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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-01167-02

Fecha
18 de febrero de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-01167-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por ambas instancias, a la parte demandante, en favor de la entidad demandada. Para el efecto, las agencias en derecho de la primera instancia se fijan en la suma de $3’955.685, monto que deberá ser pagado a la entidad demandada. Como agencias en derecho en esta instancia, se fijan también en la suma de $3’955.685, monto que deberá ser pagado en favor de la parte demandada. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2015-01167-02

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

18 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: JAVIER HERNANDO LÓPEZ ZAPATA
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - en los términos de artículo 281 del CGP, la
sentencia debe guardar consonancia con los hechos y con las pretensiones planteadas en
la demanda, así como con las excepciones que aparezcan probadas – en la sentencia es
viable analizar el asunto bajo un título de imputación diferente al invocado en la demanda,
cuestión que no transgrede el principio de congruencia, siempre y cuando con dicho estudio
el juez no modifique la causa petendi / DAÑO ESPECIAL – para la declaratoria de
responsabilidad bajo este título de imputación se requiere que, con ocasión de una
actuación legítima de la Administración, se cause un daño anormal y excepcional que
produzca la ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia del 7 de septiembre de 2020, proferida por la Sala
Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos
(se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

1. SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE a la
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, de los
perjuicios causados al señor Javier Hernando López Zapata por la aprehensión
de la máquina excavadora Caterpillar 215 el 17 de mayo de 2013, conforme lo
expuesto.

2. SE CONDENA a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -DIAN-, a pagar a favor del señor Javier Hernando López Zapata,
los siguientes daños y perjuicios:

2.1 Por concepto de perjuicios materiales, en su modalidad de daño
emergente, la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($6.724.267) M.L. de conformidad
con la liquidación efectuada.

2.2 Por concepto de perjuicios materiales, en su modalidad de lucro
cesante consolidado, se CONDENARÁ en abstracto, para lo cual el señor Javier

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Hernando López Zapata deberá promover el respectivo incidente ante este
Tribunal, dentro de la oportunidad temporal prevista en el artículo 193 del CPACA.
Para establecer la cuantía de la condena, se deberán observar estrictamente las
reglas fijadas en la parte motiva de esta sentencia.

3. SE NIEGAN LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

4. NO SE CONDENA EN COSTAS EN ESTA INSTANCIA (negrillas del
texto original).

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se afirma que a la Dian le asiste responsabilidad por la retención de la excavadora
de propiedad del señor López Zapata, ocasionándole perjuicios.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

En escrito presentado el 3 de junio de 2015, el señor Javier Hernando López Zapata,
por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -en adelante Dian-, con el fin de que se declarara su responsabilidad
patrimonial por los perjuicios sufridos con ocasión de la falla en el servicio, “por
omisión, negligencia e inobservancia de la obligación de verificación del manifiesto de
importación de la maquinaria incautada [de propiedad del mencionado señor]”, que
condujo a la retención de su vehículo.

Como consecuencia, la parte actora solicitó las siguientes indemnizaciones: (i) por
daño emergente, la suma de $3’400.000, relacionada con los gastos en los que
incurrió el señor López Zapata por el transporte de la maquinaria de Medellín a
Cedeño, Antioquia, así como el monto de $1’722.000, por los gastos concernientes al
retiro de la excavadora de los patios de Almagrario; (ii) por lucro cesante, el rubro de
$721’580.000, correspondiente al dinero dejado de percibir por el aquí demandante
durante el tiempo que permaneció retenida su maquinaria y (iii) por perjuicios morales,
la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por la depresión y
congoja que sufrió el señor López Zapata, con ocasión de la retención de su
maquinaria.

2. Los hechos

Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

El 7 de mayo de 2005, Javier Hernando López Zapata celebró un contrato de
compraventa con el señor Ramiro Vergara, por medio del cual el aquí actor adquirió
una excavadora, marca Caterpillar, modelo 215, serie 95Z00296, motor 12Z04197.

El 17 de mayo de 2013, la referida excavadora fue incautada en un puesto de control
y registro de la Policía Aduanera, con el argumento de que se encontraron
inconsistencias en el manifiesto de importación de la maquinaria. Según la
demanda, tal excavadora estuvo retenida hasta el 7 de enero de 2014, fecha en la
que fue entregada a Javier Hernando López Zapata, en virtud del recurso de
reconsideración que interpuso contra la decisión de la Dian que ordenó el decomiso
administrativo del referido vehículo.

A juicio de la parte actora, la retención de la excavadora le produjo un daño
antijurídico al señor López Zapata y, como consecuencia, no solamente sufrió
perjuicios materiales sino también morales. Adicionalmente, en los fundamentos de
derecho de la demanda se hizo referencia a la sentencia C-333 de 1996 y se indicó
que la base de la responsabilidad estatal ya no reposa en la calificación de la
conducta de la Administración, sino en la calificación del daño que se causa.

3. Trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto
del 4 de noviembre de 2015, notificado en debida forma a la entidad demandada y
al Ministerio Público.

La Dian contestó la demanda para oponerse a sus pretensiones.

Propuso la excepción de indebida escogencia del medio de control, porque, a su
juicio, el de reparación directa no era el procedente, en tanto en la demanda se
cuestionó el acto por medio del cual se aprehendió la máquina.

Dijo que, en caso de analizarse el asunto bajo la óptica de la responsabilidad
extracontractual, habría que concluir que la Dian no incurrió en ninguna falla en el
servicio cuando la División de Control Operativo de Medellín aprehendió la
excavadora del aquí actor, toda vez que obró en estricto cumplimiento de un deber
legal, de acuerdo con sus funciones de investigar y de controlar lo relacionado con
el cumplimiento de las disposiciones de carácter aduanero. Seguidamente, sostuvo
que, según las prescripciones del artículo 87 del Decreto 2685 de 1999, López
Zapata, propietario de la maquinaria, tenía la obligación de conservar los

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

documentos que demostraran la legal introducción de la excavadora a territorio
aduanero nacional. De este modo, como dicho señor no probó lo pertinente cuando
se le solicitó la respectiva información, se justificó la aprehensión de la máquina.

Señaló que, con el fin de definir la situación jurídica de la excavadora, la División
de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
cotejó la información que le envió a la Dirección Seccional de Aduana de
Barranquilla y encontró “que la máquina retroexcavadora no estaba amparada, por
presentar diferencias en el número serial y en el número del motor”, cuestión que
avaló la expedición de la Resolución No. 1-90-201-238-0636-00-1559 del 3 de julio
de 2013, por medio de la cual se profirió el decomiso de la maquinaria aprehendida.

Añadió que el ahora demandante interpuso recurso de reconsideración contra el
decomiso administrativo de la máquina de su propiedad, marca Caterpillar, para lo
cual la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de
Medellín decretó pruebas y recaudó, entre otras, las siguientes: (i) una certificación
expedida por Gecolsa Cat, en la que se informó que la serie física de la
retroexcavadora era 95Z00296 y que la que figuraba en manuscrito era 95200296,
además de que la identificación de los productos Caterpillar era alfanumérica, y (ii)
copia de la factura del proveedor de Caterpillar en el extranjero, en la que aparecía
consignado que la mercancía tenía un dato alfanumérico.

Sostuvo que, con base en tales pruebas, se revocó el decomiso de la maquinaria y
se ordenó la entrega al señor López Zapata, con fundamento en que “el número
‘dos’ y la letra ‘z’ pueden fácilmente confundirse al ser escritos con puño y letra por
parte del aforador, situación que es saldada fácilmente con el dato descrito en el
documento soporte aportado por el interesado, en copia auténtica, correspondiente
a la factura del proveedor en el exterior de CATERPILLAR, en donde es clara que
la mercancía vendida tiene como descripción un dato alfanumérico”.

A manera de conclusión indicó que la Dian, en cumplimiento de sus funciones,
realizó las investigaciones necesarias para establecer la legal introducción y
permanencia de la excavadora en territorio aduanero nacional, de manera que el
señor López Zapata se encontraba en la obligación de soportar dicha carga.

El 9 de agosto de 2016 se realizó la audiencia inicial, diligencia en la cual el
Tribunal a quo negó la excepción de indebida escogencia del medio de control, por
considerar que el demandante no cuestionó la legalidad del acto administrativo
relacionado con la aprehensión de la maquinaria, sino que cuestionó el hecho de

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

que la Dian no verificó en debida forma el manifiesto de importación del vehículo, lo
que conllevó, a su juicio, a la retención de la excavadora.

Tal decisión fue apelada por la entidad demandada, pero esta Corporación la
confirmó mediante auto del 24 de febrero de 20171.

Resuelto lo anterior, la audiencia inicial continuó el 29 de agosto de 2017. El litigio
se fijó en los siguientes términos (se transcribe de forma literal):

(…) Se debe establecer si es responsable la Dian por falla del servicio por omisión,
negligencia y por inobservar la obligación de verificar el manifiesto de importación
de la maquinaria incautada, la excavadora Caterpillar, de propiedad del
demandante, en hechos ocurridos el 17 de mayo de 2013. Si se declara la
responsabilidad de la Dian, se debe establecer si procede el reconocimiento de
perjuicios morales y materiales solicitados por el demandante (...).

La fijación del litigio fue aceptada por las partes. Posteriormente se decretaron las
pruebas solicitadas.

El 1° de marzo de 2018 se realizó la audiencia de pruebas y, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 181 del CPACA, la magistrada conductora del proceso
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó la presentación por
escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público.

Las partes alegaron de conclusión y reiteraron lo expuesto en la demanda y en su
contestación, mientras que el Ministerio Público guardó silencio.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal a quo, mediante sentencia del 7 de septiembre de 2020, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos transcritos al inicio
de esta providencia.

1
Esto se consideró en dicha providencia: “Luego de efectuar una lectura conjunta de las pretensiones
económicas, así como del fragmento en que se basó la DIAN para exponer su tesis de indebida
escogencia del medio de control, no cabe duda de que el objetivo de la demanda constituye lograr
la declaratoria de responsabilidad del Estado como consecuencia de que el demandante se vio
privado de la posibilidad de disfrutar de un bien de su propiedad. Sin embargo, se considera que la
imputación no se fundamentó en un acto administrativo ilegal, sino, por el contrario, en una actuación
ajustada a derecho. De hecho, el procedimiento adelantado por la DIAN culminó a favor del
demandante, mediante la Resolución No. 1-90-201-236-408-2920, que ordenó la devolución de la
retroexcavadora y el archivo de la actuación, acto administrativo amparado por la presunción de
legalidad. De tal manera que el señor Javier Hernando López Zapata acertó en formular el medio de
control de reparación directa, toda vez que pretende derivar la responsabilidad del Estado como
consecuencia de una actuación administrativa legal, pero que, a pesar de ello, consideró que le
generó una serie de perjuicios que deberá demostrar a lo largo del proceso”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Luego de referirse a las pruebas recaudadas, el a quo descartó la falla en el servicio
alegada por la parte actora, porque la Dian, en cumplimiento del deber legal
consagrado en el Decreto 2685 de 1999, aprehendió y ordenó el decomiso de la
retroexcavadora del aquí demandante, en tanto debía determinar si dicho vehículo
ingresó o no de forma legal al territorio nacional, dado que los datos consignados
en el manifiesto de importación que se presentó ante las autoridades aduaneras no
coincidían con la “mercancía física”, pues existían diferencias en el serial.

En conclusión, el Tribunal sostuvo que, si bien la parte demandante alegó que la
Dian omitió verificar el manifiesto de importación, lo cierto es que dicha entidad
adelantó el procedimiento administrativo que debía realizar para definir la situación
jurídica del bien de propiedad del señor Javier Hernando López Zapata; además,
señaló que a la Dian tampoco podía atribuírsele una falla en el servicio por demoras
injustificadas en el referido procedimiento ante la aprehensión de la máquina, pues
cumplió con el trámite respectivo en los términos previstos.

No obstante lo anterior, el a quo declaró la responsabilidad de la Dian bajo el
régimen objetivo por daño especial, con fundamento en que, si bien la actuación de
dicha entidad fue legítima, el señor López Zapata no estaba en la obligación de
soportar los daños causados por la retención de su retroexcavadora, tesis que
sustentó en la sentencia del 29 de febrero de 20122, proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente No. 21.361.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación.

Dijo que con el fallo de primera instancia se vulneró el principio de congruencia, toda
vez que el a quo declaró la responsabilidad de la Dian bajo un título de imputación
que no se alegó en la demanda, situación que, a juicio de la recurrente, alteró las
bases procesales que limitan el pronunciamiento de instancia. Este aserto lo
sustentó en el hecho de que la parte actora fundó su demanda en una falla en el
servicio y, por ende, todo el debate procesal se basó en ese título de imputación,
pero el Tribunal condenó a la Dian bajo el régimen objetivo por daño especial, el
cual, en criterio de la demandada, ni siquiera se demostró en el proceso.

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M.P. Enrique Gil Botero.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Adicionalmente, sostuvo que en el caso concreto no se configuró el título de
imputación de daño especial, por las siguientes razones:

Indicó que el fallo del Consejo de Estado citado en la sentencia dictada por el a quo,
para justificar la aplicación de dicho régimen objetivo, “plantea[ba] una situación
fáctica diferente a la analizada en el caso sub judice”, por cuanto en ese asunto el
actor no expresó de manera concreta el régimen de responsabilidad aplicable y por
ello se adaptó el título de imputación de acuerdo con el principio de iura novit curia,
mientras que en este caso, desde un principio, se presentó la demanda ceñida a
una falla en el servicio, de ahí que, en su criterio, no resultaba aplicable la sentencia
de esta Corporación a la que se hizo alusión en el fallo apelado.

Señaló que en la teoría del daño especial se abre paso a la igualdad frente a las
cargas públicas, cuya aplicación se justifica cuando “el perjuicio sufrido supere el
umbral normal de molestias al que está sometido la generalidad del grupo al que
pertenece”. Bajo esta óptica, añadió que la inutilización de bienes es una carga
soportable para quien al momento de ser requerido por la autoridad aduanera no
logra demostrar la legalidad de la introducción y permanencia del bien en territorio
aduanero nacional, de manera que el actor tenía la obligación de soportar el daño
y, por ende, no existió un rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas frente
al señor López Zapata.

6. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación mediante auto del 23 de
febrero de 2021. Posteriormente, previo requerimiento a los sujetos procesales para
que solicitaran su registro en el sistema de gestión judicial SAMAI, se corrió traslado
a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
su concepto, por auto del 13 de agosto de 2021.

La parte actora pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia. Dijo que el
principio de congruencia se traduce en la garantía del debido proceso y que en el
presente caso no se vulneró dicho principio, porque lo discutido en el proceso giró en
torno a las actuaciones arbitrarias de la Dian, cuestión de la cual la entidad demandada
se defendió a lo largo del proceso, por lo cual, a su juicio, no hubo una transgresión
de la garantía consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política.

La entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

El Ministerio Público rindió concepto y solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, por estimar que a la Dian no le era atribuible ninguna responsabilidad por
los perjuicios ocasionados al ahora actor con ocasión de la aprehensión y decomiso
de la retroexcavadora de su propiedad. Señaló que con la sentencia dictada por el a
quo se violó el principio de congruencia, al declararse la responsabilidad de la Dian
bajo el título de imputación de daño especial, pues este no fue alegado en la demanda;
además, indicó que no se encontraba acreditado en el expediente, en tanto no existió
una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas respecto del señor Javier
Hernando López Zapata.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia3

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en
razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia del 7 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia y por tratarse de un proceso con vocación
de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 150 del
CPACA, dado que la pretensión mayor4 excede los 500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes5 a la fecha de presentación de la demanda6.

2. Procedencia y ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa

2.1. La Sala hará unas precisiones sobre el medio de control procedente, para lo
cual tendrá en cuenta lo considerado por esta Corporación en el auto del 24 de
febrero de 2017, en el cual se definió que en el sub examine la vía procesal
adecuada era la de reparación directa y no la de nulidad y restablecimiento del
derecho.

En la demanda se alega una falla en el servicio, “por omisión, negligencia e
inobservancia de la obligación de verificación del manifiesto de importación de la
maquinaria incautada [de propiedad del aquí demandante]”, que condujo a la retención
de dicho vehículo por un tiempo determinado.

3
En el presente asunto resultan aplicables las reglas de competencia del CPACA sin la reforma que
sobre este aspecto dispuso la Ley 2080 expedida el 25 de enero de 2021, en tanto esas
modificaciones en cuanto a las competencias “se aplicarán respecto de las demandas que se
presenten un año después de publicación de esta ley” (artículo 86 de la Ley 2080 de 2021).
4
Se pidió la suma de $721’580.000, por concepto de lucro cesante.
5
A la fecha de presentación de la demanda (2015) 500 SMLMV equivalían a $322’175.000.
6
Como la demanda se presentó en vigencia del CPACA, la norma con la cual se determina la
competencia por razón de la cuantía es el artículo 157 de ese cuerpo normativo.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Para la Dian, con el escrito inicial se cuestiona la legalidad del acto administrativo por
medio del cual se aprehendió la excavadora. Según la Dian, esa decisión se llevó a
cabo sin observar los requisitos legales, en tanto no se verificó el manifiesto de
importación del vehículo en cuestión. De este modo, la entidad demandada propuso
la excepción de indebida escogencia del medio de control, en tanto debió utilizarse la
vía de la nulidad y restablecimiento del derecho y no la de la reparación directa.

Se precisa que, a través del auto dictado el 9 de agosto de 2016 por el Tribunal a
quo, se declaró no probada la excepción propuesta por la Dian, decisión que fue
confirmada por esta Corporación mediante proveído del 24 de febrero de 2017. Para
justificar lo anterior, en el último auto en mención se sostuvo: (i) que no podía
entenderse que con la demanda se invocaba la ilegalidad del acto que dispuso la
aprehensión de la excavadora, por cuanto tal decisión era de trámite o preparatoria
-no susceptible de control judicial-, proferida dentro de la actuación administrativa
que la Dian adelantó para establecer la legalidad del automotor, y (ii) que no
resultaba viable sostener que la actora pretendía la nulidad del acto administrativo
que ordenó el decomiso del vehículo, toda vez que aquel fue revocado en virtud de
un recurso de reconsideración interpuesto por el señor López Zapata.

Luego de descartarse la procedencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el auto referido se hizo énfasis en que la reparación
directa era la vía adecuada para reclamar, por las siguientes razones:

Luego de efectuar una lectura conjunta de las pretensiones económicas (...) no
cabe duda de que el objetivo de la demanda constituye lograr la
declaratoria de responsabilidad del Estado como consecuencia de que el
demandante se vio privado de la posibilidad de disfrutar de un bien de su
propiedad. Sin embargo, se considera que la imputación no se fundamentó en
un acto administrativo ilegal, sino, por el contrario, en una actuación ajustada a
derecho. De hecho, el procedimiento adelantado por la DIAN culminó a favor
del demandante, mediante la Resolución No. 1-90-201-236-408-2920, que
ordenó la devolución de la retroexcavadora y el archivo de la actuación, acto
administrativo amparado por la presunción de legalidad. De tal manera que el
señor Javier Hernando López Zapata acertó en formular el medio de
control de reparación directa, toda vez que pretende derivar la
responsabilidad del Estado como consecuencia de una actuación
administrativa legal, pero que, a pesar de ello, consideró que le generó
una serie de perjuicios que deberá demostrar a lo largo del proceso (se
destaca).

En este orden de ideas, la Sala concluye que el medio de control de reparación
directa es el procedente, porque, de acuerdo con una lectura integral de la demanda
que se hizo en el auto en mención, logró extraerse que con el escrito inicial se busca

9

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

la declaratoria de responsabilidad de la Dian por haber privado al ahora actor de la
posibilidad de explotar su excavadora, producto de una actuación administrativa
legal, cuestión que, según la demanda, le ocasionó una serie de perjuicios.

2.2. En el presente caso se pretende el resarcimiento de perjuicios por haberse
privado al demandante de disfrutar y de explotar su excavadora, con ocasión de la
retención por parte de la Dian, mientras se definía la situación jurídica de ese bien
en el procedimiento administrativo que adelantó dicha entidad.

Según las pruebas que obran en el proceso, la referida actuación administrativa
culminó con la Resolución No. 1-02-201-236-408-2920, expedida el 26 de
noviembre de 2013 por el jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Aduanas Nacionales de Medellín, por medio de la cual se revocó el
decomiso del bien y se ordenó la entrega del vehículo al aquí demandante.

Así pues, para efectos del conteo de la caducidad, tal como la Corporación lo ha
hecho en casos similares en los que se reclaman perjuicios por la retención de
vehículos7, se tendrá en cuenta el día siguiente a la fecha en la que a Javier
Hernando López Zapata se le hizo entrega de su automotor, que fue el 7 de enero
de 20148, por cuanto a partir de allí el actor pudo percatarse con certeza de los
daños sufridos por la imposibilidad de explotar y de disponer de su bien, en vista de
que en esa fecha cesó la afectación del referido señor; además, porque con la
devolución del vehículo en cuestión se cumplió con lo ordenado en la resolución
que revocó el decomiso del bien y con la que finalizó el procedimiento administrativo
en su favor, y solo a partir de ahí puede entenderse que surgió el interés del
accionante para reclamar9.

7
“En desarrollo de lo anterior, es oportuno indicar que no fue sino hasta el 1 de julio de 20097 que
los demandantes tuvieron conocimiento del daño que se le endilgó a las demandadas, dado que en
esa fecha se hizo la entrega material del vehículo de placas PTL 618, de manera que solo hasta ese
momento tuvieron certeza jurídica y conocieron integralmente el estado en que se devolvió el rodante
y los supuestos perjuicios derivados de su retención” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de mayo de 2020, expediente No.
59.174). Incluso en los casos en los que se demanda por error judicial o por defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia, derivados de la retención de muebles e inmuebles,
esta Subsección ha contabilizado la caducidad desde que se hace entrega material del respectivo
bien. Esto se ha dicho: “Conviene precisar que esta Subsección, en ocasiones anteriores, ha
indicado que cuando se demanda por la posible existencia de un error jurisdiccional y/o un
defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, derivados de la retención de muebles e
inmuebles, así como por su deterioro, la caducidad se debe contabilizar desde el momento en que
realiza su entrega material, dado que sólo hasta ese momento el propietario se podría percatar de
los daños que presentan” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2019, expediente No. 46.577).
8
Folio 51 del cuaderno del tribunal.
9
“El presente caso, aunque la retención del vehículo de carga tuvo lugar el 21 de mayo de 1998 (fl.
274, c. 1), fue solo mediante la Resolución No. 8311072 de 21 de noviembre de 2000 (fl. 296, c. 1)
que la administración tributaria dispuso su devolución, al tiempo que revocó la decisión que había

10

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Como la demanda se interpuso el 3 de junio de 2015, evidente viene a ser que se
presentó dentro de los dos años previstos en el artículo 164, numeral 2, literal i, del
CPACA10.

3. Caso concreto

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, a la Sala le
corresponde determinar, en primer lugar, si con la sentencia de primera instancia se
vulneró o no el principio de congruencia, al declararse la responsabilidad de la Dian
bajo un título de imputación que no se alegó en la demanda objeto de estudio.

En reiteradas oportunidades11, la Sala ha sostenido que la congruencia es una regla
en virtud de la cual los jueces, en sus sentencias, no pueden reconocer lo que no
se les ha pedido -extra petita-, ni más de lo pedido -ultra petita-. Es garantía del
derecho fundamental al debido proceso y expresión del sistema dispositivo en el
que las partes son las encargadas del respectivo impulso procesal.

El artículo 170 del CPACA, que se refiere al contenido de la sentencia, establece
que esta debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las
normas jurídicas pertinentes, así como los argumentos de las partes y las
excepciones, con el objeto de resolver todas las peticiones. A su vez, el artículo 281
del CGP dispone que la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y con
las pretensiones planteadas en la demanda, así como con las excepciones que
aparezcan probadas y que hubieren sido alegadas, si así lo exige la ley.

En la demanda objeto de estudio se alegó una falla en el servicio por parte de la
Dian, por haber inobservado la obligación de verificar el manifiesto de importación
de la retroexcavadora de propiedad del señor López Zapata, lo que, a su juicio,
condujo a la retención del vehículo. Se advierte que en estos términos también
quedó fijado el litigio, tal como se observa en el acápite de antecedentes de este
proveído; sin embargo, hay que destacar que en la sentencia apelada, si bien el

declarado como contrabando el rodante, momento a partir del cual el actor tuvo conocimiento de que
la actuación administrativa había sido resuelta a su favor y, por ende, que podía accionar por la vía
de la acción efectivamente ejercida” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de diciembre de 2015, expediente No. 37.461, M.P.
Ramiro de Jesús Pazos Guerrero).
10
Se advierte que en el presente caso se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial (folios 58 y 59 del cuaderno del tribunal).
11
Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos proferidos por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado: (i) sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente No. 64.290 y (ii)
sentencia del 11 de julio de 2019, expediente No. 49.349.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Tribunal a quo descartó la falla en el servicio endilgada a la Dian, terminó declarando
la responsabilidad de dicha entidad bajo el régimen objetivo por daño especial.

Al respecto, resulta pertinente precisar que, en virtud del principio iura novit curia,
es viable examinar la responsabilidad del Estado bajo un título de imputación
diferente al invocado en la demanda. Esto se ha dicho:

Es posible analizar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un título de
imputación diferente a aquel invocado en la demanda, en aplicación al
principio iura novit curia, que implica que frente a los hechos alegados y
probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o el
régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la
modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en
la demanda como fundamento de la pretensión12 (negrillas del texto original).

De acuerdo con lo anterior, es claro que los jueces, de acuerdo con los hechos
alegados y con las pruebas, en las sentencias que dicten tienen la potestad de
determinar el título de imputación aplicable al caso concreto, independientemente
de que en la demanda se haya invocado uno diferente. Eso sí, valga insistir, sin que
ello implique la variación de la causa petendi, pues ello constituiría una violación al
principio de congruencia y de paso una transgresión al debido proceso.

Lo anterior guarda relación con los lineamientos fijados por la Sala Plena de la
Sección Tercera, en sentencia de 19 de abril de 201213, por medio de la cual unificó
su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún
régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los
fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte
de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia.

En ese contexto, se concluye que el principio de congruencia, previsto en el artículo
281 del CGP, no se vulnera cuando en la sentencia se estudia la responsabilidad
del Estado bajo un título imputación distinto al alegado en el escrito inicial.

Es cierto que en el fallo apelado se declaró la responsabilidad de la Dian con
fundamento en el régimen objetivo por daño especial, a pesar de que en la demanda
se le atribuyó a dicha entidad una falla en el servicio. Esta situación, independiente

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 26 de abril de 2017, expediente No. 48.790, M.P. Hernán Andrade Rincón. También
ver la sentencia del 10 de noviembre de 2016, expediente No. 33.870, M.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia del 19 de abril de 2012, expediente No. 21.515, M.P. Hernán Andrade Rincón.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

de si al Tribunal a quo le asistió o no razón al declarar la responsabilidad patrimonial
de tal ente -cuestión que se analizará más adelante-, no violó el principio de
congruencia, pues, en materia de responsabilidad estatal, los jueces tienen la
potestad de definir el régimen aplicable, en tanto los títulos de imputación hacen
parte de la motivación de sus fallos y, en el caso concreto, el a quo consideró el del
daño especial como el apropiado.

En efecto, con la sentencia de primera instancia no se violó el principio de
congruencia. Pese a que el Tribunal falló con apego en un título de imputación
diferente al invocado en la demanda, este no modificó la causa petendi, pues, en
últimas, el a quo decidió con base en los hechos alegados en la demanda que
sustentaron las pretensiones, los que se circunscribieron a la retención de la
excavadora del actor y a los supuestos perjuicios que se derivaron de allí, de ahí
que no pueda señalarse que hubo una transgresión al debido proceso.

Adicionalmente se precisa que, aunque en la fijación del litigio se estructuró el
problema jurídico en el sentido de determinar si a la Dian le asistía responsabilidad
por una falla en el servicio, ello no constituye una limitante para los operadores
judiciales, porque en sus sentencias se encuentran facultados, en aras de garantizar
el derecho de acceso a la administración de justicia, para “determinar si la decisión
debe ceñirse al problema jurídico planteado inicialmente o si este debe ser
ampliado o ajustado al trámite que corresponda a los hechos y pretensiones
de la demanda”14 (se destaca).

De este modo, la Sala advierte que tampoco constituye una transgresión al principio
de congruencia ni al debido proceso el hecho de que el a quo en su fallo hubiese
analizado la responsabilidad de la Dian con base en un título de imputación distinto
al señalado en la fijación del litigio, más cuando en la sentencia apelada, previo a
realizar el estudio bajo el daño especial, se descartó la falla en el servicio alegada
en la demanda objeto de estudio.

Superado el análisis consistente en que con la sentencia dictada por el Tribunal de
primera instancia no se violó el principio de congruencia, la Subsección determinará,
de acuerdo con las pruebas que obran en el presente proceso, si a la Dian le asiste
responsabilidad bajo el título de imputación de daño especial, como lo consideró el

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 23 de abril de 2021, expediente No. 50.226, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
También ver la sentencia del 4 de diciembre de 2020, expediente No. 60.307, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

a quo, o si no existió una ruptura del principio de igualdad frente a las cargas
públicas respecto del señor López Zapata, tal como lo alegó la entidad demandada
en el recurso de apelación.

Para tal efecto, la Sala destaca los siguientes hechos probados:

El 17 de mayo de 2013, la Policía del departamento de Antioquia incautó la referida
retroexcavadora de propiedad del aquí actor15, marca Caterpillar, serie No.
95Z00296, en el peaje de Pandequeso Km 38+600 mts, a la 1:10 p.m., por
“inconsistencias en el manifiesto de importación ‘ilegibilidad en el manifiesto’”16.

Está probado que ese mismo día, mediante oficio No. S-2013 00507 expedido el 17
de mayo de 201317, el comandante de la Unidad de Control y Seguridad de
Donmatías de la Policía Nacional dejó la excavadora a disposición del jefe de
División de Control Operativo de la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Al oficio anterior se anexó “acta de incautación y manifiesto de importación ilegible”,
tal como se observa en el expediente administrativo que aportó la Dian con la
contestación de la demanda, por medio del cual se definió la situación jurídica del
automotor del ahora actor. Revisado el manifiesto de importación de la
retroexcavadora en cuestión que se adjuntó al referido oficio18, la Sala advierte que
ese documento, en efecto, sí es ilegible en su totalidad.

También está acreditado que, el 22 de mayo de 2013, la Dian procedió a la
aprehensión de la máquina mediante acta No. 9001113, con fundamento en la
causal establecida en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 199919.

En el acta se hizo la anotación de que dicho vehículo no contaba con algún
documento que demostrara su legal ingreso a territorio aduanero nacional, con la

15
En el expediente se encuentra acreditado que, el 7 de mayo de 2007, el demandante celebró un
contrato de compraventa con el señor Ramiro Vergara, en el que el primero le compró al segundo
una excavadora, marca Caterpillar, serie No. 95Z00296, por la suma de $63’000.000 (folio 12 del
cuaderno del tribunal).
16
Según consta en el acta de incautación de elementos que obra a folio 16 del cuaderno del tribunal.
17
Folio 123 del cuaderno del tribunal.
18
Folios 125 y 126 del cuaderno del tribunal.
19
“1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Planilla de Envío, Factura de
Nacionalización o Declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se
encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, o se haya incurrido
en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma
prevista en los numerales 4 y 7 del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo
231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión”.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

siguiente nota adicional: “Como único documento aportado se encuentra al parecer
manifiesto de importación, el cual se encuentra totalmente ilegible”20.

El 6 de junio de 2013, el señor Javier Hernando López Zapata, ahora demandante,
objetó la aprehensión y aportó copia auténtica y legible del manifiesto de
importación de la excavadora21.

Mediante Resolución No. 1-90-201-238-1559 del 3 de julio de 201322, expedida por
la jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de
Aduanas de Medellín, se ordenó el decomiso administrativo total de la
retroexcavadora, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.6. del artículo
502 del Decreto 2685 de 1999. Además, en este acto administrativo se ordenó
vincular a la investigación al señor Javier Hernando López Zapata, en calidad de
propietario del vehículo.

En la referida resolución se consideró lo siguiente (se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores):

(...) se pudo observar que al momento de la inmovilización de la máquina
retroexcavadora y de la diligencia administrativa de inspección en el depósito
no se aportó documento aduanero idóneo que amparara la mercancía en
discusión, configurándose así la causal establecida en el numeral 1.6 de artículo
502 del Decreto 2685 de 1999. En consecuencia se procedió a aplicar la medida
cautelar de aprehensión mediante Acta No. 900-1113 POLFA de fecha 22 de
mayo de 2013, conforme al artículo 504 del Decreto 2685 de 1999. Por otra
parte, ha de tenerse en cuenta que el escrito presentado por el señor JAVIER
HERNANDO LÓPEZ ZAPATA (...) cumple los requisitos formales de
procedibilidad establecidos en el artículo 505-1 del Decreto 2685 de 1999 para
ser considerado documento de objeción a la aprehensión, toda vez que el señor
LÓPEZ ZAPATA acredita un interés legítimo sobre la mercancía mediante el
contrato de compraventa y la factura comercial allegados (...) De acuerdo a lo
anterior, se procederá al análisis de la legalidad de la máquina aprehendida en
el territorio aduanero nacional (...) OBSERVACIONES. MERCANCÍA NO
AMPARADA. DIFERENCIA EN EL SERIAL Y MOTOR DE LA MERCANCÍA. LA
MERCANCÍA APREHENDIDA TIENE NÚMERO DE SERIAL 95Z00296 Y
MOTOR 12Z04197, Y LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DESCRIBE UN
VEHÍCULO CON SERIAL No.95200296 Y MOTOR No. 12204197.

(...) Una vez verificada la Declaración de Importación No. 001840 del 27 de
febrero de 1984 contra la mercancía física, se encuentra que dicha declaración
no ampara la mercancía dentro del territorio aduanero nacional, en tanto que
existen diferencias en el número de motor el serial, por lo que se procederá al
decomiso de la mercancía. Se advierte así mismo que revisados los

20
Folio 129 del cuaderno del tribunal.
21
Folio 135 del cuaderno del tribunal.
22
Folios 150 a 153 del cuaderno del tribunal.

15

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

documentos adjuntados por el señor LÓPEZ ZAPATA se encuentra que en el
contrato de compraventa de vehículo automotor (...) se encuentra el número de
serie 95Z00296, así como en la factura de venta No. 780 del 7 de octubre de
2002 (...), en la que se describe una retroexcavadora con número de serie
95Z00296, serial que coincide con el de la máquina aprehendida, mas no con
la declarada, concluyendo por tanto que la declaración aportada no ampara la
mercancía dentro del territorio aduanero nacional.

Así las cosas, esta División considera evidente que los investigados no han
acreditado a lo largo del proceso el legal ingreso y permanencia en el territorio
colombiano de la máquina retroexcavadora marca Caterpillar (...), razón por la
cual su situación jurídica deberá definirse ordenando el decomiso administrativo
a favor de la Nación con fundamento en el numeral 1.6 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999.

Contra la anterior resolución, el señor Javier Hernando López Zapata, por
intermedio de apoderada judicial, interpuso recurso de reconsideración23, el que
sustentó con apoyo en un documento emitido por el gerente de Gecolsa, empresa
que importó la excavadora en cuestión, en el cual se consignó que la identificación
de los productos Caterpillar no es con denominación solo numérica, en tanto el serial
de estos elementos siempre es alfanumérico; además, se plasmó lo siguiente (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

En el caso específico de la excavadora 215 cuya serie física es 95Z00296 y que
en el manifiesto con número de control 02795, figura en manuscrito la serie
95200296, es un error de quien con su puño y letra colocó este número de serie.

Luego, en el recurso se señaló que el automotor sí estaba amparado con el
manifiesto de importación y que el error o la inconsistencia en ese documento
obedeció a que el respectivo funcionario que reconoció la maquinaria no identificó
“claramente la Z como número serial y en consecuencia colocó un dos (2)”24.

A través de la Resolución No. 1-02-201-236-408-292025, expedida el 26 de
noviembre de 2013 por el jefe de División de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Aduanas Nacionales de Medellín, se resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto por Javier Hernando López Zapata, en el sentido de
revocar el acto administrativo que ordenó el decomiso administrativo de la
excavadora, además de ordenarse la entrega de dicha maquinaria al aquí actor.

23
Folios 156 a 159 del cuaderno del tribunal.
24
Ibidem.
25
Folios 178 a 184 del cuaderno del tribunal.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Las consideraciones que sustentaron el referido acto administrativo fueron las
siguientes (transcripción literal, incluso con posibles errores):

(...) el número ‘dos’ y la letra ‘z’ pueden fácilmente confundirse al ser escritos
con puño y letra por parte del aforador, situación que es saldada fácilmente con
el dato descrito en el documento de soporte aportado por el interesado en copia
auténtica correspondiente a la factura del proveedor en el exterior
CATERPILLAR (folio 94), en donde es clara que la mercancía vendida tiene
como descripción un dato alfanumérico: 95Z00296...12Z04197 (...) GECOLSA,
quien hizo parte de la importación, ha certificado que no es posible que existan
excavadora CATERPILLAR con una identificación numérica únicamente, sino
que todas las máquinas tienen una identificación ALFANUMÉRICA.

Así las cosas, considera este despacho, que de conformidad con lo establecido
en el artículo 232-1, que reza:

‘ARTÍCULO 232-1. MERCANCÍA NO DECLARADA A LA AUTORIDAD
ADUANERA. Artículo adicionado por el artículo 23 del Decreto 1232 de 2001.
El texto es el siguiente: Se entenderá que la mercancía no ha sido declarada
a la autoridad aduanera cuando:
a) No se encuentra amparada por una declaración de importación;
b) No corresponda con la descripción física;
c) En la declaración de importación se haya incurrido en errores u omisiones
en la descripción de la mercancía, o
d) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración de
importación’.
(...)
‘Sin perjuicio de lo previsto en los literales b) y c) del presente artículo,
cuando habiéndose incurrido en errores u omisiones en la descripción de la
mercancía en la Declaración de Importación, la autoridad aduanera puede
establecer, con fundamento en el análisis integral de la información
consignada en la Declaración de Importación y en los documentos soporte
de la misma, que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada, y los
errores u omisiones no conllevan que la Declaración de Importación pueda
amparar mercancías diferentes, no habrá lugar a su aprehensión,
pudiéndose subsanar los errores u omisiones a través de la presentación de
una Declaración de Legalización sin el pago de rescate.

Por lo tanto y de conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Decreto
2685 de 1999:

En cualquier estado del proceso, si el interesado demuestra la legal
introducción y permanencia de la mercancía en el territorio aduanero
nacional, el funcionario competente ordenará, mediante auto de trámite
motivado, la entrega de la mercancía y procederá su devolución, sin que
deban agotarse las etapas a que se refieren los artículos 504 y siguientes del
presente decreto.

El despacho, tal como quedará indicado en la parte resolutiva de la presente
providencial procederá a revocar la Resolución No. 190-201-238-0636-00-1559
de 3 de julio de 2013, por medio de la cual la División de Gestión de
Fiscalización de esta Dirección Seccional, profiere decomiso administrativo de

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

una mercancía aprehendida mediante acta No. 900-1113 POLFA de 22 de
mayo de 2013 (...).

Posteriormente, mediante oficio No. SM-00016 expedido el 7 de enero de 2014 por
el representante legal de Almagrario -depósito donde quedó la excavadora mientras
se definía su situación jurídica-, se le informó al señor Javier Hernando López
Zapata que la Dian autorizó la entrega de su vehículo26.

Examinados los medios de prueba documentales que obran en el expediente27, la
Sala advierte, a diferencia de lo que consideró el Tribunal a quo, que a la Dian no le
asiste responsabilidad bajo el título de imputación de daño especial.

En términos generales, la jurisprudencia28 ha señalado que el daño especial es
aquel que se le ocasiona al administrado en desarrollo de una actuación legítima y
legal del Estado, el cual debe ser indemnizado por razones de equidad, porque
entraña la desigualdad ante las cargas públicas, cuando su imposición implica un
mayor sacrificio al que normalmente deben soportar los asociados en general.

Se ha dicho que, para la declaratoria de responsabilidad por daño especial, este
debe ser anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los
ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y de las actuaciones
del Estado, “es decir, que solo unos pocos ciudadanos resultan sacrificados en su
patrimonio como contrapartida de que la comunidad obtenga beneficios que le
representa un mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios”29.

En el caso concreto se tiene que la Dian, en virtud de la potestad fiscalizadora que
le asiste, retuvo la excavadora de propiedad del ahora demandante mediante acta
de aprehensión No. 9001113, con base en la causal establecida en el numeral 1.6
del artículo 502 del Decreto 2685 de 199930, ante la ilegibilidad del manifiesto de
importación que no permitió demostrar que el vehículo se encontraba amparado.

26
Folio 51 del cuaderno del tribunal.
27
En el proceso también se practicaron los testimonios de los señores Jhovani Perfetti Garzón, John
Jairo González Gallego y Leonel Alberto González Gallego, quienes dieron cuenta, principalmente,
sobre los supuestos perjuicios que padeció el aquí actor.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de julio de 2021, expediente No. 54.513, M.P. María Adriana Marín.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de
febrero de 2009, expediente No. 16.980. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
30
“1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Planilla de Envío, Factura de
Nacionalización o Declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se
encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, o se haya incurrido
en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma
prevista en los numerales 4 y 7 del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo
231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Con el acta de aprehensión inició el procedimiento administrativo para definir la
situación jurídica del automotor en cuestión31. Luego se profirió acto administrativo
por medio del cual se decomisó totalmente el vehículo, debido a que el manifiesto
de importación no amparaba la mercancía física en el territorio aduanero nacional,
toda vez que existían diferencias en el serial y el número del motor. Finalmente, en
virtud del recurso de reconsideración interpuesto por el señor López Zapata, se
revocó el acto que decomisó la excavadora y se ordenó su entrega.

Es cierto que la excavadora del actor estuvo retenida durante ocho meses,
aproximadamente; sin embargo, la Sala considera que tal retención no constituyó
una carga anormal y excesiva, pues al señor López Zapata le correspondía soportar
el hecho de la retención mientras se definía la situación jurídica de su automotor,
más cuando al momento de la incautación y posterior aprehensión no demostró la
introducción legal de dicha mercancía a territorio aduanero nacional, en tanto el
manifiesto de importación que presentó era totalmente ilegible.

La retención del automotor en cuestión se imponía ante el hecho de no demostrar
su introducción legal al país ante la autoridad aduanera y, debido a esta situación,
no puede considerarse como una carga excesiva o injustificada que haya recaído
sobre el señor López Zapata, pues estaba en la obligación de soportarla mientras
se definía la situación jurídica de su bien. Esto permite concluir que no hubo ruptura
del principio de igualdad ante las cargas públicas, toda vez que, si bien la retención
del vehículo le produjo una incomodidad al aquí demandante, esta no alcanzó a
tener la connotación de excepcional.

Dicho lo anterior, la Subsección se aparta de las consideraciones de la sentencia
del 29 de febrero de 201232, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, expediente No. 21.36133, fallo que tuvo en cuenta el Tribunal

31
Artículo 504 del Decreto 2685 de 1999.
32
M.P. Enrique Gil Botero.
33
Esto se consideró en el referido fallo: “Para la Sala es importante insistir que tanto la retención del
automotor como el lapso de la inmovilización, fueron actuaciones legítimas que tenían fundamento
en la normativa aplicable, sin embargo, el actor no tenía la obligación de soportar esta carga, toda
vez que al finalizar el proceso aduanero se demostró la procedencia, autenticidad y originalidad de
la importación del vehículo. Así las cosas, puesto que la conducta del demandante estuvo conforme
a derecho, es indudable que el detrimento patrimonial que sufrió por las actuaciones legales de la
administración deben ser asumidas por ésta. Surge así, la obligación de reparar este daño que tiene
la característica de ser anormal y excepcional, y que el demandante no tenía la obligación de soportar
en cuanto se le impuso una carga desigual. En estos eventos el título de imputación aplicable es el
daño especial, cuyo fundamento se encuentra en la equidad y en la solidaridad. En el presente caso
el título de imputación es el daño especial, el cual se fundamenta en valores y principios
constitucionales que han sido aplicados en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia de esta
Corporación. Ahora bien, como quiera que en el asunto sub examine se configuró un daño
antijurídico que el demandante no tenía la obligación de soportar, toda vez que se le impuso una

19

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

a quo para declarar la responsabilidad de la Dian bajo el título de imputación de
daño especial. En tal pronunciamiento se analizó un caso similar al que es objeto
de estudio en esta oportunidad y se concluyó que, a pesar de que la retención y la
inmovilización del vehículo tuvo fundamento en unas actuaciones legítimas de la
Administración, el demandante no tenía la obligación de soportar tal carga porque
al finalizar el procedimiento administrativo aduanero se demostró la procedencia de
la importación de su automotor, situación que suponía un daño especial.

En el presente caso, aunque la actuación administrativa culminó con la revocatoria
del acto que había decomisado totalmente la excavadora aludida –que condujo a la
entrega del bien al aquí demandante-, porque finalmente se acreditó que el
manifiesto de importación sí amparaba su máquina, lo cierto es que ello no supone,
per se, la responsabilidad de la Dian bajo el título de imputación de daño especial,
en la medida en que este, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sección,
debe ser excepcional y anormal, y el hecho de la retención de la máquina en el caso
concreto no cumple con esas características, toda vez que se trató de una
incomodidad normal que no produjo la ruptura del principio de igualdad frente a las
cargas públicas y que debía soportar el actor por no aparecer demostrada, de
entrada, ante las autoridades aduaneras, la legalidad del ingreso del vehículo a
territorio aduanero nacional, y por la inconsistencia detectada por la Dian,
consistente en que el número de serial que aparecía en el manifiesto de importación
no coincidía con el de la mercancía física, situación que, mientras se esclarecía,
condujo al decomiso de la máquina y a que se mantuviera retenida por
aproximadamente ocho meses.

Bajo esta óptica, la Sala concluye que, si bien la retención de la excavadora le produjo
una incomodidad al señor López Zapata, lo cierto es que no puede predicarse la
existencia de un daño que tenga el carácter de ser antijurídico, en la medida en que
aquel sí estaba en la obligación de soportar la aprehensión y posterior decomiso de
su vehículo, actuaciones que la Dian estaba en el deber legal de adelantar, ante la
ilegibilidad del manifiesto de importación y la inconsistencia encontrada en su
respectivo serial.

Lo anterior resulta relevante para justificar aún más el apartamiento de las
consideraciones plasmadas en la sentencia proferida por la Subsección C de la

carga desigual respecto de la que asumen comúnmente los ciudadanos que se encuentran en su
situación, se deben resarcir los perjuicios de allí derivados, en aplicación de los principios de igualdad
y solidaridad”.

20

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Sección Tercera de esta Corporación34, toda vez que en ese pronunciamiento se
dijo que el demandante no se encontraba en la obligación de soportar la retención
de su vehículo, por cuanto se le impuso una carga desigual “respecto de la que
asumen comúnmente los ciudadanos que se encuentra en su situación”35.

Aunque en el referido fallo no se explicó con claridad por qué el actor había sufrido
una carga desigual, se advierte que en el caso concreto no se evidenció tal aspecto,
pues la retención de la excavadora en el sub examine no puede catalogarse como
una medida desigual o excepcional frente al resto de los ciudadanos, sino como una
carga normal que debe soportar cualquier persona cuando no demuestra la
introducción legal de la máquina al ser requerido por los autoridades aduaneras, a
lo que se agrega que la documentación aportada para tal fin presentaba
inconsistencias que debían aclararse.

Por lo anterior, se concluye que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico,
toda vez que el actor estaba en la obligación de soportar el daño padecido.

No está de más agregar, tal como lo ha señalado la Subsección en oportunidades
anteriores36, que el marco de competencia del ad quem se delimita de acuerdo con
los puntos de inconformidad alegados en el recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia, de manera que en el presente caso no se realizó consideración
alguna frente al régimen subjetivo de la falla en el servicio que fue descartado por
el Tribunal a quo y que no fue objeto de reparo en sede de apelación.

34
Fallo del 29 de febrero de 2012, expediente No. 21.361, M.P. Enrique Gil Botero.
35
Al respecto, esto se plasmó en el fallo dictado por la Subsección C de la Sección Tercera: “Así las
cosas, puesto que la conducta del demandante estuvo conforme a derecho, es indudable que el
detrimento patrimonial que sufrió por las actuaciones legales de la administración deben ser
asumidas por ésta. Surge así, la obligación de reparar este daño que tiene la característica de ser
anormal y excepcional, y que el demandante no tenía la obligación de soportar en cuanto se le
impuso una carga desigual. En estos eventos el título de imputación aplicable es el daño especial,
cuyo fundamento se encuentra en la equidad y en la solidaridad (...) En el presente caso el título de
imputación es el daño especial, el cual se fundamenta en valores y principios constitucionales que
han sido aplicados en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia de esta Corporación. Ahora bien,
como quiera que en el asunto sub examine se configuró un daño antijurídico que el demandante no
tenía la obligación de soportar, toda vez que se le impuso una carga desigual respecto de la que
asumen comúnmente los ciudadanos que se encuentran en su situación, se deben resarcir los
perjuicios de allí derivados, en aplicación de los principios de igualdad y solidaridad”.
36
“Por último, teniendo en cuenta que el daño no le resulta atribuible a la entidad demandada por el
régimen objetivo abordado por el Tribunal -punto apelado-, la Sala se releva de estudiar el tema
relativo a la culpa exclusiva de la víctima -cuestión que también fue objeto de apelación-, aunado al
hecho de que el material probatorio que obra en este asunto no permite determinar las circunstancias
en las que ocurrió el accidente. Finalmente, vale recordar que el marco señalado en el objeto de
los recursos de apelación formulados en contra del fallo de primera instancia delimita la
competencia de esta corporación como juzgador ad quem, por lo que no es viable realizar
ninguna consideración frente al régimen de falla en el servicio que descartó expresamente el
Tribunal Administrativo y que no fue materia de cuestionamiento por las partes en sede de
apelación” (se destaca) (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2021, expediente No. 65.728).

21

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, negará las
pretensiones de la demanda.

4. Costas

4.1. Procedencia de la condena en costas

De conformidad con el artículo 18837 del CPACA y con la disposición especial del
artículo 36538 del CGP, numeral 4, para el caso particular se condenará en costas
a la parte demandante por ambas instancias, habida cuenta de la revocatoria total
de la sentencia de primera instancia.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los
términos del artículo 366 del CGP39.

En el presente caso, en ambas instancias se encuentra acreditada la gestión del
apoderado de la entidad demandada, pues contestó oportunamente la demanda,
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado y alegó de
conclusión tanto en primera como en segunda instancia. En tal sentido, la Sala estima
suficiente dicha gestión para que se disponga la fijación de agencias en derecho en
la liquidación de las costas, en favor de la demandada, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 365 y 366 del CGP.

Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la
cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina
con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que
ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y
de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”40.

37
“CPACA. Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
38
“CGP. Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas (...). 4.
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias”.
39
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
40
De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o
de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme
al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los
costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista
prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

4.2. Fijación de agencias en derecho

El Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda41, estableció las tarifas de
agencias en derecho.

En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso
administrativos, el artículo 3 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en
cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el
apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
relevantes.

En lo que a este caso interesa conviene señalar que, como a la parte demandante
se le condenará a pagar las costas de ambas instancias, las agencias en derecho
en primera instancia, para los asuntos contencioso administrativos con cuantía,
deben fijarse hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en
la sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Acuerdo en cita42.

En ese sentido, como la labor procesal del mandatario judicial de la entidad
demandada fue continuada y consistente en el transcurso de la primera instancia,
las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán en la suma de $3’955.685,
monto que deberá ser pagado a favor de la Dian, con fundamento en la relación
porcentual del 0.5% de las pretensiones que fueron formuladas en este litigio, que
suman $791’137.000.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con las agencias en derecho en segunda
instancia, estas deben fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas
o negadas de la sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido Acuerdo43.

De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de
perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su
contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
41
La demanda se presentó el 3 de junio de 2015. El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el
Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016; no obstante, este último solo entró a aplicarse para los procesos
judiciales iniciados a partir de su publicación.
42
“Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho (…) III CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO (…) 3.1.2. Primera instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia” (se destaca).
43
“Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho (…) III CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO (…) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia” (se destaca).

23

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01167-02 (66.356)
Actor: Javier Hernando López Zapata
Demandado: Dian
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, se advierte
que la gestión procesal del apoderado de la entidad demandada en esta instancia
fue continuada, coherente y consistente, al interponer recurso de apelación y al
alegar de conclusión. En tal virtud, se fijan las agencias en derecho también en la
suma de $3’955.685, en favor de la entidad demandada, con fundamento en la
relación porcentual del 0.5% de las pretensiones que fueron presentadas por el
monto de $791’137.000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de septiembre de 2020, proferida por la
Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por ambas instancias, a la parte
demandante, en favor de la entidad demandada.

Para el efecto, las agencias en derecho de la primera instancia se fijan en la suma
de $3’955.685, monto que deberá ser pagado a la entidad demandada.

Como agencias en derecho en esta instancia, se fijan también en la suma de
$3’955.685, monto que deberá ser pagado en favor de la parte demandada.

Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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