuentra acorde con el 70%
de los ingresos de lo que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes.
59. Aduce que, no es jurídicamente procedente incluir las cesantías como ingreso
permanente para recalcular la prima especial de los magistrados, como lo plantea el
demandante, pues dicha interpretación contradice el artículo 16 de la Ley 4 de 1992, el
cual establece que los magistrados de altas cortes tienen un régimen propio de
remuneración y prestaciones sociales, incluidas las cesantías, que no puede
equipararse al de los congresistas.
60. Aclara que, la única equivalencia con el cargo de congresista corresponde a la
prima especial, la cual debe calcularse únicamente sobre ingresos permanentes, sin
incluir cesantías.
61. Colige que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales no
tienen competencia para hacer equivalencias entre las cesantías de congresistas y
magistrados ni para reajustar la prima especial, pues, el artículo 16 de la Ley 4 de 1992
determina de manera tácita que las prestaciones sociales de los magistrados son
diferentes a la de los congresistas.
1.5. Trámite de segunda instancia
62. Por auto del Veintiséis (26) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), por conjuez
ponente se admitió el recurso de apelación6.
63. Por auto Dos (2) de marzo de Dos Mil Veintiuno (2021), se ordenó correr traslado
a las partes por el término común de diez (10) días para que presentaran sus alegatos
6 Expediente hibrido – Samai – índice - 40
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de conclusión7.
64. Por auto del Catorce (14) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), se remitió el
expediente al Despacho sustanciador, para que decidiera si operaba o no, el
desplazamiento de los Conjueces sorteados para el conocimiento del proceso8.
65. Por auto del Veinte (20) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)9, el despacho
sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia.
66. Las partes guardaron silencio.
1.5.1. Concepto Ministerio Público.
67. El señor agente del Ministerio Público, no emitió concepto de fondo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
68. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso11, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
69. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
¿Procede el reconocimiento y pago en favor de la parte demandante, en su condición de
Juez municipal y del circuito durante las anualidades 2012 y 2013, de las
diferencias salariales y prestacionales según lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, es
7 Expediente hibrido – Samai – índice - 42
8 Expediente hibrido – Samai – índice - 111
9 Expediente hibrido – Samai – índice - 115
10 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
11 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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decir, el 34.9% y 43.2%, respectivamente del valor correspondiente al 70 % de lo que por
todo concepto percibe anualmente un magistrado de alta corte?
70. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1 Nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009; 2.2.2. Pruebas relevantes;
y 2.2.3. Caso concreto.
2.2.1 Marco Normativo - Nivelación salarial del Decreto 1251 de 200912.
71. El Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 reguló la remuneración de los jueces, en
desarrollo de la Ley 4 de 1992, estableciendo que lo percibido por los jueces del circuito
y municipales, entre otros funcionarios judiciales, dependería de lo percibido por un
magistrado de altas cortes, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal
del Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito
Especializado, el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de
Dirección o de Inspección será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento
(47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado
de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación,
o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o
de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el
Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento
(34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
12 Se reitera en esbozado en el sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero
Banguera de fecha Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026) Radicado: 05001-23-33-000-
2015-00819-02 (5898-2024) Demandante: Hernán Antonio Mejía Henao Demandada: Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Medio de control: Nulidad y restablecimiento del
derecho Tema: Nivelación Salarial – Decreto 1251 de 2009 Decisión: Sentencia de segunda instancia.
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ARTÍCULO 4°. El pago de la diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto,
de los funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos
resultante de la aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1 a 3 de
este decreto respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes, se imputará con cargo al ordinal Otros - Otros
conceptos de servicios personales autorizados por ley.»
72. Dicha forma de cálculo de la remuneración de los funcionarios de la Rama Judicial
ha generado controversias respecto al tope de lo devengado por los magistrados de
altas cortes, dado que éstos gozan de un régimen salarial especial, según el cual, sus
ingresos totales anuales deben concordar con los ingresos totales anuales de los
Congresistas de la República, según lo previsto en el artículo 1513 de la Ley 4 de 1992.
73. Así las cosas, la remuneración de los jueces de circuito y municipales está
directamente vinculada a lo que percibe un magistrado de alta corte, y, en consecuencia,
a los ingresos anuales de los congresistas; debiéndose tener en cuenta en tales
remuneraciones el auxilio de cesantías.
74. Han sido diversos los pronunciamientos de la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, donde así lo ha concluido; en tales providencias se ha
indicado que, cuando la norma consagra los ingresos laborales totales anuales, dicha
expresión abarca todo aquello que en el año se percibe en ejercicio de la relación laboral,
sin perjuicio que el emolumento constituya o no factor salarial o, por el contrario, se trate
de una prestación social. Así quedó definido, entre otras, en sentencia del 18 de mayo
de 201614 y en la proferida el 4 de mayo de 200915, en la que se precisó que las cesantías
reconocidas a los miembros del Congreso de la República comportan ingresos laborales
anuales permanentes, por tanto, dicho valor debe ser computado en la liquidación de la
prima especial establecida en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.
75. Frente a la inclusión de las cesantías devengadas por los magistrados de altas
cortes al momento de efectuar la liquidación establecida en el Decreto 1251 de 2009, y,
con base en ello calcular los ingresos de los jueces y demás funcionarios, también, se
ha pronunciado la Sala de Conjueces de esta corporación indicando que aquellas deben
ser base de la citada liquidación salarial; así lo concluyó, entre otras, en la sentencia del
13 ARTÍCULO 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia,
de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor
General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional
del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás
ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los
Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.
14 Sala de Conjueces. Radicación 25000-2325-000-2010-00246-02 (0845-15). Conjuez ponente: Jorge
Iván Acuña
Arrieta.
15 Consejo de Estado Sección Segunda. Sala de Conjueces. Radicación 25000-2325-000-2004-05209-
02. Consejero ponente Luis Fernando Velandia Rodríguez
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3 de diciembre de 200416.
76. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se procede a
decidir el presente caso.
2.2.2 Pruebas relevantes.
77. De las pruebas allegadas por los sujetos procesales, resultan relevantes para
resolver el problema jurídico planteado, las siguientes:
• Petición de Primero (1) de abril de Dos Mil Trece (2013), por medio del cual, la
demandante a través de apoderado judicial solicitó a la Dirección de
Administración Judicial de Tunja, la reliquidación mensual que por todo concepto
recibió durante las anualidades 2009 a 2013, ajustándolo a los porcentajes
establecidos por los Decretos 3901 de 2008 y 1251 de 200917.
• Oficio DESTJ13-816 del Quince (15) de abril de Dos Mil Trece (2013), por medio
del cual, el director ejecutivo de la Dirección de Administración Judicial de Tunja,
emitió respuesta a la petición de la demandante en el sentido de no acceder a lo
solicitado, toda vez que, consideró estar dando cumplimiento firme y cabalmente
a la normatividad vigente que rige la materia18.
• Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la
anterior decisión19, del cual, si bien no se advierte fecha de radicación, lo cierto
es que, dicho documento fue aportado por la parte demandante, como por la
demandada en los antecedentes administrativos del acto acusado, además, en
la contestación de la demanda, no desconoció su existencia, razón por la cual,
se entiende agotada en debida forma la actuación administrativa.
• Constancia DEAJRH16-6684, por medio de la cual, el director administrativo de
la división de asuntos laborales de la dirección ejecutiva de administración judicial
hace constar los ingresos mensuales y anuales incluidas las cesantías de los
congresistas, para los cargos de magistrados de alta corte durante las
anualidades 2009, 2012, 2013 y 201420.
16 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 3 de diciembre de 2024,
proceso 25000-23-42-000-2015 00244-02 (6490-2019) CP Héctor Santaella Quintero
17 Expediente hibrido – Folios 21-22 / 111-112
18 Expediente hibrido – Folios 23-27 / 113-117
19 Expediente hibrido – Folio 118-120
20 Expediente hibrido – Folios 146-147
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• Certificado suscrito por el jefe de la sección de pagaduría del Senado de la
República, donde hace constar los valores pagados y deducidos durante las
anualidades 2009 a 201621.
• Certificado de tiempo de servicios expedido por el Área de Talento Humano de la
Dirección Seccional de la Rama Judicial de Tunja, de fecha Tres (3) de agosto de
Dos Mil Diecisiete (2017), en la que, se reflejan los distintos cargos
desempeñados por la señora Marta Lucia Rueda Camargo al interior de la Rama
Judicial22.
• Reporte de pagos y descuentos efectuados la señora Marta Lucia Rueda
Camargo desde el año 2010 al 201323.
2.5. Análisis y resolución del caso.
78. Conforme a las pruebas allegadas al plenario, se encuentra acreditado que, la
señora Marta Lucia Rueda Camargo, se vinculó a la Rama Judicial desde el Siete (7) de
febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984); donde hasta la fecha de la
expedición del certificado laboral -Tres (3) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), había
desempeñado los cargos de juez municipal, de instrucción y del circuito.
79. Ahora, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, fue expedido el Decreto 1251 de 2009,
a través del cual, se dispuso en su artículo 2, que para la vigencia del 2010 la
remuneración que por todo concepto perciba el juez del circuito, será igual al 43.2%,
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el magistrado de las Altas Cortes.
80. A su turno, el artículo 3 ibidem, dispuso que, para la vigencia del 2010 la
remuneración que por todo concepto perciba el juez municipal, será igual al 34.9%,
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el magistrado de las Altas Cortes.
81. Supuestos normativos que, resultan aplicables a la demandante en atención a los
cargos de juez municipal y del circuito que ha desempeñado durante las anualidades
que reclama la nivelación salarial a que aduce tener derecho.
82. Así, en virtud a que, los cargos desempeñados por la demandante en la Rama
Judicial durante las anualidades 2012 – 2013 corresponden al de juez municipal y del
21 Expediente hibrido – Folios 149-165
22 .Expediente hibrido – Folio 168
23 Expediente hibrido – Folio 169-191
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circuito, es claro que, su salario y demás emolumentos salariales deben corresponder a
lo dispuesto en el Decreto 1251 de 2009; por tanto, para el año 2010 y siguientes, tenía
derecho a que, su remuneración fuera calculada teniendo en cuenta un 34.9% y 43.2%
respectivamente, del 70% de los ingresos totales devengados por los magistrados de
las altas cortes, dentro de la cual, debe incluirse, las cesantías por estos devengados,
habida cuenta que, aquella es un ingreso permanente.
83. Conforme a lo expuesto, la remuneración de un juez municipal y de circuito —
cargos que ocupó la parte demandante— dependía directamente de lo percibido por un
magistrado de alta corte, incluyendo la debida liquidación de la prima especial de
servicios, que a su vez debe considerar, entre otras prestaciones, las cesantías
percibidas por los congresistas.
84. En lo referente a la forma en que se liquidó el salario de la demandante, durante
el periodo en el que se desempeñó en el cargo de juez municipal y de circuito, se destaca
que, la entidad demandada, no acreditó que en dicho cálculo se tuvieran en cuenta las
diferencias que pueden existir entre las cesantías percibidas por los magistrados de alta
corte y los congresistas, a propósito del monto de la prima especial de servicios de los
primeros, en la medida que argumentó que (a) no tenía la competencia para definir el
régimen salarial de estos altos funcionarios, y además, (b) porque considera que las
cesantías no deben tenerse en cuenta para liquidar dicha prima.
85. Aunque ciertamente las diferencias que puedan existir entre los ingresos de los
congresistas y los magistrados de las Altas Cortes constituyen circunstancias en las que
no tiene injerencia la parte demandada, también lo es, que no puede desconocer que,
de la debida liquidación salarial y prestacional de los segundos, como la prima especial
de servicios, dependerá el cálculo de la remuneración de los jueces en los porcentajes
previstos en el Decreto 1251 de 2009.
86. Dicha relación de dependencia, invocada en la demanda y destacada por el juez
de primera instancia, conlleva que los errores en la liquidación salarial de los
magistrados de las Altas Cortes puedan tener impacto en la nivelación salarial de los
jueces, por lo que, no es ajeno a estos la discusión atinente a si las cesantías de los
congresistas deben tenerse en cuenta para calcular el monto de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, que pretende igualar lo percibido
entre los mencionados magistrados y los parlamentarios.
87. Ahora bien, en cuanto al argumento consistente en que las cesantías de los
congresistas no deben considerarse para liquidar la prima especial de servicios, esta
corporación ha precisado, en los siguientes términos, que dicha afirmación es incorrecta,
comoquiera que el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 en su pretensión de igualar lo
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percibido por los magistrados de altas cortes y los parlamentarios, hace alusión a todo
lo devengado por estos últimos, por lo que, no es de recibo excluir las cesantías como
parte de las prestaciones que perciben:
«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo de
Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por
cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en
cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios
mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una
suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.
[…]
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el Estado
debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la diferencia
total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para,
así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho
estos últimos24.»
88. Las razones que anteceden resultan suficientes para desvirtuar las circunstancias
que invocó la entidad demandada para indicar que le es ajena la discusión existente
sobre la debida liquidación de las prestaciones de los magistrados de Altas Cortes en la
nivelación salarial de los jueces o para considerar, en caso contrario, que las cesantías
de los congresistas no deben tenerse en cuenta para determinar el monto de la prima
del artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
89. Precisamente, dada la importancia de tener en cuenta la debida liquidación de las
prestaciones de los magistrados de Altas Cortes en la nivelación salarial de que trata el
Decreto 1251 de 2009, en el presente trámite se aportó documentación relacionada con
los ingresos de los magistrados de dichas cortes y los congresistas, a partir de la cual
se evidencia que durante los años 2012 y 2013, en los que la demandante se
desempeñó como juez del circuito y municipal-, que los primeros percibieron una
remuneración inferior a los segundos, circunstancia, que se insiste, puede tener impacto
en la nivelación salarial de los destinatarios del Decreto 1251.
90. Sobre el particular, se encuentra la constancia DEAJRH16-6684, de la cual, se
advierte que, el director administrativo de la división de asuntos laborales de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Tunja hace constar los ingresos mensuales y
anuales incluidas las cesantías de los congresistas, para los cargos de magistrados de
Alta Corte durante las anualidades 2009, 2012, 2013 y 2014, documento que, al ser
analizado bajo las reglas de la sana crítica, se observa que, en él se indica la
existencia de diferencia anual entre los ingresos de un congresista y un
24 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso
250002325000201000246-02 (0845).
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magistrado de alta corte, consistente tal como, lo indicó el A-quo, en la no inclusión de
las cesantías de los congresistas como base de liquidación de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
91. Seguidamente, la Sala corrobora que, tal como lo indicó el A-quo, en la
certificación expedida por la Pagaduría del Senado de la República, si bien se
relacionaron los valores pagados y deducidos durante las anualidades 2009 a 2016,
también lo es que, no se informó el concepto de ingresos por cesantías. Y ello, se debe
a que en el oficio SPA-CS-038-2016, se precisó que son los fondos públicos o privados
quienes consolidan dicha información, por tanto, era a ellos a quien se debía solicitarla;
no obstante, en el expediente no se advierte que, la pagaduría reenviara el oficio a
dichos fondos, como tampoco gestión por parte de los extremos de la litis tendiente a
recaudar el dato de las cesantías.
92. Por lo expuesto, se pasa a analizar si la reliquidación ordenada por el A-quo se
encuentra ajustada al ordenamiento jurídico o si, por el contrario, le asiste razón al
apelante, cuando solicita revocarla, en tanto, considera que, la remuneración que ha
percibido la demandante en calidad de juez municipal y de circuito durante las
anualidades 2012 y 2013 se encuentra acorde con el 70% de los ingresos que por todo
concepto perciban los magistrados de las altas cortes.
93. En tal razón, en lo que corresponde a las dos anualidades a revisar, se tiene que,
a la luz del certificado laboral de la demandante, ejerció el cargo de juez penal del
Circuito de Moniquirá todo el 2012 hasta el Treinta (30) de abril de Dos Mil Trece (2013)
y el de Juez de Ejecución de Penas de Tunja entre el primero (1) de septiembre de Dos
Mil Trece (2013) hasta el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Trece (2013), periodos
en los cuales, por mandato del Decreto 1251 de 2009, el porcentaje fijado como suma
a devengar por un juez del Circuito es el 43.2% del 70% de lo que por todo concepto
perciba anualmente el magistrado de las Altas Cortes.
94. Ahora, también da cuenta el certificado laboral que la demandante entre el
Primero (1) de mayo de Dos Mil Trece (2013) al Treinta y uno (31) de agosto de Dos Mil
Trece (2013), así como, del primero (1) de octubre de Dos Mil Trece (2013) al Treinta y
uno de diciembre de Dos Mil Trece (2013), desempeñó el cargo de Juez Penal
Municipal de Control de Garantías de Tunja, por tanto, el porcentaje que para estos
casos dispone el Decreto 1251 de 2009, como suma a devengar por un juez municipal
es el 34.9% del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el magistrado de
las Altas Cortes.
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95. Bajo este orden de ideas, como lo resaltó el A-quo, la operación aritmética debe
ser realizada de forma proporcional a los tiempos en que la demandante se desempeñó
como juez del circuito y municipal, toda vez que, los porcentajes por mandato del
Decreto 1251 de 2009 en uno y otro caso son diferentes.
96. Así, la Sala pasa a realizar la liquidación teniendo en cuenta para ello las
certificaciones expedidas por la entidad demandada y que reposan en el plenario, en
aras de corroborar si las operaciones aritméticas efectuadas por A-quo se encuentran o
no ajustada a los dispuesto en el Decreto 1251 de 2009.
97. Lo anterior, porque al revisar el fallo de primera instancia, se evidencia que, en lo
devengado por la demandante no se incluyeron las cesantías; sin embargo, frente a esta
situación, se considera pertinente para los años 2012 y 2013, sumar a lo certificado por
la Dirección de Administración Judicial de Tunja, lo correspondiente a dicho concepto
aplicando la fórmula legal para obtener una cifra aproximada a la realidad25.
98. Para lo anterior, se analizará como primera medida la información contenida en
el certificado expedido por el director administrativo de la división de asuntos laborales
de la dirección ejecutiva de administración judicial de Tunja, en la que se
relacionaron los ingresos mensuales y anuales incluidas las cesantías de los
congresistas para los cargos de magistrados de altas cortes. Así, para el año 201226:
Magistrados de alta corporación 2012
Mensual Anual
Asignación básica $3.365.893 Asignación básica $40.390.716
mensual mensual
Gastos de $5.983.806 Gastos de $71.805.672
representación representación
Prima especial de $16.032.350 Prima especial $192.388.200
servicios
Prima de navidad $9.349.699
Total mensual $25.382.049 Total ingresos $313.934.287
anuales
Cesantías $10.128.841
Intereses cesantías $1.215.461
(12% anual)
Total anual incluidas $325.278.589
cesantías
Diferencia anual ingresos congresistas y magistrados alta corte $17.956.237
(interpretación jurisprudencial sentencia Consejo de Estado a favor
Dr. Nicolas Pájaro)
El valor anterior se divide por doce y el resultado corresponde a la $1.496.353
diferencia de la prima especial de servicios
25 Ley 6 de 1945, artículo 17; Decreto 1045 de 1978, artículo 40 y Ley 344 de 1996, el artículo 13.
26 Expediente hibrido folio 147
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99. Para el 2013, se tiene la siguiente información:
Magistrados de alta corporación 201327
Mensual Anual
Asignación básica 3.481.679 Asignación básica $41.780.148
mensual mensual
Gastos de 6.189.650 Gastos de $74.275.800
representación representación
Prima especial de 16.583.870 Prima especial $199.006.440
servicios
Prima de navidad $9.671.329
Total mensual 26.255.199 Total ingresos $324.733.717
anuales
Cesantías $10.477.273
Intereses cesantías $1.257.273
(12% anual)
Total anual incluidas $336.468.263
cesantías
Diferencia anual ingresos congresistas y magistrados alta corte $16.897.468
(interpretación jurisprudencial sentencia Consejo de Estado a
favor Dr. Nicolas Pájaro)
El valor anterior se divide por doce y el resultado corresponde a la $1.408.122
diferencia de la prima especial de servicios
100. De la anterior información, es necesario precisar sobre el concepto -diferencia de
los ingresos entre magistrados y congresistas- contenida en los cuadros
correspondientes a magistrados de alta corporación citados en antelación, que con ello
lo que se indica es que, en virtud de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado el
ingreso de los magistrados de las altas cortes debe comprender los valores indicados
en la parte superior del certificado [Asignación básica mensual, Gastos de
representación, Prima especial y Prima de navidad y las cesantías] más la diferencia
que existe con las cesantías de los congresistas. Esto último, porque la
postura jurisprudencial indica que debe incluirse las cesantías de los congresistas en la
liquidación de la remuneración de los magistrados de alta corte.
101. En tal razón, es oportuno precisar que, las cesantías a las que se refiere la parte
superior del cuadro del certificado, por ejemplo, las del año 2012, por valor de diez
millones ciento veintiocho mil ochocientos cuarenta y uno pesos ($10.128.841) es la
que, normalmente se le debe pagar a los magistrados calculada con los ingresos
referidos de asignación básica mensual, gastos de representación, y prima de navidad.
Así, se desprende del siguiente cálculo: sumar cuarenta millones trescientos noventa
mil setecientos dieciséis pesos ($40.390.716) de asignación básica + setenta y un millo
ochocientos cinco mil seiscientos setenta y dos pesos ($71.805.672) de gastos de
representación = ($112.196.388/12= 9.349.699 + doceava de la prima de navidad
$9.349.699 [779.141] = $10.128.840. Quiere decir que estas cesantías no son las que
27 Expediente hibrido – folio 147, sistema Samai índice 96
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reciben los congresistas, sino las que se liquidan normalmente para los magistrados.
102. Las cesantías que reciben los congresistas, que deben incluirse en la liquidación
y que representa la diferencia con lo recibido por los magistrados de Alta Corte, son las
que se fijan en el certificado y que, por ende, deben sumarse a lo que se estaba
pagando, es decir, a $325.278.589. Lo contrario sería interpretar que las cesantías
fijadas por $10.128.840 son las que se pagan a los congresistas y que ya estaban
incluidas en la liquidación, cuando ello no es cierto.
103. Por lo anterior, al hacer la comparación entre lo recibido por un magistrado de
Alta Corte para el año 2012 y lo recibido por un congresista por igual periodo, se
puede verificar que los $17.952.367 corresponde a la diferencia real, tal como, se colige
de los valores consignados en los cuadros antes expuestos.
104. No obstante, la accionada según lo afirmado en la contestación de la demanda,
para dar cumplimiento al Decreto 1251 de 2009 y aplicar el 43% del 70% de lo
devengado por un magistrado de Alta Corte y determinar la remuneración que por todo
concepto debía percibir la demandante en su calidad de juez del Circuito, tuvo en cuenta
lo siguiente:
Ingresos magistrados de Alta Corte 201228
Mensual Valor Anual Valor
Asignación básica 3.365.893 Asignación básica 40.390.716
mensual mensual
Gastos de 5.983.806 Gastos de 71.805.672
representación representación
Prima especial de 16.032.350 Prima especial de 192.388.200
servicios servicios
Prima de navidad 9.349.699
Total mensual 25.382.049 Total anual 313.934.287
105. En tal sentido, es claro que, para la fijación de la remuneración de la demandante
no se tuvo en consideración lo devengado por los magistrados de altas cortes por
concepto de cesantías, tal como ha considerado esta corporación en otras
oportunidades. La posición del Consejo de Estado sobre el particular es la siguiente:
«Conforme a lo anterior, para la Sala no hay duda que existe diferencia entre lo
percibido por la parte actora y lo que debió percibir si el ingreso de los magistrados
de Altas Cortes se hubiere liquidado correctamente, esto es, teniendo en cuenta
las cesantías como ingresos laborales anuales permanentes para efectos de
liquidar la prima especial de servicios.
En consecuencia, el demandante FREDY ALFONSO JAIMES PLATA tiene
derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales totales,
incluido el auxilio de las cesantías, es decir, para el año 2009 el 43% como juez de
28 Expediente hibrido – sistema Samai índice 96
25
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circuito y para los años 2010 y siguientes el 43.2% del valor correspondiente al 70%
de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de Alta Corte. Y
por todo concepto hay que entender también el auxilio de las cesantías, el cual
hace parte de la liquidación de la prima especial de servicios» [sic].
106. En todo caso, se precisa que, la liquidación se realizará a la luz de lo devengado
anualmente por un magistrado de Alta Corte y un congresista, sin incluir intereses a
las cesantías. Lo anterior, por cuanto el valor de dichos intereses puede variar según
distintos factores, como el tipo de fondo y el momento del pago.
107. En ese orden de ideas, la liquidación correspondiente para el juez del circuito es
la siguiente:
Año Ingresos anuales 43.2% del 70% de lo Ingresos anuales
magistrados de Alta devengado por un de la demandante
Corte29 magistrado de Alta
Corte
2012 $324.063.128 $103.426.656 $95.274.02731
+$17.956.23730. +7.939.502
= $342.019. 365 (cesantías) =
$103.213.529
108. Liquidación año 2013 jueces circuito y municipal:
Año Ingresos anuales Circuito Municipal
magistrados de Alta 43.2% del 70% de lo 34.9% del 70% de lo
Corte32 devengado por un devengado por un
magistrado de Alta magistrado de Alta
Corte Corte
2013 $335.210.990 $106.477.598 $86.020. 096
+16.897.46833
=$352.108.458
109. Establecido lo anterior, se pasa a efectuar la siguiente comparación proporcional
al tiempo en que la demandante se desempeñó como juez del circuito y municipal34.
29 Incluyendo sus cesantías.
30 Diferencia anual ingresos congresistas y magistrados alta corte
31 Expediente hibrido – folio 176-178
32 Incluyendo sus cesantías
33 Diferencia anual ingresos congresistas y magistrados alta corte
34 Expediente hibrido folios 147
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Año Ingresos 43.2% del Ingreso 34.9% del Ingreso Ingresos Ingresos
anuales 70% de lo proporcional 70% de lo proporcional anuales que aprx.
magistrados devengado de la devengado de la debía recibidos36
de Alta Corte35 por un demandante por un demandante percibir la
magistrado magistrado demandante
de Alta Corte Juez del de Alta Juez
circuito Corte municipal
5 meses 7 meses
2013 335.210.990 $106.477.598 $44.365.66538 $86.020.096 $50.178.38940 $102.422.724 $84.427.466+
37
+16.897.468 + + 7.878.670 =
=$352.108.458 $3.697.138. 4.181.532 $92.306.136
cesantías39 = cesantías41 =
48.062.803 $54.359.921
110. Analizada la anterior liquidación, se logra evidenciar una diferencia entre lo
percibido por la señora Martha Lucia Rueda Camargo, y lo que debió percibir, en
aplicación a lo dispuesto en el Decreto 1251 de 2009, reiterándose que, aquellas
consisten en la nivelación salarial con base en el citado decreto que para el caso
concreto corresponde a las anualidades 2012 y 2013, valores que en todo caso y en
grado de certeza corresponderán al resultado que arroje la liquidación que se le
ordenará realizar a la parte demandada atendiendo los parámetros expuestos en
la presente providencia.
111. Por otra parte, es oportuno precisar que, contrario a lo indicado por el recurrente
en cuanto a que el Tribunal no tuvo en cuenta los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda, se advierte que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Conjueces, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues, a la luz
de lo establecido en el Decreto 1251 de 2009, precisó que el cálculo debe hacerse
teniendo en cuenta el total de lo devengado por un magistrado de alta corte, incluyendo
las cesantías percibida por los congresistas en la liquidación de la prima especial de los
magistrados de altas cortes y lo devengado por el juez en el mismo periodo; esto es,
anual, y no como lo pretendía la parte demandante de manera mensual. pues, con base
35 Incluyendo sus cesantías
36 En el expediente reposa reporte de nómina año 2013, pero únicamente contiene la información de los
meses enero a junio, por tanto, en aras de efectuar una aproximación de los ingresos de dicha anualidad
se multiplicará por dos (2) y a dicho resultado se le sumará el valor de las cesantías.
37 Diferencia anual ingresos congresistas y magistrados alta corte
38 Fórmula para obtener el resultado: $246.475.921*43.2%= $106.477.598
$106.477.598/12*5= $44.365.665
39 Fórmula para obtener el resultado de las cesantías: valor del salario mensual ($8.873.133) * 150 (5
meses) /360 =3.697.138
40 Fórmula para obtener el resultado: $246.475.9211*34.9%= $86.020.096
$86.020.096/12*7= $50.178.389
41 Fórmula para obtener el resultado de las cesantías: valor del salario mensual ($7.168.341 * 210 (7
meses) /360 = $4.181.532.
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en ello, era posible determinar si se aplicaron o no los porcentajes establecidos en el
citado decreto. Así, negó lo relativo a que, la remuneración de los jueces, al tenor del
Decreto 1251 de 2009, debía calcularse de forma mensual. Con lo que, se evidencia
respuesta a todos los planteamientos expuestos por los extremos de la litis.
112. Así las cosas, es procedente confirmar parcialmente el fallo de primera instancia,
en cuanto concedió a la luz de lo estrictamente establecido en Decreto 1251 de 2009, la
nivelación salarial a la que tiene derecho a la parte demandante, durante las anualidades
2012 y 2013, según lo acreditado en el proceso.
113. Lo anterior, en razón a que, se modificará el fallo de primera instancia a fin
de advertir que lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente
siempre que las sumas respectivas no se hayan pagado por la entidad previamente, por
lo que la entidad accionada deberá efectuar la verificación correspondiente.
114. De igual forma, se dispondrá que en atención al reconocimiento de la diferencia
salarial resulta procedente efectuar los aportes de ley para seguridad social en
pensiones; por otro, que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
son irrenunciables42 e imprescriptibles43.
115. Por esta razón, estima pertinente precisar que, la entidad demandada deberá
realizar los respectivos aportes a seguridad social en pensiones, derivados de la
nivelación salarial, desde luego, en el evento que las cotizaciones respectivas no se
hayan efectuado.
116. Finalmente, es de suma importancia establecer que, el reconocimiento de las
diferencias debe sujetarse a los términos indicados en el Decreto 1251 de 2009, y a los
topes fijados por el gobierno nacional.
2.6. Condena en costas
117. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
42 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar
los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales».
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de
agosto de 2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala
aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la
condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a
día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».
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se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el Treinta y uno (31) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018), por el
Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Conjueces, que concedió parcialmente las
súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, el cual, que quedarán así:
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación-
Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial a reconocer y
pagar a la demandante MARTHA LUCIA RUEDA CAMARGO, en su calidad
de juez municipal y de circuito con cargo al ordinal Otros - Otros conceptos de
servicios personales autorizados por ley la diferencia en la remuneración
(salarios y prestaciones, incluida cesantías) que por todo concepto percibió en
los años 2012 y 2013 en los estrictos términos que para el efecto contienen
los artículos 2 y 3 del decreto 1251 de 2009.
Para el caso concreto, deben aplicarse los siguientes porcentajes: (a) para el
2012 hasta el Treinta (30) de abril de Dos Mil Trece (2013) y del primero (1)
de septiembre de Dos Mil Trece (2013) hasta el Treinta (30) de septiembre de
Dos Mil Trece (2013), el 43,2 % en razón a que, para dicho periodo la
demandante se desempeñó en el cargo de juez del circuito, y (b) el 34.9 %
desde el Primero (1) de mayo de Dos Mil Trece (2013) al Treinta y uno (31)
de agosto de Dos Mil Trece (2013), así como, del primero (1) de octubre de
Dos Mil Trece (2013) al Treinta y uno de diciembre de Dos Mil Trece (2013),
durante los cuales, desempeñó el cargo de juez municipal.
Tales porcentajes deben aplicarse sobre el 70 % del valor que, por todo
concepto, perciba anualmente un magistrado de alta corte, esto es, incluido el
pago de la prima especial de servicios, la cual debió haberse liquidado
teniendo en cuenta el auxilio de cesantía percibido por los congresistas pues,
por mandato del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, la remuneración de estos
debe corresponder a los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas.
Lo reconocido con ocasión del proceso en referencia, será procedente
siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones
ordenadas no se hayan cancelado por la entidad previamente. Por lo que
corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.
La entidad demandada deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes al
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Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor de la
señora Martha Lucia Rueda Camargo, respecto a la diferencia salarial y
prestacional. Los respectivos aportes a seguridad social en pensiones,
derivados de la nivelación, se deben efectuar por la totalidad del periodo
comprendido en el que la peticionaria ha desempeñado y desempeñe los
cargos que le permitan devengar dicho ajuste salarial y prestacional, desde
luego, en el evento que las cotizaciones respectivas no se hayan efectuado.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás la sentencia proferida el Treinta y uno (31) de
Julio de Dos Mil Dieciocho (2018), por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de
Conjueces, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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