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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2009-00271-01

Fecha
19 de abril de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2009-00271-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1°) Confírmase la sentencia proferida el 28 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. 2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2009-00271-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de abril de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873)
Actor: GRACIELA PÉREZ RODRÍGUEZ Y OTRAS
Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MUERTE EN
ENFRENTAMIENTO MILITAR

Síntesis del caso: el señor Eduardo Otero Silva fue abatido en una operación militar, motivo por
el cual su familia solicita que se declare la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada
por su muerte y la consecuente indemnización de perjuicios.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander por medio de la cual denegaron las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 21 de agosto de 2009 (fl. 9 cdno. 1), la señora
Graciela Pérez Rodríguez, quien actúa en nombre propio y en el de sus hijas
menores de edad Deisy Paola y Andrea Carolina Otero Pérez promovió
demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional con las siguientes pretensiones:

2
Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873)
Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

“1. DECLÁRESE civilmente responsable a la Nación – Ejército
Nacional de Colombia, por la muerte violenta de EDUARDO OTERO
SILVA, ocurrida el 21 de agosto de 2007, estando al servicio de la
Secretaría del Departamento de Norte de Santander como maestro
de enseñanza en el municipio de El Zulia, cuyos antecedentes
administrativos se encuentran presuntamente en la Biblioteca Julio
Pérez Ferrero, donde reposan los archivos que se rehicieron después
del incendio de la sede de la Gobernación del departamento.

2. En consecuencia CONDÉNESE a la Nación – Ejército Nacional de
Colombia a indemnizar los daños y perjuicios materiales y/o morales
subjetivados ocasionados a su esposa Graciela Pérez Rodríguez y a
sus hijas ANDREA CAROLINA y DESISY PAOLA conforme a los
registros civiles de nacimiento para probar parentesco a causa de su
muerte súbita sufrida a consecuencia de un operativo militar acaecido
en el sitio denominado Vegas del Oriente, municipio de Teorema
departamento N de S según certificación número 293-2008 expedida
por el doctor JOSÉ RUBÉN RODRÍGUEZ OVIEDO en su condición
de Jefe de la Unidad de la Fiscalía Delegada ante los jueces penales
del circuito de Ocaña dpto. N de S el 25 de julio de 2008 con destino
a Acción Social.

2.1. Los perjuicios morales subjetivados y los materiales conforme al
salario mínimo legal al momento del acaecimiento de los hechos
ocasionados a la esposa y viuda e hijas menores del causante
GRACIELA PÉREZ RODRÍGUEZ y ANDREA CAROLINA y DEISY
PAOLA respectivamente privados en forma súbita del cariño, la
asistencia personal y el trato continuo con su esposo y padre
EDUARDO OTERO SILVA, acaecida en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que se indicarán en el acápite de hechos y omisiones,
deberán indemnizarse en cuantía equivalente a mil (1000) salarios
mínimos legales vigentes al momento de proferirse la sentencia, para
cada uno de mis clientes conforme a lo establecido por el artículo 16
de la Ley 446 de 1998, y en armonía con la jurisprudencia vigente del
Consejo de Estado, como aparece entre otras en las sentencias No.
6750 de julio 17 de 1992, 13232 de 2001 y 14908 de 2006 de la
Sección Tercera de esa Honorable Corporación” (fls. 2 y 3 cdno. 1 –
mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor Eduardo Otero Silva era docente en el municipio de El Zulia (Norte
de Santander) y falleció el 21 de agosto de 2007 en manos de una patrulla militar
en Vegas del Oriente del municipio de Teorama (Norte de Santander).

2) Por dicho hecho se abrió una investigación que cursa en el Juzgado 37 de
Instrucción Penal Militar de Ocaña (Norte de Santander).

3
Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873)
Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

Con base en los anteriores hechos la parte demandante efectuó el siguiente
razonamiento de responsabilidad: el Estado es responsable de la muerte violenta
del padre y esposo de las demandantes en virtud de lo previsto en el artículo 90
de la Constitución Política.

2. Posición de la demandada

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 68 a 72 cdno. 1) se
opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que no se probaron los
elementos de la responsabilidad y propuso la excepción de “hecho de terceros”,
sin especificar a quienes se refería.

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1) La entidad demandada (fls. 162 a 166 cdno. 1) adujo que, si bien se abrió
una investigación preliminar en la justicia penal militar por la muerte del señor
Eduardo Otero Silva, lo cierto es que se profirió auto inhibitorio y fue archivada,
de manera que no hay ninguna prueba que comprometa su responsabilidad en
este caso; además, expuso argumentos respecto de la supuesta imputación de
omisión del deber de protección y cuidado que no se impetró en la demanda e
insistió en la excepción de “hecho de terceros”.

2) La parte demandante guardó silencio.

3) El Ministerio Público (fls. 181 a 183 cdno. 1) solicitó que no se acceda a las
súplicas de la demanda por el hecho de que, aunque se demostró que la muerte
de la víctima fue causada por tropas del Ejército Nacional, el daño no fue
antijurídico en la medida en que ello se originó como consecuencia del ataque
del grupo al margen de la ley que conformaba la víctima.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia del 28 de mayo
de 2015 (fls. 185 a 191 cdno. ppal.) denegó las pretensiones de la demanda por
considerar que el daño no es antijurídico debido a que encontró probado que la

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Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873)
Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

víctima murió en un enfrentamiento armado con tropas del Ejército Nacional, es
decir, se constituyó la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de
responsabilidad de la entidad accionada, pues, no se demostró uso excesivo de
la fuerza o falla del servicio alguna por parte de sus agentes; asimismo, no se
probó que su muerte fue producto de una ejecución extrajudicial.

5. El recurso de apelación

La parte demandante (fls. 196 a 197 cdno. ppal.) no comparte la decisión del a
quo, replicó que la entidad demandada no probó que la víctima pertenecía a un
grupo al margen de la ley, se trató de un “falso positivo” porque para la época de
su fallecimiento el señor Eduardo Otero Silva era docente en el municipio de El
Zulia (Norte de Santander)1.

6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia

1) Las partes guardaron silencio.

2) El Ministerio Público (fls. 218 a 234 cdno. ppal.) solicitó la confirmación del
fallo apelado por cuanto está probado que la muerte de la víctima ocurrió como
consecuencia de un enfrentamiento militar, que el occiso fue encontrado con un
arma de fuego en su poder, que su hermana declaró que no lo veía hacía 14
años y que por comentarios se sabía que estaba en la guerrilla, que murió con
un solo impacto de bala y que no hay prueba de que trabajara como docente,
todo lo cual conlleva a considerar a que en este caso se configuró el hecho
exclusivo de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad de la entidad
demandada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio

1 Con el recurso de apelación se allegaron unos documentos que ya obraban como pruebas en

el expediente, de modo que no hay lugar a pronunciarse sobre ellas como pruebas de segunda
instancia al tenor de lo dispuesto en el artículo 214 del CCA.

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Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del
Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada en tiempo la demanda2, corresponde a la Sala determinar si la
muerte del señor Eduardo Otero Silva es imputable a la entidad demandada por
haber ocurrido como consecuencia de un operativo militar.

La sentencia de primera instancia será confirmada, por estar probado que la
actuación de los militares fue provocada por la actuación de la víctima en un
enfrentamiento armado iniciado por ella en el curso de un operativo militar que
buscaba neutralizar el accionar de grupos al margen de la ley.

En la primera parte del análisis de la imputación, la Sala expondrá que la
utilización de armas de dotación oficial se encuentra probada, así como también
la actuación de la víctima provocadora de la reacción de los militares; en la
segunda, hará referencia al uso legítimo de las armas de fuego por parte de las
autoridades estatales como causal exonerativa de responsabilidad.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

2.1 El daño

El daño alegado por las actoras, esto es, la muerte del señor Eduardo Otero Silva
el 21 de agosto de 2007 se encuentra probada, pues, en ese sentido obra el
respectivo registro civil de defunción (fl. 20 cdno. 1).

2 Como el fallecimiento de la víctima acaeció el 21 de agosto de 2007, el plazo para interponer

la demanda vencía el 24 de agosto de 2009 (los días 22 y 23 fueron inhábiles) y dado que esta
se instauró el 21 de agosto de 2009 (la solicitud de audiencia prejudicial se presentó el 24 de
agosto de 2009 y se declaró fallida por acta expedida el 24 de noviembre siguiente – fl. 41 cdno.
1, situación que fue avalada por el tribunal de primera instancia en auto proferido el 15 de enero
de 2010 – fls. 54 a 55 cdno. 1), se impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos
años de caducidad para impetrar la acción de reparación directa de que trata el numeral 8 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

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Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873)
Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

2.2 La imputación

1) De acuerdo con lo expuesto en la demanda, la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional es responsable del fallecimiento del señor Eduardo Otero
Silva debido a que fue provocado por agentes de esa entidad en un operativo
militar; aunque en el recurso de apelación hizo referencia a una supuesta
ejecución extrajudicial, ello no fue alegado en la demanda.

2) De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, para la
Sala es claro que la muerte de la víctima fue ocasionada por miembros de la
Brigada Móvil no. 15 del Ejército Nacional con sede en Ocaña (Norte de
Santander) con arma de dotación oficial, de lo cual dan cuenta un oficio del
comandante de la central de inteligencia táctica de Ocaña del Ejército Nacional
a través del cual dejó a disposición del fiscal seccional de turno el cadáver de
quien fue abatido por ellos, el acta de inspección y levantamiento del cadáver
realizada por la Fiscalía General de la Nación en la cual se consignó que el
cadáver fue llevado por tropas de dicha brigada, las declaraciones de los mismos
uniformados y, el proceso penal militar que se abrió precisamente por esos
hechos, pruebas de las cuales se hará referencia con mayor detalle más
adelante, de manera que queda desvirtuado lo alegado por la entidad
demandada en cuanto hizo referencia a la causal exonerativa de responsabilidad
de hecho de terceros.

3) Por lo tanto, el debate se centra en establecer si ese deceso ocurrió como
consecuencia de un enfrentamiento armado entre la víctima y los agentes
militares del Estado en medio de una operación militar o, si se trató de la muerte
de un civil que nada tenía que ver en el referido enfrentamiento como lo sugiere
la demanda, en cuanto se afirma que se dedicaba exclusivamente a la docencia.

4) El tribunal a quo denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que
el fallecimiento ocurrió en manos de miembros activos del Ejército Nacional que
actuaron en tal condición y en legítima defensa dado que la víctima los atacó con
arma de fuego y en respuesta a ello fue que los militares dispararon contra
aquella con el fatídico desenlace ya relatado; frente a esta decisión, la parte
actora alegó en el recurso de apelación que la entidad demandada no había

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probado que la víctima pertenecía a ningún grupo al margen de la ley, porque
para le época de su fallecimiento el señor Eduardo Otero Silva era docente,
motivo por el cual solicitó la revocatoria de la sentencia y que se acceda a las
súplicas de la demanda.

5) La Sala de Decisión encuentra que la decisión del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander acompasa de manera seria y lógica con el material
probatorio obrante en el expediente, por cuanto de este se desprende que el
señor Eduardo Otero Silva fue abatido en medio de un operativo militar en el que
se iniciaron disparos contra los agentes estatales y estos reaccionaron de igual
manera en uso de legítima defensa.

6) Según oficios y constancias expedidos por la Fiscalía General de la Nación,
por la muerte del señor Eduardo Otero Silva se adelantó una investigación previa
en la justicia ordinaria, pero, luego fue remitida al Juzgado 37 de Instrucción
Penal Militar adscrito al batallón Santander de Ocaña el 20 de noviembre de
2007 “por cuanto los autores del hecho hacían parte de una patrulla militar” (fls.
10 y 11 cdno. 1 y 28 cdno. 2), investigación respecto de la cual se allegó el
expediente completo como prueba trasladada a este proceso.

Al respecto, la Sala destaca que las pruebas practicadas válidamente en un
proceso podrán trasladarse a otro siempre que en el proceso primitivo se
hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con
audiencia de ella, estas también pueden ser valoradas cuando son allegadas a
petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con
fundamento en aquella o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en
la demanda, y la otra, en el escrito de contestación3.

Acorde con lo anterior, de las piezas procesales que en este asunto reposan del
referido proceso penal serán tenidas en cuenta aquellas de carácter documental
y testimonial ya que ambas partes pidieron la prueba; acerca de las versiones

3 Ver, entre otras providencias: Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala Plena, sentencia del

11 de septiembre de 2013, expediente no. 20601, MP Danilo Rojas Betancourth y Consejo de
Estado - Sección Tercera - Subsección B, sentencia del 13 de julio de 2022, expediente no.
05001-23-33-000-2015-01400-01 (62.521), MP Fredy Ibarra Martínez.

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Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
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libres, por ser rendidas estas de manera libre y espontánea serán valoradas en
conjunto con otros medios de prueba4.

7) El proceso llevado ante la justicia penal militar identificado con radicación
número 100-07 fue archivado por haberse proferido auto inhibitorio el 23 de
septiembre de 2010 (fl. 85 cdno. 1), a través del cual el Juzgado 37 de Instrucción
Penal Militar de Ocaña se abstuvo de abrir investigación penal formal en contra
del personal militar por los hechos ocurridos el 21 de agosto de 2007, de
conformidad con las declaraciones rendidas en el proceso que coinciden con las
demás pruebas practicadas, como el dictamen pericial del arma incautada que
dio cuenta de que se encontraba en buen estado de funcionamiento y el
dictamen de trayectoria del disparo, con lo cual concluyó:

“[E]ncontramos que indiscutiblemente Eduardo Otero Silva
abatido el día de los autos sería el típico caso de ‘objetivo militar’
pues se trataba de persona con el estatus de combatiente, quien
además estaba en pleno ejercicio de actividades de guerra y que
por lo mismo debía ser neutralizado utilizando para ello los
medios eficientes, que en este caso no podían ser otros que las
armas de fuego. Las tropas militares debían defenderse ante el
ataque que les era propinado por parte de los sujetos
insurgentes, mediante arma de fuego, las que se encontraban en
perfectas condiciones de funcionamiento (…).

Demostrado como se encuentra que el sujeto dado de baja
conformaba un grupo al margen de la ley, que su muerte se produjo
en cumplimiento de un deber legal, que la tropa se encontraba bajo

4 Sobre las indagatorias y versiones libres la Sección Tercera ha establecido, como regla general,

que no son objeto de valoración probatoria por no tener el alcance de una prueba testimonial ni
poder someterse a ratificación dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del
juramento; no obstante, también ha sostenido que es posible valorarlas cuando estas satisfacen
los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, obran otros medios de
prueba que apunten en un mismo sentido y establezcan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar (Consejo de Estado, sentencia de 26 de noviembre de 2015, expediente 36.170, MP Danilo
Rojas Betancourth y sentencia de 1 de febrero de 2016, expediente: 48.842, MP Jaime Orlando
Santofimio Gamboa); asimismo, la Sala Plena también las ha valorado en aras de buscar la
verdad material “en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria
recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su
práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos
fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho
sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la
prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta
ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo
a los criterios rectores de la sana crítica” (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 12 de marzo de 2013,
radicado no.11001-03-15-000-2011-00125-00). Posturas reiteradas en: Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida el 4 de mayo de 2022, expediente no.
68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056), MP Fredy Ibarra Martínez. En el presente caso, la
Sala considera que estas pruebas pueden ser objeto de valoración por encontrar que son
coincidentes con los demás medios probatorios y describen circunstancias de tiempo, modo y
lugar coincidentes.

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orden de operaciones legalmente constituida y que la acción que
produjo el resultado fue en respuesta a la agresión al ataque sufrido,
se deduce que no existe responsabilidad penal en el acontecer objeto
de estudio, que los integrantes del grupo militar actuaron conforme a
derecho”. (fls. 166 a 173 cdno. 2 – resalta la Sala).

8) En el referido proceso penal obran las siguientes pruebas relevantes para el
examen y decisión de la controversia objeto de este proceso:

a) Oficio del 22 de agosto de 2007, mediante el cual el comandante de la central
de inteligencia táctica de Ocaña del Ejército Nacional dejó a disposición del fiscal
seccional de turno un cadáver “muerto en enfrentamientos armados el día 21 de
agosto de 2007 a las 10:40 horas aproximadamente entre presuntos subversivos
del frente Héctor de la ONT-ELN y miembros del batallón Contraguerrillas no.
45, en el sitio conocido como Vegas de Oriente, jurisdicción del municipio de
Teorama (N/S)”, quien portaba cédula de ciudadanía con el nombre de Eduardo
Otero Silva y el material incautado fue una pistola calibre 9mm con su respectivo
proveedor y tres cartuchos, un radio scanner ICOM IC-V8 con batería y antena,
y una bolsa plástica con tablas escritas de comunicaciones y programas del
frente Héctor de la ONT-ELN (fl. 7 cdno. 2). A este oficio se anexó el informe
rendido por el comandante Dany Garzón Arévalo, quien narró los hechos así:

“Siendo las 8:00 del 21 de agosto la compañía Coral inicia movimiento
de infiltración (…) al llegar a la parte alta (…) observamos un claro
grande, ordeno a C2 (…) asegurar la parte alta, C1 (…) hace
aproximación a la vivienda, al pasar unos 10 minutos se escucha un
intercambio de disparos, tomo contacto radial con el C3 Rugeles
Olivera Edwin, quien me reporta estar en combate, organizo la
unidad y C1 maniobra por el claro, al cabo de 10 minutos
aproximadamente el C3 Rugeles me reporta haber dado de baja a
un sujeto en el cruce de disparos, le ordeno a C1 asegurar el área
perimétrica y no tocar el cadáver, de inmediato reporto lo
sucedido (…), me desplazo al lugar de los hechos en donde
encuentro al sujeto muerto con las siguientes características: (…)
vestía camiseta verde biche con azul descolorido, pantalón beis (sic)
en dril, botas de caucho (…)” (fls. 7 y 8 cdno. 2 – negrillas adicionales).

b) En el acta de inspección y levantamiento del cadáver realizada por la Fiscalía
General de la Nación el 22 de agosto de 2007 se consignó que el cadáver fue
llevado por tropas de la Brigada Móvil no. 15 del Ejército Nacional embalado en
bolsas plásticas negras y las manos protegidas con bolsas de papel, que
presentaba “avanzado estado de descomposición”, vestido, entre otros
elementos, con buso azul con verde y botas de caucho y que no se tomó muestra

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de residuos de disparo “por encontrarse las manos en estado de desfacelación”
(fls. 9 a 11 cdno. 2). De la documentación fotográfica de la diligencia, se resalta
que al pie de dos imágenes del cuerpo se anotó “donde se le aprecian las manos
embaladas” e “ilustra el avanzado estado de descomposición en que se halló el
cadáver” (fls. 63 a 64 cdno. 2).

c) Se cuenta igualmente con el oficio de autorización de traslado del cadáver
para que el levantamiento fuera efectuado en el cementerio central de Ocaña,
porque en el sitio de los hechos no había condiciones de seguridad para la fiscal
y los funcionarios del CTI (fl. 12 cdno. 2).

d) Según la declaración juramentada de la señora Gloria Beatriz Otero Silva,
hermana de la víctima, a su hermano no lo veía desde hacía 14 años, que habían
perdido contacto con él y que habían escuchado comentarios de que “se había
ido para la guerrilla y tal vez, él por no mortificarla [a la mamá] no le decía la
verdad, únicamente le decía que estaba bien, que no se preocupara, que él
había querido irse hacer otra vida” (fls. 15 a 16 cdno. 2).

e) En el acta de inspección judicial del arma de fuego realizada por el CTI se
consignó que funcionaba “correctamente” (fl. 23 cdno. 2).

f) De conformidad con el informe pericial de necropsia elaborado por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses, se estableció que el cuerpo
ingresó en estado de descomposición con un buso de color azul y botas de
caucho y que falleció “en shock hipovolémico por proyectil de arma de fuego”, el
orificio de entrada fue en “región para lumbar derecha” y el de salida “en región
púbica sobre la parte media”, con lo cual concluyó que la trayectoria en plano
horizontal fue “supero-inferior”, en plano coronal “postero-anterior” y en plano
sagital “derecha-izquierda” (fls. 32 a 34 cdno. 2). Con base en este informe, la
policía judicial determinó la trayectoria de los disparos en los siguientes términos:
“el disparo fue hecho a una distancia mayor a 2 mts (…) la víctima recibió un
único disparo por la parte posterior de su cuerpo (…) la trayectoria es compatible
con una posición erecta de la víctima y la boca de fuego del arma en parte
posterior derecha de su cuerpo en un nivel superior. En una segunda posición,
la víctima pudo haber estado de rodillas y la boca de fuego del arma en parte

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posterior derecha de su cuerpo en un nivel muy superior”, se aclaró que para
rendir el anterior concepto no tuvieron en cuenta las condiciones topográficas del
terreno o declaraciones, sino que se basó únicamente en datos técnicos y
descripciones médico-legales (fls. 126 a 129 cdno. 2).

g) En la respectiva orden de operaciones del Ejército Nacional, aparece
consignado que la misión táctica “Austria” de la compañía Coral de la Brigada
Móvil no. 5 de Ocaña (Norte de Santander) estaba al mando del teniente Dany
Garzón Arévalo organizada a partir del 14 de agosto de 2007, y que consistía en
realizar “maniobras ofensivas de combate irregular en el área general de la
vereda Vegas del Oriente, municipio de Teorama, con el fin de neutralizar el
accionar de los grupos narcoterroristas de las ONT ELN (Héroes del Catatumbo)
que delinquen en el área” (fls. 157 a 159 cdno. 2).

h) Según las versiones libres de Yeison Guiovanny Rueda y Aníbal Miranda
Tarazona (fls. 103 a 107 y 109 a 113 cdno. 2), soldados profesionales del Ejército
Nacional adscritos al batallón de contraguerrillas no. 45 Héroes de Majaguán de
la móvil no. 5, orgánicos del grupo de la contraguerrilla Coral 1, del cual era
comandante el teniente Dany Javier Garzón Arévalo, así como de la versión libre
de este último (fls. 145 a 148 cdno. 2) se narró sobre los hechos que el 21 de
agosto de 2007 se encontraban en una operación con dirección a un
campamento de grupos al margen de la ley denominado “El Bus”, pero, en el
desplazamiento se estaban quedando sin abastecimiento, por lo cual buscaban
un lugar para que el helicóptero con víveres pudiera aterrizar, sin embargo, en
el camino, cerca de una casa, se encontraron con un perro y cuando este ladró,
la ahora víctima disparó con arma corta en contra de ellos, inmediatamente uno
de los militares lanzó la consigna y desde más atrás los demás subversivos
dispararon con armas largas, después de lo cual el único abatido fue el señor
Eduardo Otero Silva; los tres relatos son coincidentes, además en que el
levantamiento del cadáver no se pudo realizar en el lugar de los hechos debido
al riesgo que había para los funcionarios del CTI por los hostigamientos de los
subversivos y las condiciones del lugar, por tratarse de un sitio con muchos
cerros, huecos, bastante vegetación, rodeado de cultivos de coca, de manera
que ellos mismos tuvieron que mover el cuerpo; también son coincidentes en
afirmar que con el cuerpo fueron encontrados, entre otros objetos, una pistola y

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un radio de comunicación, así como en el hecho de que iba vestido de civil con
botas de caucho; además, los tres declarantes dibujaron el lugar de los hechos
de manera similar entre ellos y coincidente con sus propios relatos (fls. 108, 114
y 149 cdno. 2).

9) De con conformidad con lo anterior, la Sala encuentra probado que el 21 de
agosto de 2007, en cumplimiento de la misión táctica “Austria”, la
Compañía Coral de la Brigada Móvil no. 5 de Ocaña (Norte de Santander) del
Ejército Nacional se dirigía hacia un campamento denominado “El Bus” de un
grupo al margen de la ley y en el camino se encontraron con la víctima quien, al
percatarse de la presencia de los militares, disparó hacia ellos con arma de fuego
(pistola), frente a lo cual los militares reaccionaron también con arma de fuego
(fusil) en virtud de lo cual aquella falleció, hechos ocurridos en la vereda Vegas
del Oriente del municipio de Teorama (Norte de Santander), de lo cual dan
cuenta tanto las declaraciones de los militares que fueron testigos presenciales
de los hechos como el oficio con el que el Ejército Nacional dejó a disposición
de la Fiscalía General de la Nación el cadáver, el informe del comandante Dany
Garzón Arévalo y la orden de operaciones del Ejército Nacional.

10) Si bien no hay prueba técnica sobre el residuo de disparos en las manos de
la víctima debido al avanzado estado de descomposición en la que se
encontraba el cuerpo, lo que impidió su práctica, se probó que el arma con la
cual fue encontrado estaba en perfecto estado de funcionamiento; según el acta
de inspección y levantamiento del cadáver, las manos fueron embaladas con
bolsas de papel, de lo cual dieron cuenta también los militares en sus
declaraciones, específicamente el comandante Dany Javier Garzón Arévalo
explicó que ello se hizo porque desde el Batallón se les ordenó “que le
colocáramos papel en las manos con una bolsa de papel y plástica” (fl. 147 cdno.
2), lo cual concuerda con el protocolo establecido en el Manual del Sistema de
Cadena de Custodia de la Fiscalía General de la Nación5, en el que está previsto
lo siguiente:

5
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MANUAL-DEL-SISTEMA-DE-CADENA-
DE-CUSTODIA.pdf

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Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873)
Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

“Cuando se trate de muerte por proyectil de arma de fuego, se debe
proteger las manos del cadáver embalándolas en bolsas de papel y
luego en bolsas plásticas selladas con cinta adhesiva”.

Eso fue precisamente lo que hicieron los militares, lo cual pone en evidencia que
querían proteger las evidencias en sus manos.

11) Aunque el levantamiento del cadáver no pudo realizarse en el lugar de los
hechos por causa de la grave situación de orden público en la zona y las
condiciones naturales del lugar6, se comprobó, según el informe de necropsia y
el de la trayectoria de disparos, que la víctima recibió un único disparo por la
parte posterior de su cuerpo a más de dos (2) metros de distancia y desde un
nivel muy superior, lo cual coincide con las condiciones del terreno narradas por
los declarantes (un lugar montañoso) y con el hecho de que uno de ellos dijo que
“nosotros íbamos bajando y él venía como subiendo” (fl. 112 cdno. 2);
independientemente de si estaba en posición erecta o de rodillas, que fueron las
dos opciones de posición de la víctima descritas en el informe de balística, lo
cierto es que la boca de fuego del arma estaba en un nivel muy superior y a más
de dos metros de distancia, situaciones que acompasan las demás pruebas.

12) La Sala aclara que si bien en las pruebas que dieron cuenta de las prendas
de vestir de la víctima no hay absoluta y exacta coincidencia en el color de la
prenda superior (en el informe del comandante se habló de “una camiseta verde
biche con azul descolorido”, en el informe de necropsia decía que tenía un “buso
de color azul”, en el acta de inspección y levantamiento del cadáver que llevaba
un “buso azul con verde” y otro militar declaró que “vestía una camisa como azul
celeste algo así”7), lo cierto es que ello no hace inconsistente ninguna de las
pruebas porque en las cuatro versiones se identifica el color azul de la prenda,

6 De ello dieron cuenta los militares de manera similar, así por ejemplo uno de ellos dijo “estando

ahí en el lugar de los hechos o en el perímetro por los radios scanner se escuchaba una
conversación de los terroristas y decían que nos iban a enviar guerrilla por la parte de abajo y
por la parte de arriba y que la finalidad era acosarnos (…) mi teniente informó y por eso fue que
el CTI no pudo entrar a hacer el levantamiento” (fl. 106 cdno. 2); otro relató: “mi teniente recogió
el cuerpo y nos lo llevamos para otro lado, para otro cerro, porque ahí no entraba el helicóptero
y ya por monitora los guerrillos decían que nos iban a mandar una guerrilla por la parte de abajo
y por el lado de arriba” (fl. 111 cdno. 2); y el teniente aseguró “el levantamiento del cadáver, a
nosotros nos tocó moverlo porque el helicóptero no ingresó, el tiempo no nos dejó y el enemigo
nos empezó a hostigar” (fl. 146 cdno. 2). Además, la Sala destaca que la propia Fiscalía General
de la Nación autorizó el traslado del cadáver para que el levantamiento de este fuera realizado
en lugar distinto a los hechos.

7 Fl. 112 cdno. 2.

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Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

lo demás, entiende la Sala que obedece a las percepciones subjetivas de las
personas.

13) No se comprobó que la víctima se desempeñaba como docente, la
Secretaría de Educación de Norte de Santander no encontró en su archivo
información alguna del señor Eduardo Otero Silva, tampoco se acreditó que
tuviera alguna otra actividad, sin embargo, su hermana aseguró que no lo habían
visto desde hacía 14 años y que habían escuchado que “se había ido para la
guerrilla” porque “había querido irse a hacer otra vida”, además, entre las
pertenencias encontradas con su cuerpo habían documentos del ELN.

14) En suma, la Sala encuentra acreditado que la muerte del Señor Eduardo
Otero Silva fue ocasionada por un intercambio de disparos en el curso de un
operativo militar, en el que los soldados respondieron al ataque iniciado por la
víctima, quien al parecer en el momento de los hechos actuaba con un grupo al
margen de la ley, análisis probatorio que también acompasa con aquel efectuado
en su momento y en forma autónoma por la justicia penal militar que profirió
resolución inhibitoria por esos mismos hechos.

15) Por motivo de lo anterior, el daño sufrido por los demandantes obedeció a
una reacción legítima de los agentes del Ejército Nacional, de modo que su
actuación estuvo justificada por la culpa de la víctima. Así pues, aunque el daño
se produjo por agentes estatales en ejercicio de sus funciones, con arma de
dotación oficial, en este caso la entidad demandada queda exonerada de
responsabilidad por haberse acreditado la culpa de la víctima.

16) Al respecto, precisa la Sala que para que opere la legítima defensa como
causal exonerativa de responsabilidad, la jurisprudencia de la Corporación ha
explicado que ello no puede legitimar el abuso de la fuerza por parte de los
agentes del Estado8, motivo por el cual los elementos que la configuren deben
estar acreditados, a saber: i) el uso de las armas debe ser el único medio posible
para repeler la agresión, ii) no debe existir otro medio o procedimiento viable

8 Postura reiterada en: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida

el 4 de mayo de 2022, proceso no. 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056), MP Fredy Ibarra
Martínez.

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Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873)
Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

para la defensa y, iii) la respuesta armada se debe dirigir exclusivamente a
repeler el peligro, de modo que no constituya una reacción indiscriminada en
tanto debe existir coherencia de la defensa con la misión que legal y
constitucionalmente se ha encomendado a la Fuerza Pública9.

También se ha explicado que el uso de las armas de fuego por parte de las
autoridades estatales es legítimo cuando se está en cumplimiento de las
funciones asignadas, es decir, la de proteger la vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades de todos los residentes en Colombia, así como la
defensa de la soberanía, independencia, integridad del territorio nacional y del
orden constitucional, todo ello con “estricta observancia de los protocolos de
seguridad que procuran que sea el último recurso luego de haber agotado todos
los medios que representen un menor daño”, de manera que “cualquier uso de
las armas de dotación oficial por parte de los integrantes de esa institución con
fines distintos a los mencionados, constituye una violación del ordenamiento
jurídico y pueden ser el fundamento de la responsabilidad del Estado”10.

17) En el presente asunto, la Sala encontró acreditado que la conducta de la
víctima constituyó un ataque y una amenaza para la integridad de los militares,
quienes se vieron obligados a accionar sus armas en defensa propia, de manera
que, amparados por el ordenamiento jurídico nacional e internacional los agentes
obraron de forma legítima, con el desafortunado desenlace para el señor
Eduardo Otero Silva, pues, él mismo lo provocó al atacar a los agentes con arma
de fuego.

18) En síntesis, la Sala considera que de acuerdo con las pruebas practicadas
en el proceso la conducta de la víctima fue la causa determinante del daño por
comportar una amenaza derivada de una conducta ilegal ejercida con arma de
fuego y que desencadenó la reacción de defensa implementada por los militares
por no tener ninguna otra manera de detener el ataque, debido a que la reacción
debe ser inmediata porque el uso de armas de fuego es una actividad altamente

9 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, sentencia proferida el 10 de septiembre

de 2020, proceso no. 76001-23-31-000-2011-00796-01(50706), MP María Adriana Marín.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia proferida el 5 de marzo de

2020, proceso no. 05001-23-31-000-2008-01138-01(47970), MP Alberto Montaña Plata.

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Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873)
Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

peligrosa, es muy difícil encontrar otra forma de repeler ese tipo de ataques,
máxime si era de noche y en un lugar con condiciones naturales complicadas,
en todo caso, murió con un único disparo; en ese orden de ideas, la Sala
encuentra que la reacción militar fue legítima por corresponder a una respuesta
frente a un acto de agresión con arma de fuego, donde la conducta de los
agentes estatales resultó proporcional.

19) En tales condiciones, no es posible emitir una condena con base en el
régimen objetivo de riesgo excepcional por el solo hecho de hallarse acreditado
que la muerte de la víctima fue producida con un arma de dotación oficial ya que,
pese a la relación causal existente entre el daño y la actuación del Ejército
Nacional, obran en el expediente suficientes evidencias para tener por
demostrada debidamente la legítima defensa ante el ataque a mano armada
iniciado por la propia víctima.

20) En consecuencia, la Sala estima que le asistió razón al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en haber denegado las pretensiones de la
demanda con argumentos similares a los aquí expresados, por lo que la
sentencia apelada será confirmada.

3. Conclusión

Como la Sala encontró que el tribunal de primera instancia acertó en denegar
las pretensiones de la demanda, por haberse probado que la muerte de la víctima
ocurrió como consecuencia de una legítima defensa por parte de los agentes
militares ante el ataque con disparos por parte de aquella, la sentencia objeto de
apelación debe ser confirmada.

4. Costas

Debido a que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite como la parte
vencida, es decir la actora, no procedió de esa forma, no hay lugar a imponerlas.

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Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

F A L L A:

1°) Confírmase la sentencia proferida el 28 de mayo de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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