Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-01400-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-01400-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2015-01400-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
13 de julio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2015-01400-01 (62.521)
Actor: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
Demandados: WÍLMER ROLANDO SIZA RAMÍREZ Y OTROS
Medio de control: REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Síntesis del caso: se dirige la acción de repetición contra nueve integrantes del Ejército Nacional
que en operativo realizado el 8 de agosto de 2005 produjo la muerte de una persona con armas
de dotación oficial, por estos hechos la entidad demandante fue obligada a reparar perjuicios
mediante sentencia dictada en acción de reparación directa cuyo pago pretende recuperar.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 23 de agosto de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad por medio de la cual
decidió lo siguiente:
“PRIMERO. SE NIENGAN las súplicas de la demanda elevadas por la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, en
contra de los señores WÍLMER ROLANDO SIZA RAMÍREZ, WÍLLIAM
JÓNATHAN VÁSQUEZ, JHON FREDY CHAVERRA HERRERA,
CARLOS URREGO MARULANDA, JHON MENA GONZÁLEZ,
RÓBERT MARTÍNEZ OSTEN, GERMÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
EGIDIO RUIZ ESTRADA Y ANTONIO ENSUNCHO COGOLLO,
conforme a las razones expuestas en la motivación precedente.
SEGUNDO. SE CONDENA en costas a la entidad demandante, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso.
TERCERO. En firme esta providencia, procédase al archivo del
expediente (fls. 240 respaldo y 241 cdno. ppal – mayúsculas
sostenidas del texto original).
I. ANTECEDENTES
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Expediente 05001-23-33-000-2015-01400-01 (62.521)
Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 9 de julio de 2015 (fl. 1 cdno. 5), la Nación –
Ministerio de Defensa promovió demanda de repetición en contra de los señores
Wílmer Rolando Siza Ramírez, Wílliam Jónatan Vásquez, Jhon Fredy Chaverra
Herrera, Carlos Urrego Marulanda, Jhon Mena González, Róbert Martínez
Osten, Germán Sánchez Sánchez, Egidio Ruiz Estrada y Antonio Ensuncho
Cogollo con las siguientes súplicas:
“PRIMERO: se DECLARE RESPONSABLE a los TE WÍLMER
ROLANDO SIZA RAMIREZ; C3 WÍLLIAM JONATAN VÁSQUEZ; SLP
JHON FREDY CHAVERRA HERRERA; SLP CARLOS URREGO
MARULANDA; SLP JHON MENA GONZÁLEZ; SLP RÓBERT
MARTÍNEZ OSTEN; SLP GERMÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ; SLP
EGIDIO RUIZ ESTRADA y SLP ANTONIO ENSUNCHO COGOLLO;
de los perjuicios ocasionados a la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, como consecuencia del pago que la entidad
demandante efectuó al señor JAIME DE JESÚS VAHOS VALENCIA
Y OTROS, en cumplimiento de la sentencia del Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Medellín de fecha 10 de Febrero de
2010, confirmada y modificada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia mediante sentencia del 22 de Junio de 2012, debidamente
ejecutoriada el día 13 de Agosto de 2012.
SEGUNDO: se CONDENE a los señores TE WÍLMER ROLANDO
SIZA RAMÍREZ; C3 WÍLLIAM JONATAN VÁSQUEZ.; SLP JHON
FREDY CHAVERRA HERRERA; SLP CARLOS URREGO
MARULANDA; SLP JHON MENA GONZÁLEZ; SLP RÓBERT
MARTÍNEZ OSTEN; SLP GERMÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ; SLP
EGIDIO RUIZ ESTRADA y SLP ANTONIO ENSUNCHO COGOLLO, a
cancelar la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y OCHO PESOS CON 15/100 M/CTE ($490.948.272.15), a favor de
la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
suma que pagó esta entidad por concepto de capital a favor del señor
JOSÉ OLIVERIO VAHOS ESTRADA Y OTROS, mediante la
Resolución N° 5050 de Fecha 11 de Julio de 2013, en cumplimiento
de la Sentencia del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Medellín de fecha 10 de Febrero de 2010, confirmada y modificada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 22 de
Junio de 2012, debidamente ejecutoriada el día 13 de Agosto de 2012.
TERCERO: se CONDENE a los señores TE WÍLMER ROLANDO
SIZA RAMÍREZ; C3 WÍLLIAM JONATAN VÁSQUEZ; SLP JHON
FREDY CHAVERRA HERRERA; SLP CARLOS URREGO
MARULANDA; SLP JHON MENA GONZÁLEZ, SLP
RÓBERT MARTÍNEZ OSTEN; SLP GERMÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ;
SLP EGIDIO RUIZ ESTRADA y SLP ANTONIO ENSUNCHO
COGOLLO a cancelar intereses comerciales a favor del MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL, desde la ejecutoria de la providencia que
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
ponga fin al presente proceso.
CUARTO: Que la sentencia que ponga fin al proceso, reúna los
requisitos de los arts. 99, y 187 del Nuevo Código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011),
que en ella conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible
a fin de que preste mérito ejecutivo.
QUINTO: Se ajuste la condena tomando como base el índice del
precio al consumidor.” (fls. 3 a 4 cdno. 5 – subrayado y mayúsculas
sostenidas del texto original).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El 7 de agosto de 2005, el joven José Oliveiro Vahos Estrada se transportaba
en un vehículo tipo “chiva” en el sector de la vereda Pailania (Antioquia),
automotor que fue detenido por personal de las fuerzas militares, quienes le
ordenaron que bajara de este sin dejarlo volver a subir y, luego, fue reportado
muerto en combate.
2) La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos
Humanos formuló pliego de cargos el 31 de mayo de 2012 en contra de los ahora
demandados, quienes estaban adscritos a tropas del Batallón del Grupo de
Caballería Mecanizado Juan del Corral no. 4 del Ejército Nacional para la época
de ocurrencia de los hechos.
3) Como consecuencia de lo anterior, los padres y hermanos del joven José
Oliveiro Vahos Estrada ejercieron acción de reparación directa en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, proceso que culminó con
sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el
22 de junio de 2012.
4) En cumplimiento de la referida decisión judicial la entidad demandada expidió
la resolución no. 5050 del 11 de julio de 2013 en la que se ordenó el
reconocimiento de la suma de $490’948.272,15 en favor de los demandantes, la
cual fue cancelada el 17 de julio siguiente, como consta en el certificado
expedido por la tesorería de la entidad.
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
Con base en los anteriores hechos la parte demandante efectuó el siguiente
razonamiento de responsabilidad:
1) La entidad considera que los demandados actuaron con dolo por omitir un
procedimiento regular en el ejercicio de una actividad peligrosa, pues, dieron
muerte a una persona sin que se hubiera acreditado que pertenecía a un grupo
armado al margen de la ley.
2) Lo anterior se prueba con i) las consideraciones de los falladores del proceso
de reparación directa, quienes dieron cuenta de una falla del servicio por omisión
de protección o extralimitación en el cumplimiento de sus funciones por parte de
los soldados, y de que no hubo conducta imprudente por parte de la víctima; ii)
el proceso disciplinario, en el que se determinó que el comportamiento asumido
por los demandados desbordó la función pública a ellos asignada, por ejecutar
una conducta que trascendió la misión constitucional de la Fuerza Pública, que
es la protección a la vida e integridad de las personas; iii) unas declaraciones
que dieron cuenta de que aquel día a la víctima la dejaron retenida y luego
apareció dada de baja en combate, lo que quiere decir que se encontraba bajo
la custodia de los militares, razón por la cual resulta insólito que al día siguiente
se lo encontrara en un sitio rural distinto y portara armamento; y iv) el pliego de
cargos de la procuraduría.
3) No hay conducta que justifique la muerte del joven José Oliveiro Vahos
Estrada porque, así se hubiere probado que pertenecía a algún grupo al margen
de la ley, debían dejarlo a disposición de las autoridades judiciales, quienes son
las únicas legitimadas para juzgar conductas irregulares de la probación civil,
con garantía de un debido proceso.
4) La conducta desplegada por los agentes estatales constituye una vulneración
de las normas de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario,
pues, el uso de las armas no se desplegó con criterios de necesidad, idoneidad
y proporcionalidad, se trataba de una persona retenida que estaba bajo su
protección, todo lo cual evidencia un comportamiento doloso por parte de los
soldados demandados.
2. Posición de los demandados
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Repetición - apelación de sentencia
Por medio de curador ad litem la parte demandada se opuso a las pretensiones
de la demanda y, aunque declaró que los hechos enunciados en esta eran
ciertos, dijo que no le constaba que el comportamiento de los accionados se
encuadrara en un actuar doloso y, adhirió a las pruebas aportadas y solicitadas
por la entidad demandante (fls. 166 a 168 cdno. 5).
3. Audiencia inicial
Ante la inexistencia de causal de nulidad el magistrado ponente tuvo por
saneado el proceso, la parte demandante no propuso excepción alguna,
tampoco se encontró probada ninguna de oficio y fijó el litigio en los siguientes
términos:
“El problema jurídico principal que deberá resolver el tribunal en el
momento de emitir sentencia de fondo, consiste en establecer si
existe mérito para declarar la responsabilidad patrimonial de los
señores WÍLMER ROLANDO SIZA RAMÍREZ, WÍLLIAM JONATAN
VÁSQUEZ, JHON FREDY CHAVERRA HERRERA, CARLOS
URREGO MARULANDA, JHON MENA GONZÁLEZ, RÓBERT
MARTÍNEZ OSTEN, GERMÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, EGIDIO RUIZ
ESTRADA Y ANTONIO ENSUNCHO COGOLLO, en relación con el
pago efectuado por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional tuvo,
por virtud de la condena impuesta por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Medellín, a través de la sentencia
proferida el 10 de febrero de 2010, confirmada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante sentencia emitida el 22 de junio
de 2012, dentro del proceso radicado con el número
05001333100820070012901, por valor de $490’948.272,15.
El Despacho tendrá como hechos admitidos, los siguientes:
• La emisión de una sentencia por parte del Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Medellín, dentro del proceso
radicado con el número 05001333100820070012901, el 10 de
febrero de 2010, confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante sentencia emitida el 22 de junio de 2012, en
la cual se dispuso condenar a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, por virtud de la muerte del señor José Oliveiro
Vahos Estrada, ocurrida el 7 de agosto de 2005, en el municipio
de Cocorná -Ant.-
• El pago que la entidad demandante efectuó en favor de las
personas que resultaron favorecidas con la condena, por valor de
$490.948.272,15.
• La vinculación de los demandados al servicio militar y la
investigación disciplinaria que se adelantó en su contra por los
hechos que dieron origen a la condena impuesta a cargo de la
entidad demandante.
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
De igual modo, se tendrán como hechos discutidos, cuya prueba
queda a cargo de la entidad demandante, los siguientes:
Todos aquellos relacionados con las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que se desataron los hechos que dieron origen a la condena
impuesta a través de las sentencias proferidas en primera y segunda
instancia, los días 10 de febrero de 2010 y 22 de junio de 2012, que
en todo caso guardan estrecha relación con la responsabilidad
patrimonial que se le imputa a los demandados.” (fls. 173 a 175 cdno.
5 – mayúsculas fijas del original).
Consignó que como los demandados se encontraban representados por curador
ad litem no era posible agotar la etapa de conciliación y, luego, procedió a
decretar las pruebas documentales allegadas y solicitadas por la parte
demandante, dentro de las cuales se encontraba la solicitud de que se allegaran
copias de los procesos disciplinarios y penales adelantados en contra de los
demandados, pero, denegó las demás peticiones probatorias por considerarlas
innecesarias, impertinentes e inútiles debido a que ya se encontraban en el
expediente.
4. Alegatos de conclusión de primera instancia
Dado que no fue necesaria la celebración de la audiencia de pruebas se corrió
el respectivo traslado a las partes para que presentaran por escrito sus alegatos
de conclusión (fl. 215 cdno. 5).
1) La entidad demandante (fls. 218 a 223 cdno. 5) adujo que los elementos
objetivos de la acción se probaron y, en cuanto al elemento subjetivo, aseguró
que las conductas de los agentes se encuadran en las presunciones primera y
cuarta del artículo 5 de la Ley 678 de 2001; la primera, porque cuando
arremetieron con sus armas en contra de civiles inocentes respecto de quienes
les asistía el deber de proteger, realizaron un hecho ajeno a las finalidades del
servicio del Estado lo cual implica una desviación de poder, con el fin de obtener
reconocimientos operacionales reportando civiles asesinados como guerrilleros
dados de baja en combate; la segunda, debido a que en contra de los
demandados se profirieron sentencias penales y disciplinarias condenatorias en
contra suya, a título de dolo.
2) La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad en providencia
del 23 de agosto de 2018 (fls. 232 a 241 cdno. ppal.) denegó las pretensiones
de la demanda por encontrar que no se probaron los hechos de las presunciones
invocadas, especialmente, porque no se allegaron al proceso las sentencias
condenatorias en contra de los demandados, solamente la formulación de pliego
de cargos disciplinarios y la resolución de acusación penal en contra de algunos
de ellos, ninguna decisión de las cuales es definitiva; además, que no se puede
tener como prueba del dolo los argumentos de las sentencias de primera y
segunda instancias en el proceso de reparación directa para condenar en
repetición porque no se trata de una responsabilidad individual sino de la entidad.
6. El recurso de apelación
La parte demandante (fls. 244 a 253 cdno. ppal.) solicitó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia con base en que, si bien todavía no se encuentra
concluido el proceso penal en contra de los demandados, la investigación
permite determinar con certeza la intención de causar daño en la ejecución de la
conducta que determinó el homicidio de un ciudadano inocente con la finalidad
de reportar resultados, puesto que a ninguno de ellos se los ha exonerado dentro
de dicho proceso.
Solicitó que en caso de no aceptarse la tesis del dolo, se examine la presunción
primera del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 sobre la culpa grave en tanto los
agentes produjeron un daño antijurídico con infracción directa a la Constitución
o de la ley.
Por último, pidió que en caso de confirmarse la decisión objeto de apelación se
revoque la condena en costas porque estas no se causaron.
6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
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Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en
costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna1, corresponde a la Sala determinar
si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad personal a
los señores Wílmer Rolando Siza Ramírez, Wílliam Jónatan Vásquez, Jhon
Fredy Chaverra Herrera, Carlos Urrego Marulanda, Jhon Mena González, Róbert
Martínez Osten, Germán Sánchez Sánchez, Egidio Ruiz Estrada y Antonio
Ensuncho Cogollo, por la muerte del joven José Oliveiro Vahos Estrada, hecho
por el cual fue condenada responsable patrimonialmente la entidad ahora
demandante por la justicia contenciosa administrativa y obligada a resarcir los
perjuicios causados a la familia de la víctima2.
La sentencia impugnada será confirmada debido a que no se demostró la
conducta dolosa de los servidores públicos demandados, no hay pruebas en este
proceso que indiquen que alguno o todos ellos tuvieron la intención de
1 Según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición debe presentarse dentro de
los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la
entidad pública, y conforme los criterios dados en la sentencia C-832 de 2001 de la Corte
Constitucional el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que
efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses
previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo.
En este asunto objeto de estudio, la sentencia del 22 de junio de 2012 emitida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Decisión, que confirmó
el fallo proferido el 10 de febrero de 2010 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Medellín, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso de reparación
directa promovido por los familiares del joven José Oliveiro Vahos Estrada, quedó ejecutoriada
el 13 de agosto de 2012 (fl. 32 cdno. 5). Dado que el pago se realizó dentro del plazo de los 18
meses, esto es, el 30 de julio de 2013 (fl. 125 cdno. 5), el término para demandar fenecía el 31
de julio de 2015, pero, como la demanda fue radicada el 9 de julio anterior lo fue dentro del
tiempo fijado en la norma procesal.
2 La Subsección tiene competencia para dirimir el presente proceso porque, pese a tratarse de
hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, no hay prueba en el expediente de que los
demandados se hubiesen postulado ante la JEP y hubiesen sido acogidos por esta, de
conformidad con lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera en el auto proferido el 9
de diciembre de 2021.
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
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desaparecer y dar muerte de manera irregular al joven José Oliveiro Vahos
Estrada.
Para lo anterior la Sala revisará, primero, si los elementos objetivos de la acción
de repetición se hallan acreditados, posteriormente, verificará si los demandados
obraron con dolo en la causación del daño antijurídico por el cual la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional fue condenada a indemnizar perjuicios
en favor de unos terceros y, si como consecuencia de ello deben reembolsar las
sumas pagadas por la entidad demandante.
2. Análisis de la impugnación
Para el análisis del presente caso, la Sala abordará su estudio en el siguiente
orden: 1) generalidades de la acción de repetición, 2) la existencia de una
condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, 3) la acreditación del pago, y 4)
la calificación de la conducta de los demandados.
2.1 Generalidades de la acción de repetición
El artículo 90 de la Constitución Política prevé que en los casos en los que el
Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la
condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de
este3, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01
de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001.
En tal virtud, la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar
los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la
condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, (ii) el
pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o
gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.
2.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio
3 Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
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Para la Sala no hay duda de la existencia de una condena judicial impuesta
contra la parte actora consistente en pagar una suma de dinero pues, se
encuentra en el expediente la copia de la sentencia del 10 de febrero de 2010
del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín (fls. 37 a 55 cdno. 5)
que declaró su responsabilidad patrimonial extracontractual por el daño
antijurídico ocasionado a los familiares del joven José Oliveiro Vahos Estrada
con ocasión de su desaparición y muerte, y ordenó el pago de los perjuicios
causados, decisión que fue confirmada en cuanto a la responsabilidad pero
modificada en relación con el monto a indemnizar, en sede apelación el 22 de
junio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de
Decisión (fls. 57 a 71 cdno. 5).
2.3 La acreditación del pago
Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes
documentos:
1) Resolución no. 5050 del 11 de julio de 2013 del Ministerio de Defensa
Nacional que reconoció, ordenó y autorizó el pago de la suma de
$490’948.278,15 en favor de Jaime de Jesús Vahos Valencia y otros a través de
su apoderada (fls. 93 a 96 cdno. 5).
2) Certificado expedido por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa
Nacional que da cuenta de la cancelación de dicha suma por transferencia
bancaria electrónica el 30 de julio de 2013 (fl. 125 cdno. 5).
El último de los documentos relacionados corresponde a una prueba que se
aviene a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 en cuya vigencia
se tramitó el presente asunto según el cual:
“Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el
certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales
funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba
suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra
el funcionario responsable del daño”.
Lo anterior en armonía con lo previsto en el artículo 166 ibidem que impuso la
prueba del pago como anexo obligatorio de las demandas con pretensiones de
repetición, de donde se colige que esa misma prueba no tachada ni desvirtuada
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Repetición - apelación de sentencia
en el curso del proceso no puede tener un valor diferente a la hora de decidir en
tanto documento público emanado de la autoridad competente para pagar y, que
se presume auténtico al tenor de lo previsto en el artículo 244 del Código General
del Proceso.
2.4 Calificación de la conducta de los demandados
La Sala procede a analizar la conducta de los demandados y la posibilidad de
calificarla como dolosa con sustento en el siguiente derrotero: 1) régimen
aplicable, 2) valoración de los elementos de prueba, 3) hechos probados y 4)
análisis de la conducta específica de los demandados.
2.4.1 Régimen aplicable
Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso debe tenerse en
cuenta que los hechos se refieren a las supuestas actuaciones de los
demandados que tuvieron lugar los días 7 y 8 de agosto de 2005 en la calidad
de miembros del Ejército Nacional, a partir de su participación en un operativo
en el que resultó muerto el joven José Oliveiro Vahos Estrada, época en la que
ya estaba vigente la Ley 678 de 20014 bajo cuyo ordenamiento podría ser posible
analizar el presente caso pero, con las precisiones que más adelante se señalan
respecto de las presunciones allí establecidas.
Los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 prevén los eventos en los que es
posible presumir la culpa grave o el dolo del agente o exagente estatal,
presunciones que corresponden a las denominadas iuris tantum, esto es, que
pueden ser desvirtuadas probatoriamente.
La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad estimó que
las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al
acceso a la prueba, no comprometen el debido proceso y no implican atribución
de culpabilidad en cabeza del demandado5, sin embargo, es deber de la entidad
actora expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave en
orden a permitir que los demandados tengan la oportunidad de ejercer su
4 Promulgada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001.
5 Corte Constitucional, sentencia c-374 de 2002.
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Expediente 05001-23-33-000-2015-01400-01 (62.521)
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derecho de defensa y contradicción frente a un cargo específico, igualmente la
entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la
correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos.
Si bien la demanda se refirió a la Ley 678 de 2001, no se solicitó en esta de
manera puntual la aplicación de ninguna de las presunciones que contemplan
los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, tan solo se adujo que hubo un
desconocimiento de normas constitucionales y de derecho internacional
humanitario alusivas al uso letal de la fuerza como comportamiento que calificó
de doloso, pero, sin encuadrarlo expresamente en ninguna de las presunciones
de la mencionada ley.
Contrario a lo estimado por el tribunal de primera instancia, esas imprecisiones
impiden aplicar las presunciones de la Ley 678 de 2001, pues, es deber de la
entidad actora expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave
desde la demanda, a lo cual se agrega que debe hacerlo de manera clara y
concreta para que los demandados cuenten con la certeza de conocer qué
causal se les endilga y en esa medida tengan la oportunidad de ejercer de
manera real y efectiva su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo
específico, no es de recibo que esos cargos se hagan en los alegatos de
conclusión, como ocurrió en este asunto, porque, de esa manera se vulnera
grave e injustificadamente el derecho constitucional fundamental del debido
proceso y su corolario del de defensa.
En ese sentido, para este caso concreto se entenderá que es deber de la
demandante probar que los accionados obraron con dolo pues, fue ese el
comportamiento al que se aludió en la demanda, y no de los demandados
desvirtuar presunción alguna.
De este modo, con apoyo en los postulados del artículo 63 del Código Civil le
atañe a esta Corporación determinar si los involucrados actuaron con la intención
de provocar los daños por los cuales la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional fue condenada en el proceso de reparación directa.
2.4.2 Valoración de los elementos de prueba
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
Sobre los elementos aportados al proceso se resalta que se allegó como prueba
trasladada una parte del proceso que en un inicio fue adelantado por la justicia
penal militar contra los aquí demandados y luego remitido por competencia a la
Fiscalía General de la Nación (fls. 103 cdno. 5 y 902 y 615 cdno. 1).
Al respecto, la Sala destaca que las pruebas practicadas válidamente en un
proceso podrán trasladarse a otro siempre que en el proceso primitivo se
hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con
audiencia de ella, estas también pueden ser valoradas cuando son allegadas a
petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con
fundamento en aquella o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en
la demanda, y la otra, en el escrito de contestación6.
Acorde con lo anterior, de las piezas procesales que aquí reposan del referido
proceso penal serán tenidas en cuenta aquellas de carácter documental y
testimonial ya que los aquí demandados fueron parte dentro de dicho trámite y
las dos partes lo solicitaron, acerca de las indagatorias y versiones libres por ser
rendidas estas de manera libre y espontánea serán valoradas en conjunto con
otros medios de prueba.
2.4.3 Hechos probados
El conjunto de las pruebas recaudadas arroja lo siguiente:
1) Al Grupo de Caballería Mecanizado no. 4 Juan del Corral del Ejército Nacional
se le encomendó la operación “Ejemplar” como parte de la misión “Justiciero” al
mando del comandante Wílmer Rolando Siza Ramírez el día 8 de agosto de
2005, consistente en efectuar un movimiento táctico nocturno de infiltración,
saliendo desde la Base de La Piñuela, hacia los sectores de Pailania, El
Descanso, Los Limones, Morritos, San Francisco y La Morea del municipio de
Cocorná (Antioquia) con el objetivo de neutralizar y/o reducir cualquier acción
terrorista de organizaciones al margen de la ley, pertenecientes a cuadrillas de
los frentes 9 y 47 de las FARC, cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN y grupos
de autodefensas que delinquían en la jurisdicción, para lo cual se debía
6 Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013,
expediente no. 20601, MP Danilo Rojas Betancourth.
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judicializar, aprehender y, en caso de resistencia armada, combatir (fls. 67 a 70
cdno. 2).
2) Según informe rendido por el comandante Wílmer Rolando Siza Ramírez, en
la aludida operación se dio de baja a “un bandido NN” a quien se lo encontró con
un revólver 3.57 magnum marca Ruger sin número, 8 cartuchos calibre 38 mm,
4 vainillas calibre 38 mm, 28 cartuchos calibre 7.62, una granada de fusil, una
libra de anfor, 1 morral de campaña y documentos alusivos a las FARC (fls. 1574
a 1576 cdno. 1). Sobre estos mismos hechos rindió informe el comandante Juan
Carlos Piza Rodríguez, en el cual, además, agregó que el levantamiento del
cadáver se realizó el 9 de agosto de 2005 en el cementerio central de Cocorná
(fls. 63 a 66 cdno. 2).
3) Según el acta de inspección del cadáver efectuado por funcionario de la
Fiscalía General de la Nación el 9 de agosto de 2005, el occiso NN fue
encontrado con pantalón y camisa camuflados, de conformidad con los
testimonios recibidos en dicha diligencia fue abatido en enfrentamiento armado
con las FARC en la mañana del 8 de agosto de 2005 en la vereda Morritos del
municipio de Cocorná (fl. 7 cdno. 2).
4) El 9 de agosto de 2005, un funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses practicó la necropsia al cadáver NN en el cementerio
municipal, sobre el pasto, en espacio abierto, cuyas prendas las constituían,
entre otras cosas, un pantalón y una camisa camuflados y describió las
siguientes heridas por proyectil de arma de fuego de carga única: un orificio de
entrada en la parte posterior del hombro derecho con salida en la parte anterior
del brazo y otro orificio de entrada en zona paravertebral derecha, novena
vertebra dorsal, con salida por el flanco derecho en límite con mesogastrio (fls.
193 a 195 cdno. 2). Luego, el CTI de la Fiscalía General de la Nación practicó el
examen de identificación dactilar al cuerpo y encontró que correspondía al joven
José Oliveiro Vahos Estrada (fls. 211 a 213 cdno. 2).
El 12 de enero de 2017 la Fiscalía General de la Nación efectuó un estudio
técnico al aludido protocolo de necropsia y concluyó que “los disparos fueron
hechos a una distancia mayor a dos metros, ubicándose el tirador sobre un nivel
superior al del occiso [ambas trayectorias fueron postero-anterior y supero-
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
inferior] y con arma de fuego alcance tipo fusil o ametralladora”, concepto en el
que no se tuvieron en cuenta las condiciones topográficas del terreno ni las
declaraciones de los sindicados o testigos de los hechos (fls. 948 a 949 cdno.
1).
5) Por varias denuncias presentadas ante distintas entidades por la señora
Aracelly Estrada Toro por la desaparición y muerte de su hijo José Oliveiro Vahos
Estrada, se inició una investigación penal (primero, por parte de la justicia militar
y, luego, por la ordinaria), en el curso de la cual todas sus declaraciones fueron
consistentes en asegurar que el 7 de agosto de 2005 su hijo se dirigía de El
Retiro hacia Cocorná en “chiva”, pero, en Pailania, militares del Ejército Nacional
hicieron descender a los pasajeros del vehículo para una requisa y dejaron subir
a todos de nuevo, con excepción de su hijo, que el conductor del vehículo
arrancó y un pasajero le dijo que faltaba una persona, entonces frenó pero un
soldado le hizo señas para que siguiera, de estos hechos se enteró por las
personas que los presenciaron, como el conductor, algunos pasajeros y un señor
que tiene una tienda en el sitio del retén (fls. 4 a 7, 11, 17, 21 a 23, 34 a 35, 310
a 312 cdno. 2 y 1124 a 127 cdno. 1).
6) El señor Gabriel de Jesús Castaño Castaño, conductor del vehículo, rindió la
siguiente declaración juramentada el 12 de octubre de 2005:
“De eso solo sé que en Pailania el Ejército un día domingo como a las
cuatro y media de la tarde nos pidieron una requisa, todo el mundo nos
bajamos del carro a la requisa, luego que nos requisaron, me dijeron
abra la gaveta del carro donde guardo la herramienta y después me
dijeron que siguiera. Cuando me dijeron que arrancara yo arranqué,
llegando al puente de Pailania me dijeron los pasajeros que faltaba
este muchacho porque andaba como pasajero, yo no me di cuenta, yo
paré y un soldado me hizo señas que siguiera y yo seguí, de ahí en
adelante yo no sé nada, yo concia al muchacho porque andaba como
pasajero” (fl. 37 cdno. 2).
Esta declaración fue reiterada 18 de septiembre de 2005 ante la Personería
Municipal de Cocorná (fls. 267 a 268 cdno. 2), el 24 de noviembre de 2005 ante
la Fiscalía 31 Seccional Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario Antioquia (fls. 134 a 135 cdno. 2) y el 3 de marzo de 2009 ante la
Fiscalía 50 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario (fls. 1111 a 1114 cdno. 1).
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7) La señora Dolly Amparo Bonilla, pasajera del vehículo, rindió la siguiente
declaración bajo juramento el 29 de marzo de 2006:
“Yo lo único que sé es que nosotros veníamos en el mismo carro (…)
y ahí en Pailania hubo requisa por los soldados y hasta ahí llegó,
porque no se volvió a subir al carro. PREGUNTADO: ¿el Ejército hizo
bajar a todos los del carro? CONTESTADO: Sí, bajaron hombres y
mujeres y requisaron los bolsos y el carro, todo, no pidieron
documentos. PREGUNTADO: díganos si usted vio que el Ejército le
dijera a José Oliveiro que se quedara. CONTESTADO: tan solo sé que
hasta ahí llegó, no me di cuenta de nada más. PREGUNTADO:
¿entonces usted en qué momento se percató que en el carro faltaba?
CONTESTADO: al no subirse pensé que iba para San Francisco,
como no se volvió a subir, yo venía en la segunda banca y José
Oliveiro también venía ahí y como no se volvió a subir entonces pensé
yo que se había quedado para irse para San Francisco” (fls. 49 a 50
cdno. 2).
8) El señor José Noe Tabares Vergara, también pasajero del vehículo, rindió la
siguiente declaración juramentada el 29 de marzo de 2006:
“Él venía en la escalera hasta Pailania, ahí paró el carro, bajó y entró
a tomar fresco en la tienda del señor Jaime Ciro y cuando ya volvía a
subirse al carro ya lo cogió el ejército, a los del carro le dijeron que
siguiera y más adelantito paró y se puso a esperar a Oliveiro y ya los
soldados le dijeron que siguiera y de ahí se lo llevaron para allá donde
ellos estaban habitando. Se llevaron a Oliveiro los soldados para allá
para donde ellos carpan, eso era ahí mismo. Dijeron los soldados que
al muchacho no le pasaba nada y ya él desapareció y hasta la fecha
de hoy no se sabe nada (…), fue un domingo más o menos a las cuatro
y media o cinco (…). PREGUNTADO: díganos si el ejército hizo parar
el bus allí en Pailania y practicó requisa a las personas que viajaban
en el bus escalera. CONTESTADO: Sí practicó la requisa. Nos
hicieron bajar del carro, no nos pidieron papeles (…). PREGUNTADO:
¿entonces usted vio y está seguro de que fue el ejército quien retuvo
al joven José Oliverio Vahos Estrada? CONTESTADO: sí estoy seguro
porque yo iba ahí” (fl. 50 cdno. 2).
9) El señor Jaime Enrique Ciro Botero, dueño de la tienda ubicada en Pailania,
rindió el siguiente testimonio juramentado el 29 de marzo de 2006:
“Un domingo en una requisa que hizo el ejército frente al negocio mío,
ahí lo dejaron y precisamente al otro día simuló el ejército un
enfrentamiento en la vereda Morritos de Corconá porque yo escuché
los tiros, eso fue en las horas de la madrugada. Más tarde por ahí a
eso de las nueve y media de la mañana bajó el ejército con un muerto
hasta Pailania y se ubicaron al lado de allá del puente, pero del puente
del río Santo Domingo, hubo gente que quiso verlo pero nunca lo
dejaron ver de nadie que porque era muy conocido y yo creo que era
él o sea José Oliveiro Vahos, porque el muchacho está desaparecido.
PREGUNTADO: díganos la fecha, si la recuerda, del retén que hizo el
ejército en Pailania. CONRESTADO: la fecha no la recuerdo. Después
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de que el ejército lo retuvo a José Oliveiro, lo dejó entrar a mi negocio
a tomarse una gaseosa y después salieron con él pero no me di cuenta
para dónde pegaron porque yo estaba muy ocupado (…).
PREGUNTADO: ¿entonces no hay duda de que fue el ejército quien
dejó retenido al joven José Oliveiro, allí en el corregimiento de
Pailania? CONTESTADO: no hay duda” (fls. 138 a 139 cdno. 2).
El 3 de marzo de 2009 rindió una nueva declaración ante la Fiscalía 50
Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario en la que relató de manera similar sobre la requisa
militar y la retención de la víctima por parte de miembros del Ejército Nacional,
pero, adicionalmente, dijo lo siguiente:
“PREGUNTA: ¿qué supo usted respecto a qué pasó con José
Oliveiro? RESPUESTA: pues supuestamente dicen que está muerto,
pero yo no puedo asegurar eso porque ese mismo día supuestamente
hubo un enfrentamiento de ellos mismos, del Ejército con la guerrilla.
Y bajaron un muerto al otro día, pero no lo dejaron ver, pero lo que
digo es que a ese muerto lo bajaron los mismos del ejército que
detuvieron a ese muchacho a José Oliveiro, porque yo lo vi (…). Lo
bajaron al río Santo domingo y luego fueron a tomar gaseosa a mi
negocio, llegaron todos sudados y dijeron que habían matado a un
‘hijueputa’ por allá en La cuchilla, por allá llaman Morritos, se llama así
esa vereda. PREGUNTA: ¿qué militares fueron a tomar gaseosa a su
negocio? RESPUESTA: fueron el que apodaban el chupo, Guerra y
Chaverra y el cabo Estupiñán (…). La vereda [Morritos] queda ahí,
comienza el río hacia arriba, era donde ellos, los del Ejército estaban
acampados en esos días, en esos días que ocurrió esa cosa que
dejaron a ese muchacho José Oliveiro ahí (…) Por ahí a unos 300
metros [desde el negocio] comienza Morritos. Es que a Pailania y a
Morritos lo divide el río, el río Santo Domingo. PREGUNTA: (…)
sírvase decir al despacho si usted escuchó cuando este
enfrentamiento se llevó a cabo. RESPUESTA: no, yo no escuché.
Cuando Guerra y Chaverra llegaron a mi negocio a tomar gaseosa me
preguntaron que si yo había escuchado el combate, pero yo les dije
que no, que yo no había escuchado nada. PREGUNTA: ¿es posible
que usted esté en su negocio y que se esté desarrollando un combate
en Morritos y que usted escuche ese combate? RESPUESTA: si no
estoy dormido sí, pero eso fue en la noche y el combate fue por allá
muy alto, fue en las cabeceras de Morritos, es muy lejos de mi negocio,
porque supuestamente donde fue el combate fue como a una hora de
mi negocio, pero la candela se escucha desde muy lejos, eso sí se
escucha, pero yo no escuché nada ese día (…). PREGUNTA: de
acuerdo al informe rendido por los militares (…) y tal como se puede
apreciar en las dos fotografías que le he exhibido, José Oliveiro estaba
vestido con camiseta y pantalón camuflado y botas pantaneras,
sírvase decir al despacho si esa era la ropa que José Oliveiro tenía el
día 7 de agosto de 2005, cuando luego de ser, a su decir, retenido por
el Ejército Nacional, ingresó a su negocio a tomarse una gaseosa.
RESPUESTA. No, esa no era la ropa que llevaba él, él estaba vestido
de pantalón y camisa pero no me acuerdo del color de la ropa, pero
tampoco me acuerdo si era de zapatos y botas pantaneras” (fls. 1115
a 1120 cdno. 1).
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Sin embargo, el 14 de mayo de 2016 (último documento del expediente penal),
el señor Jaime Enrique Ciro Botero rindió declaración extrajuicio bajo la gravedad
de juramento ante la Personería Municipal de Cocorná (Antioquia) en los
siguientes términos:
“Yo lo que les vengo a contar y a pedirle el favor a ver en que me
pueden ayudar porque me di cuenta que de pronto por culpa mía es
que hay unos soldados o unos muchachos detenidos y condenados
que yo no sé ni dónde están, entonces quisiera saber el sitio donde
ellos están a ver si los puedo ayudar, porque bajo presión tuve que
decir lo que no era. Preguntado ¿Explíquenos un poco en que
consistieron los hechos por los cuales usted cree que hay unos
soldados detenidos y condenados? Contestó: Porque en esos días
asesinaron a un muchacho llamado JOSE OLIVERIO VAHOS,
entonces yo tenía una tienda en Pailania y ahí hacía retén el ejército y
entonces dicen que ahí lo bajaron y ahí lo dejaron y que después se
lo llevaron y quedó desaparecido y entonces eso fue lo que me
obligaron a decir a mí porque yo tenía mi negocio ahí y que yo sabía
perfectamente quien lo había asesinado que porque ahí era donde Io
habían bajado de la chiva y entonces por eso ocurrió y yo salí culpando
unos soldados que estaban en la zona que también me obligaron a
negar que no estaban que habían llegado solamente a los hechos y
se habían vuelto y eso soldados precisamente ese día estaban
conmigo en el negocio y pues yo lo resultó culpando. Yo creo que la
guerrilla me empezó a presionar porque como mi negocio quedaba ahí
me daba cuenta de todo lo que pasaba en el sitio (…). Preguntando:
¿Manifiéstenos quién o quiénes lo obligaron a decir lo que usted
manifestó en ese momento? Contestó: Yo fui obligado por integrantes
de las FARC, no sé qué grupo. Preguntado: ¿Por qué sabía usted que
eran integrantes de las FARC? Contestó: porque al negocio mío
llegaban los mercados cada vez que le daban la gana se puede decir
y mercaban y enseguida me pedían la cuenta para saber cuánto era
el costo de la mercancía y entonces yo les daba el total y ellos en
cualesquiera papel (sic) escribían que mi jefe me pagaba y eso nunca,
la plata nunca llegaba ahí llegó a mercar varias veces una muchacha
que la llamaban la tigra integrante de las FARC (…). Preguntado:
¿Cuéntele al despacho las circunstancias en que lo obligaron a usted
a rendir esa declaración que dio en esa época? Contestó: A mí
comenzaron a llegarme al negocio de civil amedrentarme los de las
FARC que si no declaraba en contra del ejército me asesinaban o me
tenía que ir de la región, entonces yo les contesté que ellos veían que
hacían conmigo pero que yo no pensaba declarar en contra del ejercito
con mentiras. Pero que tampoco me pensaba ir de la región, entonces
después llegaron una noche , ya camuflados, también a mi negocio
me sacaron y me llevaron hasta el puente del rio Pailania allá me
pusieron 4 fusiles en el cuerpo me humillaron como les dio la gana,
me tuvieron por ahí 8 horas en esa forma y ahí me dejaron ir a la casa
pero como tampoco les hice caso enseguida me cogieron en
cebaderos me amarraron, me ultrajaron con la pata y me amenazaron
con acabar con la familia, entonces ahí sí me entró miedo porque yo
estaba levantando apenas mis hijos y me dio miedo que me quitaran
la vida a mí o de pronto peor que se la quitaran a mis hijos y a mi mujer
y me dejaran a mi sufriendo y ahí fue cuando me llamaron a santuario
a fiscalía, fui y dije palabras que no eran, yo dije que viendo que ellos
eran los que estaban en la zona dije que ellos no estaban si no que
fueron a cometer el hecho y devolverse. Y voy a decir propiamente Io
que dije yo dije así lo bajaron de la chiva, lo requisaron enseguida lo
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dejaron entrar a mi negocio se tomó una gaseosa o una cerveza no
me acuerdo que fue, después voltiaron la esquina de mi negocio y yo
no lo volví a ver, supuestamente esa noche hubo un combate y al otro
día por la mañana bajaron con un muerto el ejército dije yo allá
envuelto y no lo dejaron ver entonces yo dije así, dije quien iba hacer
JOSE OLIVERIO VAHOS, dije ellos Io mataron entonces la fiscalía
que si conocía alguno de los que habían participado, entonces yo
mencioné a Estupiñán, al teniente Zizas, a Chaverra, y a Guerra, eso
fue todo. Preguntado ¿Manifiéstele al despacho si en realidad usted
observó que el ejército le haya realizado una requisa al joven
mencionado? Contesto: Yo no veía que le hayan realizado ninguna
requisa.” (fls. 2671 a 2673 cdno. 4).
10) El señor Fernando Alfonso Ciro Botero, otro pasajero del vehículo, rindió el
siguiente testimonio bajo juramento el 29 de marzo de 2006:
“El día que desapareció el muchacho él venía en el bus donde yo
venía. Él venía de la vereda El Retiro y yo de la vereda El Cebadero y
en el punto conocido como Pailania, allí lo dejó el ejército. El bus llegó
a Pailania, el ejército estaba allí e hizo bajar a todos los pasajeros, nos
hizo una requisa. Entonces los soldados dijeron que nosotros
siguiéramos y a José Oliveiro le dijeron que él se queda y ya nosotros
seguimos y o supimos más nada de él. PREGUNTADO: díganos si
usted está completamente seguro de que fue el ejército quien retuvo
allí al joven Vahos Estada. CONTESTADO: Sí, el ejército fue que lo
retuvo” (fls. 140 a 141 cdno. 2).
El 3 de marzo de 2009 rindió una nueva declaración ante la Fiscalía 50
Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario en la cual narró de manera similar los anteriores
hechos (fls. 1131 a 1135 cdno. 1).
11) Los soldados profesionales Daniel Andrés Mosquera Urrutia, Ruperto
Antonio Castaño Suaza, Francisco Estupiñán Portocarreño, Javier de Jesús Ruiz
Fernández y Jesús Arley Alzate Orozco, quienes participaron en la operación
“Ejemplar” fueron coincidentes en afirmar, bajo juramento, que en la madrugada
del 8 de agosto de 2005 dieron de baja a un integrante de las FARC en un
combate ocurrido en Morritos, debido a que se encontraban caminando en la
zona y cuando se emboscaron escucharon unos ruidos, frente a lo cual el cabo
Estupiñán efectuó la proclama e inmediatamente los empezaron a atacar con
disparos, motivo por el cual ellos respondieron con armas de fuego también y
cuando este cesó se dieron cuenta de que habían abatido a un integrante del
grupo ilegal, quien estaba vestido con ropa de camuflaje y botas pantanera,
portaba un revólver, varias vainillas, cartuchos y una granada de fusil, así como
un morral y un estatuto de las FARC, su cuerpo lo llevaron ellos mismos en
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camilla improvisada y luego en burro hasta la vereda Pailania porque el terreno
donde había quedado era muy “marañoso” y de difícil acceso (fls. 157 a 174
cdno. 2).
El 21 de septiembre de 2005, los mismos soldados rindieron declaración con
juramento ante la justicia penal militar en el mismo sentido, a nivel general (fls.
556 a 573 cdno. 2).
Por su parte, los solados Javier de Jesús Ruiz Fernández y Ruperto Antonio
Castaño Suaza narraron de forma parecida esos hechos en diligencia de
indagatoria ante la justicia penal militar el 7 de abril de 2006 (fls. 485 a 494 cdno.
2).
12) El soldado Wílmer Rolando Siza Ramírez estaba al mando de dicha
operación y en versión libre se manifestó en similares términos de los demás
soldados (fls. 175 a 178 cdno. 2).
13) En declaraciones rendidas con juramento, realizadas el 22 de septiembre de
2005, los soldados Jhon Darwin Ruiz Estrada, Jhon Fredy Chaverra Herrera,
Germán Darío Sánchez Sánchez, Wílmer Rolando Siza Ramírez, Antonio
Ensuncho Cogollo, Wílliam Jónathan Vásquez, Róbert Alexánder Martínez
Osten, Jorge Iván Pavas Nieves, Egidio Pérez Muñoz, Jhon Mena González,
Norbey Alirio Guzmán Marín y Carlos Mario Urrego Marulanda, quienes
efectuaron el retén militar de Pailania el 7 de agosto de 2005, al mando del cabo
Vásquez y este a su vez al mando del teniente Siza vía radio teléfono porque se
encontraba en la emboscada en Morritos, aseguraron que ese día no retuvieron
a ninguna persona ni hubo ninguna novedad y que no conocían al joven José
Oliveiro Vahos Estrada (fls. 269 a 290 y 443 a 444 cdno. 2).
14) Según el informe de balística forense de la Fiscalía General de la Nación el
arma incautada fue un revólver calibre 38 especial de defensa personal y era
apto para realizar disparos, sin embargo, no se pudo verificar si el arma fue
disparada porque el estudio técnico se realizó en las instalaciones del almacén
de armas incautadas de la Cuarta Brigada (fls. 298 a 300 cdno. 2).
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15) El 3 de abril de 2006, el soldado Wílmer Rolando Siza Ramírez rindió
indagatoria ante la justicia penal militar en la que relató similares hechos a los
narrados en declaraciones anteriores respecto del retén militar y del
enfrentamiento en el que habría sido abatido el joven José Oliveiro Vahos
Estrada, como cuestión adicional explicó que el levantamiento del cadáver no se
realizó en el lugar de los hechos porque era un área de constante presencia de
grupos ilegales lo cual impedía garantizar la seguridad del funcionario
competente y debido a la difícil accesibilidad (fls. 335 a 337 cdno. 2).
El 27 de abril y 5 de mayo de 2009 hizo ampliación de indagatoria ante la Fiscalía
50 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, en la que explicó la situación de orden público de la
región en la época de ocurrencia de los hechos que los llevaron a estar allí y a
hacer la operación y, narró de manera similar lo acontecido en esta y en el retén
militar los días 7 y 8 de agosto de 2005 (fls. 1185 a 1193 cdno. 1). El 1 de
septiembre de 2009 volvió a efectuar ampliación de indagatoria, oportunidad en
la cual reiteró (porque esto lo dijo en todas sus declaraciones previas) que él no
participó directamente en el enfrentamiento, pues, se encontraba a pocos metros
del lugar encargándose de las comunicaciones, se acercó cuando se encontró
el cuerpo del joven abatido (fls. 1369 a 1371 cdno. 1).
Ante la Personería Municipal de Cocorná rindió otra declaración y en esta explicó
que los miembros de su unidad que participaron en el retén fueron Wílliam
Jónathan Vásquez, Jhon Fredy Chaverra Herrera, Jhon Darwin Ruiz Estrada,
Egidio Pérez Muñoz, Germán Sánchez Sánchez, Carlos Urrego Marulanda, Jhon
Mena González, Róbert Martínez Osten y Antonio Ensuncho Cogollo (fls. 124 a
132 cdno. 2).
16) El soldado Wílliam Jónathan Vásquez rindió indagatoria el 15 de octubre de
2009 ante la Fiscalía 50 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la que volvió a decir que en el
retén del 7 de agosto de 2005, que estuvo bajo su mando, no se retuvo a nadie
ni hubo ninguna irregularidad y explicó que al día siguiente montó un puesto de
seguridad en Pailania, a un lado de donde estaba el retén, porque el teniente
Siza le comunicó sobre el enfrentamiento y la dada de baja y en las horas de la
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tarde este con los demás soldados bajaron con el cadáver en un burro (fls. 1436
a 1442 cdno. 1).
17) El soldado Francisco Estupiñán Portocarrero rindió indagatoria el 19 de
octubre de 2009 ante la Fiscalía 50 Especializada de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y dio detalles de la
operación Ejemplar en la cual fue abatido el joven José Oliveiro Vahos, además
de lo que ya había manifestado en declaración anterior, afirmó que él no disparó
en dicho enfrentamiento por ser comandante de la escuadra junto con el teniente
Siza (fls. 1448 a 1455 cdno. 1).
18) El soldado Germán Darío Sánchez Sánchez rindió indagatoria el 20 de
octubre de 2009 ante la Fiscalía 50 Especializada de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la cual afirmó que
él se encontraba en el retén del 7 de agosto de 2005 en Pailania, pero, que él no
realizaba las requisas sino que estaba encargado de la seguridad del retén y que
no vio ninguna irregularidad, que al otro día no estuvo en ninguna misión en
particular y que no supo del enfrentamiento ni de la desaparición y muerte del
joven José Oliveiro Vahos (fls. 1457 a 1462 cdno. 1).
19) El soldado Egidio Pérez Muñoz rindió indagatoria el 2 de diciembre de 2009
ante la Fiscalía 50 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario y afirmó que él estaba encargado de hacer
la requisa en el retén, en el cual también se encontraban los soldados Mena,
Chaverra, Sánchez, Urrego y Vásquez y negó todos los hechos relacionados con
la retención, desaparición y muerte de la víctima, dijo que el objetivo del retén
era encontrar una munición que iba a pasar por el sector para la guerrilla pero
no encontraron nada. Al otro día prestaron seguridad en el puente porque en un
operativo habían dado de baja a alguien y que no se le dio ninguna
condecoración ni incentivo a ningún militar por eso (fls. 1496 a 1501 cdno. 1).
20) El soldado Jhon Jailer Mena González rindió indagatoria el 2 de diciembre
de 2009 ante la Fiscalía 50 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y dijo que se encontraba
haciendo seguridad para el retén a unos metros de distancia, que el 7 de agosto
de 2005 no se retuvo a nadie y que los soldados que participaron en el
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Repetición - apelación de sentencia
enfrentamiento del día siguiente no eran los mismos que estaban en el retén (fls.
1503 a 1509 cdno. 1).
21) El soldado John Fredy Chaverra Herrera rindió indagatoria el 2 de diciembre
de 2009 ante la Fiscalía 50 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, aseguró que él realizaba las
requisas para el día de los hechos pero que no se retuvo a nadie y que al
siguiente día le tocó prestar seguridad en el puente porque bajaban de la otra
escuadra del pelotón con el cadáver de una dada de baja en combate (fls. 1511
a 1517 cdno. 1).
22) El soldado Carlos Mario Urrego Marulanda rindió indagatoria el 3 de
diciembre de 2009 ante la Fiscalía 50 Especializada de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, contó que su misión
de aquel día era requisar los bolsos de las damas en el retén, el cual se
desarrolló con normalidad, no se retuvo a nadie y que al siguiente día se montó
un dispositivo de seguridad en la misma zona de Pailania debido a que se
presentó un enfrentamiento en el que él no participó (fld. 1519 a 1526 cdno. 1).
23) La Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación efectuó un informe
técnico sobre reconstrucción de hechos el 29 de octubre de 2010 y concluyó
que: i) los soldados profesionales que dispararon fueron Daniel Andrés
Mosquera Urrutia, Ruperto Antonio Castaño Suaza y Javier de Jesús Ruiz
Fernández, y que el cabo tercero Francisco Estupiñán Portocarrero y el soldado
profesional Jesús Alzate Orozco no dispararon; ii) las trayectorias de los disparos
son posibles teniendo en cuenta la topografía del terreno y las posiciones
dinámicas adoptadas por la víctima; iii) la vegetación del lugar no es tupida, no
se observaron caminos ni trochas como se describió en las versiones de los
soldados, iv) el soldado Ruperto Antonio Castaño Suaza rindió dos
declaraciones distintas sobre el arma accionada, en una dijo que fue con fusil y,
en otra, con ametralladora, y v) en la inspección judicial se estableció que la
distancia del occiso a los tiradores era de 12.5 metros, en tanto que los soldados
dijeron que estaba a unos 50 y 70 metros (fls. 1723 a 1730 cdno. 3).
24) El 28 de febrero de 2011, la Fiscalía 50 Especializada de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario definió la situación
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Expediente 05001-23-33-000-2015-01400-01 (62.521)
Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
jurídica de los sindicados imponiendo medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento de reclusión en contra de los soldados Wílmer
Rolando Siza Ramírez, Francisco Estupiñán Portocarreño, Javier de Jesús Ruiz
Fernández, Ruperto Antonio Castaño Suaza, Wílliam Jónathan Vásquez,
Germán Daría Sánchez Sánchez, Egidio Pérez Muñoz, Jhon Jailer Mena
González, John Fredy Chaverra Herrera y Carlos Mario Urrego Marulanda como
presuntos coautores responsables en la comisión del delito de homicidio en
persona protegida en concurso con el delito de desaparición forzada, se dispuso
librar orden de captura en su contra y se solicitó la suspensión en el ejercicio del
cargo (fld. 1751 a 1793 cdno. 3).
25) El 24 de junio de 2011, la Fiscalía 50 Especializada de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario calificó
parcialmente el sumario y profirió resolución de acusación en contra de los
solados Wílmer Rolando Siza Ramírez, Wílliam Jónathan Vásquez y Germán
Darío Sánchez Sánchez por su presunta responsabilidad en la comisión del
delito homicidio en persona protegida en concurso con el delito de desaparición
forzada agravada cometidos en detrimento de la vida y libertad personal de José
Oliveiro Vahos Estrada (fls. 2100 a 2140 cdno. 3), decisión confirmada en
segunda instancia por la Fiscalía 45 de la Unidad Delegada ante el Tribunal
Superior de Bogotá el 20 de septiembre de 2011 (fls. 2532 a 2553 cdno. 4).
26) La Unidad Especial de Comportamiento Criminal de la Fiscalía General de
la Nación emitió un concepto técnico sobre el análisis de escena el 13 de febrero
de 2012 en el que concluyó lo siguiente:
“a) Que el deceso materia de investigación no es concordante con
aquellas muertes violentas registradas en combates comprobados
entre la fuerza pública y grupos armados al margen de la ley.
b) Que los hechos en los cuales resultó muerto el señor José Oliveiro
Vahos Estrada no son coincidentes con lo manifestado por los
sindicados, ni concordantes con un posible enfrentamiento armado
entre este y los miembros del Ejército Nacional aquí encartados.
c) Que a pesar de no haberse efectuado la diligencia de inspección a
cadáver en el lugar de los hechos, las imágenes aportadas por los
miembros del Ejército Nacional, así como lo recreado por los
sindicados en desarrollo de la diligencia de reconstrucción, permiten
inferir razonable y objetivamente que estamos en presencia de una
posible escenificación, orientada a desviar la investigación.” (fls. 2437
a 2452 cdno. 4).
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
27) El 10 de febrero de 2010, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Medellín declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios sufridos por los familiares de José
Oliveiro Vahos Estrada con ocasión de su desaparición y muerte, debido a que
la versión de los soldades sobre el combate no tuvo respaldo probatorio alguno
y, por el contrario, la encontró desvirtuada porque el día anterior la víctima fue
retenida por miembros de la entidad cuando se desplazaba en un vehículo tipo
chiva en Pailania, lo cual quiere decir que estaba bajo su custodia, por lo cual le
pareció “insólito” que se lo encontrara al día siguiente en un sitio rural distinto
con armamento, no se realizó prueba de absorción atómica y dactiloscópica al
occiso y, además, se trató de un arma de tipo personal con la cual no era posible
sostener un combate con miembros del Ejército Nacional dotados de armas de
largo alcance. A su juicio, la conducta de los agentes constituyó una vulneración
de las normas de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario
(fls. 37 a 55 cdno. 5).
28) La apelación presentada contra dicha decisión fue resuelta el 22 de junio de
2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Decisión, en
el sentido de confirmar parcialmente la condena impuesta a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por considerar que no hubo conducta
imprudente por parte de la víctima que justificara el ataque armado de los
uniformados, pues, el occiso fue detenido antes de que se presentara el
supuesto enfrenamiento sin que se le hubiera encontrado arma alguna, tampoco
asumió un riesgo superior al permitido debido a que simplemente se desplazaba
en un vehículo de servicio público sin ejecutar acciones lesivas o atentatorias de
bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento legal (fls. 57 a 71 cdno. 5).
29) Por otra parte, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los
Derechos Humanos formuló pliego de cargos el 31 de mayo de 2012 a los
soldados Wílmer Rolando Siza Ramírez, Wílliam Jónathan Vásquez, Jhon Fredy
Chaverra Herrera, Egidio Ruiz Estrada, Germán Sánchez Sánchez, Carlos
Urrego Marulanda, Jhon Mena González, Róbert Martínez Osten y Antonio
Ensuncho Cogollo por encontrar que su comportamiento desbordó la función
pública por desviar la actividad legítima del Estado y ejecutar una conducta que
extralimitó la misión constitucional de la Fuerza Pública como es la protección
de la vida e integridad de las personas, de manera que cometieron un acto ajeno
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
al servicio e incurrieron en una grave violación del Derecho Internacional
Humanitario, por el hecho de haberle causado la muerte al joven José Oliveiro
Vahos Estrada, quien se encontraba en estado de indefensión, no se había
probado que estuviera participando en las hostilidades y, en ese sentido, tenía
la condición de persona protegida (fl.s 107 a 114 cdno. 5). Respecto de este
proceso solo aparece, además, una providencia a través de la cual se resolvió
sobre una solicitud probatoria (fls. 187 a 190 cdno. 5).
2.4.4 Análisis de la conducta específica de los demandados
1) Sobre este caso puesto a consideración de la Sala existe claridad en el
proceso acerca de la calidad de agentes estatales de la mayoría de los
demandados quienes, para la época de los hechos, eran servidores públicos
vinculados al Ejército Nacional de acuerdo con constancias expedidas por el
Grupo de Caballería Mecanizado no. 4 Juan del Corral (fls. 41 a 42, 45, 94 a 103
cdno. 2), sin embargo, respecto del demandado Egidio Ruiz Estrada no aparece
ninguna certificación y en las declaraciones se identifica como participante del
retén militar al soldado Jhon Darwin Ruiz Estrada, nombre que difiere del
demandado, motivo por el cual se decretará de oficio su falta de legitimación en
la casusa por pasiva.
2) A partir de las pruebas previamente relacionadas, los demandados
participaron en el retén militar de Pailania (Antioquia) el 7 de agosto de 2005 en
el que fue visto con vida por última vez el joven José Oliveiro Vahos Estrada,
quienes estaban al mando del comandante Wílmer Rolando Siza Ramírez vía
radioteléfono, pues, este se encontraba en el operativo Ejemplar en el curso del
cual el aludido joven fue dado de baja al siguiente día en un supuesto combate
con miembros de las FARC y por cuya muerte resultó condenada
patrimonialmente la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por
cuanto así se relató en el informe rendido en su momento por dicho militar y lo
aceptaron los demás demandados, al igual que los demás soldados que
participaron en el operativo al rendir las correspondientes declaraciones e
indagatorias dentro del proceso penal seguido en su contra.
3) Reitera la Sala en este punto que, si bien la conducta de los demandados se
desarrolló en vigencia de la Ley 678 de 2001, no son aplicables las presunciones
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Repetición - apelación de sentencia
allí previstas en razón de que los cargos de la demanda no fueron precisos en
cuanto a cuál de los supuestos establecidos en los artículos 5 y 6 de esa ley se
encuadra el comportamiento de los militares, lo que lleva consigo a señalar que
constituye una carga para la entidad demandante el probar que se configura el
elemento subjetivo requerido para que se acceda a las pretensiones de la
demanda.
4) Igualmente, debe advertirse que en la demanda se calificó el actuar de los
militares como doloso, situación que obliga a la Sala a evaluar su conducta en
dichos términos sin que sea de recibo lo expuesto en el recurso de apelación en
el que también se pretende endilgar responsabilidad a título de culpa grave,
pues, esto último va en contravía del debido proceso y del derecho de defensa
de la parte demandada quien, en su momento no tuvo la oportunidad de
pronunciarse frente a este nuevo cargo de la imputación.
5) Pues bien, la Sala encuentra que es cierto que existen una serie de elementos
probatorios a partir de los cuales es posible predicar que la muerte del joven
José Oliveiro Vahos Estrada se produjo en circunstancias irregulares, de ello dan
cuenta los siguientes hechos: (i) la escena de los sucesos fue alterada y el
cadáver fue trasladado por los mismos militares que participaron en el operativo
hasta la cabecera del municipio de Cocorná (Antioquia) donde se realizó
formalmente el levantamiento; (ii) según el informe de necropsia y los informes
de balística la trayectoria de los proyectiles sobre el cuerpo del fallecido denotan
que fueron realizados de arriba hacia abajo en la parte posterior del cuerpo, lo
cual no solo indica que el enfrentamiento no se produjo de frente, sino que,
también aporta indicios de que la víctima estaba en una posición inferior a la
boca de fuego de las armas utilizadas; (iii) que aparte del arma (que no era de
largo alcance sino un revólver) y la publicidad subversiva presuntamente hallada
en posesión del occiso, no existe alguna otra prueba que lo vincule con un grupo
subversivo al margen de la ley y, por el contrario, hay testimonios que aluden a
que en realidad se trataba de un civil ajeno al conflicto, que se dedicaba a la
agricultura7; iv) varios testigos dieron cuenta de que el occiso fue retenido por
militares y al día siguiente apareció muerto, y v) los informes técnicos de la
Fiscalía General de la Nación dan cuenta de una alteración de los hechos.
7 Así lo refirieron los testigos José Noe Tabares Vergara y Fernando Alfonso Ciro Botero (fls. 50
y 140 cdno. 2)
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6) No obstante, no existen elementos de convicción que lleven a la certeza de
que los demandados actuaron con la firme intención de dar muerte a José
Oliveiro Vahos Estrada con el propósito de reportar resultados positivos durante
la mencionada operación “Ejemplar” por cuanto:
a) En primer lugar, la mayoría de los demandados ni siquiera participaron del
operativo en el cual se lo habría dado de baja, sino que, fueron los militares que
se encontraban haciendo requisa de los vehículos que pasaban por el sector de
Pailania, en donde fue visto por última vez.
En efecto, de los soldados demandados, solamente el comandante Wílmer
Rolando Siza Ramírez se encontraba en el operativo en el cual se dio muerte al
joven José Oliveiro Vahos Estrada el 8 de agosto de 2005, los demás se
encontraban en el retén militar en la zona de Pailania el día anterior y, si bien es
cierto que con las pruebas recaudadas se pudo establecer que en dicho retén
fue visto por última vez junto a los militares, lo cierto es que ello no es prueba
suficiente para establecer que fueron ellos quienes intencionalmente lo
desaparecieron con el fin de darlo de baja en el operativo del día siguiente; en
relación con el aludido comandante, se probó que este no accionó su arma de
dotación oficial puesto que se encargaba de las comunicaciones y no hay medio
de acreditación que demuestre fehacientemente que él dio la orden de una
ejecución irregular.
b) En segundo término, si bien fueron vinculados al proceso penal mediante
indagatoria a todos los demandados, solamente a los soldados Wílmer Rolando
Siza Ramírez, Wílliam Jónathan Vásquez y Germán Sánchez Sánchez se los
acusó de los delitos de homicidio y desaparición forzada por estar al mando de
las misiones, pero, respecto de los demás no se sabe qué pasó y, en todo caso,
no se probó que se hubiera proferido sentencia condenatoria en contra de alguno
porque el proceso penal no había culminado cuando se presentó la demanda.
c) Las distintas versiones rendidas por el señor Jaime Enrique Ciro Botero
ofrecen incertidumbre acerca de la realidad de los hechos.
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Repetición - apelación de sentencia
d) No hay claridad si todos los soldados que participaron en la requisa tenían la
intención o sabían sobre una posible retención ilegal de la víctima, pues, incluso
algunos de ellos prestaban seguridad y no participaban directamente de la
requisa, no hay forma de establecer que ellos tenían la intención de retener,
desaparecer y dar muerte al joven José Oliveiro Vahos Estrada, incluso la Sala
echa de menos que se hubiera demandado al soldado Egidio Pérez Muñoz,
quien también se encontraba ejecutando dicha requisa, según lo que el propio
comandante Wílmer Rolando Siza Ramírez declaró.
e) Ninguno de los demandados disparó sus armas de dotación oficial.
En ese contexto, es especialmente determinante advertir y precisar que hubo
dos operativos distintos, el primero, se desarrolló el 7 de agosto de 2005,
consistente en un retén militar para requisar los vehículos que transitaban por
Pailania (Antioquia), en el que participaron la mayoría de los demandados en
este proceso, con excepción de Wílmer Rolando Siza Ramírez y, el segundo, el
operativo bautizado como “Ejemplar” en el que se combatió a unos supuestos
guerrilleros y fue abatido supuestamente al joven José Oliveiro Vahos Estrada el
8 de agosto de 2005, en el cual se encontraba el mencionado comandante, pero,
no fue quien disparó el arma de fuego que diera muerte a la víctima, ni tampoco
hay prueba de que ese preciso miembro de la fuerza pública hubiese
determinado, instado o tolerado que otros lo hicieran, de manera que no hay
forma de establecer en forma precisa y fehaciente que fueron los demandados
quienes con dolo participaron en la desaparición y muerte del mencionado
ciudadano en un combate que, al parecer no existió.
f) En gracia de discusión, de llegar a ser cierto que en dicha requisa se lo retuvo
para hacerlo pasar como un positivo en combate, tampoco hay forma de
establecer si los militares cumplían una orden de alguno de sus superiores o si
se trataba de una decisión autónoma y voluntaria, factores determinantes para
calificar la conducta como dolosa, para cada uno de los demandados en este
proceso.
g) Adicionalmente, al expediente de repetición no se trasladó el proceso de
reparación directa y con lo decidido en la sentencia condenatoria no es suficiente
para tener por acreditado el dolo de los demandados, además, el proceso penal
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seguido contra los agentes estatales no fue aportado en su integridad y no existe
conocimiento dentro de este proceso de cómo culminó, tampoco se trasladó el
proceso disciplinario, respecto del cual solamente obra el pliego de cargos y una
providencia de pruebas, ningunas de las cuales es una decisión definitiva en
contra de los soldados ahora demandados.
3. Conclusión
No prospera el recurso de apelación dado que, pese a que se acreditaron los
elementos objetivos, no así el que los agentes estatales contra quienes se
pretende repetir hubieran actuado con dolo en la causación del daño por el cual
fue condenada la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
4. Condena en costas
El artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en
costas “a la parte vencida en el proceso (…) en la providencia del superior que
confirme en todas sus partes la de primea instancia se condenará al recurrente
en costas de la segunda”.
Para el presente caso es parte vencida a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, quien en la apelación cuestiona la decisión de primera
instancia de condenarla en gastos del proceso pues, asevera que estos no
aparecen probados.
En ese sentido, la Sala resolverá el tema de las costas en sus dos componentes,
a saber: las costas como tal o los gastos del proceso y lo relacionado con las
agencias del derecho.
Sobre los gastos del proceso, no accede la Sala a revocar lo decidido en primera
instancia pues, aún no se cuenta con el auto por medio del cual debe realizarse
la correspondiente liquidación en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso, según el cual “la liquidación de las expensas (…) solo
podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el
auto que apruebe la liquidación de costas (…)”.
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
Revisado el proceso, no se advierte que la primera instancia haya procedido a
la liquidación y aprobación de los gastos del proceso, circunstancia que por lo
anteriormente dicho aún no puede ser objeto de debate.
En esos términos, frente a los gastos o expensas del proceso la decisión de
primera instancia será confirmada y, adicionalmente, la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional deberá pagar los gastos que se hubieren originado
en segunda instancia los cuales liquidará el Tribunal Administrativo de Antioquia
de manera concentrada según el inciso primero del artículo 366 del Código
General del Proceso.
De otra parte, respecto de las agencias en derecho, si se tiene en cuenta que
son las erogaciones relacionadas con la defensa judicial de quien resulta
ganador en el litigio que debe pagar la parte vencida y, que según el numeral 4
del artículo 366 del Código General del Proceso para su liquidación debe tenerse
en cuenta “la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente”, es claro que como en este caso
la parte vencedora fue representada por curador ad-litem, no incurrió en gasto
alguno derivado de su representación judicial, razón por la cual no hay lugar a
condenar por este motivo ni en la primera ni en la segunda instancia.
De esta forma, se mantendrá lo dispuesto en el numeral segundo de la sentencia
apelada.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA:
1º) Modifícase la sentencia proferida el 23 de agosto de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Oralidad, la cual quedará así:
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Actor: la Nación – Ministerio de Defensa
Repetición - apelación de sentencia
“PRIMERO: Declárase de oficio la falta de legitimación en la causa
por pasiva de Egidio Ruiz Estrada.
SEGUNDO: Deniéganse las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Condénase en costas a la entidad demandante, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso”.
2º) Condénase en costas a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
en segunda instancia las cuales deberán liquidarse por la primera instancia de
forma concentrada en caso de haberse causado.
3º) Abstiénese de fijar agencias en derecho en segunda instancia.
4º) En firme esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen con
las correspondientes constancias.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Salva voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto
Legislativo 806 de 2020.
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