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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00545-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00545-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por Luz Mary Vargas López contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 2-2018-001127 del 19 de abril de 2018, por medio del cual el Sena le negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Luz Mary Vargas López y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) durante el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2012 y el 10 de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones, (sin considerar como interrupción la acaecida entre el 29 de septiembre y el 13 de diciembre de 2014, como consecuencia de la ineficacia de la terminación del vínculo contractual, según lo expuesto en esta decisión) tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales. 49 Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021) Demandante: Luz Mary Vargas López Cuarto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a reconocer a Luz Mary Vargas López las diferencias entre lo devengado por un empleado de planta y lo percibido por concepto de honorarios, según las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de los empleados públicos, por el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2012 y el 10 de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones (sin considerar como interrupción la acaecida entre el 29 de septiembre y el 13 de diciembre de 2014, como consecuencia de la ineficacia de la terminación del vínculo contractual, según lo expuesto en esta decisión) las cuales deberán liquidarse con base en la asignación salarial del cargo de instructor, así como el pago del reajuste salarial. Quinto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a pagar los salarios y prestaciones sociales a Luz Mary Vargas López por el periodo de la licencia de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2018-00545-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

8 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje1

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luz Mary Vargas López presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 2-2018-001127 del 19 de abril de 2018, por medio
del cual el Sena le negó la existencia de una «relación legal y reglamentaria» entre
el 26 de enero de 2012 y el 10 de diciembre de 2015 y el reconocimiento de las
prestaciones sociales que se derivaban de ella.

1 En lo que sigue Sena.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el pago de todas las acreencias laborales debidas causadas tales como
cesantías y sus intereses, prima de servicios y vacaciones; ii) la condición de
«servidora antigua para los efectos de sus derechos de atención médica, subsidio o crédito
de vivienda»; iii) la devolución de los aportes a la seguridad social y la retención en
la fuente que debió sufragar en los periodos de las relaciones contractuales; iv) la
sanción moratoria por la no consignación de las cesantías según el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990; v) el pago de 6 meses de salario por el despido en condición de
embarazo de conformidad con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; vi) la
indemnización moratoria por falta de pago de las prestaciones sociales; vii) la
indexación de las sumas de dinero reconocidas; viii) el pago de los intereses
moratorios a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera y; ix) la
condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. LuzMary Vargas López prestó sus servicios al Sena, Regional Risaralda,
mediante contratos de prestación de servicios entre el 8 de febrero de 2011 y el 11
de diciembre de 2015, con el objeto de impartir formación en el Centro de Diseño e
Innovación Tecnológica Industrial de Risaralda.

3.2. Inicialmente, durante el periodo comprendido entre el 8 de febrero y el 30 de
junio de 2011, la vinculación fue por intermedio de la Cooperativa de Trabajo
Asociado para la Formación y Educación2. Posteriormente, esto es desde el 29 de
enero de 2012 hasta el 11 de diciembre de 2015 suscribió los contratos
directamente con el Sena.

3.3. Desarrolló sus labores como instructora de cultura física según los lineamientos
que previamente estipuló dicha institución, de forma subordinada, en el lugar
designado por el contratante y en cumplimiento de los horarios asignados, en
iguales condiciones a los instructores de planta.

3.4. El 29 de septiembre de 2014, el Sena vulneró sus derechos laborales al firmar
la liquidación del contrato de prestación de servicios personales con pleno
conocimiento de su condición de embarazo.

3.5. El 12 de abril de 2018, solicitó al Sena el reconocimiento de la relación laboral y
el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella; sin embargo, esta

2 En adelante Cotraser

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

petición fue negada mediante el oficio 2-2018-001127 del 19 de abril de 2018.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 26 de la Ley
361 de 1997; 163 del Decreto 222 de 1983; y 7 del Decreto 1950 de 1973.

3
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos :

5.1. Loscontratos de prestación de servicios celebrados con el Sena no se
compadecieron con la realidad de la relación laboral y violaron el artículo 53 de la
Constitución Política, esto es, la primacía de la realidad sobre formas. Igualmente,
fueron contrarios a las prohibiciones contenidas en los artículos 163 del Decreto 222
de 1983 y 7 del Decreto 1950 de 1973 por cuanto se contrataron servicios que
podían ser desempeñados por personal de planta y para el ejercicio de funciones
públicas de carácter permanente.

5.2. Para el desarrollo de las funciones contratadas se requirió del cumplimiento de
un horario, en las instalaciones de la entidad y a cambio de un pago mensual, con
fundamento en sucesivos contratos de prestación de servicios y con la finalidad de
omitir el pago de los derechos laborales que bajo el contrato de trabajo serían
irrenunciables.

5.3. La actividad que desempeñó, además de haber sido continua e ininterrumpida,
también fue ordinaria, en la medida en que estuvo dirigida a atender el objeto social
del Sena; permanente, porque las actividades se desarrollaron de manera constante
y no temporal; y necesaria, en tanto se trató de una labor cuyos lineamientos fueron
diseñados por el empleador.

5.4. El Sena transgredió su derecho a la estabilidad laboral reforzada y omitió tramitar
el permiso ante la oficina de trabajo, como lo ordena la Ley 361 de 1997, para dar
por terminada su vinculación. Esto ocurrió pese a que tenía conocimiento de su
estado de embarazo, por lo que tenía derecho a la indemnización de 6 meses de
salario, según lo establecido en la citada ley.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Sena se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en lo

3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_01CUADERNO1(.PDF) NroActua 2», páginas

44 a la 72.

3

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Demandante: Luz Mary Vargas López

siguiente4:

6.1. En el escrito de la demanda no se incluyó la pretensión de nulidad del oficio 2-
2018-001127 del 19 de abril de 2018, ni se solicitó el restablecimiento del derecho.
En consecuencia, aún en caso de que se declarara la existencia de un «contrato
realidad», únicamente podrían pagarse las sumas solicitadas. Es decir, la demanda
no fue interpuesta para obtener la nulidad del acto administrativo y el
restablecimiento del derecho, sino para que se declarara una relación legal y
reglamentaria y, por lo tanto, se ordenara el pago de las sumas pretendidas, lo que
impediría que la demanda fuese conocida por la jurisdicción contencioso-
administrativa.

6.2. Entre el Sena y la demandante no hubo relación laboral, por lo tanto, no se le
adeuda prestación social alguna. Luz Mary Vargas López no prestó sus servicios
personales subordinados como instructora del Sena durante el período mencionado
en la demanda, ya que no existió ningún contrato entre ellos. La institución suscribió
contratos de prestación de servicios con Cotraser la cual gestionaba los procesos
de formación. En otras palabras, el Sena no contrataba a través de la cooperativa,
sino que, mediante procesos de selección pública, contrataba a una entidad de
carácter privado para que esta, a su vez, se encargara de atender los procesos de
formación requeridos por la institución.

6.3. Tampoco remuneró ni ejerció poder subordinante sobre la labor desempeñada
por la demandante, ya que el vínculo contractual de esta fue con Cotraser. Cualquier
comunicación entre el Sena y Luz Mary Vargas López se limitó a la coordinación
necesaria para la ejecución de los contratos entre la institución y la cooperativa.

6.4. Los pagos que hacía el Sena estaban dirigidos a Cotraser, con lo cual se
demostró la inexistencia del elemento de la remuneración, toda vez que quien le
pagaba a Luz Mary Vargas López era la cooperativa y no el Sena.

6.5. Eraimprocedente la declaración de la existencia de una relación legal y
reglamentaria, pues el hecho que la demandante hubiese prestado su servicio bajo
la modalidad de vinculación prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 no le
otorgaba la calidad de servidor público, para ello se requería que su ingreso se
hubiese realizado por medio de una designación, un nombramiento o una elección,
según el caso, seguida de la posesión para poder ejercer las funciones del empleo,
lo que no ocurrió en el caso en concreto.

6.6. Las actuaciones desplegadas por la demandante fueron contrarias al principio

4 Ibidem, páginas 113 a la

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Demandante: Luz Mary Vargas López

de la buena fe, pues suscribió los contratos con conocimiento de las condiciones de
tiempo, modo y lugar de su cumplimiento, acordó su vinculación con la cooperativa
y aceptó la comisión para con el Sena sin presentar protesta u objeción alguna; no
obstante, después pretendió el reconocimiento de una relación laboral encubierta.

7. Propuso las siguientes excepciones: i) prescripción; ii) cobro de lo no debido; e
iii) inexistencia de la relación laboral.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia
proferida el 4 de junio de 2021 negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto
se pronunció en los siguientes términos5:

8.1. Si bien es cierto en los antecedentes no fue incluida la pretensión de nulidad del
Oficio 2-2018-001127 del 19 de abril de 2018, por medio del cual el Sena negó la
reclamación salarial y prestacional solicitada, también es cierto que dentro del
contenido de la demanda fue planteado en un acápite denominado «capitulo II: acto
administrativo a demandar» en el cual se individualizó el anterior oficio, por lo que, la
pretensión de nulidad propia del presente medio de control sí se incluyó.

8.2. Pese a que se hizo una relación de pruebas documentales aportadas con la
demanda en la que se enlistaron los contratos de prestación de servicios desde el
29 de enero de 2012 hasta el 11 de diciembre de 2015, la certificación expedida por
Cotraser, la copia de planillas de pago de seguridad social y de los horarios de las
clases impartidas, el acta de información del estado del contrato expedido por el
Sena y extractos bancarios de la cuenta de ahorro, estos no se hallaron ni en medio
físico ni magnético en el expediente, razón para adoptarse la decisión con los
medios de convicción allegados y practicados en el plenario.

8.3. La prueba documental no generó un grado de convencimiento sobre algún tipo
de vinculación entre la demandante y el Sena, ni sobre la existencia de los
elementos de una relación laboral. En conclusión, no se aportó al expediente
material probatorio que permitiera inferir de manera siquiera sumaria la
configuración de alguna relación laboral.

8.4. En cuanto a la prestación personal del servicio, las piezas procesales no tenían
fechas, no generaban credibilidad ni permitían concluir que la demandante hubiese
estado vinculada de manera continua, ni en qué períodos o bajo qué circunstancias
ejerció la labor de instructora. Aunque los testigos Daniela Flórez Granados y Luis

5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_02SENTENCIA(.PDF) NroActua 2»

5

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

Norberto Velásquez Arenas indicaron que la demandante había prestado sus
servicios a través de contratos de prestación de servicios, no puntualizaron las
fechas de las presuntas relaciones contractuales, la forma en que se le daban
órdenes o instrucciones, ni cómo se gestionaban los horarios presuntamente
asignados a la demandante.

8.5. De la reclamación administrativa y del oficio demandado, no se pudo concluir la
existencia de un vínculo contractual laboral desde el 29 de enero de 2012 hasta el
11 de diciembre de 2015, pues no fue posible establecer cuál fue el objeto y las
funciones pactadas en los contratos que presuntamente suscribieron las partes,
como tampoco la acreditación de los aludidos extremos procesales.

8.6. No se probó la remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera que no obra
constancia de algún pago con cargo a los recursos presupuestales de la entidad.

8.7. Tampoco existió prueba de la subordinación que detallara las funciones que
pudo haber cumplido la demandante, ni a partir de qué condiciones u órdenes las
desarrollaba. Además, los testimonios rendidos no tuvieron ninguna capacidad
probatoria, ya que no estipularon fechas y solo mencionaron, de manera general, a
personas naturales que suscribían contratos de prestación de servicios con el Sena,
sin que demostraran aspectos como el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento o las circunstancias de modo, tiempo y cantidad de trabajo.

8.8. La situación no se encuadró en lo que la jurisprudencia ha definido como
«funcionario de facto», ya que esta figura implicaba la existencia de un empleo público
ejercido de forma irregular. En el presente caso, no se demostró que el cargo de
instructora de cultura física existiera en la planta de personal de la entidad
demandada ni que tuviera funciones asignadas. La declaración de los testigos y las
afirmaciones de la demandante no fueron suficientes para probar la existencia de
dicho cargo o de un equivalente en la planta de personal.

8.9. No procede la condena costas al no hallarse probadas, de conformidad con el
criterio objetivo valorativo aplicado por el Consejo de Estado.

1.4. El recurso de apelación

9. Luz Mary Vargas López interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo
siguiente6:

6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_04APELACIONDEMANDANT(.PDF) NroActua

2»

6

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Demandante: Luz Mary Vargas López

9.1. La sentencia negó las pretensiones de la demanda con fundamento en la
ausencia de material probatorio que acreditara la existencia de la relación laboral.
Sin embargo, en diferentes actuaciones se reconoció que dichas pruebas fueron
aportadas, pues se mencionaron en la demanda y se aludió a ellas en la
contestación. Además, el juez decidió tener como prueba «los documentos que fueron
arrimados con la respectiva demanda y su contestación» en la audiencia inicial. Incluso,
en el informe decretado de oficio y presentado por el Sena se hizo referencia a los
contratos adjuntos, lo que presupone que fueron allegados al proceso.

9.2. En todo caso, de conformidad con el artículo 191 del Código General del
Proceso7 se debieron tener como probados y susceptibles de confesión los hechos
1, 2 y 3 de la demanda, en los cuales se relacionaron los contratos de prestación de
servicios suscritos entre la demandante y Cotraser, así como entre aquella y el
Sena, la remuneración y los extremos temporales alegados, frente a los cuales la
demandada se allanó.

9.3. No se realizó un análisis ni una valoración probatoria adecuada del elemento de
la subordinación de la relación laboral, pues de la prueba documental y
testimoniales presentadas se advertía su existencia y que la cooperativa actuó solo
como intermediaria.

9.4. La valoración probatoria realizada por el a quo fue insuficiente, ya que no tuvo
en cuenta aspectos declarados por los testimonios de los supervisores del Sena,
quienes afirmaron que la demandante cumplía funciones similares a las de los
instructores de planta, bajo condiciones de subordinación. Asimismo, en la primera
instancia se desestimaron elementos que indicaban la existencia de una relación
laboral, lo que generó una falta de imparcialidad en el fallo.

9.5. El Sena reconoció que la actividad de la demandante, quien impartió formación
en cultura física, era esencial para el proceso educativo y que las funciones que
desempeñó estuvieron bajo supervisión directa. Además, los contratos de
prestación de servicios confirmaron que debía cumplir con las directrices del
contratante, tales como horarios, informes y otros requisitos.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto fue necesario el decreto de pruebas, hubo
traslado a las partes para alegar8.

7 En lo que sigue CGP
8 Según consta en el auto del 16 de enero de 2025 visible a índice 23 de Samai.

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Demandante: Luz Mary Vargas López

11. En esta oportunidad, el Sena se pronunció para reiterar los argumentos
expuestos en la sentencia recurrida, esto es que no hubo prueba suficiente que
demostrara la existencia de una relación laboral entre las partes. La documentación
aportada no permitió inferir la existencia de un vínculo laboral, ni la continuidad de
su labor como instructora. Los testimonios señalaron que la demandante prestó
servicios mediante contratos de prestación de servicios, pero no precisaron fechas
ni detalles sobre la subordinación, órdenes recibidas o gestión de horarios.
Asimismo, la reclamación administrativa y el oficio demandado no acreditaron la
existencia de un contrato laboral entre el 29 de enero de 2012 y el 11 de diciembre
de 2015, ya que no se estableció el objeto ni las funciones pactadas. No se probó
la remuneración, ni la subordinación necesaria para configurar una relación laboral.
Los testimonios carecieron de capacidad probatoria al no demostrar aspectos clave
como el cumplimiento de órdenes o las condiciones de trabajo.

11.1. Adicionalmente, señaló que, tal y como se había indicado en el oficio 66-2-2019-
009567 del 20 de noviembre de 2019 expedido por el director regional de Risaralda,
dentro de la planta de personal de la institución no figuraba un cargo relacionado
con cultura física, actividad que desarrolló la demandante; no existió ni se pudo
demostrar la subordinación, ya que los contratos no establecían el cumplimiento de
un horario ni la sujeción a una autoridad dentro de la entidad; el material documental
no evidenció que recibiera órdenes, tuviera una carga de trabajo impuesta o que su
labor fuera controlada por algún funcionario de planta. Asimismo, los testimonios no
permitieron acreditar que la demandante estuviera sometida a algún tipo de
supervisión o control que indicara la existencia de subordinación, por lo que ejerció
su labor con plena autonomía9.

12. Luz Mary Vargas López reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. En ese sentido, señaló que la sentencia negó las pretensiones de la
demanda por falta de pruebas que acreditaran la relación laboral. Sin embargo,
dichas pruebas fueron mencionadas en la demanda, la contestación y la audiencia
inicial, oportunidades en las que el juez decidió tener en cuenta los documentos
presentados. Además, el informe del Sena hizo referencia a los contratos adjuntos,
lo que indicaba su existencia en el proceso. En efecto, probada la existencia de los
contratos, se debió tener por probada la remuneración y los periodos de trabajo,
aspectos frente a los cuales la demandada se allanó en la contestación.

12.1. No se realizó un análisis adecuado sobre la subordinación, pese a que la prueba
por informe y los testimonios indicaban su existencia. Así pues, la cátedra impartida
por la demandante formó parte del núcleo esencial de la formación del aprendiz en

9 Índice 27 de Samai

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Demandante: Luz Mary Vargas López

el Sena, por lo que era una materia inherente al programa educativo y debía ser
impartida en condiciones iguales a las demás asignaturas. Además, la institución
reconoció que este conocimiento era proporcionado por la entidad sin distinguir
entre instructores de planta o contratados por prestación de servicios.

12.2. Aunque el Sena sostuvo que no existían las funciones por ella desempeñadas
en la prueba por informe decretada, se estableció que su labor consistía en prestar
servicios personales de carácter temporal para atender los procesos de formación
en diferentes modalidades y programas del Centro de Diseño e Innovación
Tecnológica Industrial10, conforme con las obligaciones contractuales. Es decir, la
prestación del servicio estuvo directamente relacionada con la formación de los
aprendices, esto es con el giro ordinario de la institución, lo que presupuso una
subordinación y desvirtuó la naturaleza de un simple contrato de prestación de
servicios. Tampoco requería de conocimientos especializados y podía ser prestada
por el personal de planta.

12.3. El Sena fijaba la planeación anual de los programas, las fechas en las que se
debían realizar entregas de acuerdo con los horarios de formación impuestos; los
supervisores del contrato eran servidores de la institución que no dependían de la
cooperativa.

12.4. No se tuvo en cuenta las declaraciones de los supervisores del Sena, quienes
afirmaron que la demandante cumplía funciones similares a las de los instructores
de planta y bajo subordinación pues se les impartían órdenes y se le hacía llamados
de atención, por ejemplo, por inasistencia.

1.6. El Ministerio Público

13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió su concepto, en el que
solicitó que se confirmara la sentencia recurrida, toda vez que, si bien se encontró
probado que la demandante ejecutó personalmente sus labores como instructora
de cultura física en el Sena, Regional Risaralda, para cumplir funciones esenciales
en la formación de los aprendices de manera continua y bajo los lineamientos
establecidos por la entidad, no se acreditó que hubiese recibido pagos directamente
de la institución, sino a través de terceros.

13.1. Tampoco se probó la subordinación con el acervo probatorio presentado en el
proceso, pues el hecho de que la demandante siguiera cronogramas y lineamientos
institucionales no configuraba automáticamente una relación de dependencia. Ello,
por cuanto en los contratos estatales, es legítimo que exista supervisión y control

10 En adelante CDITI.

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Demandante: Luz Mary Vargas López

para garantizar el cumplimiento de lo pactado; sin embargo, dicho control no
eliminaba la autonomía e independencia inherentes a los contratos de prestación
de servicios11.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

14. Se circunscribe a establecer ¿si entre Luz Mary Vargas López y el Sena se
configuró una relación laboral? y si, en consecuencia, ¿aquella tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación
laboral?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

15. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

16. Por su parte, el Decreto 2209 de 199812 precisó que «(l)os contratos de
prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar
cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se
contratarán».

17. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas

11 Índice 29 de Samai
12 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Demandante: Luz Mary Vargas López

naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de
planta. De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará
una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación
social.

18. La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas
en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el
ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral
personal subordinada y dependiente.

19. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Se resalta].

20. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la

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Organización Internacional del Trabajo (OIT)13 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 14, desarrolló
el principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se
halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

21. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»15
y que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y
satisfactorias», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos
los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias
y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

22. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

23. Aquíse debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia

13 Aprobada el 11 de abril de 1919.
14 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
15 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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Demandante: Luz Mary Vargas López

laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato
de prestación de servicios.

24. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación16 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto
de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
propia de las relaciones laborales17». [se resalta].

25. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

26. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una
relación laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
referida sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios». (sic)

27. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

28. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

29. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202118 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales
de prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que
se declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la
improcedencia de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».(sic)

30. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

31. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que
demostrar que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones
contenidas en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad
encubría una relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos
de la relación laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación
continuada y dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo
prestado, para que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. En torno a los instructores del Sena

32. El Sena fue creado mediante el Decreto Ley 118 de 1957 19 y según el Decreto
164 del 6 de agosto de 195720 sus funciones iniciales consistían en brindar
formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura,
la minería y la ganadería.

33. Posteriormente, la Ley 119 de 199421 dispuso que el Sena sería un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio
propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del
Trabajo, cuya misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «cumplir la función
que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país». Asimismo, los
objetivos específicos de acuerdo con el componente misional son los siguientes:

19 «Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA».
20 «Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras

disposiciones».
21 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149

de 1992 y se dictan otras disposiciones».

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«Artículo 3. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes
objetivos:

1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese
medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.

2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico».

34. Así, la misión especial encomendada al Sena comprende la formación y
capacitación de los aprendices, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad. Como se dijo, la entidad está adscrita al Ministerio del
Trabajo y, por ende, no está sometida a las orientaciones del Ministerio de
Educación o las secretarías de educación; no obstante, ejerce una labor docente
para desarrollar programas de formación de educación no formal que ofrece la
institución.

35. Ahora bien, el instructor es una figura propia de esa entidad y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1424 de 199822, este grupo ocupacional
«comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional y desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada». Según el manual específico de funciones, requisitos
mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del
Sena contenido en el Decreto 986 del 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y
2015), el cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la descripción de las
siguientes funciones23:

«ii. Propósito principal

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

iii. Descripción de funciones esenciales

Instructor:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa
de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.

22 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»
23 Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.

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3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad
con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos
para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con
le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo».

36. En relación con la actividad que desarrollan los instructores, la Sección
Segunda del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia
del 10 de septiembre de 201424. Al respecto, la autoridad judicial señaló:

«DOCENTES O CATEDRÁTICOS OCASIONALES O POR HORAS

Esta Corporación ha señalado que los profesores de cátedra también tienen una relación
laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal del servicio. Igual que
los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos
devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una
subordinación, como se les exige a los otros, con horarios, reuniones, evaluaciones, etc.
contemplados en el reglamento. Dada la similar situación de hecho que identifica la
misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos debe
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben
pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado, pues otro tratamiento
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio.

Igualmente la Corte Constitucional25 señaló que al igual que los catedráticos, cumplen
las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos
de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas
obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en
su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma, lo cual
no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Textualmente señaló:

Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional
al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de
igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta,
en el sentido de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.",
las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros
profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la
dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las
primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al
trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser
excluido de los programas de capacitación y mejoramiento profesional.

(…)

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicado 20001

23 31 000 2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.
25 Sentencia C-006 de 1996, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz

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Demandante: Luz Mary Vargas López

No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la
disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto
trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las
prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos
irrenunciables:

La regulación anterior aplicable a los Instructores del SENA, establece que dicha
entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y profesional
certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos que imparte; define la
educación como todos aquellos procesos especializados tendientes a la obtención de
certificados, títulos o grados; e indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta
actividades académicas.

Conforme con la normativa citada, la función prestada por el SENA a través de los
Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral certificando
a sus estudiantes, o sea, que por estas características y su naturaleza se clasifica dentro
de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace
parte de los niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley
115 de 1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de
la definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación». [se resalta].

37. En efecto, en la medida en que esta entidad ejecuta una actividad académica,
debe ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo dispuesto en
la normativa aplicable, por expresa disposición del numeral 6 del artículo 4 de la
citada Ley 11926. Es decir que el contenido de los programas que ofrece el Sena
está sometido al régimen académico previsto en la Ley 30 de 1992 27. Así lo
concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 28, que sobre
su naturaleza, misión y funciones precisó:

«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite
al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.

Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación
a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en

26 artículo 4o. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
[…]
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en
las disposiciones legales respectivas. […]”. (se resalta).
27 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
28 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de

2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00089- 00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

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1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que
otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la
ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de
la ley 749 de 2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la modalidad
de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma en institución
de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico definido por ley ha
establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión específica encomendada
y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe agregarse que nunca ha sido
considerada como institución de educación superior por las normas que rigen ese
servicio

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes
30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y
con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin
que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias
de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.[…]» [se
resalta].

38. De esta manera el Consejo de Estado29 ha reconocido que la función prestada
por el Sena a través de los instructores se orienta a una formación integral,
profesional y laboral, dentro de un sistema de educación no formal. Sin embargo,
tal clasificación no desconoce su calidad de labor educativa, es decir, de
docencia.

39. Con todo, esta corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de
determinar la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que
los instructores se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de
servicios. En efecto, a través de sus diferentes subsecciones ha exigido la
comprobación de todos los elementos que sirven para determinar sobre la

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de

septiembre de 2014, expediente identificado con número único de radicación 20001 23 31 000 2011
00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente identificado con número único de
radicación 20001 23 31 000 2011 00312 01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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existencia de dicha relación a efectos de declararla30. En específico, sobre la
subordinación ha exigido que obren «elementos de convicción, acerca de las
actividades ejecutadas»31 pues, aunque se haya señalado que estas hacen parte de
las funciones propias de la entidad, «tal situación no evidencia una relación de sujeción
directa frente a la prestación del servicio», puesto que puede coincidir con el estricto
cumplimiento del objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis
del material probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»32 a fin de establecer la
configuración o no del elemento de la subordinación continuada.

2.3. Caso en concreto

40. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

40.1. El 30 de junio de 2011 el jefe de recursos de la Cooperativa de Trabajo Asociado
para la Formación y la Educación (Cotraser CTA) certificó que Luz Mary Vargas
López fue asociada desde el 8 de febrero de 2011 hasta el 30 de junio de 2011 y
que prestó sus servicios de trabajo asociado como instructora de cultura física en el
centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del Sena, Regional
Risaralda33.

40.2. Luz Mary Vargas López celebró los siguientes contratos de prestación de
servicios con el Sena, tal y como consta en los diferentes instrumentos jurídicos
aportados, tales como certificados, actas de inicio y de liquidación, y contratos de
prestación de servicios34:

Interrupción
Fecha
Contrato Objeto Fecha inicio en días
terminación
hábiles
96 del 24 Contratar la prestación de servicios
26 de enero de 29 de junio de
de enero personales de carácter temporal para -
2012 2012
de 2012 atender procesos de formación en las
840 del 5 diferentes modalidades y programas que se 17 de
10 de julio de
de julio oferten en el Centro de Diseño e Innovación diciembre de 6
2012
de 2012 Tecnológica Industrial de la Regional 2012

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-

31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-
01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16);
iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de
2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado

18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-

23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
33 Índice 19 de Samai, archivo 28RECIBEMEMORIAL_OF10101_CERTIFICADOCOTRASER2(.pdf)

NroActua 19
34 Índice 19 de Samai, aportados en cumplimiento del auto del 25 de enero de 2024 visible a índice

15 de Samai.

20

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

405 del Risaralda durante [las diferentes vigencias]
16 de
23 de en el área de Cultura física 25 de enero de
diciembre de 26
enero de 2013
2013
2013
230 del Plazo inicial 13
16 de de diciembre
enero de de 201435
2014
17 de enero de
Terminación 21
2014
Adición por mutuo
del 30 de acuerdo el 29
julio de de septiembre
2014 de 2014
342 del
10 de
24 de 26 de enero de
diciembre de 79
enero de 2015
2015
2015

40.3. Se aportaron los antecedentes administrativos de los contratos celebrados en
el 2011 entre el Sena y Cotraser, y de 2012 al 2015 entre el Sena y Luz Mary Vargas
López, en los que obran los estudios previos, los instrumentos jurídicos de
vinculación, las actas de inicio y algunas actas de finalización, las pólizas que
respaldaban los contratos, algunos informes de ejecución, y otros de supervisión de
contratos, y los formatos para pagos de prestación de servicios36.

40.4. En la vigencia del contrato 230 de 2014 a Luz Mary Vargas López le fue
expedida por salud total EPS el certificado de incapacidad general 87464145, orden
de inicio de licencia de maternidad desde el 29 de septiembre de 2014 hasta el 4 de
enero de 2015 y aceptación del inicio de la licencia, en la que se le informó los
requisitos para la liquidación de esta37.

40.5. En el acta de liquidación38 del contrato 230 de 2014 se indicó «QUINTA. Que La
contratista presentó incapacidad de maternidad No.87464145 expedida por EPS
SALUDTOTAL, con fecha de inicio de Septiembre 29 de 2014 hasta Enero 4 de 2015, por
un total de 98 días calendario, de los cuales quedan pendientes por ejecutar del contrato
un total de setenta y tres días (73) no ejecutados de la presente vigencia 2014, razón por
la cual se procederá a su liquidación, a fin de liberar en el presupuesto el saldo del contrato
no ejecutado, que como se dijo antes es de 73 días, previa deducción de los valores con
destino al pago de la seguridad social, de conformidad con el punto siguiente. SEXTA. Que
el Subdirector encargado del Centro, teniendo en cuenta la incapacidad médica presentada
por la contratista y dando aplicación a lo contemplado en el principio de anualidad del
presupuesto público y en las directrices de la Dirección Jurídica del SENA, acuerda con la
contratista proceder a dar por terminado el contrato y proceder a su liquidación e igualmente
en la medida que exista la asignación presupuestal para contratar las labores o actividades

35 Se tuvo en cuenta la adición
36 Índice 19 de Samai.
37 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_01CUADERNO1(.PDF) NroActua 2», páginas

89 a la 91.
38 Suscrita el 30 de diciembre de 2014

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que hasta ahora realiza la contratista LUZ MARY VARGAS LOPEZ, , será la primera opción
par nuevamente contratarla en la vigencia 2015, con un mínimo de tiempo de al menos tres
(3) meses. SEPTIMA. CUMPLIMIENTO: Que la contratista cumplió a cabalidad el objeto y
las obligaciones contractuales hasta la fecha del inicio de su incapacidad. En virtud de lo
anterior se da por terminada la relación contractual y se procede a la liquidación del contrato
No. 230 de 2014»39 (sic.)

40.6. El 12 de abril de 2018 Luz Mary Vargas López solicitó al Sena el reconocimiento
de la relación laboral «por los años comprendidos desde el 2012 hasta el 2015» y el pago
de las prestaciones sociales que se derivaban de ella40.

40.7. El 19 de abril de 2018, mediante oficio 2-2018-001127 el director regional
Risaralda del Sena negó la anterior solicitud, con fundamento en que fue contratada
bajo la modalidad de prestación de servicios según los parámetros establecidos por
la Ley 80 de 1993, tal y como fue soportado con los contratos suscritos en los que
se incluyó la cláusula según la cual «bajo ninguna circunstancia se generaba relación
laboral de ningún tipo, ni prestaciones sociales entre las partes, condición que fue ratificada
con la firma»41.

40.8. En la audiencia inicial celebrada el 10 de septiembre de 2019, a petición de la
parte demandante, se ordenó librar oficio con destino al representante legal del
Sena, a través del área competente, para que se sirviera allegar informe con
respuesta a lo siguiente42: «[o]bjeto del programa cultura física que impartió la
demandante, la señora Luz Mary Vargas López; Funciones de la demandante que
desempeñaba para prestar los servicios al SENA; Nombre de la dependencia a la cual se
encontraba adscrito el programa que la demandante Desempeñaba; Nombre del supervisor
de los contratos de la señora Luz Mary y sus funciones; Nombre de la dependencia que
fijaba los horarios de clases que impartía la demandante para el SENA; Copia o informe
sobre los llamados de atención si existieren a la señora Luz Mary»43 (sic).

40.9. En respuesta a la anterior solicitud el director Regional Risaralda expidió el
Oficio 66-2-2019-009567 del 20 de noviembre de 2019, en el que informó que:

«1. objeto del programa de cultura física que impartió la demandante:
Para garantizar la calidad de la formación profesional integral que imparte el Sena se
hace necesario que el aprendiz tenga dentro de su proceso de formación la disciplina de

39 Índice 19 de Samai, archivo «32RECIBEMEMORIAL_OF10101_CTO2302014PDF(.pdf)

NroActua 19»
40 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_01CUADERNO1(.PDF) NroActua 2», páginas

7 a la 26.
41 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_01CUADERNO1(.PDF) NroActua 2», páginas

28 a la 36.
42 En los términos del artículo 275 del Código General del Proceso
43 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_01CUADERNO1(.PDF) NroActua 2», páginas

209 a la 2014.

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cultura física ocupacional, seleccionar técnicas que le permiten potenciar su capacidad
de reacción mental y mejorar sus destrezas motoras según la naturaleza de su entorno
laboral. Aplicar los conceptos básicos de la Miología Humana con base en el análisis del
movimiento. Ejecutar rutinas de ejercicio físico según las necesidades de los contextos
laboral y social. Establecer pausas de acuerdo con las cargas de trabajo y tiempos de
actividad física para una recuperación adecuada, de acuerdo a su área de desempeño
laboral.
2. Personas a la cual se dirigía el programa impartido:
El programa estaba dirigido a los aprendices del CDITI.
3. Funciones que desempeñaba la demandante:
No desempeñaba funciones, sino que desarrollaba un objeto contractual, consistente en
prestar sus servicios personales de carácter temporal para atender los procesos de
formación en las diferentes modalidades y programas que se oferten en el CDITI, de
conformidad con las obligaciones contractuales contenidas en los contratos adjuntos.
4. Nombre de las dependencias a la cual se encontraba adscrito el programa que
desempeñaba la demandante:
El programa se encontraba a cargo del CDITI.
5. Nombre del Supervisor de los contratos:
Contrato No. 405 de 2013: Angelberto Delgado Correa, Coordinador Académico y Luis
Norberto Velásquez Arenas, Instructor.
Contrato No. 230 de 2014: Luis Norberto Velásquez Arenas, instructor
Contrato No. 342 de 2015: Oscar Alberto Sánchez López, Coordinador Académico y
Jhon Fredy Franco Yela, Coordinador Académico
Las Funciones de los Supervisores de contratos son las siguientes, según la
RESOLUCION 965 DE MAYO 17 DE 2012
(…)
6. La dependencia que fijaba los horarios de clase es la Subdirección de Centro, de
conformidad con la planeación anual de los programas de formación ofrecidos en cada
vigencia fiscal.
7. Copia o informe de los llamados de atención: No existen llamados de atención, por
ausencia de subordinación laboral»44 (sic).

40.10. En la audiencia de pruebas celebrada el 15 de octubre de 2019, se recibieron
los testimonios de Daniela Flórez Granados y Luis Norberto Velásquez Arenas,
quienes en particular señalaron lo siguiente:

40.11. Daniela Flórez Granados es administradora de empresas, trabajó para el
Sena entre el 2014 y el 2015 como auxiliar de enfermería de los aprendices.

40.12. Conoció a Luz Mary Vargas López porque cuando ingresó al Sena aquella ya
se encontraba trabajado allí como profesora de cultura física y coincidían por la
relación entre las labores que desempeñaban; por ejemplo, cuando algún aprendiz
se accidentaba en las clases lo llevaban al área de enfermería. Además, porque
estaba encargada de hacer las actividades de seguridad y salud en el trabajo en lo
relacionado con la promoción y prevención, por lo que, tenía que intervenir cada
ambiente y muchas veces la demandante se encontraba dictando sus clases y le

44 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_01CUADERNO1(.PDF) NroActua 2», páginas

214 a la 219.

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permitía realizar las charlas educativas a los jóvenes.

40.13. Los servicios físicamente se prestaban en las instalaciones del Sena que
contaba con varios pisos, ella se encontraba en el último piso y la demandante en
el primero que era el área de las canchas.

40.14. Luz Mary Vargas López cumplió con un horario que le era enviado cada
trimestre por los coordinadores académicos, en el que le indicaban las fechas, los
horarios y los grupos, y eso era lo normal en el Sena con todos los instructores. De
lo anterior tuvo conocimiento porque los instructores trabajaban en las diferentes
áreas del Sena y se daba cuenta de los horarios que cumplían. Estos iban de las 6
am a las 10 pm; dependían de la organización y cada trimestre cambiaban porque
ingresaban nuevos aprendices, aunque desconocía cuántas horas debía cumplir.

40.15. La demandante recibió órdenes de los supervisores de contrato, de los
coordinadores académicos de cada área, lo que le consta porque lo veía o
escuchaba por ejemplo para que cumpliera con el horario de las clases, para que
les impartiera formación a unos aprendices en otro horario, o recibía instrucciones
sobre actividades. También en caso de que los instructores no permitieran las
charlas que ella brindaba acudía al coordinador para que este interviniera con los
instructores y estos accedieran. Además, era posible que le modificaran los horarios
porque algún instructor no asistía a la clase.

40.16. Los elementos con los que cumplió sus funciones eran del Sena y si de pronto
hacían alguna actividad externa o si iban a otras ciudades cree que les daban
uniformes a través de Bienestar al aprendiz.

40.17. La vinculación de Luz Mary Vargas López era por contrato prestación de
servicios y debía realizar todas las clases de cultura física y estar en el gimnasio
según la asignación de horarios para ello. La asignatura que dictaba hacía parte del
núcleo esencial de formación del aprendiz en el Sena pues el objetivo era impartir
una formación integral y entre ellas estaba ética y cultura física.

40.18. No conoció a un instructor de planta que dictara cultura física, pero sí a otros
que dictaban otras materias. Entre los instructores de planta y los contratistas no
había diferencia en la pedagogía utilizada, todos debían manejar igual programa,
según tenía entendido.

40.19. De acuerdo con lo que hablaba con la demandante, en ocasiones el supervisor
del contrato le hacía llamados de atención relacionados con el horario. Acudía a las
reuniones y capacitaciones impartidas por el Sena, por ejemplo, a inducciones o
charlas en las que los instructores debían estar pendientes de los aprendices.

24

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40.20. Para el pago de los honorarios, todos los contratistas tenían que realizar la
cuenta de cobro, en la que relacionaban las actividades ejercidas y los instructores
registraban en la plataforma Sena Sofía plus sus labores y las horas impartidas.
Asimismo, debían pagar la seguridad social.

40.21. Algunos de sus supervisores de contrato fueron Gilberto Delgado y Raúl el
coordinador académico, pero no recuerda el apellido.

40.22. Luis Norberto Velásquez Arenas es docente y se desempeña como
instructor del Sena en el área de ética desde hace 26 años vinculado por carrera
administrativa.

40.23. ElSena vincula a personal por contrato de prestación de servicios. Los
instructores cumplen con un horario en el caso de los contratistas es variable y este
puede programarse en diferentes jornadas, esto es, mañana, tarde o noche. En el
caso de Luz Mary Vargas López recuerda verla en la jornada de la mañana.

40.24. En algún tiempo fue asignado como supervisor de contrato y debía revisar que
los contratistas cumplieran con el horario, con la programación, con los requisitos
académicos. Asimismo, debían revisar los informes en los que los instructores
presentaban la labor que realizaban.

40.25. La seguridad social era pagada por el contratista.

40.26. Las funciones que cumplía Luz Mary Vargas López eran semejantes a las de
los empleados del Sena incluso más. Cumplía un horario, si se programaban
reuniones debía acudir, debía estar disponible para cuando se le presentara un
llamado por ejemplo para la celebración de un comité de evaluación.

40.27. Su jefe inmediato era el coordinador académico, a nivel del Centro de
Formación, como lo es el de Diseño e innovación Tecnológica Industrial en el que
trabajaba, su superior era el subdirector, y a nivel de todos los centros en una
regional era el director. Por su parte, el tipo de órdenes que imparte el coordinador
están relacionadas con la asignación de horario y de la programación.

40.28. Los instructores de planta también son supervisados, pero a través de la
evaluación de desempeño la cual no se les hace a los contratistas.

40.29. La asignatura de cultura física hace parte del núcleo esencial de los aprendices
del Sena. La demandante debía orientar la formación en el área de desempeño
desde la teoría y la práctica, cumplir con el horario asignado y presentar informe de

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su labor.

40.30. Cuando el instructor no asiste se le llama para preguntar la causa, es como un
llamado de atención verbal. En todo caso, es deber del instructor avisar sobre su
inasistencia.

40.31. El Sena tiene los diseños curriculares de cada área y al instructor le
corresponde su desarrollo. Al instructor se le convoca para desarrollar el currículo,
realizar las guías y se entiende que va a ejecutar esa temática, en la eventualidad
que no se acogiera podría hacérsele un llamado de atención para que siguiera el
lineamiento. Ese diseño era igual para todos los instructores independientemente
de su tipo de vinculación.

40.32. Aunque los contratistas asisten a reuniones y capacitaciones su participación
es restringida y no es a todas. Por ejemplo, los contratistas si asisten a los
desarrollos curriculares. Normalmente, pueden tener otros contratos de prestación
de servicios. Y en el Sena por regla general el plazo de los contratos es de 10
meses, se terminan en diciembre y se retoman en enero.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

41. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Luz Mary Vargas López y el
Sena.

42. Cabe aclarar que si bien se allegaron medios probatorios en los que consta que
la demandante se asoció a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cotraser
del 8 de febrero de 2011 al 30 de junio de 2011 como instructora de cultura física
en el centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, Regional Risaralda con
la finalidad de hacer parte del personal requerido para desarrollar el objeto de los
contratos 00001 del 24 de enero de 2011 y 00029 del 2 de febrero de 2011 suscritos
entre la cooperativa y el Sena, lo cierto es que este periodo no fue objeto de
reclamación administrativa ante la institución ni se incluyó en las pretensiones de la
demanda, razón por la que no se hará pronunciamiento al respecto.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

43. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se advierte
que Luz Mary Vargas López prestó sus servicios al Sena, vinculada por medio de
contratos que suscribió con la entidad, con el fin de desempeñarse como instructora

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en el área de cultura física entre el 26 de enero de 2012 y el 10 de diciembre de
2015.

44. Luego, está claro que debió prestar sus servicios de forma personal y en atención
a sus calidades y estudios profesionales pues, de dichos contratos y de las pruebas
testimoniales recibidas en el proceso se observa que fue contratada para prestar
«servicios personales» como instructora y las obligaciones contractuales realizadas
eran afines a sus competencias en áreas específicas de cultura física, así como, en
atención a su idoneidad, capacidad y experiencia laboral según se determinó en los
estudios previos. Aunado a ello, en las consideraciones de los contratos se indicó
que: «(la) CONTRATISTA está en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y demostró
la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que trata este contrato».

45. En efecto, de dichos contratos se advierte que fue contratada debido a sus
competencias y experiencia en áreas relacionadas con cultura física. Además, no
existía la posibilidad de que otra persona pudiera cumplir con esta labor tal y como
se extrae de la cláusula incluida en todos los contratos en la que se manifestó que
la contratista no podría cederlos sin autorización previa y expresa del contratante,
lo que no se probó o alegó que hubiese ocurrido; de lo que se sigue que era ella y
no otra persona quien debía ejecutar las obligaciones pactadas.

2.4.1.2. Remuneración

46. Luz Mary Vargas López percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y
como se evidencia de los contratos de prestación de servicios que suscribió, en los
que se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, así como de los formatos
para pagos de prestación de servicios, lo que se entiende como la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

47. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por la demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeta a horarios,
instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control
de un superior (coordinador académico) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia la entidad demandada y,
en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su
servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del Sena.

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48. Precisamente los testimonios y el contenido de los contratos dan cuenta que el
empleador impuso las condiciones de ejecución de la labor para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia,
pues Luz Mary Vargas López en ejercicio de sus funciones cumplía un horario,
seguía órdenes e instrucciones del jefe inmediato (coordinador académico), no
podía delegar sus labores de instructora en otra persona, además, que las tareas
desarrolladas debían realizarse de forma continua, no podía ausentarse libremente
de su lugar de trabajo.

49. En este punto, la Sala precisa que, tal y como lo certifica la subdirección del
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial la contratación de sus
servicios profesionales se realizaba ante la carencia de personal de planta que
atendiera los diferentes grupos de formación y la oferta educativa; además, por su
perfil profesional, tal como quedó establecido en el acápite anterior.

50. De la valoración en conjunto de los testimonios también se advierte que los
horarios de los cursos de formación y la programación eran asignados por el
coordinador académico; que cada programa de formación tenía unos contenidos
preestablecidos por la institución y diseños curriculares específicos para cada área
exigibles a todos los instructores independientemente del tipo de vinculación; que la
coordinación académica era la encargada de dar al instructor la programación y los
horarios, la cual se desarrollaba en las instalaciones del Sena y con sus elementos
o herramientas tales como los balones; que debía participar de los comités, por
ejemplo, de desarrollo curricular o de evaluación, y a reuniones a las que se le
convocara. En general, que para la ejecución de las obligaciones pactadas y para
impartir formación se debían seguir los principios o lineamientos fijados por la
institución.

51. En este punto, resulta necesario precisar que contrario a lo señalado por el a quo
y por la entidad, los testigos sí resultan idóneos y útiles para describir las
condiciones en las que se desarrolló la relación contractual que tuvo el Sena con la
demandante, pues lo cierto es que Daniela Flórez Granados fue su compañera de
trabajo entre los años 2014 y 2015 y Luis Norberto Velásquez Arenas se vinculó al
Sena aproximadamente en el año 1993 (pues dijo que era instructor de la entidad
desde hacía 26 años) y fue supervisor de algunos de los contratos de aquella.
Asimismo, sus manifestaciones permitieron establecer las condiciones de tiempo,
modo y lugar en que se desarrolló la labor; y además, tal y como se expondrá más
adelante, sus afirmaciones encuentran respaldo en los demás elementos de prueba
aportados.

52. Además, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, debía
cumplir con funciones como dar formación a los aprendices, asesorarlos, darles

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inducción, evaluarlos y subir los juicios evaluativos. Así pues, las manifestaciones
realizadas en la audiencia de pruebas dejan ver que la actividad desplegada por
Luz Mary Vargas López se realizó de conformidad con las orientaciones emanadas
del centro educativo, y no bajo su propia dirección y gobierno.

53. Esto se advierte luego de analizadas las funciones realizadas por la demandante,
en las que se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las
reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una
relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad
demandada de emplear de modo permanente y continuo los servicios la
demandante como instructora, pues la labor se desarrolló por espacio de 4 años.

54. Lo expuesto se funda en que Luz Mary Vargas López se comprometió, entre
otras, a lo siguiente:

«Ejecutar en los ambientes de aprendizaje, las actividades de enseñanza - aprendizaje
• evaluación, de conformidad con los módulos de formación y el calendario
institucional y el Manual de Procedimientos para la ejecución de acciones de
Formación Profesional. 3. Seleccionar estrategias de enseñanza - aprendizaje -
evaluación según el programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico
adoptado. Incorporar estrategias didácticas activas en las actividades formuladas en las
guías de aprendizaje. 4. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades
detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y
programas curriculares vigentes. 5. Reportar información académica y administrativa
según las responsabilidades institucionales asignadas. 6. Evaluar la formación de
los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con el Manual de Evaluación
vigente. 7. Utilizar las TIC, en la planificación, orientación y seguimiento al proceso de
formación. 8. Vigilar el proceso de integración con las instituciones educativas asignadas
conforme a las exigencias del Proceso 9. Desarrollar acciones de certificación y auditoria
de competencias Laborales conforme a los procedimientos establecidos por la
institución»45.

«Participar activamente, impulsar, acompañar y estimular a los aprendices en los
procesos de formulación, elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos
formativos. 4) Conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios, por
programa o conjunto de programas, por redes tecnológicas, para garantizar integralidad
en la formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el
diseño de talleres e ítems que alimentarán los bancos de pruebas para la selección de
aprendices, para transformar los conocimientos de los aprendices desde el aprendizaje
significativo, en competencias posibles de ser puestas en práctica en el desempeño
personal, social y laboral. 5) Emitir juicios evaluativos de las competencias orientadas al
cumplimiento del procedimiento de la ejecución de la formación Profesional Integral. 6)
Efectuar y demostrar el oportuno y correcto registro de aprendices, evaluaciones y
demás novedades de los aprendices y programas de formación bajo su responsabilidad,
en los aplicativos con los que cuenta el SENA para tal fin, así como diligenciar y

45 Contrato 96 de 2012

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presentar oportuna y correctamente los formatos del Sistema Integrado de Gestión
de Calidad, de acuerdo con las disposiciones normativas y directrices internas
que regulen estos aspectos. Esta obligación será requisito para el pago. 7) Formular y
diseñar las estrategias y técnicas didácticas y solicitar los recursos, medios y ambientes
de aprendizaje para la ejecución de programas de formación profesional de acuerdo
con los lineamientos institucionales vigentes, las características del programa y
la población objetivo. 8) Participar de los equipos de Desarrollo Curricular para
diseñar y/o implementar los proyectos formativos planteados en el desarrollo curricular,
para transformar los conocimientos de los aprendices desde el aprendizaje significativo,
en competencias posibles de ser puestas en práctica en el desempeño personal, social
y laboral. 9) Participar en los equipos técnicos de diseño curricular cuando así lo
requiera el Centro de Formación y/o las Redes de Conocimiento. (…) 11) El
Coordinador Académico del Centro podrá designarlo como gestor de proyectos
formativos, para apoyar la programación y seguimiento de la formación de acuerdo con
la red que pertenezca, que garanticen la integralidad en la ejecución del proceso de
formación. (…). 17) Cumplir las obligaciones contractuales en todas las
instalaciones físicas donde el SENA imparta la formación o preste sus servicios.
18) Desplazarse a otros municipios, dentro y fuera de la jurisdicción de la Regional
Risaralda, cuando por la necesidad de la prestación del servicio y en cumplimiento
del objeto contractual se requiera, en cuyo caso el SENA podrá autorizar mediante
acto administrativo el pago de gastos de viaje o de transporte, exceptuando del presente
pago los municipios del área metropolitana y el área urbana del municipio de Santa Rosa
de Cabal, por existir transporte urbano. (…) 20) Como instructor contratista se
compromete a aplicar durante el periodo del contrato, al proceso de certificación de
competencias según normas de competencias que aplican en la función instructor, así
como a los procesos, que el SENA adelante para certificar habilidades pedagógicas, de
los instructores de contrato. 21) Se compromete que durante la ejecución del contrato
deberá capacitarse en el idioma inglés y aplicar a la certificación como mínimo al nivel
A2»46 [se resalta].

55. Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que no realizó sus labores en
forma autónoma e independiente, pues estas tienen relación de correspondencia
con el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador, en la medida en
que debía seguir las directrices de la entidad, ya fuera las contenidas en los
reglamentos y manuales vigentes o las instrucciones entregadas por sus superiores
[coordinador académico], según lo prestablecido en los módulos de formación y el
calendario institucional. Además, debía participar en el desarrollo de actividades
como el diseño curricular según lo requiriera el centro de formación y cumplir con
las obligaciones en todas las instalaciones físicas donde el Sena impartiera
formación, incluso desplazarse a otros municipios, dentro y fuera de la jurisdicción
de la Regional Risaralda, por la necesidad de la prestación del servicio, lo que
denota el ejercicio del ius variandi de la institución para variar de acuerdo con las
necesidades de la entidad las tareas que se derivaban del objeto contractual y que
habían sido asignadas en él, y el lugar de la prestación del servicio pues, así se
pactó en cada uno de los contratos, lo que deja ver que la actividad desplegada por
Luz Mary Vargas López se realizó de conformidad con las orientaciones emanadas

46 Contrato 342 de 2015

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del centro educativo, y no bajo su propia dirección y gobierno.

56. Asimismo, la institución en el Oficio 66-2-2019-009567 del 20 de noviembre de
2019 reconoció que la dependencia que fijaba los horarios de clase era la
Subdirección de Centro, de conformidad con la planeación anual de los programas
de formación ofrecidos en cada vigencia fiscal.

57. Por todo lo anterior, resulta evidente que el empleador impuso las condiciones
de tiempo, modo y lugar, en el entendido de que permitió el cumplimiento de la
misión encomendada al Sena, pues es claro que a través de las actividades
contratadas aportó al desarrollo de las funciones atribuidas a dicha institución.

58. Al respecto, se advierte que la misión del Sena es la de «intervenir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país»47,
función que cumple en desarrollo de su actividad y que guarda similitud con las
labores desempeñadas por la demandante, es decir, esta ejecutó tareas que
permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad, como instructora, pues la
función formadora es de carácter permanente.

59. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
instructor o formador al servicio del Sena, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual,
puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

60. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»48.

61. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este

47 Ley 119 de 1994, artículo 2.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

respecto le asista ningún tipo de independencia»49.

62. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del Sena, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de un esquema formativo, la sujeción a directrices del coordinador
académico de las que se resalta el ejercicio del ius variandi al establecerle
responsabilidades particulares en cuanto a los programas de formación de acuerdo
con las necesidades del servicio, la evaluación de los aprendices, y la ejecución de
actividades curriculares, lo que demuestra que la entidad, en su calidad de
empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de la demandante y
lo que denota la existencia de una indiscutible subordinación.

63. Ahora bien, la Sala echa de menos que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio
formativo, por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las
obligaciones para las cuales fue contratado la demandante no justifica la ausencia
de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad por espacio de 4 años.

64. Asimismo, la circunstancia de que, consciente y libremente, la demandante haya
aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el contrato
de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la expuesta
pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para que el
trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»50, tal y
como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

65. Es incuestionable entonces, el hecho de que la ejecución del objeto convenido
no se realizó de forma autónoma e independiente como corresponde a una relación
de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató
de una en la que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos fijados por
los jefes de área, lo que la asimila a una de carácter laboral, en la que se asignaron
responsabilidades indispensables en el funcionamiento de la entidad.

66. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 26 de enero de 2012 y el 10 de diciembre de 2015, afirmación que se desprende
de los testimonios, de los contratos de prestación de servicios, las certificaciones y

49 Ibidem.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

las demás pruebas documentales analizadas.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

67. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

68. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación
en sentencia de unificación dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

69. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

70. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales». [Se resalta].

71. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»51.

72. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada
el 12 de abril de 2018, se establece que tal y como se observa del cuadro visible
en el párrafo 40.2 existió interrupción entre los lapsos de ejecución de los contratos
suscritos con el Sena, específicamente entre la liquidación del contrato 230 de 2014
y el inicio del contrato 342 de 2015 en el que transcurrieron 79 días hábiles, y si bien
cumplió con la exigencia de presentar la reclamación administrativa dentro de los 3
años siguientes a la terminación de la relación contractual [que culminó el 10 de
diciembre de 2015], resulta necesario evaluar si esa interrupción, tiene la entidad
suficiente para considerar que hubo solución de continuidad y, en consecuencia, si
operó el fenómeno de la prescripción.

51 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

73. Sobre el particular, se advierte que Luz Mary Vargas López suscribió el contrato
230 del 16 de enero de 2014, el cual tenía un plazo de ejecución inicial del 13 de
diciembre de 2014; no obstante, como consecuencia de la licencia de maternidad
que tuvo en esa época, por mutuo acuerdo resolvieron dar por terminado el contrato
el 29 de septiembre de ese año. En el acta de liquidación se indicó que aquella sería
«la primera opción para nuevamente contratarla en la vigencia 2015».

74. Esta situación se enmarca dentro de aquellas en las que la jurisprudencia ha
señalado que se justifica la ruptura del vínculo que se reputa laboral y que permiten
la flexibilización del lapso señalado a efectos de concluir que hubo solución de
continuidad en la relación contractual. Esto es así pues i) la terminación por mutuo
acuerdo se dio como consecuencia de la licencia de maternidad en la que se
encontraba la demandante; y ii) la entidad se comprometió en tenerla como una
primera opción para la contratación en el año 2015, lo que en efecto ocurrió, pues
a continuación celebró el contrato 342 del 24 de enero de 2015.

75. Y es que esta corporación no puede desconocer que esta decisión se está
otorgando vigencia al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, que
materializa a su vez el derecho al trabajo, lo que impone proteger todas aquellas
situaciones que se presenten en una relación laboral, como lo es la situación de la
maternidad. De forma que comoquiera que en esta oportunidad se reconoció que la
vinculación contractual encubrió una verdadera relación laboral, mal podría
desconocerse tal circunstancia para encontrar acreditado un fenómeno procesal
que extingue el derecho, sin abordarse las particularidades que dieron lugar a la
ruptura contractual.

76. De acuerdo con lo anterior, se concluye que no operó el fenómeno de la
prescripción extintiva del derecho.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

77. Con base en todo lo anterior, se establece que Luz Mary Vargas López tiene
derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones
legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, en el periodo
comprendido entre el 26 de enero de 2012 y el 10 de diciembre de 2015, salvo sus
interrupciones, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse en
consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó.

78. Porsu parte, el Sena deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de Luz Mary Vargas López, que corresponde a los salarios de un

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

empleado de planta que desarrollara funciones de instructor por todos los
periodos laborados, por su carácter de imprescriptibles52 [esto es entre el 26 de
enero de 2012 y el 10 de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones. En las
interrupciones no se tendrá en consideración aquella que se dio en estado de
licencia de maternidad], para lo cual deberá cotizar al respectivo fondo pensional en
el porcentaje que le correspondía como empleador. Para estos efectos, la
demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema
durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse
realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar
el porcentaje que le correspondía como empleado.

79. Como puede apreciarse, las consideraciones expuestas en esta decisión se
fundamentan en el principio de «a trabajo igual salario igual», que se deriva del artículo
7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales53 frente al
cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los trabajadores
en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad y
calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin
desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis
distintas54.

80. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Luz Mary Vargas López debía ser remunerada de
conformidad con lo devengado por un instructor de planta, en la medida en que
realizaba iguales funciones a las suyas.

81. En este punto, es necesario referirse a los argumentos del demandante, según
el cual, en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, el Consejo de Estado
señaló que para el cálculo de las prestaciones sociales, se toman los valores

52 Sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, expediente con radicación
23001233300020130026001 (0088-2015).
53 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
54 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

pactados en los contratos de prestación de servicio, y que este caso la
remuneración de los docentes de planta varía según el grado al que pertenezca, de
conformidad con el Decreto 1424 de 1998 «Por el cual se establece el sistema salarial
de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»;
el cual depende de una evaluación de factores de experiencia, educación y
capacitación.

82. Al respecto, esta Sala resalta que tal y como se expuso en la sentencia del 4 de
febrero de 201655, los honorarios son el criterio imperante únicamente cuando el
cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en
razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios. Esto señaló en aquella oportunidad:

«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.

No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta56, o cuando los honorarios pactados
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas57.

En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.

55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado

81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
56 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
57Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,
Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en
razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios».

58
83. Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 , la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica
remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén59», esto fue así, se
insiste, por la imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.

84. Sin embargo, siempre que se acredite la existencia del cargo en la planta de
personal, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral reconocida
deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales empleados,
pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo de igual
valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales60 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la
remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas61.

58 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
59 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,

artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
60 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos».
61 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
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85. Esto último resulta necesario advertirlo a efectos de precisar que aun cuando el
Decreto 1424 de 1998 señala una escala de asignación básica que comprende
diferentes grados del empleo de instructor [del 01 al 20], esta norma también
establece unos criterios objetivos que permiten ubicar al servidor en uno de los
distintos grados. Al efecto, el artículo 6 alude a unos factores a evaluar que
comprende: experiencia, desempeño, producción técnico-pedagógica, educación y
capacitación técnica y pedagógica. A continuación, la norma desarrolla cada uno de
los criterios y establece la forma de otorgar puntos por cada uno de los ítems;
finalmente indica la manera de determinar el grado de remuneración de acuerdo
con los puntos obtenidos en cada uno de los factores evaluables.

86. De manera tal que, el Sena cuenta con criterios objetivos para determinar el
grado de remuneración del instructor a partir del estudio de su hoja de vida, de forma
que no existe impedimento alguno para que el restablecimiento del derecho se
realice con base en los salarios de un empleado de planta.

87. Ahora bien, es importante aclarar que frente al reconocimiento de las
prestaciones que deberán ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior
providencia62 que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades
que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un
contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado
público», lo que no impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud
del aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

88. En consideración a esto, a Luz Mary Vargas López le asiste el derecho al
reconocimiento de las prestaciones de carácter legal que devengara un instructor
de la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales
como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

89. Por tal razón, la entidad deberá calcular las prestaciones de orden legal, para lo
cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta, en el periodo
reconocido y frente al cual no operó la prescripción.

90. Si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que por el
reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales»63; esta Sala modificó su postura para señalar que en
estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por los

62 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
63 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Demandante: Luz Mary Vargas López

empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas64.

91. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales65, en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
condiciones laborales.

92. En efecto situaciones como las descritas en el sub judice plantean un dilema que
debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite
vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que los de
los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe existir
proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una lógica
consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»66.

93. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones iguales a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominada honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.

94. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido en esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las diferencias
surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.

95. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en

64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de enero de 2024,
radicados 81001-23-39-000-2017-00008-01 (1824-2022) y 85001-23-33-000-2019-00168-01 (3781-
2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
65 Artículo 53 de la Constitución Política.
66 Sentencia T-102 de 1995.

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Demandante: Luz Mary Vargas López

forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.

96. Así las cosas, no reconocer el reajuste salarial constituye no solo una violación a
la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino también a los
tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor del artículo 93
de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.

97. De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió aquella por concepto de honorarios y lo
percibido por un instructor del Sena que cumplía las funciones en igualdad de
condiciones de dicho cargo de la entidad.

98. Ahora bien, es improcedente el reintegro de las sumas que Luz Mary Vargas
López pagó por concepto de aportes para la Seguridad Social en Pensión y Salud,
toda vez que, tal como lo ha venido señalado esta corporación, a pesar de que se
haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente, en función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de
obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto, independientemente
de que se haya prestado o no el servicio, no constituyen un crédito a favor del
interesado, pues su finalidad es garantizar la prestación de los servicios sanitarios
para los dos regímenes que integran el sistema, «lo que excluye la posibilidad de
titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer»67. Al respecto, en sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 se dijo lo siguiente68:

«165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha contribución,
en tanto está obligado por la ley a efectuarla,69 no es procedente ordenar su devolución,
aunque se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta. Además,
reembolsar estos aportes implicaría contradecir al legislador, cuya voluntad, como se
expuso, buscaba que su recaudo fuera directamente a las administradoras de servicios
de salud, por tratarse, se itera, de contribuciones de pago obligatorio con una destinación
específica y con carácter parafiscal.

166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de precisar

67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2016,

radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de

2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
69 Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto

1273 de 2018 « Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del
Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en
relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los
trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de
2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo»

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Demandante: Luz Mary Vargas López

que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias de salud y
riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente el reembolso de
los aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos
aportes obligatorios de naturaleza parafiscal». [Resaltado del texto original].

99. Para finalizar, la demandante solicitó el pago de 6 meses de salario por el despido
en condición de embarazo con fundamento en la Ley 361 de 1997 «[p]or la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan
otras disposiciones» supuesto en el que no se encuentra Luz Mary Vargas López. No
obstante, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, sería del caso analizar el
presente asunto a la luz del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo que
dispone que ninguna mujer embarazada o en período de lactancia puede ser
despedida sin que el Ministerio de Trabajo lo autorice previamente y solo si hay una
causa justificada. Igualmente, que, si una trabajadora es despedida durante el
embarazo o hasta 18 semanas después del parto, se presume que fue despedida
por esa razón, a menos que se demuestre lo contrario, y de no ser así, el empleador
debe pagarle una indemnización adicional equivalente a 60 días de salario, además
de las demás indemnizaciones o prestaciones que le correspondan por ley o por
contrato. Lo anterior, de no ser porque la disposición opera para los trabajadores
particulares.

100. No obstante, en el caso particular, se encuentra acreditado que el Sena conocía
del estado de embarazo de la demandante como se desprende del acta de
liquidación por mutuo acuerdo del contrato 230 de 2014 en la que se manifestó que
«[l]a contratista presentó incapacidad de maternidad No.87464145 expedida por EPS
SALUDTOTAL, con fecha de inicio de Septiembre 29 de 2014 hasta Enero 4 de 2015, por
un total de 98 días calendario, de los cuales quedan pendientes por ejecutar del contrato
un total de setenta y tres días (73) no ejecutados de la presente vigencia 2014, razón por
la cual se procederá a su liquidación, a fin de liberar en el presupuesto el saldo del contrato
no ejecutado, que como se dijo antes es de 73 días, previa deducción de los valores con
destino al pago de la seguridad social, de conformidad con el punto siguiente».

101. Antes del embarazo y el parto, la demandante había suscrito varios contratos
de prestación de servicio con la entidad demandada y se encontraba ejecutando el
contrato 230 de 2014 cuyo objeto era «la prestación de servicios personales de carácter
temporal para atender procesos de formación en las diferentes modalidades y programas
que se oferten en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional
Risaralda durante [las diferentes vigencias] en el área de Cultura física» y el cual
terminaba el 13 de diciembre de 2014, sin embargo, con ocasión a la orden de inicio
de incapacidad por licencia de maternidad el 29 de septiembre de ese año se dio
por terminado. Sin embargo, como se advierte fue nuevamente contratada para
cumplir igual objeto contractual a través del contrato 342 de 2015 con lo cual está
claro que dicho objeto no desapareció y que se dio por terminado el contrato 230 de

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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

2013 con ocasión del embarazo.

102. Ahora bien, el artículo 43 de la Constitución Política establece la protección
especial a la mujer durante el embarazo y después del parto, independientemente
de si tiene una relación laboral, tanto es así, que previó un deber prestacional que
consiste en otorgar un subsidio cuando esté desempleada. Tampoco puede
olvidarse que la licencia de maternidad tiene como finalidad el descanso y
recuperación de la madre y la atención del recién nacido, lo que implica considerar
que esta se constituye como un derecho irrenunciable de la trabajadora, esto es que
no es procedente renunciar a sus beneficios.

103. Así, la liquidación por mutuo acuerdo del contrato 230 del 16 de enero de 2014
deviene ineficaz. En ese sentido, en materia de seguridad social y por virtud del
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formas, la entidad
demandada debe pagarle los salarios y prestaciones a título de restablecimiento del
derecho y no a título indemnizatorio, por lo que se descarta la indemnización
reclamada, la cual, como se señaló anteriormente aplicaría para los casos de
trabajadores particulares, sin que con ello se desproteja los derechos mínimos e
irrenunciables de la demandante.

104. Lo anterior es así pues el reconocimiento de la indemnización alude a la
situación de las trabajadoras del sector privado que como consecuencia de la
situación de maternidad son separadas de sus labores. En esta oportunidad, y como
consecuencia de esta decisión que declara la existencia de la relación laboral, la
situación alegada es diferente, se trata de una trabajadora del sector público,
vinculada al servicio y separada de sus funciones como consecuencia de su licencia
de maternidad. En este caso, el reconocimiento de la relación laboral implica un
restablecimiento del derecho que no puede ser otro que el reconocimiento de su
situación de trabajadora en estado de maternidad, lo que le permite acceder no a
una indemnización, sino a una licencia de maternidad, con todos los beneficios que
ello implica.

105. Esta corporación no desconoce la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia que ha señalado que en casos como el analizado, pero de
trabajadoras particulares no es necesario pedir autorización al Ministerio del
Trabajo, así como tampoco pueden ser beneficiarias de la estabilidad laboral
reforzada y luego pedir el reintegro70, conclusión que no es aceptada por la Corte
Constitucional al concluir que se trata de un derecho irrenunciable. Tal y como lo
señaló en sentencia T-279 de 2021:

70 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia SL1350-2021.

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Demandante: Luz Mary Vargas López

«(i) Protección laboral reforzada de la mujer gestante ante acuerdos que modifican
el contrato laboral

1. La facultad de modificar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo. En ejercicio de la
autonomía de la voluntad privada, los contratos de trabajo pueden ser modificados por
mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador71. En particular, el artículo 50 del CST
señala la posibilidad de que las partes revisen las condiciones generales del contrato
laboral si sobrevienen “imprevisibles y graves afectaciones de la normalidad
económica”72. Los acuerdos que modifiquen el contrato laboral son válidos y eficaces si
cumplen con los requisitos generales de existencia, validez y eficacia de los actos
jurídicos y, además, satisfacen ciertos requisitos específicos aplicables al contrato de
trabajo.

2. Requisitos generales de existencia y validez de acuerdos de modificación del
contrato de trabajo. Las normas del Código Civil que regulan la existencia, validez y
eficacia de los actos jurídicos son aplicables a los acuerdos laborales en virtud de la
cláusula de remisión normativa prevista en el artículo 19 del CST. En particular, la Sala
de Casación Laboral ha sostenido que los artículos 1508, 1740, 1741 y 1746 del Código
Civil, los cuales establecen que los vicios del consentimiento son el “error, fuerza y
dolo”73 y prevén las consecuencias de la configuración de alguno de estos vicios -
inexistencia, ineficacia o nulidad- son aplicables a los acuerdos que modifican el contrato
laboral74. De igual forma, la Sala de Casación Laboral ha fijado criterios de interpretación
relevantes en casos en donde se discute la existencia de vicios en el consentimiento del
trabajador en un acuerdo laboral. De particular importancia para el caso sub examine,
ha sostenido que (i) la celebración del acuerdo en las “instalaciones del empleador”75 no
configura un vicio del consentimiento, (ii) el hecho de que el acta que contenga el
acuerdo haya sido “elaborada por el empleador” no vicia el consentimiento, debido a que
“la firma del trabajador es señal de aceptación del documento”76; y (iii) no existe un
derecho de retracto frente al acuerdo de voluntades válidamente celebrado77.

3. Requisitos específicos de existencia y validez de acuerdos que modifican el contrato
de trabajo. El contrato de trabajo genera una relación jurídica que está regulada por
normas de orden público. Esto implica que la autonomía de la voluntad privada tiene
restricciones especiales de carácter constitucional y legal que limitan la facultad de
modificar los contratos laborales por mutuo acuerdo78. Así, el artículo 53 de la

71 Código Civil, art. 1502.
72 Código Sustantivo del Trabajo, art. 50.
73 Sobre los vicios del consentimiento, en la Sentencia C-993 de 2006 la corte Constitucional explicó

lo siguiente: “la fuerza o violencia es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para
obtener su consentimiento, la cual infunde miedo o temor en la misma. El dolo es toda especie de
artificio para engañar a otro sujeto del negocio jurídico y que induce o provoca un error en él. El error,
por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre la representación mental del sujeto y la
realidad, es decir, en el conocimiento no verdadero o falso de la realidad. Se distingue de la
ignorancia, en cuanto ésta consiste en la ausencia de conocimiento”.
74 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL3827-2020 del 23 de septiembre de 2020.
75 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL6436 del 21 de mayo de 1991.
76 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación labora, sentencia SL6436-2015. M.P. Clara Cecilia

Dueñas Quevedo. En este caso se resolvió no casar la sentencia de segunda instancia con la cual
se absolvió a la accionada.
77 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia con radicación 18299 del 4 de julio de 2002.
78 Constitución Política, artículo 53.

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Demandante: Luz Mary Vargas López

Constitución Política prescribe que los contratos, acuerdos y convenios de trabajo “no
pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
Del mismo modo, establece que los “beneficios mínimos establecidos en normas
laborales” son irrenunciables y no pueden pactarse acuerdos que desconozcan el
catálogo de derechos irrenunciables para el trabajador79.

4. En concordancia con esta disposición constitucional, el artículo 13 del CST prevé
que la autonomía de la voluntad privada no puede desconocer “el mínimo de derechos
y garantías consagrados en favor de los trabajadores” y el pacto que desconozca dicho
mínimo “no produce efectos”80. De igual forma, el artículo 15 del CST dispone la invalidez
de los acuerdos que desconozcan los derechos “ciertos e indiscutibles”. Un derecho es
cierto “si está incorporado en el patrimonio del trabajador”81, es decir, cuando “operaron
los supuestos de hecho de la norma que consagra el derecho”82. De otro lado, es
indiscutible si existe certidumbre “alrededor de la caracterización del mismo, esto es, a
los extremos del derecho y a su quantum”83. La Sala de Casación Laboral ha indicado
que para que un derecho pueda ser catalogado de cierto e indiscutible es necesario que
exista “certeza sobre los supuestos de hecho de la disposición jurídica de la cual emana
el derecho reclamado”84.

5. Restricciones específicas aplicables en el caso de acuerdos que modifican contratos
laborales de trabajadoras gestantes o lactantes. Distintas Salas de Revisión de tutelas
de la Corte Constitucional85 han considerado que “la estabilidad laboral reforzada por
maternidad (…) se trata de un derecho cierto e indiscutible” y, por tanto, “de pactarse
una terminación de mutuo acuerdo” del contrato laboral, dicho pacto se “entenderá
ineficaz”86. Así mismo, han indicado que la licencia de maternidad es un derecho cierto
e indiscutible de la trabajadora87, por tanto, sería ineficaz un acuerdo de voluntades
que desconozca el derecho de la mujer gestante y lactante a su disfrute». [Se
resalta]

106. No obstante, ello se refiere a la aplicación del CST el cual, se insiste, no es
aplicable en el presente asunto, del que la garantía al derecho a la licencia de
maternidad deviene del reconocimiento de la relación laboral encubierta y del
reconocimiento de los salarios y prestaciones a que tenía derecho por el período de
la licencia, sin que pudiera considerarse eficaz el acta de liquidación del contrato.

107. Para la sala, es posible que la trabajadora renuncie o termine el contrato por
mutuo acuerdo; no obstante, para garantizar tal situación, se debe tener la certeza
de que la renuncia fue libre y voluntaria, y que con ello no se desconocieron

79 Código Sustantivo del Trabajo, artículo 14.
80 Código Sustantivo del Trabajo, artículo 13.
81 Corte Constitucional, sentencias T-320 de 2012, T-662 de 2012 y T-438 de 2020. Sobre el
concepto de derechos ciertos e indiscutible, véase, entre otras, las sentencias con radicado 29332
de 2007, 32051 de 2009 y 35157 de 2011, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
82 Ib.
83 Corte Constitucional, sentencia T-662 de 2012.
84 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral CSJ SL 14 dic. 2007, rad. 29332.
85 Corte Constitucional, sentencias T-184 de 2012, T-662 de 2012, T-395 de 2018 y T-438 de 2020.
86 Corte Constitucional, sentencia T-438 de 2020.
87 Corte Constitucional, sentencia T-503 de 2016.

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Demandante: Luz Mary Vargas López

derechos mínimos e irrenunciables. Maxime, porque con ello se impide la
discriminación que, con ocasión del embarazo, pueda sufrir la mujer,
específicamente la terminación o la no renovación del contrato por causa o con
ocasión de esa condición o de la lactancia, por el contrario, de la lectura del acta de
liquidación se deduce una decisión unilateral del Sena. Esto señala el acto aludido:

«QUINTA: Que la contratista presentó incapacidad de maternidad No. 87464145
expedida por SALUDTOTAL, con fecha de inicio de septiembre 29 de 2014 hasta enero
4 de 2015, por un total de 98 días calendario, de los cuales quedan pendientes por
ejecutar del contrato un total de setenta y tres días (73) no ejecutados de la presente
vigencia 2014, razón por la cual se procederá a su liquidación, a fin de liberar en el
presupuesto el saldo del contrato no ejecutado, que como se dijo antes es de 73 días,
previa deducción de los valores con destino al pago de la seguridad social, de
conformidad con el punto siguiente. SEXTA: Que el subdirector encargado del Centro,
teniendo en cuenta la incapacidad médica presentada por la contratista y dando
aplicación a lo contemplado en el principio de anualidad del presupuesto público
y en las directrices de la Dirección Jurídica del Sena, acuerda con la contratista
proceder a dar por terminado el contrato y proceder a su liquidación e igualmente en la
medida que exista la asignación presupuestal para contratar las labores o actividades
que hasta ahora realiza la contratista LUZ MARY VARGAS LÓPEZ, será la primera
opción par nuevamente contratarla en la vigencia 2015, con un mínimo de tiempo de al
menos tres (3) meses» [Se resalta]

108. De lo anterior se desprende que la decisión de dar por terminado el contrato
surgió de una decisión del subdirector del Centro ante la noticia presentada por la
contratista relativa a su situación de incapacidad y en consideración al tiempo de
ejecución faltante, lo que genera la duda sobre la decisión libre y espontánea de la
demandante de terminar esa relación contractual, la cual se afianza con la
afirmación que hace con la demanda, según la cual no era esa su intención y por la
que ahora reclama la indemnización, lo que hace ineficaz tal liquidación.

109. Sobre el particular, no puede desconocerse que la Corte Constitucional se
pronunció en las sentencias SU 070 de 2013 y SU 078 de 2018, sobre precedentes
jurisprudenciales en los que se analizó la situación de la maternidad y encontró
diferentes hipótesis que en aquellas decisiones sistematizó con el fin de brindar una
solución uniforme a cada uno de los casos. En particular y para lo que toca con el
caso en concreto señaló que «en el supuesto en que la trabajadora gestante o lactante
haya estado vinculada mediante un contrato de prestación de servicios y logre demostrarse
la existencia de un contrato realidad, la Sala ha dispuesto que se deberán aplicar las
reglas propuestas para los contratos a término fijo, en razón a que dentro las
característica del contrato de prestación de servicios, según lo ha entendido esta
Corporación, se encuentran que se trata de un contrato temporal, cuya duración es por un
tiempo limitado, que es además el indispensable para ejecutar el objeto contractual
convenido.88» [Se resalta]. Así pues, las hipótesis planteadas en aquella decisión

88
Ibíd. (Ver la sentencia T-1210 de 2008)

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Demandante: Luz Mary Vargas López

para los casos de las trabajadoras con contrato a término fijo son las siguientes:

«2. Hipótesis fácticas de la alternativa laboral de una mujer embarazada, desarrollada
mediante CONTRATO A TÉRMINO FIJO.

2.1 Cuando el empleador conoce en desarrollo de esta alternativa laboral el estado de
gestación de la empleada, se presentan dos situaciones:

2.1.1 Si la desvincula antes del vencimiento del contrato sin la previa calificación de una
justa causa por el inspector del trabajo: En este caso se debe aplicar la protección
derivada del fuero consistente en la ineficacia del despido y el consecuente reintegro,
junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir. Se trata de la protección
establecida legalmente en el artículo 239 del CST y obedece al supuesto de
protección contra la discriminación.89

2.1.2 Si la desvincula una vez vencido el contrato, alegando como una justa causa el
vencimiento del plazo pactado: En este caso el empleador debe acudir antes del
vencimiento del plazo pactado ante el inspector del trabajo para que determine si
subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. Si el empleador
acude ante el inspector del trabajo y este determina que subsisten las causas del
contrato, deberá extenderlo por lo menos durante el periodo del embarazo y los tres
meses posteriores. Si el inspector del trabajo determina que no subsisten las causas, se
podrá dar por terminado el contrato al vencimiento del plazo y deberán pagarse las
cotizaciones que garanticen el pago de la licencia de maternidad. Si no acude ante el
inspector del trabajo, el juez de tutela debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones
durante el periodo de gestación; y la renovación sólo sería procedente si se demuestra
que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen, lo cual se puede hacer
en sede de tutela. Para evitar que los empleadores desconozcan la regla de acudir al
inspector de trabajo se propone que si no se cumple este requisito el empleador sea
sancionado con pago de los 60 días previsto en el artículo 239 del C. S. T.»

110. En esta oportunidad, Luz Mary Vargas López continuó con la prestación del
servicio a través de la modalidad contractual que ahora se reconoce como laboral,
a partir del 26 de enero de 2015, por lo que la particular consideración de la Corte
Constitucional acerca del «reintegro», no tendría lugar a ordenarse, pues
materialmente la demandante se vinculó nuevamente con el Sena. En cambio sí, y
por las razones expuestas en esta decisión se concluyó la ineficacia de la
terminación temprana del contrato, lo que impone considerar el tiempo pactado en
aquel documento, como tiempo efectivamente laborado. Además, de entender que
una vez aquella ingresó en licencia de maternidad, podía disfrutar de esa
prerrogativa, con todos los beneficios que de ella se derivaban.

89
Esta hipótesis fáctica fue examinada en la sentencia T-021 de 2011 (Sala Novena de Revisión) y se ordenó:
reintegrar a la accionante al cargo que venía ocupando o a uno de igual o semejante jerarquía, afiliarla al Sistema
Integral de Seguridad Social en Salud; cancelar la indemnización de que trata el artículo 239 del Código
Sustantivo del Trabajo; y pagar la licencia de maternidad y los salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir desde el momento de su despido hasta la fecha en que se efectúe su reintegro.
También fue estudiada en la T-204 de 2010 (Sala Sexta de Revisión) y las órdenes fueron similares.

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Demandante: Luz Mary Vargas López

111. Por consiguiente, el Sena, además, deberá pagar los salarios y prestaciones
sociales por el periodo en el que Luz Mary Vargas López estuvo en licencia de
maternidad.

112. Ahora, no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad
de empleado público o «servidora» que alega la demandante, como consecuencia
de las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en
la Constitución y la ley. Por lo tanto, no se le puede otorgar dicha connotación.

113. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado
y la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta. Por tal razón, se
revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar acceder a las
pretensiones de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

2.4. Costas

114. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

115. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

116. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma90.

117. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes

90En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Luz Mary Vargas López

etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

118. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

119. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que existió una relación
laboral entre Luz Mary Vargas López y el Sena entre el 26 de enero de 2012 y el 10
de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones y, en consecuencia, tiene derecho
al reconocimiento de las prestaciones de orden legal a que haya lugar para lo cual
la entidad tomará como referente los salarios de un empleado de planta que
desarrollaba funciones de instructor en dicho periodo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda incoada por Luz Mary Vargas López contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 2-2018-001127 del 19 de abril de 2018,
por medio del cual el Sena le negó la existencia de una relación laboral y el
reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Luz Mary Vargas López
y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) durante el periodo comprendido entre
el 26 de enero de 2012 y el 10 de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones,
(sin considerar como interrupción la acaecida entre el 29 de septiembre y el 13 de
diciembre de 2014, como consecuencia de la ineficacia de la terminación del vínculo
contractual, según lo expuesto en esta decisión) tiempo que se tendrá en cuenta
para efectos pensionales.

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Demandante: Luz Mary Vargas López

Cuarto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a reconocer a Luz
Mary Vargas López las diferencias entre lo devengado por un empleado de planta
y lo percibido por concepto de honorarios, según las prestaciones sociales comunes
a su cargo, propias de los empleados públicos, por el periodo comprendido entre el
26 de enero de 2012 y el 10 de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones (sin
considerar como interrupción la acaecida entre el 29 de septiembre y el 13 de
diciembre de 2014, como consecuencia de la ineficacia de la terminación del vínculo
contractual, según lo expuesto en esta decisión) las cuales deberán liquidarse con
base en la asignación salarial del cargo de instructor, así como el pago del reajuste
salarial.

Quinto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a pagar los salarios
y prestaciones sociales a Luz Mary Vargas López por el periodo de la licencia de
maternidad como si hubiese seguido vinculada.

Sexto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que tome el ingreso
base de cotización o IBC del demandante, dentro de los períodos laborados por
prestación de servicios, esto es entre el 26 de enero de 2012 y el 10 de diciembre
de 2015, mes a mes, y efectúe los aportes para pensión solo en el porcentaje que
le correspondía como empleador, los cuales deberán liquidarse con base en la
asignación salarial del cargo de instructor.

Para estos efectos, Luz Mary Vargas López deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al sistema pensional durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de
que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la
carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.

Séptimo. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) hará la actualización sobre las
sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final)
del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC)
certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y
mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado,
a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Octavo. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Noveno. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

50

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00545-01(3588-2021)
Demandante: Luz Mary Vargas López

Décimo. No condenar en costas en esta instancia.

Undécimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

51

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