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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2009-00675-01

Fecha
4 de mayo de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2009-00675-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1°) Confírmase la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión. 2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. 40 Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056) Actor: Sonia Gama Ortega y otros Reparación directa - apelación de sentencia 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2009-00675-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de mayo de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
Actor: SONIA GAMA ORTEGA Y OTROS
Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MUERTE EN
ENFRENTAMIENTO MILITAR

Síntesis del caso: el joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama fue abatido en una operación militar
que pretendía evitar la consumación de una extorsión en la cual él participaba, pero, su familia
alega que se trató de una ejecución extrajudicial motivo por el cual solicita que se declare la
responsabilidad de la entidad demandada por su muerte y la consecuente indemnización de
perjuicios.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión por medio de la
cual denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2008 (fl. 5 cdno. 1), los señores
Sonia Gama Ortega actuando en nombre propio y en el de sus hijas menores de
edad Sonia Tatiana y Nelly Johana Nieto Gama; Jenny Jazmín Nieto Gama y
José Miguel Nieto Barajas promovieron demanda de reparación directa en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con las

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
Actor: Sonia Gama Ortega y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Declarar administrativamente responsable a la NACIÓN
– MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL
de la totalidad de los daños y perjuicios causados a los demandantes
SONIA GAMA ORTEGA, SONIA TATIANA, KELLY YOJANA, GENNY
YAZMÍN NIETO GAMA Y JOSÉ MIGUEL NIETO BARAJAS, por la
muerte violenta de nuestro hijo y hermano WÍLHEM ÁNDERSON
CARRILLO GAMA, (q.e.p.d.), acaecida el día 09 de MAYO de 2.006,
en la vía San Gil – Charalá, estación de gasolina ‘LA MIEL’, en un
falso positivo realizado por miembros del grupo GAULA, adscrito a la
Quinta Brigada del Ejército Nacional.

SEGUNDA: Condenar a La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por concepto Perjuicios
Morales a favor de SONIA GAMA ORTEGA, madre de la víctima, la
suma de SEISCIENTOS (600) salarios mínimos legales mensuales
vigentes; a favor SONIA TATIANA, KELLY YOJANA Y GENNY
YAZMIN NIETO GAMA hermanas de la víctima, la suma de
CUATROCIENTOS (400) salarios mínimos legales mensuales
vigentes para cada una de ellas. Y a favor del Señor JOSÉ MIGUEL
NIETO BARAJAS, padrastro de la víctima la suma de
CUATROCIENTO (400) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

TERCERA: Condenar a La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por concepto de daño
emergente, a favor de la señora SONIA GAMA ORTEGA la suma de
OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (8'500.000.oo).

CUARTA: Condenar a La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, a reconocer y pagar la totalidad
de los perjuicios materiales, causados a favor de SONIA GAMA
ORTEGA, SONIA TATIANA, KELLY YOJANA, GENNY YAZMÍN
NIETO GAMA Y JOSÉ MIGUEL NIETO BARAJAS, en la modalidad
de lucro cesante y cuya liquidación deberá verificarse sobre las
siguientes bases:

1.- Un salario mensual de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($835.237) salario
mensual, que devengaba WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO GAMA,
(q.e.p.d.), como empleado del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE
BUCARAMANGA.

2.- El cálculo de la vida probable de WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO
GAMA, (q.e.p.d.), y de sus padres SONIA GAMA ORTEGA y JOSÉ
MIGUEL NIETO BARAJAS, de sus hermanas SONIA TATIANA,
KELLY YOJANA Y GENNY YAZMIN NIETO GAMA.

3.- Actualizar la condena según la variación porcentual del índice de
precios al consumidor existente entre el 09-MAYO-2006 y el que
exista cuando se profiera el fallo.

4.- La fórmula de matemáticas financiera aceptada por la Sección
Tercera del Honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta los dos
periodos aceptados por la jurisprudencia a saber: a) El período

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Actor: Sonia Gama Ortega y otros
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vencido o consolidado que va de la fecha de la ocurrencia del hecho
(09-MAYO-2006), hasta la ejecutoria del fallo, y b) El período futuro
que se calculará, para los demandantes, entre la ejecutoria del fallo y
la edad probable de la víctima y de sus progenitores y hermanos del
señor WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO GAMA, entre la misma
ejecutoria y su mayoría de edad.

QUINTA: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
EJÉRCITO NACIONAL, por intermedio de los funcionarios a quienes
corresponda la ejecución de la sentencia, darán cumplimiento a ella y
de acuerdo a los términos indicados en los artículos 177 y 178 del
Código Contencioso Administrativo.” (fl. 89 cdno. 1 – mayúsculas
sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El 9 de mayo de 2006 el joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama se desplazó
a San Gil (Santander) por motivo de que en días anteriores había vendido un
vehículo automotor al señor Gustavo Salamanca Hernández, cuyo traspaso
tenía que realizarse en Bogotá, para lo cual, el primero le entregaría los
documentos a una persona en San Gil que se encargaría de llevarlos a Bogotá.

2) Para ello tuvo que efectuar un cambio de turno en la Empresa Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga ESP, en donde laboraba en esa época.

3) Cuando se abastecía de combustible para su motocicleta en la estación de
gasolina denominada “La Miel” ubicada en la vía que conduce de San Gil a
Charalá, perdió la vida a manos de miembros del Grupo Gaula del Ejército
Nacional.

4) Los miembros del ejército, al parecer, estaban en desarrollo de una operación
que buscaba evitar la extorsión de la cual era víctima el señor José Vicente
Porras Buenahora (dueño de la estación) por parte de los señores Juan de Jesús
Chaparro y Diego Fernando Gómez Gelvez, en curso de la cual los uniformados
abrieron fuego contra todas las personas que se encontraban en la zona e
impactó al joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama causándole la muerte.

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Actor: Sonia Gama Ortega y otros
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Con base en los anteriores hechos la parte demandante efectuó el siguiente
razonamiento de responsabilidad:

1) Los miembros del ejército alegan que la muerte fue producto de un cruce de
disparos en desarrollo de la aludida operación, pero, no se encontraron residuos
de disparo en las manos de la víctima, las cuales, por el contrario, estaban
“ejerciendo la empuñadura de las manecillas de su motocicleta” y tenía el casco
en la cabeza, lo cual “desvirtúa toda posibilidad de un actuar belicoso de la
víctima frente al operativo desarrollado por el Ejército Nacional” (fl. 2 cdno. 1).

2) Lo que busca la entidad demandada “es justificar su accionar irresponsable
escudándose en la legalidad de una orden de operaciones para tratar de hacer
permanecer la impunidad de crímenes atroces en la población civil como el que
hoy nos ocupa, violando principios fundamentales constitucionales, derechos
humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la población civil” (fl. 2 cdno.
1).

3) “El señor Wílhem Ánderson Carrillo Gama fue brutalmente asesinado en un
falso positivo realizado por miembros del grupo GAULA adscrito a la Quinta
Brigada del Ejército, el día 09 de mayo de 2006, en predios de la estación de
servicio La Miel sobre la carretera que de San Gil conduce a Charalá” (fl. 91
cdno. 1).

4) La entidad demandada incurrió en falla del servicio por “obrar con marcada
imprudencia y negligencia al margen de la ley 906 de 2004 y en contravía del
nuevo sistema penal oral acusatorio, al hacer uso indiscriminado de las armas
oficiales que portaban los miembros del GAULA” (fl. 92 cdno. 1).

5) El GAULA “no obró en cumplimiento de la orden de operación Boyacá I, en
defensa de la integridad y seguridad del personal civil en el momento en que se
encontraba en el lugar de los hechos, ya que es inaudito que, siendo este grupo
superior en personal y armas, fácilmente había podido identificar y doblegar a
los 3 supuestos extorsionistas, intimándoles captura y no asesinándolos
atrozmente como lo hicieron. Este comportamiento antijurídico se aparta de
manera ostensible del Derecho de la Haya o Derecho de Guerra, que hace parte

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del Derecho Internacional Humanitario y cuyas normas no respetaron los
miembros del GAULA” (fl. 93 cdno. 1).

2. Posición de la demandada

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fl. 73 cdno. 1) sostuvo
que la misión táctica no. 030 BOYACA I del 9 de mayo de 2006, desarrollada por
el Grupo Gaula Militar – Santander en el municipio de San Gil, se hizo con el fin
de evitar el pago de una extorsión de la que venía siendo víctima un comerciante
de la región, el señor José Vicente Porras Buenahora, por parte de los señores
Wilhelm Anderson Carrillo Gama, Juan de Jesús Chaparro Gómez y Diego
Fernando Suárez Gelves, al parecer de las ONT-ELN-FARC y/o delincuencia
organizada, quienes fueron dados de baja en enfrentamiento militar y a quienes
se les incautó material de guerra (pistolas, revólveres, municiones y granadas).

Dicha operación inició a las 22:00 horas del día anterior con un desplazamiento
táctico motorizado en dos vehículos desde el puesto de mando del Grupo Gaula
de la Quinta Brigada de Bucaramanga (Santander) y desde San Gil vía a Charalá
se inició infiltración a pie hasta llegar a la estación de servicio La Miel, en donde
se presentó el enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada en el
cual murió el joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama.

Por estos hechos se dio apertura a las investigaciones penal y disciplinaria en
contra de los uniformados implicados, pero, ambas fueron terminadas
prematuramente por encontrar que los hechos sucedieron en enfrentamiento.

Por consiguiente, se opuso a todas las pretensiones de la demanda, pues, la
actuación de los miembros del Gaula fue legítima y los demandantes no
probaron lo contrario.

Propuso la excepción que denominó “inimputabilidad del daño a la entidad
demandada por culpa exclusiva de la víctima” porque fue la conducta contraria
a la ley de la víctima la causante de los hechos cuya responsabilidad se le
imputa, puesto que él, junto con las otras dos personas, estaban extorsionando
a un comerciante y atacaron con armas de fuego a los uniformados.

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
Actor: Sonia Gama Ortega y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1) La entidad demandada (fl. 172 cdno. 1) alegó que las pruebas practicadas en
el proceso dan cuenta de que no hubo ningún tipo de irregularidad en la acción
desplegada por los militares que participaron en la operación militar en la que
fue abatido el joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama, operación que fue producto
de un estudio de inteligencia de varios meses de anticipación con base en la
denuncia hecha por un tercero, de manera que se debe acceder a la excepción
propuesta en la contestación de la demanda dado que el actuar de la víctima fue
ilícito y culpable por estar acompañado de dos personas más en la comisión del
delito de extorsión.

2) La parte demandante (fl. 182 cdno. 1) expuso que se encuentra probado que
la víctima no tenía antecedentes penales, que el día de los hechos se hallaba en
el lugar por motivo del contrato de compraventa de su automóvil y que no pudo
ser vinculado en el delito de extorsión, así como también, que nunca disparó un
arma de fuego y, por lo tanto, no participó en ningún enfrentamiento con personal
del Ejército Nacional.

Por otro lado, contrario a lo dicho por la entidad accionada, en el operativo sí
hubo irregularidades, pues, de ello dio cuenta la propia Fiscalía General de la
Nación cuando decidió archivar el proceso iniciado por el supuesto delito de
extorsión.

Se trató de un asesinato por el actuar desmedido de la fuerza pública con armas
de dotación oficial cuyo uso es catalogado como actividad peligrosa, motivo por
el cual el daño causado es responsabilidad de la entidad accionada.

4. La sentencia apelada

1) El Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión –
Despacho no. 1 denegó las pretensiones de la demanda (fl. 201 cdno. ppal.) por
considerar que la muerte del joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama no tuvo
origen en el ámbito privado y personal de los militares ni estuvo aislado de la
prestación del servicio, sino que, se configuró en desarrollo de una operación

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militar planeada y ejecutada por miembros activos del Ejército Nacional que
actuaron en tal condición y en legítima defensa.

2) Con el material probatorio allegado al proceso el a quo concluyó que ante las
amenazas de extorsión recibidas por el señor José Vicente Porras Buenahora,
propietario de la estación de servicio La Miel, a quien se le exigían 50 millones
de pesos, se adelantó la Misión Táctica no. 30 Boyacá 1, la cual inició el 8 de
mayo de 2006 a las 22:00 horas en dicha estación ubicada en la vía que de San
Gil conduce a Charalá.

3) Se fijaron como fecha y lugar de entrega del dinero producto de la extorsión
el 9 de mayo de 2006 en la aludida estación de gasolina a las 4:30 horas,
momento en el cual se hizo presente Wílhem Ánderson Carrillo Gama en
compañía de Diego Fernando Suárez Gelves quien iba como parrillero de la
motocicleta que conducía el primero, también se hizo presente el señor José del
Carmen Barbosa Patiño, quien se desplazaba a pie.

En el lugar se encontraba un empleado de la estación de servicio (Jimmy
Humberto Zuluaga Osorio) a quien le preguntan por el señor José Vicente, este
último se acercó y le entregó el dinero al parrillero de la moto, momento en el
cual se identificaron en voz alta los miembros del Gaula del Ejército Nacional,
pero, los implicados en el delito abrieron fuego y este fue repelido por los
militares, de ello dieron cuenta las declaraciones del mencionado empleado y la
víctima de la extorsión (José Vicente Porras Buenahora) rendidas en el proceso
penal seguido en contra de los militares que participaron en el operativo.

4) Las pruebas ubican al joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama como integrante
de la banda de extorsionistas y no como un ciudadano víctima de un supuesto
actuar ilegal de parte de la fuerza pública con el alegado falso positivo, toda vez
que, no se pudieron establecer los motivos por los cuales se efectuó su
desplazamiento al municipio de San Gil, pues, ni su madre ni su compañera
permanente conocían de esa situación, además, le solicitó a su compañero de
trabajo el cambio de turno de manera intempestiva con el supuesto de que tenía
un familiar enfermo, aspecto que no fue corroborado por los familiares y, por
último, resulta sospecho e inhabitual que a esas horas de la madrugada tendría

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el encuentro con el tramitador de tránsito para llevar a cabo la supuesta
compraventa del automóvil en Bogotá.

5) El hecho de no haberse encontrado restos en el cuerpo de la víctima de
antimonio, bario y plomo no permite excluirlo del actuar conjunto de los
extorsionistas debido a que las pruebas apuntan a su participación en el punible.

En consecuencia, el daño no es jurídicamente imputable al Ejército Nacional,
pues, el proceder del joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama influyó de manera
determinante en la producción del hecho dañoso.

5. El recurso de apelación

La parte demandante (fl. 217 cdno. ppal.) manifestó desacuerdo con la decisión
de primera instancia porque todas las diligencias adelantadas ante la justicia
penal militar estuvieron encaminadas a favorecer a los militares, sin garantías y
objetividad para las víctimas, en lo cual se fundamentó el a quo para exonerar
de responsabilidad a la entidad demandada y desconoció los aspectos
señalados por la fiscalía que dieron cuenta de las irregularidades encontradas
en el operativo.

La víctima nunca disparó contra los uniformados y estos “le ubicaron un arma en
su mano para justificar y legalizar su muerte”, arma que era una pistola calibre
9mm marca Llama, de uso privativo de las fuerzas militares, además, el proceso
penal fue archivado porque no se pudo determinar su participación en el hecho
punible.

Por esas razones y por las mismas expuestas en el escrito de alegatos de
conclusión de primera instancia solicitó la revocatoria del fallo objeto de
apelación.

6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis probatorio, 3) análisis de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada en tiempo la demanda1 corresponde a la Sala determinar si la muerte
del joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama es imputable a la entidad demandada
por haber incurrido en una supuesta ejecución extrajudicial o, si se trató de una
dada de baja en enfrentamiento militar, caso en el cual la conducta de la víctima
sería determinante en la producción del daño.

La sentencia de primera instancia será confirmada por cuanto se encontró
probado que la actuación de los agentes del Gaula fue provocada por la
actuación de la víctima y dos personas más en un enfrentamiento armado
iniciado por ellas en el curso de un operativo militar que buscaba evitar la
comisión de una extorsión.

En la primera parte del análisis de la imputación la Sala expondrá que la
utilización de armas de dotación oficial se encuentra probada, así como también
la actuación de la víctima provocadora de la reacción de los agentes; en la
segunda, hará referencia al uso legítimo de las armas de fuego por parte de las
autoridades estatales como causal exonerativa de responsabilidad.

1 Como el fallecimiento del joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama acaeció el 9 de mayo de 2006

(fl. 102 cdno. 1), el plazo para interponer la demanda vencía el 10 de mayo de 2008 (no hubo
audiencia de conciliación prejudicial) y dado que esta se instauró el 9 de mayo de 2008 se impone
concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos años de caducidad para impetrar la acción
de reparación directa de que trata el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo.

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2. Análisis probatorio

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

1) Según el certificado civil de defunción el joven Wílhem Ánderson Carrillo
Gama falleció el 9 de mayo de 2006 (fl. 102 cdno. 1).

2) El señor José Vicente Porras Buenahora presentó denuncia ante la Fiscalía
General de la Nación el 25 de abril de 2006 porque recibía varias llamadas de
un hombre que se presentó como “jefe de la organización” que le exigía la suma
de $50’000.000 con la amenaza de secuestro de su esposa e hijos, una de las
cuales la grabó y la presentó a las autoridades (fl. 28 cdno. 2).

3) La Misión Táctica No. 30 “BOYACÁ I” planeada por el Gaula Militar de
Santander, para evitar la entrega del dinero como consecuencia de la extorsión
de la cual era víctima el señor José Vicente Porras Buenahora, fue la siguiente:

“MISIÓN

EL GRUPO GAULA MILITAR SANTANDER CON LA UNIDAD DE
OPERACIONES A 00-04-09-02 PLANEA Y EJECUTA UNA MISIÓN
TÁCTICA ANTIEXTORSIÓN CONTRA MIEMBROS DE
DELINCUENCIA ORGANIZADA A PARTIR DEL DÍA 08 MAYO 2006 -
22:00, EFECTÚAN UN MOVIMIENTO TÁCTICO TERRESTRE
MOTORIZADO E INFILTRACIONES A PIE CON EL FIN DE UBICAR
EL SITIO DONDE AL PARECER SE PRODUCIRÁ LA ENTREGA DE
DINERO PRODUCTO DE UNA EXTORSIÓN A UN CIUDADANO DE
LA REGIÓN, NEUTRALIZAR E IDENTIFICAR A MIEMBROS DE
ESTA ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY O BANDA DE
DELINCUENCIA ORGANIZADA, PARA DAR CAPTURA A LOS
INTEGRANTES, PRESERVANDO EL ORDEN CONSTITUCIONAL,
LA VIGENCIA DE LAS INSTITUCIONES, EL FORTALECIMIENTO DE
LA SOBERAÍA, APLICANDO EL RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y/O
EN CASO DE RESISTENCIA ARMADA PROCEDER DE ACUERDO
A LA LEY.

EJECUCIÓN

(…).

Maniobra.
Consiste en desarrollar una misión táctica antiextorsión en la
jurisdicción del municipio de San Gil, Valle de San José con el fin de
evitar el pago de una extorsión que viene siendo víctima un

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comerciante de la región, por delincuentes al parecer de las ONT-ELN-
FARC y/o delincuencia organizada.

Primera Fase. (Alistamiento y Concentración)
Las unidades comprometidas en la presente misión táctica se
concentrarán en sus respectivas áreas en Bucaramanga el día ‘D-1’ y
hora ‘H’.

Segunda Fase. (Infiltración)
ZORRO/1 A (00-04-09-02) al mando del SS. AGUILAR PICO
LEONARDO. A partir del 0822:00 mayo-2006 inicia movimiento táctico
terrestre motorizado desarrollando maniobras de contraguerrillas
mediante el empleo de las técnicas de avance vigilado con
reconocimiento selectivo a puntos críticos desde Bucaramanga,
Piedecuesta, Aratoca, (…), San Gil (…) hasta el punto de disloque se
desembarcan e inicia infiltración a pie hacia el objetivo estación de
servicio La Miel kilómetro 08 vía San Gil Charalá (…), en donde se
cubrirá la entrega del dinero por parte de la víctima y si oponen
resistencia armada proceder de acuerdo a la constitución y la ley.

Tercera Fase. (Exfiltración)
De acuerdo al desarrollo de la situación operacional y a orden del
comando de la unidad esta fase táctica es en la que el comandante
retira el personal o unidades del área utilizando operaciones de
engaño, esta requiere un alto grado de disciplina y seguridad, no se
descarta que el enemigo se reorganice y se ubique en la ruta que se
realiza la exfiltración de las unidades comprometidas en la misión.

(…).

INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

• A partir del día 0816:00 MAYO – 2006 el Grupo Gaula Militar
Santander entra en acuartelamiento de primer grado.

• Las tropas deben dar estricto cumplimiento a las normas de los
DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO.

(…).

• Se deben definir los campos de tiro dentro del dispositivo que se vaya
a tomar con el fin de evitar accidentes con los hombres que van a
entrar a desarrollar la operación, esto con el fin de contrarrestar
cualquier ataque que se presente por parte de los bandidos.

(…).

• En todo momento se debe extremar las medidas de seguridad, tanto
pasivas como activas para evitar contratiempos y sorpresas en el
desarrollo de la operación.

(…).

• En caso de que alguno de los grupos entre en contacto con los
terroristas, inmediatamente debe reportar al resto del personal para el
apoyo oportuno y cierre de las vías de escape del enemigo.

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Actor: Sonia Gama Ortega y otros
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(…).

• En todo momento se debe tener el control de las armas.

• En caso de capturas o bajas los procedimientos los realizará la
Fiscalía General de la Nación o Justicia Penal Militar según
competencia.

(…).

• Las armas de apoyo se deben utilizar para batir áreas de blancos
(grupos de terroristas) y no como armas individuales.

(…).

• Prevalece sobre cualquier cosa la vida de los civiles.

• Se respetará la vida de los terroristas que se entreguen.

(…).

• Maneje los posibles blancos como sospechosos hasta que se
confirme su verdadera identidad.

(…).

• Dispare al blanco que presente mayor peligrosidad primero.

(…).

• Durante el desarrollo de las operaciones se debe intensificar la
búsqueda de las informaciones y aplicar en todo momento la
inteligencia de combate.

• En la operación se debe evitar comprometer la población civil en caso
de presentarse enfrentamiento armado.

(…).

• El cumplimiento de esta orden de operaciones se hace desde su
iniciación hasta su terminación dentro del orden jurídico existente sin
excepción de procedimientos. La contravención a la norma, acarrea la
comisión de un delito, donde el cumplimiento de la misión no será
justificación de conductas anormales o punibles.

(…).

• Para todas las operaciones se debe tener como objetivo principal el
respeto a la población civil y conservación de la vida.” (fl. 17 cdno. 2 –
mayúsculas sostenidas del original).

4) En el informe de patrullaje de la misión táctica referida en precedencia y
rendida por el comandante de la misión Leonardo Fabio Aguilar Pico se consignó
lo siguiente:

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“HORA DE SALIDA: A partir de las 22:00 horas del día 08 de mayo del
2006 desde el puesto de mando del Grupo Gaula en la Quinta Brigada
ubicado en Bucaramanga hasta el objetivo.

(…).

RUTA DE REGRESO: A partir del 0914:00-MAY-06 (…) tomando la
vía que de Charalá conduce a San Gil-Aratoca-Pescadero-
Piedecuesta-Bucaramanga, hasta el puesto de mando ubicado en las
instalaciones de la Quinta Brigada.

(…).

RESULTADOS OBTENIDOS

BAJAS EXTORSIONISTAS
WÍLHEM ÁNDERSON CARERILLO GAMA (…).
JUAN DE JESÚS CHAPARRO GOMEZ (…).
DIEGO FERNANDO SUAREZ GELVEZ (…).

MATERIAL INCAUTADO
01 PISTOLA MARCA LLAMA CAL 9MM (…).
01 REVOLVER MARCA LLAMA CAL 38 (…).
01 REVOLVER MARCA COLT CAL 38 (…).
MUNICIÓN CALIBRE 9 MM (…).
MUNICIÓN CALIBRE 38.
01 GRANADA DE MANO TIPO PIÑA.
01 MOTOCICLETA YAMAHA 125 PLACAS PVU-62ª.

CONDICIONES DE LA PATRULLA. El personal de cuadros y soldados
de la unidad se encontraba con la moral en alto, en razón a las
circunstancias de modo tiempo y lugar en que se desarrolló la
operación. Las decisiones tomadas fueron acertadas porque siempre
se mantuvo la unidad de mando y control en cada uno de los equipos
organizados para evitar el pago de la extorsión.

ASPECTOS POSITIVOS

Inteligencia de combate: la inteligencia de combate fue buena ya que
se tuvo conocimiento de la presencia de miembros de la ONT FARC,
quienes han estado sobre la zona en los últimos días cobrando
algunas extorsiones, por tal razón se realiza un análisis de la
información y de los indicios obtenidos anteriormente dentro del
campo de combate, permitiendo así orientar las acciones ofensivas,
determinando los puntos críticos del área y la actitud en general de la
población civil.

Disciplina: la disciplina del personal comprometido en la operación fue
excelente ya que la unidad realizó una excelente infiltración hasta el
objetivo propuesto por el comandante de la operación, las misiones a
los individuos fueron desarrolladas a cabalidad por todos los miembros
de la patrulla permitiendo con ello el resultado obtenido.

(…)

ASPECTOS NEGATIVOS
Ninguno.

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
Actor: Sonia Gama Ortega y otros
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CONCLUSIONES

• Se consolidó el objetivo de acuerdo a la misión asignada, gracias a
la excelente infiltración y disciplina por parte del personal participante
en la misión.

• Se realizó un excelente planeamiento, asignando misiones a cada
uno de los hombres que iba a participar en la misión táctica, se dieron
instrucciones claras de lo que debe cumplir cada uno en el movimiento
y por último la organización de los equipos de combate para las
acciones en el objetivo.

• La inteligencia obtenida para el desarrollo de la operación fue buena
y se verificó especialmente con la inteligencia de combate gracias a la
red de cooperantes que se encuentran en nuestro departamento.

• La moral de los hombres siempre estuvo en la paciencia y
perseverancia que los caracteriza.

• Siempre se mantuvo la unidad de mando.” (fl. 25 cdno. 2 –
mayúsculas sostenidas del original).

5) Hechos probados en el proceso disciplinario:

a) Con base en el anterior informe rendido por el comandante de la Misión
Táctica Boyacá I, mediante auto proferido el 10 de mayo de 2006 se ordenó la
apertura de indagación preliminar disciplinaria no. 005 de 2006 con el fin de
verificar si la muerte del joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama y las otras dos
personas en manos de militares de la Quinta Brigada del Gaula Militar Santander
se trató de una conducta constitutiva de falta disciplinaria (fl. 4 cdno. 2).

b) En el curso de dicha indagación los militares implicados en la operación (Jair
Javier García Polo, Yimmi Zuluaga Osorio, Efraín Niño Plazas, Santos Casildo
Jáuregui Nocua, Abel Antonio Castillo Silva y José del Carmen Barbosa Patiño,
militares profesionales residenciados en el Gaula Militar de Santander con sede
en Bucaramanga) rindieron declaraciones juramentadas y todas fueron
coincidentes en afirmar lo siguiente:

“El día 08 aproximadamente a las 10 de la noche, salimos del Grupo,
y llegamos a San Gil aproximadamente a las 01:00 del 09 de Mayo,
seguimos por la vía a Charalá y desembarcamos más adelante, de allí
nos dirigimos a pie a campo traviesa hasta llegar a una estación de
gasolina, allí nos ubicamos estratégicamente para neutralizar a los
extorsionistas (…), aproximadamente a las 04:40, llegaron dos sujetos
en una moto, y uno llego a pie, los de la moto hablaron con el bombero

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
Actor: Sonia Gama Ortega y otros
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y el bombero llamó a Don José, el cual salió de la oficina, los de la
moto se bajaron y se acercaron hacia donde estaba el señor el otro se
quedó un poco más atrás, Don José les entregó un paquete y los de
la moto se devolvieron, el dueño de la bomba se entró a la oficina y
fue cuando [se les gritó] alto somos tropas del Gaula Militar, (…)
cuando los sujetos empezaron a dispararnos entonces respondimos
hacia donde nos disparaban, una vez terminó el fuego se aseguró el
sector y nos dimos cuenta que los sujetos estaban muertos, en eso
llegó mi Sargento Aguilar y ordenó que sacáramos a todos fuera del
perímetro, más tarde llegó el equipo de reserva con mi teniente Segura
y colocaron una cinta para evitar el paso del personal, esperamos que
llegaran los del CTI y la Juez para el levantamiento de los cuerpos.”
(fls. 10 a 15 cdno. 2).

Todos también fueron coincidentes en aseverar que se trató de tres sujetos,
vestidos de civil, que portaban armas cortas (una pistola, dos revólveres y una
granada de mano) y que ninguno de los militares supo quién les causó la muerte
porque “en el momento que se produce el intercambio de disparos yo disparé y
sentí que los demás también dispararon”.

c) A través de decisión proferida el 23 de mayo de 2006 por el Gaula Militar
Santander del Ejército Nacional -para la cual se tuvieron en cuenta las pruebas
trasladadas del proceso penal que más adelante se mencionan- se decretó el
archivo de la indagación preliminar disciplinaria no. 005 de 2006 adelantada por
los hechos ocurridos en desarrollo de la Misión Táctica Antiextorsión BOYACÁ I,
con fundamento en los siguientes argumentos:

“[L]as tropas del Gaula Militar Santander actuaron en primer lugar en
el cumplimiento de un deber con espíritu militar, sentido de
responsabilidad, acatando la obediencia y la subordinación, con la
observancia de las normas del Derecho Internacional Humanitario y
de los Derechos Humanos, bajo los postulados del honor militar y
reaccionando frente a una agresión injusta, actual e inminente,
agresión ejecutada con armas idóneas para matar, en buen estado de
funcionamiento y utilizadas para perpetrar un delito de extorsión que
el Gaula está obligado a neutralizar procurando la captura de los
sujetos activos del delito. Infortunadamente la delincuencia sin medir
las consecuencias agredió a las tropas y estas reaccionaron en
legítima defensa de sus vidas igual que la del extorsionado. En suma
actuaron a la luz de una causal de justificación según los postulados
del Estatuto Disciplinario y el Código de Justicia Penal Militar en su
artículo 34.

En las anteriores circunstancias habrá de darse aplicación en este
caso a lo dispuesto en el artículo 171 en concordancia con el 115 de
la ley 836 de 2003 ordenando el archivo del proceso por ausencia de
tipicidad y por lo tanto el proceso no debe proseguirse” (fl. 77 cdno. 2).

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
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6) Hechos probados en el proceso penal militar por el delito de homicidio:

a) A través de auto proferido el 9 de mayo de 2006, el Juzgado 34 de Instrucción
Penal Militar declaró abierta la investigación preliminar penal por los hechos
materia del presente proceso (fl. 5 cdno. 3).

b) En el acta de levantamiento del cadáver se consignó que la muerte fue el 9
de mayo de 2006 a las 04:30 horas en la vía pública que conduce de San Gil a
Charalá, estación de servicio La Miel, con arma de fuego, cuyas prendas de
vestir fueron “pantalón jean azul, chaqueta de jean, chaleco de moto que dice
PGG08, botas marrones marca Worker, interior gris, medias blancas, camiseta
blanca, reata negra” y la descripción de heridas fue la siguiente: “herida en el
cuello costado derecho, laceraciones en región dorsal de mano” (fl. 31 cdno. 2).

c) Según el informe fotográfico de la inspección técnica al cadáver realizado por
el CTI, el cadáver de Wílhem Ánderson Carrillo Gama se encontró sobre la vía
San Gil-Charalá a la altura de la estación de servicio La Miel con un arma de
fuego tipo pistola calibre 9mm y una vainilla calibre 9mm, y se observó con un
casco de moto puesto en su cabeza, junto al cuerpo de Juan de Jesús Chaparro
Gómez fue encontrada un arma de fuego tipo revólver y una granada de
fragmentación tipo americana en el bolsillo de su pantalón, y el cuerpo de Diego
Fernando Suárez Gelves fue encontrado con un arma de fuego tipo revólver y
un casco de moto (fl. 45 cdno. 3).

d) El Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar dejó en custodia del Gaula Militar
Santander la motocicleta marca Yamaha DT 125 modelo 1999, color azul que
fue incautada el 9 de mayo de 2006 en los hechos ocurridos en la vía que de
San Gil conduce a Charalá, estación de servicio La Miel (fl. 33 cdno. 3), vehículo
respecto del cual obra un contrato de compraventa en el cual la víctima aparece
como compradora el 31 de marzo de 2006 (fl. 84 cdno. 3); sin embargo, según
el dictamen de identificación de la motocicleta realizado por el CTI esta se
encontraba a nombre del señor Ariel Regueros Moreno (fl. 185 cdno. 3).

e) El señor José Vicente Porras Buenahora, denunciante de la extorsión, rindió
la siguiente declaración juramentada el 9 de mayo de 2006:

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
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“El 23 de abril recibí una llamada a mi celular exigiéndome que le
colocara aquí en la bomba $50.000.000, antes de eso me dijo que yo
tenía conocimiento de lo que se estaba conformando en la zona, yo
creí que era una broma de un amigo, me reí y le dije no hay para hacer
mercado mucho menos para dar regalos. El tipo reaccionó con insultos
y ratificando que son $50.000.000 y diciendo que un día de estos lo
llamo. Me dio miedo y colgué el teléfono, en la noche me llamaron al
fijo ya con amenazas contra mi familia, amenazas de llevárselos
secuestrados, yo les dije que se identificaran de qué organización
eran, que vinieran a mi casa y que habláramos, que si él sabía que yo
estaba endeudado y que no tenía toda esa plata, me amenazó de
nuevo, que si yo me ponía en esa tónica que llevaba a doña Gladis o
a uno de los pelados, y me exigía que el dinero era para los 2 días,
para el lunes. Volvió a llamar permanentemente exigiéndome que los
$50.000.000 que ellos habían estado viendo visaje, que estaba muy
caliente porque la policía estaba aquí, le comenté a un amigo y me
recomendó poner la denuncia, fue así como fui a la Quinta Brigada y
puse en conocimiento el caso, me dieron unas recomendaciones, me
motivaron para continuar, que no me dejara extorsionar, y me vine
para la casa. Yo hice una grabación de una llamada al fijo porque
había notado que me cambiaba la voz, el tipo se dio cuenta que lo
estaba grabando, me insultó y ya las próximas llamadas las recibía en
el celular, siempre me insistió en los $50.000.000 y que la entrega era
en la bomba a las horas de la mañana, fue así como ayer recibí una
última llamda para decirme que les tuviera la plata en la bomba que de
4 a 5 de la mañana pasaban, yo avisé al Gaula y me dijeron que me
colaborarían, que no me asustara, que ellos montaban un operativo,
me vine con la duda de eso, de todas maneras seguí las
recomendaciones de armar el paquete de la plata a entregar, faltando
10 para las 4 me vine de San Gil, me senté en el corredor a esperar,
pasaron varios clientes, echaron gasolina, decidí que era mejor no
seguir vendiendo gasolina, cuando vi que venía un señor a pie y una
moto despacio al lado como hablando, presentí que eran ellos porque
eran las 4 y 25, el señor que venía a pie traía un poncho al hombro,
cuando llegó la luz se echó el poncho como cubriéndose la quijada,
los de la moto lo adelantaron y se ubicaron delante de los surtidores,
el bombero les gritó que no había gasolina, pero se desmontaron muy
rápidamente de la moto y un señor de chaqueta amarilla se dirigió al
bombero diciéndole que querían era a don Vicente, traía la mano en la
cintura, quien venía conduciendo no se quitó el casco y se hizo al lado
derecho como en posición de guardia, el de amarillo me conocía pero
yo no porque simultáneamente me dijo que el encargo, yo le entregué
y volvió la espalda y aceleré el paso, cuando sentí fue disparos, metí
a la pieza de la tienda, volví a mirar por entre la puerta y vi el bombero
disparando el revólver, yo le dije Javier no haga eso y me quedé ahí.
PREGUNTADO: por cuánto tiempo escuchó los disparos.
CONTESTÓ: eso fue cuestión de segundos, yo escuchaba que gritaba
gente de los lados. PREGUNTADO: antes de empezar a escuchar los
disparos escuchó alguna voz. CONTESTÓ: sí escuché de todos lados
que decían quieto hijueputa, eso fue simultáneo, era la gente que me
estaba cubriendo, era gente del Gaula. PREGUNTADO: diga al
despacho si usted había visto a estos sujetos antes. CONTESTÓ: no
nunca. PREGUNTADO: usted alcanzó a entregarles el paquete.
CONTESTÓ: sí, yo les alcancé a entregar el paquete, se lo entregué
al señor de camisa amarilla y el del caso hizo un movimiento, algo
tenía en la mano, como armas, yo deduje que ese quieto hijueputa fue

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porque había desenfundado” (fl. 35 cdno. 2 – mayúsculas sostenidas
del original).

f) La señora Sonia Gama Ortega, madre de la víctima, rindió la siguiente
declaración juramentada el 10 de mayo de 2006:

“PREGUNTADO: cómo supo usted de la muerte de su hijo.
CONTESTÓ: por la funeraria. PREGUNTADO: cuándo fue la última
vez que usted vio a WÍLHEM ÁNDERSON. CONTESTÓ: yo lo vi el
lunes en la casa cuando él se fue a trabajar y no lo volví a ver.
PREGUNTADO: en qué trabajaba su hijo. CONTESTÓ: en el
Acueducto de Bucaramanga en redes, hace como 2 años.
PREGUNTADO: dónde y con quién vivía su hijo. CONTESTÓ: vivía
conmigo, el papá y las hermanas en la casa. PREGUNTADO: cómo
es el horario de trabajo de su hijo. CONTESTÓ: una semana de 7 de
la mañana a 3 de la tarde y otra de 3 de la tarde a 11 de la noche.
PREGUNTADO: debía salir de la ciudad su hijo. CONTESTÓ: yo no
sé nada, todos los días iba a la casa. PREGUNTADO: el lunes en la
noche vio a su hijo. CONTESTÓ: no, yo no lo vi, no fue a la casa, yo
me extrañé que no fuera a la casa, estuve llamándolo al celular y no
me contestó, lo vi el lunes en la mañana que se despidió para el trabajo
y volvió a la casa pero yo no estaba y salió y yo no lo volví a ver.
PREGUNTADO: diga al despacho si usted conoce o conoció a Juan
de Jesús Chaparro Gómez y Diego Fernando Suárez Gelvez.
CONTESTÓ: no los conocí. PREGUNTADO: su hijo tenía motocicleta.
CONTESTÓ: sí, una moto azul grande, no recuerdo la placa ni la
marca. PREGUNTADO: los hechos ocurrieron en la vía que de San Gil
conduce a Charalá, diga qué hacía su hijo en ese sector. CONTESTÓ:
no sé, él salía a las 6 de la mañana y yo no lo volví a ver.
PREGUNTADO: WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO GAMA perdió la
vida en enfrentamiento armado con tropas del Grupo Gaula, qué
puede decir al respecto. CONTESTÓ: sorprendida, sorprendida
porque yo no entiendo qué hacía por allá y no creo que él estuviera
haciendo nada malo, tenía su trabajito y no salía a ningún lado.
PREGUNTADO: se afirma que WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO
pertenecía a la guerrilla y que se dedicaba a la extorsión y secuestro,
qué puede decir usted al respecto. CONTESTÓ: no, eso es falso,
tengo testigos de cómo era él, que no era así. PREGUNTADO:
pertenece o ha pertenecido su hijo a algún grupo al margen de la ley.
CONTESTÓ: no, él estuvo fue acá en el ejército prestando servicio y
después se fue de soldado profesional en el Batallón Caldas, de acá
lo trasladaron para Tolemaida y luego a otro lado y se retiró hace como
unos 4 años (…). PREGUNTADO: su hijo tenía armas. CONTESTÓ:
no, nada” (fl. 37 cdno. 2 - mayúsculas sostenidas del original).

g) El señor José Miguel Nieto Barajas, quien se identificó como padre de crianza
de la víctima, rindió la siguiente declaración juramentada el 10 de mayo de 2006:

“PREGUNTADO: indique el motivo de su presencia en el despacho.
CONTESTÓ: acompañar a mi señora para reclamar el muchacho que
prácticamente es mi hijo WÍLHEM ÁNDERSON. PREGUNTADO:
cómo supo usted de la muerte de WÍLHEM ÁNDERSON. CONTESTÓ:

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llamaron de la funeraria de San Gil en horas de la tarde, mi señora
llegó a contarme que lo habían matado en San Gil y yo le dije pero
cómo así, por qué él estaba en San Gil, no tenía ni idea.
PREGUNTADO: cuándo fue la última vez que usted vio a WÍLHEM
ÁNDERSON. CONTESTÓ: creo que fue el domingo en la noche
después de las 6 y 30 de la tarde que yo llegué del trabajo, él estaba
y no lo volví a ver porque el lunes llegó al trabajo a las 5 y 30 de la
mañana y el lunes cuando llegué él no estaba en la casa, le pregunté
a las hermanas y dijeron que se había ido para San Gil, pero que no
había dicho a qué, que para donde unos amigos. PREGUNTADO: él
tenía que trabajar el martes. CONTESTÓ: supuestamente sí.
PREGUNTADO: en qué trabaja su hijastro. CONTESTÓ: en el
Empresa de Acueducto de Bucaramanga hace dos años, estaba en la
parte de lo que es red. PREGUNTADO: dónde y con quién vivía su
hijastro. CONTESTÓ: con nosotros. PREGUNTADO: cómo es el
horario de trabajo de WÍLHEM ÁNDERSON. CONTESTÓ: hay unos
turnos de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 6. PREGUNTADO: su esposa
afirma que unas veces trabajaba WILHEM de 7 de la mañana a 3 de
la tarde y otras veces de 3 de la tarde a 11 de la noche, qué puede
decir usted al respecto. CONTESTÓ: por eso le dijo, hay varias
secciones y los ponen a trabajar en esos turnos. PREGUNTADO:
debía salir de la ciudad WÍLHEM ÁNDERSON por trabajo.
CONTESTÓ: que yo sepa no. PREGUNTADO: el lunes en la noche
vio a WILHEM. CONTESTÓ: no. PREGUNTADO: diga al despacho si
usted conoce a JUAN DE JESÚS CHAPARRO GÓMEZ y DIEGO
FERNANDO SUÁREZ GELVEZ. CONTESTÓ: no tengo idea quién
será ese señor. PREGUNTADO: su hijo tenía motocicleta.
CONTESTÓ: sí, una moto DT color azul con blanco, no recuerdo la
placa ni la marca. PREGUNTADO: los hechos ocurrieron en la vía que
de San Gil conduce a Charalá, diga qué hacía su WILHEM en ese
sector y si acostumbraba a ir a San Gil. CONTESTÓ: que yo sepa, él
no salía a San Gil. PREGUNTADO: WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO
GAMA perdió la vida en enfrentamiento armado con tropas del Grupo
Gaula, qué puede decir al respecto. CONTESTÓ: yo en ese sentido
no puedo decir nada, un muchacho que no tenía malas costumbres,
no tenía malos amigos, un muchacho juicioso, trabajador, de todo el
mundo se hacía querer. PREGUNTADO: se afirma que WEILHEM
ANDERSON CARRILLO pertenecía a la guerrilla y que se dedicaba a
la extorsión y secuestro, qué puede decir usted al respecto.
CONTESTÓ: nunca antes, él tenía rabia a esa gente y prestó su
servicio acá en el Caldas, hizo el curso de soldado profesional y estuvo
trabajando unos meses de soldado profesional. PREGUNTADO:
pertenece o ha pertenecido su hijastro a algún grupo al margen de la
ley. CONTESTÓ: no (…). PREGUNTADO: su hijastro tenía armas.
CONTESTÓ: hacía rato que había comprado un revólver pero no sé si
lo tendría, yo trabajo en vigilancia y nos toca cargar armas pero las
detesto. No recuerdo cómo era el revólver que él había comprado, eso
fue hace como año y medio. PREGUNTADO: tiene algo más que
agregar, corregir, enmendar o suprimir a la presente declaración que
acaba de rendir. CONTESTÓ: algo lo indujo a eso, teniendo su buen
trabajo, no es como dice la prensa, pertenecía pero a un grupo de
trabajadores, de pronto los otros muertos lo indujeron a eso” (fl. 39
cdno. 2 – mayúsculas sostenidas del original).

h) La señora Rosa Juliana Sánchez, quien afirma tener un hijo con la víctima,
rindió la siguiente declaración juramentada el 10 de mayo de 2006:

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“PREGUNTADO: indique el motivo de su presencia en el despacho.
CONTESTÓ: pidiendo a mi esposo. PREGUNTADO: cómo supo usted
de la muerte de WÍLHEM ÁNDERSON. CONTESTÓ: me llamaron
ayer a la casa, la hermana de él me llamó. PREGUNTADO: cuándo
fue la última vez que usted vio a WÍLHEM ÁNDERSON. CONTESTÓ:
el lunes en la mañana, en todo el día no lo vi ni por la noche,
supuestamente él llegaba a las 3 de la tarde y no llegó, el lunes no
llamó, yo estaba en la clínica con la niña. PREGUNTADO: él tenía que
trabajar el martes. CONTESTÓ: sí. PREGUNTADO: en qué trabaja su
hijastro (sic). CONTESTÓ: en el Empresa de Acueducto de
Bucaramanga, lleva como 2 años y medio. PREGUNTADO: dónde y
con quién vivía su hijastro. CONTESTÓ: con los papás de él y las
hermanas y conmigo. PREGUNTADO: cómo es el horario de trabajo
de WÍLHEM ÁNDERSON. CONTESTÓ: cuando lo meten a turnos de
7 a 3, de 3 a 11 y de 11 a 7 de la mañana, depende del turno y cuando
no tiene turnos, de 7 de la mañana a 12 y de 1 y 45 a 5 de la tarde.
PREGUNTADO: debía salir de la ciudad WÍLHEM ÁNDERSON por
trabajo. CONTESTÓ: no, a las afueras no, a San Gil no tenía que ir.
PREGUNTADO: diga al despacho si usted conoce a JUAN DE JESÚS
CHAPARRO GÓMEZ y DIEGO FERNANDO SUÁREZ GELVEZ.
CONTESTÓ: no tengo ni idea de quiénes son. PREGUNTADO: su
compañero tenía motocicleta. CONTESTÓ: sí, una moto DT color azul
con blanco, era Yamaha, placa PVU. PREGUNTADO: los hechos
ocurrieron en la vía que de San Gil conduce a Charalá, diga qué hacía
su WILHEM en ese sector y si acostumbraba a ir a San Gil.
CONTESTÓ: no tengo ni idea, solo habíamos ido una vez cuando yo
estaba embarazada. PREGUNTADO: WÍLHEM ÁNDERSON
CARRILLO GAMA perdió la vida en enfrentamiento armado con tropas
del Grupo Gaula, qué puede decir al respecto. CONTESTÓ: eso es
imposible, algo pasó, él no tiene amigos, no salía con nadie, llegaba a
la casa y se encerraba ahí, no era callejero. PREGUNTADO: se afirma
que WEILHEM ANDERSON CARRILLO pertenecía a la guerrilla y que
se dedicaba a la extorsión y secuestro, qué puede decir usted al
respecto. CONTESTÓ: eso es mentira. PREGUNTADO: pertenece o
ha pertenecido su hijastro a algún grupo al margen de la ley.
CONTESTÓ: no, él solo estuvo acá en el ejército como soldado
profesional (…). PREGUNTADO: su compañero tenía armas.
CONTESTÓ: no. PREGUNTADO: se afirma que había comprado una
cuando entró al acueducto, qué puede decir al respecto. CONTESTÓ:
no” (fl. 41 cdno. 2 – mayúsculas sostenidas del original).

i) La Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga SA ESP certificó
que el señor Wílhem Ánderson Carrillo Gama laboró desde el 3 de mayo de 2004
en el cargo de ayudante de servicios varios, en la sección de redes, en turnos
de 8 horas y para que el día de su fallecimiento le correspondía el de las 3pm a
11pm (fl. 115 cdno. 3).

j) Varios soldados profesionales que participaron del operativo pero no
directamente en el enfrentamiento, por encontrarse tapando la vía a algunos
metros de distancia del lugar de los hechos (Miguel Ángel Monsalve Ortiz,
Ricardo Ramos Sierra, José Zabala Vargas y Enilson Antonio Pastrana)

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aseguraron, coincidentemente, que salieron a las 10 de la noche del 8 de mayo
de 2006 hacia el lugar y que ningún personal del Grupo Gaula resultó herido ni
ningún civil, que todos estaban uniformados y que eran plenamente identificables
y que escucharon unos disparos, primero de arma corta y, luego, de fusil (fls.
118 a 121 cdno. 3).

k) Los soldados investigados rindieron versiones libres el 31 de mayo y 1 de junio
de 2006, las cuales son coincidentes entre sí y con las declaraciones
juramentadas rendidas en el proceso disciplinario, respecto de las cuales como
cuestión adicional a resaltar, afirmaron que la persona que conducía la
motocicleta salió corriendo en el momento del enfrentamiento hacia la vía con el
casco puesto y disparó hacia los militares (fls. 124 a 132 y 138 cdno. 3),
afirmación sobre la cual también fueron coincidentes en las respectivas
diligencias de indagatoria efectuadas en octubre de 2006 (fls. 22 a 40 cdno. 4)2.

l) En la diligencia de inspección judicial con reconstrucción de hechos realizada
por el Juzgado 34 Penal Militar, el señor Óscar Javier Gómez Acevedo, quien
trabajaba en la estación de gasolina y testigo presencial de los hechos, declaró
lo siguiente:
“Yo estaba en la vivienda o construcción de la bomba cuando vi que
llegaron dos sujetos en una moto y uno a pie, pararon la moto y
preguntaron que si había gasolina, yo les dije que no y preguntaron a
don José Vicente, se vino uno de los sujetos para la vivienda y el otro
se hizo más hacia atrás cerca al surtidor de gasolina, ya en la vivienda
don José Vicente salió y le entregó la plata y el man ando (sic) hacia

2 Sobre las indagatorias y versiones libres la Sección Tercera ha establecido, como regla general,

que no son objeto de valoración probatoria por no tener el alcance de una prueba testimonial ni
poder someterse a ratificación dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del
juramento; no obstante, también ha sostenido que es posible valorarlas cuando estas satisfacen
los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, obran otros medios de
prueba que apunten en un mismo sentido y establezcan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar (Consejo de Estado, sentencia de 26 de noviembre de 2015, expediente 36.170, MP Danilo
Rojas Betancourth y sentencia de 1 de febrero de 2016, expediente: 48.842, MP Jaime Orlando
Santofimio Gamboa); asimismo, la Sala Plena también las ha valorado en aras de buscar la
verdad material “en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria
recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su
práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos
fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho
sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la
prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta
ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo
a los criterios rectores de la sana crítica” (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 12 de marzo de 2013,
radicado no.11001-03-15-000-2011-00125-00). En el presente caso la Sala considera que estas
pruebas pueden ser objeto de valoración por encontrar que son coincidentes con los demás
medios probatorios y describen circunstancias de tiempo, modo y lugar.

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
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los surtidores y el otro se quedó con el casco puesto y con la mano en
la cintura y cuando fue que le gritaron al que tenía el paquete Gaula
del Ejército y empezó a disparar y ahí fue cuando se formó el tiroteo.
El que se quedó atrás y tenía el casco de la moto salió corriendo y yo
vi que fogoneaba (sic) el arma disparando hacia nosotros. Cuando
empezó el tiroteo yo (ilegible) calibre 38 de propiedad de don José
Vicente yo disparé (ilegible)” (fl. 42 cdno. 4).

Por su parte, el señor José Vicente Porras Buenahora, denunciante y también
testigo presencial de los hechos, narró los acontecimientos en esta ocasión de
manera similar a la que hizo en la declaración juramentada rendida el 9 de mayo
de 2006 y, como cuestión adicional, afirmó que “el de casco salió corriendo y él
disparaba porque yo veía los fogonazos del arma salir por donde ingresó con la
moto hacia la carretera vía San Gil” (fl. 43 cdno. 4).

m) El comandante de la misión Leonardo Fabio Aguilar Pico y el soldado Iván
Darío Jaimes Jaimes, quienes estuvieron en la misión pero no involucrados en
el enfrentamiento, rindieron declaración juramentada el 31 de mayo de 2006 y
fueron coincidentes en afirmar que un poco antes de la estación de gasolina
llegaron una motocicleta y un carro pequeño, de este último se bajó un hombre
y avanzó a pie junto con la motocicleta hasta la estación y ocurrió lo que los
demás relataron de manera similar (fls. 133 y 135 cdno. 3).

n) Los soldados profesionales Fabio Toloza Pérez y Javier Hernando Chona
Laguado, pertenecientes al Grupo Gaula Militar de Santander, quienes no
participaron en el operativo pero hicieron parte de su planeación, rindieron
declaración juramentada y explicaron que dicha operación se hizo con base en
la denuncia presentada por el señor José Vicente Porras Buenahora y la
grabación de la llamada telefónica que este allegó (fls. 15 y 17 cdno. 4), la cual
fue transcrita por la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación en donde
se evidencian los hechos denunciados (fl. 77 cdno. 4).

ñ) El señor Luis Alfonso Infante Sepúlveda, compañero de trabajo de la víctima
en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, rindió la siguiente declaración
juramentada el 4 de diciembre de 2008:

“[L]a última vez que conversé con él fue en esos días [8 o 7 de mayo]
porque él me estaba localizando para que le hiciera el favor de
cambiarle el turno, que él tenía el turno de 7 de la mañana a 3 de la

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
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tarde, porque él supuestamente tenía una tía enferma en San Gil y que
necesitaba irse rápido, esa fue la razón que me dio, inclusive, el día
que él me llamó yo tenía el turno de 3 a 11 de la noche, estaba
laborando en ese momento, para pedirme el favor por lo anteriormente
mencionado, para que le cambiara el turno del día siguiente, que yo le
hiciera el de 7 de la mañana a 3 de la tarde y luego él me hacía luego
esa misma tarde de 3 de la tarde a 11 de la noche, yo lógicamente le
dije que sí porque me manifestó que tenía un familiar enfermo y que
necesitaba irse urgente. Él me localizó fue vía celular, recibí la llamada
a las 6 y 30 de la tarde. Yo le hice el turno, él le había comentado al
ingeniero el cambio. PREGUNTADO: se dice que Wílhem Ánderson
debía ir a San Gil a realizar unos documentos sobre un vehículo que
tenía y no porque tuviere un familiar enfermo, qué puede decir al
respecto. CONTESTÓ: Desconozco realmente eso, la versión que
puedo dar es que me pidió el favor y lo que me dijo fue que tenía un
familiar enfermo (…). PREGUNTADO: diga al despacho si Wílhem
Ánderson se movilizaba en algún vehículo. CONTESTÓ: Él creo que
tenía un vehículo Renault 9 color blanco, tenía una moto también, una
DT creo que también color blanco (…). PREGUNTADO: diga al
despacho si en las fotografías que se le ponen de presente reconoce
la motocicleta de Wílhem Ánderson Carrillo (…). CONTESTÓ: La moto
que se ve a folio 48 no era la de Wílhem Ánderson, sé que él tenía era
una DT blanca” (fl. 209 cdno. 5 – mayúsculas sostenidas del original).

o) Según el informe técnico de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, el cuerpo de la víctima presentó “a nivel de la escápula
izquierda herida proyectil arma de fuego con salida en lado derecho del cuello y
abrasiones en dorsos de manos de tipo leve”, registró como manera de la
muerte: “VIOLENTA – HOMICIDIO” y como causa: “herida médula espinal
PROYECTIL ARMA DE FUEGO” (fl. 142 cdno. 3); a su turno, el cuerpo del señor
Juan de Jesús Chaparro Gómez presentó múltiples heridas con dos proyectiles
de arma de fuego de alta velocidad y carga única, fallece por heridas
pulmonares, cardiacas y anemia aguda y cuya manera de muerte se describió:
“VIOLENTA – HOMICIDIO EN ENFRENTAMIENTO ARMADO”, se le encontró
una granada de fragmentación en sus prendas de vestir (fl. 158 cdno. 3); por su
parte, el señor Diego Fernando Suárez Gelvez presentó múltiples lesiones con
ocho proyectiles de arma de fuego de alta velocidad y carga única, fallece por
lesión craneoencefálica y abdominal multivisceral, cuya manera de muerte
también se describió: “VIOLENTA – HOMICIDIO EN ENFRENTAMIENTO
ARMADO” (fl. 164 cdno. 3).

p) Los señores Juan de Jesús Chaparro Gómez y Diego Fernando Suárez
Gelvez registran varios antecedentes penales de delitos de fabricación y tráfico

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de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, porte ilegal de
armas y, hurto calificado y agravado (fl. 153 cdno. 3).

q) El análisis de residuos de disparo en mano efectuado por el CTI dio compatible
para los señores Juan de Jesús Chaparro Gómez y Diego Fernando Suárez
Gelvez e incompatible para el señor Wílhem Ánderson Carrillo Gama (fl. 192
cdno. 3); el Juez 34 de Instrucción Penal Militar solicitó ampliación del dictamen
porque, si bien ese último resultó incompatible, la totalidad de los declarantes
afirmaron que él sí disparó (fl. 198 cdno. 4), frente a lo cual el investigador explicó
que para que un análisis resulte positivo se necesita que se cumplan con dos
requisitos simultáneamente: la presencia de los tres metales plomo, bario y
antimonio (lo cual fue positivo para el señor Carrillo Gama) y la proporción entre
los metales antimonio y bario, a lo cual dio negativo “por encontrarse el bario
cantidad mayor a la esperada al compararla con la encontrada de antimonio” (fl.
200 cdno. 4).

r) Según documento expedido por el laboratorio de balística del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre “información general sobre la
metodología e interpretación de los resultados del análisis de residuos de disparo
en las manos por los métodos instrumentales de espectrofotometría de
absorción y emisión atómica”, esas pruebas pueden en ocasiones arrojar falsos
positivos o falsos negativos como resultados, en los siguientes términos:

“Estas pruebas instrumentales empleadas en la detección de residuos
de disparo definen con certeza si la muestra contiene o no los
elementos químicos (plomo, bario, cobre y antimonio) relacionados
con los residuos de disparo, pero no permiten determinar que estos se
hayan adquirido realmente por disparar un arma de fuego. Los
resultados de estas pruebas no constituyen una plena y única prueba
por lo tanto debe ser analizada a la luz de todas las circunstancias que
rodearon los hechos motivo de la investigación.

Las interferencias de la prueba, independientes de la técnica
empleada que es altamente específica y confiable, están relacionadas
con el muestreo y las circunstancias del hecho que se investiga,
obteniéndose en algunas oportunidades resultados FALSOS
POSITIVOS o FALSOS NEGATIVOS” (fl. 231 cdno. 4 – mayúsculas
sostenidas del original).

s) De conformidad con el informe de balística del CTI de la Fiscalía General de
la Nación, las tres armas de fuego incautadas fueron disparadas, pero, la pistola

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se encontraba en mal estado de funcionamiento por lo cual no era apta para los
fines que fue fabricada, en tanto los dos revólveres se encontraban en correcto
estado de funcionamiento y aptos para los fines que fueron fabricados (fl. 169
cdno. 4).

t) La URI de la Fiscalía de San Gil informó a la Dirección Seccional de Fiscalías
que el 9 de mayo de 2006, en desarrollo de la referida operación antiextorsión,
miembros del Gaula del Ejército Nacional adscritos a Bucaramanga, dieron de
baja a los señores Wílhem Ánderson Carrillo Gama, quien portaba una pistola 9
milímetros; Juan de Jesús Chaparro Gómez, quien portaba un arma blanca tipo
puñal y un revólver niquelado calibre 38 largo y, Diego Fernando Suárez Gelvez,
quien portaba un revólver calibre 38 largo; también se incautó una motocicleta
marca Yamaha DT 125 color azul de placas PVU62A (fl. 225 cdno. 3).

u) En documento privado con presentación personal ante la Notaría Quinta de
Bucaramanga, el señor Wílhem Ánderson Carrillo Gama se comprometió a
“hacerle papeles del vehículo Renault 9 placas ASA990 Santa Fe Bogotá en la
primera semana de junio del 2006 al señor Gustavo Salamanca Hernández” (fl.
61 cdno. 4); el contrato de compraventa de dicho vehículo fue suscrito el 27 de
marzo de 2006 entre Wílhem Ánderson Carrillo Gama (vendedor) y Gustavo
Salamanca Hernández (comprador) (fl. 62 cdno. 4).

v) El informe de la Policía Judicial sobre la ocurrencia de los hechos coincide con
lo narrado por los militares y el denunciante (fl. 82 cdno. 4).

w) A través de providencia proferida el 6 de diciembre de 2006, el Juzgado 24
de Instrucción Penal Militar resolvió la situación jurídica de los militares objeto de
investigación en el sentido de abstener medida de aseguramiento en su contra
por encontrar que “se actuó en circunstancias excluyentes de antijuridicidad”, en
atención a que la dada de baja fue como consecuencia de la respuesta a un
ataque con armas de fuego en medio de la comisión del delito de extorsión (fl.
132 cdno. 4).

x) Mediante decisión proferida el 23 de mayo de 2007 el Juzgado 34 de
Instrucción Penal Militar resolvió cesar el procedimiento en favor de los

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sindicados por el delito de homicidio y archivar la investigación, porque actuaron
“en circunstancias excluyentes de responsabilidad penal, que se actuó en
cumplimiento de la Misión Táctica Boyacá y en legítima defensa del derecho
propio y de los terceros (civiles y militares) que se encontraban en el sector” (fl.
233 cdno. 4).

y) En virtud de la consulta a la que fue sometida la anterior decisión, el Tribunal
Superior Militar la revocó a través de providencia proferida el 7 de septiembre de
2007 y dispuso el perfeccionamiento de la investigación, pero, en el expediente
no obra la totalidad de la decisión que permita conocer los motivos de esta (fls.
286 y 309 cdno. 4).

z) Según ampliación del informe técnico de necropsia realizado sobre el cuerpo
del joven Wilhmen Anderson Carrillo Gama, se estableció que él era quien
conducía la motocicleta, pero, en el momento exacto de los hechos salió
corriendo hacia la vía, momento en el que fue impactado mortalmente (fl. 95
cdno. 5).

z.1) Mediante decisión calendada el 14 de abril de 2009, la Fiscalía 15 Penal
Militar de Bucaramanga calificó el mérito del sumario con cesación de
procedimiento y, aunque la providencia no se encuentra completa, hay parte de
“la valoración de lo probado y fundamento para decidir” que da cuenta sobre el
hecho de que encontró probado que los sindicados actuaron en cumplimiento de
una misión táctica y en legítima defensa ante el ataque con arma de fuego por
parte de las tres personas fallecidas (fl. 231 cdno. 5).

z.2) En virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público
y por la parte civil en contra de la anterior decisión (fls. 277 y 278 cdno. 5) la
Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior Militar mediante providencia del 18
de agosto de 2009 la confirmó por encontrar que los sindicados actuaron en
legítima defensa (fl. 291 cdno. 5).

7) Hechos probados en el proceso penal por el delito de extorsión:

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Mediante decisión proferida el 9 de junio de 2010, la Fiscalía Tercera Local de
San Gil ordenó el archivo de la carpeta penal correspondiente a la indagación
preliminar no. 68-001-62-68001-2006-00004 por el delito de extorsión (que se
inició con base en la denuncia formulada por el señor José Vicente Porras
Buenahora el 25 de abril de 2006), debido a que “luego de adelantadas las
averiguaciones resulta imposible encontrar o establecer el sujeto activo de la
acción”, así como también ordenó la entrega definitiva de la motocicleta
incautada, archivo que se ordenó antes de la formulación de imputación (fl. 152
cdno. 1). Los fundamentos de la decisión fueron los siguientes:

“Pues bien sin más rodeos esta Fiscalía proclama que la presente
Indagación Preliminar está llamada a su inmediato ARCHIVO, pero no
por las razones que aparentemente pudieran ser evidentes para un
periódico irresponsable, esto es, ‘muerte de los extorsionistas’, sino,
todo lo contrario, por cuanto con base de en los elementos materiales
probatorios aportados a la investigación, no logró establecerse a los
responsables de la conducta punible investigada, ya que con el
desenlace fatal del mal planeado operativo, también se abortó la
investigación por extorsión, si en cuenta se tiene que no hubo lugar a
debido proceso alguno, ni a la judicialización en debida forma del
caso.

A partir del 01 de enero de 2006 entró a regir en el Distrito Judicial de
San Gil, la Ley 906 de 2004 y con ella el nuevo Sistema Penal Oral
Acusatorio, cuya característica primordial es la de ser garantista, y a
escasos 4 meses 9 días de su vigencia en esta Seccional, un hecho
tan lamentable como el sucedido debe prender las alarmas, para que
en un verdadero trabajo en equipo Fiscalía y Policía Judicial puedan
enaltecer la Administración de Justicia, con resultados obtenidos en
procedimientos impecables, y no en apresurados operativos que no se
justifican desde ningún punto de vista, y se reitera, con el aplauso de
los periódicos regionales que plasman noticias alejadas de la misma
realidad social y sin bases para ser sustentadas.

Con criterio firme esta Delegada considera que el operativo efectuado
por los investigadores del Gaula, no tiene concordancia frente a las
actividades y objetivos plasmados el 26 de abril de 2006 en el
Programa Metodológico, pues de bulto se aprecia que los funcionarios
de policía judicial actuaron como una rueda suelta sin ninguna
coordinación de la Fiscal Segunda Local que tenía el caso bajo su
conocimiento, lo que denota su desconocimiento frente al espíritu del
Sistema Penal Acusatorio, y se refleja en los fatales resultados
obtenidos.

La posición de esta Delegada no es asumida de manera caprichosa,
sino resultado del estudio de los EMP, EF e ILO, incorporados a la
carpeta penal, ya que nótese cómo en ningún momento los
Funcionarios de Policía Judicial que oportunamente acudieron ese 26
de abril de 2006 a solicitar el Programa Metodológico ante la Fiscalía
de conocimiento, no obraron con la misma celeridad para rendir los
correspondientes Informes en desarrollo del mismo, máxime si se

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
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Reparación directa - apelación de sentencia

tenía registrado en el formato correspondiente como fecha de control
el 15 de mayo de 2006, esto es, 20 días después, y con mayor razón
ante los resultados obtenidos a solo 14 días de la elaboración del
programa, pues el hecho ocurrido el 09 de mayo de 2006 fue de amplia
connotación, y aun así, remitieron los Informes sólo hasta el 21 de
septiembre de 2006 ante la tardía solicitud de la Fiscal del caso.

Vale la pena resaltar que el Informe allegado finalmente no era un
documento original, sino en fotocopia ilegible, porque al parecer para
ese momento se tornó más importante para los miembros del GAULA
su Defensa ante el proceso que se iniciara ante la Justicia Penal
Militar, que el cumplimiento de los parámetros que exige la Ley 906 de
2004 en cuanto al rol que cumplen como Funcionarios de Policía
Judicial, como coadyuvantes de la investigación, resultando un
informe incompleto que a su vez no tuvo ningún seguimiento, pues ni
Fiscalía ni Policía Judicial pensaron siquiera que era importante al
menos haber entrevistado al Denunciante frente a la forma cómo se
dispuso llevar a cabo el operativo.

Es lamentable que ante la ausencia del Informe, el único documento
que dio luces en su momento sobre lo sucedido, fue la comunicación
suscrita por la Fiscal Cuarta Seccional URI de San Gil, dirigida al
Director Seccional de Fiscalías de la época, poniéndolo en
conocimiento sobre lo acontecido ese 9 de mayo de 2006.

En este orden de ideas, para esta Delegada persiste una duda
insalvable frente a la forma como se dio el operativo, que de haberse
planeado suficientemente, hubiese culminado seguramente con la
captura en flagrancia de los presuntos autores del delito, y la Fiscal del
caso hubiese podido judicializar el caso con base en los EMP, EF e
ILO, entre ellos vr. gr., el sobre que contenía el supuesto dinero, que
por insignificante que parezca, esta Delegada echa de menos, y todo
ello garantizándole no sólo los derechos a la víctima de la presunta
extorsión, sino el debido proceso a los Imputados.

(…).

En el presente evento la Policía Judicial bajo la coordinación de la
extinta Fiscalía Segunda Local y una vez se habían trazado las
directrices que gobernarían la investigación (programa metodológico),
buscó la información que diese luces sobre quien o quienes habían
cometido el delito, sin embargo, los resultados obtenidos en el
operativo programado para ese 9 de mayo de 2006 por parte de los
Funcionarios del Gaula, abortaron por completo la Investigación, y en
este momento procesal, la Fiscalía Tercera Local a cargo del caso, no
vislumbra ninguna nueva orden que se le deba impartir a otros
Servidores de Policía Judicial para que obtengan información, recojan
elementos probatorios o evidencia física que nos lleve a la autoría y
consecuente responsabilidad en el delito que se denunció, pues el
tiempo que pasa es la verdad que huye.”

8) El señor Gustavo Salamanca Hernández, con quien la víctima habría
negociado el vehículo automotor, rindió en el curso del presente proceso, el 6 de
noviembre de 2014, el siguiente testimonio:

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“PREGUNTADO: Manifiéstele al Despacho si sabe la razón por la cual
fue citado el día de hoy a la presente diligencia. CONTESTADO: Pues
vengo por el negocio que tenía con el señor ANDERSON, porque
tengo un negocio con él, hice un negocio con él y me citaron por si
conocía de eso (…). PREGUNTADO: Sírvase indicar al Despacho si
conoció al señor WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO GAMA y en caso
afirmativo, cuándo y por qué lo conoció. CONTESTADO: Sí lo conocí
y cuándo, le compré un vehículo, y lo conocí en mi local que fue con
la mamá. PREGUNTADO: Indique al Despacho si ha celebrada usted
un contrato de compraventa con el señor WÍLHEM ÁNDERSON
CARRILLO GAMA respecto de un vehículo automotor y de ser así, en
qué consistió exactamente el negocio. CONTESTADO: Sí hice un
contrato de compraventa de un vehículo Renault nueve blanco de
placas ASA-990, modelo 85. PREGUNTADO: Informe al Despacho si
dentro de la compraventa mencionada, estaba pendiente traspaso de
la propiedad de este vehículo que debía efectuar el señor ANDERSON
CARRILLO GAMA. CONTESTADO: Sí señor, inclusive tengo la tarjeta
de propiedad de carro y está a nombre de él. (Se deja constancia que
se pone de presente el documento del vehículo del cual se le corre
traslado a la señora apoderada del Ejército Nacional). PREGUNTADO:
Indique Despacho si sabe o le consta del día 08 de mayo de 2006, el
señor WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO GAMA viajó a la ciudad de
San Gil con el fin de legalizar el traspaso sobre la compraventa del
mencionado vehículo. CONTESTADO: Si señor, teníamos pendiente
el traspaso y él iba a San Gil a buscar un gestor y solicitar la constancia
del traspaso de propiedad y a la vez firmaron un documento en
Notaría, un compromiso que él me hacia el traspaso como yo ya le
había pagado la totalidad del carro, quedó en la Notaría una
constancia que él me colaboraba con el traspaso del vehículo, eso se
hizo en la Notaría, no me acuerdo, y lo autenticamos. PREGUNTADO:
Indique al Despacho si sabe o le consta si el señor WÍLHEM
ÁNDERSON CARRILLO GAMA, era empleado o trabajaba como
independiente. CONTESTADO: Efectivamente, él trabajaba en el
acueducto y yo varias veces fui a buscarlo y lo veía con el uniforme.
PREGUNTADO: Indique al Despacho si en algún momento el joven
WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO GAMA le manifestó que viajaría a
la ciudad de San Gil para por intermedio de un gestor cumplir con el
trámite del traspaso que se debía realizar en la ciudad de Bogotá, lugar
donde se encontraba matriculado el vehículo. CONTESTADO: Sí
señor, él me comentó que iba a ir a buscar un gestor en San Gil para
hacer la diligencia del traspaso porque ese era el compromiso que él
tenía conmigo. Él tenía que cuadrar, estaba pendiente un cuadre de
turno de unas vacaciones, entonces ese día tenía que hacer una
diligencia, y por el estar trabajando no pudo ir al traspaso hasta que
no cuadrara el tiempo de él (…). PREGUNTADO: Manifiéstele al
Despacho cómo le consta que el 08 de mayo de 2006, el señor
WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO GAMA viajaría a San Gil.
CONTESTADO: Como ya habíamos hablado, el compromiso que él
tenía, estaba pendiente el traspaso de la tarjeta de propiedad el
vehículo. En esos días fue que hicimos el documento en la Notaría, y
él dijo que iba a ir en el trascurso de esos días hasta que él cuadrara
su tiempo en el trabajo (…). PREGUNTADO: Manifiéstele al
Despacho, y teniendo en cuenta el negocio de la venta de un vehiculó
automotor, Renault nueve, que quedó pendiente de hacer un traspaso,
por qué no lo hicieron en esos días en Bucaramanga y sí en San Gil.
CONTESTADO: Porque el carro era de placas de Bogotá, y porque él
no tenía tiempo por el trabajo. PREGUNTADO: Manifiéstele al

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Despacho si usted conoce el tipo de vinculación laboral que tenía
WÍLHEM ÁNDERSON CARRILLO GAMA, con el Acueducto.
CONTESTADO: Era empleado del Acueducto. No más preguntas. En
estado de la diligencia se le pregunta al testigo si desea agregar algo
más a la presente diligencia, ante lo cual manifiesta: Obviamente, pues
en ese caso me está perjudicando y me ha perjudicado a mí, porque
tengo el carro, no lo he podido vender, no se ha podido dar el
traspaso, no he podido hacer nada con el carro porque lo tengo como
un matrimonio pendiente, porque nadie me lo compra con papeles de
otros. (Se deja constancia que el testigo aporta al expediente fotocopia
de la tarjeta de propiedad del vehículo mencionado a un (1) folio útil.)
Yo le compre el vehículo en siete millones de pesos.” (fl. 144 cdno. 1
– mayúsculas sostenidas del original).

En la licencia de tránsito aportada se observa que el automóvil Renault 9 de
placas ASA990 se encuentra registrado a nombre del joven Wílhem Ánderson
Carrillo Gama, cuya fecha de expedición es del 31 de mayo de 2005 (fl. 146
cdno. 1).

3. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

3.1 El daño

El daño alegado por los actores, esto es, la muerte del joven Wílhem Ánderson
Carrillo Gama el 9 de mayo de 2006 se encuentra probada, pues, en ese sentido
obra el respectivo registro civil de defunción (fl. 102 cdno. 1).

3.2 La imputación

1) De acuerdo con lo expuesto en la demanda y ratificado en el recurso de
apelación, la parte actora considera que la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional es responsable del fallecimiento del joven Wílhem Ánderson
Carrillo Gama debido a que fue provocado por agentes de esa entidad y
presentado como consecuencia de un enfrentamiento armado pero, en realidad,
se trató de una ejecución extrajudicial o, como aquella lo denominó, “un falso
positivo”.

2) De conformidad con el análisis probatorio efectuado en precedencia, para la
Sala es claro que la muerte de la víctima fue ocasionada por miembros del Grupo
Gaula adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional con sede en

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Bucaramanga (Santander) con armas de dotación oficial, de ello dan cuenta el
informe de la misión táctica, las declaraciones de los mismos uniformados y los
procesos disciplinario y penal militar que se abrieron precisamente por esa
razón, además, no hay discrepancia alguna sobre este punto entre las partes.

3) Ahora bien, el debate se centra en establecer si ese deceso ocurrió como
consecuencia de un enfrentamiento armado entre la víctima y otras dos personas
con los agentes en medio de una operación militar o, si se trató de la muerte de
un civil que nada tenía que ver en el referido enfrentamiento y fue presentado
como una “falso positivo”.

4) El tribunal a quo denegó las pretensiones de la demanda por considerar que
el fallecimiento ocurrió en desarrollo de una operación militar planeada y
ejecutada por miembros activos del Ejército Nacional que actuaron en tal
condición y en legítima defensa dado que la víctima, junto con las otras dos
personas también abatidas, atacaron con arma de fuego y en respuesta a ello
fue que los militares dispararon contra aquellos con el fatídico desenlace ya
relatado.

Por lo anterior, la parte demandante, en el recurso de apelación, expuso que el
tribunal de primera instancia tomó su decisión con base en las diligencias
adelantadas ante la justicia penal militar las cuales estuvieron encaminadas a
favorecer a los militares, sin garantías y objetividad para las víctimas y, por el
contrario, desconoció los aspectos señalados por la fiscalía que dieron cuenta
de las irregularidades encontradas en el operativo.

5) Pues bien, esta Sala encuentra que la decisión del Tribunal Administrativo de
Santander acompasa de manera seria y lógica con el material probatorio obrante
en el expediente, por cuanto de este se desprende que el joven Wílhem
Ánderson Carrillo Gama fue abatido en medio del operativo militar en el que se
iniciaron los disparos contra los agentes y estos reaccionaron de igual manera
en legítima defensa, sobre lo cual es necesario precisar lo siguiente:

a) En efecto, se demostró que el señor José Vicente Porras Buenahora presentó
denuncia ante las autoridades debido a que recibía llamadas extorsivas con el

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fin de que entregara $50’000.000 con la amenaza de que de lo contrario serían
secuestrados su esposa y sus hijos, para lo cual allegó una grabación que
corroboraba su dicho, en vista de lo cual el Grupo Gaula adscrito a la Quinta
Brigada del Ejército Nacional organizó una misión táctica antiextorsión que
denominó Boyacá I y en la cual se determinó que el objetivo era evitar el pago
del dinero y capturar a las personas implicadas, pero, que si estas oponían
resistencia se actuaría de conformidad con la Constitución y la ley.

La víctima de la extorsión acordó con los extorsionistas la entrega del dinero el
9 de mayo de 2006 entre 4:00 y 5:00 de la mañana en la estación de gasolina
denominada La Miel de propiedad de aquella, ubicada en la vía que de San Gil
conduce a Charalá, y los miembros del Gaula estarían en el lugar para
sorprenderlos.

b) Así fue como, ubicados los militares escondidos estratégicamente, en la
estación se encontraba el señor José Vicente Porras Buenahora y un trabajador,
el señor Oscar Javier Gómez Acevedo, cuando en el interregno de las horas
mencionadas llegaron tres hombres, uno a pie y los otros dos en una motocicleta,
quienes le preguntaron a este último por el primero de los mencionados, al
instante el señor José Vicente salió de la casa de la estación y le entregó el
paquete a uno de ellos, momento en el cual salieron los militares y se
identificaron como miembros del Grupo Gaula, pero, quien recibió el paquete
inmediatamente disparó contra los agentes y empezó el intercambio de disparos
entre todos.

c) De estos hechos dieron cuenta, de manera coincidente, todas las
declaraciones rendidas por los militares que participaron en el operativo (tanto
en el enfrentamiento directamente como a sus alrededores), lo mismo que las
declaraciones del denunciante y el trabajador de la estación, quienes fueron
testigos presenciales de los hechos; además, el informe rendido por el
comandante de la operación, los hallazgos reportados por el CTI y el informe de
la URI dieron cuenta de que a las tres personas abatidas, identificadas como
Wílhem Ánderson Carrillo Gama, Juan de Jesús Chaparro Gómez y Diego
Fernando Suárez Gelvez, les fueron encontradas en el momento de los hechos
armas cortas, dos revólveres y una pistola, todas las cuales fueron accionadas.

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d) Ahora bien, los demandantes alegan que el joven Wílhem Ánderson Carrillo
Gama no hizo parte de la extorsión y mucho menos que disparó en contra de los
militares, que se trató de un civil a quien lo hicieron pasar por abatido en
enfrentamiento, pues, para el día de los hechos él se encontraba en San Gil,
supuestamente porque iba a entregar unos documentos para el traspaso de un
automóvil que él le vendió a otra persona.

e) Al respecto, la Sala encuentra que si bien obra en el encuadernamiento el
contrato de compraventa del mencionado automóvil, así como también la
declaración del comprador de este en el sentido en que el joven Wílhem
Ánderson Carrillo Gama le había comentado que en esos días iría a San Gil para
tramitar el traspaso y el documento autenticado en notaría sobre el compromiso
de hacer el traspaso en el mes de junio de 2006, ello no es suficiente para tener
por acreditado el dicho de los demandantes, máxime si su madre, su compañera
permanente y su padre de crianza, con quienes él vivía, no tenían conocimiento
de ese viaje o trámite; además, el señor Luis Alfonso Infante Sepúlveda, su
compañero de trabajo en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, aseguró
que él le colaboró a la víctima con el cambio de turno para el día de ocurrencia
de los hechos pero, porque le aseguró que iba a San Gil porque se encontraba
un familiar enfermo, situación que contradice la tesis del traspaso del automotor
(motocicleta).

f) Por el contrario, es convincente para la Sala el hecho de que tanto el trabajador
de la estación como el denunciante, ambos testigos presenciales de los hechos,
aseguraron que quien conducía la motocicleta en el momento del intercambio de
disparos salió corriendo hacia la vía disparando con el casco de moto puesto en
su cabeza, lo cual coincide también con lo manifestado por los militares en sus
versiones libres e indagatorias y el hecho de que el cuerpo del joven Wílhem
Ánderson Carrillo Gama fue encontrado precisamente en la vía de acuerdo con
el informe fotográfico de la inspección técnica a cadáver entregado por el CTI,
en el cual también se observa el casco puesto en su cabeza; además, en la
ampliación al informe de necropsia se concluyó exactamente eso, que el joven
Wilhmen Anderson Carrillo Gama era quien manejaba la motocicleta, pero, en el
momento exacto de los hechos salió corriendo hacia la vía cuando fue impactado
mortalmente.

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
Actor: Sonia Gama Ortega y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

g) En cuanto al análisis de residuos de disparo en mano que arrojó como
resultado incompatible para el joven Wílhem Ánderson Carrillo Gama, este no
acompasa con ninguna otra prueba y, además, es importante resaltar que no es
cierto que en la mano de la víctima no se encontraron residuos de plomo, bario
y antimonio, sino que, estos no estaban en una proporción específica para que
diera compatible, lo cual no descarta la posibilidad de que él hubiera accionado
el arma, pues, según un documento expedido por el laboratorio de balística del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses existe la posibilidad de
que las pruebas arrojen falsos negativos, por distintas circunstancias. Tampoco
desvirtúa el hecho que en el informe de balística se dijera que el arma no estaba
en buenas condiciones para su funcionamiento, puesto que de todas formas en
el mismo informe se determinó que las tres armas fueron accionadas. Otro punto
importante a tener en cuenta es que el padre de crianza de la víctima aseguró
que esta había comprado un arma tiempo atrás.

h) En relación con la motocicleta incautada en el operativo, si bien esta se
encontraba a nombre de otra persona y que su compañero de trabajo, a quien
se le mostró la fotografía, dijo que no era la del joven Wílhem Ánderson Carrillo,
lo cierto es que en el informe rendido por el comandante del operativo, en la
decisión por medio de la cual el Juzgado 34 Penal Militar la dejó en custodia de
la Brigada Quinta del Ejército y en el informe de la URI se observa que la
motocicleta incautada fue una de color azul marca Yamaha DT de placas
PVU62A, características que coinciden casi completamente con aquellas
descritas por su compañera permanente y sus padres de la moto que tenía su
familiar (Yamaha DT azul de placas PVU).

i) Por otra parte, aunque a diferencia de los señores Juan de Jesús Chaparro
Gómez y Diego Fernando Suárez Gelvez, el joven Wílhem Ánderson Carrillo
Gama no tiene antecedentes penales, el cual es otro argumento de los
demandantes, ello no es óbice para determinar que no estuvo implicado en esos
hechos delictivos, pues, todas las pruebas obrantes en este proceso apuntan a
establecer que él participó tanto en la extorsión como en el enfrentamiento
armado con el Grupo Gaula del Ejército Nacional.

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Expediente 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056)
Actor: Sonia Gama Ortega y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

j) También es importante aclarar que no es cierto lo que alega la parte apelante,
en el sentido de que las diligencias adelantadas ante la justicia penal militar
estuvieron encaminadas a favorecer a los militares, sin garantías y objetividad
para las víctimas, pues, muy por el contrario, la Sala observa que se llevó un
proceso acucioso, en el que se practicaron un número considerable de pruebas,
tanto técnicas como testimoniales y que el juzgado conductor del caso procuró
esclarecer todas los puntos dudosos a través de ampliación de dictámenes y
declaraciones, además, los ahora demandantes se constituyeron como parte
civil3, y todas las actuaciones fueron notificadas debidamente, de manera que
ellos tuvieron todas las garantías para su participación y defensa.

Además, no existe sindicación específica y menos aún prueba alguna de esas
supuestas irregularidades procesales, por tanto, la afirmación no deja de ser sino
una aseveración carente por completo de respaldo probatorio.

k) Por último, frente al argumento de que el a quo desconoció los aspectos
señalados por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se adelantó
por el delito de extorsión que dieron cuenta de las irregularidades encontradas
en el operativo y que fue archivado porque no se pudieron determinar los autores
del hecho punible, la Sala precisa que, aunque es cierto que la Fiscalía Tercera
Local de San Gil en providencia del 9 de junio de 2010 aseguró que se trató de
un “mal planeado operativo” o de un “apresurado operativo que no se justifica
desde ningún punto de vista” o que “de haberse planeado suficientemente,
hubiese culminado seguramente con la captura en flagrancia de los presuntos
autores del delito”, pero, que los resultados obtenidos en el operativo “abortaron
por completo la investigación”, lo cierto es que esas afirmaciones las
fundamentó, principalmente, en el simple hecho de que los presuntos autores
del delito fueron abatidos, circunstancia que ocurrió como consecuencia del
ataque armado de ellos mismos; también la sustentó en que supuestamente no

3 Rosa Juliana Sánchez, actuando en nombre propio y en el de su hija menor de edad Laura

Sofia Carrillo Sánchez, Sonia Gama Ortega y Jenny Jazmín, Sonia Tatiana y Kelly Johanna Nieto
Gama interpusieron demanda de parte civil dentro del proceso penal militar, en sus calidades de
compañera, hija, madre y hermanas de la víctima (fl. 240 cdno. 3), la cual fue admitida pero solo
respecto de la madre y hermanas en auto del 9 de octubre de 2006 proferido por el Juzgado 34
de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, providencia a través de la cual se declaró abierta
la investigación penal (fl. 251 cdno. 3); respecto de la compañera permanente e hija fue admitida
solo hasta cuando se probaron sus calidades, en auto proferido el 9 de abril de 2008 proferido
por ese mismo despacho (fl. 139 cdno. 5).

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Actor: Sonia Gama Ortega y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

hubo informe de la policía judicial y que no se entrevistó al denunciante,
cuestiones que no corresponden a la realidad probatoria, pues, existen ambas
pruebas y, además, nada tienen que ver con el operativo en sí mismo.

l) En suma, la Sala encuentra acreditado que la muerte de Wílhem Ánderson
Carrillo Gama fue ocasionado por un intercambio de disparos en el curso de un
operativo militar, en el que los soldados respondieron al ataque iniciado por la
víctima y sus otros dos compañeros.

6) Por motivo de lo anterior, el daño sufrido por los demandantes obedeció a una
reacción legítima de los agentes del Gaula del Ejército Nacional, de modo que
su actuación estuvo justificada por la culpa de la víctima. Así pues, aunque el
daño se produjo por agentes estatales en ejercicio de sus funciones, con arma
de dotación oficial -hechos sobre los cuales no hay discusión en el proceso-, en
este caso la entidad demandada queda exonerada de responsabilidad por
haberse acreditado la culpa de la víctima.

7) Para que opere la legítima defensa, como causal exonerativa de
responsabilidad, la jurisprudencia de la Corporación ha explicado que ello no
puede legitimar el abuso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, motivo
por el cual los elementos que la configuren deben estar acreditados, a saber: i)
el uso de las armas debe ser el único medio posible para repeler la agresión, ii)
no debe existir otro medio o procedimiento viable para la defensa y, iii) la
respuesta armada se debe dirigir exclusivamente a repeler el peligro, de modo
que no constituya una reacción indiscriminada en tanto debe existir coherencia
de la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se ha encomendado
a la Fuerza Pública4.

8) También se ha explicado que el uso de las armas de fuego por parte de las
autoridades estatales es legítimo cuando se está en cumplimiento de las
funciones asignadas, es decir, la de proteger la vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades de todos los residentes en Colombia, así como la
defensa de la soberanía, independencia, integridad del territorio nacional y del

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia proferida el 10 de septiembre

de 2020, proceso no. 76001-23-31-000-2011-00796-01(50706), MP María Adriana Marín.

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Actor: Sonia Gama Ortega y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

orden constitucional, todo ello con “estricta observancia de los protocolos de
seguridad que procuran que sea el último recurso luego de haber agotado todos
los medios que representen un menor daño”, de manera que “cualquier uso de
las armas de dotación oficial por parte de los integrantes de esa institución con
fines distintos a los mencionados, constituye una violación del ordenamiento
jurídico y pueden ser el fundamento de la responsabilidad del Estado”5.

Más adelante se ahondó en el tema6 y se explicó que el inciso segundo del
artículo 218 de la Constitución Política le permite a la Policía Nacional “el uso de
medidas preventivas tendientes a evitar el surgimiento de actos que alteren la
convivencia ciudadana” pero, el Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de
1970) dispuso taxativamente los eventos en los cuales podría efectuarse el uso
de la fuerza (artículo 29).

Asimismo, se dijo que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 6) como en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículo) se determina que “nadie podrá ser privado de la vida
arbitrariamente”; no obstante, el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 2) precisa que
la muerte no se considerará como infligida en infracción de dichas disposiciones
cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea
absolutamente necesario, esto es:

“(i) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima; (ii) para
detener a una persona conforme a derecho, o para impedir la evasión
de un preso o detenido legalmente; o (iii) para reprimir, de acuerdo
con la ley, una revuelta o insurrección”.

En igual sentido predica el principio de la licitud, entre los Principios Básicos
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de hacer cumplir la Ley7, según el cual los funcionarios encargados

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia proferida el 5 de marzo de 2020,

proceso no. 05001-23-31-000-2008-01138-01(47970), MP Alberto Montaña Plata.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia proferida el 1° de junio de 2020,

proceso no. 05001-23-31-000-2000-03122-02(49144), MP Jaime Enrique Rodríguez Navas.
7 Cita original: Los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por

los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” fueron adoptados por el Octavo Congreso
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en
La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

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Reparación directa - apelación de sentencia

de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo
en los siguientes casos:

(i) en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro
inminente de muerte o lesiones graves; (ii) con el propósito de evitar
la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria
amenaza para la vida; (iii) con el objeto de detener a una persona que
represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad; (iv) para
impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas
menos extremas para lograr dichos objetivos; y (v) en cualquier caso,
sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea
estrictamente inevitable para proteger una vida”. (subrayado original).

9) En el presente asunto, la Sala encontró acreditado que la conducta de la
víctima y sus compañeros constituyó una amenaza cierta para la integridad de
los militares, quienes se vieron obligados a accionar sus armas, en defensa
propia y la de los dos civiles que se encontraban en el lugar (el denunciante y el
trabajador de la estación de gasolina), de manera que amparados por el
ordenamiento jurídico nacional e internacional, los agentes obraron de forma
legítima, con el desafortunado desenlace para el joven Wílhem Ánderson Carrillo
Gama, pues, él mismo lo provocó al estar implicado en el delito de extorsión y
en el posterior ataque a los agentes con arma de fuego.

10) En síntesis, la Sala considera que de acuerdo con las pruebas practicadas
en el proceso la conducta de la víctima fue la causa determinante del daño pues,
junto con sus compañeros, comportó una amenaza exponencial derivada de una
conducta ilegal ejercida con arma de fuego, precedida por otra conducta ilegal -
extorsión- y que desencadenó la reacción de defensa implementada por los
agentes del Gaula al no tener ninguna otra manera de detener el ataque.

En ese orden de ideas la Sala encuentra que el ataque militar fue legítimo por
hacerse como respuesta a otro ataque, ambos fueron con arma de fuego, por lo
cual no hubo desproporcionalidad en la respuesta institucional.

11) En tales condiciones, no es cierto que se trató de una ejecución extrajudicial
y tampoco es posible emitir una condena con base en el régimen objetivo de
riesgo excepcional por el solo hecho de hallarse acreditado que la muerte de la
víctima fue producida con un arma de dotación oficial ya que, pese a la relación
causal existente entre el daño y la actuación del Ejército Nacional, obran en el

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Actor: Sonia Gama Ortega y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

expediente suficientes evidencias para tener por demostrada debidamente la
legítima defensa ante el ataque a mano armada iniciado por la propia víctima y
sus compañeros.

12) En consecuencia, la Sala estima que le asistió razón al Tribunal
Administrativo de Santander en haber denegado las pretensiones de la demanda
con argumentos similares a los aquí expresados, por lo que la sentencia apelada
será confirmada.

4. Conclusión

Como la Sala encontró que el tribunal de primera instancia acertó en denegar
las pretensiones de la demanda por haberse probado que la muerte de la víctima
ocurrió como consecuencia de una legítima defensa por parte de los agentes
militares ante el ataque con disparos por parte de aquella y de sus compañeros,
razón por la cual la sentencia objeto de apelación debe ser confirmada.

5. Costas

Debido a que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna
procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

F A L L A:

1°) Confírmase la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión.

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

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Actor: Sonia Gama Ortega y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Salva voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto
Legislativo 806 de 2020.

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