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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01092-02

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01092-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la presente providencia. 21 Numero interno: 0934-2025 Demandante: Selene Castrillón García Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín SEGUNDO: REVOCAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia del Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión. TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de Veintiséis (26) de Febrero de Dos mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO: Una vez en firme esta sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-01092-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintiséis (26) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 05001-23-33-000-2015-01092-02 (0934-2025)1
Demandante : Selene Castrillón García
Demandado : Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
control 2011
Tema : Relaciones laborales encubiertas – Estabilidad laboral
reforzada.
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas
judiciales de la parte actora y de la entidad demandada, contra la sentencia Veintiséis
(26) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión2, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, las cuales versan sobre el reconocimiento de una relación laboral encubierta
y de una licencia de maternidad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda3.

1.1.1 Pretensiones.

La señora Selene Castrillón García, actuando por intermedio de apoderada judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el Instituto de Deportes y Recreación de
Medellín –INDER–, con el fin que se declarara la nulidad del oficio No. 1070 0000005 del

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Expediente digital, visible en la herramienta electrónica Samai
2
Magistrados: Martha Nury Velásquez Bedoya, Gonzalo Zambrano Velandia y Carlos Cristopher Viveros Echeverri.
3
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 05001233300020150109200 - índice 86-expediente digitalizado, fl. 1-42.
Demanda presentada el 25 de mayo de 2015

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Numero interno: 0934-2025
Demandante: Selene Castrillón García
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

2 de enero de 20144, que desconoció la existencia de una relación laboral laboral entre
las partes y el pago de las correspondientes acreencias laborales.

Como consecuencia de dicha nulidad, se declare que entre la demandante y el Instituto
de Deportes y Recreación de Medellín –INDER– existió una relación laboral de carácter
subordinada y sin solución de continuidad, desde el Primero (1°) de septiembre de Dos
Mil Diez (2010) hasta el Veinticuatro (24) de Diciembre de Dos Mil Doce (2012), la cual,
finalizó por causas imputables al empleador y desconociendo el fuero de estabilidad
reforzada que gozaba la señora Castrillón García.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condenara la demandada a
(i)reintegrarla al cargo que desempeñó o a otro de igual o superior categoría, sin solución
de continuidad; (ii) pagar los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde
la desvinculación; (iii) pagar la indemnización por despido injustificado; así como, la
prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al haber sido despedida en estado de
embarazo, sin autorización del Ministerio del Trabajo y, la establecida en el artículo 65
del CST; (iv) pagar el auxilio de transporte, dotación de vestido y calzado causados
durante toda la relación laboral; (v) pagar las sanciones por la no consignación de
cesantías y la no afiliación a seguridad social en salud y pensiones; (vi) reembolsarle los
porcentajes de cotización que correspondían al empleador en los aportes a salud,
pensión y riesgos profesionales y lo descontado por retención en la fuente y; (vii) lo
adeudado sea pagado debidamente indexado; se reconozcan intereses moratorios y se
condene en costas procesales.

1.1.2 Hechos

La señora Selene Castrillón García prestó sus servicios personales, a través de contratos
de prestación de servicios, en el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-,
desde el 01 de septiembre de 2010 hasta el 24 de diciembre de 2012, ejerciendo la labor
de guía de ludotecas; no obstante, en realidad tuvo una relación laboral, dado que
siempre fue subordinada por la entidad, se la pagó unos honorarios que equivalen al
salario y prestó el servicio de forma personal.

4
En la demanda refiere al acto administrativo No. 6739 del 20 de diciembre de 2014; sin embargo, en la fijación del litigio realizado en la
audiencia inicial llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2020, se aclaró la denominación de aquel. Además, revisada la documentación
allegada con la demanda, se advierte que, la decisión que resolvió la petición de reconocimiento de acreencias laborales, es el oficio No.
1070 0000005 del 2 de enero de 2014.

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Demandante: Selene Castrillón García
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

Durante dicho interregno de tiempo desempeñó las siguientes funciones: inventarios,
actividades lúdicas, atención a usuarios, rindió informes mensuales, entrega de
complemento alimentario realización de estadísticas, decoración y ambientación de
ludoteca y asistencia de apoyo pedagógico, entre otras.

Indicó que, estas funciones se desarrollaban en las ludotecas y unidades deportivas
previamente determinados por la entidad, de acuerdo con instrucciones transmitidas por
la coordinación general del proyecto o la coordinación de la ludoteca asignada.

Afirmó que, cumplía una jornada ordinaria de 48 horas semanales, en un horario fijado
por la entidad, sin previo consenso, el cual le impedía desempeñarse en otra actividad;
que para ausentarse debía permiso y justificar tal situación en temas de salud
debidamente comprobadas; así como, que se le otorgaba un día a la semana de
descanso, el cual no podía ser domingo.

Adicionalmente, el INDER contaba con un equipo multidisciplinario integrado por
coordinadores territoriales, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos y expertos en
actividad física, quienes realizaban visitas sorpresivas a los puntos de atención para
verificar el cumplimiento de las labores, el porte adecuado del uniforme, la correcta
ejecución de la clase según el planeador y, la tenencia de la carpeta con la planeación
anual y mensual, así como con los formatos de incidentes y novedades; incluso, se
encuestaba a los usuarios sobre la calidad del servicio prestado.

Relató que, cuando incurría en alguna falta recibía llamados de atención verbales por
parte del líder del programa o del propio gerente del INDER; además que, debía asistir a
dos reuniones mensuales de carácter obligatorio, en las que se firmaba planilla de
asistencia, advirtiéndose que la inasistencia generaba requerimientos con copia a la hoja
de vida.

Señaló que, durante todo el tiempo que estuvo vinculada tuvo que pagar la seguridad
social integral; así como, la retención en la fuente.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.

Como normas violadas se indicaron:
Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 16, 25, 26, 29, 53, 90, 93, 95, 122 a 128,

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Demandante: Selene Castrillón García
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

209, 365 y 366.
Código Sustantivo del Trabajo, artículos 9 a 11, 13, 14, 22 a 24, 27, 47, 55, 57, 58, 64,
65, 123, 134, 143, 149, 158 a 161, 165, 172, 181, 186, 230, 249 y 306.
Leyes 222 de 1983; ª de 1992; 100 de 1993, en sus artículos 15, 17, 18, 20, 22, 23, 128,
157, 161 y 204; 80 de 1993, el artículo 32; 190 de 1995; 734 de 2002, el artículo 48; 909
de 2002, el artículo 19.
Decretos 3135 de 1968, artículos 8, 11, 18 y 19; 3074 de 1968; 1045 de 1968, el artículo
25 y 2503 de 1998, los artículos 2, 3 y 5.

Como concepto de violación argumentó que, si bien la Ley 80 de 1993 permite la
suscripción de contratos de prestación de servicios, en este caso se hizo uso de dicha
figura para esconder una relación laboral; la cual se configuró al presentarse durante todo
el tiempo que duró la contratación los tres elementos que la configuran, siendo estos, la
subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración.

1.2 Contestación de la demanda5.

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento
en que los contratos de prestación de servicios celebrados con la demandante se
ejecutaron conforme a las estipulaciones pactadas, las cuales, fueron aceptadas de
manera libre, voluntaria y espontánea por el contratista, sin que de su ejecución se derive
la existencia de vínculo laboral alguno. Sostuvo que, dichos contratos se encuentran
amparados por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, que autoriza a las entidades
estatales a celebrar este tipo de acuerdos, por lo que no existe sustento jurídico para
acceder a las pretensiones formuladas.

Adicionalmente, aseguró que durante el desarrollo de aquellos no hubo subordinación,
presentándose tan solo una coordinación, propia de esta clase de relación contractual.
Sumado a ello, la contratista no estuvo sometida al reglamento interno de trabajo, el uso de
la indumentaria de la entidad no fue como dotación sino como soporte de la imagen
institucional, siendo deber del contratista pagar su seguridad social.

Como excepciones propuso las que denominó: «En los contratos de prestación de servicios
referidos se dio una coordinación propia de los contratos estatales»; «la relación establecida
con la demandante fue a través de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión

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Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 05001233300020150109200 - índice 86-expediente digitalizado, fl. 444-
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Demandante: Selene Castrillón García
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

celebrados en forma legal»; «las afirmaciones de la actora son de carácter subjetivo y sin
valor jurídico - no existe subordinación laboral»; «la parte actora tiene la carga de demostrar
los elementos de la relación laboral – no es posible tratar uniformemente la ejecución de
cada contrato»; «legalidad del acto administrativo que negó la relación laboral a la
demandante»; «no existe falsa motivación - no existe infracción a las normas en que debía
fundarse – no existe desviación de poder; «buena fe»; «prescripción»; «pago y
compensación» y «cobro de lo no debido».

1.3 Sentencia de primera instancia6.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, mediante sentencia
del Veintiséis (26) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), negó las pretensiones de la
demanda que versaban sobre la declaratoria de la relación laboral encubierta, sin
condena en costas; sin embargo, accedió a la nulidad parcial del acto acusado y a título
de restablecimiento del derecho y, ordenó a la entidad demandada, pagar a favor de la
demandante: (i) los honorarios dejados de percibir desde la no renovación del contrato
de prestación de servicios, el 25 de diciembre de 2012, hasta el momento de terminación
del periodo de lactancia, determinado por el A-quo en un periodo de en cuatro (4) meses
y seis (6) días; (ii) la licencia de maternidad, condicionada a que no se le hubiera
sufragado y, (iii) la indemnización prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo del
Trabajo, correspondiente a 60 días de trabajo.

Como garantía de no repetición ordenó que el Instituto de Deporte y Recreación de
Medellín capacitara a sus colaboradores sobre los derechos que les asisten a las mujeres
embarazadas y en condición de maternidad; finalmente se abstuvo de imponer condena
en costas.

Como fundamento de su decisión sostuvo que, si bien en el sub judice quedaron
acreditados dos los elementos esenciales de la relación laboral, siendo estos, la
prestación personal del servicio y remuneración; no ocurrió lo mismo con el elemento de
la subordinación o dependencia.

Señaló que, se acreditó la existencia de cinco contratos suscritos por la demandante con
la entidad accionada, desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 24 de diciembre de
2012, los cuales fueron desarrollados por la señora Castrillón García y la labor ejercida

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Demandante: Selene Castrillón García
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

fue la de guía de ludotecas, recibiendo como contraprestación unos honorarios; pero,
insiste, no se demostró la subordinación.

Afirmó que, el cumplimiento de horarios, la asignación de funciones adicionales, la
obligatoriedad de reuniones, el uso de uniforme y la entrega de informes; además de no
estar debidamente acreditas en el plenario, de ellas solo se desprende que hubo
coordinación en la ejecución del contrato.

También precisó que, las actas e informes aportados en las que se evidencian las
actividades desarrolladas por la demandante eran inherentes a la supervisión contractual,
y necesarias para la autorización del pago de honorarios. Asimismo, se estableció que,
si bien, las obligaciones contractuales, guardan relación directa con el objeto del instituto
demandado, ello no implica que la administración esté obligada a ejecutar estas
funciones con personas vinculadas mediante relación legal y reglamentaria.

En consecuencia, para el Tribunal no se acreditó el elemento de subordinación, las
funciones desempeñadas se desarrollaron en un marco de autonomía relativa y
coordinación, sin que se desvirtúe la naturaleza jurídica de los contratos de prestación de
servicios celebrados.

Al abordar lo concerniente al derecho al reconocimiento y pago de la licencia de
maternidad y la indemnización prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo del
Trabajo, el A-quo inició su análisis, refiriendo la aplicación de la perspectiva de género
en las sentencias judiciales y, al fuero de estabilidad laboral reforzada que gozaba la
demandante dada su condición de gestante.

Adujo que, según lo probado la entidad demandada tenía conocimiento del estado de
gestación de la demandante, pues así quedó consignado en el acta de suspensión del
contrato No. C-2733 – 127, entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2012; a pesar de
lo cual decidió no prorrogar el contrato ni suscribir uno nuevo.

Expuso que, de los seis (6) meses que dura el periodo de lactancia la demandante solo
percibió honorarios durante un (1) mes y veinticuatro (24) días; por lo tanto, condenó al
instituto accionado al reconocimiento y pago del tiempo faltante, esto es, cuatro (4) meses
y seis (6) días, liquidado sobre la base de los últimos honorarios pactados; así como, a

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Suscrito por la señora Selena Castrillón García y el director general del INDER.

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Demandante: Selene Castrillón García
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la indemnización consagrada en el artículo 239 del C.S.T., en aras de proteger los
derechos de la mujer embarazada o lactante.

1.4 Recursos de apelación

La parte actora8 interpuso el recurso de apelación al considerar que, el Tribunal
desconoció la literalidad de los contratos, en donde quedaron pactadas obligaciones que
permiten inferir el elemento de la subordinación.

A juicio de la demandante, el cumplimiento de horarios, asistir a capacitaciones y/o
reuniones, la entrega de informes, el acatamiento de órdenes del personal de planta de
la entidad demandada, la falta de independencia y autonomía, demuestran la existencia
de la subordinación; por tanto, se debió acceder a estas pretensiones.

Alega que, en este asunto hubo una indebida valoración de las pruebas testimoniales,
quienes fueron los que demostraron la configuración de la precitada subordinación.

Sumado a lo anterior, también resulta relevante para demostrar la relación laboral
encubierta: i) la vinculación sin solución de continuidad sustancial y, ii) el desempeño de
funciones misionales esenciales, sin las cuales el INDER no podría cumplir su objeto
institucional.

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER9, solicitó la revocatoria
parcial de la decisión de primera instancia al estimar que:

Si bien la demandante dejó de trabajar el Veintiocho (28) de septiembre de Dos Mil Doce
(2012), esto es, dos días antes del parto; aquella nunca solicitó el no pago de honorarios
que se hubieran causado entre ese momento y el Veinticuatro (24) de diciembre de Dos
Mil Doce (2012), fecha de finalización de su contrato.

Expone que, dado que la actora era contratista, era a ella a quien le correspondía el pago
de los aportes a la seguridad social integral; por tanto, como la licencia de maternidad es
una prestación a cargo de dicho sistema, debe ser asumida por la EPS, la cual cuando
se trata de trabajadores independientes, le es pagada directamente al aportante, en este

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caso, a la señora Castrillón García; ante lo cual, no se debió ordenársele que procediera
al pago de aquella.

Sumado a lo anterior, afirma que el Tribunal incurrió en un yerro pues por el mismo
periodo dispuso un pago doble, licencia de maternidad y honorarios; afirmando que,
durante el periodo de lactancia lo que se debió cancelar fue la licencia de maternidad por
la EPS, como antes se expuso. Además, señala que no hay claridad sobre los extremos
en la condena impuesta.

Que, conforme a los hechos planteados, la entidad respetó el derecho a la licencia
establecido en el artículo 30 del CST, comoquiera que, garantizó el descanso diario
remunerado para que amamantara a su hijo; lo anterior, durante el tiempo que la misma
accionante manifestó que prestó sus servicios con posterioridad al nacimiento de su hijo
y se tomó las horas para lactancia, periodo en el cual se le pagó los honorarios de forma
completa.

Finalmente, respecto a la indemnización contenida en el artículo 239 del CST considera
que, al ser una norma sancionatoria su aplicación no puede extenderse a los contratos
de prestación de servicios; adicionalmente, aquella solo opera cuando se demuestre mala
fe del contratante que vulnere la protección de la mujer embarazada, la cual en el
presente caso no se presenta, no hubo despido sino la finalización de un contrato, el cual
fue suscrito por la demandante ya estando en embarazo y el cual sabía solo era por un
tiempo determinado.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto de fecha Siete (7) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025)10, el despacho
ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 24711 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Dentro del plazo respectivo el Ministerio Público no allegó el concepto; la entidad
demandada presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos de inconformidad
formulados en el recurso; además señaló que no se configuró la relación laboral
pretendida ante la ausencia de subordinación; por su parte, la parte actora guardó
silencio12.

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Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
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Expediente digital – Samai - Índice 13-14

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Demandante: Selene Castrillón García
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 113 del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo14, el Consejo de Estado
es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico.

Teniendo en cuenta los recursos de apelación presentados, corresponde a la Sala
determinar si:

• ¿Entre la señora Selene Castrillón García y el Instituto de Deporte y Recreación de
Medellín - INDER se presentó una relación laboral encubierta a través de diversos
contratos de prestación de servicios y, como consecuencia de ello, debe condenarse
al Instituto demandado, al pago en favor de la demandante, de las acreencias
laborales reclamadas?

• ¿Se acreditaron los presupuestos para otorgar protección laboral reforzada a favor
de la demandante por estar en periodo de lactancia?

• ¿El INDER está obligado a pagar los honorarios y licencia de maternidad ordenados
en primera instancia?. En caso afirmativo, ¿tales reconocimientos constituyen un
pago doble?

• ¿Es procedente reconocer la indemnización prevista en el artículo 239 del C.S.T.,
cuando se trata de contratistas de prestación de servicios del Estado?

Para resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala desarrollará los siguientes
temas: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la existencia de una relación laboral
encubierta y/o subyacente, 2.2.2. Hechos probados; 2.2.3 Caso concreto y, 2.2.4
condena en costas.

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modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021
14
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en
un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

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Demandante: Selene Castrillón García
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2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación laboral
encubierta y/o subyacente

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación de
servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán
por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar
labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el
elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que, debe actuar como
sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones
«no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni

prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de

1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación
de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios
independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación
personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la
subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución
de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios
y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno
de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del
contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que
quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener
frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones
sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes
a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de
horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al
pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de

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Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni
algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo».

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 196815, «[p]or el cual se modifican las
normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento
o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión
del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de
conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de
ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se
consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y
en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-614 de 2009, al señalar que la permanencia, entre otros
criterios, es un elemento más que indica la existencia de una relación laboral 16.

De lo anterior, se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo
que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

15 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
16
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ej ercicio
de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral,
ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estat al,
pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un
instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entida d,
o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual
manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tan to
reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que
corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.»

12
Numero interno: 0934-2025
Demandante: Selene Castrillón García
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales17; y, para reforzar su tesis, el demandante puede valerse de los
criterios de la permanencia del empleo para constatar si se está encubriendo una
auténtica relación laboral18.

En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda 19 recordó que (i) la
subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo y,
(ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor
sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación
con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios
una verdadera relación laboral.

Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples oportunidades, consolidando
así una línea jurisprudencial uniforme en torno a la materia. En consecuencia, será con
fundamento en dicho marco normativo y jurisprudencial que se desarrollará el análisis del
presente asunto20.

2.2.2. Pruebas allegadas al proceso, relevantes para decidir21

i) La accionante y el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín suscribieron los
siguientes contratos de prestación de servicios:

Contrato Inicio Fin objeto
«Prestar sus servicios como guía de la
30/12/2010
1 C-3885-10 01/09/2010 Ludoteka que se le asigne» (sic)

17 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011,
expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
18 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-040 de 2016.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-
00020-01 (316-2014).
20
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera sentencias identificadas con los radicados
internos 0199-2023, 2164-2023, 3767-2023, 4845-2023, 7292-2023, entre otros.
21
Contratos, actas, certificaciones y demás documentación, visibles en el expediente digital de primera instancia, visible en el índice 00086
de las actuaciones del Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Interrupción de 9 días hábiles
«Prestar sus servicios como guía de la
2 C-00369-11 17/01/2011 30/05/2011 Ludoteka que se le asigne» (sic)
Sin interrupción
«Prestar sus servicios como guía de la
3 C-03383-11 01/07/2011 30/12/2011 Ludoteka que se le asigne» (sic)
Sin interrupción
«Prestar sus servicios como guía de la
4 C-01416-12 13/03/2012 30/06/2012 Ludoteka que se le asigne» (sic)
Sin interrupción
«Prestar sus servicios como guía de la
5 C-273312-12 01/07/2012 24/12/2012 Ludoteka que se le asigne» (sic)

• Según el contenido de los contratos de prestación de servicios y de las actas de inicio
y supervisión22, las funciones encomendadas a la contratista consistían, entre otras,
en: hacer mantenimiento a los espacios de la ludoteca y a los juguetes que la
componen, acompañar la metodología de talleres didácticos con los niños, atender a
los niños y demás visitantes en sus «necesidades, sus deseos y expectativas»,
acompañar el juego y cada momento lúdico de los niños y apoyar las tareas de
difusión y proyección de las ludotecas. Además, los honorarios eran pagados de
forma mensual.

• Mediante acta suscrita el primero (1°) de octubre de dos mil doce (2012) entre el
director general del INDER Medellín y la señora Selene Castrillón García, se concertó
la suspensión del contrato C-2733-1223, desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre
de 2012, para el disfrute de la licencia de maternidad, presentada por la contratista, a
la luz de lo previsto en el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999.

• La demandante incoó acción de tutela en contra del Instituto de Deportes y Recreación
INDER – Medellín, radicada el 19 de abril de 2013, solicitando la protección de sus
derechos fundamentales el amparo de los derechos fundamentales a la alimentación,
a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, a la familia y a la estabilidad laboral
reforzada; dentro de la cual se expidió la sentencia de primer instancia el 17 de mayo
de 2013, por el Juzgado Treinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Medellín, declarándose improcedente el amparo constitucional, por no cumplir con
el requisito de inmediatez; dicha decisión fue impugnada y, en consecuencia, se
profiere el fallo de tutela en segunda instancia por el Juzgado Décimo Penal del

22
Contratos y actas visibles en el expediente digital de primera instancia, visible en el índice 00086 de las actuaciones del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
23
Corresponde al último contrato suscrito entre las partes, en el cual, se estableció una duración del 1 de julio al 24 de diciembre de 2012.

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Demandante: Selene Castrillón García
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Circuito de Medellín el 14 de junio de 2013, en la que se confirma la decisión emitida
en primera instancia.

• Historia clínica de la señora Selene Castrillón, correspondiente a los controles
prenatales, que da cuenta del seguimiento efectuado durante el estado de gravidez
de la demandante.

• Según el certificado de licencia de maternidad del 30 de septiembre de 2012, expedido
por la Clínica El Rosario allegado al plenario, a favor de la señora Selene García
Castrillón fue expedida licencia de maternidad por noventa y ocho (98) días, que van
desde el treinta (30) de septiembre de dos mil doce (2012) hasta el cinco (5) de enero
de dos mil trece (2013).

• La demandante presentó petición ante el Instituto de Deportes y Recreación de
Medellín —INDER—, el veinte (20) de diciembre de dos mil trece (2013), mediante el
cual formuló reclamación administrativa con el fin que se le reconociera la existencia
de una relación laboral continua entre el 1 de septiembre de 2010 y el 24 de diciembre
de 2013 .En virtud de ello, reclamó el pago de prestaciones sociales, vacaciones y la
indemnización por despido sin justa causa; así como, la indemnización prevista en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por haber sido despedida sin la autorización del
Ministerio del Trabajo.

• En respuesta a la anterior petición, se expidió el oficio N.º 1070 0000005 del 2 de
enero de 2014, mediante el cual el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín —
INDER— negó la solicitud. En él se dijo que, revisada su base de datos se constató
la celebración de múltiples contratos de prestación de servicios entre 2010 y 2012,
precisando los números de cada uno de ellos, y reitera que el vínculo fue
estrictamente contractual bajo la modalidad de prestación de servicios, lo que según
el artículo 32, numeral 3°, de la Ley 80 de 1993 excluye la existencia de relación
laboral, motivo por el cual no es posible acceder a lo solicitado.

• Durante el trámite del proceso, se tomó declaración de parte a la señora Selena
Castrillón García quien expuso que: las actividades que ella realizaba no
correspondían en su totalidad a las asignadas en los contratos suscritos con el
instituto demandado, pues debía atender las necesidades adicionales que se
presentara en la prestación del servicio, tales como asistir en diferentes jornadas o a
diferentes eventos. Que, durante la vigencia de su vinculación, presentó queja ante el
coordinador de la ludoteca, pero no con los jefes de la oficina sino con el coordinador

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y el zonal, manifestando su inconformidad en cuanto a que estaba bajo la figura de
un contrato laboral y no de prestación de servicios. Dijo que, los turnos eran
modificados verbalmente por la coordinadora de la ludoteca el día anterior, indicando
la ubicación o sede donde debía estar, así como el horario para la prestación del
servicio.

2.2.3. Caso concreto

En el presente proceso, se pretende el reconocimiento de una relación laboral que se alega
fue encubierta a través de contratos de prestación de servicios; para lo cual, deberán a
acreditarse los tres elementos que caracterizan dicha relación laboral, siendo ellos, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación.

Conforme las pruebas allegadas, la señora Selene Castrillón García estuvo vinculada al
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), a través de cinco (5) contratos
de prestación de servicios, cuyo objeto fue brindar apoyo operativo o guía ludotecaria en
el lugar que fuera asignada, en el programa de ludotecas de la ciudad de Medellín.

Teniendo en cuenta los contratos allegados y la declaración de parte rendida por la
actora, para la Sala se encuentra acreditado que, aquella prestó de manera personal el
servicio, es decir, dicha actividad fue ejecutada por ella y no por otra persona;
acreditándose así el primer requisito necesario para que surja una relación laboral.

En lo concerniente al segundo requisito, esto es, la remuneración, está acreditado que,
en virtud de los contratos de prestación de servicios, a favor de la demandante se
pagaban unos honorarios, de forma mensual, sin que se reproche que aquellos no hayan
sido pagados, teniéndose así por cumplido este requisito.

Respecto de la subordinación se tiene que, contrario a lo manifestado por la parte
demandante, los documentos aportados al plenario, esto es, los contratos con sus
respectivas actas de inicio, supervisión para acreditación de pagos y, de liquidación, solo
dan cuenta del cumplimiento de las actividades del contrato y de la coordinación
necesaria para desarrollar el servicio como ludotecaria.

Con el material allegado al plenario, no se logra establecer que durante el desarrollo del
contrato, se impuso un horario para la ejecución de las actividades programadas, ni
llamados de atención, el porte obligatorio de elementos distintivos como carnet o uniforme

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suministrados por la entidad; como tampoco se impusieron órdenes por parte de la
demandada, lo que limitara la independencia del contratista y, en consecuencia,
desdibujara la figura contractual e hiciera nacer una verdadera relación laboral.

La Sala resalta que, ni de las pruebas documentales aportadas, ni del interrogatorio de
parte llevado a cabo, se logra establecer que la demandante no haya tenido autonomía
en la realización del trabajo, que durante la ejecución de los contratos haya habido una
dependencia continuada o permanente de aquella respecto a la entidad demandada, que
desdibujen la relación contractual; lo que se logra advertir es un proceso de coordinación,
inherente al cumplimiento del objeto contractual. En ese orden de ideas, se insiste, no se
acreditó el tercer requisito, esto es, la subordinación.

Por otro lado, la apoderada de la parte demandante asegura en el recurso de apelación
que, con la prueba testimonial recaudada en el proceso, es posible demostrar la
existencia de una relación subordinada entre la demandante y el instituto demandado;
sin embargo, revisadas las actuaciones de la primera instancia, se advierte que, esto no
obedece a la realidad procesal por cuanto en el proceso no se recaudaron testimonios 24.

En síntesis, la Sala concluye que, las pruebas obrantes en el expediente no acreditan la
existencia de un poder subordinante en cabeza del INDER sobre la demandante, sino
únicamente actos de supervisión y coordinación propios de la ejecución de los contratos
de prestación de servicios, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso, aplicable al presente asunto por remisión expresa del CPACA, incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen, es decir, la carga de la prueba recae sobre quien alega la existencia de
una relación laboral encubierta, y en el presente caso este extremo procesal incumplió
con tal deber y no allegó medios probatorios reveladores del elemento de subordinación
laboral.

Estas falencias probatorias, conllevan a que se confirme la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda encaminadas al reconocimiento de la relación
laboral encubierta.

24
En la audiencia inicial celebrada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 2 de septiembre de 2020, se decretó la práctica de pruebas
testimoniales solicitadas por la parte demandada; sin embargo, el apoderado desistió en las mismas en la audiencia de pruebas llevada
cabo el 16 de agosto de 2022.

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Demandante: Selene Castrillón García
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El segundo problema jurídico planteado, gira en torno a la acreditación de los
presupuestos para otorgar protección reforzada a la demandante, quien se encontraba
en periodo de lactancia.

Frente a ello, considera la Sala que, el tribunal de primera instancia incurrió en un error
al emitir órdenes encaminadas a que la entidad demandada realice pagos por concepto
de licencia de maternidad, honorarios, indemnización del artículo 239 del CST, a favor de
la demandante, bajo el amparo de la perspectiva de género y pretendiendo una
protección por fuero de maternidad y lactancia, la cual no resulta aplicable en este asunto.

Teniendo en cuenta que, el último contrato suscrito por la señora Castrillón García inició
el Primero (1) de julio de Dos Mil Doce (2012) y aquella dio a luz a su hijo el treinta (30)
de septiembre de dos mil doce (2012)25, se infiere que, para el momento de la suscripción
del referido contrato, su estado de gravidez ya era notorio, comoquiera que, debía estar
cerca de los seis (6) meses de gestación.

A pesar de su estado de embarazo, la entidad demandada decide contratarla y, no existe
prueba en el plenario alguna de la que se pueda inferir que la terminación del vínculo
contractual haya sido como consecuencia de su estado de gravidez; lo que aquí se logra
advertir es que, aquel finalizó en el periodo contractual pactado. No se evidencia entonces
que la accionada haya dado un trato discriminatorio por su condición de mujer, que
ameritara un análisis desde esa prerrogativa ius fundamental, como lo hizo el A-quo.

Sumado a lo anterior, resalta la Sala que, la demandante ni en el trámite administrativo
ni en esta vía judicial solicitó de forma expresa que se le brindara una protección laboral
reforzada debido a su calidad de madre gestante. Tampoco reclamó en ninguna de las
oportunidades antes referidas, el reconocimiento y pago de su licencia de maternidad;
por tanto, se insiste, el Tribunal cometió un yerro en las órdenes dadas en el fallo
recurrido.

En este punto, es necesario precisar que, la licencia de maternidad en Colombia es un
derecho que se otorga a la mujer trabajadora, un período remunerado de descanso antes
y después del parto para su recuperación y cuidado del recién nacido. Para el momento

25
Fecha que se desprende del certificado de licencia de maternidad del 30 de septiembre de 2012. Con base en este documento y las
demás historias clínicas, se logra evidenciar que el parto fue en tiempo normal.

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en que la actora dio a luz a su hijo, estaba en vigencia la Ley 1468 de 201126, la cual
otorgaba el derecho a una licencia de maternidad por catorce (14) semanas desde el
momento del parto.

Teniendo en cuenta que la demandante era una contratista por prestación de servicios,
era su obligación realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral,
entre ellos, los aportes al sistema de salud; lo anterior conforme se desprende del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 17 ibidem.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, según las disposiciones de la citada Ley 100 de
1993 la licencia de maternidad es una prestación a cargo del sistema de seguridad social,
la cual debe ser pagada por las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud (EPS). Así
las cosas, es la EPS, a la que estuviera afiliada la demandante, quien debió reconocer y
pagar la licencia de maternidad, no siendo esta una obligación a cargo de la entidad
contratante, como se concluyó en el fallo objeto de reproche; por tanto, dicha orden debe
ser revocada.

Le asiste entonces razón al instituto demandado en el recurso incoado, toda vez que, la
decisión de primera instancia le impuso una carga que, además de no ser de su consorte,
vulnera lo previsto en el artículo 128 Constitucional27, respecto de recibir más de una
erogación del tesoro público, en el entendido que por una misma contingencia -parto- se
pagaría dos veces la indemnización respectiva, una por la EPS, con cargo a los recursos
del sistema de seguridad social, y otra impuesta a la entidad pública llamada a juicio.

Ahora, en cuanto al reproche del instituto demandado referente a la orden dada de pagar
la indemnización establecida en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo,
tenemos que:

Según dicha norma cuando el contrato laboral es finalizado estando la trabajadora en
embarazo o periodo de lactancia sin que el empleador haya acudido ante el Ministerio
del Trabajo, como garantía de la estabilidad de la gestante debe pagar aquel una
indemnización igual a sesenta (60) días de trabajo, adicionales a las prestaciones a las
que hubiere lugar.

26
Norma que ha sido modificada por la Ley 1822 de 2017 y Ley 2114 de 2021
27
ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga
del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

19
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Demandante: Selene Castrillón García
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

Frente a este aspecto, el criterio de esta Subsección28 es que no es posible ordenar el
pago de la citada indemnización del art. 239 del C.S.T., comoquiera que, aquella fue
concebida como una sanción aplicable a trabajadoras del sector privado, la cual, no rige
para las relaciones laborales o contractuales que se suscriban con el Estado, como aquí
ocurrió; por tanto, no debió aquella ser ordenada, como lo hizo el Tribunal.

Tampoco resulta procedente condenar al INDER – Medellín al pago de honorarios
dejados de percibir por la actora desde el 25 de diciembre de 2012 y hasta la terminación
del periodo de lactancia; en el entendido que, la relación que unió a las partes no tuvo
naturaleza laboral, como ya se expuso; aquella fue un vínculo contractual que finalizó por
el vencimiento del periodo pactado, recordando que, las cláusulas y/o obligaciones
contractuales son ley para las partes y deben prevalecer. Una vez finalizado el contrato,
al no haber ya prestación del servicio, no puede obligársele a la entidad pública a pagar
unos honorarios, recordando que, aquellos son una contraprestación al ejercicio de la
labor contratada.

Se debe recordar que, en el presente asunto no se declaró la existencia de una relación
laboral encubierta; por tanto, no es posible que, como lo hizo el Tribunal, se brinde una
protección laboral y se ordene el pago de acreencias como si hubiese existido algún
vínculo de naturaleza laboral. Teniéndose aquí que precisar que, si bien no se desconoce
la existencia de pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellos, la SU-070 de
2013 y la SU- 075 de 2018, en virtud de los cuales se han otorgado unos derechos a la
mujer, en aras de brindar una protección reforzada de la maternidad y el embarazo; la
Sala en el sub lite se aparta de lo allí concluido, considerando que, para que surjan estos
derechos debe acreditarse la relación laboral entre las partes, lo cual aquí no ocurrió, o
por lo menos alegarse y demostrarse alguna situación especial que haga a la solicitante
derechosa de ordenarse su reconocimiento; en este evento, se insiste, lo que se presentó
fue la terminación de la relación contractual por vencimiento del término pactado, siendo
esta una causal objetiva para darlo por finalizado, sin lugar a ninguna indemnización.

En virtud de lo expuesto, se considera que le asiste razón a la entidad llamada a juicio en
sus argumentos de inconformidad en contra de la sentencia, debiéndose precisar que, al
no haberse demostrado la relación laboral encubierta pregonada, no hay lugar a ordenar
restablecimiento del derecho alguno; como tampoco era posible ordenar la nulidad del

28
Sentencia del 16 de mayo de 2025, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, radicado No. 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021).
Sentencia del 16 de mayo de 2025, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, radicado No. 66001-23-33-000-2021-00234-01 (6025-2024).

20
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Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

acto administrativo acusado, dado que no se desvirtuó su presunción de legalidad, ni
dictar las órdenes de garantía de no repetición que se expidieron en la sentencia de
primer grado, por cuanto no se observó conducta alguna de la que se pudiera inferir un
trato discriminatorio hacia la actora.

Vistas así las cosas, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia,
en cuanto negó el reconocimiento de una relación laboral encubierta entre la señora
Selene Castrillón García y el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín – INDER, al
no haberse acreditado el requisito de la subordinación; sin embargo, se revocará el
restablecimiento del derecho ordenado, esto es, todas las órdenes encaminadas a que
la entidad demandada pagará a favor de la demandante (i) los honorarios dejados de
percibir desde la no renovación del contrato de prestación de servicios, el 25 de diciembre
de 2012, hasta el momento de terminación del periodo de lactancia, determinado por el
A-quo en un periodo de en cuatro (4) meses y seis (6) días; (ii) la licencia de maternidad,
condicionada a que no se le hubiera sufragado y, (iii) la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, correspondiente a 60 días de trabajo,
serán revocadas.

2.2.6. Condena en costas

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de Veintiséis (26) de Febrero
de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Decisión, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la
presente providencia.

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Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

SEGUNDO: REVOCAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia del
Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de Veintiséis (26) de Febrero
de Dos mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Decisión.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: Una vez en firme esta sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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