Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00375-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00375-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00375-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00375-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AMPARA
derecho fundamental al debido proceso – configuración del defecto fáctico.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 21 de enero de 2026, Sebastián Álvarez Diaz presentó acción de tutela en busca
de que se dejara sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2025 proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió en contra de la
Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que se declarara la nulidad
del acto administrativo a través del cual fue sancionado disciplinariamente.
2. A través de la providencia cuestionada, la autoridad accionada revocó la decisión
de primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda. En su lugar,
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control. Señaló que el
cómputo del término de los cuatro meses para acudir a la jurisdicción empezó a
transcurrir el 19 de diciembre de 2014, esto es, al día siguiente en que se notificó al
demandante de la resolución mediante la cual se ejecutó la sanción disciplinaria que
le fue impuesta. Indicó que dicho plazo se suspendió el 13 de marzo de 2015, fecha
en la que se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, y se reanudó el 28 de
abril de ese mismo año, es decir, al día hábil siguiente a la expedición de la
constancia de no acuerdo conciliatorio. En consecuencia, concluyó que el término se
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 05001-23-33-000-2015-01201-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
extendió hasta el 3 de junio de 2015. No obstante, la demanda se presentó el 11 de
junio posterior, cuando ya había caducado la acción.
3. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que la autoridad
enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia por incurrir en un defecto fáctico, en tanto omitió valorar de
forma íntegra el acervo probatorio.
4. Adujoque, de haberse apreciado en su totalidad, el fallador habría podido
establecer que la demanda fue presentada el 27 de abril de 2015 y no, como
erróneamente concluyó, el 11 de junio de ese mismo año.
5. Para tal efecto, expuso que en los actos atacados se declaró su responsabilidad
disciplinaria junto con la de otras tres personas, quienes formularon inicialmente una
demanda conjunta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, radicada el 27 de abril de 2015. Esgrimió que el conocimiento de ese asunto
correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de Antioquia y se
tramitó bajo el radicado 05001-23-33-000-2015-00894-00.
6. Indicó que, por medio de auto del 25 de mayo de 2015, la magistrada ponente
inadmitió la demanda tras considerar que no era procedente acumular las
pretensiones de los actores. En consecuencia, dispuso que únicamente avocaría el
conocimiento de la demanda impetrada por el señor Mauricio Alberto Valencia
Correa, la cual inadmitiría para su adecuación. En lo que respecta a los demás
accionantes -Sebastián Álvarez Díaz, Juan Carlos Restrepo Monsalve y Oscar
Orlando España Pulido- ordenó el desglose de los documentos, con el fin de que
presentaran sus demandas de manera independiente ante la Secretaría de la
Corporación.
7. Según afirmó, en dicho proveído además se indicó que para efectos del cómputo
de la caducidad, se tendría como fecha de presentación inicial del medio de control
el 27 de abril de 2015, siempre que las nuevas demandas se radicaran dentro del
término de corrección otorgado.
8. Aseguró que, mediante memorial radicado el 11 de junio de 2015, esto es, dentro
del término concedido en el auto inadmisorio, procedió a subsanar lo pertinente y
presentó de forma separada la demanda, la cual fue admitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 4 de noviembre de esa anualidad, bajo el radicado
05001-23-33-000-2015-01201-00.
9. Señaló que el 8 de septiembre de 2023, encontrándose el asunto para proferir fallo
de segunda instancia, presentó un memorial, con el fin de poner de presente la
sentencia emitida por esta Corporación el 6 de julio anterior, dentro del proceso
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
adelantado por el señor España Pulido3, a fin de que se tuviera como precedente,
dado que versaba sobre los mismos actos administrativos y se sustentaba en hechos
y pretensiones sustancialmente idénticas, tanto así, que incluso, inicialmente las
demandas se formularon de manera conjunta, pero que en virtud de lo decidido por
el Tribunal Administrativo de Antioquia se escindieron.
10. Bajo ese contexto, arguyó que la fecha que la autoridad accionada tomó como
referente para la presentación de la demanda -11 de junio de 2015- en realidad
corresponde a la oportunidad en que se dio cumplimiento al requerimiento efectuado
por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el auto del 25 de mayo de 2015, mas
no al ejercicio de la acción.
11. Afirmó que la omisión de valorar esos elementos condujo a la configuración del
defecto fáctico, en tanto dio lugar a la declaratoria de caducidad y,
consecuentemente, impidió que se adoptara una decisión de fondo sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, así como en el memorial en el
que se solicitó la aplicación de la sentencia del 6 de julio de 2023, proferida en el
expediente con radicado 05001-23-33-000-2015-01199-00. En ese orden, indicó que
el juez de lo contencioso-administrativo también incurrió en desconocimiento del
precedente horizontal.
B. Trámite procesal
12. Mediante auto del 26 de enero de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela,
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada; (iii) vincular a la
Procuraduría General de la Nación, en calidad de tercero con interés; (iv) comunicar
la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; (v) requerir a la
Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado para que remitiera copia
digital de los expedientes con radicado número 05001-23-33-000-2015-01201-00/01
y 05001-23-33-000-2015-00894-01.
13. Posteriormente, por medio de auto del 16 de febrero de 2026, se requirió al
Tribunal Administrativo de Antioquia y a la Secretaría de la Sección Segunda de esta
Corporación para que allegaran en su integridad copia íntegra de los procesos
solicitados, por cuanto se advirtió que se trataban de expedientes híbridos y faltaba
la parte física de cada uno.
(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A4
14. Sostuvo que no incurrió en el defecto fáctico endilgado, por cuanto la decisión
cuestionada se sustentó en la valoración de lo acreditado en el expediente. Indicó
3 Tramitado con radicado 05001-23-33-000-2015-01199-00.
4 Intervención digital contenida en 3 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que el cómputo de caducidad del término de caducidad del medio de control se fundó
en las siguientes circunstancias: (i) la fecha de notificación del acto que ejecutó la
medida disciplinaria; (ii) la fecha de presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial y de la expedición de la constancia de no acuerdo y; (iii) la fecha en que
se radicó la demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, según consta en
el folio 79 del cuaderno principal. Así, precisó que en el expediente no reposa el auto
del 25 de mayo de 2015, aludido por la parte actora.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
15. En primer lugar, esta Subsección encuentra que el presente asunto satisface los
requisitos generales para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de
amparo.
16. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al
haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que se
atribuyen a la decisión acusada, la Sala considera que la cuestión que se debate en
esta oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de relevancia
constitucional, en la medida en que se persigue la efectiva protección de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso,
presuntamente vulnerados con ocasión de un vicio en el que incurrió la autoridad
accionada, que condujo a la declaratoria de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por el actor.
17. Aunado a lo anterior, (i) el accionante hizo uso de todos los medios que tenía a su
alcance para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima
transgredidos; (ii) el recurso de amparo constitucional fue ejercido oportunamente
(21 de enero de 2026), pues la notificación de la providencia censurada se realizó el
16 de diciembre de 2025, lo que supone un término razonable; y, (iii) no se trata de
una tutela interpuesta contra una sentencia proferida en un proceso de la misma
naturaleza o respecto de alguna otra providencia frente a la cual este mecanismo de
protección constitucional sea absolutamente improcedente.
18. Superado lo anterior, corresponde a la Sala estudiar las causales específicas de
procedibilidad atribuidas a la sentencia objeto de reproche.
19. La parte actora alegó la ocurrencia, por un lado, de un defecto fáctico, por no
haberse apreciado de forma íntegra el material probatorio obrante en el expediente,
lo cual condujo a tener como fecha de presentación de la demanda un momento
distinto al que efectivamente se radicó la misma e incidió en la declaratoria de
caducidad y, por otro, de un desconocimiento del precedente.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
20. En relación con la caracterización del defecto fáctico, la Corte Constitucional ha
señalado que dicho vicio se configura cuando el juez: (i) omite el decreto y práctica
de pruebas relevantes; (ii) realiza una apreciación defectuosa o contraevidente del
acervo probatorio; o (iii) deja de valorar en su integridad el material probatorio
allegado al proceso5.
21. Particularmente, el defecto fáctico por no haberse apreciado integralmente el
acervo probatorio, se presenta cuando, pese a existir elementos de juicio en el
proceso, el fallador “omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene
en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto
resulta evidente que, de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del
asunto jurídico debatido variaría sustancialmente”6.
22. En ese orden, para que se materialice dicho yerro es necesario que: (i) la decisión
adoptada carezca de respaldo probatorio suficiente o se haya dejado de valorar una
prueba que resultaba determinante para la solución del problema jurídico sometido
a su consideración; y (ii) dicha omisión incida de manera definitiva en el sentido de
la providencia cuestionada.
23. Valoradas las circunstancias fácticas que dieron lugar a la decisión objeto de
reproche, la Sala encuentra que la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación incurrió en el defecto específico que acaba de caracterizarse, conforme
pasa a explicarse.
24. En la sentencia del 28 de noviembre de 2025, la autoridad accionada declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control, bajo las siguientes
consideraciones:
«(…) Del análisis del expediente, la Sala extrae que mediante la Resolución S136126
del 16 de diciembre de 2014 el gobernador de Antioquia ejecutó la sanción disciplinaria
que se impuso, entre otros funcionarios, al señor Sebastián Álvarez Díaz7. Este acto
se notificó personalmente al demandante el 18 de diciembre de 20148.
5 Al respecto, ver, entre otras, sentencias SU-416 de 2015, SU-190 de 2021 y T-168 de 2025.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-902 de 2005.
7 Cita original: “Este parámetro para el cómputo del término de caducidad puede rastrearse desde antaño, siendo
ilustrativas, entre otras, las siguientes sentencias: Sección Segunda. Sentencia del 26 de marzo de 1992. Exp.
3042. C.P. Diego Younes Moreno; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 10 de
mayo de 2001. Exp. 25000-23-25-000-1998-07588-01 (1511). C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda; Consejo de
Estado.
Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de abril de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2010-00085-00
(0795-2010). C.P. Alfonso Vargas Rincón; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
5 de septiembre de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2010-00177-00 (1295-2010). C.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; en la providencia de unificación Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 11 de diciembre de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2005-00012-00 (IJ). C.P. Gerardo Arenas
Monsalve; Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 19 de febrero de 2018. Exp. 11001-03-25-000-
2012-00067-00 (0285-2012). C.P. César Palomino Cortés.”
8 Cita original “Véase folio 2483 del cuaderno 5 del expediente IUS 2013-197817.”
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Significa lo anterior que a partir del 19 de diciembre de 2014 inclusive empezó a
correr el término de 4 meses con que contaba para acudir al juez y demandar los actos
que lo sancionaron. En ese orden, el plazo vencía el 19 de abril de 2015.
Ahora bien, el 13 de marzo de 20159 se radicó ante la Procuraduría Treinta y dos
Judicial para Asuntos Administrativos la solicitud de conciliación extrajudicial. Esta
actuación, según dispone el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, suspendió el término
de caducidad del medio de control. En ese momento, restaban treinta y siete (37) días
para cumplirse los 4 meses contemplados por el literal d) del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011.
La constancia de no acuerdo conciliatorio se expidió el 27 de abril de 201510 , por lo
cual, a partir del día hábil siguiente, se debían contabilizar los treinta y siete (37) días
que restaban para que caducara la oportunidad para demandar; lapso que, según lo
dicho, se extendía hasta el 3 de junio de 2015.
No obstante, según consta en el expediente, la demanda se radicó ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 11 de junio de 201511, esto es, ocho (8) días después
de vencido el término.» (negrilla y subrayado original del texto)
25. No obstante, a partir de la revisión integral de los expedientes requeridos salta a
la vista el error contenido en la sentencia cuestionada al analizar el fenómeno de la
caducidad.
26. Delexpediente contentivo del proceso con radicado 05001-23-33-000-2015-
00894-00, se constató que efectivamente el 27 de abril de 2015, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el aquí accionante
presentó una demanda conjunta con los señores Mauricio Alberto Valencia Correa,
Juan Carlos Restrepo Monsalve y Oscar Orlando España Pulido, con el propósito de
censurar los actos que declararon su responsabilidad disciplinaria.
27. Dicho asunto fue asignado al Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual, a través
de auto del 25 de mayo de 201512, inadmitió la demanda por indebida acumulación
de pretensiones. Dicha autoridad precisó que únicamente avocaría conocimiento de
la acción impetrada por el señor Valencia Correa, la cual sería inadmitida y debía ser
subsanada de acuerdo a los parámetros allí señalados. En lo que respecta a los
demás demandantes, entre ellos, el señor Sebastián Álvarez Díaz, ordenó el
desglose de los documentos, con el fin de que presentaran sus demandas de manera
independiente ante la Secretaría de esa Corporación.
28. En la parte resolutiva de ese proveído, se dispuso expresamente lo siguiente:
« 1. INADMITIR la demanda del señor MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA,
de conformidad con lo previsto en el articulo (sic) 170 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), para que en un
9 Cita original “Según se relata en la constancia que reposa en el folio 140 del cuaderno principal 1.”
10 Cita original “Ibid”.
11 Cita original: “Véase folio 79 del cuaderno principal 1.”
12 Notificado el 28 de mayo de 2015.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
providencia, so pena de rechazo, la parte demandante proceda a cumplir con el lleno
de requisitos que a continuación se relacionan:
1.1- Se adecue la demanda donde únicamente aparezca el señor MAURICIO
ALBERTO VALENCIA CORREA.
(…)
2.- La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor
MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA, en contra de la NACION -
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (sic) continuara en conocimiento de
este Despacho bajo el radicado ya establecido.
3.- INADMITIR la demanda presentada a través de apoderada judicial por los señores
SEBASTIAN ALVAREZ DIAZ, JUAN CARLOS RESTREPO MONSALVE y OSCAR
ORLANDO ESPANA (sic) PULIDO, en contra de la NACION - PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION (sic), a fin de que se proceda a hacer su desglose, se
corrija y se presente en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia para su
debido reparto, de acuerdo a lo expuesto, en un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente providencia, so pena de rechazo.
Para el efecto, si lo considera pertinente, la parte actora podrá tomar copia de este
auto.
Se tendrá como fecha de presentación inicial de la demanda de los señores
SEBASTIAN ALVAREZ DIAZ, JUAN CARLOS RESTREPO MONSALVE y OSCAR
ORLANDO ESPANA (sic) PULIDO, el día 27 de abril de 2015, para efectos de la
caducidad frente al acto acusado, siempre y cuando sean presentadas dentro del
termino de corrección antes señalados.»13 (se destaca)
29. Asimismo, se verificó que en cumplimiento de lo requerido en el auto inadmisorio,
el 11 de junio de 2025 la apoderada de los demandantes presentó un memorial14 en
los siguientes términos:
«ARACELLY TAMAYO RESTREPO (…) actuando en calidad de apoderada de los
doctores SEBASTIAN ALVAREZ DIAZ, JUAN CARLOS RESTREPO MONSALVE y
OSCAR ORLANDO ESPANA (sic) PULIDO, debidamente acreditada dentro del
proceso, en forma respetuosa procede a cumplir con los requisitos señalados por el
Despacho en el auto de fecha 25 de mayo de 2015, notificado por estados el 28 de
mayo de la misma anualidad, de la siguiente manera:
1. Se adecua las demandas de los doctores SEBASTIAN ALVAREZ DIAZ, JUAN
CARLOS RESTREPO MONSALVE y OSCAR ORLANDO ESPAÑA, a fin de que sean
remitidas a la secretaria del Despacho para su correspondiente reparto, con copia de
auto de fecha 25 de mayo de 2015, a fin de que tenga como presentada la
demanda el día 27 de abril de 2015, tal como se determinó en el mencionado
auto. (…)». (se destaca)
30. Igualmente, obra en el expediente constancia secretarial expedida el 17 de julio
13 Visible a folio 186 del expediente 05001-23-33-000-2015-00894-00.
14 Visible a folio 190 del expediente 05001-23-33-000-2015-00894-00.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de 201515, en la que se dejó consignado que la Secretaría del Tribunal procedió al
desglose de las demandas presentadas de forma independiente, asignándose al
proceso del aquí actor el número de radicado: 05001-23-33-000-2015-01201-00.
31. En virtud de lo anterior, en la demanda presentada de manera individual por el
señor Sebastián Álvarez Díaz, que dio origen al nuevo expediente, figura un sello de
radicación con fecha del 11 de junio de 202516, como se evidencia a continuación:
32. Bajo
ese escenario, resulta comprensible que la autoridad accionada hubiera
tomado esa fecha como el momento de presentación de la demanda para efectos
del cómputo del término de la caducidad, más aún si se tiene en cuenta que en el
nuevo proceso no obra el auto del 25 de mayo de 2015 proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
33. No obstante, el hecho de que esa providencia no repose en el expediente
individual no puede atribuirse a una conducta negligente del accionante, pues aquel
obró con la confianza legítima generada por la decisión del Tribunal que reconoció
expresamente la fecha inicial de presentación de la demanda para efectos de la
caducidad y de que, además, esta había sido anexada al proceso independiente,
conforme a lo indicado en el memorial de subsanación. No obstante, al parecer,
debido a un error secretarial en el trámite de desglose no se adjuntó el proveído.
15 Visible a folio 272A del expediente 05001-23-33-000-2015-00894-00.
16 Visible a folio 79 del expediente 05001-23-33-000-2015-01201-00.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
34. En todo caso, la Sala no puede pasar por alto que en el nuevo proceso obraban
otros elementos que daban cuenta de la existencia de esa decisión, aun cuando no
estaba en el expediente, los cuales, apreciados en conjunto con el sello de radicación
de la Secretaría, podrían haber generado al juez de segunda instancia, cuando
menos, una duda en torno a la fecha exacta de presentación de la demanda, así
como la necesidad de verificar los antecedentes procesales.
35. En efecto, se tiene que en el acta de reparto 17 aparece una anotación secretarial
manuscrita en la que se indicó “presentación de demanda ver auto del 25 de mayo /
15”, como pasa a verse:
36. Asimismo, en el fallo de primera instancia, previo a abordar el estudio de fondo, el
Tribunal Administrativo de Antioquia analizó la caducidad y concluyó que la acción
se ejerció oportunamente. A esa conclusión arribó, señalando como fecha de
17 Visible a folio 143 del expediente 05001-23-33-000-2015-01201-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
presentación de la demanda el 27 de abril de 2015 y citando como fundamento el
numeral 3° del auto dictado el 25 de mayo de ese mismo año, dentro del expediente
inicial, según se evidencia a continuación:
37.
38. Aunado a lo anterior, el 8 de septiembre de 2023, encontrándose el proceso para
fallo de segunda instancia, el demandante radicó un memorial18, en el que solicitó la
aplicación de la sentencia emitida por esta Corporación el 6 de julio anterior, dentro
del proceso adelantado por el señor España Pulido. Para tales efectos, puso de
presente al ad quem que las demandas fueron presentadas inicialmente de manera
conjunta, pero que, en virtud de lo decidido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, se escindieron, así:
« (…) La importancia de esta decisión, es que en la misma se decide la nulidad de los
actos administrativos que son demandados en este proceso, y cuya unidad procesal
se debió escindir por decisión asumida por el Tribunal Administrativo de Antioquia al
momento de avocar el conocimiento del medio de control propuesto y decidir sobre la
admisión de las sendas acciones que fueron acumuladas en una sola demanda (…).
Como se puede revisar en el trámite del proceso, y en el auto inadmisorio de la
demanda, la misma fue integrada por cuatro demandantes a saber: OSCAR ESPAÑA
18 Visible a índice 11 del expediente digital de segunda instancia.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
PULIDO, MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA, JUAN CARLOS RESTREPO
MONSALVE Y SEBASTIAN ÁLVAREZ DIAZ, por cuanto, tanto los hechos, como las
pretensiones—salvo la cuantía del restablecimiento—son idénticos, el quebranto
normativo y la comunidad de pruebas presentadas es totalmente igual para todos los
demandantes, por lo cual se consideró que debían acumularse en el trámite de una
sola demanda.
Sin embargo, por decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la demanda que
fue unificada para cuatro funcionarios a quienes cobijaron los actos administrativos
cuya nulidad se depreca, debieron separarse para cumplir con los requisitos de
admisión exigidos por la judicatura, sin embargo, en el trámite de ambos procesos,
esto es, el surtido por Oscar España Pulido y Sebastián Álvarez Diaz se decretaron y
practicaron las mismas pruebas, de tal cuenta que ambos procesos guardan identidad
en hechos, pretensiones y pruebas (…)».
39. En tales condiciones, si bien el defecto endilgado pudo haberse generado a causa
de un error involuntario de la Secretaría del Tribunal, la cual, al momento del
desglose de las demandas, no anexó copia del proveído del 25 de mayo de 2015, lo
que explicaría -en principio- que la autoridad accionada hubiese tomado como
referencia el sello de radicación visible en el proceso sometido a su consideración,
lo cierto es que en el expediente existían otros elementos que imponían al fallador el
deber de realizar una verificación más exhaustiva previo a declarar probada la
excepción de caducidad.
40. La fecha de radicación de la demanda indicada en la providencia cuestionada se
sustentó, en esencia, en un único elemento fáctico -el sello de radicación-, sin
confrontarlo con el acta de reparto, el análisis efectuado por el a quo, ni las
manifestaciones hechas por el demandante en el trámite de segunda instancia.
41. Dicha omisión condujo a la configuración de un yerro susceptible de amparo
constitucional, por cuanto a partir de esa falencia probatoria la autoridad accionada
arribó a una conclusión que, de haberse realizado una valoración integral del acervo
probatorio, pudo haber sido distinta o, cuando menos, advertir la necesidad de
esclarecer la fecha para el cómputo del término de caducidad.
42. Lo anterior, además, incidió de manera definitiva en el sentido de la decisión
cuestionada, pues fue precisamente la conclusión relativa a la extemporaneidad de
la acción con fundamento únicamente en el sello de radicación de la demanda, la
que impidió un pronunciamiento de fondo sobre los argumentos planteados en el
recurso de apelación.
43. Cabe reiterar que aunque la configuración del defecto alegado no se deriva
propiamente de una actuación arbitraria o caprichosa de la autoridad judicial
accionada, su corrección está vinculada a la necesidad de propiciar la adopción de
una decisión ajustada a la realidad. En ese sentido, se procederá a conceder el
amparo solicitado en la demanda de tutela de la referencia en lo que respecta al
defecto fáctico.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
44. En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2025,
para que, en su lugar, la autoridad accionada emita una decisión de reemplazo, en
la que realice un nuevo estudio de la caducidad del medio de control, teniendo en
cuenta las circunstancias fácticas descritas en precedencia, y de ser el caso, adopte
las determinaciones probatorias que considere pertinentes.
45. Así las cosas, considerando que se dispondrá dejar sin efectos la decisión
cuestionada para que se examine nuevamente la caducidad, no hay lugar a emitir
algún pronunciamiento sobre el alegado desconocimiento del precedente19, pues
este reparo parte del supuesto según cual, al declarase la caducidad, la autoridad
accionada se abstuvo de realizar un análisis de fondo sobre la controversia planteada
y, por ende, no dio aplicación a la sentencia invocada como precedente.
46. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y debido proceso de la parte actora.
SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 28 de
noviembre de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 05001-23-33-000-2015-01201-01, para que, en el término de veinte (20)
días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una
decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE20
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
19 En la sentencia SU-146 de 2020 la Corte Constitucional indicó que una vez se verifica la configuración de uno
de los defectos alegados, no es necesario examinar los restantes para adoptar una decisión debidamente
motivada.
20 VF
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00375-00
Demandante: Sebastián Álvarez Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.