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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01728-01

Fecha
9 de julio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01728-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 14 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “A”, que quedará así: “TERCERO: CONDENAR al Grupo de Empresas Constructoras Pijao S.A. a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la suma de mil ciento setenta y un millones setecientos veintitrés mil seiscientos diecinueve pesos con cuarenta y siete centavos ($ 1.171.723.619,47), por concepto del pago efectuado a la Universidad Nacional de Colombia por el contrato interadministrativo No. 1-02-26200-0841-2011 del 30 de diciembre de 2011, de conformidad con lo expuesto en la sentencia de segunda instancia. “CUARTO: CONDENAR en abstracto al Grupo de Empresas Constructoras Pijao S.A., a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la reparación de los daños ocasionados por los Código de Procedimiento Civil”. Para la fecha de presentación de la demanda, no había entrado en vigencia el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que modificó esta norma. 104 CGP – Artículo 366, inciso primero: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior […]” 31 Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823) Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y otros Referencia: Reparación directa hechos de este proceso, a las redes del acueducto y alcantarillado, con motivo de la construcción del “Edificio Pijao Green Office”, según los parámetros establecidos en la sentencia de segunda instancia”. SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR la decisión apelada por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte apelante, las cuales serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-01728-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

9 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B – SALA DE CONJUECES

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y otros
Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA CONTRA PARTICULARES – Competencia de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo // ALCANCE DEL PRONUNCIAMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA
– Únicamente sometido a los reparos concretos expresamente sustentados por el recurrente, sin
perjuicio de la verificación oficiosa de los presupuestos procesales, de la prohibición de la reformatio
in pejus, y del pronunciamiento respecto de aspectos globales de la sentencia // INCONGRUENCIA
DEL FALLO CON LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA –No surge de una interpretación
meramente textual del escrito, aislada de sus fundamentos fácticos y jurídicos // TESTIMONIO
TÉCNICO – Su valor probatorio depende de que los dichos del declarante deben ser conducentes,
coherentes y pertinentes para el asunto, que el manifestante sea comprobadamente conocedor de
la ciencia, y que exprese el método científico y ajustado a los principios de su oficio o profesión en
el cual se fundamentaron sus opiniones // CONDENA EN ABSTRACTO – Exige que el daño haya
sido probado más no así su cuantificación.

1. La Sala1 decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandada
en contra de la sentencia del 14 de septiembre de 2017, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. El 14 de diciembre de 2011, se produjo la falla y hundimiento del terreno en el
sector de la Carrera 11 y 11A entre calles 99 y 97, y en el parque aledaño al
edificio “Green Office Corporativo Pijao” que se encontraba en construcción. La
entidad demandante consideró que dicho socavón se produjo como
consecuencia de los daños al sistema de tuberías de acueducto y alcantarillado
que funcionaba en la zona, y los atribuyó a falencias en la construcción de la

1 Luego de ser admitido el recurso de apelación (f. 710, c. ppal.), los magistrados Martín Bermúdez

Muñoz y Fredy Ibarra Martínez, integrantes de la Subsección B, expresaron su impedimento para
conocer del asunto (índice SAMAI, núm. 27 y 31). De acuerdo con lo ordenado por el auto
interlocutorio del 6 de diciembre de 2022 (índice SAMAI, núm. 34), para recomponer la Sala de
decisión, el 15 de diciembre de 2022 se adelantó sorteo de conjueces (índice SAMAI, núm. 36) y
fueron designadas las magistradas María Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez Rico. El 14 de julio
de 2023, se declaró fundado el impedimento planteado por los consejeros Bermúdez e Ibarra (índice
SAMAI, núm. 43) Posteriormente, el magistrado Alberto Montaña Plata, también de la Subsección
B, manifestó que debía apartarse del conocimiento del asunto (índice SAMAI, núm. 49), y en
providencia del 20 de febrero de 2025 su impedimento fue aceptado (índice SAMAI, núm. 54). Por
todo lo anterior, la ponencia del fallo de segundo grado corresponde al titular de este despacho,
quien actualmente está a cargo del que le correspondía a la ex consejera Velásquez Rico y que
sigue en turno en orden alfabético.

1

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

edificación antes mencionada con fundamento en un estudio realizado por la
facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Los
demandados, en especial la empresa constructora, se opusieron a estos
pedimentos, entre otros motivos, porque las redes de acueducto afectadas eran
muy antiguas, tenían problemas de funcionamiento anteriores al suceso, y no
fueron oportunamente arregladas por la demandante y no se demostraron los
daños en el parque contiguo al predio en el que se realizaba la construcción que,
en su criterio, fueron los únicos reclamados judicialmente por el Acueducto.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 3 de octubre de 2013, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. (en adelante, la demandante, la actora, la Empresa, el Acueducto o
EAAB) presentó demanda2 de reparación directa en contra de las sociedades
Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. (Pijao, la constructora o la
apelante), Helm Fiduciaria S.A., (Helm) Fiduciaria Bancolombia S.A.
(Fidubancolombia), y del señor Germán Ricardo Nieto Ayala, con el fin de que
fueran concedidas favorablemente las siguientes pretensiones [se transcribe del
texto del libelo con posibles errores e imprecisiones, negrillas originales del
documento]:

“1. Que se declare que la parte demandada [enlista a las personas que conforman
al extremo accionado] Son responsables solidariamente del hundimiento
presentado el 14 de diciembre de 2011 en el parque aledaño al predio ubicado en
la carrera 11 A No. 98-06 en donde para esa época se estaba construyendo el
Edificio Pijao – Green Office, causaron daños a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOPTÁ ESP en las redes y estructuras dentro de la
zona de afectación del movimiento, para lo cual se debe proceder a la ejecución de
diseños y las obras de rehabilitación de las tuberías de las redes de acueducto y
alcantarillado de conformidad con las reglas técnicas de la Empresa […], Normas
SISTEC, y todos los gastos en que haya incurrido e incurra en un futuro la EAAB-
ESP, con ocasión del hundimiento tal y como señala el estudio hecho por la
Universidad Nacional, en ejecución del contrato No. 1-02-26200-0841-2011, así
como los costos de estudio, sufragados por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá ESP.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la demandada
en forma solidaria […] a indemnizar el valor de los daños sufridos por la EAAB-ESP,
correspondientes al presupuesto estimado obras de acueducto y alcantarillado
sanitario pluvial del sector carrera 11 entre calles 100 y 97 el cual asciende a la
fecha de presentación de la presente demanda a la suma de MIL CIENTO TREINTA
Y UN MILLONES CIENTO CIENCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE
PESOS ($ 1.131.153.209.00) MONEDA CORRIENTE así como el valor cancelado
por la Empresa […] por concepto del estudio contratado por la Universidad Nacional
de Colombia, para la ejecución de los diseños y las obras de rehabilitación de las
tuberías de redes de acueducto y alcantarillado el cual ascendió a la suma de
SEISCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA
CORRIENTE ($608.630.00, MC/TE).

3. Que se condene a las sociedades […] a pagar a favor de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO […], por concepto de DAÑO EMERGENTE a la suma de

2 F. 6-47, c. 1.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

SEISCIENTOS OCHO MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA
CORRIENTE ($603.630.00, MC/TE), correspondientes al valor que la Empresa
de Acueducto […] canceló a la Universidad Nacional de Colombia, en virtud
del contrato No. 1-02-26200-0842-2011 cuyo objeto es: “ESTUDIO PARA
DETERMINAR LAS POSIBLES QUE AFECTARON LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE
LAS CALLES 97 Y 100 Y LAS CARRERAS 11 Y 11A”.

4. Que la suma a que se refiere la condena solicitada, se actualice monetariamente
tomando como base el Índice de Precios al Consumidor-IPC, de manera que
representen el valor adquisitivo equivalente a la fecha en que se realice el pago de
la sentencia que así lo ordene, de acuerdo con la disposición contenida en el inciso
4° del art. 187 de C.P.A.C.A.

5. Que se condene en costas, gastos y agencias en derecho a las sociedades
comerciales y la persona natural demandadas.”

4. Para fundamentar sus súplicas, la demandante afirmó lo siguiente:

5. El señor Germán Ricardo Nieto Ayala, en su condición de propietario del
inmueble ubicado en la Carrera 11 A No. 98-06 de Bogotá, constituyó fiducia
mercantil irrevocable con Helm, como vocera del fideicomiso de administración
“Centro Empresarial Pijao”. A su turno, Pijao obtuvo licencia de construcción y,
a partir del 21 de abril de 2009, empezó trabajos para desarrollar el proyecto
denominado “EDIFICIO GREEN OFFICE CORPORATIVO PIJAO”.
Posteriormente, en la escritura pública del referido bien, se protocolizó el acto
en el que, además de Helm, intervinieron Fidubancolombia (vocera del
patrimonio autónomo Fideicomiso P.A. Green Office Corporativo Pijao) y el
Banco Bancolombia S.A. con “el fin de garantizar las obligaciones”
correspondientes a la edificación.

6. El 4 de octubre de 2011, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
(FOPAE) visitó el sitio de la obra y evidenció que, en las excavaciones para
edificar el tercer sótano de la construcción, había potenciales riesgos de
“deformaciones en el terreno de cimentación” que podrían ocasionar
afectaciones en los inmuebles aledaños.

7. El 14 de diciembre siguiente, ocurrió la “falla y hundimiento del terreno en el
sector de la Carrera 11 entre calles 99 y 97A […] y en el parque aledaño al predio
ubicado en la Carrera 11A N° 98-06” en el que se estaba construyendo el
“Edificio Green Office Corporativo Pijao”. Para hacer frente a la situación, el
FOPAE inspeccionó el lugar, sugirió restringir los corredores peatonales y viales
de la Carrera 11, y aconsejó a la Alcaldía Local de Chapinero (en adelante, la
Alcaldía Local) y a Pijao -como responsable del proyecto- dar “estricto
cumplimiento a las obligaciones del titular de la respectiva licencia”.

8. En esa medida, la Alcaldía Local acudió al inmueble y encontró que, al “interior
de la Construcción” en el “costado sur oriental se presentó la pérdida de
verticalidad de la pantalla, ocasionando el hundimiento en el parque”, por lo que
solicitó a Pijao indicar si “el proceso constructivo que se [estaba] llevando a cabo
es el que se diseñó”, y procedió a sellar parcialmente la obra. Posteriormente,

3

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

esta autoridad expidió un acto administrativo que impuso a la Constructora una
“medida correctiva de construcción de la obra […] para la mitigación del riesgo
público asociado a la Construcción del edificio” de acuerdo con el diseño y las
especificaciones técnicas realizadas por el concepto técnico del FOPAE. La
decisión fue apelada ante la “Sala de Decisión de Contravenciones
Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público del Consejo de
Justicia” que declaró improcedente el recurso.

9. Para determinar las posibles causas que afectaron las redes de acueducto y
alcantarillado en el área comprendida “entre las calles 97 y 100 y las carreras 11
y 11A", la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. contrató a
la Universidad Nacional de Colombia (en adelante, la Universidad o UNAL). Esta
última encontró que la Constructora no siguió la normatividad vigente, incurrió
en falencias en el estudio de suelos y en el proceso constructivo adelantado, y
“modificó en Obra varios elementos estructurales [y] realizó cambios a los
procesos de excavación de los sótanos 2 y 3, definidos en el estudio de suelos”,
además encontró “reducciones en la profundidad de los pilotes y en la de los
muros tipo pantalla recomendadas por el diseñador”.

10. A juicio de la demandante, las “excavaciones realizadas en la Obra” por la
Constructora, con las irregularidades advertidas en el estudio hecho por la
UNAL, “generaron los movimientos y desplazamientos en la carrera 11 y por
ende los daños de las redes existentes en el sector”, que ocasionó daños en las
redes de acueducto y alcantarillado de su propiedad, y le ocasionó perjuicios
debido a las obras que tuvo que pagar en el sector de la “CARRERA 11 ENTRE
CALLE 100 Y 97”, en un monto total de “$1.131.153.209”, conforme al
“presupuesto […] elaborado por la Dirección de Servicio de Acueducto y
Alcantarillado de la Zona 1”.

Trámite relevante en primera instancia

11. En auto del 30 de octubre de 20133, el Tribunal admitió la demanda y ordenó el
traslado a quienes conformaron la parte demandada y al agente del Ministerio
Público. Los primeros contestaron a los señalamientos que sustentaron la
reclamación judicial, y se opusieron a las pretensiones planteadas por la EAAB,
de esta manera:

12. Fiducolombia4 aseveró que estaba excluida de cualquier tipo de responsabilidad
por la construcción, según lo estipulado en el contrato núm. 3241 de fiducia
mercantil de administración y pagos del proyecto inmobiliario “Green Office
Corporativo Pijao” suscrito el 19 de febrero de 2010 entre esta entidad financiera
y Pijao. También sostuvo que carecía de legitimación en causa por pasiva, dado
que su objeto social no involucra la ejecución de actividades de construcción o
de urbanismo. Igualmente, manifestó que no había solidaridad entre las partes
de la fiducia, que no podían predicarse los elementos de la responsabilidad

3 F. 51-52, c. 1.
4 F. 75-85, c. ppal.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

patrimonial en su contra, y que actuó en el marco de sus obligaciones
contractuales.

13. Helm5 expresó, en términos similares a la demandada anteriormente referida,
que, de conformidad con los contratos de fiducia que suscribió6, no tenía
responsabilidad alguna respecto de los daños ocasionados por los estudios,
diseños y construcción de la obra. Así mismo, adujo su falta de legitimidad en la
causa por pasiva, toda vez que sus labores no estaban relacionadas con el
diseño y construcción de edificios y tampoco se configuró el deber jurídico de
resarcir solidariamente los daños alegados.

14. La constructora7 se pronunció sobre los hechos afirmados por la demandante,
expresó su oposición a las pretensiones formuladas en el escrito inicial, y
enunció, como excepciones de mérito, las de inexistencia del daño,
preexistencia del mismo y culpa exclusiva de la demandante.

15. Germán Ricardo Nieto Ayala8 adujo que estaba exonerado de responsabilidad
patrimonial por la construcción del edifico en su calidad de “fideicomitente
tradente”, toda vez que su edificación recayó contractualmente en Pijao. En
términos análogos a los de las demás demandadas, expresó que no era
solidariamente responsable de los hechos junto con la constructora, no
concurrían los elementos para declarar su responsabilidad, y actuó dentro del
marco de la legalidad y la buena fe contractual.

16. El 17 de marzo de 2015, el Tribunal adelantó la audiencia inicial9 en la que se
fijó el litigio de la siguiente manera:

“¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial extracontractual de las
demandadas por los hechos relativos al hundimiento y la falla del terreno que
se presentaron el 14 de diciembre de 2011 en el parque aledaño al predio
ubicado en la carrera 11ª N° 98-06 de Bogotá, en donde se estaba
construyendo el edificio Pijao Green Office, y que supuestamente dañó las
redes de acueducto y alcantarillado cercanas al área?”

Sentencia de primera instancia

17. En providencia del 14 de septiembre de 201710, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió lo siguiente:

5 F. 90-103, c. ppal.
6 Del 30 de noviembre de 2007, con Pijao, para constituir el patrimonio autónomo “FIDEICOMISO

DE ADMINISTRACIÓN CENTRO EMPRESARIAL PIJAO”; del 25 de enero de 2008, celebrado con
Pijao y Fabio Nieto Ayala para crear el patrimonio autónomo “FIDEICOMISO DE OFICINAS PIJAO”;
y del 27 de febrero de 2008, suscrito con Pijao y “LATTANZIO RESTREPO COMPUTADORES Y
SUMINISTROS LTDA LACOMEZ LTDA.” en el que se estableció el patrimonio autónomo
“FIDEICOMISO DE OFICINAS PIJAO II”.
7 F. 107-115, c. ppal.
8 F. 161-171, c. ppal.
9 F. 242 (CD), y 243 – 246 (acta), c. ppal.
10 F. 636-657, c. ppal.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

“PRIMERO: DECLARAR infundadas las objeciones por error grave formuladas por
los demandados, respecto de los dictámenes rendidos en el presente proceso.

SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad extracontractual del Grupo de
Empresas Constructoras Pijao S.A., por los daños sufridos por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en hechos presentados el 14 de diciembre
de 2011, con motivo de la construcción del proyecto “Edificio Pijao Green Office”,
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

TERCERO: CONDENAR al Grupo de Empresas Constructoras Pijao S.A. a pagar
a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la suma de setecientos
cincuenta y dos millones trece mil trescientos setenta y cuatro pesos
($752.013.374), por concepto del pago efectuado a la Universidad Nacional de
Colombia por el contrato interadministrativo No. 1-02-26200-0841-2011 del 30 de
diciembre de 2011, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR en abstracto al Grupo de Empresas Constructoras Pijao
S.A., a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la reparación
de los daños ocasionados por los hechos de este proceso, a las redes del acueducto
y alcantarillado, con motivo de la construcción del “Edificio Pijao Green Office”.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDENAR en costas al Grupo de Empresas Constructoras Pijao S.A.
Las agencias en derecho se fijan a cargo del Grupo […] por la suma equivalente a
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá pagar a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”.

18. En primer lugar, el fallo consideró infundada la objeción por error grave que
formuló el apoderado judicial de la Constructora, de Fiducolombia y de Helm
contra lo consignado en el estudio de la UNAL, dado que sus argumentaciones
referían su “desacuerdo respecto de las conclusiones del dictamen aportado por
la demandante, pero no a cuestión propia del error grave”. El a quo adoptó una
idéntica decisión, con sustentos similares11, respecto del cuestionamiento
efectuado por los demandados en contra del dictamen rendido por la ingeniera
hidráulica Myriam Victoria Novoa Pineda.

19. Seguidamente, el pronunciamiento estimó que los demandados debían ser
juzgados por el régimen de responsabilidad patrimonial y extracontractual
contenido en el Código Civil, toda vez que son personas jurídicas de derecho
privado a las cuales no les son aplicables las reglas del derecho de daños de las
entidades públicas. Dicho eso, destacó que, en concordancia con aquellos
preceptos, la construcción de edificaciones denota el “ejercicio de una actividad
peligrosa”, por lo que su “imputación se valorará según lo dispuesto en el artículo
2356 del C.C., es decir el régimen de culpa presunta”, de suerte que al extremo
procesal pasivo no le era suficiente “acreditar la debida diligencia, sino la
existencia de una causa extraña que rompa el nexo de causalidad”, es decir, que

11 “Analizados los argumentos que sustenta la objeción, la Sala encuentra, al igual que en el punto

anterior, que los planteamientos de los demandados buscan controvertir las conclusiones a las que
se llegó en la experticia respecto de aspectos tales como: el origen de los daños ocasionados a la
[sic] redes de acueducto y alcantarillado de la demandante, la necesidad de renovación de las redes;
además de cuestionamientos relativos a la metodología que se utilizó para la elaboración del
dictamen”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

debía demostrar la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero, el caso
fortuito o la fuerza mayor.

20. A partir del informe hidráulico elaborado por la Universidad12, de lo expuesto en
el dictamen rendido por la ingeniera Novoa Pineda, y de los testimonios de los
ingenieros Juan Carlos Suárez Muñoz y Javier Eduardo Vega (solicitados por la
parte demandante)13, el Tribunal estableció que el Acueducto efectivamente
“sufrió daños en sus redes con motivo del hundimiento presentado el 14 de
diciembre de 2011, en el sector comprendido entre las calles 97 a 100 y la
carrera 11 y 11ª de la ciudad de Bogotá”. Esto, en contraste con las versiones
de los testigos pedidos por la parte demandada14, que se basaron en
apreciaciones subjetivas, no fueron fundamentadas en estudios científicos y, a
grandes rasgos, manifestaban un “conocimiento generalizado [de] las
afectaciones previas al hundimiento”, pero que resultaban insuficientes para
desvirtuar las pruebas técnicas que dieron cuenta de la afectación de los bienes
pertenecientes a la demandante15.

21. En cuanto a la imputación del daño antes identificado, tomando en cuenta lo
indicado por la UNAL y el dictamen pericial, el a quo encontró “acreditado que la
causa de la afectación a las redes de acueducto y alcantarillado, en hechos
presentados el 14 de diciembre de 2011, fue la construcción del Edificio Green
Office”. Al respecto, destacó la precisión hecha por la perita relativa a que, para
la época del siniestro, en “la calle 98 había redes, no de acueducto sino de
alcantarillado pluvial, conocimiento que había adquirido verificando los planos
que aparecían en el expediente”. Además, la UNAL asoció el deslizamiento en
el parque “de la Calle 97 entre Carrera 11 y 11A” al proceso constructivo
adelantado por Pijao. Por otro lado, destacó que, según la auxiliar de la justicia,
aunque los “tubosistemas podían no estar en óptimas condiciones por tener 40
o más años”, el cambio de tubería sería necesario sólo ante problemas en su
funcionamiento, como fugas o fallas en el servicio, y ello no ocurrió en este caso.

22. En ese orden de ideas, desestimó el argumento de la demandada que cuestionó
el dictamen de la ingeniera, por fundamentarse en el concepto técnico del
FOPAE, toda vez que era un insumo relevante para estudiar lo ocurrido. Aunado

12 Sobre el particular, indicó que el informe “concluyó que los movimientos en el suelo presentados

el 14 de diciembre de 2011, afectaron el sistema de redes de la demandante, específicamente en
los tramos de los tubosistemas ubicados entre los pozos de inspección 92599-92598 y 46435-46691
de la red sanitaria y 12746-12852, 12852-12928 y 12747-12699, los cuales quedaron dentro del
cuerpo del deslizamiento”.
13 Al respecto, el fallo manifestó que, si bien estas personas no “fueron testigos directos del hecho

presentado el día 14 de diciembre de 2011, sí indicaron en la audiencia de pruebas que, con
posterioridad a esa fecha, participaron en el proyecto de reparación y renovación de las redes
afectadas”.
14 Plinio Eduardo Navarro, Alfonso Uribe Sardina y Guillermo Ospina Varón.
15 En particular, sobre las declaraciones del testigo Plinio Eduardo Navarro, la sentencia indicó que

su declaración no era convincente para “considerar que con motivo del hundimiento presentado el
14 de diciembre de 2011, no se afectaron las redes de la demanda [sic], pues a pesar de la
especialidad en hidráulica que dijo tener el ingeniero […], su conocimiento en el caso en concreto
tuvo como origen únicamente la observación de lo acontecido en la zona, pero no bajo estudios
objetivos, como pruebas, investigaciones o levantamientos topográficos, que le permitan demostrar
que efectivamente no se presentó la aludida afectación”.

7

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

a esto, ese documento no era “la única prueba demostrativa de las deficiencias
que se presentaron en el proceso de construcción”, sino que también lo fue el
estudio contratado por la EAAB con la Universidad.

23. En cuanto a la objeción de la parte demandada conforme a la cual los daños
eran atribuibles a la obsolescencia de las redes, el Tribunal encontró que, de
acuerdo con los elementos de juicio, antes de la construcción “no se habían
presentado daños como los configurados en el presente caso”. Así, desestimó
que fuese necesario cambiar las redes afectadas, pues previo al hecho, éstas
“no presentaban fallas” ni se demostró que habían cumplido su vida útil16.
Adicionalmente, el a quo no halló “elementos probatorios que permitan concluir
que los daños del sistema obedecieron a factores silviculturales, esto es, la
presencia de raíces en los tubosistemas”, sino que la causa determinante del
daño provino “del movimiento del suelo en la excavación de los suelos”, según
los resultados del análisis hecho por la UNAL.

24. El examen técnico realizado por la Universidad, y aportado por la demandante
también concluyó que Pijao era responsable por las deficiencias constructivas
del proyecto, pese a las advertencias que le realizaron las autoridades distritales
antes del hundimiento. Añade que, pese a la disparidad de los criterios
expuestos por los “testigos técnicos de las partes”, todos concordaron en que
calificaron el terreno como “una zona difícil que ameritaba adoptar todas las
precauciones técnicas de ingeniería para la construcción de los proyectos”, por
lo que “era previsible para el constructor los posibles daños que se podían
generar en el sector por un inadecuado proceso de excavación de los sótanos 2
y 3 del edificio”.

25. Así las cosas, el a quo consideró que la parte demandada no acreditó que el
daño se produjo debido a la antigüedad de la red, a su falta de renovación, al
cambio urbanístico en el sector o a la existencia de “componentes arbóreos” en
torno a la infraestructura subterránea de la EAAB. En cambio, determinó que el
daño ocasionado al Acueducto se originó “en el proceso constructivo del edificio
Green Office, específicamente, en la excavación de los sótanos 2 y 3 de esa
construcción”.

26. Dicho lo anterior, el Tribunal estimó que, en virtud de los contratos de fiducia
suscritos por Helm y Fidubancolombia, éstas no eran responsables por el diseño
y construcción del edificio, dado que dicha responsabilidad recaía
exclusivamente en la constructora, de acuerdo con lo pactado en los
mencionados negocios jurídicos fiduciarios. Tampoco podía predicarse el deber
indemnizatorio del señor Germán Ricardo Nieto Ayala, toda vez que él se limitó
a transferir el inmueble donde se desarrolló el proyecto, como “fideicomitente
tradente” al patrimonio autónomo “Fideicomiso de Administración Centro
Empresarial Pijao”.

16 La sentencia volvió a referirse al testimonio de Plinio Eduardo Navarro para indicar que, si bien

este declarante se refirió a la vida útil de los tubos, tales manifestaciones no permitían “concluir que
para la fecha de los hechos era indispensable el cambio de las redes afectadas con el movimiento”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

27. En cuanto a los perjuicios, el fallo reconoció el monto cancelado por el Acueducto
a la Universidad por el contrato interadministrativo suscrito para que esta última
determinara la causa de la afectación de las redes. De otra parte, en cuanto al
costo de las obras de reparación, el Tribunal encontró probado que la EAAB
“efectuó la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado ubicados en la
carrera 11 entre calles 99 y 97A”17, pero no “se aportaron los expedientes
administrativos de los contratos que se ejecutaron para las reparaciones del
sector afectado, o los gastos en que se incurrió para ese fin”, por lo que el valor
reclamado no fue probado por medios documentales18, y careció de certeza. Por
lo tanto, decidió condenar en abstracto limitando la suma a los pagos realizados
“exclusivamente” por la Empresa “para la renovación y reparación de sus redes”
ocasionadas con el hundimiento del 14 de diciembre de 2011.

Recurso de apelación

28. Mediante escrito19 del 5 de octubre de 2017, Pijao interpuso recurso de
apelación, en el que formuló los siguientes cargos en contra del fallo de primer
grado:

29. El Tribunal profirió un fallo incongruente, toda vez que las pretensiones
propuestas y la fijación del litigio determinaron que los daños a reparar
correspondían “exclusivamente a los que presuntamente se presentaron en el
parque aledaño al predio ubicado en la carrera 11A No. 98-06 de Bogotá”,
empero, la decisión apelada resolvió responsabilizar a la constructora por todos
“los daños ocasionados a […] las redes de acueducto y alcantarillado del sector”
en virtud de la construcción del edificio.

30. La sentencia obvió la excepción de mérito que la constructora propuso en el
sentido de que en el inmueble antes referido no había redes de acueducto y
alcantarillado y, por lo tanto, el daño no existió. Para tal efecto, invocó el
dictamen de la ingeniera hidráulica, y su complementación, que advirtieron la
ausencia de los elementos que la Empresa consideró afectados.

31. Agregó que las averías fueron oportunamente atendidas por la constructora, y
que las pruebas técnicas no consiguieron determinar cuál fue la “zona de
afectación del movimiento” enunciada en el petitum, motivo por el cual no había
nexo causal entre los hechos y el daño en los sistemas de tubería que existían
en otros sectores cercanos a la obra.

32. El daño se originó “años antes de la iniciación del proceso constructivo […] y
eran derivados tanto de la inestabilidad de los suelos del sector, como del
componente arbóreo que afectaba algunos tubo-sistemas, según los propios

17 En este aspecto, el fallo invocó la respuesta concedida en el dictamen pericial acerca del estado

actual de la zona afectada (f. 146, c. 7).
18 Según el fallo, los contratos que celebró la Empresa con el propósito de reparar las redes afectadas

debían “constar por escrito, pues ello es un requisito para su perfeccionamiento, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993”.
19 F. 657-667, c. ppal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

estudios de las entidades distritales”. Aunado a ello, las averías se produjeron
por la “vetustez y falta de renovación” de las estructuras del Acueducto. En ese
orden de ideas, alegó la culpa exclusiva de la actora, con fundamento en la
declaración rendida por el ingeniero Plinio Eduardo Navarro Navarro, quien
testificó en el transcurso del proceso.

Trámite en segunda instancia

33. En auto del 13 de julio de 201820, el Despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación. Posteriormente, el 27 de agosto del mismo año, dispuso el traslado
para la presentación tanto de los alegatos de conclusión de las partes en
segundo grado como del concepto del agente del Ministerio Público21.

34. Pijao22 reiteró los argumentos que expuso en su recurso de apelación.

35. El Acueducto23, luego de reproducir los apartes de la demanda que, a su juicio,
conducen a la confirmación de la providencia atacada, rechazó lo sostenido por
su contraparte en alzada porque: (i) la pretensión no se ciñó a las redes del
parque contiguo a la edificación, sino que el hundimiento producido allí generó
el daño que reclama, cuya extensión abarca lo establecido por el informe de la
Universidad; (ii) el mencionado elemento de convicción refutó las afirmaciones
presentadas en la impugnación, por cuanto demostró técnicamente que el daño
a las redes del acueducto y alcantarillado se produjo por el colapso de la obra;
(iii) contrario a lo que afirmó el recurrente, se demostró que el sistema de tubos
y desagües de la Empresa se encontraba en funcionamiento, “e
independientemente de su aparente vetustez, cumplían con la función para la
cual habían sido instaladas”, tal como lo verificó la UNAL en su estudio, que no
fue desvirtuado por los testimonios de la demandada, cuyas versiones
carecieron de credibilidad al referirse a “otros inmuebles” distintos al “que causó
daños” a la EAAB.

36. La Procuraduría Quinta Delegada ante esta Corporación presentó concepto 24,
en el que sugirió confirmar el fallo de primera instancia, en razón a que:

(i) El reproche por incongruencia “no corresponde a la realidad” porque, tanto
del texto de la demanda como de la fijación del litigio, se colige que las
pretensiones fueron encaminadas a determinar la responsabilidad de las
demandadas por los daños en la red de acueducto y alcantarillado,
generados por lo acontecido el 14 de diciembre de 2011.
El cargo que adujo la inexistencia del daño y la ausencia de nexo causal, basado
en apartes de lo expresado por la ingeniera Novoa Pineda, partió de una
“lectura descontextualizada” de la recurrente porque, si bien la experta

20 F. 710, c. ppal.
21 F. 724, c. ppal.
22 F. 726-733, c. ppal.
23 F. 734-765, c. ppal.
24 F. 766-774, c. ppal.

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
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Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

informó que no había infraestructura de la Empresa en el parque aledaño al
predio donde se adelantó la construcción, “sí las hay en las demás zonas o
vías adyacentes a la construcción y precisamente en su dictamen detalló con
precisión las redes afectadas, estableciendo entonces el parámetro real y
efectivo para imputar los presuntos daños y afectaciones de las redes
existentes en el área”.

(ii) El contraargumento que planteó sobre la preexistencia del daño y culpa de la
víctima tampoco tuvo sustento. Por el contrario, basándose en el análisis de
la UNAL determinó que, si bien el suelo podía deformarse por extracción del
agua, lo cierto es que esto era un proceso lento que, en su mayoría, se
concentraba cerca de los “individuos arbóreos causantes” de esta situación.
Sobre el terreno, destacó que, según el mismo estudio, éste tenía
ondulaciones normales, propias de los ciclos normales de humedecimiento y
secado, y del tráfico vehicular, que no podían derivar en la falla que ocasionó
el hundimiento. Además, los dictámenes coincidieron en que la red ubicada
en el sector funcionaba con normalidad antes del desplome, y pese a que
tenía varias décadas de ser instalada no presentaba afectaciones
estructurales que impidieran la prestación del servicio.

CONSIDERACIONES

Jurisdicción, competencia y demás presupuestos procesales

37. De conformidad con el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 – CPACA), esta
Jurisdicción conoce de las controversias y litigios originados en actos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas las entidades públicas
o los particulares que ejerzan función administrativa.

38. Ahora, el artículo 140 de la misma codificación, determina que la reparación
directa permite reclamar el resarcimiento del daño antijurídico producido por la
acción u omisión de los agentes del Estado, y detalla que este responderá
cuando el menoscabo sea producto de hechos, omisiones, ocupaciones
temporales o permanentes de bienes inmuebles por causa de trabajos públicos
o “por cualquiera otra causa” que le sea imputable. Empero, seguidamente el
inciso tercero preceptúa que las “entidades públicas deberán promover la
misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular
o de otra entidad pública”25, regla igualmente contenida en el derogado Decreto
01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo)26.

25 Subrayas por fuera del texto original de la norma.
26 CCA – Artículo 86, inciso segundo: “Las entidades públicas deberán promover la misma acción

[de reparación directa] cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación
administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo
vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o
de otra entidad pública.” (Se destaca). Sobre la aplicación de esta norma, ver: Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 24 de mayo
de 2017. Rad. 25000-23-26-000-2009-00989-01(48388). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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otros
Referencia: Reparación directa

39. Bajo estas últimas premisas normativas, que consagran una pauta especial de
competencia en materia de reparación directa en casos como el presente27, la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está llamada a dirimir el presente
asunto al tratarse de un proceso de reparación directa formulado por una
“empresa industrial y comercial del Distrito Capital, de carácter oficial”28
prestadora de servicios públicos domiciliarios29 en contra de personas de
derecho privado a las que se les imputó un daño susceptible de ser
indemnizado. Aunado a esto, la Sala es competente para resolver los recursos
de apelación formulados en contra de este fallo por provenir de un Tribunal
Administrativo30, en un asunto cuya cuantía la habilita a pronunciarse en
segunda instancia31.

40. Adicionalmente, no se advierte causal de nulidad que invalide lo actuado y se
encuentran cumplidos los restantes presupuestos procesales para adoptar una
decisión de fondo, a saber, presentación oportuna de la demanda y legitimación
en la causa por activa y por pasiva. De otra parte, el artículo 613 inciso segundo
la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso – CGP), vigente para la fecha
de presentación de la demanda32, dispone que la conciliación extrajudicial no es
obligatoria cuando la demandante sea una entidad pública33. De esta manera, la
Sala está habilitada para decidir la segunda instancia de la presente litis.

27 Según la jurisprudencia, “el artículo 104 del CPACA establece una cláusula general de
competencia respecto de los asuntos que le corresponde conocer a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, incluyendo entre otras, la atribución para dar trámite a las controversias originadas
en “hechos, omisiones y operaciones” en los que están involucrados los particulares cuando ejerzan
función administrativa. A partir de una interpretación aislada de esta disposición podría concluirse
que, si los particulares no ejercen tal función, no se presentaría el supuesto de hecho que permite
configurar la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo. En respuesta a este
reparo, cabe aclarar que el artículo 140 del CPACA introduce una regla especial y específica sobre
la materia, pues establece el deber de las entidades públicas de presentar la acción de reparación
directa cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular, sin incluir calificaciones o
condicionamientos respecto de este sujeto. Esta disposición lo que hace es particularizar una regla
puntual de competencia, distinta a la de la cláusula general del artículo 104, que se encuentra dentro
del Título III del CPACA que regula los medios de control que se ejercen ante los jueces
administrativos y, por ello, tiene un rigor normativo especial […]”: Corte Constitucional. Sala Plena.
Auto A-014 del 19 de enero de 2022. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
28 Según el artículo 3 del Acuerdo 11 del 13 de septiembre de 2010, vigente para la época de los

hechos.
29 Regida por la Ley 142 de 1994.
30 CPACA. Artículo 150, inciso primero: “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso

Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.”
31 CPACA. Artículo 152, numeral 6: “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia

de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la
acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”. La demanda estimó la cuantía de las pretensiones en mil
setecientos treinta y nueve millones setecientos ochenta y tres mil doscientos nueve pesos
($1.739.783.209), suma que sobrepasa el tope legal vigente para la fecha en que se radicó la
reclamación ($ 294.750.000).
32 De acuerdo con el artículo 627, numeral 1, del CGP, el artículo 613 de dicha codificación entró en

vigencia desde la promulgación de dicha norma, esto es, a partir del 12 de julio de 2012.
33 “Artículo 613. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LOS ASUNTOS
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS. […] No será necesario agotar el requisito de procedibilidad
en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco

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otros
Referencia: Reparación directa

Objeto del recurso y problemas jurídicos a resolver

41. Para el momento en que la constructora interpuso la impugnación en contra del
fallo de primera instancia, la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso –
CGP) ya estaba vigente para los procesos conocidos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo34, como norma complementaria de lo no regulado
expresamente por el CPACA35, por lo que sus normas son aplicables a esta
fase36.

42. Los artículos 320 y 328 del CGP prescriben que el ad quem sólo tiene
competencia para examinar los argumentos concretamente formulados en el
recurso de apelación, sin perjuicio de las decisiones que, por orden legal, deban
adoptarse de forma oficiosa, y de la no reformatio in pejus frente al apelante
único. Además, el pleno de esta Sección ha comprendido, dentro del límite
mencionado, a aquellos asuntos comprendidos dentro de un “aspecto global de
la sentencia” que haya sido objeto de reproche, aunque no hayan sido
expresamente cuestionados en la alzada37.

43. En este orden de ideas, encuentra la Subsección que los motivos de
inconformidad contra la decisión de primer grado, planteados por Pijao, versan
sobre los siguientes ejes: (i) la congruencia de la decisión frente a las
pretensiones y a la fijación del litigio; (ii) la falta del daño y la inexistencia del
nexo causal como elementos estructurales del deber jurídico de resarcir
perjuicios a partir de uno de los testimonios practicados en el asunto y de algunas
consideraciones vertidas en el dictamen pericial; y (iii) la configuración de la
culpa exclusiva del Acueducto en la producción del daño, debido a los defectos
en las redes anteriores al hundimiento ocurrido el 14 de diciembre de 2011.
Ahora. En consideración a que las dos últimas censuras atacan íntegramente la
responsabilidad, en caso de que estas no prosperen la Sala se encuentra
habilitada para examinar si el Tribunal acertó en las consecuentes condenas al
pago de perjuicios, comoquiera que se encuentran inmersas en el ataque a la

en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o
cuando quien demande sea una entidad pública”. (
34 De acuerdo con la postura unificada de la Corporación, el CGP entró en vigor para los asuntos

que conoce esta Jurisdicción a partir del 1° de enero de 2014. Ver: Consejo de Estado. Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Rad. 25000233600020120039501
(IJ) (49299). C.P. Enrique Gil Botero.
35 CPACA: “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en

este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil [actualmente, CGP] en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo”.
36 CGP – Artículo 624, modificatorio del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, incisos segundo y tercero:

““Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. // Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas,
los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”. (Se subraya).
37 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena.

Sentencia del 6 de abril de 2018. Rad. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005). C.P. Danilo Rojas
Betancourth.

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Referencia: Reparación directa

determinación declarativa más amplia, que establece el derecho de la actora a
ser reparada y la obligación correlativa de la demandada a indemnizar.

44. Tomando en consideración lo expuesto, la Sala acometerá la solución de los
siguientes problemas jurídicos:

45. ¿La sentencia de primera instancia es incongruente por extender el juicio de
responsabilidad promovido por la Empresa hacia un área diferente y más
extensa que el “parque aledaño” a la construcción realizada por la actora?

46. ¿Tomando los medios de convicción que destacó el apelante, el Tribunal soslayó
la prueba de que en el inmueble precisado por la actora no había redes que
fueran afectadas por el hundimiento y, por lo tanto, el daño alegado no existió?

47. ¿Contrario a lo que expresó el a quo, la demandante no probó cuál fue la zona
afectada por el colapso en la obra y, por ende, no hay nexo de causalidad entre
su conducta y las afectaciones alegadas?

48. ¿La decisión apelada pasó por alto que la afectación de las redes de acueducto
y alcantarillado tuvo origen en el deterioro causado por la antigüedad de las
tuberías y desagües instalados en la zona y que dicha situación no fue atendida
oportunamente por la EAAB?

49. ¿El Tribunal indemnizó correctamente los perjuicios reclamados por la
demandante, consecuenciales a la declaración de responsabilidad de la
constructora?

Congruencia del fallo apelado

50. De conformidad con el artículo 281 del CGP, la sentencia judicial debe ser
consonante tanto con los hechos y las pretensiones expresadas en la demanda,
como con las excepciones que resulten probadas y fuesen alegadas por el
demandado si así lo exige la ley, de suerte que no podrá emitirse condena por
montos superiores o “por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por
causa diferente a la invocada en esta”.

51. Al respecto, en varias oportunidades la jurisprudencia38 ha precisado que este
mandato deviene del sistema dispositivo que deposita en las partes el
desenvolvimiento e impulso del proceso judicial, y forma parte del derecho de
defensa del demandado, quien no puede ser sorprendido con una decisión que
aprecie solicitudes (petitum) o alegaciones fácticas (causa petendi) distintas de
las propuestas por las partes del proceso39.

38 Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencia del 1° de marzo de 2006. Rad. 66001-23-31-000-1997-03801-01(15898). C.P. María
Elena Giraldo Gómez; y Subsección A. Sentencia del 18 de febrero de 2022. Rad. 05001-23-33-000-
2015-01167-02 (66356). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
39 Cabe referenciar como, de antaño, la jurisprudencia ha entendido que el vicio de incongruencia no

solamente se configura cuando se profiere un fallo extra, mínima o ultra petita sino también cuando

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otros
Referencia: Reparación directa

52. Y una vez precisado lo anterior, se observa que la apelante sustentó su
reproche en la lectura textual de la pretensión primera de la demanda, en la que
el Acueducto refiere al “hundimiento presentado el 14 de diciembre de 2011 en
el parque aledaño al predio” en el cual se adelantaba la construcción, y a los
daños que afirma provocados “dentro de la zona de afectación del movimiento”.
También se soportó en los términos de la fijación del litigio40, en la cual se aludió
al “hundimiento y falla del terreno que se presentaron el 14 de diciembre de 2011
en el parque aledaño al predio”, causante del menoscabo alegado en las “redes
de acueducto y alcantarillado cercanas al área”.

53. La constatación de los términos empleados por la actora y por el a quo es
suficiente para descartar la prosperidad de este cargo formulado por Pijao contra
la providencia apelada. En la demanda y en la fijación del litigio claramente se
diferenciaron, por una parte, el sitio donde ocurrió el hecho dañoso (el parque)
y, por otro lado, la zona de alcance de las afectaciones en el sistema de
acueducto y alcantarillado, atribuidas a las fallas y al desplome del terreno y cuya
indemnización es reclamada por la Empresa. Por lo tanto, la lectura aislada que
propone el recurso, soslaya que el área de impacto fue descrita por el Acueducto
de manera más amplia, y la decisión que declara y condena a la constructora a
reparar los perjuicios considerando la magnitud del daño, identificada desde el
comienzo del proceso, es congruente.

54. Aunado a lo anterior, mediante una interpretación integral y armónica de la
demanda41, esto es, considerando los fundamentos de hecho y de derecho, con
el fin de desentrañar las reales motivaciones de la petición elevada por la actora
ante la Jurisdicción por encima de su literalidad y su intitulación en el escrito42,
es indudable que la causa petendi involucraba una franja más extensa que la
aducida por la apelante. Así, en el acápite fáctico expuesto por la EAAB, fue
insistentemente relatado que los perjuicios reclamados abarcaron la zona de la
carrera 11 y 11A entre calles 97 y 100, y no únicamente el parque aledaño, como

se deciden súplicas basadas en hechos no afirmados por las partes. Así, se ha sostenido que la
“sentencia para ser congruente debe decidir sólo sobre los temas sometidos a composición del juez
y con apoyo en los mismos hechos alegados como causa petendi, pues si se funda en supuestos
fácticos que no fueron oportunamente invocados por las partes, lesionaría gravemente el derecho
de defensa del adversario (...) Tal el fundamento para afirmar que igual da condenar a lo no pedido,
que acoger una pretensión deducida, pero con causa distinta a la invocada, es decir, con
fundamentos de hecho no alegados”: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia
del 28 de noviembre de 1977, citado por la misma Corporación en sentencia del 23 de mayo de 1997.
Exp. 4504. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Subrayas originales del texto.
40 Supra. Párr. 16.
41 Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera –

Subsección B. Sentencias del 9 de octubre de 2014. Rad. 25000-23-26-000-2001-01839-01(31497).
Párr. 9 y 9.1., y del 29 de agosto de 2016. Rad. 27001-12-33-1000-2005-00361-01(34097). Párr. 19
a 19.2. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
42 “La demanda debe interpretarse siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas

veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de
derecho. No existe en nuestra legislación procedimental un sistema rígido o sacramental que obligue
al demandante a señalar en determinada parte de la demanda o con fórmulas especiales su
intención, sino que basta que ella aparezca claramente del libelo, ya de una manera directa o
expresa, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda”: Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de diciembre de 1936. M.P. Liborio Escallón.

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Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

ha quedado reflejado en este pronunciamiento al repasar las afirmaciones del
libelo introductor43.

55. Por estas razones, no es de recibo el cargo por incongruencia de la sentencia
apelada, y el primer problema jurídico se responde negativamente.

La oposición del apelante respecto de los medios de prueba del daño y el nexo
causal

56. A modo de recapitulación, el análisis del Tribunal sobre sobre los componentes
de la responsabilidad patrimonial se centró en lo sostenido por: (i) el estudio
realizado por la UNAL, que la EAAB aportó con la demanda; (ii) el dictamen
pericial decretado por el a quo, rendido por la ingeniera Myriam Victoria Novoa
Pineda44 y; (iii) los testimonios de Juan Carlos Suárez Muñoz y Javier Eduardo
Vega. Así mismo, la decisión desestimó lo sostenido por los testigos que
declararon por solicitud de la parte demandada, entre ellos el de Plinio Eduardo
Navarro Navarro, porque, a su juicio, estas declaraciones carecieron de
objetividad y de sustentación técnica o científica y eran insuficientes para dar
cuenta de la inexistencia del daño o de la culpa de la damnificada en no realizar
oportunamente los cambios en las redes de acueducto y alcantarillado en la
zona.

57. A la sustentación contenida en el proveído apelado, se opone la constructora
enfatizando en su recurso en que las aserciones del testigo Navarro Navarro,
junto con algunos fragmentos de la complementación de la experticia efectuada
por la auxiliar de la justicia antes mencionada, configuran las excepciones
formuladas por la demandada, esto es, la inexistencia del daño y la culpa
exclusiva del Acueducto.

58. Así las cosas, para resolver los cargos que la apelante planteó y responder las
problemáticas jurídicas anteriormente enunciadas, viene pertinente evaluar el
contenido de las probanzas que, en criterio de la apelante, darían lugar a su
absolución, cuyo valor probatorio será analizado de manera conjunta y con
apego a la sana crítica, particularmente con aquellas que fundamentaron el fallo
condenatorio.

El testimonio de Plinio Eduardo Navarro Navarro

59. En la diligencia de recepción de testimonios del 11 de agosto de 201545, este
declarante manifestó que es ingeniero civil, especialista en hidráulica sanitaria
(sin embargo, no aportó ningún elemento de prueba que demuestre esta
formación profesional). Sostuvo que residía cerca al predio en el cual se adelantó
la obra, y que conoció de los hechos porque fueron divulgados por los medios
de comunicación. Afirmó que, un día después del hundimiento, asistió al lugar

43 Supra. Párr. 7, 9 y 10.
44 Designada por el propio Tribunal, mediante auto del 27 de abril de 2015 (f. 305, c. 1), y posesionada

el 7 de mayo de la misma anualidad (f. 328-329, c. 1).
45 En: CD continuación de audiencia de pruebas (f. 432, c. 2). Min: 10:10 – 51:05.

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“como una inquietud profesional” y personal por tratarse de un caso relacionado
con su especialidad. En esa ocasión, manifestó que recorrió el “contorno de la
obra”46 y las “zonas perimetrales”, observó el “parque” y el “estado de los
andenes de la carrera 11”47.

60. Con fundamento en unas cartas dirigidas a la EAAB, que daban cuenta de
“problemas” en un “edificio muy vecino” al construido por Pijao, construido en
desarrollo de un proyecto en el que dijo haber actuado como asesor48, el señor
Navarro apuntó49 que las redes de acueducto y alcantarillado que existían en el
sector eran “instalaciones muy antiguas, muy deterioradas y muy colmatadas
[sic]”.

61. En la diligencia, el deponente dijo haber sido invitado “a terreno” por personas
vinculadas con Pijao, quienes también le solicitaron un “resumen” sobre el
informe de la UNAL50. Sin embargo, sostuvo que en ningún momento transitó
por los sótanos de la edificación51. Aunque, según indicó, no le era posible opinar
sobre la interpretación allí contenida para determinar la causa de la anomalía52.
En su “criterio profesional”, por “la forma como falló el terreno” no encontraba
probable que el hundimiento ocurrido en el parque ocasionara daños en la
carrera 11, y consideró que el estudio de la Universidad no analizó ni reseñó el
estado de las redes antes de que ocurriera el socavón, por lo que sus conceptos
no resultaban “confiables”53.

62. El testigo mencionó que54, aproximadamente en el 200455, la Empresa contrató
“los diseños para la renovación de las redes del sector comprendido entre la
calle 93 a la 101 y entre la carrera séptima a la Autopista del Norte”. A la fecha
de su testimonio, indicó que los trabajos allí referidos no se habían ejecutado,
circunstancia de la que dedujo la existencia de una necesidad del Acueducto
fundada en la vetustez de las redes “que deben ser removidas y sustituidas por
nuevas”.

63. Expresó56 que la vida útil de los tubos que componen la estructura de acueducto
y alcantarillado es fijada por el proveedor, normalmente, en 25 años, siendo
posible extenderla hasta los 40 años, aunque, en todo caso, dicho término es
variable. Mencionó que los elementos con menor durabilidad en esas redes eran

46 Min. 14:45 - 15:00.
47 Min. 15:32 – 16:00.
48 Min. 17:46 – 18:09. Las misivas que trajo al expediente eran peticiones con fechas del 28 de

noviembre de 2007, del 23 de junio de 2008, y del 25 de febrero de 2009, dirigidas al Acueducto en
las que el representante legal de la sociedad “EXACTA PROYECTO TOTAL S.A. y del gerente del
“Proyecto Oficinas K-DOS”, solicitaban la revisión del sistema de alcantarillado de la “cra. 10 A con
calle 97 A” cercano al “EDIFICIO K-DOS” ubicado en la “CALLE 97 A No. 9 A- 50”: f. 422-429, c. 2.
49 Min. 35:01 – 36:07.
50 Min. 16:49 – 17:39. El documento al que se refirió (f. 420- 421, c. 2).
51 Min. 44:10 – 44:28.
52 Min. 45:00 - 45:12.
53 Min. 40:44 – 42:37.
54 Min. 24:11 – 25:58.
55 Indicó que “El año de ejecución [del contrato] fue del 2005 por lo tanto yo concluyo que se contrató

en 2004”. Min. 25:03 – 25:07.
56 Min. 26:18 – 28:30.

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“las uniones” que con el tiempo formaban curvas y “movimientos sinuosos” en
las vías, y debían ser objeto de una revisión constante. A su parecer, este era
“el caso de la carrera 11” porque “antes de este siniestro ya tenía bastante
sinuosidad, era un asfalto con bastantes curvaturas en esa zona, de la 100 hacia
la 94 y eso mismo se notaba en los andenes porque […] ya estaban fracturados”.

64. Bajo este contexto, lo primero que cabe advertir sobre la declaración de Plinio
Eduardo Navarro Navarro, hasta este punto, es que sus apreciaciones no
corresponden a las de un testigo técnico57, dado que, en primer lugar, las
calidades profesionales que adujo en la diligencia no fueron demostradas en el
plenario y, en segundo término, sus aseveraciones y conclusiones no fueron
soportados en métodos científicos o en criterios técnicos comprobadamente
ajustados a la lex artis de la ingeniería hidráulica y sanitaria, así como tampoco
encuentran sustento en los demás medios de prueba que obran en el
expediente.

65. Adicionalmente, sus apreciaciones sobre los hechos, efectuadas en términos
aparentemente sustentados en la rama del conocimiento que dijo conocer,
carecen de la eficacia probatoria que el apelante recalcó en su impugnación,
dado que, de una parte, su aproximación a las circunstancias que son objeto de
análisis en este asunto vaciló entre la manifestación de un interés personal y
profesional y su residencia en el sector, la ejecución de un proyecto que dijo
haber asesorado, y la confección de un concepto sobre el informe de la UNAL58
solicitado por personas vinculadas a Pijao.

66. Esta última circunstancia, ligada a la postura asumida por una de las partes,
hace que el testigo sea sospechoso y compromete su imparcialidad. En estos

57 Sobre las características del testimonio técnico y su distinción con la declaración de terceros y el

dictamen pericial, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera
– Subsección C. Sentencias del 19 de noviembre de 2020. Rad. 20001-23-31-000-2005-02332-
01(41419), del 20 de noviembre de 2020. Rad. 05001-23-31-000-1999-00093-01 (38097), y del 13
de septiembre de 2021. Rad. 05001-2331-000-2000-002590-01(44931). C.P. Guillermo Sánchez
Luque.
58 El documento mencionado en la diligencia de recepción del testimonio, e incorporado en esa

misma oportunidad (f. 420-421, c. 3), firmado por el testigo como “Gerente” de la firma “Plinco
Ingenieros”, y dirigido al director de obra “Ing. Guillermo Ospina” de “CONSTRUCCIONES PIJAO”,
expresó que, entre otras cosas que, una vez revisado “el sistema de drenajes de redes de
alcantarillado separados del los [sic] colectores perimetrales de la obra de la referencia [el edificio
Green Office Pijao] con el propósito de determinar las posibles causas del hundimiento de las vías y
de acuerdo al informe de la UN nos permitimos hacer los siguientes comentarios: // 1. No se evidencia
en el informe de la Universidad Nacional el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado antes
del evento. // […] // 3. Según lo indica el informe […] se dice que se realizó una comparación de los
niveles de servicio que prestaban antes y después de la falla en términos de capacidad hidráulica. //
Se indica que la información fue consultada con planos del sistema SISTEC, que son las condiciones
iniciales indicadas en las planchas de construcción, planos existentes en la planoteca de la Empresa
de Acueducto. // Esta información, en nuestro concepto, no es confiable ya que por diferentes causas
en la zona se han presentado asentamientos de diferentes magnitudes, con anterioridad al evento
del edificio, lo cual, indudablemente ha modificado las condiciones hidráulicas, por disminución de
pendientes, que en muchos casos se han convertido en contrapendientes, como lo muestra el mismo
informe. // Si se realizó un levantamiento reciente de las redes existentes antes del siniestro sería
necesario que esta información se allegue al informe, con el propósito de hacer el comparativo
correspondiente”.

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eventos el juez, de conformidad con el artículo 211 del CGP59, está conminado
a valorar -y no a desechar- este medio de convicción, aunque de una manera
más rigurosa, en conjunto con los demás elementos de prueba que formen parte
del expediente, y siguiendo los postulados de la sana crítica60.

67. En ese orden de ideas, la Sala considera que no es fiable el grado de percepción
de los hechos expresado por el señor Navarro Navarro, ya que en un principio
dijo observar la declinación desde el perímetro y los contornos del lugar, pero
después, al ser consultado por la constructora, solo accedió parcialmente a la
edificación, pero nunca a los sótanos cuya excavación ocasionó la
desnivelación, de acuerdo con lo expresado por la Universidad y por la actora.
Todo esto denota incoherencia en las condiciones como el deponente apreció el
hundimiento y sus consecuencias, y la insuficiencia en las razones que fundaron
sus dichos.

68. Por otro lado, varias de las afirmaciones vertidas en el testimonio no resultan
pertinentes para la solución del presente conflicto. El hecho que perseguía
acreditar la demandada para la prosperidad de su argumentación defensiva, esto
es, la obsolescencia en las redes de acueducto y alcantarillado en la zona
delimitada por el demandante como la causa más adecuada del deterioro sufrido
por esa infraestructura, incluso antes del 14 de diciembre de 2011, no tiene
relación alguna con las diferentes y aisladas solicitudes aportadas por el testigo,
que fueron efectuadas por los constructores de un proyecto inmobiliario ubicado
fuera del área de afectación alegada por la actora, ni señalaban problemas
estructurales en las tuberías que se adujeron dañadas por efecto del edificio de
Pijao61.

69. Así mismo, no son plausibles los razonamientos deductivos del testigo que, a
partir de un supuesto contrato de estudios y diseños celebrado por la EAAB cuyo
análisis abarcaba una extensión mucho más amplia a la que atañe al presente
asunto, indicó que la Empresa tenía la necesidad de remover y sustituir toda la
infraestructura de acueducto y alcantarillado de esa zona dada su antigüedad,
dando a entender -sin razón alguna- que esta circunstancia indefectiblemente

59 “ARTÍCULO 211. IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las
partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. // La tacha deberá formularse
con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar
de acuerdo con las circunstancias de cada caso”. (Se subraya)
60 Al respecto, de antaño la jurisprudencia ha consignado que la “ley no impide que se reciba la

declaración de un testigo sospechoso, pero la razón la crítica del testimonio aconsejan que se la
aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que
deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha”: Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil. Sentencia del 12 de febrero de 1980. M.P. José María Esguerra Samper. En el mismo
sentido ver, entre muchas otras: Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-622 del 4 de
noviembre de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencias del 14 de julio de 2016. Rad. 41001-
23-31-000-1999-00987-01 (36932) C.P. Hernán Andrade Rincón; del 24 de abril de 2023. Rad.
85001-23-33-000-2015-00330-01 (60187). C.P. María Adriana Marín; y del 7 de marzo de 2025. Rad.
05001-23-33-000-2018-00987-01 (70719). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
61 Supra. cit. 48.

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venía alterando la estabilidad y el funcionamiento de las redes desde épocas
anteriores al hundimiento. En ese sentido, tampoco hallan sustento sus
aseveraciones acerca de la vida útil de las tuberías, la durabilidad de sus
elementos compositivos, ni el estado de la carrera 11 que dijo haber advertido
antes del suceso que ocupa el presente juicio de responsabilidad.

70. En contraste con las declaraciones del señor Navarro Navarro, el estudio
adelantado por la Facultad de Ingeniería – Sede Bogotá de la Universidad
Nacional de Colombia del 9 de abril de 2012, con el propósito de “DETERMINAR
LAS POSIBLES CAUSAS QUE AFECTARON LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 97
Y 100 Y LAS CARRERAS 11 Y 11A” exhibió en su informe ejecutivo62 que,
tomando la información documentada y suministrada por varias entidades
distritales63, lo siguiente:

• En el apartado de la evaluación geológica indicó que, antes de la
construcción del edificio, el área tenía ondulaciones asociadas a los ciclos
normales de humedecimiento y secado del terreno, originados además por
la vegetación presente en los andenes y separadores y al intenso tráfico
vehicular. Además, las construcciones eran de baja altura y algunas tenían
semisótanos. De este modo, no había posibilidad de que se produjera una
falla estática profunda del terreno por deslizamiento porque no “existían
posibilidades cinemáticas para su desarrollo”. Más adelante, en la
presentación oral del estudio, el profesional que lideró este segmento del
análisis64, explicó los fundamentos técnicos de su trabajo, las actividades
desplegadas en terreno y sus resultados, coligiendo que la “excavación del
sótano causó esa gran deformación de la carrera 11 y del parque […] esa
deformación se llevó el pavimento, los tubos y los andenes, o sea, ahí los
tubos son otras víctimas [sic] del colapso”65.

− Al examinar el proceso constructivo, a partir de la bitácora de obra
parcialmente facilitada por Pijao, la Universidad “pudo establecer una serie
de modificaciones tanto en las secciones de elementos estructurales como
en los procesos de excavación que ejecutó el Constructor”. Tal registro diario
que proporcionó la demandada enunció, además, que la “excavación del
segundo sótano inició entre los meses de febrero y marzo de 2011”, fecha
para la cual no se habían reportado “movimientos, desplazamientos ni

62 C. 3, y f. 246-260, c. 6.
63 En el punto 4.2. del informe, se expuso que la “documentación recopilada corresponde a
información suministrada por […] las entidades distritales a saber: EAAB, FOPAE, Alcaldía Local de
Chapinero, IDU, Curadurías Urbanas No. 3 y 4 y Secretaría Distrital de Planeación”. También se
indica que contó con datos facilitados por Pijao, pero que correspondieron a los “estudios y diseños
utilizados durante las fases de diseño y construcción del edificio Green Office […] memoria de cálculo
estructural, planos estructurales y recomendaciones de cimentación, procedimientos constructivos”
y parte de la bitácora de obra.
64 Ingeniero Álvaro Jaime González García. Intervención en audiencia, en: CD. F. 471, c. 3. Min.

1:20:11 a 1:39:55. Diapositivas “UN-EAAB-KRA11-INF GEOTECNIA”, en: CD. F. 470, c. 3.
65 Audiencia, en: CD. F. 471, c. 3. Min. 1:35:21 – 1:35:45.

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problemas de agua”, al interior de la obra o en la “zona aledaña”. Con base
en esto, expresó:

“Esta secuencia de eventos indica que primero empezó la excavación
de los sótanos, luego hubo una modificación arbitraria de la ventana
de excavación (ampliando la sección recomendada de 7mx7m) y
posteriormente se reportan los problemas de suspensión de servicio
de agua y flujo al interior de la obra.

Teniendo en cuenta las evidencias descritas en la información
analizada, para la Universidad […] es claro que los daños en la
Carrera 11 y los reportes de filtraciones de agua iniciaron con
posterioridad al inicio de la excavación de los sótanos 2 y 3 del edificio
Green Office, por lo que se deduce que la excavación en la obra afectó
las redes de acueducto y alcantarillado del sector en vez del proceso
contrario. El posterior hundimiento de la Carrera 11 y los daños en las
edificaciones vecinas son claramente posteriores a la excavación”.

• Más adelante, al referirse a la evaluación hidráulica y estructural de las redes
afectadas por el movimiento, igualmente basada en la información
suministrada por entidades distritales66, este aparte del informe precisó:

“La línea base de los tubosistemas es definida como el estado de las
redes de acueducto y alcantarillado antes de la construcción del
Edificio Green Office. Este estudio pudo identificar que el grado de
servicio de los tubosistemas era normal, y que no había ningún daño
estructural que afectará la operación de los servicios de acueducto y
alcantarillado en el sector de estudio.

De toda la información inicial recopilada, tan sólo se apreció la queja
generalizada de los usuarios por el mal funcionamiento de las redes
de drenaje de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
que en su mayoría son problemas operativos y no problemas
estructurales.

Estos problemas operativos se deben a que los sistemas de
alcantarillado fueron instalados hace al menos 40 años, cuando el
sector de estudio estaba constituido predominantemente por grandes
casas y habitado por menor número de personas, por tanto, con una
producción de caudal de agua residual menor […]”.

− En suma, la UNAL concluyó que el “FACTOR DETONANTE
PRINCIPAL DE LOS HUNDIMIENTOS DE LAS CALLES 98 Y 99 Y
DE LA CARRERA 11, QUE SUSCITARON EL CIERRE DE ESTA
ULTIMA, FUE LA EXCAVACIÓN INSUFICIENTEMENTE
CONTROLADA DE LOS SÓTANOS DEL EDIFICIO GREEN
OFFICE”. Esta afirmación fue basada en que: (i) la obra se adelantó
con “procesos constructivos acelerados que se apartaron del
protocolo inicial de construcción establecido por la misma
constructora”; (ii) hubo fallas en el monitoreo que impidieron adoptar

66 Al exponer los estudios de la UNAL durante la audiencia de pruebas, el ingeniero Leonardo David

Donado Garzón, expresó que el análisis hidráulico que efectuó tuvo “como línea base […] el catastro
que tenía la Empresa, donde […] antes de que se produjera el siniestro, todos los tubosistemas
aledaños estaban en un nivel de servicio activo, es decir, ninguno presentaba un colapso y no habían
quejas al respecto” (En: Continuación audiencia de pruebas, min. 21:27 – 21:49, CD a f. 471, c. 3).

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medidas oportunas de mitigación cuando se produjeron las
deformaciones en los sótanos; (iii) se encontraron “estudios y
diseños geotécnicos deficientes que no cumplen con las normas
aplicables” y; (iv) halló déficit en la “seguridad de algunos
elementos” por cuanto esta fue “reducida respecto a la norma NSR-
98”. Así, en criterio de la Universidad fue:

“… claro que los daños en la Carrera 11 y los reportes de
filtraciones de agua iniciaron con posterioridad al inicio de la
excavación de los sótanos 2 y 3 del edificio Green Office, por lo
que la excavación en esta obra afectó las redes de acueducto y
alcantarillado del sector en vez del proceso contrario. El
posterior hundimiento de la Carrera 11 y los daños en las
edificaciones vecinas son claramente posteriores a la
excavación”.

71. De otra parte, el dictamen pericial rendido el 15 de julio de 2015 por la ingeniera
hidráulica y de regadíos Myriam Victoria Novoa Pineda67, nombrada por el
Tribunal, respondió a los cuestionamientos formulados por el órgano de instancia
en la audiencia inicial68 y por las partes69. En lo que atañe a la temática
desarrollada por el declarante invocado por la constructora, la perita expuso lo
siguiente:

• De acuerdo con la relación70 de “avisos u órdenes de trabajo de las
labores de mantenimiento” en la zona, desde el “año 2003 a la fecha no
han existido mayores requerimientos que impliquen daños estructurales
a las redes de acueducto y/o alcantarillado”.

• En su criterio, tomando “la información suministrada por los proveedores
de las diferentes tuberías”, estimó que la “vida útil de las redes de
acueducto y alcantarillado es de 50 años”, empero, aclaró que no hay
norma técnica que establezca con precisión ese tiempo, que depende de
factores como el material, tipo de uso, las condiciones de suelo, entre
otras. De esta forma, estima posible que la Empresa posea “activos
bastante antiguos, pero si estos aún son funcionales no se puede
considerar que a pesar de su edad hayan cumplido con su vida útil y sea
necesario reemplazarlos”71. En la zona contigua al edificio, “por la
antigüedad de la construcción de los sistemas, no fue posible ubicar los
record [sic] de obra respectivos”, sin embargo, al “momento del evento se
encontraban funcionando correctamente”.

• Explicó que, de acuerdo con información suministrada por el “Grupo de
Evaluación Integral” de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, desde el mes de octubre de 2009 y hasta la fecha de

67 F. 2-21, c. 7.
68 F. 245, reverso, c. 1.
69 EAAB: f. 323 y 324, c. 1; demandados: f. 325 – 326, c. 1.
70 Anexo 1, f. 18-21, c. 7.
71 Afirmación reiterada en la audiencia de contradicción del dictamen. CD (f. 494 c. 3). Min. 18:15 –

20:00

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presentación del dictamen, ninguna edificación había “colapsado por
efectos de antigüedad de las tuberías” de propiedad de la EAAB. Dichos
datos arrojaron, además, que solo hubo dos quejas “una relacionada con
el rebosamiento de aguas negras y la otra con filtraciones de aguas
lluvias, ambas localizadas fuera de la zona que nos ocupa, sin que haya
existido colapso de las edificaciones”. Tampoco encontró “requerimientos
de constructores de proyectos […] afectados por el funcionamiento o
ubicación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario o pluvial que
hayan generado problemas de inclinaciones de proyectos en
construcción”.

72. En las aclaraciones y complementaciones al dictamen72, la experta afirmó que
con la construcción de la obra, “se produjeron movimientos en el subsuelo”,
evidenciados por el FOPAE73 al “encontrar alteraciones en predios vecinos
(Calle 99) con observación de grietas en contrapisos y muros, afectaciones por
deformaciones y asentamientos diferenciales de los prefabricados en el sendero
peatonal”, y en el suceso del 14 de diciembre de 2011, con la “falla de la pantalla
de cimentación y pilotes causando un deslizamiento en el parque de la Calle 98
entre carrera 11 y 11A”. En ese orden de ideas, señaló que compartía las
conclusiones a las que arribó el estudio de la Universidad, en complemento con
lo indicado por la autoridad distrital antes mencionada.

73. Visto lo anterior, esta Sala respalda la posición expuesta por el fallo de primera
instancia74 para desestimar el valor probatorio de lo manifestado por el testigo
Plinio Eduardo Navarro Navarro, invocado como sostén de los cargos
planteados en la apelación de la constructora. No sólo porque, de forma

72 F. 134-147, c. 7.
73 Se refiere al “DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. 6041 […] EVENTO SIRE NO. 481613”, arrimado

como anexo al dictamen (f. 168-177, c. 7), que también obraba entre las pruebas aportadas por el
Acueducto (f. 298-312, c. 6). Allí, se describió que el personal del FOPAE “realizó visita técnica el 14
y 15 de diciembre de 2011, al sector de la Carrera 11 con Calle 98, identificando que parte de la
pantalla pre-excavada perimetral, parte de los pilotes de cimentación, que a su vez funcionan como
columnas en los niveles de sótanos y sus contrafuertes y sus correspondientes vigas de amarre del
costado sur de la edificación en construcción, que se adelante en el predio de la Carrera 11A No.
98-06, colapsaron parcialmente, lo que generó una depresión en el terreno circundante de la Calle
98, donde se emplaza la zona verde de un parque público. Adicionalmente, se advierte la presencia
de agrietamientos y fractura generalizada de algunos tramos de la pantalla pre-excavada en el
costado oriental de la edificación, así como la falla parcial de algunos contrafuertes y la inclinación
de algunos pilotes en este mismo sector de la edificación. // Por otra parte también se logra identificar
que los corredores de circulación vehicular y peatonal aledaños al predio de la Carrera 11A No. 98-
06, presentan evidencias de hundimientos y deformaciones; que en el caso específico de la Carrera
11 (costado oriente y occidente) son de carácter severo, situación que adicionalmente evidencia una
afectación de las redes del alcantarillado que se ubican en el sector”. Más adelante, este documento
agregó que debían tomarse medidas “sobre la infraestructura de redes de alcantarillado y/o otras
redes que se ubican en el sector aledaño al predio de la Carrera 11A No. 98-06, que posiblemente
se encuentran afectadas, es posible que en el corto plazo, dichas redes, contribuyan al aumento de
las afectaciones evidenciadas en los corredores de circulación peatonal y vehicular del sector,
comprometiendo consecuentemente la estabilidad y funcionalidad total de las mismas”, por lo que
recomendó a la EAAB “adelantar de manera inmediata las acciones correspondientes a la
verificación, mantenimiento, reparación y/o suspensión del servicio en las redes de suministro de
agua potable, de las redes de evacuación de aguas lluvias y aguas servidas, que se emplazan en la
zona circundante al predio […], para evitar que las mismas se colapsen y debido a los niveles de
deformación que se están generando por los hundimientos del terreno aledaño a la obra que se
adelanta en el predio en comento y generen condiciones de riesgo para transeúntes”.
74 Supra. Párr. 20 y 23, cit. 14 y 15.

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intrínseca, sus afirmaciones no son convincentes y desarrollan opiniones
subjetivas, irrelevantes, y carentes de cualquier apoyo probatorio que las
corrobore; también porque no lograron refutar eficazmente la sustentación
técnica, científica y demostrativa que exhibió el estudio realizado por la
Universidad, la cual además fue ratificada en el dictamen pericial, que desmintió
la tesis del declarante acerca de la vetustez preexistente en los sistemas de
tubería de acueducto y alcantarillado no atendida por la actora como causa
eficiente de los daños cuya indemnización se pretende.

El dictamen pericial

74. Respecto de este medio de prueba, la apelante considera que no se demostró
el daño soporte de las súplicas del Acueducto porque, en su criterio, las
afirmaciones de la auxiliar de justicia desestimaron la existencia de afectaciones
en redes de acueducto y alcantarillado ubicadas en el “parque aledaño al predio”
al del edificio. De esta manera, su razonamiento prosiguió la tesis según la cual
la actora únicamente reclamó lo ocurrido en ese lugar, aislando ciertas
expresiones textuales del escrito introductorio del resto de la pretensión y de los
apartes fácticos del libelo, como ya se advirtió anteriormente en esta providencia.

75. Ahora, aunque el planteamiento hecho por la recurrente con sustento en la
pericia no es acertado, la Sala encuentra plausible analizar lo que este elemento
de convicción dio cuenta sobre el menoscabo solicitado por la EAAB, a saber, el
colapso de los sistemas de tubería dentro del área comprendida entre las calles
97 y 100 y las carreras 11 y 11A. Al respecto, la prueba técnica mencionada
detalló lo siguiente:

− Para la auxiliar de la justicia, las redes afectadas comprendieron la carrera
11 (costado oriental)75, la calle 99 (por el norte)76, y la carrera 11A77. Dicha
situación fue atendida “con la renovación de las redes de acueducto y
alcantarillado”, por la EAAB “a través del contrato suscrito con el
CONSORCIO REDES AC 2013 por un valor de $1.548’373.853,00, y con
la interventoría con la firma GNG Ingeniería SAS por un valor de
$163.026.426”.

− Con todo, al absolver la contradicción de su dictamen78, advirtió que, de
acuerdo con los planos que obraban en el expediente, y lo precisado por
la UNAL, si bien no habían “redes […] que tengan servicio en el parque,
en la zona aledaña al parque”, para el momento del movimiento de tierra
allí había “una red de drenaje, de alcantarillado pluvial que es un box
coulvert, o sea, una alcantarilla en cajón, […] que venía del norte por la
11, hacía L, e iba por todo el lado del parque, no en el costado aledaño al

75 “… una red de diámetro 6’’ y 12’’ de acueducto, de alcantarillado sanitario 8’’ de diámetro y de

36’’ de diámetro de aguas lluvias”. (Negrillas originales del dictamen)
76 En red de “acueducto 3’’ de diámetro, de alcantarillado sanitario 8’’ y alcantarillado pluvial

12’’”. (Destacado del peritaje).
77 En sistema de “acueducto 3’’ de diámetro, de alcantarillado sanitario 8’’ y no existe

alcantarillado pluvial”. (Énfasis de la experticia).
78 En audiencia de pruebas. CD (f. 494 c. 3). Min. 5:06 – 20:00.

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edificio Green Office sino por el frente, pero sobre el parque, y cogía hacia
el sur por la carrera 11A. Dado el problema que se tuvo por el colapso y
el hundimiento que se sufrió el 14 de diciembre de 2011, la Empresa de
Acueducto decidió cerrar ese paso, entonces, en este momento no existe
ninguna red porque no tiene ninguna funcionalidad dentro de la zona del
parque”79.

− Indicó que ninguna edificación ubicada en el área comprendida entre la
carrera 11 y 11A, y las calles 97 y 100 colapsaron por la “ANTIGÜEDAD
DE LAS TUBERÍAS” de la EAAB. Agregó que, según un memorando de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sólo hubo dos
quejas relacionadas con “el rebosamiento de aguas negras” y “filtración
de aguas lluvias” en lugares ubicados “fuera de la zona que nos ocupa”.

76. A partir de lo anterior, puede advertirse que, respecto del daño, las afirmaciones
vertidas en el dictamen no aportan información diferente a la abarcada por el
estudio hecho por la Universidad, con el cual dijo coincidir. Así, las anotaciones
de la experta sobre las afectaciones sobre el parque no contradicen los
resultados del informe técnico allegado con la demanda, ni controvierten el
alcance de los daños ocasionados por el hundimiento reduciéndolo a una zona
determinada, sino que reconocen y ratifican su extensión, acogiendo lo que ya
había analizado la UNAL80.

Conclusiones acerca de los cargos de la apelante

77. En suma, los cargos que reprocharon la decisión de primer grado no están
llamados a prosperar, y las problemáticas jurídicas planteadas sobre la prueba
del daño y la culpa exclusiva del demandante81 se resuelven así:

79 Ibid. min. 10:45 – 12:24
80 Al complementar su respuesta acerca del daño sufrido por las redes del acueducto, la perito

expuso lo siguiente: “ El estudio geotécnico de la Universidad Nacional describe un mecanismo de
falla rotacional, asociado a la ocurrencia del fenómeno de falla de fondo, en los costados norte y este
del proyecto Constructivo PIJAO-Edificio Corporativo Green Office (Calle 99 x Carrera 11). La perito,
lo comparte y lo sustenta con el concepto sobre el Diagnóstico Técnico No. 6041 del Evento SIRE
481613 del 14 y 15 de diciembre de 2011 de FOPAE, en el cual menciona que en el edificio en
construcción se evidencia efectos de asentamientos diferenciales, que han generado una pérdida de
verticalidad leve del mismo, con tendencia de inclinación hacia el costado oriental y sur oriental
("cabeceo" hacia la carrera 11 y en menor medida hacia la calle 98), ya que el mecanismo de falla
rotacional señalado por el estudio geotécnico, considerando que es el mismo movimiento identificado
tempranamente por FOPAE con el término "cabeceo". Si bien el colapso visible fue en la zona del
parque, hubo movimiento del suelo en la Calle 99, Cra. 11 y Calle 98 y este venía progresivamente
sucediendo en forma dúctil (sin ocurrencia de colapso total). // En dicho sector, se encontró que los
tramos de los tubosistemas, quedaron dentro del cuerpo del deslizamiento que se presentó en las
vías mencionadas. // El mecanismo de falla causó asentamientos en el sistema, generando bateas
y cambios en la pendiente en los tramos mencionados de la red. Las tuberías no sufrieron cambios
significativos en su sección transversal, pero si en la variación de la pendiente implicando
modificaciones en la capacidad hidráulica y el nivel de servicio para el que fue diseñado cada uno
de los tramos afectados. Estos defectos coinciden con la evidencia física, identificada en campo, la
topografía levantada por la Universidad Nacional y la naturaleza de los daños establecidos a partir
de la inspección de las redes.” (Se subraya).
81 Supra. Párr. 46 a 48.

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78. El asunto no se contrajo únicamente a los daños ocurridos en las redes ubicadas
en el parque aledaño a la obra, sino a todas las afectaciones de los sistemas de
tubería de acueducto y alcantarillado que se ocasionaron por el deslizamiento
del terreno ocurrido en el predio donde se construía el edificio. En ese orden de
ideas, el dictamen pericial, al ratificar lo sostenido por los informes de la UNAL,
no contradijo el alcance de las afectaciones, ni el examen de causalidad que
dicho elemento de convicción apuntó hacia el proceso constructivo adelantado
por Pijao. Por lo tanto, las censuras realizadas en el recurso no evidenciaron el
error del Tribunal en la valoración probatoria respecto del daño y del nexo causal
que determinó el fallo de primera instancia.

79. El testimonio de Plinio Eduardo Navarro Navarro fue apreciado correctamente
por el Tribunal. Este medio de prueba no tiene el valor probatorio que la apelante
le atribuye porque la declaración versa de una apreciación fáctica impertinente,
subjetiva y sin apoyo en las demás fuentes informativas, que no pone en tela de
juicio los elementos de convicción encargados de desestimar la tesis exceptiva.

80. Al no prosperar los cargos de la apelación, la declaración de responsabilidad
patrimonial de Pijao será confirmada en segunda instancia.

Indemnización de perjuicios

81. Respecto de las condenas proferidas por la sentencia impugnada que, pese a
no haber sido apeladas, permiten el pronunciamiento de la Sala por las razones
expuestas anteriormente82, cabe analizar lo siguiente:

82. El Acueducto pretendió que la demandada indemnice, a título de daño
emergente: (i) lo correspondiente a la las “obras de acueducto y alcantarillado
sanitario pluvial del sector carrera 11 entre calles 100 y 97” y (ii) el valor pagado
a la Universidad por concepto del estudio contratado.

83. En relación con el primero de los rubros pedidos, la demanda presentada por la
Empresa enlistó83 el “presupuesto de obra elaborado por la Dirección de Servicio
de Acueducto y Alcantarillado de la Zona 1”, que coincide con un formulario
anexo a un informe de visita técnica -sin fecha- de la propia demandante84, en
el que detalló la “LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS”85 estimados para
atender los “PROBLEMAS OCASIONADOS POR CONSTRUCTORA PIJAO”,
por un valor “TOTAL DE LAS OBRAS” equivalente a mil ciento treinta y un

82 Supra. Párr. 42 y 43.
83 Hecho “VEINTE” de la demanda.
84 F. 274-279, c. 6.
85 Entre los que incluye los rubros de “IMPACTO URBANO”, “DISEÑOS DE ALCANTARILLADO”,

“OTRAS OBRAS DIFERENTES ACUEDUC Y ALCANTA”, “Actividades consultoría e interventoría”,
“EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT”, “RELLENOS”, “RETIRO Y DISPOSIC.
MATERIALES SOBRANTES”, “INSTALACION TUBERÍAS”, “ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE
ACUEDUCTO”, “POZOS INSPECCION”, “SUMIDEROS”, “ROTURA CONSTRUCC VÍA ANDEN
PASO Y SARDIN”, “SUMIN VALV. ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO”, “SUMINISTRO DE
TUBERÍA PARA ACUEDUCTO”, “SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO”. Al finalizar
el recuadro, desglosó la cifra total en: el costo directo “TOTAL” de estos trabajos fue calculado en la
suma de $904.922.567,00; y en el A.I.U. por una suma de $226.230.642,00.

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millones ciento cincuenta y tres mil doscientos nueve pesos ($
1.131.153.209,00), misma cifra descrita en la pretensión 2 de la demanda.

84. De otra parte, la experta Novoa Pineda afirmó que, para la fecha de presentación
de su dictamen, la actora había renovado las redes de acueducto y alcantarillado
afectadas por el hundimiento mediante un contrato de obra y otro de
interventoría86. Empero, pese a que fue cuestionada por esa circunstancia,
advierte la Sala que sus afirmaciones sobre este tema carecen de soportes y del
componente científico, técnico o artístico que distingue legalmente a la prueba
pericial87, por lo tanto, no demuestran la atención del menoscabo por la vía
contractual, y menos aún el alcance, objeto, valor, ejecución, pagos, y demás
características y circunstancias de los negocios jurídicos mencionados por la
ingeniera.

85. Ahora, sobre las declaraciones que el Tribunal tuvo en cuenta para encontrar
probadas las obras de reparación, cabe precisar el contenido de sus dichos:

− Juan Carlos Suárez Muñoz88, servidor del Acueducto89, testificó sobre su
participación en las “mesas de trabajo” armadas entre diversas entidades
distritales con el propósito de realizar un presupuesto de las obras necesarias
para atender lo ocurrido en la zona de la construcción, datos que sirvieron
para confeccionar unos “términos de referencia”. Posteriormente, afirmó que
se “contrató la obra por mil quinientos sesenta millones de pesos”
aproximadamente, y la “interventoría por ciento sesenta millones de pesos”.
Indicó que la ejecución de estos acuerdos inició en junio (sin precisar el año),
y únicamente conoció de su desarrollo durante un mes porque debió atender
otros asuntos. Precisó que el plazo pactado por la Empresa fue de seis
meses. No conoció si se completaron las labores y actividades estipuladas.

− Javier Eduardo Vega Vega90, empleado de la demandante91, expresó que
también presenció las reuniones con otras instancias administrativas
involucradas del distrito, y a partir de allí colaboró a “esquematizar el proyecto
de renovación” o “rehabilitación de redes tanto sanitarias como pluviales del
sector afectado”. Según su versión, el costo de esos trabajos fue estimado y
proyectado inicialmente en un monto cercano a los “mil quinientos sesenta y
un millones”, de los cuales fueron destinados “mil quinientos cuarenta y ocho

86 Supra. Párr. 73.
87 Cfr. CGP – Artículo 226, inciso primero.
88 Audiencia de pruebas, en CD: f. 410, c. 6, archivo
“25000233600020130172800_250002336000_1”. Min. 1:15:24 – 1:31:53.
89 Afirmó que estaba vinculado al Acueducto desde el año 2004, pero que fue director de la “ZONA

UNO” correspondiente al área comprendida entre las calles 94 y 222, y los cerros orientales y el Río
Bogotá (que incluye al predio donde construyó Pijao), entre agosto de 2012 hasta julio de 2014, por
lo que su participación inicia desde el “diálogo con la Alcaldía Local, FOPAE, Secretaría […] e IDU”
sobre lo acontecido antes en la zona de la edificación.
90 Audiencia de pruebas, en CD: f. 410, c. 6, archivo
“25000233600020130172800_250002336000_1”. Min. 1:35:17 – 1:49:21.
91 Según dijo, su vinculación con la Empresa data del año 2008, pero su ejercicio sobre la “ZONA

UNO” empezó en agosto de 2012 como jefe de división de alcantarillado.

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más o menos” para la obra, y “ciento sesenta y tres millones” en la
interventoría.

86. Así, aunque ambas versiones dieron cuenta de la evaluación de costos, estos
testigos tampoco informaron con precisión la cuantía de los materiales ni de los
trabajos que fueron realizados con el fin de restablecer las redes. Tampoco son
suficientes para encontrar probada directa o indirectamente la celebración,
ejecución y pago de los contratos que afirmó celebrar la Empresa como
consecuencia de los daños sobre las tuberías sanitarias y pluviales afectadas
por el hundimiento acaecido el 14 de diciembre de 2011.

87. Ante este escenario, se confirmará la decisión del Tribunal que, con acierto,
condenó en abstracto a la constructora por concepto de las obras que debieron
ser ejecutadas para conjurar la afectación a las redes de acueducto y
alcantarillado. Esto, en consideración a que en este proceso fue demostrado el
daño y su alcance, particularmente: (i) por la prueba técnica adjuntada con la
demanda, y en especial, por lo descrito en el informe final de hidráulica de la
Universidad92; y (ii) por los elementos de convicción antes reseñados que, pese
a sus imprecisiones coincidieron en indicar que la Empresa sí atendió su deber
jurídico normativo de restablecer la infraestructura a su cargo93. Sin embargo, no
fue acreditada la cuantificación de los perjuicios que, en virtud de lo expuesto,
deberá adelantarse mediante incidente, en los términos del artículo 193 del
CPACA.

92 Coincidentes con lo descrito por el Tribunal en el fallo apelado. Las conclusiones de este volumen

del estudio (f. 3658, c. 9) remiten a lo indicado en el estudio de geotecnia, para describir que se
produjo “un mecanismo de falla rotacional asociado a la ocurrencia del fenómeno de falla de fondo,
en los costados norte y este del Proyecto Constructivo PIJAO-Edificio Corporativo Green Office (CLL
99 x KRA 11). En dicho sector, se encontró que los tramos de los tubosistemas ubicados entre los
pozos de inspección 92599-92598 y 46435-46691 de la red sanitaria y 12746- 12852,12852-12928
y 12747-12699 de la red pluvial, quedaron dentro del cuerpo del deslizamiento que se presentó en
las vías mencionadas”. Posteriormente, este elemento de convicción agregó que la “evaluación
estructural y operacional de las redes, permitió identificar que cada tramo tuvo afectaciones
diferentes según la ubicación respecto a la falla. Adicional a los asentamientos, el movimiento del
terreno generó empujes de tal manera que se transfirieron considerables esfuerzos de compresión
y flexión, colapsando el tramo de alcantarillado pluvial entre los pozos 12747-12699 de la CLL 99 en
una longitud aproximada de 2 metros. Igualmente se identificó que no se presentan ex filtraciones
de las redes hacia el suelo, que hayan sido causantes del agua infiltrada en los sótanos del edificio
en construcción, por el contrario se identificaron varios puntos de infiltración en los tubosistemas. //
Varias de las tuberías están a punto de colapsar o presentan defectos de gran importancia que
pueden generar problemas de tipo estructural e hidráulico. Las bateas que se encontraron implican
la existencia de “valles” en el sistema, en los cuales hay una tendencia mucho mayor a la
precipitación de sólidos transportados por el efluente, formando depósitos que obstruyen el tubo
parcialmente, con lo que el radio hidráulico efectivo se ve disminuido, razón por la cual varios de los
pozos de la red se encontraron represados”.
93 De acuerdo con el artículo 28, inciso segundo, de la Ley 142 de 1994, las “empresas tienen la

obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos costos serán a
cargo de ellas”. Por su parte, el Decreto 302 de 2000, en su artículo 22, prescribe que: “La entidad
prestadora de los servicios públicos está en la obligación de hacer el mantenimiento y reparación de
las redes públicas de acueducto y alcantarillado. Así mismo deberá contar con un archivo referente
a la fecha de construcción de las redes, especificaciones técnicas y demás información necesaria
para el mantenimiento y reposición de la misma”. Respecto de estas obligaciones a cargo de las
empresas de servicios públicos domiciliarios, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 5 de abril de 2013. Rad. 25000-23-
26-000-2001-00979-01 (27231). C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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88. Con todo, además de tener la carga de demostrar que los pagos y de las obras
de reparación de las redes de acueducto y alcantarillado obedecieron
“exclusivamente” a los daños ocasionados por los hechos del 14 de diciembre
de 2011, como lo advirtió el a quo94, la liquidación resultante debe estar limitada
cualitativamente a los conceptos que la actora refirió en la demanda,
puntualmente en el hecho “VEINTE” del apartado fáctico95, y cuantitativamente
no podrá sobrepasar la suma indexada de mil ciento treinta y nueve millones
ciento cincuenta y tres mil doscientos nueve pesos ($ 1.131.153.209,00) descrita
tanto en el listado contenido en el mencionado acápite, como en la pretensión
“2” del libelo.

89. Así mismo, es necesario precisar que los contratos celebrados por la
demandante, como empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios,
están sometidos a las reglas del derecho privado96, por lo que no son aplicables
las solemnidades previstas por las normas del Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), y únicamente deberán observar
la forma escrita en los eventos que así lo prevean los preceptos civiles y
mercantiles97. Por lo tanto, dada la consensualidad de estos negocios jurídicos,
los medios de prueba que atañen a su existencia, celebración y modificaciones
siguen el principio de libertad probatoria, recogido por el artículo 165 del CGP.

90. En relación con el segundo de los conceptos que fueron pretendidos por la
actora, esto es, el costo del estudio allegado con la reclamación judicial, fueron
acreditados, sin protesta alguna de la constructora:

• El contrato interadministrativo98 No. 1-02-26200-0841-2011 del 30 de
diciembre de 2011, celebrado entre la Universidad y el Acueducto con el
objeto (cláusula primera) de que la primera realizase “ESTUDIO PARA
DETERMINAR LAS POSIBLES CAUSAS QUE AFECTARON LAS REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR COMPRENDIDO
ENTRE LAS CALLES 97 Y 100 Y LAS CARRERAS 11 Y 11 A”, por un valor
total de “SEISCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL
PESOS MCTE ($608.630.000)” (cláusula tercera) que serían pagados en tres
emolumentos (cláusula cuarta): el primer desembolso, por valor de
doscientos cuarenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos
($243.452.000); el segundo, por una suma de ciento ochenta y dos millones
quinientos ochenta y nueve mil pesos ($182.589.000); y el tercero, por el

94 Supra. Párr. 27.
95 Resumidos en esta providencia en los párrafos 10 y 83.
96 Ley 142 de 1994 – Artículo 31.
97 La jurisprudencia ha establecido, respecto de otro de los regímenes de contratación estatal
sometidos al derecho privado, como lo es el de los negocios que celebran las Empresas Sociales
del Estado (E.S.E.), que “solo están sujetos a solemnidad los negocios jurídicos a los que el derecho
común impone tal formalidad, circunstancia que no ocurre con la prestación de servicios médico
asistenciales contratados por estas, los cuales son simplemente consensuales y se perfeccionan con
el consentimiento de los involucrados en cuanto al objeto y precio de lo convenido.”: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 7 de
febrero de 2025. Rad. 68001-23-33-000-2018-00233-01 (68979). C.P. Fredy Ibarra Martínez.
98 F. 77-82, c. 6.

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monto restante de ciento ochenta y dos millones quinientos ochenta y nueve
mil pesos ($182.589.000).

• La certificación del pago, y los comprobantes de consignación a la
Universidad, por las cifras antes indicadas99.

91. En vista de estos elementos de convicción, la Sala confirmará también la
condena correspondiente a la erogación derivada de los informes técnicos
arrimados por el Acueducto, realizados por la UNAL. Ahora, conforme a lo
ordenado por el artículo 187, inciso cuarto, del CPACA100; y por el artículo 283,
inciso segundo, del CGP101, procederá a la actualización de la condena102. Para
el efecto, se aplicará la siguiente fórmula:

Va = Vh x índice final
índice inicial

Va: valor actualizado a establecer.

Vh: valor histórico que se traerá a valor presente ($752.013.374).

Índice final: IPC vigente para la fecha de esta decisión, reportado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, mayo de 2025 (150,14).

Índice inicial: IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia,
septiembre de 2017 (96,36)

Va = 752.013.374 x 150,14
96,36

Va = 1.171.723.619,47

92. Por lo anterior, la condena fijada por el Tribunal será actualizada a la suma de
mil ciento setenta y un millones setecientos veintitrés mil seiscientos diecinueve
pesos con cuarenta y siete centavos ($ 1.171.723.619,47).

Condena en costas

93. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA103, que remite a lo desarrollado en la
materia por los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, la Sala

99 F. 70-75, c. 6.
100 “Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como

base el Índice de Precios al Consumidor”.
101 “ El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la

sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado”.
102 En relación con el deber de actualización de las condenas a pagar sumas líquidas de dinero,

consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección
A. Sentencia del 25 de octubre de 2024. Rad. 44001-23-40-000-2018-00031-01 (70119). C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
103 “Condena en costas: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del

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condenará en costas a la recurrente, por ambas instancias, en tanto le fue
resuelto desfavorablemente su impugnación, independientemente de la
conducta que desplegada durante el trámite procesal. Estas serán liquidadas de
forma concentrada por el Tribunal de primera instancia104.

94. Conforme al artículo 361 del CGP, las “costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho”. En relación con estas últimas, el numeral 4 del artículo
366 de la misma codificación dispone que “deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura”. Para el caso concreto, el
artículo 6, numeral 3.1.3., del Acuerdo No. 1887 de 2003 estableció que las
agencias en derecho para el trámite de segunda instancia, en materia
contencioso-administrativa pueden fijarse en “[h]asta el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia” en aquellos
asuntos con cuantía.”

95. Con base en lo anterior, la Sala fijará agencias en derecho en segunda instancia,
a cargo de Pijao y en favor del Acueducto, por la suma de diecisiete millones
trescientos noventa y siete mil ochocientos treinta y dos pesos con nueve
centavos ($ 17.397.832,09), equivalentes al 1% de las pretensiones planteadas
por la demandante.

96. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sala de Conjueces,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia del 14 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “A”, que quedará así:

“TERCERO: CONDENAR al Grupo de Empresas Constructoras Pijao S.A.
a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la suma
de mil ciento setenta y un millones setecientos veintitrés mil seiscientos
diecinueve pesos con cuarenta y siete centavos ($ 1.171.723.619,47), por
concepto del pago efectuado a la Universidad Nacional de Colombia por el
contrato interadministrativo No. 1-02-26200-0841-2011 del 30 de
diciembre de 2011, de conformidad con lo expuesto en la sentencia de
segunda instancia.

“CUARTO: CONDENAR en abstracto al Grupo de Empresas
Constructoras Pijao S.A., a pagar a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, la reparación de los daños ocasionados por los

Código de Procedimiento Civil”. Para la fecha de presentación de la demanda, no había entrado en
vigencia el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que modificó esta norma.
104 CGP – Artículo 366, inciso primero: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de

manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior […]”

31

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01728-01 (60.823)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Demandado: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. y
otros
Referencia: Reparación directa

hechos de este proceso, a las redes del acueducto y alcantarillado, con
motivo de la construcción del “Edificio Pijao Green Office”, según los
parámetros establecidos en la sentencia de segunda instancia”.

SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR la decisión apelada por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte apelante, las
cuales serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso; e inclúyase la suma de
diecisiete millones trescientos noventa y siete mil ochocientos treinta y dos pesos
con nueve centavos ($ 17.397.832,09), por concepto de agencias en derecho.

CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Conjuez Conjuez

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.

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