Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-01157-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-01157-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2015-01157-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
18 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: ANA CAMILA LONDOÑO RESTREPO Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO Y POLICÍA
NACIONAL
Tema: Masacre de Segovia - Daños causados por muerte de civiles,
lesiones y desplazamiento forzado - Caducidad del medio de
control de reparación directa en eventos de lesa humanidad –
aplicación sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de
la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
de la sentencia de unificación SU-429 de 2024 de la Corte
Constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 9 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que declaró probada la caducidad del medio de control y se inhibió para
resolver de fondo.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 11 de noviembre de 1988 hombres armados ingresaron al municipio de
Segovia, Antioquia, lanzando granadas y disparando contra la población de forma
indiscriminada. En esos hechos fallecieron Carlos Enrique Restrepo Pérez, Carlos
Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio Restrepo Cadavid, Henry Albeiro
Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez Pardo. También, en tales circunstancias
resultaron lesionados los señores María Emilse Restrepo Cadavid y Jairo Alonso
Gil. Igualmente, los demandantes señalan que, a partir de ese día, fueron víctimas
de desplazamiento forzado.
Los demandantes alegan que los referidos hechos victimizantes ocurrieron con la
colaboración y apoyo logístico del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, de
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Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
quienes señalan que también son responsables a título de falla en el servicio por
omisión, pues dichas autoridades tenían conocimiento de los hostigamientos y
persecuciones de que eran víctimas los pobladores de Segovia antes de los
hechos, pero no actuaron para protegerlos, con lo cual se causaron a los
demandantes perjuicios materiales e inmateriales.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 28 de mayo de 20151, miembros de los grupos familiares Restrepo Cadavid2,
Monsalve Castrillón3, Gil Hernández4, Barrientos Agudelo5, Ortiz Cano6, Arias
Rodríguez7 y López Amariles8, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la
acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, para que se les
1 Fl. 1 a 84, C.1.
2 Este grupo demandante está conformado por: Ana Rosa Cadavid de Restrepo, María Constanza
Restrepo Cadavid, José Humberto Correa Muñoz, Pablo Andrés Correa Restrepo, María Graciela
Restrepo Cadavid, Mónica Stelle Restrepo, Dannia Marcela Londoño Restrepo, Ana Camila
Londoño Restrepo, Luz Marina Restrepo Cadavid, Mabel del Socorro Restrepo Cadavid, María
Emilse Restrepo Cadavid, Arminda de Jesús Restrepo Cadavid, Francisco Javier Saravia, Adonais
del Socorro Restrepo, Juan Esteban Gómez Restrepo, Luis Fernando Calle Restrepo, Jhoseph
Calle, Tomás Calle Durango, María Patricia Restrepo, Karina Jenifer Restrepo, Valentina Naranjo
Restrepo, Valeria Naranjo Restrepo, Esperanza Noris Restrepo Cadavid, Julio Cesar Restrepo
Cadavid, Jean Carlos Restrepo Ríos, Adriana María Granda Pérez, Annie Sofía Agudelo Granda,
Wildman Andrés Silva Granda, Juliana María Granda Pérez, Wendy Viviana Granda Restrepo,
Santiago Salazar Granda, Matías Salazar Granda, Diana Catalina Machado Restrepo y Luciana
Valencia Machado.
3 Este grupo demandante está conformado por: Lilian Inés Monsalve Castrillón, Ingrid Paola
Sinisterra Alegría, Damara Cecilia Gómez Monsalve, Humberto Monsalve, María Belén Gómez
Suárez, Amantina Castrillón, Yulimar Soraya Herrera Monsalve, Donelia Estella Casas Castrillón,
Nodier Adriana Echavarría Castrillón, Yan Oswaldo Henao Echavarría, Javier Escalante Martínez,
Jairo Adolfo Castrillón, Ema Rosa Durango Durango, Álvaro de Jesús Carvajal, Marley Upequi
Monsalve, Deyler Upegui Monsalve, Edwin Alejandro Carvajal Monsalve, Llirley Carvajal Monsalve,
Mateo Muñoz Carvajal y Sor Inés Monsalve Castrillón.
4 Este grupo demandante está conformado por: Jairo Alonso Gil, Miryam del Socorro Hernández
Jiménez, Andrea Patricia Gil Hernández y Jenifer Maritza Gil Hernández.
5 Este grupo demandante está conformado por: Miguel Ángel Barrientos Marín, José Manuel
Barrientos Agudelo, Yony Alexander Barrientos Agudelo, Miguel Ángel Barrientos Agudelo, Danny
Andrés Barrientos Agudelo, Lino Abad Barrientos Agudelo y Dorian Esteban Barrientos Agudelo.
6 Este grupo demandante está conformado por: Gloria Mabel Ortiz Cano, Jael Cano de Ortiz,
Catalina Mabel Bedoya Ortiz, Luis Fernando Ortiz Cano y Ramón Antonio Bedoya.
7 Este grupo demandante está conformado por: Martha Ligia Arias Monsalve y Sharella Elidde
Rodríguez A.
8 Este grupo demandante está conformado por: Nohemy del Socorro Amariles, Jailth Marcela
Borda Amariles y José Orlado Mora López.
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Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
declarara patrimonialmente responsables por las muertes violentas de Carlos
Enrique Restrepo Pérez, Carlos Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio
Restrepo Cadavid, Walter de Jesús Restrepo Cadavid, Luz Adiela Restrepo
Cadavid, Wilmer Albeiro Restrepo, Henry Albeiro Castrillón y Jairo de Jesús
Rodríguez Pardo; las lesiones sufridas por María Emilse Restrepo Cadavid y Jairo
Alonso Gil y el desplazamiento forzado de los demandantes, debido a los hechos
ocurridos el 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia, Antioquia.
Como pretensiones de su demanda, los accionantes solicitaron lo siguiente:
Grupo familiar Restrepo Cadavid
a) Por el desplazamiento forzado:
Actor Perjuicios “perjuicios daños a bienes o Daño Lucro Daño a la
morales por derechos emergente cesante salud
alteración convencional y
de las constitucionalmente
condiciones amparados
de
existencia
y/o a la vida
de relación”
Ana Rosa 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $7’425.424 $605’753.887
Cadavid
de
Restrepo
María 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $11’000.000 $605’753.887
Constanza
Restrepo
Cadavid
José 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Humberto
Correa
Muñoz
Pablo 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Andrés
Correa
Restrepo
María 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Graciela
Restrepo
Cadavid
Mónica 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Stelle
Restrepo
Dannia 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Marcela
Londoño
Restrepo
Ana 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Camila
Londoño
Luz 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $11’000.000 $605’753.887
Marina
4
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Restrepo
Cadavid
Mabel del 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Socorro
Restrepo
Cadavid
María 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887 300SMLMV
Emilse
Restrepo
Cadavid
Arminda 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $6’000.000 $605’753.887
de Jesús
Restrepo
Cadavid
Francisco 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Javier
Saravia
Adonais 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
del
Socorro
Restrepo
Juan 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Esteban
Gómez
Restrepo
Luis 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Fernando
Calle
Restrepo
Jhoseph 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Calle
Tomás 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Calle
Durango
María 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Patricia
Restrepo
Karina 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Jenifer
Restrepo
Valentina 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Naranjo
Restrepo
Valeria 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Naranjo
Restrepo
Esperanza 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Noris
Restrepo
Cadavid
Julio 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Cesar
Restrepo
Cadavid
Jean 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Carlos
Restrepo
Ríos
Adriana 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
María
Granda
Pérez
Annie 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Sofía
Agudelo
Granda
Wildman 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
5
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Andrés
Silva
Granda
Juliana 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
María
Granda
Pérez
Wendy 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Viviana
Granda
Restrepo
Santiago 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Salazar
Granda
Matías 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Salazar
Granda
Diana 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Catalina
Machado
Restrepo
Luciana 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Valencia
Machado
b) Por las muertes violentas de Carlos Enrique Restrepo Pérez, Carlos
Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio Restrepo Cadavid, Walter de
Jesús Restrepo Cadavid, Luz Adiela Restrepo Cadavid y Wilmer Albeiro
Restrepo:
Actor Perjuicios morales “perjuicios por alteración de las
condiciones de existencia y/o a la
vida de relación”
Ana Rosa Cadavid de Restrepo 300SMLMV 200SMLMV
María Constanza Restrepo 300SMLMV 200SMLMV
Cadavid
José Humberto Correa Muñoz 50SMLMV 50SMLMV
Pablo Andrés Correa Restrepo 100SMLMV 100SMLMV
María Graciela Restrepo Cadavid 300SMLMV 200SMLMV
Mónica Stelle Restrepo 200SMLMV 200SMLMV
Dannia Marcela Londoño 100SMLMV 100SMLMV
Restrepo
Ana Camila Londoño Restrepo 100SMLMV 100SMLMV
Luz Marina Restrepo Cadavid 300SMLMV 200SMLMV
Mabel del Socorro Restrepo 300SMLMV 200SMLMV
Cadavid
María Emilse Restrepo Cadavid 300SMLMV 200SMLMV
Arminda de Jesús Restrepo 300SMLMV 200SMLMV
Cadavid
Francisco Javier Saravia 50SMLMV 50SMLMV
Adonais del Socorro Restrepo 50SMLMV 50SMLMV
Juan Esteban Gómez Restrepo 50SMLMV 50SMLMV
Luis Fernando Calle Restrepo 50SMLMV 50SMLMV
Jhoseph Calle 50SMLMV 50SMLMV
Tomás Calle Durango 50SMLMV 50SMLMV
María Patricia Restrepo 300SMLMV 200SMLMV
Karina Jenifer Restrepo 200SMLMV 200SMLMV
Valentina Naranjo Restrepo 100SMLMV 100SMLMV
Valeria Naranjo Restrepo 100SMLMV 100SMLMV
Esperanza Noris Restrepo 300SMLMV 200SMLMV
Cadavid
Julio Cesar Restrepo Cadavid 300SMLMV 200SMLMV
6
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Jean Carlos Restrepo Ríos 200SMLMV 200SMLMV
Adriana María Granda Pérez 50SMLMV 50SMLMV
Annie Sofía Agudelo Granda 50SMLMV 50SMLMV
Wildman Andrés Silva Granda 50SMLMV 50SMLMV
Juliana María Granda Pérez 50SMLMV 50SMLMV
Wendy Viviana Granda Restrepo 50SMLMV 50SMLMV
Santiago Salazar Granda 50SMLMV 50SMLMV
Matías Salazar Granda 50SMLMV 50SMLMV
Diana Catalina Machado Restrepo 100SMLMV 100SMLMV
Luciana Valencia Machado 100SMLMV 100SMLMV
Grupo familiar Monsalve Castrillón
a) Por el desplazamiento forzado:
Actor Perjuicios “perjuicios por daños a bienes o Lucro cesante
morales alteración de las derechos convencional
condiciones de y constitucionalmente
existencia y/o a la amparados
vida de relación”
Lilian Inés 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Monsalve
Castrillón
Ingrid Paola 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Sinisterra Alegría
Damara Cecilia 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Gómez Monsalve
Humberto 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Monsalve
María Belén 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Gómez Suárez
Amantina 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Castrillón
Yulimar Soraya 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Herrera Monsalve
Donelia Estella 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Casas Castrillón
Nodier Adriana 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Echavarría
Castrillón
Yan Oswaldo 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Henao Echavarría
Javier Escalante 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Martínez
Jairo Adolfo 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Castrillón
Ema Rosa 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Durango Durango
Álvaro de Jesús 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Carvajal
Marley Upequi 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Monsalve
Deyler Upegui 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Monsalve
Edwin Alejandro 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Carvajal
Monsalve
Llirley Carvajal 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Monsalve
Mateo Muñoz 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Carvajal
Sor Inés 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Monsalve
Castrillón
7
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
b) Por la muerte violenta de Henry Albeiro Castrillón:
Actor Perjuicios morales “perjuicios por alteración de las
condiciones de existencia y/o a la
vida de relación”
Lilian Inés Monsalve Castrillón 200SMLMV 100SMLMV
Ingrid Paola Sinisterra Alegría 200SMLMV 100SMLMV
Damara Cecilia Gómez Monsalve 200SMLMV 100SMLMV
Humberto Monsalve 200SMLMV 100SMLMV
María Belén Gómez Suárez 200SMLMV 100SMLMV
Amantina Castrillón 300SMLMV 200SMLMV
Yulimar Soraya Herrera Monsalve 200SMLMV 100SMLMV
Donelia Estella Casas Castrillón 200SMLMV 100SMLMV
Nodier Adriana Echavarría 200SMLMV 100SMLMV
Castrillón
Yan Oswaldo Henao Echavarría 200SMLMV 100SMLMV
Javier Escalante Martínez 200SMLMV 100SMLMV
Jairo Adolfo Castrillón 200SMLMV 100SMLMV
Ema Rosa Durango Durango 200SMLMV 100SMLMV
Álvaro de Jesús Carvajal 200SMLMV 100SMLMV
Marley Upequi Monsalve 200SMLMV 100SMLMV
Deyler Upegui Monsalve 200SMLMV 100SMLMV
Edwin Alejandro Carvajal 200SMLMV 100SMLMV
Monsalve
Llirley Carvajal Monsalve 200SMLMV 100SMLMV
Mateo Muñoz Carvajal 200SMLMV 100SMLMV
Sor Inés Monsalve Castrillón 200SMLMV 100SMLMV
Grupo familiar Ortiz Cano
a) Por el desplazamiento forzado:
Actor Perjuicios “perjuicios por daños a bienes o Lucro cesante Daño emergente
morales alteración de las derechos
condiciones de convencional y
existencia y/o a constitucionalmente
la vida de amparados
relación”
Gloria Mabel 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Ortiz Cano
Jael Cano de 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Ortiz
Catalina 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Mabel Bedoya
Ortiz
Luis Fernando 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887 $320’000.000
Ortiz Cano
Ramón 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Antonio
Bedoya
Grupo familiar Barrientos Agudelo
a) Por el desplazamiento forzado:
Actor Perjuicios “perjuicios por daños a bienes o Daño Lucro cesante
morales alteración de derechos emergente
las condiciones convencional y
de existencia constitucionalmente
y/o a la vida de amparados
relación”
Miguel Ángel 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $317’000.000 $605’753.887
8
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Barrientos
Marín
José Manuel 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Barrientos
Agudelo
Yony 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Alexander
Barrientos
Agudelo
Miguel Ángel 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Barrientos
Agudelo
Danny Andrés 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Barrientos
Agudelo
Lino Abad 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Barrientos
Agudelo
Dorian 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Esteban
Barrientos
Agudelo
Grupo familiar Gil Hernández
a) Por el desplazamiento forzado:
Actor Perjuicios “perjuicios daños a bienes o Daño Lucro Daño a la
morales por derechos emergente cesante salud
alteración convencional y
de las constitucionalmente
condiciones amparados
de
existencia
y/o a la vida
de relación”
Jairo 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $40’000.000 $605’753.887 300SMLMV
Alonso Gil
Miryam del 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Socorro
Hernández
Jiménez
Andrea 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Patricia Gil
Hernández
Jenifer 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Maritza Gil
Hernández
Grupo familiar Arias Rodríguez
a) Por el desplazamiento forzado:
Actor Perjuicios morales “perjuicios por daños a bienes o Lucro cesante
alteración de las derechos
condiciones de convencional y
existencia y/o a la constitucionalmente
vida de relación” amparados
Martha Ligia Arias 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Monsalve
Sharella Elidde 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Rodríguez A
9
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
b) Por la muerte violenta de Jairo de Jesús Rodríguez Pardo
Actor Perjuicios morales “perjuicios por alteración Lucro cesante
de las condiciones de
existencia y/o a la vida
de relación”
Martha Ligia Arias 300SMLMV 300SMLMV $213’201.104
Monsalve
Sharella Elidde 300SMLMV 300SMLMV
Rodríguez A
Grupo familiar López Amariles
a) Por el desplazamiento forzado
Actor Perjuicios morales “perjuicios por daños a bienes o Lucro cesante
alteración de las derechos
condiciones de convencional y
existencia y/o a la constitucionalmente
vida de relación” amparados
Nohemy del 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV $605’753.887
Socorro Amariles
Jailth Marcela 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Borda Amariles
José Orlado Mora 300SMLMV 300SMLMV 300SMLMV
Finalmente, como “pretensión simbólica y compensatoria”, los demandantes
solicitaron que se ordene a las entidades demandadas reconocer su falla
públicamente y pedir perdón a las víctimas a través de medios masivos de
comunicación.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 11 de noviembre
de 1988 hombres armados, miembros del Movimiento Muerte a Revolucionarios
del Nordeste M.R.N., ingresaron al municipio de Segovia, Antioquia, lanzando
granadas y disparando indiscriminadamente contra la población. Seguidamente se
dirigieron a las casas de quienes tenían referidos como simpatizantes de la Unión
Patriótica, entre ellos, los señores Carlos Enrique Restrepo Pérez, Carlos Enrique
Restrepo Cadavid y Gildardo Antonio Restrepo Cadavid y los asesinaron.
Igualmente, sostiene que mientras los grupos ilegales se desplazaban por las
calles de Segovia, causaron la muerte a Henry Albeiro Castrillón, al menor de 10
años Francisco William Gómez Monsalve, a Olga del Socorro Agudelo y a Jairo de
Jesús Rodríguez Pardo.
10
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Relata, que en los hechos del 11 de noviembre de 1988, mientras se encontraba
en su casa, la señora María Emilse Restrepo Cadavid sufrió múltiples lesiones por
disparo con armas de fuego, lo cual le ocasionó perturbación funcional y fue
diagnosticada con “fractura abierta 2°, 3° y 4° metatarsianos pie derecho y
amputación 2° dedo pie izquierdo”.
Ese mismo día, cuando se encontraba en la puerta de la charcutería “La
Bombonera” del municipio de Segovia, el señor Jairo Alonso Gil recibió varios
impactos de bala que le ocasionaron una discapacidad para movilizarse.
Manifiesta que, desde esa misma fecha, los pobladores del municipio de Segovia
fueron declarados objetivos militares y que la masacre ocurrida sumado a las
amenazas contra sus vidas motivó el desplazamiento forzado de todos los grupos
familiares demandantes, sin que hasta la fecha hayan podido retornar a ese
Municipio.
Afirma que, el 19 de octubre de 1991, en hechos ocurridos en Medellín y
atribuidos a grupos al margen de la ley, Walter de Jesús Restrepo Cadavid fue
asesinado.
Aduce que el 9 de diciembre de 1996, Wilmer Albeiro Restrepo, fue asesinado en
hechos atribuibles al “bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas”, la cual se
encuentra ligada a los hechos del 11 de noviembre de 1988 ocurridos en el
municipio de Segovia, como consecuencia de las constantes amenazas que
recibía la familia Restrepo Cadavid.
Indica que, el 26 de mayo de 2004, Luz Adiela Restrepo Cadavid falleció, debido
al trauma sicológico que sufrió por presenciar la muerte violenta de su padre y
hermano.
Los demandantes consideran que los referidos hechos victimizantes ocurrieron
con la colaboración y apoyo logístico del Ejército y la Policía Nacional, las que
también son responsables a título de falla en el servicio por omisión, pues dichas
autoridades tenían conocimiento de los hostigamientos y persecuciones de que
11
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
eran víctimas los pobladores de Segovia antes de los hechos, pero no actuaron
para protegerlos, con lo cual se causaron a los demandantes perjuicios materiales
e inmateriales.
2. Contestación
El 1 de julio de 20159 el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y
ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.
2.1. La Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional10 se opuso a la totalidad
de las pretensiones. Como excepciones formuló la de “cosa juzgada internacional”
respecto de las muertes violentas de Carlos Enrique Restrepo Pérez, Carlos
Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio Restrepo Cadavid y Henry Albeiro
Castrillón y los lesionados por María Emilse Restrepo Cadavid y Jairo Alonso Gil,
por quienes los demandantes ya fueron sujetos de reparación en virtud del
acuerdo de solución amistosa celebrado el 24 de julio de 2015 ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos CIDH entre el Estado colombiano y las
víctimas de la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988. Igualmente
propuso las excepciones de “caducidad del medio de control”, “el Ejército Nacional
no es la entidad competente para brindar protección a la comunidad desplazada”,
“para muchos demandantes ya cesó el desplazamiento y ya fueron indemnizados
administrativamente”, “tasación excesiva de perjuicios”, y “descuento de lo pagado
a los actores por Acción Social”.
2.2. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional11 señaló que no era
responsable de los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988 durante la
denominada “masacre de Segovia”, pues esta fue perpetrada por terceros.
Formuló las excepciones de “caducidad”, “ausencia de responsabilidad”, “hecho
de un tercero” e “inexistencia de los perjuicios”.
9 Fl. 2238 y 2239, C.4.
10 Fl. 2251 a 2287, C.4.
11 Fl. 2326 a 2340, C.4.
12
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
3. Audiencia inicial
El 14 de abril de 201612 el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó la audiencia
inicial, en la que declaró saneado el proceso. A continuación, resolvió las
excepciones de cosa juzgada internacional y caducidad. Respecto de la primera,
el a quo señaló que no se allegó al expediente el documento formal del cual se
pretendía derivar la cosa juzgada ni la petición que en su momento se interpuso,
para poder determinar si quedaron resueltas todas las pretensiones propuestas y
las personas que las presentaron, como tampoco prueba de reconocimiento o
pago alguno de las demandadas a los actores por los hechos demandados. En
cuanto a la segunda, consideró que el desplazamiento forzado era un delito de
lesa humanidad que no tenía término de caducidad, pues no se conocía que los
demandantes hubieran regresado al lugar de origen, que tuvieron la posibilidad de
retornar o que se hayan superado las causas del desplazamiento.
Seguidamente, el a quo decretó pruebas y fijó el objeto del litigio. Frente a este
último punto, señaló lo siguiente: “Pretensiones. Como pretensiones generales se
solicita que el Estado es responsable por acción u omisión de los perjuicios
morales y materiales sufridos por los demandantes por los hechos ocurridos el 11
de noviembre de 1988 en Segovia, Antioquia, hechos denominados la Masacre de
Segovia y que se indemnice en los términos consagrados en la demanda y se
condene en costas. Hechos de la demanda. Que el 11 de noviembre de 1988, en
el municipio de Segovia, se cometieron delitos de desplazamiento forzado y
muerte a los demandantes y sus familiares por parte del Ejército y la Policía
Nacional. Que ese día llegaron paramilitares a disparar contra los habitantes del
Municipio con anuencia del Ejército y la Policía. Contestación de demanda.
Consideran los demandados que los hechos deben probarse en su totalidad y que
los delitos fueron cometidos por terceras personas y que, en gracia de discusión,
en caso de tenerse por ciertos los hechos, se tenga en cuenta que la Nación ha
efectuado actos de exculpación de los perjudicados”.
12 Fl. 2390 a 2401, C.4.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
En la audiencia del 12 de octubre de 201613, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto,
respectivamente.
4.1. El extremo activo14, el Ejército Nacional15 y la Policía Nacional16 reiteraron lo
expuesto en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.
4.2. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 9 de noviembre de 202017 el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró probada la caducidad del medio de control y se inhibió para
resolver de fondo, al constatar que la demanda se presentó luego de superado el
término legal para accionar.
Al efecto, en la sentencia manifestó: “[…] que para la misma fecha en que se
produjo el fallecimiento de los señores Carlos Enrique Restrepo Pérez, Carlos
Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio Restrepo Cadavid, Walter de Jesús
Restrepo Cadavid, Henry Albeiro Castrillón, Olga del Socorro Agudelo, Jairo de
Jesús Rodríguez Pardo, Wilmer Albeiro Restrepo, Luz Adiela Restrepo Cadavid y
del menor Francisco William Gómez Monsalve; que fueron lesionados la señora
María Emilse Restrepo Cadavid y el señor Jairo Alonso Gil y que los demandantes
fueron desplazados, ya se tenía conocimiento de que el Estado podría estar
involucrado en esos hechos ya fuera por acción o por omisión y que era
susceptible de ser demandado en ejercicio de la acción de reparación directa,
además de que en la demanda no se indica ninguna circunstancia especial para
que los hoy demandantes no hubieran ejercido la acción judicial en aquella
13 Fl. 2891 y 2892, C.5.
14 Fl. 2896 a 2980, C.5.
15 Fl. 2893 a 2895, C.5.
16 Fl. 2981 a 2985, C.5.
17 Fl. 3082 a 3097, Cuaderno Consejo de Estado.
14
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oportunidad. […] la Sala advierte que, en este caso, los integrantes de la parte
actora, en uso del medio de control de reparación directa, elevaron tardíamente
sus pretensiones en relación con los hechos acaecidos en el municipio de Segovia
el 11 de noviembre de 1988 y los que de ese suceso se desprendieron
posteriormente, o en otros términos, formularon sus peticiones cuando su derecho
de acción ya se encontraba caducado. Así pues, al haberse presentado la solicitud
de conciliación prejudicial el 19 de diciembre de 2014 -folios 147 y siguientes – e
interpuesto la demanda el 28 de mayo de 2015 -folio 84 del expediente -, es claro
que la misma se presentó más que vencidos los 2 años con que se contaba para
haber presentado la demanda dentro de la oportunidad legal”.
6. Recurso de apelación
El 23 de noviembre de 202018 la parte actora interpuso recursos de apelación, los
cuales fueron concedidos el 1 de diciembre de 202019 y el 11 de marzo de 202120 y
admitidos el 25 de junio de 202121.
6.1. La parte actora conformada por las familias Restrepo Cadavid, Monsalve
Castrillón, Ortiz Cano y Barrientos Agudelo22 solicitó que se revocara la sentencia
de primera instancia, con fundamento en que el a quo: i) en la audiencia inicial ya
había declarado no probada la excepción de caducidad; ii) aplicó la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en forma retroactiva y vulnerando los derechos fundamentales de los actores de
acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la
confianza legítima, a la restitución y al restablecimiento y garantía de los derechos
de las familias demandantes y; iii) se demostraron los elementos constitutivos de
la responsabilidad de las demandadas.
18 Fl. 3104 a 3129 y 3176 a 3185, Cuaderno Consejo de Estado.
19 Fl. 3132 Cuaderno Consejo de Estado.
20 Fl. 3186 Cuaderno Consejo de Estado, auto que adiciona el auto del 1 de diciembre de 2020.
21 Fl. 3193, Cuaderno Consejo de Estado.
22 Fl. 3104 a 3129, Cuaderno Consejo de Estado.
15
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6.2. También la parte actora conformada por las familias López Amariles, Arias
Rodríguez y Gil Hernández23, a su turno, señalaron que: i) el a quo carecía de
competencia para decidir por segunda vez la excepción de caducidad; ii) se
demostraron los elementos constitutivos de la responsabilidad de las demandadas
e; iii) inexistencia de la causal de exoneración del hecho de un tercero.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 26 de julio de 202124 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7.1. La parte actora25 y el Ejército Nacional26 reiteraron lo expuesto en los recursos
de apelación y en la contestación de la demanda, respectivamente.
7.2. La Policía Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 9 de noviembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, puesto que la cuantía27 supera la exigida de
500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 152, numeral 6, y 157, inciso 2, de la Ley
1437 de 2011.
23 Fl. 3176 a 3185, Cuaderno Consejo de Estado.
24 Fl. 3195, Cuaderno Consejo de Estado.
25 Índices 16, 17 y 18 Samai.
26 Índice 15 Samai.
27 La cuantía excede de los 500 SMLMV (lo cual equivale a $322’175.000, para el 28 de mayo de
2015 cuando se presentó la demanda) que se exige para que un proceso tenga vocación de doble
instancia, y la pretensión mayor es de $605’753.887 por lucro cesante.
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2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14028 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a acciones y
omisiones en la prestación del servicio de seguridad y protección de la Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se configuró el
fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa o si,
por el contrario, al tratarse de un caso en el que se invoca el desplazamiento
forzado de los demandantes, el término de vigencia del mencionado medio de
control no es exigible como requisito para el estudio de la demanda, en caso de
probarse impedimento material para demandar dentro del término legal por alguna
razón objetiva, de acuerdo con la jurisprudencia de unificación de la Sección
Tercera de esta Corporación.
28 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la
misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad
pública. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”
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4. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la vigencia de la acción y la caducidad del medio de control de
reparación directa frente a presuntas conductas de lesa humanidad.
5. Vigencia del medio de control
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general29, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción30, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
29 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
30 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos
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Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure31 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia32, cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.
Ahora bien, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la
época de los hechos, señalaba que la acción de reparación directa caducaría al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.
31 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
32 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
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A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la
demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de
que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia
de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o
debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”. Lo
anterior, con excepción del término para formular la pretensión de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada, que “se contará a partir de la
fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal
pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la desaparición”.
Ahora bien, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio
de 201233, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales
contenidas en el CPACA34; así como las disposiciones del CGP35, en virtud de la
integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados36.
33 Fl. 113, C. 1. La demanda se presentó el 14 de marzo de 2017.
34 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
35 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su
jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil
catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales
se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de
junio de 2014, expediente 49.299.
36 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
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Con relación a la caducidad, debe tenerse en cuenta que los términos que
hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior deben computarse de
conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 624 del CGP 37,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, de ahí que al sub lite, en este
puntual aspecto, le resulte aplicable el numeral 8º artículo 136 del Decreto 01 de
1984 (CCA)38, comoquiera que los supuestos de hecho constitutivos del daño
antijuridico alegado en la demanda ocurrieron entre el año 1988 y el año 2004,
según se acredita más adelante.
Finalmente, debe resaltarse que la caducidad no se suspende, salvo con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el
conciliador, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 39, y sólo se
interrumpe con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y
formalidades previstas en la Ley40.
37 Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La
competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.
38 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. “(…)
“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
39 “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza
el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
40 Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión normativa del artículo 306 del CPACA: “Artículo 94. Interrupción de la
prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda
interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el
auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del
término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al
demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación
al demandado. (…)”.
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6. Caducidad del medio de control de reparación directa frente a presuntas
conductas de lesa humanidad, incluido el desplazamiento forzado
Mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado41 unificó su jurisprudencia en lo concerniente al cómputo
del término de caducidad, en tratándose de pretensiones indemnizatorias cuando
se persigue el resarcimiento de los daños provenientes de delitos de lesa
humanidad, entre ellos, el desplazamiento forzado, crímenes de guerra y cualquier
otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado. Así, frente al caso concreto, en aquella oportunidad, se
decidió declarar probada la excepción de caducidad de la pretensión de
reparación directa promovida el 23 de mayo 2014, por hechos ocurridos en abril
del año 2007, con lo cual aplicó la regla de unificación establecida de forma
inmediata, sin consideración alguna respecto de la fecha de presentación de la
demanda.
En dicha decisión la Sección Tercera precisó que salvo para el caso de
desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa42, en virtud de la
cual la caducidad se cuenta desde la fecha en que aparece la víctima o, en su
defecto, desde el momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo
adoptado en el proceso penal, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto
que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del
derecho de acción a quien es víctima de un daño antijurídico y esté interesado en
reclamar del Estado la reparación de los perjuicios sufridos por esta persona,
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
42 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por
el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.
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excepción al término de caducidad entonces, que solo se puede predicar de esta
persona, prueba de lo cual debe aducirse y establecerse en el proceso.
Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de
los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación
directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de
advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible
de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política". La
referida regla, como fue explicada en la mencionada sentencia de unificación,
también se encuentra contenida en la Ley 1437 de 2011.
Por otra parte, el término de caducidad no es exigible cuando se verifique la
afectación ostensible de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cual ocurre en eventos en que se constate la
ocurrencia de situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier
otro supuesto que obstaculice materialmente el ejercicio del derecho de acción,
pues este término preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso
efectivo a la administración de justicia.
De conformidad con lo expuesto, de manera excepcional, el juez de lo contencioso
administrativo deberá inaplicar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio
oportuno del derecho de acción o iniciar su contabilización desde un momento
distinto a la ocurrencia del hecho dañoso, cuando advierta que la no
comparecencia ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del plazo
previsto, es resultado de que el interesado: (i) no sabía o no tenía la posibilidad de
advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en los hechos, o (ii) estaba impedido
materialmente para el ejercicio del derecho de acción.
Igualmente, respecto del cómputo del término de caducidad en los eventos de
desplazamiento forzado desde la ejecutoria de la sentencia SU - 254 de 201343, en
43
La sentencia SU - 254 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, Sala Plena, con ponencia
del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, fue notificada el diecinueve (19) de mayo de dos mil
trece (2013) y, por ende, quedó en firme el veintidós (22) del mismo mes y año.
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autos del 1 de octubre de 2021 y 7 de septiembre de 2023 44, esta Corporación
aclaró que la Corte Constitucional otorgó efectos inter comunis a dicha
providencia, con el fin de cobijar situaciones jurídicas similares tramitadas ante los
jueces de tutela, así como para garantizar una respuesta uniforme que garantizara
el derecho a la igualdad de personas que se encuentran en la misma situación
fáctica.
Como se consideró en los referidos autos, la decisión de la Corte Constitucional
obedeció a que, por primera vez, en dicha sentencia se fijó la interpretación del
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de prohibir que los jueces de
tutela por esa vía ordenaran la indemnización en abstracto, toda vez que, para ese
efecto, las personas desplazadas cuentan con la posibilidad de iniciar procesos
judiciales y solicitar así las indemnizaciones que correspondan. En esa medida, al
impedir que los afectados acudan a la acción de tutela por la existencia de otro
mecanismo, se decidió que no debían tenerse en cuenta transcursos de tiempo
anteriores a la ejecutoria de esa sentencia, con el fin de privilegiar el derecho de
acceso a la administración de justicia de las víctimas de desplazamiento forzado.
Posteriormente, en la sentencia SU-312 de 202045 la Sala Plena de esta Corte fijó
la siguiente regla de unificación: el plazo de caducidad de dos años consagrado en
el CPACA para obtener una reparación por un delito de lesa humanidad atribuible
al Estado no se cuenta, necesariamente, a partir del momento en el que ocurrió el
daño, sino a partir de la fecha en que el afectado: (i) conoció que ese daño era
atribuible al Estado, (ii) se encuentre en capacidad material de imputarle el daño
en sede judicial, y (iii) la procedencia de la demanda que busca reparar ese daño
debe analizarse caso a caso, considerando las particularidades del demandante.
A continuación, en la sentencia T-044 de 202246, la Corte reiteró la regla de
unificación sobre el conteo de la caducidad contenida en la Sentencia de
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto
del 1 de octubre de 2021, exp. 63260 y auto del 7 de septiembre de 2023, exp. 63042.
45 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020, MP: Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
46 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
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unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado y complementó la regla
fijada por la anotada sentencia, al definir que el juez de la causa debe readecuar
su proceso de manera tal que se le permita al demandante exponer las razones
por las que no acudió a la justicia dentro del término legal establecido. Esto, en
aplicación de la regla consagrada en la Sentencia SU-406 de 2016 según la cual,
pese a que un cambio de jurisprudencia tiene efectos generales y automáticos, el
juez respectivo debe valorar las particularidades de cada caso con el fin de
determinar si la vinculatoriedad automática del precedente unificado pone en
riesgo las garantías procesales de las partes.
Asimismo, en la sentencia T-210 de 202247, la Corte Constitucional reiteró la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia SU-312 de 2020 y en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, sobre el conteo de la
caducidad.
Posteriormente, en la sentencia SU-167 de 202348 la Sala Plena de esa
Corporación estableció la siguiente regla sobre el conteo de la caducidad para
demandas indemnizatorias por delitos de lesa humanidad atribuibles al Estado: (i)
el plazo de dos años establecido en la ley no se cuenta desde el momento en el
que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron
saber de la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle
responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de una demanda de reparación debe
analizarse, por parte del juez respectivo, a partir de las barreras de acceso al
derecho a la administración de justicia que se adviertan de cada caso en
particular, y (iii) para la aplicación del fallo de unificación del Consejo de Estado
del 29 de enero de 2020, el juez competente debe readecuar el proceso a su
cargo de manera tal que se les brinde a las partes la oportunidad de ajustar sus
planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la
justicia. En esa oportunidad, la Corte estimó que la providencia atacada en la
tutela había incurrido en defecto fáctico, por no valorar en su integridad el acervo
47 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-210 del 10 de junio de 2022, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
48 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023, MP: Diana Fajardo
Rivera.
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probatorio, al momento de establecer si en el expediente obraban elementos de
juicio que evidenciaran la presencia de situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción de los demandantes.
Igualmente, concluyó que la providencia atacada había incurrido en defecto
procedimental absoluto, pues no se readecuó el proceso en curso para permitirle a
las partes que actualizaran sus planteamientos conforme a las reglas sobre el
conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 del Consejo de Estado.
Más tarde, en la sentencia T-024 de 202449 la Corte respaldó la aplicación de las
reglas para el conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020. Indicó que, a partir de lo dicho en
las sentencias T-044 y T-210 de 2022, la mencionada sentencia de unificación del
Consejo de Estado tenía efectos retrospectivos, por lo que su aplicación es
general e inmediata. La Corte reiteró que, debido a la variación en el precedente
aplicable, los demandantes en los procesos de reparación deben contar con una
oportunidad procesal para manifestarse frente al cambio de precedente, para
proteger su derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
lo cual implica incluso readecuar el proceso judicial, si se advierte que la sentencia
del 29 de enero de 2020 se profirió cuando la parte demandante ya no contaba
con un momento procesal (como lo es, por ejemplo, el alegato de conclusión) para
referirse a ella.
Finalmente, mediante sentencia SU-429 del 10 de octubre de 202450, la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia para la aplicación del término de caducidad
en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, lo cual incluye el
desplazamiento forzado, en los siguientes criterios:
i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de
49 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-024 del 6 de febrero de 2024, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
50 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024, MP: Jorge
Enrique Ibáñez Najar.
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una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el momento en el que se
produce el daño, sino desde cuando la víctima conoció o debió saber de la
participación del Estado y advirtió que podía atribuirle responsabilidad patrimonial.
ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de reparación,
a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de justicia que
pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular. Es decir, comoquiera que
se trata de una excepción al término para accionar, las circunstancias de cada
demandante debe considerarse y establecerse individualmente para cada una de
ellas, o hacerse extensivo a un grupo mayor de personas que se encuentren en
las misma condiciones y circunstancias que les impidieron a cada una de ellas
acudir a la jurisdicción.
iii) Además, para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado, el juez de la causa debe considerar en su análisis las
barreras de acceso a la administración de justicia que pudo enfrentar la parte
demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del
desplazamiento forzado y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno.
iv) Para la aplicación del fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala
Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, el juez competente debe readecuar el proceso a su cargo de
manera tal que se cerciore que las partes tengan o tuvieron la oportunidad de
ajustar sus planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera
oportuna a la justicia. Esta regla toma como base lo establecido por la Sala Plena
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado en la sentencia del 29 de enero de 2020. Así, esta regla comprende tanto
las demandas de reparación directa como las de grupo.
En la providencia citada, la Corte advirtió que sí aplica el término de caducidad
fijado en la ley, para las demandas dirigidas a obtener una reparación del Estado
por su participación en un crimen de lesa humanidad, de guerra o de genocidio, lo
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cual incluye el desplazamiento forzado. Además, como en dicha providencia se
seleccionaron para estudio dos acciones de grupo, la Corte aclaró que, en el caso
particular de la acción o medio de control de grupo, se debe aplicar el término
consagrado en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (en principio, el literal h del
numeral 2º) y, en el caso de las acciones que se presentaron antes de la entrada
en vigencia de dicha ley, lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998.
Asimismo, esa Corporación hizo énfasis en la posibilidad de que quienes
pretendan acudir a la jurisdicción para obtener una indemnización de parte del
Estado por su acción u omisión respecto de tales delitos, puedan exponer las
situaciones que enfrentaron y que, a la postre, les impidieron materialmente acudir
a tiempo a la administración de justicia.
La Corte también aprovechó para reiterar, de conformidad con su propia
jurisprudencia y la de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que la
imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos de lesa humanidad, no se
extendía a procesos judiciales dirigidos a reclamar una indemnización de parte del
Estado.
7. Caso concreto
En el sub lite la parte demandante pretende que se declare patrimonialmente
responsables a las entidades demandadas por las muertes de varios de sus
familiares, las lesiones a otros y porque fueron víctimas de desplazamiento
forzado, debido a la falta de protección y a la connivencia del Ejército y de la
Policía Nacional con grupos armados ilegales durante los hechos conocidos como
la “masacre de Segovia” ocurridos el 11 de noviembre de 1988, lo que les causó
perjuicios materiales e inmateriales.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si el medio de control de reparación directa se presentó en
tiempo.
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7.1. Hechos probados
Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que la Sala valorará sin restricción alguna las
pruebas documentales y testimoniales trasladadas de la investigación penal
adelantada por la Fiscalía Regional de la Unidad de Derechos Humanos51 y el
Juzgado Sexto de Orden Público de Medellín52 por los hechos conocidos como la
“masacre de Segovia”; así como la investigación disciplinaria promovida por el
procurador delegado para las Fuerzas Militares contra miembros de la Policía
Nacional por los mismos hechos53 allegadas al plenario54, dado que fueron
debidamente solicitadas y decretadas en el expediente y una vez allegadas
quedaron a disposición de las entidades demandadas, de manera que ambas
partes procesales conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de
ejercer la contradicción de las mismas.
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se constató que el 11 de noviembre de 1988, en el municipio de Segovia, se
presentó un ataque por parte de hombres armados que dispararon de forma
indiscriminada contra la población civil en las calles y establecimientos de
comercio de ese Municipio, dejando como resultado más de 40 muertos y varios
lesionados. De ello da cuenta copia del acta de la diligencia de levantamiento
simultáneo de cadáveres e inspección a lesionados y lugares, realizada el 12 de
noviembre de 1988 por el Juzgado Treinta de Instrucción Penal Criminal de
Segovia, de la cual se destaca lo siguiente55:
51 Fl. 123 y siguientes, cuaderno anexo 5.
52 Fl. 314 a 342, C.1. Fl. 1211 y siguientes, cuaderno anexo de pruebas.
53 Fl. 1582 y siguientes, cuaderno anexo de pruebas.
54 Según el artículo 174 del Código General del Proceso, las pruebas practicadas válidamente en
un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, “siempre
que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o
con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están
destinadas”.
55 Fl. 604 a 613, C.1.
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“[…] se trasladó la suscrita juez en asocio con el secretario encargado de este
despacho hasta la calle La Banca de esta municipalidad, con el fin de practicar
diligencia de levantamiento al cadáver de una persona quien falleciera trágicamente
la noche anterior, a consecuencia de los disparos recibidos por parte de un grupo de
personas que sin discriminación alguna procedieron a disparar contra el personal
civil dando muerte a más de 40 personas. […] Lesionada No. 6: Emilse Restrepo
Cadavid, hija de Carlos y Ana Rosa, natural de Segovia, Antioquia […] esta fue
lesionada en su residencia donde murieron también dos de sus hermanos y su
señor padre, argumenta que su casa fue interceptada por varios sujetos quienes
tumbaron la puerta de la entrada principal y de inmediato disparaban en forma
indiscriminada contra los moradores acompañados de insultos, además lanzaron
una granada dentro de la susodicha vivienda, esta señora presenta dos disparos en
ambos pies con destrucción de tres de sus dedos. […] Levantamiento del cadáver
No. 2: […] presenta 6 disparos en su costado izquierdo uno a la altura de la paleta
izquierda y por último un disparo a la altura de la cintura al lado izquierdo de la
columna. Identificación. Se estableció que el interfecto respondía en vida al nombre
de Gildardo Antonio Restrepo Cadavid. […] Levantamiento del cadáver No. 3. […]
sobre su identidad se constató que se trataba del señor Carlos Enrique Restrepo
Pérez. […] Diligencia de levantamiento No. 4. […] presenta herida en el parietal
derecho e izquierdo totalmente destrozados con salida de masa encefálica, heridas
en ambas piernas causadas por impactos de bala de largo alcance. Identificación.
Este ciudadano atendía en vida al llamado de Carlos Enrique Restrepo Cadavid […]
es de anotar que estos últimos tres levantamientos se practicaron en la casa de la
señora Ana Rosa Cadavid en la calle La Reina, quien afirma que hasta su casa
penetraron los sicarios con el fin de dar muerte a su esposo y a sus dos hijos, en
dicha vivienda dentro de la pieza principal, en la ventana y puertas de acceso a
esta, se observa un gran sinnúmero de agujeros producidos por la acción de las
balas. […] Diligencia de levantamiento No. 9: en la calle el Palo de esta ciudad, en la
casa del señor Virgilio Gómez se halló el cadáver de un joven […] Identificación. Por
los informes que nos diera su señor padre Virgilio Gómez, se pudo establecer que el
menor en vida respondía al llamado de Francisco William Gómez Monsalve […] nos
trasladamos al bar Jhony Kay de este Municipio donde ocurrió el mayor hecho de
sangre con el fin de practicar diligencia de inspección judicial y allí se observan
destrozos en la pared lado izquierdo y lado derecho así como en el piso, destrozos
estos causados al parecer por la acción de dos granadas lanzadas al susodicho
establecimiento, los techos y cielo raso de este inmueble también se encuentran
semidestruidos, en el suelo se halló una mano humana totalmente destruida […]
Concluida esta diligencia nos trasladamos al parque principal de esta ciudad con el
fin de practicar similar diligencia a una buseta que se encuentra estacionada en la
calle principal […] en esta se observa su vidrio izquierdo delantero totalmente
destrozado por la acción de las balas. Se observa igualmente dos de sus ventanas
del lado derecho, más concretamente las dos primeras, perforadas por las balas,
dentro de esta buseta se encontró una sombrilla, un pedazo de cráneo de la parte
superior de una persona […]”
7.1.2. Se demostró que el 11 de noviembre de 1988, fallecieron Carlos Enrique
Restrepo Pérez, Carlos Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio Restrepo
Cadavid, Henry Albeiro Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez Pardo. De ello dan
cuenta las copias de sus registros civiles de defunción56.
56 Fl. 1704 a 1706, C.3. Fl. 2047 y 2232 C.4.
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7.1.3. Se demostró que el 12 de noviembre de 1988, Jairo Alonso Gil fue atendido
en los hospitales La Salada de Segovia y San Vicente de Paul de Medellín, por
heridas con arma de fuego de carga múltiple y fractura conminuta de cadera
derecha sufridas el día anterior. De ello da cuenta copia de su historia clínica57.
7.1.4. Se verificó que el 12 de noviembre de 1988, en la Unidad de Salud de
Segovia, se practicaron las necropsias a los cadáveres de Carlos Enrique
Restrepo Pérez, Carlos Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio Restrepo
Cadavid, Henry Albeiro Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez Pardo. De ello da
cuenta el oficio del 18 de noviembre de 1988 suscrito por el director de dicha
entidad58.
7.1.5. Consta que el 12 de noviembre de 1988, el comandante del Batallón de
Infantería No. 42 “Bomboná” le informó al comandante de la Décimo Cuarta
Brigada del Ejército Nacional lo sucedido la noche del 11 de noviembre de 1988
en el municipio de Segovia, como consta en copia del informe de la misma fecha
del cual se destaca lo siguiente59:
“[…] Siendo aproximadamente las 18:30 horas, el señor Luis Fernando Barrientos,
de profesión zapatero, liberal, cuando se encontraba arreglando un par de zapatos
fue herido por un sujeto de aproximadamente 22 años, quien le disparó con un
revólver propinándole varias heridas en el pecho y en el cráneo. Siendo las 18:55
aproximadamente se escucharon disparos y detonaciones en diferentes sitios de la
localidad y de inmediato en la base militar se tomó el dispositivo del plan de
reacción y contra ataque ya que se trataba de un asalto a la localidad y donde se
presume que también la base militar iba a ser objeto de asalto por parte de grupos
subversivos que operan en el área general de la jurisdicción. A los pocos minutos se
informó desde la Policía que estaban siendo hostigados por la guerrilla y donde se
escucharon explosiones y disparos en diferentes sitios de la población alcanzando a
llegar disparos a la base militar, por lo que se esperó unos minutos para organizar a
dos pelotones los cuales se encontraban en las respectivas trincheras y hoyos de
tirador. El CT Valencia llamó a la alcaldía donde contestó el sujeto Francisco Aurelio
Viana Yepes, quien contestó que estaban disparando a todo el pueblo, en igual
forma llamó a la cárcel, donde el director informó que estaban disparando. La
situación atmosférica en esos momentos se presentaba de tempestad acompañada
de relámpagos y truenos, reunido un pelotón se le ordenó que saliera hacia el centro
con todas las medidas de seguridad y que debía hacerlo por el sector del hospital
rodeando la población por los lados de la parte denominada Bigerto barrio Gaitán,
57 Fl. 2200 a 2212, C.4.
58 Fl. 1 a 5, cuaderno anexo 3.
59 Fl. 42 a 52, cuaderno anexo 1.
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calle Chance, calle Junín y llegar al centro por la calle Real, ocupando la población
con el fin de apoyar a la Policía. Otro pelotón salió por la ruta del Amañadero donde
encontró un cadáver, de inmediato se efectuó un registro del sector donde no se
encontró nada y se continuó hacia el centro para ocupar puntos críticos con todas
las medidas de seguridad llegando aproximadamente a las 19:50 horas donde se
tomó contacto con el CT Chacón, comandante de la Policía, quien ya había tomado
el dispositivo de seguridad en la plaza principal, capilla, alcaldía, esquina de la calle
Real. En igual forma se tomó de inmediato contacto con la alcaldesa quien se
encontraba con el señor Aurelio Yepes, a quien se le preguntó sobre lo que había
sucedido el cual respondió que había sido desde un campero color café carpado
desde donde habían disparado y habían matado a mucha gente. Acto seguido el
señor CT Borda efectuó un registro por el sector de la calle Real, el parque y la
capilla. El CT Valencia de inmediato salió con varios soldados y policías hacia la
calle La Reina, donde por antecedentes se conoce que es un punto crítico, cuando
empezó a encontrar cadáveres llegando hasta la punta de la calle en el parque
denominado La Madre donde se encontró al último sujeto asesinado en esa calle,
informando de lo sucedido. Con la Policía se procedió en forma simultánea a
preguntarle a la población civil, golpeando a las casas, pero nadie contestaba por
temor, las casas se encontraban algunas vacías, esto se hizo en casi todas las
casas del sector, pero no se pudo obtener información de los autores y de la ruta de
escape. Ya después algunos heridos hablaron manifestando no haber visto nada,
que ellos se metieron debajo de las camas y de todo sitio donde pudieran
esconderse. Después de haber efectuado los respectivos registros, se le ordenó al
ST Ordoñez Gelves Henry que debía salir de inmediato a hacer un registro sobre la
carretera frente a la base, donde permaneció por espacio de 30 minutos efectuando
un retén y, posteriormente con todas las medidas de seguridad se desplazó hacia
La Cruzada efectuando un registro detallado, ya que desde ese sitio habían
hostigado la base, encontrando allí a una señora asesinada y varios heridos. […]”
7.1.6. Se verificó que el 14 de noviembre de 1988, María Emilse Restrepo Cadavid
fue atendida en la clínica Medellín por heridas por arma de fuego con diagnóstico
de “fractura abierta 2°, 3° y 4° metatarsianos de pie derecho y amputación de 2°
dedo pie derecho, lavado, desbridamiento y reconstrucción” que sufrió el 11 de
noviembre de 1988. De ello da cuenta copia de su historia clínica60 y la
certificación expedida por la misma clínica61.
7.1.7. Se acreditó que el 16 de noviembre de 1988, el comandante de la estación
de policía de Segovia le envió a la Procuraduría General de la Nación la lista de
fallecidos y lesionados en los hechos conocidos como la “masacre de Segovia”
ocurridos el 11 de noviembre de 1988, entre quienes se encontraban: Carlos
Enrique Restrepo Pérez, Carlos Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio
60 Fl. 951 a 957, C.2.
61 Fl. 1786, C.3.
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Restrepo Cadavid, Henry Albeiro Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez Pardo. De
ello da cuenta copia del oficio de la misma fecha62.
7.1.8. Se comprobó que el 20 de noviembre de 1988, el coronel Alejandro
Londoño Tamayo, comandante del batallón de Infantería No. 42 Bomboná, rindió
informe sobre los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988 en Segovia al
Juzgado Octavo de Orden Público de esa localidad. De ello da cuenta copia del
informe de la misma fecha del cual se destaca lo siguiente:63
“[…] 11-NOV-88, el municipio de Segovia fue objeto de un ataque por parte de
bandoleros de las FARC y el ELN, los cuales empleando diferentes clases de armas
atacaron a la población civil en diferentes sitios y hostigaron al puesto de policía,
resultando asesinadas 38 personas (nombres ya conocidos por ese despacho) […]”
7.1.9. Se probó que el 21 de noviembre de 1988, la Notaría Única del Círculo de
Segovia certificó que el 11 de ese mismo mes y año: Gildardo Antonio Restrepo
Cadavid murió por heridas múltiples causadas por granadas; Carlos Enrique
Restrepo Pérez falleció por heridas causadas por armas de fuego; Carlos Enrique
Restrepo Cadavid murió por heridas múltiples causadas por armas de fuego;
Henry Albeiro Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez Pardo fallecieron por shock
neurogénico. De ello dan cuenta las certificaciones expedidas en dicha fecha con
destino al Juzgado Octavo de Orden Público de Segovia64.
7.1.10. Se verificó que el 5 de diciembre de 1988 el Procurador Delegado para las
Fuerzas Militares abrió formalmente indagación disciplinaria contra el capitán de la
Policía Nacional Jorge Eliécer Chacón Lasso, por su conducta en relación con los
hechos conocidos como la “masacre de Segovia” ocurrida el 11 de noviembre de
1988. De ello da cuenta la providencia de la misma fecha65.
7.1.11. Se constató que el 6 de diciembre de 1988, el Procurador Delegado para
las Fuerzas Militares formuló cargos contra el capitán de la Policía Nacional Jorge
Eliécer Chacón Lasso, por las posibles faltas disciplinarias consagradas en los
62 Fl. 716, C.1.
63 Fl. 620 a 626, C.1.
64 Fl. 1451, 1452, 1458 y 1462, C.3.
65 Fl. 1582 y 1583, cuaderno anexo de pruebas.
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artículos 116 literal g), 119 literales a) y r) y 125 literal a) del Decreto 1835 de
1979, por su conducta durante los hechos conocidos como la “masacre de
Segovia” ocurrida el 11 de noviembre de 1988. De ello da cuenta la providencia de
la misma fecha66.
7.1.12. Está demostrado que el 30 de enero de 1989, el Juzgado Sexto de Orden
Público de Medellín ordenó la detención preventiva del coronel Alejandro Londoño
Tamayo, el teniente Edgardo Alfonso Hernández Navarro, ambos del Ejército
Nacional y el capitán de la Policía Nacional Jorge Eliécer Chacón, por los delitos
de concierto para delinquir y terrorismo, dentro de la instrucción penal adelantada
por los hechos conocidos como la “masacre de Segovia” ocurridos el 11 de
noviembre de 1988. De ello da cuenta la providencia del 11 de octubre de 1989,
por la cual el Tribunal Superior de Orden Público de Bogotá, Sala de Decisión,
confirmó la decisión del 30 de enero de 1989, respecto de dichos sindicados67.
7.1.13. Consta que el 19 de octubre de 1991 Walter de Jesús Restrepo Cadavid
falleció en Medellín por “shock hipovolémico, herida de corazón por arma de
fuego”. De ello da cuenta la copia de su registro civil de defunción68.
7.1.14. Quedó establecido que el 9 de diciembre de 1996 Wilmer Albeiro Restrepo
falleció en Medellín por “hipertensión endocrina, trauma de cráneo por P.A.F.”. De
ello da cuenta la copia de su registro civil de defunción69.
7.1.15. Se verificó que el 1 de abril de 1997, la Fiscalía Regional de la Unidad de
Derechos Humanos decretó medida de aseguramiento de detención preventiva
contra el mayor del Ejército Nacional Bernardo José Blanco Pineda y Fidel Antonio
Castaño Gil alias “Rambo”, por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo,
homicidio con fines terroristas y lesiones personales con fines terroristas de que
fueran víctimas varias personas la noche del 11 de noviembre de 1988 en el
66 Fl. 1584 a 1586, cuaderno anexo de pruebas.
67 Fl. 314 a 342, C.1. Fl. 1211 a 1239, cuaderno anexo de pruebas.
68 Fl. 1716, C.3.
69 Fl. 1712, C.3.
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municipio de Segovia. De ello da cuenta copia de la providencia del 1 de abril de
199770.
7.1.16. Se comprobó que el 31 de marzo de 1998, el Juzgado Regional de Bogotá
condenó en calidad de coautores del delito de terrorismo al coronel Alejandro
Londoño Tamayo y al teniente Edgardo Alfonso Hernández Navarro, ambos del
Ejército Nacional, así como al capitán de la Policía Nacional Jorge Eliécer Chacón,
por los hechos conocidos como la “masacre de Segovia” ocurridos el 11 de
noviembre de 1988. Igualmente, condenó a otras personas por los delitos de
concierto para delinquir y homicidio, perpetrados el mismo día y lugar. Así consta
en la providencia de la misma fecha71.
7.1.17. Se acreditó, que el 14 de abril de 1999, el Tribunal Nacional de Bogotá
confirmó la decisión del 31 de marzo de 1998 del Juzgado Regional de Bogotá
respecto del coronel Alejandro Londoño Tamayo, el teniente Edgardo Alfonso
Hernández Navarro, ambos del Ejército Nacional, y del capitán de la Policía
Nacional Jorge Eliécer Chacón. De ello da cuenta copia de dicha providencia72.
7.1.18. Se demostró que el 6 de junio de 2001, Lilian Inés Monsalve Castrillón
denunció ante la Personería Distrital de Barranquilla que cinco meses después de
los hechos conocidos como la “masacre de Segovia” del 11 de noviembre de 1988
se desplazó para Medellín, luego a Puerto Boyacá, después a Fundación y
finalmente a Barranquilla. De ello da cuenta copia de su declaración de la misma
fecha73.
7.1.19. Se constató que el 26 de mayo de 2004 falleció en Medellín Luz Adiela
Restrepo Cadavid. De ello da cuenta la copia de su registro civil de defunción74.
7.1.20. Se probó que el 2 de junio de 2006, Lilian Inés Monsalve Castrillón
denunció ante la Fiscalía General de la Nación el homicidio de su hijo Francisco
70 Fl. 123 a 137 cuaderno anexo 5.
71 Fl. 390 a 509, C.1.
72 Fl. 510 a 581, C.1.
73 Fl. 2094 y 2095, C.4.
74 Fl. 1707, C.3.
35
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
William Gómez Monsalve ocurrido el 11 de noviembre de 1988 en Segovia y el
desplazamiento forzado de ella y su núcleo familiar a partir de esa misma fecha.
De ello da cuenta la certificación expedida el 5 de octubre de 2010, por el fiscal 43
delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz75.
7.1.21. Se acreditó que, desde el 26 de febrero de 2009, María Graciela Restrepo
Cadavid, Mónica Stelle Restrepo, Dannia Marcela Londoño Restrepo y Ana
Camila Londoño Restrepo se encuentran incluidas en el Sistema Nacional de
Población Desplazada. De ello da cuenta la certificación expedida el 22 de
noviembre de 2010 por un funcionario de la Unidad de Atención y Orientación a la
Población Desplazada del municipio de Medellín76, la certificación expedida en
septiembre de 2011 por el subdirector técnico de Acción Social77 y la certificación
expedida el 15 de abril de 2014 por la directora de registro de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas78.
7.1.22. Se demostró que, desde el 2 de marzo de 2009, Juan Pablo Correa
Restrepo y María Constanza Restrepo Cadavid, se encuentran incluidos en el
Sistema Nacional de Población Desplazada. De ello da cuenta la certificación
expedida el 9 de septiembre de 2011, por un funcionario de la Unidad de Atención
y Orientación a la Población Desplazada del municipio de Medellín79.
7.1.23. Se verificó que desde el 24 de julio de 2009, Miguel Ángel Barrientos Marín
se encuentra incluido en el Registro Único de la Población Desplazada. De ello da
cuenta la certificación expedida el 6 de noviembre de 2013, por un funcionario de
la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada del municipio de
Medellín80.
7.1.24. Se comprobó que, desde el 2 de octubre de 2009, María Patricia Restrepo,
Karina Restrepo, Valeria Naranjo Restrepo y Valentina Naranjo Restrepo, se
75 Fl. 2099 y 2100, C.4.
76 Fl. 1769, C.3.
77 Fl. 1797, C.3.
78 Fl. 1794 y 1795, C.3.
79 Fl. 1765, C.3.
80 Fl. 2178, C.4.
36
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
encuentran incluidas en el Sistema Nacional de Población Desplazada. De ello
dan cuenta la certificación expedida el 9 de enero de 2010 por un funcionario de la
Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada del municipio de
Medellín81 y la expedida en octubre de 2013 por la directora de registro de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas82.
7.1.25. Se acreditó que, desde el 30 de agosto de 2010, Lilian Inés Monsalve
Castrillón se encuentra incluida en el Registro Único de Población Desplazada. De
ello da cuenta la certificación expedida el 22 de julio de 2011, por un funcionario
de la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada del municipio
de Medellín83.
7.1.26. Se probó que el 16 de septiembre de 2010, el fiscal 43 delegado ante el
Tribunal de Justicia y Paz certificó que ante ese despacho cursaba investigación
por el desplazamiento forzado de Miguel Ángel Barrientos Marín, Miguel Ángel
Barrientos Agudelo, Yony Alexander Barrientos Agudelo, Danny Andrés Barrientos
Agudelo, Lino Abad Barrientos Agudelo y Dorian Esteban Barrientos Agudelo
ocurrido a partir del 11 de noviembre de 1988 desde Segovia, Antioquia. De ello
da cuenta la certificación expedida el 16 de septiembre de 2010, por el fiscal 43
delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz84.
7.1.27. Consta que el 16 de febrero de 2011, un médico forense del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente,
Seccional Antioquia examinó a María Emilse Restrepo Cadavid, como consta en la
copia del informe técnico de la misma fecha, del cual se destaca lo siguiente85:
“[…] refiere: ´me agredieron en un atentado los paramilitares el día 11 de noviembre
de 1988 a las 19:45 horas’. La usuaria ingresa por sus propios medios con cojera en
el miembro inferior derecho. Presenta cicatrices de 1.5 x 1 centímetros muy notoria
y ostensible en la cara externa del pie derecho y otras poco notorias en el dorso de
ambos pies, ausencia del segundo artejo izquierdo. Según la historia de la clínica
Medellín No. 12018, la cual se le devuelve a la usuaria, presentó fractura abierta del
81 Fl. 1768, C.3.
82 Fl. 1790, C.3.
83 Fl. 2101, C.4.
84 Fl. 2175, C.4.
85 Fl. 1776, C.3.
37
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
2, 3 y 4 metatarsianos del pie derecho y amputación del segundo dedo del pie
izquierdo. Conclusión: mecanismo causal: explosivos. Incapacidad medico legal:
definitiva: cuarenta (40) días. Secuelas medico legales: deformidad física que afecta
el cuerpo de carácter permanente. Perturbación funcional de miembro inferior
izquierdo de carácter permanente. Perturbación funcional del órgano de la
locomoción, de carácter permanente. […]
7.1.28. Se demostró que el 9 de marzo de 2011, María Belén Gómez Suárez
declaró ante la Procuraduría Regional de Antioquia en Medellín, que desde el 2 de
marzo de 1989 se desplazó de Segovia a Medellín. De ello da cuenta la
certificación del 9 de marzo de 2011, expedida por una funcionaria del Grupo de
Derechos Humanos de esa entidad86.
7.1.29. Se comprobó que, desde el 14 de abril de 2011, María Belén Gómez
Suárez se encuentra incluida en el Registro Único de la Población Desplazada. De
ello da cuenta la certificación expedida el 25 de abril de 2011 por un funcionario de
la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada del municipio de
Medellín87.
7.1.30. Se verificó que el 25 de mayo de 2011, la fiscal tercera especializada de
Medellín certificó que adelantaba investigación por los hechos conocidos como la
“masacre de Segovia” del 11 de noviembre de 1988, en los cuales resultó
lesionado Jairo Alonso Gil. De ello da cuenta la certificación del 25 de mayo de
201188.
7.1.31. Se acreditó que el 30 de mayo de 2011, Amantina Castrillón declaró ante
la Procuraduría Regional de Antioquia en Medellín que se desplazó con su núcleo
familiar conformado por Nodier Adriana Echavarría Castrillón, Donelia Estela
Casas Castrillón, Damara Cecilia Gómez Monsalve, Dorian Alberto Castrillón,
Yulimar Soraya Herrera Monsalve y Ema Rosa Durango Durango de Segovia a
Medellín, pero sin indicar la fecha del desplazamiento. De ello da cuenta la
86 Fl. 2102, C.4.
87 Fl. 2103, C.4.
88 Fl. 2199, C.4.
38
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
certificación del 30 de mayo de 2011, expedida por una funcionaria del Grupo de
Derechos Humanos de esa entidad89.
7.1.32. Se comprobó que el 22 de julio de 2011, Marley Upequi Monsalve declaró
ante la Procuraduría Regional de Antioquia en Medellín, que desde el 15 de
diciembre de 1989 se desplazó con su núcleo familiar conformado por Deyler
Upegui Monsalve, Edwin Alejandro Carvajal Monsalve, Llirley Carvajal Monsalve,
Álvaro de Jesús Carvajal Arboleda y Sor Inés Monsalve Castrillón de Segovia a
Medellín. De ello da cuenta le certificación del 22 de julio de 2011, expedida por
una funcionaria del Grupo de Derechos Humanos de esa entidad90.
7.1.33. Se probó que el 22 de agosto de 2011, la asistente de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Medellín certificó que la Fiscalía 124 Seccional de esa
ciudad adelantó investigación por la muerte violenta de Wilmer Albeiro Restrepo,
pero esta fue suspendida, toda vez que no fue posible individualizar a los
responsables del hecho. De ello da cuenta la certificación de la misma fecha91.
7.1.34. Se verificó que el 22 de agosto de 2011, la fiscal 45 delegada ante el
Tribunal de Justicia y Paz certificó que adelantaba investigación por las lesiones
sufridas por María Emilce Restrepo Cadavid, en hechos ocurridos el 11 de
noviembre de 1988 en el municipio de Segovia. De ello da cuenta la certificación
del 22 de agosto de 2011 suscrita por esa funcionaria92.
7.1.35. Se demostró que el 23 de agosto de 2011, la fiscal 13 seccional de
Medellín certificó que en ese despacho se adelantó investigación por el homicidio
de Walter de Jesús Restrepo Cadavid ocurrido el 19 de octubre de 1991, la cual
se archivó provisionalmente. De ello da cuenta la certificación de la misma fecha93.
7.1.36. Consta que el 12 de enero de 2012, María Emilse Restrepo Cadavid
solicitó ante la Personería de Medellín ser incluida en el Registro Único de
89 Fl. 2107, C.4.
90 Fl. 2105, C.4.
91 Fl. 1715, C.3.
92 Fl. 2816, C.5.
93 Fl. 1720, C.3.
39
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Víctimas por los hechos victimizantes de: “masacre, amenazas y desplazamiento
forzado”. De ello da cuenta la certificación suscrita por el personero municipal de
Medellín en la misma fecha94.
7.1.37. Se acreditó que el 16 de enero de 2012, la fiscal 111 delegada ante el
Tribunal de Justicia y Paz certificó que ante ese despacho fue denunciado el
homicidio de Walter de Jesús Restrepo Cadavid ocurrido el 19 de octubre de 1991
en el barrio Castilla de Medellín, al parecer, atribuible a miembros de grupos de
subversivos. De ello da cuenta la certificación de la misma fecha95.
7.1.38. Se demostró que, desde el 7 de octubre de 2012, Darío Londoño Henao,
Luz Marina Restrepo Cadavid y Mabel del Socorro Restrepo Cadavid se
encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado. De ello da cuenta la certificación expedida en febrero de
2014 por la directora de registro de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas96.
7.1.39. Se verificó que el 15 de mayo de 2013, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, condenó al ex congresista César Pérez García a la pena
principal de 30 años de prisión y otras accesorias como coautor de los delitos de
concierto para delinquir y homicidio agravado en las personas de Carlos Enrique
Restrepo Pérez, Carlos Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio Restrepo
Cadavid, Henry Albeiro Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez Pardo, en hechos
ocurridos el 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia. De ello da
cuenta copia de dicha providencia97.
7.1.40. Se comprobó que el 10 de enero de 2014, Gloria Mabel Ortiz Cano rindió
declaración ante la Personería de Bello, Antioquia, por los hechos victimizantes de
acto terrorista, atentados, hostigamientos y desplazamiento forzado a raíz de los
hechos ocurridos en Segovia el 11 de diciembre de 2003 “cuando colocaron una
94 Fl. 1787, C.3.
95 Fl. 1719, C.3.
96 Fl. 1816, C.3.
97 Fl. 2830 a 2881, C.5.
40
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
bomba en el pueblo”. De ello da cuenta la certificación expedida el 10 de enero de
2014 por una funcionaria de esa entidad98, así como la Resolución del 8 de abril
de 2014, expedida por la directora técnica de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas99.
7.1.41. Se verificó que el 8 de abril de 2014, Gloria Mabel Ortiz Cano fue incluida
junto con su grupo familiar en el Registro Único de la Población Desplazada, por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado. De ello da cuenta la Resolución de
la misma fecha, expedida por la directora técnica de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas100.
7.1.42. Se probó que el 25 de abril de 2014, Luis Fernando Ortiz Cano declaró
ante la Personería de Bello, Antioquia, por el desplazamiento forzado de que fue
víctima a raíz de los hechos ocurridos en Segovia el 1 de julio de 1997. De ello da
cuenta la certificación expedida el 25 de abril de 2014 por una funcionaria de esa
entidad101.
7.1.43. Consta que el 19 de septiembre de 2014, la personera municipal de
Segovia señaló que Martha Ligia Arias Monsalve y su hija Sharella Elidde
Rodríguez se desplazaron forzosamente del municipio de Segovia -sin indicar
hacia dónde-, debido a los hechos conocidos como la “masacre de Segovia”
ocurridos el 11 de noviembre de 1988. De ello da cuenta la constancia del 19 de
septiembre de 2014, suscrita por esa funcionaria102.
7.1.44. Se constató que el 9 de octubre de 2014, Catalina Mabel Bedoya Ortiz
declaró ante la Personería de Bello, Antioquia, por el desplazamiento forzado de
que fue víctima a raíz de los hechos ocurridos en Segovia el 16 de enero de 1998.
De ello da cuenta la certificación expedida el 9 de octubre de 2014 por una
funcionaria de esa entidad103.
98 Fl. 2147 a 2148, C.4.
99 Fl. 2143 a 2146, C.4.
100 Fl. 2143 a 2146, C.4.
101 Fl. 2153, C.4.
102 Fl. 2235, C.4.
103 Fl. 2149, C.4.
41
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
7.1.45. Se acreditó que el 9 de octubre de 2014, Jael Cano de Ortiz declaró ante la
Personería de Bello, Antioquia, por el desplazamiento forzado de que fue víctima a
raíz de los hechos ocurridos en Segovia el 15 de agosto de 1997. De ello da
cuenta la certificación expedida el 9 de octubre de 2014 por una funcionaria de
esa entidad104.
7.2. Análisis de la caducidad de la acción de reparación directa
Pues bien, de conformidad con los fundamentos expuestos frente al fenómeno de
la caducidad de la reparación directa en el capítulo 6 de esta providencia, se tiene
que, en este caso, el aspecto determinante para establecer el término inicial del
cómputo de la caducidad del medio de control es, en principio, la ocurrencia del
hecho causante del daño, tal como lo dispone el artículo 136 del CCA105.
Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección y de la
Corte Constitucional, como regla general, cuando los hechos involucran la
presunta comisión de delitos de lesa humanidad, como el homicidio, lesiones y
desplazamiento forzado en el marco de un ataque generalizado contra la
población civil106, el término debe computarse a partir del momento en que el
interesado conoció o debió conocer la participación del Estado en los hechos que
generaron el daño antijurídico. No obstante, de manera excepcional, es posible
extender el inicio del término de caducidad de la acción o del medio de control
cuando se demuestre que los demandantes estaban materialmente impedidos
para ejercer su derecho de acción, por circunstancias que, de no ser valoradas por
104 Fl. 2151, C.4.
105
Normativa que, como ya se dijo, es la aplicable a este caso por la fecha de ocurrencia del daño.
106 La Corte Constitucional, en Sentencia C-579 de 2013, indicó: “Los delitos de lesa humanidad,
tienen las siguientes características: i) causar sufrimientos graves a la víctima o atente contra su
salud mental o física; ii) inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático; iii) estar
dirigidos contra miembros de la población civil y iv) ser cometidos por uno o varios motivos
discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso”.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha dicho: “elementos contextuales que cualifican y
hacen que tal crimen derive en uno de lesa humanidad, a saber: que se ejecute i) contra la
población civil y ii) en el marco de un ataque generalizado o sistemático”. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2013, CP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, exp. 45092. Reiterado por esta Sala de Subsección en sentencia del 11 de
diciembre de 2024, exp. 68282, CP. William Barrera Muñoz.
42
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
el juez, afectarían gravemente el derecho al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia. En tales casos, el término deberá contarse a partir del
momento en que cesen dichos impedimentos para cada uno de los demandantes.
De conformidad con lo anterior, la Sala pasa a estudiar si operó o no la caducidad
en el sub judice.
7.2.1. La caducidad de las pretensiones respecto de las muertes de los
familiares de los demandantes.
En el caso de autos se tiene acreditado que Carlos Enrique Restrepo Pérez,
Carlos Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio Restrepo Cadavid, Henry
Albeiro Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez Pardo, fallecieron el 11 de noviembre
de 1988 en los hechos conocidos como la “masacre de Segovia” (hechos
probados 7.1.1., 7.1.2., 7.1.4., 7.1.7. y 7.1.9.).
Igualmente, se acreditó que Walter de Jesús Restrepo Cadavid falleció en
Medellín el 19 de octubre de 1991 (hecho probado 7.1.13.), que Wilmer Albeiro
Restrepo murió en Medellín el 9 de diciembre de 1996 (hecho probado 7.1.14.) y
que Luz Adiela Restrepo Cadavid falleció en Medellín el 26 de mayo de 2004
(hecho probado 7.1.19).
Para la Sala no queda duda que los demandantes no solo se enteraron de dichas
muertes en las mismas fechas antes mencionadas sino también de la posible
omisión y/o participación de agentes del Estado en los homicidios de sus
familiares, pues así lo confirman las afirmaciones que se hacen en el líbelo, las
cuales pueden interpretarse como una confesión.
En efecto, la confesión se encuentra enlistada como un medio probatorio en el
artículo 165 del C.G.P.107. En relación con la confesión por medio de apoderado
107 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez”.
43
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
judicial, el artículo 193 ejusdem prevé que esta “valdrá cuando para hacerla haya
recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia
inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en
contrario se tendrá por no escrita”.
Así las cosas, en virtud de las disposiciones que regulan la confesión judicial, las
manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en la demanda, en las
excepciones y en las respectivas contestaciones ostentan valor probatorio,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191 del
C.G.P.108.
Pues bien, el apoderado de la parte demandante afirma en la demanda que Carlos
Enrique Restrepo Pérez, Carlos Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio
Restrepo Cadavid, Henry Albeiro Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez Pardo
fueron asesinados en hechos “determinados por la masacre de Segovia del 11 de
noviembre de 1988” por las acciones atribuidas al grupo paramilitar Movimiento
Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N.109
Asimismo, en la demanda se afirma que los hechos conocidos como la “masacre
de Segovia” en los que fallecieron los arriba mencionados ocurrieron “con la
colaboración y apoyo logístico de miembros del Ejército Nacional y de la Policía
Nacional causando alarma, conmoción, terror, y perturbación dentro de la
población civil”, entidades que, además, tenían conocimiento de “los
hostigamientos y persecuciones de que era víctima la población de Segovia por
parte de la Fuerza Pública, a través del grupo armado Muerte a Revolucionarios
108 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere:
“1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que
resulte de lo confesado.
“2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
“3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
“4. Que sea expresa, consciente y libre.
“5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
“6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada (…)”.
109 Así se lee en el encabezado y en el hecho No. 3, folio 17 vuelto, C.1.
44
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
del Nordeste M.R.N.”, como, según la misma demanda, quedó consignado en la
sentencia del 25 de octubre de 2001, proferida por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal110.
Igualmente, en la demanda se afirmó que, “los miembros del Movimiento Muerte a
Revolucionarios del Nordeste M.R.N. que iban en la camioneta, al terminar con la
labor encomendada, se dirigieron unos a la base militar de Segovia y otros se
fueron a Puerto Berrío, donde siempre habían contado con el apoyo del Ejército
Nacional para protegerse”111.
Tales afirmaciones corresponden a una confesión y así deben valorarse en los
términos de los artículos 191 y 193 del C.G.P.
En efecto, como antes se precisó, por disposición de la ley, las manifestaciones
hechas por los apoderados judiciales en la demanda vinculan a sus poderdantes,
de ahí que se encuentre acreditado el presupuesto de capacidad para confesar.
De otro lado, el hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al
confesante y, a su vez, favorecen a la parte contraria, pues permiten determinar el
momento a partir del cual se debe analizar el presupuesto de oportunidad en el
ejercicio del derecho de acción.
Frente al supuesto que se deduce de la confesión, la ley no exige un medio de
prueba específico para acreditarlo, por manera que se debe dar mérito probatorio
a la afirmación enunciada.
Finalmente, la confesión fue expresa, consciente y libre y versa sobre hechos
personales del confesante o de los que tenía conocimiento, tales como la
ocurrencia de los hechos conocidos como la “masacre de Segovia” en los que
fueron asesinados sus familiares y la omisión de protección, connivencia o posible
participación de agentes del Estado en dicho suceso.
110 Así se lee en los hechos Nos. 4 y 5 de la demanda, folio 5 vuelto, C.1.
111 Así se lee en el hecho No. 28 de la demanda, folio 7, C.1.
45
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
De acuerdo con lo anterior, los demandantes, se enteraron de las muertes de
Carlos Enrique Restrepo Pérez, Carlos Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo
Antonio Restrepo Cadavid, Henry Albeiro Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez
Pardo el mismo día en que estas ocurrieron, durante los hechos conocidos como
la “masacre de Segovia”, como lo manifiestan en la demanda, esto es, el 11 de
noviembre de 1988, fecha que coincide con la de sus registros civiles de defunción
(hecho probado 7.1.2).
Igualmente, en cuanto a la participación de agentes del Estado en los hechos
narrados, de acuerdo con lo señalado en la demanda, desde el 11 de noviembre
de 1988, los demandantes tenían conocimiento de que el Estado podría estar
involucrado en los hechos conocidos como la “masacre de Segovia”, pues, tal
como lo manifestaron en la demanda, algunos miembros del Movimiento Muerte a
Revolucionarios del Nordeste M.R.N., después de los hechos, “se dirigieron unos
a la base militar de Segovia y otros se fueron a Puerto Berrío, donde siempre
habían contado con el apoyo del Ejército Nacional para protegerse” (Se destaca).
De ahí que, incluso, desde antes que los hechos victimizantes ocurrieran, los
demandantes consideraban que la fuerza pública era aquiescente con la actuación
de los grupos armados ilegales en el municipio de Segovia, pues estos ya
contaban con la protección de la fuerza pública.
Este conocimiento los demandantes lo confirmaron con la providencia del 25 de
octubre de 2001, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, que si bien no se aportó a este proceso, es referida en la demanda como la
fuente de corroboración de la intervención estatal en los hechos victimizantes, sin
que se hubiera acreditado que supieron de la participación de agentes del Estado
en una fecha distinta, ni circunstancia alguna que establezca la imposibilidad de
estos para acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa mediante el
ejercicio de la reparación directa.
Además, no se acreditó que los demandantes hubieran sabido de la participación
de agentes del Estado en una fecha distinta ni circunstancia alguna que
establezca la imposibilidad de estos para acudir a la Jurisdicción Contencioso
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Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Administrativa mediante la acción de reparación directa, pues, si bien mediante
sentencia del 15 de mayo de 2013, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, condenó al ex congresista César Pérez García a la pena principal
de 30 años de prisión y otras accesorias por los delitos de concierto para delinquir
y homicidio agravado en las personas de Carlos Enrique Restrepo Pérez, Carlos
Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio Restrepo Cadavid, Henry Albeiro
Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez Pardo, en hechos ocurridos el 11 de
noviembre de 1988 en el municipio de Segovia (hechos probado 7.1.39.), lo cierto
es que desde el 11 de noviembre de 1988 cuando ocurrieron los hechos
victimizantes, los demandantes ya sabían de la intervención estatal en estos, lo
cual confirmaron en el 2001, con la sentencia del 25 de octubre de ese año,
proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, tal como lo
afirmaron en la demanda.
De otro lado, en cuanto a las muertes de Walter de Jesús Restrepo Cadavid el 19
de octubre de 1991, de Wilmer Albeiro Restrepo el 9 de diciembre de 1996 y de
Luz Adiela Restrepo Cadavid el 26 de mayo de 2004, ocurridas todas en Medellín,
estas no sucedieron en el marco de los hechos conocidos como la “masacre de
Segovia” del 11 de noviembre de 1988, ni se comprobó que tuvieran relación con
esos hechos ni que los demandantes se hubieran enterado en fecha posterior a
dichas muertes por algún impedimento material para acudir a la administración de
justicia, como tampoco que estas pudieran considerarse como delitos de lesa
humanidad ocurridas en el marco de un ataque generalizado contra la población
civil112, que permitiera considerar la inaplicación del término de caducidad
establecido en la ley o contarlo desde una fecha distinta a la ocurrencia de dichas
muertes.
112 La Corte Constitucional, en Sentencia C-579 de 2013, indicó: “Los delitos de lesa humanidad,
tienen las siguientes características: i) causar sufrimientos graves a la víctima o atente contra su
salud mental o física; ii) inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático; iii) estar
dirigidos contra miembros de la población civil y iv) ser cometidos por uno o varios motivos
discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso”.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha dicho: “elementos contextuales que cualifican y
hacen que tal crimen derive en uno de lesa humanidad, a saber: que se ejecute i) contra la
población civil y ii) en el marco de un ataque generalizado o sistemático”. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2013, CP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, exp. 45092. Reiterado por esta Sala de Subsección en sentencia del 11 de
diciembre de 2024, exp. 68282, CP. William Barrera Muñoz.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Igualmente, siguiendo el criterio fijado en la sentencia SU-429 de 2024 de la Corte
Constitucional, en cuanto a la posibilidad de exponer las situaciones que pudieron
enfrentar los demandantes y que, a la postre, les hubieran impedido materialmente
acudir a tiempo a la administración de justicia, se observa que, si bien la demanda
se presentó el 28 de mayo de 2015, cuando aún no se había proferido la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera de esta Corporación,
se advierte que, en esta instancia, el 26 de julio de 2021 se corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.
Es así como la parte demandante conformada por los grupos familiares López
Amariles, Arias Rodríguez y Gil Hernández presentó sus alegatos de conclusión 113
en los que señaló que el a quo carecía de competencia para resolver nuevamente
la caducidad, pues ya había declarado no probada dicha excepción en la
audiencia inicial y que aplicó de forma retroactiva la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020 de la Sección Tercera de esta Corporación, argumento este
que se reitera en el recurso de apelación y sobre el que la Sala se pronunciará
más adelante. Finalmente, termina su escrito destacando los hechos que
consideró probados y por qué razones, en este caso, se configuraba la
responsabilidad estatal.
A su turno, la parte actora conformada por los grupos familiares demandantes
Restrepo Cadavid, Monsalve Castrillón, Ortiz Cano y Barrientos Agudelo señaló en
sus alegatos de conclusión114 que la sentencia de primera instancia violó su
derecho al debido proceso, así como los principios de legalidad y seguridad
jurídica por cuanto no tenían la carga procesal de demostrar una condición
especial para demandar al Estado, dado que frente a crímenes de lesa humanidad
se debía aplicar la excepción a la caducidad de la acción. Agregó que la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 los ponía en desventaja para defender sus
intereses y que se violó el principio de irretroactividad jurisprudencial. Además,
insistió en que el a quo carecía de competencia para resolver nuevamente la
113 Índice 16, Samai.
114 Índice 17 Samai.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
caducidad, pues ya había declarado no probada dicha excepción en la audiencia
inicial.
De modo que la parte actora tuvo la oportunidad procesal de exponer si los
demandantes se encontraban todos, o alguno de ellos, en alguna situación que le
hubiera impedido materialmente acudir a la administración de justicia dentro del
plazo establecido en la ley, tal como lo dispuso la Corte Constitucional en la
sentencia SU-429 de 2024, sin que hubiera manifestado ni acreditado alguna,
pues aunque se refirió a la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 proferida por la Sala Plena de esta Sección, no señaló
circunstancia particular alguna que no le hubiera permitido demandar dentro del
término legal.
Bajo ese entendido, no resultan aplicables las razones objetivas expuestas por la
Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, Rad. 61033, tales como secuestros o enfermedades, tampoco se demostró
que los actores denunciaron amenazas o cualquier otro supuesto que
obstaculizara materialmente el ejercicio del derecho de acción, para que el término
de caducidad se compute a partir de un momento distinto al de la ocurrencia de
las muertes de los familiares de los demandantes.
Así las cosas, se estima que la acción de reparación directa se presentó por fuera
de los 2 años legalmente establecidos, toda vez que, el término de caducidad para
demandar la responsabilidad del Estado por las muertes de Carlos Enrique
Restrepo Pérez, Carlos Enrique Restrepo Cadavid, Gildardo Antonio Restrepo
Cadavid, Henry Albeiro Castrillón y Jairo de Jesús Rodríguez Pardo vencía el 12
de noviembre de 1990, dado que los decesos ocurrieron el 11 de noviembre de
1988 con el conocimiento de los demandantes, o, en última instancia, en octubre
de 2003, pues desde la sentencia del 25 de octubre de 2001, proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, los actores confirmaron su
conocimiento sobre la intervención estatal en las referidas muertes, tal como lo
afirmaron en la demanda.
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Igualmente, frente a la muerte de Walter de Jesús Restrepo Cadavid ocurrida el 19
de octubre de 1991 el término de caducidad vencía el 20 de octubre de 1993;
respecto de la muerte de Wilmer Albeiro Restrepo acaecida el 9 de diciembre de
1996, el término máximo debía computarse hasta el 10 de diciembre de 1998 y; en
cuanto a la muerte de Luz Adiela Restrepo Cadavid ocurrida el 26 de mayo de
2004, el término para demandar vencía el 27 de mayo de 2006.
Lo anterior, no obstante, que la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 19 de diciembre de 2014 y que la audiencia se declaró fallida el 11
de marzo de 2015, misma fecha en que se expidió la constancia de agotamiento
del requisito de procedibilidad del medio de control115, pues tanto dicha solicitud
como la demanda radicada el 28 de mayo de 2015 se impetraron cuando el
término de caducidad se encontraba vencido.
Se reitera que el cómputo de la caducidad de la acción solo se afecta si se
demuestra la existencia de situaciones que imposibilitan el acceso a la
administración de justicia, tal como lo establece la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020 de la Sección Tercera de esta Corporación, cuyos criterios
fueron reiterados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-429 del 10 de
octubre de 2024. En dicha sentencia se señala expresamente que el término de
caducidad no es exigible cuando se verifica una afectación ostensible a los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, lo cual
ocurre en casos donde se comprueban situaciones objetivas como secuestros,
enfermedades o cualquier otra circunstancia que impida materialmente el ejercicio
del derecho de acción, lo cual implica establecer la circunstancias que impidieron
el ejercicio oportuno de su derecho a demandar. En estos casos, el término
preclusivo no puede contarse en contra de quien no tiene acceso efectivo a la
administración de justicia, pero en el sub judice no se probó ninguno de tales
eventos u otro semejante que les impidiera a los demandantes acudir a la justicia
dentro del plazo legal para accionar.
115 Fl. 149 a 162, C.1.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Por tanto, el medio de control por el daño consistente en las muertes de los arriba
mencionados se encuentra caducado.
7.2.2. La caducidad de las pretensiones respecto de las lesiones de María
Emilse Restrepo Cadavid y Jairo Alonso Gil
Se comprobó que María Emilse Restrepo Cadavid y Jairo Alonso Gil resultaron
lesionados en los hechos conocidos como la “masacre de Segovia” del 11 de
noviembre de 1988, la primera con fractura abierta 2°, 3° y 4° metatarsianos de pie
derecho y amputación de 2º dedo del pie derecho y, el segundo, con fractura
conminuta de cadera derecha (hechos probados 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.1.27, 7.1.30
y 7.1.34).
En el sub examine, se demanda que los hechos conocidos como la “masacre de
Segovia” en los cuales resultaron lesionados María Emilse Restrepo Cadavid y
Jairo Alonso Gil ocurrieron el 11 de noviembre de 1988 con el conocimiento y
aquiescencia de las entidades demandadas.
Al igual que respecto de las muertes antes mencionadas, para la Sala no queda
duda que los demandantes no solo se enteraron de las lesiones sufridas por María
Emilse Restrepo Cadavid y Jairo Alonso Gil el 11 de noviembre de 1988, sino
también de la posible omisión y/o participación de agentes del Estado en los
hechos en los cuales las víctimas resultaron lesionadas, pues así lo confirman las
afirmaciones que se hacen en el líbelo, las cuales pueden interpretarse como una
confesión.
Así las cosas, se reitera, en virtud de las disposiciones que regulan la confesión
judicial, las manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en la
demanda, en las excepciones y en las respectivas contestaciones ostentan valor
probatorio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191
del C.G.P.116.
116 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere:
“1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que
resulte de lo confesado.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Pues bien, el apoderado de la parte demandante afirma en la demanda que a
María Emilse Restrepo Cadavid “en la noche del 11 de noviembre de 1988, en la
masacre de Segovia, se le ocasionaron múltiples lesiones personales con
perturbación funcional, ingresando a urgencias a la clínica de Medellín S.A. el 14
de noviembre de 1988, dos días después de la masacre”117 y que, en la misma
fecha, Jairo Alonso Gil “recibió varios impactos de bala dejándolo invalido de por
vida”118.
Igualmente, en la demanda se afirma que los hechos conocidos como la “masacre
de Segovia” en los que resultaron lesionados los arriba mencionados ocurrieron
“con la colaboración y apoyo logístico de miembros del Ejército Nacional y de la
Policía Nacional causando alarma, conmoción, terror, y perturbación dentro de la
población civil”, entidades que, además, tenían conocimiento de “los
hostigamientos y persecuciones de que era víctima la población de Segovia por
parte de la Fuerza Pública, a través del grupo armado Muerte a Revolucionarios
del Nordeste M.R.N.”, como quedó consignado, según se afirma en la demanda,
en la sentencia del 25 de octubre de 2001, proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal119.
Precisamente, en el libelo introductorio se afirmó que, “los miembros del
Movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N. que iban en la
camioneta, al terminar con la labor encomendada, se dirigieron unos a la base
militar de Segovia y otros se fueron a Puerto Berrío, donde siempre habían
contado con el apoyo del Ejército Nacional para protegerse”120.
“2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
“3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
“4. Que sea expresa, consciente y libre.
“5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
“6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada (…)”.
117 Hecho No. 20 de la demanda, folio 15 vuelto, C.1.
118 Hecho No. 2 de la demanda, folio 25, C.1.
119 Así se lee en los hechos Nos. 4 y 5 de la demanda, folio 5 vuelto, C.1.
120 Así se lee en el hecho No. 28 de la demanda, folio 7, C.1.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Tales afirmaciones corresponden a una confesión y tienen merito probatorio de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 191 y 193 del C.G.P., pues en ellas los
demandantes dan cuenta de los hechos conocidos como la “masacre de Segovia”
en los que fueron lesionados María Emilse Restrepo Cadavid y Jairo Alonso Gil,
así como la omisión de protección, connivencia y/o participación de agentes del
Estado en dicho suceso.
De acuerdo con lo anterior, los demandantes, se enteraron de las lesiones sufridas
por María Emilse Restrepo Cadavid y Jairo Alonso Gil el mismo día en que estas
ocurrieron, durante los hechos conocidos como la “masacre de Segovia”, como lo
manifiestan en la demanda, esto es, el 11 de noviembre de 1988, fecha que
coincide con lo señalado en sus historias clínicas y en el informe técnico forense
del Instituto Nacional de Medicina Legal del 16 de febrero de 2011 practicado a
María Emilse Restrepo Cadavid (hechos probados 7.1.3. y 7.1.6., 7.1.27.).
Frente a la participación de agentes del Estado en los hechos conocidos como la
“masacre de Segovia”, se itera que, de acuerdo con lo señalado en la demanda,
desde el 11 de noviembre de 1988, los demandantes tenían conocimiento de la
participación del Estado por omisión o anuencia o complicidad en dichos hechos,
pues tal como lo manifestaron en la demanda, algunos miembros del Movimiento
Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N., después de los actos violentos de
ese día “se dirigieron unos a la base militar de Segovia y otros se fueron a Puerto
Berrío, donde siempre habían contado con el apoyo del Ejército Nacional para
protegerse” (Se destaca). De ahí que, incluso, desde antes que los hechos
victimizantes ocurrieran, los demandantes consideraban que la fuerza pública era
aquiescente con la actuación de los grupos armados ilegales en el municipio de
Segovia, pues estos ya contaban con la protección de la fuerza pública.
Este conocimiento los demandantes lo confirmaron en el 2001 con la providencia
del 25 de octubre de 2001, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, que si bien no se aportó a este proceso, es referida en la
demanda como la fuente de corroboración de la intervención estatal en los hechos
victimizantes, sin que se hubiera acreditado que supieron de la participación de
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agentes del Estado en una fecha distinta ni circunstancia alguna que establezca la
imposibilidad de estos para acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa
mediante el ejercicio de la reparación directa.
Además, no se acreditó que los demandantes hubieran sabido de la participación
de agentes del Estado en una fecha distinta ni circunstancia alguna que
establezca la imposibilidad de estos para acudir a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa mediante la acción de reparación directa, pues, si bien mediante
sentencia del 15 de mayo de 2013, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, condenó al ex congresista César Pérez García a la pena principal
de 30 años de prisión y otras accesorias por los delitos de concierto para delinquir
y homicidio agravado por los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988 en el
municipio de Segovia (hechos probado 7.1.39.), lo cierto es que desde el 11 de
noviembre de 1988 cuando ocurrieron los hechos victimizantes, los demandantes
ya sabían de la intervención de las hoy demandadas en estos, lo cual confirmaron
en el 2001, con la sentencia del 25 de octubre de ese año, proferida por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, tal como lo afirmaron en la
demanda. La sentencia penal aludida no es al efecto la fecha en que se enteraron
de la participación de agentes del Estado en los reprochables hechos en la
población de Segovia, sino apenas la corroboración de unas circunstancias que
las víctimas ya conocían de antemano.
Igualmente, siguiendo el criterio fijado en la sentencia SU-429 de 2024 de la Corte
Constitucional, en cuanto a la posibilidad de exponer las situaciones que pudieron
enfrentar los demandantes y que, a la postre, les hubieran impedido materialmente
acudir a tiempo a la administración de justicia, como antes se advirtió, los
demandantes presentaron sus alegatos de conclusión sin manifestar alguna
situación en particular que les hubiera generado tal impedimento, como tampoco
se demostró obstáculo alguno para el ejercicio del medio de control dentro del
término legal.
Bajo ese entendido, no resultan aplicables las razones objetivas expuestas por la
Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, Rad. 61033, reiteradas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-429
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
del 10 de octubre de 2024, tales como secuestros o enfermedades, tampoco se
demostró que los actores hubieran denunciado amenazas o cualquier otro
supuesto que obstaculizara materialmente el ejercicio del derecho de acción o que
los postrara para no ejercer su derecho legítimo de demandar que implica que el
término de caducidad se deba computar a partir de un momento distinto al de la
ocurrencia de las lesiones de María Emilse Restrepo Cadavid y Jairo Alonso Gil,
esto es, el 11 de noviembre de 1988.
Así las cosas, se estima que la acción de reparación directa se presentó por fuera
de los 2 años legalmente establecidos, toda vez que, el término de caducidad para
demandar la responsabilidad del Estado por las lesiones sufridas por María Emilse
Restrepo Cadavid y Jairo Alonso Gil vencía el 12 de noviembre de 1990, dado que
las lesiones ocurrieron el 11 de noviembre de 1988 con el conocimiento de los
demandantes, o, inclusive, en una interpretación más beneficiosa, en última
instancia, en octubre de 2003, pues desde la sentencia del 25 de octubre de 2001,
proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, cuando los
actores confirmaron su conocimiento sobre la intervención estatal en los hechos
conocidos como la masacre de Segovia, durante los cuales las victimas resultaron
lesionadas, tal como lo afirmaron en la demanda.
Lo anterior, como ya se dijo, no obstante, que la parte actora presentó solicitud de
conciliación extrajudicial el 19 de diciembre de 2014121, pues tanto dicha solicitud
como la demanda radicada el 28 de mayo de 2015 se impetraron cuando el
término de caducidad se encontraba vencido.
Por tanto, el medio de control por el daño consistente en las lesiones sufridas por
María Emilse Restrepo Cadavid y Jairo Alonso Gil se encuentra caducado.
121 Fl. 149 a 162, C.1.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
7.2.3. La caducidad de las pretensiones respecto del desplazamiento forzado
de los demandantes
En cuanto al desplazamiento forzado que se alega en la demanda se tiene lo
siguiente:
a) Familia Restrepo Cadavid
En la demanda se afirma que, a partir de los hechos conocidos como la “masacre
de Segovia” del 11 de noviembre de 1988, los demandantes integrantes de la
familia Restrepo Cadavid se vieron forzados a desplazarse del municipio de
Segovia122.
Igualmente se acreditó que los demandantes de este grupo familiar fueron
incluidos en el Registro Único de la Población Desplazada así: i) María Graciela
Restrepo Cadavid, Mónica Stelle Restrepo, Dannia Marcela Londoño Restrepo y
Ana Camila Londoño Restrepo desde el 26 de febrero de 2009 (hecho probado
7.1.21.); ii) Juan Pablo Correa Restrepo y María Constanza Restrepo Cadavid,
desde el 2 de marzo de 2009 (hecho probado 7.1.22.); iii) María Patricia Restrepo,
Karina Restrepo, Valeria Naranjo Restrepo y Valentina Naranjo Restrepo, desde el
2 de octubre de 2009 (hecho probado 7.1.24.) y; iv) Darío Londoño Henao, Luz
Marina Restrepo Cadavid y Mabel del Socorro Restrepo Cadavid, desde el 7 de
octubre de 2012 (hecho probado 7.1.38.).
También se probó que el 12 de enero de 2012, María Emilse Restrepo Cadavid
solicitó ante la Personería de Medellín ser incluida en el Registro Único de
Víctimas (hecho probado 7.1.36.).
Asimismo, aunado a los elementos de prueba señalados en los hechos probados,
en el plenario se escuchó el testimonio de Yamile del Pilar Mariaca Restrepo123,
122 Hecho No. 1 de la demanda, folio 14, C.1.: “La masacre de Segovia de 1988 fue la causa
determinante del desplazamiento forzado de la mayoría de los miembros de la familia Restrepo,
que asumieron inevitable la huida de su municipio […]”.
123 DVD audiencia de pruebas del 8 de junio de 2016.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
quien señaló que los demandantes miembros de la familia Restrepo Cadavid se
desplazaron de Segovia inmediatamente después de los hechos del 11 de
noviembre de 1988.
A su turno, el testigo Darío Londoño Henao124 manifestó que la “masacre de
Segovia” ocurrió el viernes 11 de noviembre de 1988 y que al lunes siguiente la
familia Restrepo Cadavid tuvo que abandonar el pueblo porque recibieron
amenazas.
Finalmente, el testigo Víctor Emilio Villa Castro125 señaló que inmediatamente
ocurrieron los hechos del 11 de noviembre de 1988 en Segovia la familia Restrepo
Cadavid se fue para Medellín y que no habían regresado a Segovia.
Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 211126 del Código
General del Proceso, se observa que los testimonios de Yamile del Pilar Mariaca
Restrepo y Darío Londoño Henao, en principio, podrían considerarse
sospechosos, toda vez que la primera señaló que, entre los demandantes,
miembros de la familia Restrepo Cadavid, se encuentran algunos tíos y primos y,
el segundo, declaró que su suegra era la demandante Ana Rosa Cadavid.
Empero, se observa que estos se limitaron a mencionar lo que supieron sobre el
desplazamiento forzado de la familia Restrepo Cadavid del municipio de Segovia
en el que dichos testigos también vivían, sin evidenciar contradicciones o
apreciaciones subjetivas en sus relatos. Por su parte, el testigo Víctor Emilio Villa
Castro no presenta sospechas de parcialidad pues, aunque conocía a las víctimas
y a la familia Restrepo Cadavid, no hay indicios de una relación especial que
pueda interpretarse como un posible conflicto de intereses, toda vez que se limitó
a testificar sobre su conocimiento de la situación familiar de los demandantes.
124 DVD audiencia de pruebas del 8 de junio de 2016.
125 DVD audiencia de pruebas del 8 de junio de 2016.
126 “Artículo 217. Imparcialidad del testigo. cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso.”
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b) Familia Monsalve Castrillón
En la demanda se afirma que, a partir de los hechos conocidos como la “masacre
de Segovia” del 11 de noviembre de 1988, los demandantes integrantes de la
familia Monsalve Castrillón se vieron forzados a desplazarse del municipio de
Segovia127.
Igualmente se acreditó que el 6 de junio de 2001, Lilian Inés Monsalve Castrillón
denunció ante la Personería Distrital de Barranquilla que cinco meses después de
los hechos de la “masacre de Segovia” del 11 de noviembre de 1988 se desplazó
para Medellín, luego a Puerto Boyacá, después a Fundación y finalmente a
Barranquilla (hecho probado 7.1.18.). Aunque, también, el 2 de junio de 2006, la
misma demandante denunció ante la Fiscalía General de la Nación que ella y su
núcleo familiar fueron víctimas de desplazamiento forzado desde el 11 de
noviembre de 1988 (hecho probado 7.1.20.). Igualmente, consta que dicha
demandante se encuentra incluida en el Registro Único de la Población
Desplazada desde el 30 de agosto de 2010 (hecho probado 7.1.25.).
Asimismo, se demostró que el 9 de marzo de 2011, la demandante María Belén
Gómez Suárez declaró ante la Procuraduría Regional de Antioquia en Medellín,
que desde el 2 de marzo de 1989 se desplazó de Segovia a Medellín (hecho
probado 7.1.28.) y que esta se encuentra incluida en el Registro Único de la
Población Desplazada desde el 14 de abril de 2011 (hecho probado 7.1.29.).
También se acreditó que, el 30 de mayo de 2011, Amantina Castrillón declaró ante
la Procuraduría Regional de Antioquia en Medellín que se desplazó con su núcleo
familiar conformado por Nodier Adriana Echavarría Castrillón, Donelia Estela
Casas Castrillón, Damara Cecilia Gómez Monsalve, Dorian Alberto Castrillón,
Yulimar Soraya Herrera Monsalve y Ema Rosa Durango Durango desde Segovia a
Medellín, aunque no precisó la fecha. (hecho probado 7.1.31.).
127Hecho No. 3 de la demanda, folio 19, C.1.: “La masacre de Segovia de 1988 fue la causa
determinante del desplazamiento forzado de la mayoría de los miembros de la familia Restrepo,
que asumieron inevitable la huida de su municipio […]”.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
En esa misma línea, se probó que el 22 de julio de 2011, Marley Upequi Monsalve
declaró ante la Procuraduría Regional de Antioquia en Medellín, que desde el 15
de diciembre de 1989 se desplazó con su núcleo familiar conformado por Deyler
Upegui Monsalve, Edwin Alejandro Carvajal Monsalve, Llirley Carvajal Monsalve,
Álvaro de Jesús Carvajal Arboleda y Sor Inés Monsalve Castrillón de Segovia a
Medellín (hecho probado 7.1.32.).
c) Familia Ortiz Cano
En la demanda se afirma que “después de la ocurrencia de los hechos el 11 de
noviembre de 1988 todo el grupo familiar Ortiz Cano se vio obligado a dejar el
municipio de Segovia, Antioquia, donde desarrollaban y mantenían sus relaciones
sociales, familiares, económicas, y algunos de ellos, la de carácter político,
originándose el desplazamiento forzado del núcleo familiar Ortiz Cano y sus
descendientes”128.
Asimismo, se acreditó que el 8 de abril de 2014, Gloria Mabel Ortiz Cano fue
incluida junto con su grupo familiar en el Registro Único de la Población
Desplazada (hecho probado 7.1.41.).
También se probó que varios integrantes de esta familia declararon su situación
de desplazamiento forzado por hechos distintos a los invocados en la presente
demanda así: i) el 10 de enero de 2014, Gloria Mabel Ortiz Cano rindió
declaración ante la Personería de Bello, Antioquia, por los hechos victimizantes de
acto terrorista, atentados, hostigamientos y desplazamiento forzado a raíz de los
hechos ocurridos en Segovia el 11 de diciembre de 2003 “cuando colocaron una
bomba en el pueblo” (hecho probado 7.1.40.); ii) el 25 de abril de 2014, Luis
Fernando Ortiz Cano declaró ante la Personería de Bello, Antioquia, por el
desplazamiento forzado de que fue víctima a raíz de los hechos ocurridos en
Segovia el 1 de julio de 1997 (hecho probado 7.1.42.); iii) el 9 de octubre de 2014,
Catalina Mabel Bedoya Ortiz declaró ante la Personería de Bello, Antioquia, por el
128 Así se lee en el hecho No. 4 de la demanda, folio 23, C.1.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
desplazamiento forzado de que fue víctima a raíz de los hechos ocurridos en
Segovia el 16 de enero de 1998 (hecho probado 7.1.44.); y, iv) el 9 de octubre de
2014, Jael Cano de Ortiz declaró ante la Personería de Bello, Antioquia, por el
desplazamiento forzado de que fue víctima a raíz de los hechos ocurridos en
Segovia el 15 de agosto de 1997 (hecho probado 7.1.45.).
No obstante, cabe aclarar que los hechos ocurridos en las fechas antes
mencionadas no son materia del presente proceso, por lo que, de las pruebas
recaudadas en el proceso, solo resta la manifestación hecha en la demanda
acerca del desplazamiento forzado que habría padecido este grupo demandante
desde el 11 de noviembre de 1988.
d) Familia Barrientos Agudelo
En la demanda se afirma que “la masacre ocurrida el 11 de noviembre de 1988 no
cesó con el crimen de la señora Agudelo, debido a que las amenazas continuaron
después de esa fecha dejando al señor Barrientos y a sus hijos sin otra
oportunidad que el desplazamiento forzado hacia la ciudad de Medellín”129.
Igualmente, se acreditó que desde el 24 de julio de 2009, Miguel Ángel Barrientos
Marín se encuentra incluido en el Registro Único de la Población Desplazada
(hecho probado 7.1.23.).
Asimismo, se comprobó que el fiscal 43 delegado ante el Tribunal de Justicia y
Paz adelantaba una investigación por el desplazamiento forzado de Miguel Ángel
Barrientos Marín, Miguel Ángel Barrientos Agudelo, Yony Alexander Barrientos
Agudelo, Danny Andrés Barrientos Agudelo, Lino Abad Barrientos Agudelo y
Dorian Esteban Barrientos Agudelo ocurrido a partir del 11 de noviembre de 1988
desde Segovia, Antioquia (hecho probado 7.1.26.).
129 Así se lee en el hecho No. 6 de la demanda, folio 24, C.1.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
e) Familia Gil Hernández
En la demanda se afirma que “después de la ocurrencia de los hechos el 11 de
noviembre de 1988 todo el grupo familiar Gil Hernández se vio obligado a dejar el
municipio de Segovia, Antioquia, donde desarrollaban y mantenían sus relaciones
sociales, familiares y económicas, originándose el desplazamiento forzado”130.
f) Familia Arias Rodríguez
En la demanda se afirma que a raíz de la muerte del señor Jairo de Jesús
Rodríguez Pardo ocurrida el 11 de noviembre de 1988 en los hechos conocidos
como la “masacre de Segovia”, ante la desprotección de las autoridades y con un
conocimiento que avizoraba la complicidad de la fuerza pública, Martha Ligia Arias
Monsalve y su hija Sharella Elidde Rodríguez A. no tuvieron otra opción que huir
de Segovia en condición de desplazadas forzadas y refugiarse en la ciudad de
Medellín131.
Igualmente, se acreditó en el expediente que la personera municipal de Segovia
hizo constar que Martha Ligia Arias Monsalve y su hija Sharella Elidde Rodríguez
Arias se desplazaron forzosamente del municipio de Segovia debido a los hechos
de la “masacre de Segovia” ocurridos el 11 de noviembre de 1988 (hecho probado
7.1.43.).
g) Familia López Amariles
En el escrito introductorio se afirma que los demandantes integrantes de este
grupo familiar fueron víctimas de desplazamiento forzado el 11 de noviembre de
1988, fecha a partir de la cual solicitan la indemnización de perjuicios por este
hecho, sin hacer otra mención en particular.
130 Así se lee en el hecho No. 6 de la demanda, folio 25 vuelto, C.1.
131 Así se lee en el hecho No. 5 de la demanda, folio 26 vuelto, C.1.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Pues bien, en los hechos comunes a todos los grupos demandantes relatados en
el libelo, se afirma que la Policía y el Ejército Nacional no protegieron a la
población durante los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988 en el
municipio de Segovia.
Es así como en la demanda se afirmó que los hechos conocidos como la “masacre
de Segovia” ocurrieron “con la colaboración y apoyo logístico de miembros del
Ejército Nacional y de la Policía Nacional causando alarma, conmoción, terror, y
perturbación dentro de la población civil”, entidades que, además, tenían
conocimiento de “los hostigamientos y persecuciones de que era víctima la
población de Segovia por parte de la Fuerza Pública, a través del grupo armado
Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N.”, como quedó consignado, según
se afirma en la demanda, en la sentencia del 25 de octubre de 2001, proferida por
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal132.
Igualmente, en la demanda se afirmó que, “los miembros del Movimiento Muerte a
Revolucionarios del Nordeste M.R.N. que iban en la camioneta, al terminar con la
labor encomendada, se dirigieron unos a la base militar de Segovia y otros se
fueron a Puerto Berrío, donde siempre habían contado con el apoyo del Ejército
Nacional para protegerse”133.
De acuerdo con lo anterior y en reiteración de los argumentos expuestos ut supra,
para la Sala no queda duda que los demandantes sabían desde el 11 de
noviembre de 1988 cuando ocurrieron los hechos conocidos como la “masacre de
Segovia”, de la posible omisión y/o participación de agentes del Estado, hechos a
partir de los cuales habrían sido víctimas de desplazamiento forzado, pues así lo
confirman las afirmaciones que se hacen en el líbelo, las cuales pueden
interpretarse como una confesión.
Las afirmaciones antes referidas corresponden a una confesión y tienen merito
probatorio de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 191 y 193 del C.G.P., pues
132 Así se lee en los hechos Nos. 4 y 5 de la demanda, folio 5 vuelto, C.1.
133 Así se lee en el hecho No. 28 de la demanda, folio 7, C.1.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
en ellas los demandantes dan cuenta de los hechos conocidos como la “masacre
de Segovia” que habrían dado lugar a su desplazamiento forzado.
De ahí que, en cuanto a la participación de agentes del Estado en los hechos
conocidos como la “masacre de Segovia”, se insiste que, de acuerdo con lo
señalado en la demanda, desde el 11 de noviembre de 1988, los demandantes
tenían conocimiento de que el Estado podría estar involucrado en dichos hechos
violentos, pues tal como lo manifestaron en la demanda, algunos miembros del
Movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N., después del ataque a
la población “se dirigieron unos a la base militar de Segovia y otros se fueron a
Puerto Berrío, donde siempre habían contado con el apoyo del Ejército Nacional
para protegerse” (Se destaca). De ahí que, incluso, desde antes que los hechos
victimizantes ocurrieran, los demandantes consideraban que la fuerza pública era
aquiescente con la actuación de los grupos armados ilegales en el municipio de
Segovia, pues estos ya contaban con la protección de la fuerza pública.
Este conocimiento los demandantes lo confirmaron en el 2001 con la providencia
del 25 de octubre de 2001, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, que si bien no se aportó a este proceso, es referida en la
demanda como la fuente de corroboración de la intervención estatal en los hechos
victimizantes, sin que se hubiera acreditado que se enteraron de la participación
de agentes del Estado en una fecha posterior ni circunstancia alguna que
establezca la imposibilidad de estos para acudir a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa mediante el ejercicio de la reparación directa.
Tampoco se acreditó otra circunstancia que imposibilitara a los demandantes para
acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa mediante la acción de
reparación directa dentro del término legal, pues, si bien mediante sentencia del
15 de mayo de 2013, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
condenó al ex congresista César Pérez García a la pena principal de 30 años de
prisión y otras accesorias por los delitos de concierto para delinquir y homicidio
agravado por los hechos conocidos como la masacre de Segovia ocurridos el 11
de noviembre de 1988 en ese Municipio (hechos probado 7.1.39.), lo cierto es que
desde la fecha en que ocurrieron los hechos victimizantes, los demandantes ya
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
sabían de la intervención de las hoy accionadas en estos, lo cual confirmaron en el
2001, con la sentencia del 25 de octubre de ese año, proferida por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, como lo afirmaron en la demanda.
Igualmente, siguiendo el criterio fijado en la sentencia SU-429 de 2024 de la Corte
Constitucional, en cuanto a la posibilidad de exponer las situaciones que pudieron
enfrentar los demandantes y que les habría impedido materialmente acudir a
tiempo a la administración de justicia, como antes se precisó, los demandantes
presentaron sus alegatos de conclusión sin manifestar ninguna situación en
particular que les hubiera generado tal impedimento, como tampoco se demostró
obstáculo alguno para el ejercicio del medio de control de reparación directa
dentro del término legal.
De hecho, como antes se anotó, se acreditó en este proceso que los actores
tuvieron la posibilidad material de declarar su situación de desplazamiento forzado
y, de hecho, así lo hicieron entre 2009 y 2014, ante las Personerías de Bello,
Medellín, Barranquilla y la Procuraduría Regional de Antioquia, sin que se probara
circunstancia material alguna que les hubiera impedido hacerlo antes o acudir
dentro del término legal ante esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de
reparación directa.
Bajo ese entendido, no resultan aplicables las razones objetivas expuestas por la
Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, Rad. 61033, reiteradas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-429
del 10 de octubre de 2024, tales como secuestros o enfermedades, tampoco se
demostró que los actores denunciaron amenazas o cualquier otro supuesto que
obstaculizara materialmente el ejercicio del derecho de acción, para que el término
de caducidad se compute a partir de un momento distinto al del conocimiento de
los actores sobre la participación del Estado en los hechos conocidos como la
“masacre de Segovia” que dieron lugar al desplazamiento forzado que demandan,
pues, con lo afirmaron en la demanda los actores dieron cuenta de su
conocimiento de tal intervención desde el mismo 11 de noviembre de 1988, lo cual
confirmaron, según la confesión hecha en la demanda, con la sentencia del 25 de
octubre de 2001, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
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Penal, sin haber hecho siquiera manifestación alguna en la demanda que indique
que se enteraron en otra fecha específica.
Igualmente, siguiendo el criterio de caducidad establecido en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de esta Sección que
establece unas situaciones objetivas que podrían obstaculizar materialmente el
ejercicio del derecho de acción, las cuales fueron reiteradas por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024, si bien en la
demanda todos los grupos familiares afirmaron que se vieron forzados a
desplazarse a partir del 11 de noviembre de 1988, debido a los hechos conocidos
como “la masacre de Segovia”, cabe advertir que por la variada conformación de
cada familia, (hijos, hermanos, primos, tíos) tampoco se estableció que todos los
actores se desplazaron pues, como antes se anotó, algunos declararon su
situación de desplazamiento forzado entre 2009 y 2014 y otros como los miembros
de la familia López Amariles solo se limitaron a hacer dicha manifestación en la
demanda, de ahí que tampoco esté acreditado si todos se desplazaron, o si unos
son desplazados directos y otros no. A este respecto, en la medida en que
algunos demandantes no serían directamente las personas desplazadas, tampoco
se encontrarían en las circunstancias especiales que ameritan un tratamiento
diferencial y/o excepcional de la caducidad y se les debe aplicar el término regular
de la caducidad, pues este tratamiento está reservado exclusivamente a aquellos
que se encuentren en las situaciones objetivas de que hablan las sentencias ya
referidas.
Así las cosas, se estima que la acción de reparación directa se presentó por fuera
de los 2 años legalmente establecidos, toda vez que, el término de caducidad
frente al desplazamiento forzado de los demandantes vencía el 12 de noviembre
de 1990, dado que estos ocurrieron el 11 de noviembre de 1988, o, en última
instancia, en octubre de 2003, pues desde la sentencia del 25 de octubre de 2001,
proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, los actores
confirmaron su conocimiento sobre la intervención estatal en los hechos de la
masacre de Segovia a partir de la cual ocurrieron los desplazamientos, tal como lo
afirmaron en la demanda.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Lo anterior, no obstante, que la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 19 de diciembre de 2014134, pues tanto dicha solicitud como la
demanda radicada el 28 de mayo de 2015 se impetraron cuando el término de
caducidad se encontraba vencido.
Adicionalmente, no es posible otorgar valor para revivir el término de caducidad a
la inscripción de los demandantes en el Registro Único de la Población
Desplazada realizada entre 2009 y 2011 o a las solicitudes de algunos de ellos en
el 2014 para ser incluidos en dicho Registro, como se describió arriba para cada
grupo familiar, pues de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, la
inscripción en el Registro Único de Víctimas tiene como objetivo garantizar el
reconocimiento formal de las víctimas, permitir su acceso a medidas de asistencia
y atención integral, asegurar su derecho a la justicia y la verdad, y facilitar el
seguimiento por parte del Estado para la correcta implementación de políticas
públicas, tal como lo reiteró recientemente la Corte Constitucional en la sentencia
SU-429 de 2024135.
No obstante, este hecho solo afectaría el cómputo de la caducidad de la acción si
se demuestra la existencia de situaciones que imposibilitan el acceso a la
administración de justicia, tal como lo establece la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, Rad. 61033, cuyos criterios fueron reiterados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024. En dicha
sentencia, se señala expresamente que el término de caducidad no es exigible
cuando se verifica una afectación ostensible a los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, lo cual ocurre en casos donde se
comprueban situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier
134 Fl. 149 a 162, C.1.
135 En esta providencia, respecto de uno de los expedientes analizados, la Corte declaró que
existía defecto factico en la providencia objeto de tutela, por cuanto “la inscripción en el Registro
Único de Víctimas no tiene la vocación ni la función legal de servir como el momento, a partir del
cual debe contarse la caducidad de una demanda de reparación dirigida a obtener una
indemnización del Estado, por la comisión de un delito de lesa humanidad, crimen de guerra o
genocidio, lo cual incluye al desplazamiento forzado. Aunado a lo anterior, el RUV tampoco es la
prueba conducente o pertinente para establecer si los demandantes en un proceso de la naturaleza
anotada enfrentaron barreras materiales que les impidieron acudir a tiempo a la administración de
justicia”.
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
otra circunstancia que impida materialmente el ejercicio del derecho de acción. En
estos casos, el término preclusivo no puede contarse en contra de quien no tiene
acceso efectivo a la administración de justicia, pero en el sub judice no se probó
ninguno de tales eventos u otro semejante que le impidiera a los demandantes
acudir a la justicia dentro del plazo legal para accionar.
Adicionalmente, en cuanto al argumento de las apelaciones de que el a quo en la
audiencia inicial ya había declarado no probada la excepción de caducidad y por
tanto carecía de competencia para decidirla por segunda vez, se advierte que, si
bien en una primera oportunidad el Tribunal Administrativo de Antioquia estimó
que tal fenómeno no se produjo, en esta instancia resultaba necesario verificar si
la demanda se presentó en tiempo, por cuanto el ejercicio oportuno de la acción
es un presupuesto procesal y, por ende, debe examinarse de oficio136.
Finalmente, en cuanto al argumento de las apelaciones consistente en que el a
quo aplicó la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en forma retroactiva y vulnerando los derechos
fundamentales de los actores de acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica, a la igualdad, a la confianza legítima, a la restitución y al
restablecimiento y garantía de los derechos de las familias demandantes, tampoco
le asiste razón a la parte actora.
Ello es así, pues, se recuerda, que frente a la aplicación de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección
Tercera de esta Corporación, en temas como el formulado, cabe precisar que
hasta dicha fecha el Consejo de Estado no había asumido un criterio uniforme
frente al tema, dado que la Sección Quinta consideraba que no operaba la
136 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…]
respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en
primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de
manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el
artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando
verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de
reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma,
formulada como excepción de fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez
en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del
C.C.A.”
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
caducidad cuando se demandaba por daños provenientes de “delitos de lesa
humanidad”, criterio que no era compartido por la mayoría de la Sección Tercera y
el razonamiento que prevalecía era aquel según el cual el bloque de
constitucionalidad no impedía a los Estados adoptar reglas propias para el acceso
a su sistema judicial, de ahí que en Colombia debían aplicarse las normas de
caducidad internas, incluso en los casos denominados de lesa humanidad.
Precisamente, ante la falta de uniformidad de la jurisprudencia frente a la
exigibilidad del término para demandar cuando se invocaba un delito de lesa
humanidad, fue que la Sección Tercera dictó la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, para fijar un criterio en relación con tales eventos.
Ahora, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, tanto
el Consejo de Estado137 como la Corte Constitucional138 han indicado que, por
regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por
ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y
administrativa.
Además, en múltiples fallos de tutela139 se ha señalado que los operadores
judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver
el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido de sustento
para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas
controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener
en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la
demanda o del fallo de primera instancia140.
137 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Subsección
A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, CP:
Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
138 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, MP: Paola
Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.
139 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación 11001-
03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii) sentencia del 18 de
noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; (iii)
sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-02039-00, Sección Segunda del
Consejo de Estado, Subsección B.
140La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de conformidad
con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) no
incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. Por el contrario, el Tribunal
aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su
consideración, analizando la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la responsabilidad estatal por
privación injusta de la libertad. Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
Además, sobre el particular se advierte que, en la sentencia T-024 de 2024141, la
Corte Constitucional respaldó la aplicación de las reglas para el conteo de la
caducidad establecidas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
29 de enero de 2020, pues esa Corte indicó que, a partir de lo dicho en las
sentencias T-044 y T-210 de 2022, la mencionada sentencia de unificación del
Consejo de Estado tenía efectos retrospectivos, por lo que su aplicación es
general e inmediata. La Corte también estableció que, debido a la variación en el
precedente aplicable, los demandantes en los procesos de reparación deben
contar con una oportunidad procesal para manifestarse frente al cambio de
precedente, para proteger su derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia y que esto implicaba incluso readecuar el proceso
judicial, si se advertía que la sentencia del 29 de enero de 2020 se profirió cuando
la parte demandante ya no contaba con un momento procesal, como lo es, por
ejemplo, el alegato de conclusión.
Así, como antes se verificó, en el sub examine la parte demandante tuvo la
oportunidad procesal para manifestarse sobre la aplicación de la sentencia del 29
de enero de 2020 cuando presentó los alegatos de conclusión, sin haber
expresado impedimento alguno para haber ejercido el medio de control de la
referencia dentro del término legal.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 9 de noviembre de
2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la
caducidad del medio de control, según lo expuesto en precedencia, tal como lo
hizo en providencia reciente frente a un asunto similar142.
parte actora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de
octubre de dos mil trece (2013), radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda,
pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se
disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de
resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la
igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto
de 2022, expediente 66535, CP: Nicolás Yepes Corrales).
141 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia del 6 de febrero de 2024, MP: Paola
Andrea Meneses Mosquera.
142 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 9 de abril de 2025, exp. 69120.
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8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder
a la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas en segunda instancia a la parte actora, toda vez que el
recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la
hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8
ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que
aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho143 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora144.
143 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
144 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
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Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
A su turno, el Acuerdo 2222 de 2003145 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determinó que, en los procesos ordinarios en
segunda instancia, éstas podrán fijarse en hasta el 5% del valor de las
pretensiones146.
En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte demandada
en segunda instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión en la
oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar al pago de las agencias en
derecho a cargo del extremo activo, las cuales se fijan en la suma de $1’624.597,
que corresponde al 0,001% de las pretensiones solicitadas en la demanda147, lo
cual se acompasa con lo dispuesto con el artículo 6 del citado Acuerdo 2222 de
2003, según el cual dicho valor podrá ser de hasta el cinco por ciento (5%) del
valor total petitum, de las cuales la suma de $812.298,5 se pagará al Ejército
Nacional y otra suma igual a favor de la Policía Nacional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de noviembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la caducidad del medio
de control, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
145 “Por el cual se modifica el Acuerdo 1887 del 27 de junio de 2003 sobre fijación de agencias en
derecho”.
146 “Artículo 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: 1.1. Proceso ordinario.
(…) Segunda instancia. Hasta el cinco por ciento (5) del valor de las pretensiones confirmadas o
revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce o niega obligaciones de
hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este
concepto. En los casos en que únicamente se ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de
hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)”.
147 Las cuales fueron tasadas en $162.459’700.000 (folio 84, C.1).
71
Radicado: 05001233300020150115701 (67024)
Demandante: Ana Camila Londoño Restrepo y otros
providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8
del Código General del Proceso.
TERCERO: CONDENAR en agencias en derecho a la parte actora en suma de
$1’624.597, de las cuales la suma de $812.298,5 se pagará al Ejército Nacional y
otra suma igual a favor de la Policía Nacional.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
VF
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