Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01199-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01199-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01199-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01199-01(3892-2022)
Demandante: Óscar Orlando España Pulido
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Temas:
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1. La demanda
1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1,
Óscar Orlando España Pulido demandó la nulidad de los fallos disciplinarios de
primera y segunda instancia: (i) del 13 de mayo de 2014 expedido por la
Procuraduría Regional de Antioquia por medio del cual fue sancionado con
destitución e inhabilidad general por 11 años y (ii) del 23 de octubre del 2014
proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal que
modificó la sanción para imponerle suspensión e inhabilidad especial por 10
meses.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada: (i) al pago de $92´426.596 por concepto de lucro cesante,
$25´000.000 por concepto de daño emergente, 200 salarios mínimos legales por
daños morales y 100 salarios mínimos legales por «daños extraprocesales»; (ii) al
pago de las costas y agencias en derecho, en la cuantía que resulte de lo que se
pruebe en el curso del proceso; (iii) a pagar de manera actualizada las anteriores
sumas, teniendo en cuenta el IPC más los intereses legales a que hubiere lugar y
1Previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
(iv) a dar cumplimiento a la sentencia como lo dispone el artículo 192 y 195 del
CPACA.
1.2. Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
3.1. La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia publicó entre el 20 de
noviembre de 2012 y el 31 de enero de 2013 el prepliego del proceso de licitación
pública LIC-20-21-2012 para la adjudicación del contrato de obra de
«CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA DESDE EL INTERCAMBIO DE LA CARRERA 80
HASTA EL EMPALME CON LA VÍA DE ACCESO ORIENTAL DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ
MARTÍNEZ EN EL SECTOR DE LOMA HERMOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN
VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA)», por valor de $87.244.406.951.
3.2. Durante el periodo en que estuvo publicado, varias firmas presentaron
observaciones a los prepliegos respecto de temas puntuales, tales como, la
experiencia que debia acreditarse en el proceso, los indicadores financieros:
índices de liquidación y de endeudamiento, entre otros. No se recibieron
observaciones sobre la cláusula que definía como regla que para el cálculo de la
capacidad residual solo se tendría en cuenta la información suministrada en el
formulario núm.1, en el que los oferentes debian brindar la información
correspondientes a los contratos en ejecución, y que en caso de que dicha
información sea objeto de observaciones, la entidad procedería a verificar lo
objetado y de resultar información diferente, la propuesta incurriría en la causal de
rechazo.
3.3. Así pues, en el pliego de condiciones quedó la siguiente causal de rechazo de
las propuestas: «3.16. […] el Departamento de Antioquia podrá rechazar y eliminar una o
varias propuestas, sin que haya lugar a su evaluación […] 21. Cuando los datos
suministrados por algún oferente no sean acordes con la realidad». En el capítulo II
sobre «requisitos habilitantes y de participación», específicamente, en el numeral 2.2
que alude a «requisitos técnicos», sub numeral 2.2.2 sobre la «capacidad de
contratación residual», el pliego de condiciones indicó que para su cálculo se tendría
en cuenta la información suministrada por el proponente en el formulario núm. 1, y
que en caso de que dicha información fuera objeto de observaciones, la entidad
procedería a verificar lo objetado y, de resultar falsa, inexacta o diferente, la
propuesta incurriría en la causal de rechazo núm. 21 antes indicada.
3.4. El 7 de marzo de 2013 la Secretaría de Infraestructura realizó la audiencia de
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Demandante:
cierre y apertura de ofertas, con la participación de 22 proponentes.
3.5. El 1 de abril de 2013 la mencionda dependencia publicó el informe preliminar
de evaluación en el que el consorcio VIAL ACI obtuvo el máximo puntaje, informe
que fue elaborado por un «grupo evaluador» conformado por los siguientes
funcionarios de la Gerencia de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de
Infraestructura: Adriana Montoya Hincapié, ingeniera civil, Gustavo Latra
Bermúdez, Financiera, y María Teresa Muñoz Jaramillo, abogada.
3.6. En el término de traslado del informe preliminar, varios de los proponentes
presentaron múltiples observaciones, por inconsistencias en la información
consignada por los oferentes en el formulario núm. 1, relaciondas con la
experiencia de las firmas oferentes, datos con los que a su vez se calcularía la
capacidad residual de los oferentes. Luego de constatar las inconsistencias, el
grupo evaluador corrigió el informe preliminar del 1 de abril de 2013, a través del
«informe de evaluación ajustado a las observaciones» de 6 de mayo de 2013, y
elaboró un nuevo orden de elegibilidad en el que el proponente MINCIVIL S.A. se
ubicó en el primer lugar.
3.7. El 8 de mayo de 2013, el secretario de infraestructura de esa época, Mauricio
Valencia Correa, y el entonces director de asuntos legales de la Secretaría, Óscar
Orlando España Pulido, aquí demandante, instalaron la audiencia de adjudicación,
en la que varios de los proponentes manifestaron que MINCIVIL S.A. también había
incurrido en inconsistencias al momento de indicar la experiencia de la firma en el
formulario núm. 1, por lo que la Secretaría suspendió la audiencia para realizar las
verificaciones correspondientes.
3.8. El 17 de mayo de 2013 la Secretaría reanudó la audiencia y, luego de explicar
que en efecto MINCIVIL S.A. también había incurrido en inconsistencias al
momento de indicar la experiencia de la firma en el formulario núm. 1, estableció
un nuevo orden de elegibilidad encabezado por el consorcio COPARCO -
conformado por las empresas CONASFALTOS S.A. con el 50%, ARQUITECTURA Y
CONCRETO S.A.S., con el 25%, y COPCISA S.A.S., con el 25%-, al que se le adjudicó
el contrato de obra, mediante resolución 50345 leída en audiencia ese mismo día,
acto administrativo que fue elaborado por el referido grupo evaluador y suscrita
por el secretario de infraestructura, con el visto bueno del director de asuntos
legales de la Secretaría, Óscar Orlando España Pulido, y del gerente de la división
de proyectos estratégicos de la Secretaría, Sebastián Álvarez Díaz.
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Demandante:
3.9. Al finalizar la audiencia de adjudicación los representantes de las firmas
SAINC INGENIEROS S.A. y CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., indicaron que el
consorcio COPARCO, al que se le había adjudicado el contrato de obra, también
había incurrido en inconsistencias en el formulario núm. 1 al momento de
especificar la experiencia de la firma.
3.10. A raíz de ello, por medio de oficios del 22 de mayo de 2013, el secretario de
infraestructura requirió al consorcio COPARCO y al INVÍAS, «aclaración respecto del
contrato 1987 del 15 de noviembre de 2012, suscrito con el [… ]INVIAS y aportado dentro
del formulario No. 1, por dos de los conformantes del consorcio COPARCO, esto dado que
el integrante del consorcio CONASFALTO S.A. […] de la propuesta, consigna datos
diferentes a los aportados para el mismo contrato por ARQUITECTURA Y CONCRETO
S.A.S. [...]».
3.11. A través de memorial del 24 de mayo de 2013, el consorcio COPARCO
contestó que (i) el contrato 1987 del 15 de noviembre de 2012, suscrito con el
INVIAS, tenía un término de 22 meses, de los cuales estaban pendientes por
ejecutar 20 meses, y (ii) dichos plazos y términos aplicaban por igual para todos
los miembros del consorcio COPARCO a efectos de calcular la capacidad residual
de cada uno de ellos y del consorcio en general. En igual sentido contestó el
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS a través de memorial de la
misma fecha.
3.12. A través de resolución 68070 del 28 de mayo de 2013, elaborada por el
referido grupo evaluador y suscrita por el secretario de infraestructura, con el visto
bueno del director de asuntos legales y del gerente de la división de proyectos
estratégicos de la Secretaría, se revocó la resolución de adjudicación del contrato
porque: (i) CONASFALTOS S.A. y ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S., integrantes
del consorcio COPARCO, reportaron información diferente en el formulario núm. 1,
ya que respecto al contrato 1987 del 15 de noviembre de 2012, suscrito con el
INVIAS y el consorcio ECA, cuyos integrantes son CONASFALTOS S.A. con una
participación del 40% y ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S., con el 20%,
reportaron en la columa «término pendiente de ejecución (meses)» dos plazos
distintos, esto es, CONASFALTOS S.A. consignó 20 meses, mientras que
ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. reportó 22 meses, con lo cual claramente se
evidencia una abierta contradicción con la realidad, (ii) en la página
www.colombiacompra.gov.co aparece que para el mencionado contrato,
ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S., reportó una participación del 30% y no del
20% en el consorcio ECA, (iii) los pliegos fueron claros en señalar que de
evidenciarse contradicciones en el formulario núm. 1 se rechazaría la propuesta,
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Demandante:
porque con esa información era que se iba a calcular la capacidad residual del
proponente, y (iv) por inconsistencias similiares fueron excluidos 11 oferentes.
3.13. El consorcio COPARCO presentó reposición contra la resolución 68070 del
28 de mayo de 2013, recurso que fue resuelto en forma negativa mediante
resolución 87369 del 25 de junio de 2013, la cual también fue elaborada por el
grupo evaluador y suscrito por el secretario de infraestructura de esa época, con el
visto bueno del director de asuntos legales y del gerente de la división de
proyectos estratégicos de la Secretaría.
3.14. Dado que todas las propuestas fueron rechazadas, el proceso licitatorio fue
declarado desierto a través de la resolución 89354 del 12 de julio de 2013, la cual
fue confirmada en sede de reposición con la resolución 090684 del 20 de julio de
2013, resoluciones que también fueron elaboradas por el grupo evaluador y
suscritas por el secretario de infraestructura, con el visto bueno del director de
asuntos legales y del gerente de la división de proyectos estratégicos de la
Secretaría.
3.15. De oficio, con fundamento en notas de prensa, la Procuraduría Regional de
Antioquia, a través de auto del 8 de julio de 2013 inició indagación preliminar por
los hechos narados.
3.16. Mediante auto del 30 de agosto de 2013 la autoridad disciplinaria vinculó al
trámite al arquitecto Mauricio Alberto Valencia Correa, secretario de infraestructura
física de Antioquia para la época de los hechos al ingeniero Sebastián Álvarez
Díaz, gerente de proyectos estratégicos, al arquitecto Juan Carlos Restrepo
Monsalve, director de proyectos estratégicos, y al abogado Óscar Orlando España
Pulido, director de asuntos legales.
3.17. A través de auto de pliego de cargos del 19 de diciembre de 2013, la
Procuraduría Regional de Antioquia les endilgó, a título de dolo, la comisón de la
falta disciplinaria gravísima señalada en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002
referida a «participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la
ley», en el caso especifico del demandante Óscar Orlando España Pulido, por:
«Participar en todo el proceso de licitación LIC20-21-2012 (etapa precontractual), -con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la constitución y en la ley, en especial los de transparencia y economía de la
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Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
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contratación estatal, eficacia, economía y celeridad de la constitución, igualmente, de los de
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia y trasparencia de la función
administrativa señalados en el art. 3 de la Ley 1437 de 2011- cuyo aviso de convocatoria se
publicó en el SECOP el 20 de noviembre de 2012, (…) siendo adjudicada al consorcio
COPARCO con Resolución 50345 el 17 de mayo de 2013. Revisó el 28 de mayo la
Resolución 068070 de la misma fecha mediante la cual revocó la Resolución 50345 el
17 de mayo de 2013 que adjudicó al consorcio COPARCO la licitación LIC-20-21-2012 y
con su firma también el 25 de junio de 2013 revisó la Resolución 087369 que resolvió
el recurso de reposición confirmando la decisión de revocar la adjudicación al
consorcio COPARCO, proferida sin fundamento legal. La licitación finalmente fue
declara desierta mediante la Resolución 89354 del 12 de julio de 2013.
[…] lo que se traduce en un desgaste de la administración y de los oferentes que
participaron en ella, [porque] se rechazó la totalidad de las ofertas, en aplicación de la
causal de rechazo No. 21 del pliego de condiciones […], sin haberse observado
principios como los de buena fe, razonabilidad, proporcionalidad, subsanabilidad y
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, para haber terminado el proceso de
licitación con adjudicación como señala la Ley 1150 de 2007, en su artículo 9, sin tener
que recurrir al proceso de selección abreviada SA-20-10-2013.
Es inaceptable que la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento y la
Gerencia de Proyectos Estratégicos […], hallan adelantado un proceso de licitación
pública, en la cual participaron 22 oferentes […] declarándose desierta, en la cual se
hicieron inversiones del Estado y sumado a ello las de los oferentes. Objetivamente se
incurrió en un desgaste en tiempo, en recursos, en esfuerzos de la administración y de
los oferentes, para no culminar con el fin que persigue la misma.
No es justo ni razonable, que se hallan surtido multiples trámites y diligencias en el
proceso licitatorio LIC-20-21-2012 para haber culminado declarándose desierto, [….].
No se advierte excusa válida para que tal procedimiento culminara así, ello lesiona
gravemente el principio de confianza legítima […].
Con los hechos presuntamente irregulares, se incurrió en la violación del régimen de
deberes, […] numerales 1 y 2 del artículo 34 del CDU […], artículo 9 de la Ley 1150 de
2007, por haberse revocado el acto administrativo de adjudicación, con una
interpretación subjetiva de esta norma […], al dar por establecido que “el acto de
adjudicación se encuentra precedido por un error evaluativo, en el que incurrió la
administración por las contradicciones evidenciadas en la propuesta del consorcio
COPARCO, […] error […] que se erige en uno de los elementos de ilegalidad de un acto
administrativo […]”. Esta interpretación […] de las causales de revocatoria del acto de
adjudicación, señaladas en el inciso 3 del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, que indica
“si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales” [es forzada].
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Demandante:
Los errores simples, involuntarios, gramaticales, no se deben calificar de medios
ilegales, en observancia de los postulados de la buena fe, razonabilidad,
proporcionalidad y subsanabilidad, prevalencia del derecho sustancial sobre las
formalidades o procedimientos, tales errores deben ponderarse y corregirse o
subsanarse para que la oferta no sea rechazada, se garantice al oferente el derecho a
participar en igualdad de condiciones, también facilitar la pluralidad de concurrentes,
para asegurar la selección objetiva del contratista y la eficacia del proceso licitatorio.
En el caso de la licitación LIC-20-21-2012 no era necesario que se halla reevaluado y
rechazado la oferta, no obstante haber brindado el consorcio COPARCO las
explicaciones pertinentes para aclarar el “error evaluativo en el que incurrió la
administración por las contradicciones evidenciadas en la propuesta”, como tampoco
las 6 ofertas restantes, so pretexto de preservar el derecho a la igualdad.
Aunado a lo anterior, ha de tenerse en cuenta la advertencia que realizó el Procurador
143 Judicial II Administrativo de Medellín, en el acta 417 de 28 de noviembre de [2013],
dentro del trámite de la solicitud de conciliación extrajudicial elevado por [los
integrantes del cosorcio COPARCO], […] en el cual manifestó: “el procurador judicial,
[…], viendo que hay una alta probabilidad de una sentencia condenatoria contra la
entidad, pues, […], se han sumado una serie de actos y eventos irregulares con la
decisión en cuestión, […], pues es obvio que la oportunidad para formular objeciones a
la propusta estuvo vencida y así fue que se adjudicó el contrato, que el error advertido
por el tercero participante no representa alteración alguna en la calificación del
proceso, que la revocatoria no cumplío con el procedimiento legal existente, que la
decisión de revocatoria se tomó por fuera del término legal, ya que estaba vencido el
plazo para suscribir el contrato, que existe una motivación que no corresponde a lo
realmente sucedido, frente a que se informare dentro de la audiencia de adjudicación,
entre otros.
El Procurador 143 Judicial II Administrativo de Medellín, en el acta 417 de 28 de
noviembre de [2013], advierte sobre la existencia de un daño antijurídico y sobre una
“alta probabilidad de una condena contra la entidad” […], donde el departamento a
futuro se vería condenado a pagar la pretendida suma de $3.510.276.292 por concepto
de utilidades que hubiesen percibido en caso que el consorcio COPARCO hubiese
ejecutado el contrato derivado de la licitación LIC-20-21-2012 […] y en detrimento del
erario».
3.18. Mediante fallo disciplinario de primera instancia del 13 de mayo de 2014, la
Procuraduría Regional de Antioquia sancionó con destitución e inhabilidad general
por 11 años a Mauricio Alberto Valencia Correa, secretario de infraestructura física
de ese entonces, al ingeniero Sebastián Álvarez Díaz, al arquitecto Juan Carlos
Restrepo Monsalve, director de proyectos estratégicos, y al abogado Óscar
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Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
Orlando España Pulido, director de asuntos legales, por la comisión de la falta
gravísima descrita -por desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley-, pero no a
título de dolo como se señaló en el pliego de cargos, sino a título de culpa
gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
3.19. Por medio de fallo disciplinario de segunda instancia del 23 de octubre del
2014, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, al resolver
el recurso de apelación presentado por los disciplinados, modificó la sanción para
imponerles suspensión e inhabilidad especial por 10 meses, porque consideró que
(i) la conducta desplegada por los mencionados servidores no encuandra en la
falta gravísima del artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, a que se hizo referencia
en el fundamento 3.17, sino en falta grave por la inobservancia del deber de
cumplir las leyes, señalado en los artículos 50 y 34.1 de la citada ley, porque al
revocar el acto de adjudicación no aplicaron adecuadamente el artículo 9 de la Ley
1150 de 2007, ya que los errores en que incurrió el consorcio ganador no
constituyen un medio ilícito que habilitase la revocatoria, y (ii) la conducta se
cometió en la modalidad de culpa gravísima, por desatención elemental y no por
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 29, 83, 90 y 209 de la Constitución; 97 y
141 de la Ley 734 de 2002; 5, numerales 1, 2, 3 y 4, y 9 de la Ley 1150 de 2007;
221 del Decreto 019 de 2012; 2.2.8 del Decreto 1397 de 2012 y la Ley 80 de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación, el demandante sostuvo en primer lugar, que
los actos administrativos demandados violaron el derecho al debido proceso,
porque: (i) el procurador regional de Antioquia omitió el pronunciamiento frente a la
valoración probatoria de los diez testimonios solicitados en el proceso disciplinario,
limitándose a manifestar frente algunos de ellos que no le ofrecían credibilidad
aduciendo una supuesta solidaridad institucional, sin señalar algún argumento que
permitiera evidenciar tal parcialización, pero no realizó un análisis detallado, ni una
apreciación y valoración de los mismos de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, y (ii) a pesar que la procuraduría delegada en segunda instancia intentó
corregir el yerro del procurador regional, la valoración probatoria realizada por esta
se limitó a reproducir apartes de las declaraciones de los testigos sin verificar si
estos estaban en la capacidad de comprender la interpretación jurídica entregada
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Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
por los funcionarios que son abogados especialistas en contratación estatal,
quienes, habían aconsejado la revocatoria del acto de adjudicación.
6. En segundo lugar, el demandante adujo la falsa motivación de los fallos
disciplinarios porque se edificaron sin pronunciarse frente aspectos cruciales
planteados por la defensa, como: (a) el error de prohibición como eximente de
responsabilidad disciplinaria, en tanto, la posición asumida por los funcionarios
sancionados fue sustentada con apoyo en doctrina, jurisprudencia y análisis de
casos similares y permitía a cualquier abogado entender legitimado su actuar con
convencimiento de la legalidad de su decisión, (b) el desconocimiento del principio
de culpabilidad al realizar el proceso de subsunción típica de carácter subjetivo,
dado que, ambas instancias disciplinarias tras anotar la posición jurídica que
consideraron válida, acuñaron la tesis de que cualquier otra decisión jurídica que
se hubiese tomado contraria a ella implicaba per se un desconocimiento de las
normas que regulan la contratación estatal y por ende la conducta podría
enmarcarse en la culpa gravísima bajo la modalidad de desatención elemental,
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento o negligencia supina, sin
un razonamiento lógico y subsunción subjetiva de la conducta reprochada
disciplinariamente, (c) es inexistente la culpa gravísima, ya que esta se configura
cuando se advierte que la decisión es ostensiblemente contraria a la ley ,y al no
ser la norma clara y precisa no puede predicarse la culpa gravísima, por lo que era
necesario referirse a si la disposición era clara o si frente a las mismas procedía
una interpretación razonada como la adoptada por la administración, (d) se
desconoció la posibilidad que tiene la administración pública de revocar el acto de
adjudicación cuando media un error que vicia el consentimiento de conformidad
con la causal de revocatoria directa del artículo 9.3 de la Ley 1150 de 2007,
disposición en la que se fundó la resolución que declaró la revocatoria del acto de
adjudicación por haber sido obtenido por un medio ilegal, como lo es el error y (e)
la interpretación razonable de una norma enerva la posibilidad de sanción
disciplinaria, ya que, al estar frente a un caso díficil la interpretación errónea pero
razonable es habitual.
7. Por último el demandante alegó, que el fallo disciplinario de segunda instancia
se fundamentó en norma inaplicable, que es el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011
que dispuso que «si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales
o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará
al juez su suspensión provisional», sin tener en cuenta que esta es una norma
general y que respecto de los actos de adjudicación procede la aplicación de la
Ley 1150 de 2007 al ser una norma especial para la contratación estatal, y por lo
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Demandante:
tanto, procedía la aplicación de la causal de revocatoria directa prevista en su
artículo 9.3.
2. Contestación de la demanda
8. La Procuraduría General de la Nación, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:
8.1. Desde el auto de pliego de cargos el reproche fue claro ya que la conducta
que se encontró como disciplinable fue la relacionada con la revocatoria del acto
de adjudicación de la licitación sin fundamento legal.
8.2. La causal de revocatoria del acto de adjudicación del artículo 9.3 de la Ley
1150 de 2007 que indica su procedencia si el acto se obtuvo por medios ilegales,
hace referencia a que el acto sea fruto de una intervención dolosa, o un medio
ilegal que anule la voluntad del funcionario, y no a errores simples, involuntarios o
gramaticales, y en consecuencia, el departamento de Antioquia hizo una
interpretación acomodada de la causal de revocatoria a simples errores de
diligenciamiento de un formulario, actuando a la inversa de que lo sustancial prima
sobre lo formal.
8.3. Era perfectamente viable la aclaración o corrección del formulario núm. 1
referente a la capacidad residual, en la medida en que era un requisito habilitante
no puntuable y que no mejoraba la oferta, por lo que debió corregirse a efectos de
que la propuesta fuera evaluada en igualdad de condiciones.
8.4. Aun cuando el acto de revocatoria de la adjudicación goce de presunción de
legalidad puede analizarse desde el punto de vista disciplinario, para evaluar la
conducta del disciplinado. En el caso se demostró que el servidor no cumplió con
la Ley 1150 de 2007, artículo 9, toda vez que participó en el proceso de licitación,
reviso y aprobó la resolución 89354 del 12 de junio de 2013 mediante la cual se
declaró desierto el proceso, y en el que se interpretó forzadamente las causales
de revocatoria directa del acto de adjudicación, conducta antijurídica contraria a
derecho que conllevó a la ilicitud sustancial que afectó sus deberes funcionales
con desconocimiento de los principios que rigen la función pública, conducta que
fue imputada a título de culpa gravísima por violar las normas de obligatorio
cumplimiento y atendiendo a que con sus conocimientos, experiencia y larga
trayectoria en la administración no dimensionó las consecuencias de la decisión
adoptada de forma ilegal.
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Demandante:
8.5. En lo que tiene que ver con la falta de análisis de los testigos de la defensa,
indicó que la Procuraduría encontró que varios de ellos eran parcializados y les
asignó un grado de credibilidad menor a algunos y no otorgó valor a otros. En el
trámite de segunda instancia se explicó porqué les otorgó mayor valor a las
pruebas documentales, aunque también se hizo un análisis sobre los testimonios,
y se consideró que aún cuando en primera instancia se catalogaron como
sospechos esto no implicó que fueran desechados, pero los analizó con mayor
rigurosidad.
8.6. En lo relacionado con la falsa motivación por imperar en los fallos
disciplinarios la posición jurídica de la Procuraduría sobre la posibilidad de la
administración de revocar el acto de adjudicación cuando media un error que vicia
el consentimiento se tiene que: (a) la decisión de la administración se halló
irregular por ser contraria a derecho y soslayar el principio de economía
contractual al tramitar un proceso licitatorio que se perdió e interpretar una causal
de revocatoria que lo llevó al fracaso y no al éxito (b) no se garantizó a los
oferentes el poder corregir los errores diferentes de los vicios del consentimiento y
(c) el acto de adjudicación es irrevocable, no admite discrecionalidad y las
causales excepcionales no pueden interpretarse a la ligera, tiene que ser de
trascendencia y que impliquen la abierta y grosera actuación ilícita, ilegal y
fraudulenta.
8.7. La Procuraduría Segunda Delegada en segunda instancia, atendió a la norma
vigente para la fecha de los hechos, esto es, el CPACA que indica que tratándose
de actos administrativos precontractuales proceden los medios de control de
legalidad y no puede la administración revocarlos directamente, sino que tiene que
demandarlos.
8.8. Respecto del desconocimiento de que la interpretación razonable enerva la
posibilidad de sancionar disciplinariamente, el objeto y problema jurídico en el
proceso disciplinario no se centró en la interpretación jurídica para revocar el acto
administrativo de adjudicación, no se reprochó el haber interpretado
inadecuadamente las normas, sino el hecho de haber procedido a revocar
directamente el acto sin que se configurara ninguna causal de las señaladas en la
ley para tal fin, es decir, haber actuado sin fundamento en una causa legal.
8.9. Del supuesto desconocimiento del principio de culpabilidad y la inexistencia
de culpa gravísima, se tiene que en segunda instancia el grado de culpabilidad fue
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Demandante:
gravísimo por la desatención elemental con la que se cometió la conducta,
desatención que recae en que no previeron las consecuencias lógicas de revocar
el acto de adjudicación, de una forma concordante con la ley, circunstancias no
valoradas por los disciplinados, unidos a su amplia experiencia y que el actor
como abogado experto debió saber y conocer los resultados de la decisión.
3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 25 de
marzo de 20222, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:
9.1. Está demostrado que el demandante era el director de asuntos legales del
departamento de Antioquia y que debía tener conocimiento del desarrollo del
proceso de contratación, así como, de verificar que los procedimientos se llevaran
de forma adecuada ajustándose a las normas sobre la materia.
9.2. En lo que se refiere a la valoración probatoria de los diez testigos solicitados,
si bien el fallo de primera instancia de la Procuraduría en el análisis de la prueba
testimonial fue muy poca y se limitó a indicar que ocho de los testigos ofrecían una
credibilidad menor por el hecho de laborar en el departamento de Antioquia y
haber participado en la toma de la decisión de la revocatoria del acto de
adjudicación sin mediar un análisis mayor, en el fallo de segunda instancia la
Procuraduría Segunda Delegada efectuó una valoración probatoria, tanto de la
prueba documental como de los testimonios descartados por la Procuraduría
Regional en primera instancia.
En esta última decisión se analizaron individualmente los testimonios de Clara Luz
Mejía Vélez, Ana María Sierra Correa, María Lucelly Uribe Piedrahita, Esteban
Martínez Ruiz, Carlos Mario Betancur, Juan Diego Restrepo Ramírez, León Jaime
Gutiérrez Uribe, considerados sospechosos por la autoridad disciplinaria con
excepción de Juan Martínez y Carlos Betancur. Asimismo, en forma conjunta y
contrastándolos con las pruebas documentales, se dijo porqué se les restaba
credibilidad y porqué eran sospechosos, con lo cual no resulta de recibo el
argumento del demandante sobre este aspecto.
9.3. Frente a lo señalado por el demandante, en cuanto a que la entidad
demandada no se pronunció sobre todos los argumentos planteados por la
2 Folios 359 al 390 del segundo cuaderno principal.
12
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Demandante:
defensa en el curso de la actuación disciplinaria, se advierte que la entidad
demanda no analizó el error de prohibición porque no fue una situación invocada
por la defensa en el trámite del proceso disciplinario; sin embargo, en lo referido a
la interpretación razonable como causal de enervación de la sanción disciplinaria
no puede decirse que no se haya tenido en cuenta, ya que, si bien nada se dijo al
respecto, en los fallos se realizó un análisis normativo, jurisprudencial y fáctico del
proceso contractual y de la revocatoria del acto de adjudicación, por lo que podría
decirse que sí se tuvo en cuenta por la Procuraduría la causal de exclusión de
responsabilidad ya que se indicó porqué no era procedente la actuación del
disciplinado al revisar el acto de revocatoria.
9.4. En el caso particular, aun cuando en el proceso disciplinario el actor y su
apoderado insistieron en explicar la forma en la que se llegó a la decisión de
revocar el acto administrativo de adjudicación, esos argumentos no resultaron
suficientes para considerar que el actor actuó bajo la situación prevista en el
artículo 28 de la Ley 734 de 2002, porque: (a) el pliego de condiciones es ley para
las partes y debe observarse tanto por los oferentes como por la administración,
(b) en el pliego de condiciones se fijó la capacidad residual de contratación como
requisito habilitante de los proponentes y la forma en que debía calcularse.
Igualmente, estableció la posibilidad de subsanar determinadas circunstancias por
parte de los proponentes, siempre y cuando no implicaran asignación de puntaje y
también puede la entidad solicitar aclaración de los mismos en cualquier momento
hasta antes de la adjudicación del contrato, (c) por lo tanto, existía la obligación de
la administración departamental de efectuar un análisis minucioso de las ofertas
presentadas, particularmente de la capacidad residual de contratación, antes de la
adjudicación y de haber surgido duda requerir al proponente para que subsanara
la falencia y (d) de aceptarse que el requisito de capacidad residual de contracción
no era subsanable en tanto el pliego de condiciones y especificaciones no lo
permitía, entonces, con mayor razón debió hacerse un estudio detallado de todas
las ofertas, incluida la del consorcio COPARCO, antes de la adjudicación y
rechazar las que no cumplían con el requisito.
9.5. En cuanto al desconocimiento del principio de culpabilidad y la inexistencia de
culpa gravísima, se tiene, que en los fallos disciplinarios se analizó la culpabilidad
del actor. Formalmente se evidencia que la entidad efectuó una revisión de su
culpabilidad y en cuanto al análisis material se descartó la conducta dolosa del
actor y se consideró que era una culpa gravísima en primera instancia por
desatención a diferentes reglas de obligatorio cumplimiento y en segunda
instancia por la desatención elemental con la que se cometió la conducta por
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Demandante:
inobservar los principios y reglas de contratación en el proceso adelantado y no
prever las consecuencias lógicas de revocar el acto de adjudicación. Así, se tuvo
en cuenta el grado de culpabilidad y la sanción a imponer, resaltando que se le dio
al actor la oportunidad de intervenir en el proceso disciplinario, de pedir pruebas,
interponer recursos, presentar alegatos y controvertir las decisiones, por tanto, no
se desconoció el debido proceso y el derecho de defensa.
9.6. Por último, frente a la falsa motivación se discute la interpretación y aplicación
del inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 puesto que el
departamento decidió revocar el acto de adjudicación, dentro del proceso de
licitación LIC-20-21-2012, porque se le había inducido en error. Al margen de la
legalidad o ilegalidad del acto administrativo de adjudicación, asunto que no es
objeto de estudio, lo que se reprocha es la falta de diligencia en el proceso de
contratación, específicamente, en la definición de la capacidad residual para
contratar de todos los proponentes. En los fallos disciplinarios se pudo advertir la
falta de diligencia y cuidado del demandante en algunas de las etapas del
proceso, puesto que, se observa que debió participar en el proceso de licitación,
ya que dio su visto bueno o revisión a diferentes actos expedidos durante el
desarrollo, por lo que debió tener conocimiento de lo que sucedía y verificar que
los procedimientos se llevaran a cabo de forma adecuada y ajustados a las
normas sobre las materias. Con lo cual se concluyó que tampoco se presenta el
vicio de nulidad por falsa motivación de los actos demandados.
4. El recurso de apelación
10. Óscar España Pulido interpuso recurso de apelación3 y lo sustentó así:
10.1. La sentencia objeto de recurso hizo una revisión formal de las causales de
nulidad invocadas, pero no trascendió al estudio sustancial reclamado, porque la
vulneración del debido proceso y defensa no se reclama de la ausencia de algún
ritualismo en el proceso disciplinario, sino de la ausencia razonable de las
decisiones, en razón a que si el reproche formulado fue a título de culpa gravísima
por desatención elemental, específicamente en segunda instancia, por no
observar los principios y reglas de contratación en el proceso de licitación
adelantado, porque la Procuraduría tuvo que desplegar una amplia argumentación
acudiendo a doctrina, jurisprudencia y hermenéutica interpretativa para llegar a un
criterio válido en orden a mantener indemne el acto de adjudicación cuya
revocatoria fue cuestionada en el proceso disciplinario. Lo anterior demuestra que
3 Folios 394 al 400 del segundo cuaderno principal
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Demandante:
los hechos objeto de análisis no eran evidentes frente a la interpretación brindada
por la autoridad disciplinaría, puesto que, si las normas invocadas como
vulneradas y los principios de la contratación estatal establecidos como infringidos
eran de interpretación pacífica, evidente y sin lugar a interpretaciones diversas,
bastaba con enunciarlas y contraponerlas con la conducta disciplinada para
establecer su arbitrariedad, contrario a ello, la Procuraduría debió desplegar una
argumentación elaborada para acoger como válido su criterio.
10.2. De ahí que, el disenso se dirige a que existiendo una ambivalencia
interpretativa se pretenda deducir la imputación disciplinaria imponiendo una
postura jurídica, lo que comportaría a privilegiar contra todo principio jurídico una
interpretación sobre otra, lo cual, no podría legitimar la imposición de una sanción.
Entonces, lo que se exige es la revisión sustancial de las explicaciones para la
toma de la decisión de la administración y la contextualización de la ocurrencia de
los hechos que se investigaron en la actuación disciplinaria.
10.3. El Tribunal a quo hizo una revisión integral de las actuaciones del proceso
sancionatorio, pero no analizó las causales de nulidad invocadas y sus
fundamentos. En este sentido, lo que se reclamaba era un análisis integral del
proceso disciplinario, en cuanto a la valoración de los hechos y de las pruebas
practicadas en trámite administrativo y el judicial y no solo una sinopsis de los
hechos y del trámite procesal, en virtud de los postulados de la sentencia de
unificación 11001-03-25-000-2011-00316-00 del 9 de agosto de 2016.
10.4. Finalmente, la valoración probatoria no puede enmarcarse en transcribir o
enunciar pruebas documentales y en describir lo manifestado por los testigos, sino
que se deben valorar sus dichos y desentrañar de sus afirmaciones la
trascendencia en la decisión final. La falta de la valoración probatoria condujo a
que la Procuraduría no superara el análisis de su propia subjetividad y que el
Tribunal de instancia no hiciera nada más que avalar las decisiones. En este
sentido, se reitera que la Procuraduría ha reconocido la exoneración de la
responsabilidad en aquellos eventos de errada interpretación sobre alcance y
límites de normas jurídicas por su escasa claridad lo que genera proliferación de
criterios, como en el presente caso y dado que en el proceso disciplinario se
proscribe la responsabilidad objetiva y la decisión de revocatoria del acto
administrativo se orientó en una posición hermenéutica considerada correcta debe
atenderse al principio de culpabilidad que evidencia la falta de culpa, lo que
además no impide que de demostrarse una causa de exoneración de
responsabilidad, así se declarada.
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Demandante:
5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal, tal como
se puede corroborar en el informe de secretaría de 2 de noviembre de 20224.
12. La parte demandada también guardó silencio en esta oportunidad procesal, tal
como se puede corroborar en el informe de secretaría de 2 de noviembre de
20225.
6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado, vencido el término para
rendir concepto, guardó silencio, según consta en el informe de secretaría de 2 de
noviembre de 20226.
II. Consideraciones
1. Los problemas jurídicos
14. Se circunscriben a los siguientes:
14.1. ¿la sentencia objeto de impugnación hizo una mera revisión formal de las
causales de nulidad invocadas en la demanda y omitió realizar un estudio de
fondo acerca de los argumentos y fundamentos de este para verificar que se
fundamentaran en los principios que ordenan realizar una adecuación típica de la
conducta, así como el fundamento de la ilicitud sustancial y la culpabilidad?
14.2. ¿Los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad
al haber sido expedidos con vulneración del derecho al debido proceso, por
indebida valoración probatoria de los hechos relevantes y de las pruebas
practicadas tanto en la actuación disciplinaria como en la primera instancia del
presente proceso, en virtud del control judicial integral de las decisiones adoptadas
por los titulares de la acción disciplinaria?
4 Folio 409 del segundo cuaderno principal.
5 Folio 409 del segundo cuaderno principal.
6 Folio 409 del segundo cuaderno principal.
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Demandante:
14.3. ¿Se desconoció el artículo 29 de la Constitución en relación con el principio
de culpabilidad, que en materia sancionatoria proscribe toda forma de
responsabilidad objetiva, respecto del análisis de la actuación con culpa del actor y
del error como causa de exoneración de la responsabilidad?
15. Para resolver el problema jurídico propuesto la Sala estudiará los elementos
de la responsabilidad disciplinaria, para luego valorar la imputación que la PGN
hizo al demandante.
2. Los elementos de la responsabilidad disciplinaria
16. En materia disciplinaria la responsabilidad implica el análisis de la conducta del
sujeto disciplinable desde 3 factores, a saber: la tipicidad7, la ilicitud sustancial8 y
la culpabilidad9, los cuales por el diseño y estructura del derecho disciplinario
adquieren connotaciones especiales diferentes de los decantados por otras
manifestaciones del ius puniendi del Estado10.
2.1. Tipicidad
17. La tipicidad como categoría dogmática del derecho disciplinario encuentra su
razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso que
implica que nadie puede ser juzgado si no por una infracción, falta o delito descrito
previamente por la ley. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política impone
que «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio». Este principio cumple con la función de garantizar,
por un lado, la libertad y seguridad individuales al establecer en forma anticipada,
clara e inequívoca qué comportamientos son sancionados, y de otro proteger la
seguridad jurídica.
18. En lo que se refiere a la tipicidad, el régimen disciplinario se caracteriza, a
diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están
consignadas en tipos abiertos y en blanco, ante la imposibilidad del legislador de
contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas
aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos
7 Artículos 4, 23, 43.9 y 184.1 de la Ley 734 de 2002
8 Artículo 5 de la Ley 734 de 2002
9 Artículos 13, 43.1 y 44 -parágrafo- de la Ley 734 de 2002
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de febrero 2015,
expediente 11001-03-25-000-2012-00783-00.
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Demandante:
antijurídicos de los servidores públicos. Por lo tanto, las normas disciplinarias
tienen un complemento compuesto por disposiciones que contienen prohibiciones,
mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador disciplinario para imponer
las sanciones correspondientes, circunstancia que sin vulnerar los derechos de los
procesados permite una mayor adaptación del derecho disciplinario a sus
objetivos11.
19. Ahora bien, en cuanto a los tipos abiertos y los tipos en blanco 12, la
jurisprudencia constitucional se ha referido a ellos de manera indistinta, para dar a
entender que se trata de aquellas descripciones legales constitutivas de falta
disciplinaria, que precisan la remisión a otras normas a fin de completar el sentido
del precepto. De manera puntual, en la sentencia C-818 de 200513, la Corte
sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas infracciones disciplinarias que ante la
imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se
subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo, integrado por todas las
disposiciones en las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten
aplicables a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se
determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la
prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de
tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria». En
relación con los tipos en blanco, esa Corporación señaló que apuntan a preceptos
que requieren de una remisión normativa para completar su sentido14 bajo la
condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas precedentes que
definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos aspectos de los que
adolece el precepto en blanco».
20. El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de
la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y
la desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una relación de
contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de
funciones públicas y el deber presuntamente incumplido. El análisis de la tipicidad
es un apartado fundamental en la motivación del acto administrativo que impone
una sanción disciplinaria y dentro del mismo la autoridad cuenta con un margen de
interpretación más amplio que el que se encuentra en el derecho penal, pues la
precisión con la cual deben estar descritos los comportamientos disciplinariamente
11 Sobre la vigencia del sistema de tipos abiertos en el ámbito disciplinario ver entre otras las
sentencias C-181 de 2002 y C-948 de 2002.
12 Sentencias C-404 de 2001 y C-818 de 2005.
13 Sentencia C-401 de 2001.
14 Ibidem.
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Demandante:
reprochables tiene una mayor flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la
dificultad de que la ley haga un listado detallado de todas las conductas
constitutivas de falta15; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto
de vista constitucional16, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la
formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una
amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se encuentren
consagrados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se imponen en el
ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica sistemática lógica
que demuestre en forma congruente cómo la conducta investigada se subsume en
la descrita por la ley.
21. Conviene aclarar que los conceptos jurídicos indeterminados, entendidos
como «aquellos conceptos de valor o de experiencia utilizados por el legislador, que
limitan o restringen el alcance de los derechos y de las obligaciones que asumen los
particulares o las autoridades públicas»17, son admisibles en la forma de infracciones
administrativas siempre que las remisiones a otras normas o a otros criterios
permitan determinar los comportamientos censurables, pues de permitirse que el
operador sea quien defina la conducta sancionable de manera discrecional sin
referentes normativos precisos se desconocería el principio de legalidad18.
22. Así las cosas, quien adelanta la investigación disciplinaria dispone de un
campo amplio para establecer si la conducta investigada se subsume o no en los
supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con
dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un
deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, sin que
ello sea una patente para legitimar posiciones arbitrarias o caprichosas.
15 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las
conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
16 Sentencias de la Corte Constitucional C-393 de 2006.
17 Véanse las sentencias C-818 de 2005, C-762 de 2009, C-343 de 2006, C-030 de 2012, entre
otras.
18 En la sentencia C-530 de 2003, admitió que siempre y cuando dichos conceptos sean
determinables en forma razonable, esto es, que sea posible concretar su alcance, en virtud de
remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole, que permitan
prever, con suficiente precisión, el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados. Por
el contrario, si el concepto es a tal punto abierto, que no puede ser concretado en forma razonable,
entonces dichos conceptos desconocen el principio de legalidad, pues la definición del
comportamiento prohibido queda abandonada a la discrecionalidad de las autoridades
administrativas, que valoran y sancionan libremente la conducta sin referentes normativos
precisos». reiterado en C-406 de 2004 y C-030 de 2012.
19
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Demandante:
2.2. Ilicitud sustancial
23. Respecto de la antijuridicidad, que tiene que ver con el ilícito disciplinario, la
Sala acoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que, en el
derecho disciplinario, la antijuridicidad no se basa en el daño a un bien jurídico
tutelado y/o protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del
servidor público19. Por esto ha explicado que la valoración de la lesividad de las
conductas que se han consagrado como faltas disciplinarias frente al servicio
público es una tarea que compete al legislador, quien ha de realizar tal apreciación
al momento de establecer los tipos disciplinarios en la ley; en tal medida, no
compete a la autoridad disciplinaria que aplica la ley efectuar un juicio genérico de
lesividad de las conductas reprochadas -lo que ya ha realizado el legislador- sino
efectuar un juicio de antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional, la
cual -se presume- genera de por sí un desmedro, legislativamente apreciado,
sobre la función pública encomendada al servidor público disciplinado 20. De esta
manera, la relación de sujeción de los destinatarios de la acción disciplinaria con el
Estado requiere la existencia de controles que operan a manera de reglas, cuya
infracción, sin justificación alguna, consolida la antijuridicidad de la conducta; sin
que la ilicitud sustancial comprenda el resultado material, pues la ausencia de este
no impide la estructuración de la falta disciplinaria.
2.3. Culpabilidad
24. Este factor de la culpabilidad está expresamente regulado en el artículo 13 de
la Ley 734 de 2002, el cual dispuso que en materia disciplinaria queda proscrita
toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título
de dolo o culpa, lo cual significa, en términos de la jurisprudencia constitucional,
que el titular de la acción disciplinaria no solo debe demostrar la adecuación típica
y la antijuridicidad de la conducta, pues esta debe afectar o poner en peligro los
fines y las funciones del Estado, sino también le corresponde probar la
culpabilidad del sujeto pasivo, manifestando razonadamente la modalidad de la
culpa21, principio legal que deriva del mandato señalado en el artículo 29 superior
en virtud del cual toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable22.
19 Sentencia C-948 de 2002.
20 Sentencia C-393 de 2006.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de febrero 2015,
expediente 11001-03-25-000-2012-00783-00.
22 Sentencia C-155 de 2002.
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Demandante:
25. El contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia
disciplinaria -dolo y culpa-, puede establecerse, como lo ha definido la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo23, para el dolo atendiendo al código penal -por
remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002- y para la culpa de
conformidad con el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 en el cual se
definen los conceptos de culpa gravísima -ignorancia supina, desatención elemental o
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento- y culpa grave -inobservancia
del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones-. En
ese orden, es en el análisis de la culpabilidad donde se valora el aspecto subjetivo
de la conducta, siendo este factor el que determina si en un caso concreto se
aplicó o no responsabilidad objetiva y para el cual en nada influye o tiene
importancia a efectos de responsabilidad la causación o no de un daño.
3. Caso concreto: valoración del juicio de imputación que la Procuraduría
hizo en el proceso disciplinario, respecto de la conducta del demandante
26. En los fundamentos jurídicos núms. 3.17 a 3.19 se explicó que la autoridad
disciplinaria sancionó al demandante por haber cometido a título de culpa
gravísima, la falta grave señalada en los artículos 50 y 34.1 de la Ley 734 de 2002,
consistente en la inobservancia del deber de cumplir las leyes, porque al revocar
el acto de adjudicación no aplicó adecuadamente, sino de manera forzada, el
artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, ya que a juicio de la PGN, los errores en que
incurrió el consorcio ganador no constituyen un medio ilícito de aquellos que
conllevan a la revocatoria.
27. La Sala considera sobre el particular, que el juicio de adecuación típica que la
Procuraduría realizó respecto de la conducta del demandante es equivocado, ya
que la conducta por la cual fue sancionado el demandante es atípica, por las
siguientes razones:
27.1. El CPACA en su artículo 97 dispone que «salvo las excepciones establecidas
en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y
escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera
que el acto es contrario a la constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción
23 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, auto de marzo de 2015,
expediente 2014-03799-00.
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de lo Contencioso Administrativo». En relación con el acto administrativo de
adjudicación, la Ley 1150 de 2007, norma especial aplicable al caso, también
establece su carácter irrevocable pero admite dos excepciones para la
procedencia de la revocatoria, a saber: cuando sobreviene una inhabilidad o
incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.
27.2. En efecto, en cuanto a la inobservancia del deber de cumplir y hacer cumplir
los deberes contenidos en las leyes, señalado en el artículo 34.1 de la Ley 734 de
2002, la autoridad disciplinaria lo concreta en el incumplimiento del artículo 9 de la
Ley 1150 de 2007 que dispone:
«Artículo 9. De la adjudicaicón. En el evento previsto en el artículo 273 de la
Constitución Política y en general en los procesos de licitación pública, la
adjudicación se hará de forma obligatoria en audiencia pública, mediante
resolución motivada, que se entenderá notificada al proponente favorecido en
dicha audiencia.
(…)
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No
obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del
contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad
o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser
revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del
numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
(…).». (Subraya la Sala).
27.3. En el caso en estudio, el pliego fue claro en señalar que de evidenciarse
contradicciones en el formulario núm. 1 se rechazaría la propuesta, porque con
esa información era que se iba a calcular la capacidad residual del proponente. Al
respecto es importante resaltar, que la Agencia Nacional de Contratación
Colombia Compra Eficiente -en su rol de ente rector para desarrollar e impulsar
políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los
partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una
mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado, según el
Decreto Ley 4170 de 2011-, en concepto C-147 del 12 de abril de 2021, que se
trascribe in extenso por su importancia para resolver el sub judice, avaló el hecho
de que en los pliegos tipo, documentos base, o documentos tipo, se incluyan
causales de rechazo de la propuesta en el evento en «que el proponente aporte
información inexacta», en los siguientes términos:
«… las causales de rechazo de ofertas consagradas en los documentos tipo son
taxativas, descartándose que la entidad introduzca causales, salvo que estén
establecidas en otras disposiciones normativas. Igualmente, por la naturaleza de
las causales de rechazo, su aplicación es estricta, lo que –a juicio de la Agencia
22
Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
Nacional de Contratación Pública– significa que su interpretación gramatical
prevalece sobre una interpretación extensiva o de otra índole, mediante la cual se
pretenda ampliar su alcance. En ese contexto, las tres causales de rechazo
citadas tienen el siguiente alcance:
i) La causal del literal Z del numeral 1.15 –versión 3 de licitación de obra pública– y
AA –versión 2 de selección abreviada de menor cuantía–, solamente se aplica
cuando el proponente no informa todos los contratos que tiene en ejecución antes
del cierre. Esto se traduce en un deber de cumplir con esta exigencia, sin tener en
cuenta la información relacionada en cada uno de ellos. Por ejemplo, si el
contratista tiene en ejecución diez contratos, esta causal aplica si el contratista
reporta nueve o menos; excluyéndose la configuración de la causal cuando el
proponente comete algún error en la información de los contratos, siempre que los
reporte todos. En ese orden, la configuración de la causal de rechazo del literal Z
del numeral 1.15 –versión 3 de licitación de obra pública– y AA –versión 2 de
selección abreviada de menor cuantía– es objetiva, pues solo aplica ante la
omisión del proponente de informar el número total de contratos en ejecución
antes del cierre.
ii) Lo anterior, sin perjuicio de que para el proponente tenga consecuencias omitir o
errar en la información específica de cada contrato –esto es, la cuantía o el plazo,
entre otros–, pues la entidad podrá requerirlo para que aclare la información, y en
caso de no responder, rechazar la propuesta por la causal del literal E del numeral
1.15 del documento base –versión 3 de licitación de obra pública– y –versión 2 de
selección abreviada de menor cuantía–.
iii) Lo dicho en los numerales precedentes tampoco descarta la posibilidad de que
la entidad rechace la oferta si encuentra configurada la causal consagrada en el
literal H del numeral 1.15 del documento base –versión 3 de licitación de obra
pública– y –versión 2 de selección abreviada de menor cuantía–, que aplica
cuando el proponente aporta información inexacta, como dispone el numeral 1.11.
del documento base. (…)
Este numeral faculta a la entidad estatal para verificar la información aportada,
para lo cual podrá acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades que
estén en posición de verificar la información. No obstante, tal verificación es
potestativa, no obligatoria, debido a que los procedimientos de selección exigen
que los proponentes actúen conforme al principio de la buena fe, «que se debe
manifestar en la presentación completa y veraz de la información que constituye su
oferta, así como la lealtad y comportamiento adecuado frente a la entidad estatal y
los demás proponentes durante las diferentes etapas del procedimiento de
contratación»24.
Conforme a ello, la prerrogativa de verificación es una herramienta para que la
Administración adquiera certeza en el cumplimiento de los requisitos del
procedimiento de selección y del comportamiento leal que se exige a los
proponentes.
24 Ibídem
23
Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
De acuerdo con lo expuesto por esta Agencia en el concepto con radicado
2201913000008148 del 30 de octubre de 2019, la inexactitud –en el contexto de
los «Documentos Tipo»– se entiende como «la disparidad, imprecisión,
disconformidad o falta de precisión que se da de una información a otra». En esta
medida, «[…] se habla de inexactitud cuando la información que aporta el
proponente no concuerda con la que verifica la entidad, lo cual lleva a que esta
información se entienda como no acreditada».
Esta regla de verificación de la información contempla dos supuestos, con
consecuencias diferentes: el primero, señala que una vez verificada la información
y evidenciada la inconsistencia, la entidad estatal la tendrá por no acreditada. Por
ejemplo, cuando se presente una certificación de experiencia y ante las
observaciones recibidas en el traslado del informe de evaluación se verifique con
la entidad contratante que las emitió, que no es acorde con el objeto contractual
ejecutado, la entidad que adelanta el proceso de contratación, ante la duda, no
tendrá en cuenta la certificación para evaluar la experiencia, sin perjuicio de que el
proponente cumpla con este requisito con los demás certificados que aporte. En
este evento, se trata de inconsistencias que, aunque no se superan por la
ausencia de otro medio probatorio, no tienen la connotación de posible falsedad.
El segundo evento se configura cuando de la verificación se corrobora que las
inconsistencias obedecerían a una presunta falsedad no desvirtuada por el
proponente, caso en el cual se rechaza la oferta y se informa a las autoridades
correspondientes. Siguiendo con el ejemplo propuesto de la certificación de
experiencia, la entidad que adelanta el procedimiento de selección, al comunicarse
con la entidad para quien se ejecutó el contrato a acreditar, le informan que la
certificación aportada por el proponente no fue expedida por esta, por cuanto ese
objeto no fue ejecutado ni contratado. En este supuesto, cuando la entidad tiene el
suficiente convencimiento de la existencia de la presunta falsedad, y luego de dar
la oportunidad para que el proponente se manifieste, es procedente rechazar la
oferta y compulsar copias a las autoridades competentes, quienes adelantarán las
respectivas investigaciones.
(…)
Finalmente, esta distinción también se proyecta sobre las reglas de subsanabilidad
de las ofertas de la Ley 1150 de 2007, pues solo habrá lugar a subsanar en los
eventos en los que el proponente omite información sobre los contratos
informados, esto es, en el evento de la causal del literal E común en ambos
documentos base. Dicho de otra forma, no se puede subsanar cuando se incurre
las causales H y Z de los documentos tipo –versión 3 de licitación de obra pública–
y, H y AA –versión 2 de selección abreviada de menor cuantía–, eventos en los
cuales el rechazo procede de forma automática, es decir, sin permitirle al
proponente subsanar la «inexactitud» de la oferta o el número de contratos que
tenía el deber de reportar.
Lo expresado en el párrafo precedente no contradice lo dispuesto en el artículo 5,
parágrafo 1, de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 5 de la Ley 1882 de
2018, norma que dispone que «[…] todos aquellos requisitos de la propuesta que
24
Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades
estatales y deberán ser entregados por los proponentes». Es cierto que la
información «inexacta» y los contratos que no fueron informados, no afectan la
asignación de puntaje, pues estos se solicitan para la acreditación de la capacidad
residual del proponente, que es uno de los diez (10) requisitos habilitantes a los
que se refiere el Capítulo III del documento base. Sin embargo, los supuestos de
hecho en los que se fundamentan las causales de rechazo no permiten la
subsanación. La imposibilidad de subsanar se deriva, entonces, del supuesto de
hecho de aquellas causales, sin que en esto sea relevante que se otorguen o no
puntos a la propuesta por el requisito de capacidad residual.
(…)
Conclusión similar se aplica al literal H del numeral 1.15 de ambos «Documentos
Base», en el entendido de que el supuesto de hecho de esa causal, esto es, lo que
genera el rechazo de la oferta, es la acción del proponente de aportar «[…]
información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad […]», no la
ausencia de la información que podría tomarse del contrato viciado de falsedad.
(…)
Por otra parte, de conformidad con esta regla, el rechazo de la oferta procede
cuando en ejercicio de la potestad verificadora se advierta que se dejó de incluir
información que afecta la capacidad residual del proponente, por ejemplo, la
referente a los saldos de contratos en ejecución. Es del caso precisar que la
expresión «afecta la capacidad residual» no se restringe a aquellos eventos en los
que la información omitida conduce a que el proponente no cumpla con la
exigencia de capacidad residual, pues, incluso, si a pesar de que la información
omitida no conduce al incumplimiento de dicho requisito, aun así, procedería el
rechazo de la oferta.
En este sentido, frente a su inquietud: ¿procede el rechazo de la oferta aun
cuando la información omitida en relación con el saldo de los contratos en
ejecución no afecta la exigencia solicitada frente a la capacidad residual del
oferente? De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.10 del documento base se
rechazará la oferta cuando un tercero durante el traslado del informe de
evaluación, o la entidad, en uso de su potestad verificadora, advierte que se dejó
de incluir, al cierre del proceso, por parte del proponente, alguna información
contractual que afecte su capacidad residual. Esto es, el rechazo de la oferta se
realiza cuando el oferente omite alguna información que afecta esta capacidad,
independientemente, si esa omisión afecta el cumplimiento de la exigencia mínima
solicitada en relación con este requisito habilitante.
Esta regla concuerda con la causal del rechazo prevista en el literal «H» de ambos
«Documentos Base», los cuales autorizan el rechazo de la propuesta en el evento
en «Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una
posible falsedad en los términos de la sección 1.11».
25
Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
Al respecto se precisa, que para que la información omitida afecte la capacidad
residual, es necesario que se refiera a contratos que no solo hayan sido
adjudicados al proponente, sino que se requiere que los mismos estén en
ejecución al momento del cierre, pues si la omisión se refiere a contratos que
fueron suspendidos o que no han comenzado a ejecutarse, no se cumpliría el
supuesto de hecho del numeral 3.10 de ambos «Documentos Base» que faculta a
la entidad para rechazar la oferta, ya que no se configura una omisión de
información que afecte el cálculo de la capacidad residual, conforme al artículo
2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015.
Por el contrario, en el caso de que el proponente presente la oferta con antelación
a la fecha de cierre, informando los contratos que hasta entonces esté ejecutando,
pero antes de la fecha de cierre comienza a ejecutar otro nuevo o el que estaba
suspendido, está en la obligación de reportarlo a la entidad, ya que de lo contrario
estaría informando menos contratos, lo que además de afectar el cálculo de su
capacidad residual o K de contratación, facultaría a la entidad para rechazar su
oferta conforme a la causal Z del numeral 1.15 del documento base –versión 3 de
licitación pública– y AA –versión 2 de menor cuantía– o, eventualmente, por la
causal del literal H de ambos «Documentos Base».
27.4. En el marco de la licitación pública LIC-20-21-2012, teniendo en cuenta las
observaciones presentadas luego de concluída la audiencia de adjudicación, por
medio de oficios de 22 de mayo de 2013, el secretario de infraestructura requirió al
consorcio COPARCO y al INVÍAS, «aclaración respecto del contrato 1987 del 15 de
noviembre de 2012, suscrito con el [… ]INVIAS y aportado dentro del formulario No. 1, por
dos de los conformantes del consorcio COPARCO, esto dado que el integrante del
consorcio CONASFALTO S.A. […] de la propuesta, consigna datos diferentes a los
aportados para el mismo contrato por ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. [...]».
27.4. A través de memorial de 24 de mayo de 2013, el consorcio COPARCO
admite que realmente sí consignó información no ajustada a la realidad porque: (i)
CONASFALTOS S.A. y ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S., integrantes del
consorcio COPARCO, reportaron información diferente en el formulario núm. 1, ya
que respecto del contrato 1987 del 15 de noviembre de 2012, suscrito con el
INVIAS y el consorcio ECA, cuyos integrantes son CONASFALTOS S.A. con una
participación del 40% y ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S., con el 20%,
reportaron en la columa «término pendiente de ejecución (meses)» dos plazos
distintos, esto es, CONASFALTOS S.A. consignó 20 meses, mientras que
ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. reportó 22 meses, con lo cual claramente se
evidencia una abierta contradicción con la realidad, (ii) en la página
www.colombiacompra.gov.co aparece que para el mencionado contrato,
ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S., reportó una participación del 30% y no del
20% en el consorcio ECA.
26
Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
27.5. Una revisión exhaustiva de la jurisprudencia de esta Corporación evidencia
que a la fecha no existe un pronunciamiento jurisprudencial que defina de manera
clara en que consiste el medio ilegal a que se refiere la causal de revocatoria
directa del acto de adjudicación a que alude el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.
Sin embargo, dicha causal reproduce de manera exacta la de revoatoria de los
actos administrativos de contenido particular y concreto que traía el artículo 73 del
Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, CCA, cuyo alcance
fue definido por la sala plena del Consejo de Estado en sentencia del 16 de julio
de 2002 expediente 1997-8732-02 (IJ 029), como aquella situación en que la
expresión de la voluntad del Estado nace viciada por violencia, por error o por
dolo, que a continuación se trascribe:
«…el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del
artículo 73 del CCA, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del estado
nace viciada bien por violencia, por error o por dolo….
La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al estado,
la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una
persona natural o jurídica, ni del estado, por supuesto, que haya ocurrido de
manera ilicita podría considerarse como factor de responsabilidad para su
acatamiento. Ello explica porque en este caso, el acto administrativo de carácter
particular puede ser revocado sin consentimiento del particular.
Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales
puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero,
pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para
obtener el resultado, este debe provenir de una causa eficiente, como quiera que
si esa causa no es suficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El
medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su
consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa via es
por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto,
sin consentimiento del particular afectado».
27.6. En la licitación pública LIC-20-21-2012, teniendo en cuenta que el oferente a
quien le adjudicaron el contrato había presentado una oferta con información que
no se correspondia con la realidad, es claro que se desconoció uno de los
principios de la contratación pública que es el de la buena fe. En ese sentido, dado
que el oferente consignó una inconsistencia en su propuesta, incurrió en causal de
rechazo a la luz de los postulados señalados en el pliego de condiciones. Además,
teniendo en cuenta que el consorcio adjudicatario estaba en la misma situación de
la de otros proponentes a quienes se les rechazaron sus propuestas por reportar
información diferente de la real, la administración, en virtud del principio de
igualdad, debía aplicar la consecuencia prevista en el pliego de condiciones que
era la del rechazo.
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Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
27.7. La Sala es consiente que en esta oportunidad lo que se estudia es la
legalidad de la sanción disciplinaria y no la legalidad del acto de revocatoria de
adjudicación, por lo tanto, es claro que este proceso no es el escenario apropiado
para establecer o definir el alcance del «medio ilegal» como causal de revocatoria
del acto adjudicatario. Pero ello no puede hacer que se pierda de vista que la
situación de rechazo en la que se encontraba el consorcio ganador solo fue
evidenciada con posterioridad a la adjudicación del contrato, y en consecuencia,
es claro que la voluntad expresada en el acto administrativo de adjudicación se
encontraba viciada, porque de haber sido conocida la circunstancia en que se
encontraba el oferente, su propuesta hubiera sido rechaza y no se habria
considerado por la administración para adjudicarle el contrato, lo cual encaja
razonablementge dentro de las hipótesis que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha definido como medio ilegal cuando interpretó el artículo 73 del CCA25.
28. De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que la conducta por la cual fue
sancionado el demandante es atípica, por lo que, ante la ausencia del elemento
principal de la sanción disciplinaria, hay lugar a decretar la nulidad total de los
actos demandados, como consecuencia se sustrae de resolver los demás
problemas jurídicos planteados y se revocará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones, haciendo la salvedad de que en todo caso, no se
acreditaron los daños morales y extraprocesales alegados.
4. Las decisiones que se adoptarán
29. Con fundamento en lo expuesto, la Sala ordenará (i) revocar la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, (ii) declarar la nulidad
fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, respectivamente, proferidos el
13 de mayo de 2014 por la Procuraduría Regional de Antioquia y el 23 de octubre
del 2014 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, (iii)
negar la solicitud de reconocimiento y pago de sumas por concepto de daños
morales y extrapatrimoniales al no encontrarse probados dentro del proceso y (iv)
condenar a la Procuraduría General de la Nación a pagar al demandante los
salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir por el periodo de los 10
25 En las siguientes sentencias del Consejo de Estado se reitera la posición asumida por la Sala
Plena de la corporación en sentencia del 16 de julio de 2002 expediente 1997-8732-02 [IJ 029]: (i)
sentencia del 6 de mayo de 2010 expediente 2004-1587-01 [2202-07] de la Seccion Segunda (ii)
sentencia del 7 de octubre de 2010 expediente 2008-2002-01 [17710] de la Seccion Cuarta y (iii)
sentencia del 3 de noviembre de 2011 expediente 2006-225-00 de la Seccion Primera.
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Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
meses que duró la suspensión, teniendo en cuenta que el cargo que ejercía era el
de director administrativo.
30. Para ello se deberán actualizar los valores a pagar según la fórmula que se
describe a continuación:
R= Rh X Índice final
_____________
Índice inicial
30.1. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo
que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente
para la fecha en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos
en la forma señalada en el artículo 192 del CPACA. Por tratarse de pagos de
tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, para cada
mesada prestacional.
5. Costas
31. Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que
prevé su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo
188 del CPACA que dispuso: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
32. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a
diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si
existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso
29
Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
normal de las diferentes etapas del procedimiento y de verificar que en el
expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.
33. En el caso concreto, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida, en
atención a que en el trámite no se allegaron pruebas de que se hayan causado, ni
que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o
circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal de las dos instancias,
por lo que se abstendrá de condenar en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por Óscar Orlando España Pulido contra la Nación,
Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Declarar la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda
instancia, respectivamente, del 13 de mayo de 2014 expedido por la Procuraduría
Regional de Antioquia por medio del cual fue declarado responsable
disciplinariamente y sancionado con destitución e inhabilidad general por 11 años
y, del 23 de octubre del 2014 expedido por la Procuraduría Segunda Delegada
para la Contratación Estatal que confirmó parcialmente el fallo anterior y, modificó
la sanción con suspensión en el ejercicio del cargo por 10 meses e inhabilidad
para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Procuraduría
General de la Nación, eliminar de sus bases de datos, los antecedentes
disciplinarios anotados como consecuencia de la decisión sancionatoria que en
esta providencia se anula.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Procuraduría
General de la Nación a pagar al demandante, de manera indexada, los salarios y
las prestaciones sociales dejadas de percibir por el periodo de los 10 meses que
duró la suspensión, teniendo en cuenta que el cargo que ejercía.
30
Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)
Demandante:
Quinto. Negar la solicitud de reconocimiento y pago de las sumas por concepto de
daños morales y extraprocesales.
Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
31
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