Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-00894-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00894-01 (1634-2025)
Demandantes: Mauricio Alberto Valencia Correa
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias. Estructura
de la responsabilidad disciplinaria. Tipicidad. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la
sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Mauricio Alberto Valencia Correa instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria expedida el 13 de mayo
de 2014 por la Procuraduría Regional de Antioquia, mediante la cual fue sancionado
con destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años y de la
decisión disciplinaria expedida el 23 de octubre de 2014 por la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que modificó la sanción y la fijó en
suspensión e inhabilidad especial por el término de ocho (8) meses.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de las sumas
detalladas en la demanda por concepto de perjuicios materiales –daño emergente
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y lucro cesante–, morales y extrapatrimoniales –representados en los daños a su
honra, dignidad y buen nombre–.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia llevó a
cabo el procedimiento de selección por la modalidad de licitación pública LIC-20-21-
2012 para la construcción de la doble calzada desde el intercambio de la carrera 80
hasta el empalme con la vía de acceso oriental del túnel «Fernando Gómez
Martínez», en el sector de Loma Hermosa, y obras complementarias, la cual fue
adjudicada al consorcio COPARCO.
6. Que, no obstante, concluida la lectura del acto de adjudicación, dos
proponentes manifestaron que COPARCO presentaba las mismas inconsistencias
de los participantes que, hasta ese punto, se habían excluido, lo que llevó a la
administración a que, previo requerimiento al seleccionado, revocara el acto de
adjudicación, pues COPARCO, al diligenciar el formulario nro. 1. (relación de
contratos en ejecución), necesario para el cálculo de la capacidad residual,
suministró datos no acordes con la realidad, con lo que incurrió en la causal de
rechazo nro. 21 contemplada en el numeral 3.16 del pliego de condiciones.
7. Que lo ocurrido se publicó en distintos medios de comunicación y, con
fundamento en una nota de prensa de «El Colombiano» que llevó por título «Freno
a contratos en Antioquia», la Procuraduría Regional de Antioquia inició una
indagación preliminar, a la cual el 30 de agosto de 2013 fueron vinculados varios
funcionarios de la Secretaría de Infraestructura del departamento, entre ellos el
demandante y, por auto del 19 de diciembre del mismo año, se adoptó el
procedimiento verbal y se citó a audiencia, al considerar que quienes participaron
en el trámite de la referida licitación pública incurrieron en la falta gravísima del
artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo.
8. Que el 13 de mayo de 2014 fue sancionado en primera instancia con
destitución e inhabilidad general por el término de 11 años y modificada por la
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal por auto del 23 de
octubre de 2014, notificado personalmente el 14 de noviembre del mismo año,
quien, tras variar la calificación de la falta a grave y del grado de culpabilidad a culpa
gravísima, fijó la sanción en suspensión por el término de 8 meses. Finalmente, se
ejecutó el correctivo a partir del 19 de diciembre de 2014.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Se refirió a la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la
valoración integral en sede judicial de las actuaciones administrativas de naturaleza
disciplinaria, de lo que destacó que se trata de un control integral y pleno, que debe
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dar cuenta del análisis formal y sustancial de las decisiones cuestionadas y solicitó
que se analice su caso bajo tales parámetros.
10. Considera que en la expedición de los actos demandados se desconoció el
debido proceso, porque no se pronunciaron frente a la totalidad de los argumentos
de defensa. Que no se analizó el error de prohibición como causal de exclusión de
la responsabilidad y la ausencia de culpa gravísima; tampoco se valoró la totalidad
de pruebas testimoniales, porque respecto de los diez testigos solicitados por la
defensa únicamente se dijo que algunos no ofrecían credibilidad (7 de ellos), con lo
cual se desconoció el deber de analizar de manera integral el acervo probatorio,
incluida la versión del investigado.
11. Agregó que se incurrió en falsa motivación, porque imperó la posición jurídica
de la demandada por encima de la posibilidad que el artículo 9, inciso 3, de la Ley
1150 de 2007 otorga a las entidades de revocar el acto de adjudicación, cuando
medie un error que vicie el consentimiento del contratante.
12. Que lo ocurrido en el trámite de la licitación pública LIC-20-21-2012 dio
cuenta de que al momento de adjudicar el contrato se presentó una situación que
vició la decisión de la administración, lo que significó que COPARCO obtuvo la
adjudicación por medios ilegales; lo que implicaba que, para su revocatoria, ni
siquiera se requería la autorización del particular. Que la causal de rechazo de las
propuestas estaba clara para los participantes desde la publicación del proyecto de
pliego de condiciones.
13. Considera que la decisión sancionatoria de segunda instancia se basó en
una norma inaplicable, pues con base en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011
concluyó que la administración no podía revocar su propio acto y que, en cambio,
debía demandarlo, con lo que dejó de lado el contenido del artículo 9, inciso 3, de
la Ley 1150 de 2007, además de desconocer que la interpretación razonable que la
Gobernación de Antioquia realizó de dicha disposición impedía que se impusiera
una sanción disciplinaria.
14. Que también se desconoció el principio de culpabilidad, pues la culpa
gravísima es una modalidad que exige la desatención elemental, la ignorancia
supina o la violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento y, en su caso,
la revocatoria del acto de adjudicación provino luego de una interpretación razonada
de la Ley 1150 de 2007, con lo que se descarta el tercer supuesto de la forma de
culpabilidad, fundamento de la decisión de segunda instancia.
15. Que no se analizó la configuración del error de prohibición como eximente de
responsabilidad disciplinaria, pues, ¿de qué manera podía él, en su condición de
arquitecto, oponerse a los juiciosos argumentos que expusieron los abogados de la
Gobernación? Así, pese a su amplia trayectoria en el sector público, no estaba en
la capacidad de comprender si la interpretación de los profesionales del derecho,
competentes en contratación estatal, resultaba o no adecuada.
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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
16. La demanda fue admitida el 17 de julio de 2015,1 la entidad se opuso a las
pretensiones, al considerar que se respetó el principio de legalidad y se determinó
de conformidad con el ordenamiento jurídico que se incurrió en una falta disciplinaria
al revocar el acto de adjudicación de la licitación pública LIC-20-21 de 2012, pues
el demandante, en su condición de secretario de infraestructura, expidió la
Resolución 89354 del 12 de julio de 2013, en la cual se declaró desierto el
procedimiento de selección, «interpretando (sic) forzadamente las causales de
revocatoria del acto de adjudicación señalada (sic) en el inciso 3° del artículo 9° de
la Ley 1150 de 2007».
17. Que el acto de adjudicación no podía revocarse bajo la interpretación del
demandante, pues los errores simples, involuntarios o gramaticales no pueden
calificarse como medios ilegales, que justifiquen la aplicación del referido artículo.
Que deben encontrarse acreditadas las «maniobras engañosas» tendientes a viciar
la voluntad de la administración y estas haber incidido en la decisión de adjudicar,
lo que dice, no se acreditó.
18. Que el demandante tenía pleno conocimiento de su deber funcional, dada su
amplia experiencia en el sector público; consideración que también llevó a que la
forma subjetiva de la responsabilidad se fijara en culpa gravísima y que quedó
plenamente demostrada la falta disciplinaria por la que el señor Valencia Correa fue
sancionado.
19. Solicitó que, en caso de accederse a las pretensiones, se vincule al proceso
al Ministerio de Hacienda para que disponga de los rubros presupuestales
necesarios para cumplir la eventual orden judicial2.
20. Se celebró audiencia inicial el 13 de marzo de 20173, en la que se declaró no
probada la excepción de inepta demanda, se fijó el litigio y se decretaron pruebas
documentales y testimoniales. Una vez practicadas4, se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto5; luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno
por las partes.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
21. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del treinta (30)
de abril de dos mil veinticinco (2025)6, accedió parcialmente a las pretensiones tras
encontrar que los actos demandados se motivaron falsamente, en la medida en que
sí ocurrió el supuesto para revocar directamente el acto de adjudicación y, por tanto,
1 Véase folio 273 del cuaderno principal. La demanda, que inicialmente se presentó de manera conjunta por los
4 funcionarios sancionados, fue inadmitida por auto del 25 de mayo de 2015, con el fin de que adecuara de
forma tal que solo el señor Valencia Correa apareciera como demandante. En cuanto a los demás, dispuso que
se procediera a su desglose (véanse folios 186 a 189 del cuaderno principal.
2 Véanse folios 280 a 286 del cuaderno principal.
3 Véanse folios 306 a 309 del cuaderno principal.
4 La audiencia de pruebas se celebró el 2 de octubre de 2019 (véanse folios 329 a 332 del cuaderno principal).
5 Este traslado se corrió por auto del 11 de octubre de 2019 (véase folio 337 del cuaderno principal).
6 Véase archivo 26 del expediente digital, radicado 05001233300020150098400. .
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el comportamiento por el cual se sancionó al demandante resultó atípico.
22. Respecto del cargo relacionado con la ausencia de pronunciamiento frente a
los argumentos de defensa que plantearon los investigados, encontró que la
demandada sí los atendió, solo que no tuvieron el alcance que los disciplinados
pretendían. Que lo mismo ocurrió en lo que tuvo que ver con el alegado error de
prohibición y la ausencia de culpa gravísima, pues su valoración permitió a la
autoridad disciplinaria, precisamente, realizar el juicio de culpabilidad en ambas
instancias.
23. Que las pruebas testimoniales sí fueron apreciadas en ambas instancias
disciplinarias, pues su compendio implicó un ejercicio analítico de los mismos y,
luego, en distintos apartes de los actos, el juicio de la autoridad se basó en el
contenido de los dichos de los declarantes; otra cosa es que no arrojara el resultado
esperado por el demandante.
24. En relación con el cargo de nulidad por falsa motivación, que prosperó, se
refirió a la sentencia del 6 de julio de 2023 que, en un caso idéntico al del
demandante, se refirió a la posibilidad de revocar el acto de adjudicación en los
términos del inciso 3 del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. En esa providencia se
analizó la sanción que, bajo el mismo trámite disciplinario, se impuso al señor Oscar
Orlando España Pulido y se concluyó que la situación de rechazo en la que se
encontraba el consorcio ganador de la licitación pública LIC-20-21-2012 solo fue
evidenciada con posterioridad a su adjudicación «(…) y, en consecuencia, es claro
que la voluntad expresada en el acto administrativo de adjudicación se encontraba
viciada, porque de haber sido conocida la circunstancia en que se encontraba el
oferente, su propuesta hubiera sido rechazada (…)»7.
25. En consecuencia, declaró la nulidad de las decisiones disciplinarias respecto
del señor Valencia Correa y, como restablecimiento del derecho, ordenó la
corrección de los registros e inscripciones hechas como consecuencia de la
expedición de los actos administrativos y el pago de los salarios y prestaciones
sociales que dejó de percibir durante el término de la suspensión, debidamente
indexados. Negó el reconocimiento de perjuicios morales y se abstuvo de condenar
en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
26. La demandada8 interpuso recurso de apelación por considerar que el
Tribunal desconoció el principio de autonomía funcional de la Procuraduría General
de la Nación, el cual garantiza que la autoridad ejerza la facultad sancionatoria sin
interferencias indebidas de otras ramas del poder público, incluida la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, pues le corresponde al órgano disciplinario valorar las
pruebas y determinar, dentro del marco legal, si una conducta constituye falta, su
grado de culpabilidad y la sanción aplicable.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de julio de 2023. Exp. 05001-23-33-
000-2015-01199-01 (3892-2022). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar (cita realizada en la providencia apelada).
8 Véase archivo 034 del expediente digital del radicado 05001-23-33-000-2015-00894-00.
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27. Que la entidad sancionó al demandante porque revocó un acto administrativo
que producía efectos jurídicos en favor de un tercero sin utilizar los mecanismos
para evaluar su legalidad; decisión que afectó a un particular titular de un derecho
adquirido y generó inseguridad jurídica, pues detectar una irregularidad no autoriza
al funcionario para actuar al margen del procedimiento legal. Que, la autoridad no
centró su análisis solo en la legalidad de la decisión de revocatoria, sino en la forma
como se ejerció la función pública, lo que dio cuenta de omisiones y excesos en las
competencias.
28. Agregó que el demandante no demostró la causal de nulidad de los actos
administrativos, pues no basta con manifestar el desacuerdo con el criterio de la
autoridad disciplinaria, sino que es necesario acreditar una vulneración concreta del
debido proceso. En ese orden, «el desacuerdo con la interpretación jurídica del
órgano disciplinario no configura, por sí solo, una causal de nulidad. (…) Solo una
interpretación arbitraria, caprichosa o manifiestamente contraria al orden jurídico
podría invalidar un acto, lo cual no ocurrió en este caso». Además, la jurisdicción de
lo contencioso administrativo no es una tercera instancia disciplinaria.
29. Concluyó que la discusión giró en torno a la aplicación de una norma sobre
la revocatoria de la adjudicación, lo cual no constituye, por sí solo, una causal de
nulidad. Sumado a ello, el demandante tuvo pleno acceso al procedimiento, conoció
los cargos y ejerció su defensa, de manera que no se configuraron vicios
sustanciales que afectaran la validez de los actos demandados.
30. El demandante9 también interpuso recurso de apelación, en relación con la
decisión de no reconocer los perjuicios morales. Dijo que el Tribunal resolvió negar
esta pretensión con fundamento en que no existía prueba de que se hubiese
padecido un daño moral.
31. Afirmó que el Consejo de Estado ha admitido el reconocimiento de daño
moral en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de actos
administrativos sancionatorios y que, en casos similares, ha señalado que los
testimonios coherentes y consistentes son prueba idónea y suficiente.
32. Que el Tribunal desconoció la realidad procesal y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, pues en la audiencia de pruebas del 2 de octubre de 2019 los
señores León Jaime Gómez, Clara Luz Mejía y María Teresa Muñoz dieron cuenta
de las afectaciones morales que sufrió y coincidieron en que «se sintió mal
sancionado» y en que «la prensa y los medios de comunicación abordaron con
mucho ahínco este tema y prácticamente lo crucificaron». En especial, la declarante
Mejía dijo que se comunicó con él y que le manifestó que «estaba muy afectado»
porque fueron «muy rigurosos en todo, no solamente en este proceso, sino en todos
y mire lo que pasa definitivamente, ser servidor público es muy complicado y muy
difícil».
33. Reiteró que se encuentra acreditado que la sanción disciplinaria le generó
9 Véase archivo 36 del expediente digital del radicado 05001-23-33-000-2015-00984-00.
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aflicción y angustia, dada la injusticia cometida con él y que esta circunstancia fue
plenamente reconocida en la sentencia.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
34. El 26 de junio de 202510 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
35. El demandante11 manifestó que el recurso de la Procuraduría General de la
Nación está insuficientemente sustentado y no contiene argumentos que de forma
clara ataquen los fundamentos de la sentencia y que sus distintas premisas no
tienen vocación de prosperidad, pues si bien es cierto que la autoridad disciplinaria
es un órgano independiente, la nulidad de las decisiones no representa un
desconocimiento de ello, en la medida en que tuvo como motivo la falsa motivación
de sus actos.
36. Que el análisis del Tribunal, soportado en la jurisprudencia, derivó en la
atipicidad del comportamiento, pues su actuación se encuadró dentro de las
excepciones a la irrevocabilidad del acto de adjudicación y, en ese sentido, se
sustentó en la Ley 1150 de 2007.
37. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
38. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
39. Corresponde a la Sala analizar si la sentencia proferida el 30 de abril de 2025
debe revocarse, porque, en términos de la demandada, se desconoció el principio
de autonomía funcional de la Procuraduría General de la Nación, no se acreditó
ninguna causal de nulidad de los actos y al señor Valencia Correa se le sancionó
porque se satisfizo el juicio de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad con
fundamento en los medios de prueba.
40. Resuelto el anterior interrogante y, en caso de que deba mantenerse la
decisión de anular los actos, a continuación será necesario analizar si, como lo
sostiene el demandante, resulta procedente el reconocimiento de perjuicios
morales.
41. Con el anterior propósito, la providencia se referirá al marco jurisprudencial
aplicable al análisis de la actuación disciplinaria, a la estructura de la
responsabilidad y abordará el caso concreto.
10 Véase índice 00005 de SAMAI.
11 Véase índice 00010 de SAMAI.
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Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria
42. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
43. De ahí que la respectiva actuación esté regida por normas y procedimientos
propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la
defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido pacífica la
posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional de esta
clase de actos, tal como pasa a exponerse.
44. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias12.
45. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»13.
46. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»14, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley,
de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
13 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.
2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que
lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino
también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.
Estructura de la responsabilidad disciplinaria
47. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, «las faltas
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes
propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus
funciones». La disposición también prevé que «[c]uando se tiene el deber jurídico
de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo». De
esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento puede provenir, en
términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una abstención o (iii) de la
extralimitación en el ejercicio de las funciones15.
48. Advertido que bajo alguna de las formas señaladas se ha incurrido en un
comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, el régimen normativo
exige el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
49. El primero, íntimamente relacionado con el principio de legalidad contenido
en el artículo 4 de la Ley 734 de 2002, se refiere a que el comportamiento
efectivamente se consagre en las disposiciones aplicables como una falta
disciplinaria; el segundo exige que se evalúe si la conducta afecta el deber funcional
sin justificación alguna, lo que para el caso concreto corresponde al alcance del
artículo 5 del Código Disciplinario Único16; el tercero tiene que ver con la
proscripción de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria17 y se concreta en
la exigencia, para el operador disciplinario, de analizar si ese comportamiento que
la norma aplicable consagra como falta disciplinaria, con el cual se lesionó un deber
funcional sin justificación alguna, se ejecutó de manera dolosa o culposa.
50. Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable al demandante
no contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa del
que trata el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, es posible acudir al sentido de dolo
consagrado en el artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a conducta es
dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal
[entiéndase disciplinaria] y quiere su realización. También será dolosa la conducta
15 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de
2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
16 Ley 734 de 2001. «Artículo 4. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna».
17 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».
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cuando la realización de la infracción penal [entiéndase disciplinaria] ha sido
prevista como probable y su no producción se deja librada al azar» (corchetes fuera
del texto original).
51. Por su parte, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 contiene un
sentido para la culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la
culpa es gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento» y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones».
52. En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas.
Para concluir que un comportamiento es doloso, hay que sumar a ese conocimiento
un elemento volitivo, que tiene que ver con un direccionamiento consciente a la
obtención de un resultado que contraríe los deberes o configure una prohibición o,
con la decisión de dejar librado al azar la producción de un resultado contrario a
derecho.
53. Ahora bien, para determinar que un comportamiento es culposo es necesario
validar que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es,
que, estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y
prohibiciones propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en
consecuencia, se configuró la conducta disciplinable18.
Caso concreto
54. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:
• Por auto del 8 de julio de 2013 la Procuraduría Regional de Antioquia ordenó la apertura
de una indagación preliminar en contra de funcionarios por establecer, con fundamento
en una nota de prensa de «El Colombiano», en la cual se cuestionaba la revocatoria de
la adjudicación del contrato para la construcción de la conexión vial al túnel «Fernando
Gómez Martínez»; decisión que, al parecer, se fundamentó en la «ilegalidad o
inhabilidad del contratista»19.
• El 20 de agosto del mismo año se vinculó a la indagación preliminar al señor Mauricio
Alberto Valencia Correa, en su calidad de secretario de Infraestructura Física de la
Gobernación de Antioquia, a quien se identificó de cuenta de la documentación
correspondiente a la convocatoria 20-21-201220.
• El 19 de diciembre de 2013 la autoridad disciplinaria adoptó el procedimiento verbal y
citó a audiencia. En dicha providencia, formuló al demandante el siguiente reproche:
18 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
19 Véanse folios 4-5 del cuaderno 1 del radicado IUS-2013-187817.
20 Véanse hojas 4 y 5 (sin foliar) del cuaderno marcado como «APELACIÓN FALO DE 1 ERA».
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«2.1.1. Participó en todo el proceso de la licitación No (sic) LIC-20-212012
(etapa precontractual), con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
constitución (sic) y en la ley, en especial los de transparencia y economía de
la contratación estatal; eficacia, economía y celeridad de la constitución (sic);
igualmente los de celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia y
transparencia de la función administrativa señalados en el art. 3 de la ley (sic)
1437 de 2011, cuyo aviso de convocatoria se publicó en el SECOP el 20 de
noviembre de 2012, “LICITACIÓN PÚBLICA – LIC-20-21-2012”, OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA DESDE EL INTERCAMBIO DE
LA CARRERA 80 HASTA EL EMPALME CON LA VIA DE ACCESO
ORIENTAL DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ EN EL SECTOR
DE LOMA HERMOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN VIAL
GUILLERMO GAVIRIA CORREA), la cual se ordenó apertura el 31 de enero
de 2013 mediante Resolución No (sic) 002013, siendo adjudicada al
CONSORCIO COPARCO (Conasfaltos S.A. 50%- Arquitectura y concreto
S.A.S. 25%- Copsisa S.A.S. 25%) con Resolución No (sic) 50345 el 7 de
mayo de 2013. Revocó el 28 de mayo de 2013 el acto administrativo de
adjudicación de la licitación LIC-20-21-2012 (Resolución No (sic) 50345 0del
17 de mayo de 2013), mediante la Res. No (sic) 068070 del 28 de mayo de
2013 y con Resolución No (sic) 087369 del 25 de junio de 2013, resolvió el
recurso de reposición confirmando la decisión de revocar la adjudicación al
CONSORCIO COPARCO, proferida sin fundamento en causal legal. La
licitación finalmente fue declarada desierta mediante la Resolución No (sic)
89354 del 12 de julio de 2013».
Se adecuó su comportamiento a la falta gravísima señalada por el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y se determinó de forma provisional el dolo como
elemento subjetivo de la responsabilidad21.
• En audiencia del 13 de mayo de 2014 se expidió la decisión disciplinaria de primera
instancia. En esta se ratificó la calificación de la falta y se varió la forma de culpabilidad
para fijarla de forma definitiva como culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas
de obligatorio cumplimiento, tras analizar el alcance de lo ocurrido en el trámite de la
licitación pública LIC-20-21-12, a la luz de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 1150
de 2007 en materia de revocatoria del acto de adjudicación.
La demandada señaló que el acto de adjudicación solo es excepcionalmente revocable
ante la inhabilidad sobreviniente del futuro contratista y que el punto referido a la
obtención del mismo por medios ilegales no podía entenderse como la configuración de
una simple ilegalidad, pues la obtención del acto por medios ilegales o fraudulentos
debía probarse, esto es aparecer de manera ostensible.
Con este planteamiento, al analizar el caso concreto encontró que el CONSORCIO
COPARCO incurrió en una equivocación, en un error de forma, al diligenciar el
formulario nro. 1 del procedimiento de selección, pero que de allí no era posible concluir
que se obtuvo la adjudicación por medios ilegales, máxime que, verificado el factor
sobre el cual recayó el asunto, la capacidad residual de contratación (Kr), podía
advertirse que el proponente cumplía con dicho requisito.
Que con la revocatoria del acto de adjudicación se causó un posible daño antijurídico e
inclusive el representante legal del consorcio radicó una demanda ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo; de manera que el comportamiento revistió ilicitud
sustancial por la vulneración a la función pública y el desconocimiento de los principios
21 Véanse folios 1294 a 1315 del cuaderno 4 del radicado IUS-2013-197817.
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constitucionales de eficacia, economía y celeridad, sin ninguna justificación22.
• El 31 de octubre de 2014 la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación
Estatal modificó la anterior decisión, tras considerar que no podía tenerse por acreditada
la configuración de la falta disciplinaria gravísima del artículo 48.31 de la Ley 734 de
2002, en la medida en que su complementación con los principios constitucionales, de
la contratación estatal y de la función pública no dio cuenta de que los comportamientos
concretos de los investigados se adecuaran a los supuestos de las respectivas normas.
No obstante, advirtió que en el cargo formulado subyacía un comportamiento
disciplinariamente reprochable, pero por desconocimiento del deber contemplado en el
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, pues los investigados habrían
incumplido los deberes consagrados en la ley, en particular, en el artículo 9 de la Ley
1150 de 2007, según el cual el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad
y al adjudicatario. No obstante, si dentro de plazo comprendido entre la adjudicación y
la suscripción del contrato «sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se
demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado (…)».
Se dijo que el demandante habría incurrido, así, en una falta disciplinaria grave cuando,
en su condición secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia y
presidente del Comité Interno de Contratación «(…) Director (sic) para el caso
específico del proceso de licitación pública No (sic) LIC-20-21-2012, específicamente
suscribió la Resolución No. 89354 del 12 de julio de 2013, la cual declaró desierto el
proceso de licitación, interpretando forzadamente las causales de revocatoria del acto
de adjudicación señaladas en el inciso 3° del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007».
En cuanto al elemento subjetivo de la responsabilidad, se mantuvo la calificación
gravísima, pero por desatención elemental, porque los disciplinados (el demandante
entre ellos) no previeron la consecuencia apenas lógica de revocar el acto de
adjudicación, de la que les dio cuenta con claridad el representante legal del
CONSORCIO COPARCO: en esa etapa no era procedente solicitar explicaciones
acerca de la propuesta, no se podía revocar el acto de adjudicación (el proponente no
lo consintió), que el error que existía era de buena fe y que, fundamentalmente, la
propuesta presentada sí cumplía con el Kr mínimo exigido en el pliego de condiciones23.
55. La demandada cuestionó en su escrito de apelación el desconocimiento del
principio de autonomía funcional de la autoridad disciplinaria que supuso la forma
en que el Tribunal encontró acreditada la falsa motivación en el elemento de la
tipicidad. Agregó que al demandante se le sancionó porque revocó un acto que
producía efectos jurídicos en favor de un tercero sin utilizar los mecanismos para
evaluar su legalidad, pues detectar una irregularidad no lo autorizaba para obrar al
margen del procedimiento legal y señaló que no se acreditó ninguna causal de
nulidad de los actos administrativos, sin dejar de lado que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo no es una tercera instancia disciplinaria.
56. En primer lugar, la Sala destaca que en la sentencia se dijo que la ausencia
de tipicidad provino del análisis que esta Corporación realizó en un supuesto
idéntico, en el cual se encontró que la actuación del señor Valencia Correa se
22 Véanse folios 1537 a 1584 del cuaderno 5 del radicado IUS-2013-197817.
23 Véanse folios 1682 a 1727 del cuaderno 5 del radicado IUS-2013-197817.
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circunscribió a lo regulado por el artículo 9, inciso 3, de la Ley 1150 de 2007. Si bien
sobre este punto se volverá más adelante, es importante señalar que esta
valoración fue realizada en el marco de la tesis vigente en materia de control judicial
integral de la actuación disciplinaria.
57. Como se expuso previamente, al juez de lo contencioso administrativo le
compete analizar tanto los aspectos formales como sustanciales del procedimiento
administrativo y, en ese ejercicio, puede detenerse en aquellos elementos que,
vistos desde el concepto de violación formulado, puedan llevar a encontrar
configurada la lesión del derecho fundamental al debido proceso en cualquiera de
sus dimensiones.
58. Esto no supone, como lo sostiene la demandada, que se hubiese afectado el
principio de autonomía funcional, pues, en todo caso, al juez le está vedada la
corrección de la actuación. En efecto, la tesis desarrollada por esta Corporación
supone que, ante todo, el examen que realiza la autoridad judicial es de legalidad
de los actos, no de corrección del trámite disciplinario.
59. En ese medida, si en el marco del medio de control regulado por el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011, se advierte la lesión de las garantías sustanciales del
debido proceso, representadas, por ejemplo, en los elementos estructurales de la
responsabilidad (como en el asunto objeto de pronunciamiento), la consecuencia
sobre los actos administrativos no puede implicar que el juez tome la posición que
naturalmente corresponde a la autoridad disciplinaria, a quien le compete definir si
ratifica la calificación de la falta y forma de culpabilidad o si hay lugar a variar estos
aspectos, para lo cual se dispone, con las restricciones propias de las garantías
constitutivas del debido proceso, de dos instancias al interior del procedimiento.
60. Ahora bien, respecto de la ocurrencia del comportamiento por el cual el señor
Valencia Correa fue sancionado, asunto que toca con el elemento de la tipicidad
disciplinaria, la Sala anuncia que confirmará la sentencia apelada, pero no por las
razones que allí se exponen, sino porque la demandada no delimitó el elemento
fáctico con el cual se habría incurrido en una conducta reprochable en debida forma.
61. Recuérdese que el juicio de tipicidad exige que la conducta que se censura
a un servidor público esté prevista en el ordenamiento como una falta disciplinaria,
bien sea de aquellas que de manera taxativa señala el artículo 48 de la Ley 734 de
2002, o que se trate de las que, bajo la categoría de los tipos abiertos o en blanco,
se deban complementar por remisión a otras disposiciones legales o
reglamentarias.
62. La demandada, al resolver en segunda instancia, encontró que el
comportamiento reprochado por la Procuraduría Regional de Antioquia, esto es, que
el entonces investigado «[r]evocó el 28 de mayo de 2013 el acto administrativo de
adjudicación de la licitación LIC-20-21-2012 (…) mediante la Res. No (sic) 068070
del 28 de mayo de 2013 y con Resolución No (sic) 087369 del 25 de junio de 2013,
resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión de revocar la adjudicación
al CONSORCIO COPARCO, proferida sin fundamento en causal legal» no se
adecuaba típicamente a la falta disciplinaria gravísima del artículo 48.31, en
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especial, porque la remisión obligatoria a los principios de la contratación estatal
resultó imprecisa en cuanto a las conductas constitutivas de su desconocimiento24.
63. No obstante, advirtió que ello no significaba la ausencia de un
comportamiento reprochable, el cual adecuó a una falta disciplinaria grave, por
desconocimiento del deber contenido en el artículo 34.1 de la Ley 734 de 2002, con
concordancia con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y cuya delimitación fáctica se
realizó así:
«Con ocasión de esta norma, debe decir el Despacho (lo cual ha quedado claro
en el devenir de toda esta decisión) que efectivamente se vulneró la norma
citada, tal y como lo indicó el a quo, toda vez que el doctor MAURICIO
ALBERTO VALENCIA CORREA, Secretario (sic) de Infraestructura Física del
Departamento de Antioquia, Presidente (sic) del Comité Interno de
Contratación, de conformidad con el Decreto 008 de 2012 del Gobernador,
Director para el caso específico del proceso de licitación pública No (sic) LIC-
20-21-2012, específicamente suscribió la Resolución No (sic) 89354 del 12 de
julio de 2013, la cual declaró desierto el proceso de licitación, interpretando
forzadamente las causales de revocatoria del acto de adjudicación señaladas
en el inciso 3° del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007»25.
64. Significa que la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal
varió la adecuación típica del comportamiento investigado, lo que, sumado a la
forma de la culpa gravísima en el elemento subjetivo, implicó también la variación
de la sanción a imponer, pues ya no era procedente la destitución e inhabilidad
general (propia de las faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima), sino la
suspensión (según el artículo 44.3 de la Ley 734 de 2002).
65. Para la Sala es claro que hay elementos cuya variación es posible y ajustada
a derecho, siempre que no comprometan garantías como la prohibición de la
reforma en peor; pero respecto del juicio de adecuación típica la conclusión ha de
ser otra, porque no puede admitirse que, bajo el argumento de volver más favorable
la situación del investigado, la autoridad disciplinaria flexibilice el juicio de tipicidad,
menos en una instancia en la cual la calificación de la falta es definitiva, pues el
disciplinado no cuenta con instancias adicionales para defenderse.
66. Como se explicará en lo que sigue, en los actos demandados, especialmente
en el expedido en la segunda instancia, se impactó el elemento cuya ausencia o
indebida estructuración no permite una decisión distinta a la absolución disciplinaria.
67. En el supuesto fáctico que sirvió de fundamento para la adecuación del
comportamiento como una falta de tipo grave, la demandada, de forma imprecisa,
se refirió a distintas situaciones que no permiten identificar con claridad cuál
conducta se le reprochó al señor Valencia Correa, pues, aunque citó como elemento
normativo del tipo el desconocimiento del inciso 3 del artículo 9 de la Ley 1150 de
2007, en la delimitación de los hechos señaló que específicamente el demandante
suscribió la Resolución que declaró desierto el procedimiento de licitación, cuando
lo cierto es que ello tuvo una causa distinta a la revocatoria del acto de adjudicación.
24 Véanse folios 1719 (reverso) a 1722 del cuaderno 5 del radicado IUS-2013-197817.
25 Véase folio 1722 del cuaderno 5 del radicado IUS-2013-197817.
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68. Se precisa: el inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 contempla
tres situaciones: (i) la regla general de irrevocabilidad del acto de adjudicación; (ii)
tres supuestos en los que excepcionalmente es posible revocar el acto; y (iii) la
posibilidad de que, ante la revocatoria, la entidad acuda a lo previsto en el inciso
final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Para mayor ilustración, a
continuación se referencia el contenido de ambas disposiciones:
• Ley 1150 de 2007. «Artículo 9. De la adjudicación. (…) / El acto de adjudicación es
irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del
plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo,
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo
por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar
lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993».
• Ley 80 de 1993. «Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. (…)
/ 12. (…) En este evento, la entidad estatal, mediante acto administrativo debidamente
motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al
proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad».
69. En el procedimiento de selección que originó la actuación disciplinaria, fueron
expedidos los siguientes actos administrativos:
• Resolución 002013 del 31 de enero de 2013, «Por medio de la cual se ordena la
apertura de la licitación pública número LIC-20-21-2012»26.
• Resolución 050345 del 17 de mayo de 2013, «Por medio de la cual se adjudica la
licitación pública N° LIC-20-21-2012 cuyo objeto es “construcción de la doble calzada
desde el intercambio de la carrera 80 hasta el empalme con la vía de acceso oriental
del túnel Fernando Gómez Martínez en el sector de Loma Hermosa y obras
complementarias (conexión vial Guillermo Gaviria Correa»27.
• Resolución 068070 del 28 de mayo de 2013, «Por medio de la cual se revoca la
Resolución No. 50345 del 17 de mayo de 2013»28.
• Resolución 087369 del 25 de junio de 2013, «Por medio de la cual se revuelve un
recurso de reposición»29.
• Resolución 89354 del 12 de julio de 2013, «Por medio de la cual se declara desierta la
licitación LIC-20-21-2012»30.
• Resolución 090684 del 29 de julio de 2013, «Por medio de la cual se resuelve un recurso
de reposición»31.
70. Como contexto fáctico general de la actuación disciplinaria, se analizó la
decisión de revocar el acto de adjudicación, contenida en la Resolución 068070 del
28 de mayo de 2013 y se encontró que el motivo expuesto por la entidad contratante
no se ajustaba a la situación que excepcionalmente faculta a la administración para
revocar un acto cuya regla general es la irrevocabilidad, pues el adjudicatario
26 Véanse folios 313 a 315 del cuaderno 2 del radicado IUS-2013-197817.
27 Según los antecedentes del acto que se cita a continuación.
28 Véanse folios 201 a 219 del cuaderno 1 del radicado IUS-2013-197817.
29 Véanse folios 220 a 231 del cuaderno 1 del radicado IUS-2013-197817.
30 Véanse folios 232 a 247 del cuaderno 1 del radicado IUS-2013-197817.
31 Véanse folios 248 a 257 del cuaderno 1 del radicado IUS-2013-197817.
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CONSORCIO COPARCO no obtuvo el acto por medios ilegales.
71. La decisión de revocar el acto de adjudicación tuvo lugar luego de que varios
proponentes manifestaran a la entidad que la propuesta presentada por el
CONSORCIO COPARCO habría incurrido en la misma causal de rechazo que llevó
a excluir a otros participantes. Concretamente, que en el diligenciamiento del
formulario necesario para calcular la capacidad residual de contratación se habría
suministrado información que no correspondía a la realidad32.
72. Lo anterior, en abstracto, se configuró en una situación reprochable para la
autoridad disciplinaria, porque no podía tomarse un yerro de buena fe, contenido en
un formulario completamente subsanable según lo dispuesto por el parágrafo del
artículo 5 de la Ley 1150 de 200733 y las reglas del artículo 2.2.8 del Decreto 734
de 201234, como un comportamiento del proponente dirigido a la obtención de la
adjudicación por medios fraudulentos o ilegales; máxime que, según lo verificó la
demandada, con todo y la imprecisión en el formulario, el CONSORCIO COPARCO
superaba incluso la capacidad residual de contratación que exigió la entidad35.
73. De allí que si la entidad consideraba que en la expedición del acto se habría
incurrido en algún evento que pudiera desvirtuar su presunción de legalidad, debió
acudir a las reglas generales en materia de revocatoria de los actos administrativos
de carácter particular y concreto del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
74. Dichas anotaciones, vistas en términos generales, son compartidas por la
Sala, pues, aunque el juicio sobre la legalidad de la Resolución 068070 corresponde
a otra autoridad jurisdiccional, en ejercicio de otro medio de control, no puede
pasarse por alto que, desde la óptica de la responsabilidad disciplinaria, es claro
32 En la Resolución 068070 se dijo «Al grupo evaluador no le es dado entrar a suponer situaciones que no están
claras en las ofertas, como lo indica en su escrito, pues son los proponentes quienes deben confeccionar su
oferta de manera clara que no se preste para interpretaciones que podrían resultar equívocas, pues no cuenta
la Entidad con soportes de cada uno de los contratos relacionados en el Formulario No. 1 de donde se pudieran
extraer todos los datos, para luego concluir en cuál formulario reposa la información correcta» (véase folio 1137
del «cuaderno siete pruebas». .
33 Ley 1150 de 2007. «Artículo 5. De la selección objetiva. (…) Parágrafo. [sin la modificación introducida por la
Ley 1882 de 2018] La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo
de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación.
No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta,
deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización» (corchetes de la Sala).
34 Decreto 734 de 2012. «Artículo 2.2.8. Reglas de subsanabilidad. En todo proceso de selección de contratistas
primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de
requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la
oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones,
de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el presente
decreto.
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los
proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en el inciso
anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego
o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.
Cuando se utilice el mecanismo de subasta esta posibilidad deberá ejercerse hasta el momento previo a su
realización, de conformidad con el artículo 3.2.1.1.5 del presente decreto.
En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no
subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la
oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco
que se adicione o mejore el contenido de la oferta».
35 Véanse folios 1562-1563 del cuaderno 5 del radicado IUS-2013-197817.
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que un yerro que podía y debía detectar la entidad en la etapa de evaluación de sus
propuestas, no puede leerse como una actuación fraudulenta del proponente, que
habilite la revocatoria de un acto cuya regla general es precisamente la contraria.
75. En este punto, la Sala se aparta de las razones por las cuales en la sentencia
apelada se calificó el comportamiento como atípico y, con ello, de lo dicho en la
providencia del 6 de julio de 202336, pues en modo alguno puede calificarse como
un «vicio del consentimiento» el yerro en el diligenciamiento del pluricitado
formulario y, en esa medida, como se dijo en los actos demandados, el camino por
el que debió optar la administración, representada en los funcionarios investigados,
no encontraba su fundamento en el artículo 9, inciso 3, de la Ley 1150 de 2007, sino
en las reglas generales para la revocatoria de los actos administrativos de carácter
particular y concreto del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
76. Pero esa situación, reprochable en términos generales, no se trasladó a la
imputación fáctica concreta del comportamiento con incidencia disciplinaria
individualmente considerado del señor Valencia Correa. Como se indicó
previamente, el supuesto de hecho delimitado en la segunda instancia aludió de
forma indistinta a la decisión de revocatoria directa y a la declaratoria desierta del
procedimiento de selección, como si la segunda fuera consecuencia de la primera,
lo que no puede llevar a que se concluya que el demandante hubiese desconocido
la ley, pues:
• La decisión de declarar desierto el procedimiento de selección no provino de la
revocatoria del acto de adjudicación, sino de la constatación por parte de la
entidad de que ninguno de los restantes proponentes cumplía con la totalidad de
requisitos del pliego de condiciones, lo que inclusive supuso que, previa la
expedición del acto, se elaborara un nuevo informe de evaluación37.
• En consecuencia, la interpretación forzada (como la calificó la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal) del inciso 3 del artículo 9 de la
Ley 1150 de 2007 tuvo lugar a efectos de revocar el acto de adjudicación; pero
no con el propósito de declarar desierto el procedimiento.
77. Recuérdese que la responsabilidad disciplinaria es personal y en su
estructuración subyace la obligación para la autoridad de constatar que la actuación
concreta, específica e individualizada del servidor público se adecue a un
comportamiento previsto en la ley como falta disciplinaria. En ese orden, no basta
con que en el mundo jurídico sea reprochable el desconocimiento del artículo 9 de
la Ley 1150 de 2007 como forma de incurrir en una falta grave por la lesión de un
deber (artículo 34.1 de la Ley 734 de 2002), sino que el supuesto fáctico debe
adecuarse al tipo normativo, lo que, como también se precisó, no puede llevar a una
decisión distinta de la absolución disciplinaria si esa falencia es detectada cuando
la imputación ya no es provisional (como en el pliego de cargos) sino definitiva
36 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de julio de 2021. Exp. 05001-23-33-
000-2015-01199-01 (3892-2022). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
37 Según se advierte al consultar la plataforma SECOP I, en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-85277. Fecha de consulta:
17/04/2026.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-00894-01 (1634-2025)
(realizada por la autoridad a instancias del recurso de apelación).
78. Como, en síntesis, no se superó el juicio de tipicidad, lo procedente es
confirmar la sentencia apelada en este aspecto. En consecuencia, es necesario
detenerse en el recurso de apelación del demandante, relacionado con la decisión
de no acceder al reconocimiento de perjuicios morales.
79. La Sala anticipa que este punto también se confirmará, porque si bien esta
Corporación ha admitido que (i) su procedencia es posible, cuando se debate sobre
la legalidad de los actos que imponen sanciones disciplinarias y que (ii) la carga de
la prueba es de quien los reclama, pero sin que se imponga una tarifa en ese
sentido, no es menos cierto que para su reconocimiento no basta con el relato de
sentimientos de tristeza, aflicción o congoja, ni con que la prensa hubiese divulgado
el contenido de un acto sancionatorio.
80. Lo anterior significa que los medios de prueba deben llevar a que la autoridad
judicial concluya que existen afectaciones en la psique del demandante que son
atribuibles a quien expidió los actos demandados y que estas desbordan los
parámetros que la jurisprudencia ha considerado como normales en este tipo de
situaciones.
81. En esa medida, la existencia de notas de prensa relacionadas con la sanción
disciplinaria mal podría tomarse como la forma en que se generó, por la actuación
de la demandada, un daño de tipo moral, pues ante todo hay en el ejercicio de la
función pública un componente que es propio del control ciudadano y que puede
materializarse en tales manifestaciones.
82. Tampoco es posible admitir que una sanción disciplinaria genera por su sola
imposición, un perjuicio moral, en la medida en que un correctivo de este tipo, dada
su naturaleza, constituye una restricción y, sin lugar a dudas, impacta a nivel
emocional a los servidores públicos; no obstante, para que de allí se derive la
afectación propia del perjuicio moral, es necesario que se demuestre que del
ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria se derivó una actuación tan arbitraria
que produjo en el sancionado una aflicción superior a la que se ha descrito.
83. En la audiencia de pruebas, celebrada el 2 de octubre de 201938, los señores
León Jaime Martínez Uribe39 y Juan Diego Restrepo40 y las señoras Clara Luz Mejía
Vélez41, María Teresa Muñoz42 relataron que en la prensa se publicaron notas
relacionadas con la imposición de la sanción, que esto afectó tanto al señor Valencia
Correa como a su familia y que inclusive, a voces de la señora Mejía Vélez, el
demandante le manifestó lo complejo que era el ejercicio de la función pública. No
obstante, de sus narraciones no se extrae que los sentimientos de tristeza, aflicción
resultaran superiores a los que experimenta cualquier servidor público que se sabe
disciplinariamente sancionado.
38 Acta visible en los folios 329 a 332 del cuaderno principal y grabaciones disponibles en el CD marcado como
«2015-0894» «8 folio 333», visible en el grupo 2 de CDs del folio 1 bis del cuaderno principal.
39 Archivo «0500123330020150089400 02-10-2019 GMGM PARTE 1-4»
40 Archivo «0500123330020150089400 02-10-2019 GMGM PARTE 4-4»
41 Archivo «0500123330020150089400 02-10-2019 GMGM PARTE 2-4»
42 Archivo «0500123330020150089400 02-10-2019 GMGM PARTE 3-4»
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-00894-01 (1634-2025)
84. Mal podría concluirse que la existencia de notas de prensa sobre el asunto
implique una afectación al buen nombre y la honra y menos endilgarle tal situación
a la demandada, pues como ya se dijo, y como los mismos declarantes lo
manifestaron, el señor Valencia Correa ejercía la función púbica y, en ese orden,
sus actuaciones se encontraban sometidas también al control ciudadano.
85. En cuanto a la actuación de la Procuraduría General de la Nación, calificada
como «injusta» por el apelante, lo cierto es que del trámite disciplinario no se
advierte, como también se dijo en líneas previas, el ejercicio arbitrario de la potestad
disciplinaria, porque de lo que da cuenta el examen de legalidad de los actos
demandados es de un inadecuado juicio de tipicidad, no de la estructuración de un
procedimiento disciplinario pese a la ausencia de un comportamiento reprochable.
86. En esos términos, se confirmará la sentencia apelada, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
De la condena en costas en esta instancia
87. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
88. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
89. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
90. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia, por cuanto no
se accedió a las pretensiones de ninguno de los recursos de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. RECONOCER personería al abogado Carlos Julio Castro Palacios,
identificado con la cédula de ciudadanía 70.084.157 y portador de la tarjeta
profesional 127.457 del C.S. de la J. para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en archivo 032 del
expediente digital, radicado 05001233300020150089400.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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