Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-01458-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-01458-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2015-01458-02
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Referencia: Controversias contractuales
Temas: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – Se caracteriza por la unión de esfuerzos para satisfacer un
objetivo común, no implica intereses contrapuestos ni conmutatividad. / ACUERDO DE CONCURRENCIA –
para asumir el déficit prestacional del sector salud, con el fin de saldar la deuda vigente. / RÉGIMEN JURÍDICO
DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Su regulación se encuentra en el artículo 95 de la Ley 489
de 1998, así como en las estipulaciones convenidas por las partes. No están sometidos de manera irrestricta a
las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP, que solo es
aplicable de forma supletoria. / NULIDAD ABSOLUTA – Se concluye que el acuerdo de voluntades se encuentra
parcialmente viciado por objeto ilícito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1519 del Código Civil.
También es ilícita la causa que motivó a la parte demandante a suscribir el acuerdo de voluntades, debido a la
declaratoria de nulidad del Decreto 306 de 2004, que fue el motivo que se expresó para la suscripción del
negocio. / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA – La resolución que se pretendió hacer valer como fundamento
del acuerdo la había perdido parcialmente con anterioridad al perfeccionamiento del negocio jurídico, al haber
desaparecido su fundamento de derecho. / REEMBOLSO DE LAS SUMAS PAGADAS POR LA DEMANDANTE
– Procede el agotamiento del trámite establecido en el Decreto 586 de 2017 para determinar con exactitud los
aportes de la ESE.
1. La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Nación –Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y el municipio de Ciudad Bolívar en contra de la
sentencia del 18 de julio de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de decisión, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar (en adelante, hospital o demandante)
y la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público1, el departamento de Antioquia
y el municipio de Ciudad Bolívar (en lo sucesivo, las entidades demandadas)
celebraron el “contrato de concurrencia No. 001 de 2010”, cuyo objeto fue definir los
términos en que las señaladas entidades contribuirían al pago del pasivo
prestacional por concepto de cesantías y pensiones de los trabajadores de la
institución hospitalaria causado al 31 de diciembre de 1993. Sin embargo,
posteriormente la demandante se opuso a continuar realizando sus aportes, debido
a que el Consejo de Estado, en sentencia del 21 de octubre de 2010, declaró la
nulidad de la expresión “Y las instituciones hospitalarias concurrentes” contenida en
el Decreto reglamentario 306 de 2004, considerando que la Ley 715 de 2001
únicamente contempló a la Nación y a las entidades territoriales como responsables
del déficit prestacional del sector salud. Con ello, el hospital pretendió la declaratoria
de nulidad parcial del acuerdo de voluntades y solicitó que se ordenara a las
demandadas la devolución de los aportes realizados por dicha IPS.
1 Se hará referencia a esta cartera, también, como el “Ministerio de Hacienda”.
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
ANTECEDENTES
La demanda2
3. El 16 de julio de 2015, la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar presentó
demanda de controversias contractuales en contra de: (i) la Nación –Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; (ii) el departamento de Antioquia; y (iii) el municipio de
Ciudad Bolívar, con el fin de que se declare la nulidad absoluta parcial del contrato
de concurrencia No. 001 del 28 de diciembre de 2010, suscrito para definir los
términos en los que las señaladas autoridades participarían en el pago del pasivo
prestacional por concepto de cesantías y pensiones causados a 31 de diciembre de
1993 de los trabajadores y extrabajadores de la institución hospitalaria.
Adicionalmente, la demandante solicitó que se declare que no debe asumir ninguna
obligación de pago y que se ordene la devolución de las sumas de dinero aportadas
por ella para cumplir con el objeto del negocio.
4. Las pretensiones de la demanda corresponden a las siguientes (se transcriben de
forma literal):
“2.1. Solicito que se declare la nulidad parcial del contrato de concurrencia 001 de 2010 suscrito por
la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Antioquia, el Municipio de
Ciudad Bolívar y la E.S.E. Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, concretamente donde se señala
que el Hospital es parte del mismo y que se encuentra obligado a concurrir en el pago del pasivo
pensional y de cesantías causado hasta el 31 de diciembre de 1993.
2.2. Como consecuencia de lo anterior, solicito que se declare que la E.S.E. Hospital La Merced de
Ciudad Bolívar no está obligada a cancelar ningún valor en relación a las obligaciones señaladas en
el contrato de concurrencia 001 de 2010 por concepto del pago del pasivo por cesantías y pensiones
causado hasta el 31 de diciembre de 1993.
2.3. Que se ordene a las demandadas a devolverle a la E.S.E. Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
el valor de $964,423,956, debidamente indexado, suma que el Hospital ha cancelado por concepto
de cesantías y pensiones según se señala en el contrato de concurrencia N° 001 de 2010.
2.4. Que se ordene a las demandadas a devolverle a la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
todo lo aportado al contrato de concurrencia 01 de 2010, debidamente indexado.
Pretensión subsidiaria 1
En el evento de no prosperar la anterior pretensión, solicito que se liquide parcialmente el contrato
de concurrencia 001 de 2010, celebrado la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Departamento de Antioquia, el Municipio de Ciudad Bolívar y la ESE Hospital La Merced de Ciudad
Bolívar, y donde se ordene a favor de la ESE Hospital La Merced la devolución de todo lo aportado
al contrato de concurrencia 01 de 2010, debidamente indexado.
Pretensión subsidiaria 2
De no prosperar las ninguna de las dos anteriores pretensiones, solicito que se ordene a las partes
la liquidación parcial del contrato de concurrencia N° 001 de 2010, con el fin de que se devuelva
al Hospital La Merced todos los dineros aportados al mismo, debidamente actualizados.
2.5. Que se condene a las demandadas al pago de intereses moratorios sobre los valores a
devolverle a la demandante, hasta el momento en que se le realice el pago a la E.S.E. Hospital La
Mereced.
2.6. Que se ordene a la Nación Departamento de Antioquia y al Municipio de Ciudad Bolívar a darle
cumplimiento al literal c) del artículo 2° del Decreto 700 de 2013.
2.7. Que se ordene a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de
Antioquia y al Municipio de Ciudad Bolívar, dentro del contrato de concurrencia, a asumir el pago del
pasivo prestacional (cesantías y pensiones) de la E.S.E. Hospital La Merced, causado hasta el 31
de diciembre de 1993, frente a las entidades correspondientes.
2 En consonancia con el escrito de subsanación de la demanda presentado el 23 de noviembre de 2015, a
través del cual se corrigió la estimación razonada de la cuantía y se señalaron las direcciones de correo
electrónico de la parte actora y de las entidades demandadas.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
2.8. Que se condene en costas a las demandadas”.
5. Como fundamentos fácticos -en síntesis- se mencionaron los siguientes:
6. El 28 de diciembre de 2010, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 306 de 20043,
reglamentario de la Ley 715 de 2001, se suscribió el “contrato de concurrencia No.
001”, con la finalidad de establecer los términos en los que las entidades
participantes atenderían los pagos de cesantías y pensiones causados a 31 de
diciembre de 1993 de los trabajadores y extrabajadores de la ESE Hospital La
Merced Ciudad Bolívar.
7. En el contenido del acuerdo negocial se estableció que las entidades debían
concurrir al pago del pasivo prestacional, cada una con un porcentaje diferente de
participación para dicho fin. Bajo ese contexto, el hospital indicó que aportó
$964’423.956 por concepto de pasivo prestacional de la institución y que dicha suma
fue imputada a los conceptos de cesantías, reserva y bonos pensionales.
Sustento normativo de la pretensión de nulidad
8. La demandante indicó que la obligación de que una institución hospitalaria
concurriera al pago del pasivo prestacional fue declarada nula en la sentencia
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado del 21 de octubre de 20104,
en la que se expulsó la expresión “Y las instituciones hospitalarias concurrentes”
contenida en el literal d) del artículo 3° del Decreto 306 de 2004. Además, agregó
que, de acuerdo con los artículos 61 y 62 de la Ley 715 de 2001, la ESE Hospital
La Merced de Ciudad Bolívar no es responsable por el pago del pasivo prestacional
de pensiones y cesantías; por el contrario, las llamadas a concurrir en el pago de
dicho déficit son las entidades demandadas.
9. De acuerdo con lo descrito, consideró que su vinculación en el contrato de
concurrencia No. 001 del 28 de diciembre de 2010 se dio con sustento en la
expresión normativa que había sido declarado nula por el Consejo de Estado, por
lo que los compromisos asumidos no cuentan con fundamento legal y cualquier
pago que se hubiera realizado por dicho concepto constituyó una irregularidad. A
juicio de la IPS, ésta no tuvo más remedio que suscribir el contrato ante la presión
ejercida por el Ministerio de Hacienda (sin detallar la forma en la que esa conducta
se habría ejercido), razón por la cual solicitó que se declarara la nulidad de las
obligaciones contraídas por la institución hospitalaria y se ordenara la devolución de
los montos que había cancelado en virtud de lo dispuesto en el acuerdo de
voluntades.
Contestaciones de la demanda
10. El Ministerio de Hacienda, de manera preliminar, propuso las excepciones
denominadas: (i) inepta demanda por ausencia de agotamiento de la conciliación
extrajudicial; (ii) falta de competencia territorial, dado que, según la cláusula octava
3 Decreto 306 del 2 de febrero de 2004, “Por el cual se reglamentan los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de
2001”.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 21 de octubre de
2010, radicado. 110010325000200500125 00, exp. 5242-2005, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
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Referencia: Controversias contractuales
del contrato de concurrencia No. 01 de 2010, el negocio debía ejecutarse en la
ciudad de Bogotá; (iii) caducidad de la acción, porque el término de dos años para
demandar debe computarse desde el momento de perfeccionamiento del negocio
jurídico en el que se establecieron los porcentajes de concurrencia de cada una de
los contratistas; e (iv) incumplimiento de los requisitos formales de la demanda, por
no haber pretendido la nulidad de la Resolución No. 33505 del 14 de diciembre de
2009, proferida por la misma cartera, acto previo por medio del cual se distribuyeron
los porcentajes de concurrencia a cargo de la Nación, el departamento de Antioquia,
municipio de Ciudad Bolívar y la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar para
solventar el pasivo prestacional de la institución hospitalaria.
11. Adicionalmente, se opuso a todas las pretensiones de la demanda con fundamento
en lo siguiente: (i) aunque reconoció que, de acuerdo con la Ley 715 de 2001, el
pasivo prestacional del sector salud debe ser asumido de manera concurrente por
la Nación y las entidades territoriales, aquellos causados por servicios prestados a
cualquier institución son y continuarán siendo de las entidades de salud en su
condición de empleadores; (ii) el contrato de concurrencia No. 01 de 2010 fue
suscrito con el objetivo de financiar el pasivo prestacional causado en el Hospital La
Merced de Ciudad Bolívar, por lo que la Nación, a través del Ministerio de Hacienda,
realizó el giro de los recursos comprometidos en virtud del acuerdo negocial y
satisfizo sus responsabilidades; (iii) la determinación de los porcentajes de
concurrencia entre las entidades territoriales correspondió a las directrices fijadas
en la Resolución No. 33506 del 14 de diciembre de 2009; y, (iv) las normas que
sirvieron de sustento al acuerdo de voluntades -contenidas en el Decreto 306 de
2004- estaban vigentes al momento de la suscripción del negocio jurídico.
12. El municipio de Ciudad Bolívar también se opuso y planteó las siguientes
excepciones: (i) falta de agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial; (ii) la
demanda no comprendió la totalidad de los actos que sirvieron de fundamento al
negocio jurídico, en concreto, la Resolución No. 3550 del 14 de diciembre de 2009;
y (iii) caducidad, pues el cómputo de los dos años para ejercer el derecho de acción
inició desde la celebración del contrato de concurrencia No. 01 del 28 de diciembre
de 2010 -fundamento de hecho-, por lo que la demanda radicada el 16 de julio de
2015 fue extemporánea.
13. El departamento de Antioquia planteó las excepciones de caducidad e ineptitud
sustantiva de la demanda por no haber sido cuestionada la legalidad de la
Resolución No. 3550 de 2009. Además, como argumentos de defensa, expuso los
siguientes: (i) no la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar suscribió de manera
libre el contrato de concurrencia, sin que exista ningún elemento que permita
evidenciar un vicio de su consentimiento por error o fuerza. Como sustento, estimó
que, si bien la Ley 715 de 2001 no incluyó a las instituciones hospitalarias obligadas
a concurrir al pago de su pasivo prestacional, tampoco existe norma que les impida
acudir a ello, si así lo deciden en ejercicio de su autonomía de la voluntad; (ii) arguyó
que no existe certeza sobre la ejecutoria de la sentencia proferida por el Consejo de
5 Conforme a los anexos de la contestación, el consecutivo del acto es 3550 (y así se referenciará en lo
sucesivo).
6 Ídem.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
Estado el 21 de octubre de 2010, por lo que no es posible determinar si, al momento
de celebrar el acuerdo de voluntades, la expresión “Y las instituciones hospitalarias
concurrentes” contenida en el Decreto 306 de 2004 se encontraba vigente; y, (iii)
afirmó que el departamento de Antioquia realizó el pago total del aporte establecido
a su cargo.
Trámite relevante en primera instancia
14. En la audiencia inicial celebrada el 30 de marzo de 2017, se resolvieron las
excepciones previas propuestas. En particular, sobre la alegada ineptitud de la
demanda por no haber comprendido todos los actos previos del contrato de
concurrencia No. 01 de 2010, el Tribunal indicó que no era necesario cuestionar la
legalidad de Resolución No. 3550 de 2009 para decidir sobre la validez del negocio
jurídico, pues esta pretensión puede ventilarse a través del medio de control de
controversias contractuales y la decisión puesta de presente no constituyó un acto
contractual, de forma que no es necesario desvirtuar su contenido para decidir el
cargo de ilegalidad planteado en el escrito inicial. Adicionalmente, en cuanto a la
supuesta configuración de la caducidad de la acción, acudió a la regla prevista en
el inciso segundo del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, según la
cual la nulidad absoluta puede pretenderse mientras el negocio se encuentre
vigente, e indicó que, como “no se tiene claridad ni certeza sobre la vigencia del
contrato”-aspecto ligado al pago total de los montos de concurrencia-, la excepción
no podía prosperar7. La decisión sobre estos dos medios de defensa fue impugnada
sin éxito por las autoridades accionadas.
Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante fallo del 18 de julio de 2025,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas, en los siguientes términos:
“Primero: Se declara no probada la excepción de Inexistencia de la obligación formulada
por el Departamento de Antioquia.
Segundo: Se declara la nulidad absoluta parcial del Contrato de Concurrencia No. 001 del
28 de diciembre de 2010, específicamente de las cláusulas y estipulaciones que
establecen a la E.S.E. Hospital La Merced de Ciudad Bolívar como parte concurrente y le
imponen la obligación de financiar el pasivo pensional y de cesantías causado hasta el 31
de diciembre de 1993.
Tercero: Se declara que la E.S.E. Hospital La Merced de Ciudad Bolívar no está obligada
a realizar nuevos pagos o a seguir cumpliendo con la porción de la concurrencia que le
fue asignada en el contrato de concurrencia 001 de 2010 por concepto del pago del pasivo
por cesantías y pensiones causado hasta el 31 de diciembre de 1993.
Cuarto: Se declara que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Departamento de Antioquia y al Municipio de Ciudad Bolívar deben dar cumplimiento al
literal c) del artículo 2° del Decreto 700 de 2013, esto es, asumir el pago del pasivo
prestacional (cesantías y pensiones) de la E.S.E. Hospital La Merced causado hasta el 31
de diciembre de 1993, identificado en el Contrato de Concurrencia n.º 001 de 2010, frente
a las entidades acreedoras.
7 También se resolvió de manera desfavorable la excepción de falta de competencia territorial bajo la distinción
del sitio de perfeccionamiento del negocio -descrito en la cláusula octava- que correspondió a la ciudad de
Bogotá y el lugar de ejecución que se estimó en el municipio de Ciudad Bolívar, en tanto los recursos debían
girarse en dicha jurisdicción. Esta decisión no fue cuestionada por las partes.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
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Referencia: Controversias contractuales
Quinto: Se niegan las demás pretensiones principales y subsidiarias de la demanda. Lo
anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste a la E.S.E. Hospital La Merced de Ciudad
Bolívar de solicitar el correspondiente reembolso a través del procedimiento administrativo
de corte de cuentas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo
establecido en el Decreto 586 de 2017 y las normas que lo complementen.
Sexto: Sin condena en costas en esta instancia”.
16. El a quo consideró que el acuerdo de concurrencia No. 01 de 2010 se fundó en lo
dispuesto en el artículo 7° del Decreto 306 de 2004, que incluyó a las “instituciones
hospitalarias concurrentes” como obligadas en el pago del déficit de pensiones y
cesantías. Sin embargo, dado que la referida expresión fue declarada nula por el
Consejo de Estado mediante sentencia del 21 de octubre de 2010, estimó que se
configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80
de 1993 (nulidad de los actos administrativos en que se fundamente el negocio).
Asimismo, precisó que la Resolución 3550 del 14 de diciembre de 2009 perdió
fuerza ejecutoria a partir de la declaratoria de nulidad del Decreto 306 de 2004.
Sobre este mismo punto, arguyó que el Gobierno Nacional en el Decreto
Reglamentario 700 de 2013 -posterior a la celebración del negocio jurídico- reafirmó
la exclusión de las instituciones hospitalarias como responsables del déficit
prestacional del sector salud. A su juicio, la validez de las obligaciones dinerarias
contraídas por una entidad pública debe estar amparada por una norma legal
preexistente y válida, y el consentimiento sobre una prestación que carece de
fundamento legal, por nulidad de la norma que la imponía, no puede sanear dicha
ilegalidad. De ese modo, declaró la nulidad absoluta parcial del acuerdo de
concurrencia, en lo referente a que la E.S.E. Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
es parte del contrato y se encontraba obligada a aportar al pago de su pasivo
prestacional.
17. Seguidamente, estimó que, como consecuencia de la nulidad absoluta parcial del
negocio jurídico, se imponía declarar que la entidad hospitalaria queda liberada de
desembolsar cualquier valor futuro que se pretenda derivar de esa estipulación
contractual. En ese sentido, se anuló la porción del 35.18% del pasivo que había
sido asignada a la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, y se determinó que
la financiación de la totalidad del pasivo debía ser asumida por la Nación y las
entidades territoriales.
18. A continuación, el a quo señaló que en sede judicial no procedía ordenar a las
accionadas el reintegro de las sumas de dinero aportadas por el hospital para cubrir
el déficit prestacional de la institución, debido a que, en el inciso 5 del artículo 242
de la Ley 100 de 19938, el Fondo Prestacional del Sector Salud cubriría las
8 “El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que trata la Ley 60 de 1993, cubrirá las cesantías
netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993.
El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del sector salud que a la vigencia de
esta Ley tienen derecho a ello, conforme al artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en esta,
será asumido por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y términos de
concurrencia que establece la misma Ley.
A partir de la vigencia de la presente Ley no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del
sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.
En el caso de que las instituciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 y para los efectos allí
previstos, estén reconociendo por un régimen especial un sistema pensional distinto del exigido por la entidad
de previsión social a la cual se afilien o se encuentren afiliados los trabajadores correspondientes, la pensión
será garantizada por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, hasta el momento en que el
trabajador reúna los requisitos exigidos por la entidad de previsión y los diferenciales de pensión serán
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
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cesantías y pensiones causadas hasta el 31 de diciembre de 1993, y se precisó que
las entidades del sector salud deberían seguir presupuestando y pagando dichos
rubros hasta tanto no se realizara el corte de cuentas con el referido fondo. Así las
cosas, el a quo estimó que la suma de $964’423.956 reclamada por la entidad
demandante tuvo sustento en la referida obligación legal, dado que no se ha
realizado el balance exigido por el legislador para estos eventos. De ese modo,
explicó que a la ESE Hospital La Merced le corresponde agotar el procedimiento
establecido en el Decreto Reglamentario 586 de 2017 -vigente al momento de
proferir el fallo- para decidir sobre el eventual reembolso al que tendría derecho,
cuya competencia técnica es del Ministerio de Hacienda.
19. Finalmente, determinó que, al anularse a la obligación del Hospital de concurrir al
35.18% del pasivo, debe aplicarse el artículo 2, literal c), del Decreto 700 de 2013,
según el cual el porcentaje derivado de los recursos propios del hospital debe ser
asumido por la Nación y las entidades territoriales “a prorrata”, ajustando sus
responsabilidades para cubrir el 100% del pasivo objeto del contrato. No condenó
en costas por no encontrar demostrada su causación.
Los recursos de apelación
20. El Ministerio de Hacienda solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia,
por considerar que incurrió en los siguientes errores:
21. Sostuvo que hubo un “indebido análisis” de la caducidad de la acción y del medio
de control adecuado, pues el término para solicitar la nulidad del contrato debía
contarse “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los hechos o fundamentos de
derecho que sustenten la pretensión”. En su decir, este hito debió tomarse desde la
emisión de la Resolución 3550 de 2009, momento en el que, a su juicio, se
perfeccionó el negocio, a lo que agregó que la demanda fue inepta al no haberse
acusado este último acto, pues el libelo debió encaminarse por la vía de la nulidad
y restablecimiento del derecho (que también habría caducado al haber transcurrido
más de cinco años desde la ejecutoria de la decisión). Señaló que la demanda
también habría sido extemporánea si se partiera desde la firmeza de la sentencia
anulatoria del año 2010. Indicó que no era aplicable la pauta que habilita a solicitar
la nulidad del contrato mientras el mismo esté vigente, pues en este caso ello no
ocurriría en estricto sentido, toda vez que la deuda permanece a la fecha debido al
incumplimiento por parte de la ESE, quien no puede alegar su propia culpa;
22. Afirmó que el acuerdo de voluntades se ajustó a la normativa vigente al momento
de su suscripción, específicamente, a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 306
de 2004, que señaló que las instituciones hospitalarias también debían concurrir al
pago de su pasivo prestacional, así como a la distribución porcentual prevista en la
compartidos y asumidos por el Fondo, las entidades territoriales y la mencionada entidad provisional, en la
proporción que a cada cual le corresponda.
Las entidades del sector salud deberán seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que
están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para
cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los términos previstos en la Ley
60 de 1993.
Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, entiéndese por cesantías netas, las cesantías
acumuladas menos las pagadas a 31 de diciembre de 1993”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
Resolución 3550 de 2009, cuya validez no fue cuestionada en la demanda; y, dado
que el citado artículo fue derogado con la emisión del Decreto 700 de 2013, que fue
expedido con posterioridad al acuerdo de voluntades, esta última norma no podía
ser aplicada de manera retroactiva para alterar la validez del negocio jurídico, a lo
cual añadió que no hay sustento para imputar la existencia de un error en cabeza
de la ESE (quien conocía el marco legal vigente) o de una conducta engañosa por
parte de los demás firmantes del convenio.
23. Por su parte, el municipio de Ciudad Bolívar también solicitó la revocatoria del fallo
y cuestionó la orden dada por el a quo según la cual, una vez agotado el trámite
previsto en el Decreto 586 de 2017, correspondería a las entidades demandadas
reembolsar el monto total de los aportes realizados por la institución hospitalaria.
Según el recurrente, dicha determinación va en contra de lo dispuesto en el artículo
1525 del Código Civil, porque conllevaría a restituir sumas de dinero a la ESE
Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, entidad que obtendría un beneficio al
suscribir un negocio a sabiendas de su objeto ilícito. También añadió que la
demandante fue quien se favoreció del acuerdo de concurrencia, debido a que esos
recursos fueron pagados para disminuir el déficit prestacional por concepto de
pensiones y cesantías de los servidores públicos que causaron ese pasivo,
obligación a su cargo conforme al artículo 242 de la Ley 100 de 1993.
Trámite relevante en segunda instancia
24. Los recursos fueron admitidos mediante auto del 31 de octubre de 2025 9. En esta
instancia, ni las partes ni el Ministerio Público se pronunciaron.
CONSIDERACIONES
25. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales relativos a
la jurisdicción, competencia, legitimación por activa y por pasiva, y verificados los
requisitos de la demanda en forma, la Subsección procede a decidir la segunda
instancia de la presente litis, no sin antes aclarar que lo relativo a la oportunidad de
la demanda será abordado de forma especial por tratarse de un asunto cuestionado
por el Ministerio de Hacienda a través de su recurso de apelación.
26. Con ese propósito, se adoptará el siguiente orden metodológico: (i) el objeto del
recurso de apelación y los problemas jurídicos para resolver la controversia; (ii) el
ejercicio oportuno de la acción; (iii) la naturaleza y el régimen jurídico del negocio
jurídico No. 001 de 2010; (iii) la solución de los cargos de apelación relacionados
con la nulidad del acuerdo de concurrencia; (iv) las conclusiones; y (v) las costas en
segunda instancia.
El objeto de los recursos de apelación y los problemas jurídicos para resolver
la controversia
27. A la Sala le corresponde resolver los reparos específicos presentados en contra de
la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la
competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se
9 Índice 04 de Samai.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
deban auscultar y definir de manera oficiosa, en virtud de lo establecido en el artículo
328 del Código General del Proceso (CGP)10.
28. En el presente asunto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público concretó sus
motivos de inconformidad en lo siguiente: (i) la demanda fue inepta y se presentó
de manera extemporánea, porque debió acusarse la legalidad de la Resolución
3550 de 2009, y el contrato no se encuentra vigente en estricto sentido, pues los
pagos no se han completado debido al incumplimiento de la ESE; (ii) el negocio
jurídico cumplió con todos los requisitos legales vigentes al momento de su
celebración y no existen vicios en su formación; y (iii) la declaratoria de nulidad no
podía ser sustentada en la aplicación retroactiva de lo dispuesto en el Decreto 700
de 2013, y no se demostró que hubiesen existido vicios en el consentimiento de la
ESE. Por su parte, el municipio de Ciudad Bolívar cuestionó que no era procedente
reembolsar los aportes realizados por la institución hospitalaria, porque ello le
permitiría a esta última beneficiarse de haber suscrito el acuerdo de voluntades a
sabiendas de su objeto ilícito, y desconocería que las contribuciones estaban
dirigidas a sanear el pasivo prestacional de los empleados de la demandante.
29. En atención a lo decidido en la sentencia de primera instancia y los recursos de
apelación, la Sala deberá resolver los siguientes interrogantes: (i) ¿el Tribunal erró
al considerar que la demanda fue apta y oportuna, porque omitió acusar la legalidad
de la Resolución 3550 de 2009 y en tanto el contrato no se encuentra vigente en
estricto sentido?; (ii) ¿el a quo desconoció que el acuerdo de voluntades se celebró
con fundamento en la normativa vigente para ese momento, que preveía la
obligación de las instituciones hospitalarias de concurrir al pago de su pasivo
prestacional -según el Decreto 306 de 2004- y en la distribución de porcentajes
contemplada en la Resolución No. 3550 de 2009 -cuya legalidad no fue
cuestionada- y que, por tanto, no se configuró ninguna ilicitud en su formación? (iii)
¿la providencia cuestionada erró al aplicar las disposiciones del Decreto 700 de
2013 de manera retroactiva para sustentar la declaratoria de nulidad absoluta
parcial del acuerdo de voluntades?; (iv) ¿la orden de devolución de las sumas de
dinero aportadas por la institución hospitalaria, una vez agotado el trámite previsto
en el Decreto 586 de 2017, contraría lo dispuesto en el artículo 1525 del Código
Civil, porque permite que la demandante se beneficie de haber suscrito el acuerdo
de voluntades a sabiendas de un objeto ilícito y omite el provecho obtenido por la
demandante?
Ejercicio oportuno de la acción
30. Durante el trámite de primera instancia, el a quo indicó que, para definir si se
configuró la caducidad de la acción en el caso concreto, debía aplicarse la regla
prevista en el inciso segundo del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
Así, dado que no se tenía certeza sobre la vigencia del contrato de concurrencia No.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005,
C.P. Danilo Rojas Betancourth. En esta providencia, se indicó: “si se apela un aspecto global de la sentencia,
el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…)
desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta
de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
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01 del 28 de diciembre de 2010, desestimó la excepción propuesta en ese sentido.
Por su parte, esta Corporación, en auto del 20 de febrero de 2018, señaló que de la
demanda se desprende que los pagos no se han realizado en los términos pactados,
de forma que el contrato estaría vigente a la fecha de presentación de la demanda,
lo que le llevó a confirmar la denegatoria de dicho medio de defensa.
31. El Ministerio de Hacienda, en el recurso de apelación, insistió que hubo un “indebido
análisis” sobre la oportunidad de la acción y argumentó que el supuesto de hecho
que dio lugar a la controversia se suscitó con el perfeccionamiento del acuerdo de
voluntades -28 de diciembre de 2010-, porque desde ese momento se configuró el
vicio de nulidad alegado por la demandante, e inclusive, lo ubicó en la fecha de
expedición de la Resolución 3550 del 14 de diciembre de 2009. De ese modo,
concluyó que la demanda fue presentada con posterioridad a los dos años
establecidos por el legislador para ejercer el derecho de acción según el inciso
primero del literal j del numeral segundo del artículo 164 del CPACA (según adujo,
“el término para presentar dicha solicitud es de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente a la ocurrencia de los hechos o fundamentos de derecho que sustenten
la pretensión”).
32. Sobre el particular, la Sala parte por recordar que esta Corporación, en providencia
del 20 de febrero de 2018 dictada dentro del presente proceso 11, resolvió los
recursos de apelación formulados contra la decisión que desestimó la excepción de
caducidad. Sin embargo, dicho proveído no impide que la Subsección se pronuncie
sobre este asunto en la presente instancia, en virtud del reproche de la apelación y
la oficiosidad que se ostenta sobre este punto (por tratarse de un presupuesto
procesal), para precisar la regla de caducidad aplicable al caso concreto y concluir,
nuevamente, que no se demostró que la demanda fuese inoportuna, como pasa a
exponerse.
33. La pretensión de nulidad parcial del contrato de concurrencia tuvo como
fundamento la participación de la ESE Hospital La Merced para el pago del pasivo
prestacional de la institución hospitalaria, debido a que, según lo alegó la actora, la
entidad no estaba obligada a asumir el pago de la deuda. Así las cosas, el vicio
reprochado por la actora - conforme a la naturaleza propia de la nulidad-, se habría
configurado desde el nacimiento del negocio, esto es, el 28 de diciembre de 2010.
Así, si bien la demanda se interpuso en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)12,
el término fijado para la caducidad comenzó a correr bajo el Código Contencioso
Administrativo (CCA), con la modificación introducida por la Ley 446 de 1998 13,
11 Consejera ponente Marta Nubia Velásquez Rico.
12 En criterio del magistrado ponente, el régimen de oportunidad de la demanda debe ser evaluado por la fecha
en la que esta última se presentó, como consecuencia de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
Según este canon, “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”,
exceptuando de forma expresa “las leyes [procesales] concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos
que resultaren del contrato”, las cuales, en concordancia con el artículo 40 de la precitada ley, “prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”. En este sentido, aun cuando el contrato fue
suscrito el 28 de diciembre de 2010, el criterio para determinar la oportunidad de la demanda debió ser el
previsto en el inciso segundo del literal (j), numeral segundo del artículo 164 del CPACA. Sin embargo,
comoquiera que estas consideraciones no afectan el sentido la decisión, en esta oportunidad se acogerá la
postura que opta por tener en cuenta el régimen procesal vigente a la celebración del contrato.
13 Ley 153 de 1887, artículo 38: “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de
su celebración”.
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Referencia: Controversias contractuales
norma procesal en vigor al momento del perfeccionamiento del acuerdo de
voluntades.
34. De ese modo, la regla concreta para determinar la oportunidad en el ejercicio del
derecho de acción judicial, atañe a la contenida en el literal e) del numeral 10 del
artículo 136 del CCA, a cuyo tenor se dispuso: “Caducidad de las acciones (…) 10.
En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se
contará (…) e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada (…) dentro de los
dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del
contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su
vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años, contados a partir de su
perfeccionamiento”.
35. Bajo ese supuesto, en la cláusula sexta del referido convenio interadministrativo se
dispuso: “Vigencia. El presente contrato tendrá vigencia a partir de su
perfeccionamiento hasta la realización de los pagos previstos”. De igual forma, en
la demanda se señaló que la ESE Hospital La Merced no ha realizado la totalidad
de los aportes correspondientes en los términos pactados14, frente a lo cual no se
allegaron pruebas que desvirtuaran tal afirmación. En ese sentido, se debe concluir
que, a la fecha de la presentación del libelo el negocio se encontraba vigente, lo
cual permite desestimar el argumento del Ministerio según el cual ello no era así
(situación que es indiferente al hecho de que la ESE no hubiese completado los
desembolsos a su cargo).
36. Por lo tanto, se tiene que, como el negocio jurídico objeto de estudio se perfeccionó
el 28 de diciembre de 2010, y la demanda fue radicada el 16 de julio de 2015 -
inclusive antes de que venciera el plazo máximo de los 5 años establecidos por el
literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA-, se debe concluir que fue oportuna.
De esa forma, se resuelve este cargo de la apelación con la precisión de que,
14 Sobre el particular, se advierte que en el convenio de concurrencia 01 de 2010, las partes no pactaron un
plazo determinado para realizar los aportes a cargo de cada entidad, específicamente, en relación con la ESE
Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, se acordó la siguiente fuente de financiación y forma de pago: “Cláusula
cuarta. Fuentes de financiación. Las entidades concurrentes financiarán las sumas a que se refiere la cláusula
tercera, así (…). (D) Las del HOSPITAL están amparada así: se abonará la totalidad de la concurrencia que le
corresponde por concepto de cesantías (…) (151’008.092) por los pagos realizados por la institución
hospitalaria a los beneficiarios entre los años 1994 y 2008. Por concepto de Reserva Pensional de Jubilados se
le abonará la suma de (…) $204,836,061 y por Reserva Pensional de Activos la suma de (…) $464,663,803 por
concepto de los pagos realizados por la institución hospitalaria entre 1994 y 2009. Igualmente, del saldo de la
Reserva Pensional de Activos se debe descontar la suma de (…) $143,916,000 por el pago realizado por
concepto de Bonos Pensionales el 30 de agosto de 2010 (…). El valor restante de la concurrencia está
amparada en el Acuerdo de la Junta Directiva de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolivar de fecha 19 de
octubre de 2010”.
“Cláusula quinta. Forma de pago. Los giros a que se obligan las partes concurrentes se efectuará, así: (…). (D
D) Al HOSPITAL se le abonará el total de la concurrencia a su cargo por concepto de cesantías, es decir, la
suma de (…) $151,008,092 valor de las cesantías que fueron canceladas por la institución hospitalaria a los
beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud entre los años 1994 y 2008 según el
cruce de cuentas efectuado. Las obligaciones a cargo del HOSPITAL por concepto de pensiones (…)
$1,626,032,996. se pagarán así. i) De la concurrencia por concepto de Reserva Pensional de Jubilados se le
abonará el total, es decir la suma de (…) $184,860,555. valor cancelado por el HOSPITAL por concepto de
mesadas pensionales entre 1994 y 2009, a beneficiarios reconocidos. ii) De la concurrencia por concepto de la
Reserva Pensional de Activos se le abonará la suma de $464,663,803. valor de los Bonos Pensionales que
fueron cancelados por la institución hospitalaria entre 1994 y 2009, a los beneficiarios reconocidos: igualmente
de la Reserva Pensional de Activos se debe descontar la suma de (…) $143,916,000) por el pago realizado por
concepto de Bonos Pensionales el 30 de agosto de 2010 (…); el valor restante, es decir, la suma de
$832,592,638. serán girados por el HOSPITAL al patrimonio autónomo constituido por la Dirección Seccional
de Salud del DEPARTAMENTO para la administración de los recursos de la concurrencia, a la cuenta
correspondiente a la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolivar)”.
11
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aunque le asistió razón al recurrente al afirmar que la regla de caducidad tenida en
cuenta por el a quo no fue la acertada, tampoco lo es la normatividad, ni el hito que
fue propuesto en el recurso. Por ende, aunque con distinto fundamento jurídico al
invocado, se reitera la conclusión a la que se arribó en la primera instancia, en el
sentido de que la demanda se presentó oportunamente.
37. De otro lado, tampoco le asiste razón al recurrente al alegar que el cómputo debe
realizarse desde la fecha de expedición de la Resolución 3550 de 2009, o desde la
firmeza de la sentencia anulatoria proferida por la Sección Segunda de esta
Corporación, comoquiera que, según las normas previamente reseñadas, aquéllos
no son hitos relevantes para el cómputo de la caducidad en materia de controversias
contractuales -especialmente, cuando se pretende la nulidad del negocio-, lo que
ratifica la respuesta brindada al primer problema jurídico.
La naturaleza y el régimen jurídico del negocio examinado
38. En este punto, es necesario dilucidar cuál es la naturaleza jurídica del contrato de
concurrencia No. 01 del 28 de diciembre de 2010 y, con fundamento en ello,
determinar el régimen normativo aplicable al mismo. Este estudio se torna necesario
con el fin de resolver los cargos de la apelación relacionados con la declaratoria de
nulidad del acuerdo de voluntades.
39. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 715 de 2001 15 y el
artículo 7 del Decreto 306 de 200416, el Hospital La Merced de Ciudad Bolívar y las
15 Artículo 61. “Fondo del Pasivo Prestacional para el Sector Salud. Suprímase el Fondo del Pasivo Prestacional
para el Sector Salud creado por el artículo 33 de la Ley 60 de 1993. En adelante, con el fin de atender la
responsabilidad financiera a cargo de la Nación para el pago de las cesantías y pensiones de las personas
beneficiarias de dicho Fondo y de acuerdo con los convenios de concurrencia correspondientes, la Nación a
través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se hará cargo del giro de los recursos, así:
61.1. Al encargo Fiduciario o Patrimonio Autónomo constituido por la entidad territorial para el pago de las
mesadas y bonos pensionales de las Instituciones de Salud, de conformidad con el Decreto 1296 de 1994.
61.2. A las entidades administradoras de pensiones o cesantías a las cuales se encuentren afiliados los
servidores públicos.
61.3. A los fondos de que trata el artículo 23 del Decreto-ley 1299 de 1994 o a los fideicomisos a que se refiere
el artículo 19, numeral 3 del mismo Decreto”.
16 “Artículo 7. Régimen de concurrencia. Para determinar la responsabilidad que asumirán la Nación, las
entidades territoriales y las instituciones hospitalarias para el pago de la concurrencia frente al pasivo
prestacional de las instituciones beneficiarias públicas y/o privadas, de acuerdo con la naturaleza jurídica que
tenían a 31 de diciembre de 1993, se seguirán los siguientes parámetros:
1. Instituciones públicas. A las instituciones del orden territorial, la Nación, a través del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, les contribuirá en una suma equivalente a la proporción de la participación del situado fiscal
en el total de la financiación de la respectiva institución de salud, durante los cinco años anteriores a 1994.
El departamento y el municipio y/o los distritos en donde esté localizada la institución privada de salud deberán
concurrir en la proporción en que participaron sus rentas de destinación especial para salud, en el total de la
financiación de la institución durante los cinco años anteriores a 1994, lo cual será definido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
En consecuencia, las instituciones privadas de salud beneficiarias deberán concurrir en el monto total del pasivo
en un porcentaje equivalente a la proporción en que, con recursos propios, participaron en su propia
financiación. En todo caso el porcentaje que queda a cargo de la Institución también deberá quedar especificado
en el convenio de tal manera que se garantice el total de la financiación del pasivo prestacional.
Para la determinación de la concurrencia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá tener en cuenta el
total del financiamiento de la institución de salud beneficiaria entendido este como el conjunto de recursos
conformado por el situado fiscal, las rentas de los entes territoriales de destinación especial para salud
incluyendo las cedidas, y los recursos propios de la institución beneficiaria durante los 5 últimos años anteriores
al 1° de enero de 1994.
2. Instituciones Privadas del Sector Salud. A las instituciones privadas la Nación a través del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, les contribuirá en una suma equivalente a la participación del situado fiscal en el
total de la financiación de la respectiva institución privada de salud, durante los últimos cinco (5) años anteriores
al 1° de enero de 1994.
12
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entidades demandadas celebraron el acuerdo denominado “contrato de
concurrencia No. 01 de 2010”17, con el objeto de cooperar en el pago del pasivo
prestacional de la institución hospitalaria, acordando realizar aportes económicos
según los porcentajes de participación establecidos previamente por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público en la Resolución 3550 de 200918.
40. Al respecto, la Sala precisa que el artículo 62 de la Ley 715 de 2001 previó que la
Nación y las entidades territoriales podrían establecer las condiciones que
estimaran necesarias para celebrar “convenios de concurrencia” con el objeto de
cubrir el pasivo de pensiones y cesantías de las instituciones hospitalarias 19.
41. Ahora, la Sala pone de presente que la Ley 715 de 2001 no previó el régimen jurídico
aplicable para los acuerdos de concurrencia, ni remitió a ninguna otra disposición
específica para determinar dicho aspecto, por lo que, ante la falta de definición de
las normas aplicables a esta tipología negocial, es necesario precisar cuál es la
naturaleza de la que gozan este tipo de acuerdos de voluntades. Como pasará a
exponerse, la Sala considera que los mismos ostentan la calidad de convenios
interadministrativos, dada la finalidad que persiguen y las particularidades que los
distinguen.
42. Como primera medida, se debe recordar que los convenios interadministrativos
encuentran sus criterios definitorios en el artículo 9520 de la Ley 489 de 1998, en el
El departamento y el municipio y/o los distritos en donde esté localizada la institución privada de salud deberán
concurrir en la proporción en que participaron sus rentas de destinación especial para salud, en el total de la
financiación de la institución durante los cinco años anteriores a 1994, lo cual será definido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
En consecuencia, las instituciones privadas de salud beneficiarias deberán concurrir en el monto total del pasivo
en un porcentaje equivalente a la proporción en que, con recursos propios, participaron en su propia
financiación. En todo caso el porcentaje que queda a cargo de la Institución también deberá quedar especificado
en el convenio de tal manera que se garantice el total de la financiación del pasivo prestacional.
Para la determinación de la concurrencia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá tener en cuenta el
total del financiamiento de la institución de salud beneficiaria entendido este como el conjunto de recursos
conformado por el situado fiscal, las rentas de los entes territoriales de destinación especial para salud
incluyendo las cedidas, y los recursos propios de la institución beneficiaria durante los 5 últimos años anteriores
al 1° de enero de 1994.
Parágrafo. El porcentaje de concurrencia de la Nación se mantendrá aun en los eventos de fusión, liquidación
y reestructuración de las entidades cuyas obligaciones hayan sido asumidas por otra entidad pública, en los
términos del presente decreto”.
17 Folios 107 a 114 del cuaderno principal.
18 “Cláusula primera. Objeto. El presente contrato tiene por objeto establecer el valor, los términos y mecanismos
de pago de la concurrencia a cargo de la Nación, el Departamento, el Municipio y el Hospital en la financiación
del pasivo prestacional por concepto de cesantías y pensiones causado a 31 de diciembre de 1993 de los
trabajadores y extrabajadores de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, reconocidos como beneficiarios
mediante Resolución No. 3550 de 2009 y en los porcentajes establecidos en la misma Resolución expedida por
el Ministerio de Hacienda”.
19 “Artículo 62. Para efectos de los convenios de concurrencia, los cuales deberán ser suscritos a partir de la
vigencia de la presente ley por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se continuarán aplicando los
procedimientos del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, la forma en que concurren las diferentes
entidades para cubrir el pasivo prestacional, la forma de cálculo del mismo, su actualización financiera y
actuarial, las obligaciones de los convenios de concurrencia y los requisitos que deben acreditarse.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá establecer, en concertación con el ente territorial, las
condiciones para celebrar los convenios de concurrencia y el desarrollo de los mismos y de los que se
encuentren en ejecución, para lo cual podrá verificar el contenido de los convenios suscritos y ordenará el ajuste
a las normas sobre el particular.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá revisar y actualizar en forma periódica el valor de la deuda
prestacional, definiendo la responsabilidad de cada uno de los entes que suscribe el convenio de concurrencia.
Parágrafo. Para efectos de lo ordenado en el presente artículo, el Gobierno Nacional definirá la información,
condiciones y términos que considere necesarios.
20 “Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a
13
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
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Referencia: Controversias contractuales
que se define que los mismos se cimientan sobre la base de un ánimo colaborativo
y de cooperación21. Asimismo, la nota característica de esta figura es la
concurrencia de dos o más entidades para la realización de fines comunes a ambas
partes, en la que cada entidad está interesada u obligada desde sus propias
funciones o atribuciones legales22 y se pactan bajo un ánimo de cooperación entre
organismos o entidades públicas con funciones interrelacionadas o
complementarias, siendo plausible que cada entidad incurra en costos y gastos,
pero sin que se persiga una retribución individual “pues en tales eventos se estará
en presencia de verdaderos contratos”23. En este tipo de acuerdos, puede existir un
contenido patrimonial, pero no se encuentra dirigido a retribuir al asociado sino a
propiciar objetivos comunes24.
43. En cuanto al régimen jurídico aplicable, esta Subsección25 ha reiterado que los
convenios interadministrativos previstos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998
deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la
autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes26, sin que pueda hacerse
prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad y
con los principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado,
como lo son la transparencia, planeación, buena fe y economía, entre otros, así
como a los principios de la función administrativa del artículo 209 constitucional27.
44. En armonía con lo expuesto, en el negocio examinado en el presente proceso las
entidades públicas aunaron esfuerzos -concurrir en la realización de aportes
su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin
ánimo de lucro”.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera: (i) Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021. Radicado 52001-
23-33-000-2017-00598-01 (65.978) y (ii) Subsección C. Sentencias del 24 de abril de 2024. Radicado 44001-
23-40-000-2017-00170-01 (67.522) y del 22 de mayo de 2024. Radicado 08001-23-33-000-2019-00226-01
(67.460).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14
de junio de 2019, rad. 25000-23-37-000-2010-02552-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2021, rad.
57.822, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 28 de junio de 2024, exp. 69488. C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 70405. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
23 Ibid.
24 “En efecto, la Constitución Política consagra un principio de colaboración interinstitucional como eje articulador
de las actuaciones de los diferentes órganos y entidades del Estado cuando señala que “los diferentes órganos
del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines” (artículo
113) y que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado” (artículo 209). De esta manera se evitan actuaciones desorganizadas y aisladas y se
garantiza una mejor utilización de los bienes y recursos públicos. // Por lo tanto, el hecho de que cada entidad u
organismo tenga sus propias funciones (regla de no duplicidad) y que para su ejercicio la ley les confiera
determinados grados de autonomía, no justifica actuaciones aisladas, contradictorias o económicamente
ineficientes entre las diversas organizaciones estatales, pues en cualquier caso sus competencias están regidas
por los mandatos de colaboración y coordinación interinstitucional que permiten el logro mancomunado del
interés general y la satisfacción de los derechos de las personas (artículos 4º, 113 y 209 C.P.)”. Consejo de
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016. Radicado 11001-03-06-000-2015-
00102-00. C.P. Álvaro Namén Vargas.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6
de julio de 2022, rad. 66.594, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, reiterada por esta Subsección en sentencia del
28 de junio de 2024, exp. 69488. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
26 Id. Criterio reiterado por el despacho ponente en providencia del 6 de noviembre de 2025, exp. 72.424.
27 “De otra parte, es preciso señalar que los convenios interadministrativos se someten a los principios
constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado (transparencia, planeación, buena fe, entre otros)
y, obviamente, a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 CP (moralidad, economía,
celeridad, entre otros), en virtud del carácter vinculante de los mismos, dentro del contexto de un ánimo de
cooperación que se refleja en el plano de igualdad o equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa
ausencia de prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016. Radicado 11001-03-06-000-2015-00102-00. C.P. Álvaro Namén
Vargas.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
económicos- con una finalidad común -saldar el pasivo prestacional de la ESE
Hospital La Merced de Ciudad Bolívar-, lo que permite reiterar que, en efecto, se
trató de un convenio interadministrativo, y no de un contrato, como lo tipificaron las
partes, -replicando la denominación que traía el Decreto 306 de 2004 (artículo 6).
45. Así, se constata que los contrayentes acordaron la realización de aportes
económicos para asumir el pasivo prestacional de la ESE Hospital La Merced de
Ciudad Bolívar28. Sin embargo, estas contribuciones no concretaron una
remuneración o un intercambio mutuo patrimonial de bienes o servicios a cambio
de un precio, sino que correspondieron a la necesidad conjunta de cubrir el pasivo
de pensiones y cesantías del hospital, de acuerdo con la responsabilidad asignada
por el legislador a la Nación y a las entidades territoriales en el artículo 61 de la Ley
715 de 2001 (y que, posteriormente, fue irregularmente extendida a las instituciones
hospitalarias por disposición del artículo 7 del Decreto 306 de 2004), lo cual
corresponde a una nota característica de los convenios interadministrativos29.
46. Bajo ese supuesto, según el objeto y las obligaciones contraídas por las partes, la
Sala concluye que el acuerdo de voluntades No. 01 del 28 de diciembre de 2010
consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago
del pasivo prestacional del sector salud, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 62 de la Ley 715 de 2001. Asimismo, se evidencia que reunió las
características de los convenios interadministrativos previstos en el artículo 95 de la
Ley 489 de 199830, de modo que, en el caso concreto, debe acudirse a las
disposiciones especiales que regularon el asunto -Ley 715 de 2001-, los mandatos
establecidos por las partes en el negocio y las normas del derecho común, por lo
que no es posible aplicar de manera automática el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública (EGCAP)31, con el fin de resolver los cargos de nulidad
planteados por la parte demandante.
28 Id. “Clausula Tercera. Concurrencia. - Según los porcentajes establecidos en la Resolución N° 3550 del 14
de diciembre de 2009, el monto de la concurrencia de cada una de las partes a precios de septiembre de 2009,
queda establecido así: a) La Nación concurrirá con el 31.03% equivalente a ($1,567,412,875) M/L. (…). b) El
Departamento concurrir con el 33.65% equivalente a ($1,699,756,469) M/L (…). c) El Municipio concurrirá con
el 0.14% equivalente a ($7,071,795) M/L. (…) d) El Hospital concurrirá con el 35.18% equivalente a
($1,777,041,088) M/L. (…).
29 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, C.P. Álvaro Namén
Vargas. En este concepto, se analizó la naturaleza de un convenio interadministrativo entre el Ministerio del
Interior – Fonsecon y el municipio de El Castillo, Meta. Con condiciones similares a las que ocupan el asunto
de la Sala en esta ocasión y consideró que “El convenio interadministrativo 113 de 2015 reúne los elementos
distintivos de los convenios administrativos propiamente dichos señalados en este concepto, destacándose
particularmente su objeto, como es ejecutar actividades que contribuyen directamente al fin común de los
sujetos vinculados al convenio (…). Se observa que existen aportes de las dos partes y que si bien se trata de
la construcción de una obra pública ésta se realizará con recursos aportados por el Ministerio – Fonsecon para
lograr el fin común del Estado (…). De esta forma no se evidencia un contenido oneroso, ni una remuneración
o precio a título de contraprestación por el objeto del convenio. Ahora bien, si existen obligaciones para ambas
partes, es explicita la voluntad de colaboración, cooperación y coordinación entre las entidades, por lo que el
convenio se ejecuta en un plano de igualdad o equivalencia de prestaciones”.
30
Artículo 95: “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas,
se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género.
Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos
internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal”.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 70.405. C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez. Criterio reiterado por esta misma Subsección en providencia del 30 de agosto
de 2024, exp. 70.786.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
El alegado vicio de validez en la formación del negocio jurídico
47. El Ministerio de Hacienda fundó su reproche en que el Tribunal desconoció que el
convenio de concurrencia No. 01 de 2010 se ajustó a las normas vigentes al
momento de su celebración, por lo cual, con fundamento en el artículo 7 del Decreto
306 de 2004, a la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar le correspondía acudir
al pago proporcional de su pasivo prestacional, de acuerdo con la distribución de
porcentajes establecida en la Resolución 3550 de 2009.
48. Sobre el particular, a pesar de que el a quo fundó la declaratoria de nulidad absoluta
parcial del convenio de concurrencia en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 44
de la Ley 80 de 199332, porque las normas que sirvieron de sustento para suscribir
el negocio jurídico fueron declaradas nulas -incluso antes de la celebración del
referido acuerdo-, la Sala rememora que las normas del EGCAP no son aplicables
de manera automática para regular lo convenido entre los contrayentes, debido a la
naturaleza de dicha relación negocial. Así, corresponde abordar el examen de
validez del negocio jurídico de conformidad con las normas del derecho común
aplicables a todas las relaciones jurídico-negociales sometidas al derecho privado
o público.
49. Esclarecido el régimen de nulidades que debe guiar el análisis del caso concreto,
es necesario rememorar que la Ley 60 de 1993 creó el Fondo del Pasivo
Prestacional del Sector Salud33 cuyo objeto consistió en garantizar el pago de
32 “Artículo 44. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común
y además cuando:
(…)
4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten (…)”.
33 Artículo 33. “Fondo Prestacional del Sector Salud. Créase el Fondo Nacional para el pago del pasivo
prestacional de los servidores del sector salud, como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica,
con independencia contable y estadística, con las siguientes características:
1.- El Fondo Prestacional garantizará el pago del pasivo prestacional por concepto de cesantías, reservas para
pensiones y pensiones de jubilación, causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993, de los
servidores pertenecientes a las entidades o dependencias de que trata el numeral 2 del presente artículo, que
se encuentren en los siguientes casos:
a) No afiliados a ninguna entidad de previsión y seguridad social, cuya reserva para cesantías o pensiones de
jubilación no se haya constituido total o parcialmente, excepto cuando las reservas constituidas con anterioridad
a la vigencia de la presente Ley se destinen a fin distinto al pago de cesantías y pensiones.
b) Afiliados a entidades de previsión y seguridad social pero cuyos aportes no hayan sido cancelados o hayan
sido cancelados parcialmente, excepto cuando la interrupción de los pagos respectivos se haya producido con
posterioridad a la vigencia de esta Ley, o cuando las reservas se hayan destinado a otro fin.
c) Afiliados o pensionados de las entidades de previsión y seguridad social cuyas pensiones sean compartidas
con las instituciones de salud, correspondiendo al Fondo el pago de la diferencia que se encuentre a cargo de
la entidad de salud cuya reserva para cesantías o pensiones de jubilación no se haya constituido total o
parcialmente, excepto cuando las reservas constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley se
destinen a fin distinto al pago de cesantías y pensiones.
2.- Son beneficiarios del Fondo y tienen derecho a exigir el pago de la deuda de sus pasivos prestacionales, los
servidores mencionados en el numeral 1 del presente artículo que pertenezcan a las siguientes entidades o
dependencias del sector salud:
a) A las instituciones o dependencias de salud que pertenezcan al subsector oficial del sector salud;
b) A entidades del subsector privado del sector salud cuando se trate de instituciones que hayan estado
sostenidas y administradas por el Estado, y aquellas privadas que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una
entidad pública.
c) A las entidades de naturaleza jurídica indefinida del sector salud cuando se trate de instituciones que hayan
estado sostenidas y administradas por el Estado, o que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad
pública.
3.- La responsabilidad financiera para el pago del pasivo prestacional de los servidores de las entidades o
dependencias identificadas en el numeral 2, reconocidas en los términos de la presente Ley, se establecerá
mediante un reglamento expedido por el Gobierno Nacional que defina la forma en que deberán concurrir la
Nación y las entidades territoriales, para cuyo efecto se tendrá en cuenta la proporción en que han concurrido
los diversos niveles administrativos a la financiación de las entidades y dependencias del sector salud de que
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
pensiones y cesantías, causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993,
de los servidores del sector salud que desarrollaran sus labores en: (i) instituciones
oficiales; (ii) entidades del sector privado y (iii) entidades de naturaleza jurídica
indefinida que hayan sido administradas por el Estado y hubieran sido liquidadas.
El artículo 33 de dicha norma señaló que la responsabilidad financiera para dicho
pago sería reglamentada por el gobierno nacional, para definir la forma en que “la
Nación y las entidades territoriales” deben participar en él.
50. Posteriormente, el artículo 61 de la Ley 715 de 2001 -por medio de la cual se
organizó la prestación de los servicios de educación y salud- suprimió el referido
Fondo y dispuso que la Nación y las entidades territoriales debían asumir el pago
de cesantías y pensiones de los servidores del sector salud. Asimismo, estableció
que las entidades responsables deberían suscribir convenios de concurrencia con
la finalidad de asumir dicha carga prestacional de manera equitativa. En el artículo
62 ejusdem se indicó que, para dichos convenios, se continuarían aplicando los
procedimientos del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, así como la
forma de participación de las diferentes entidades para cubrir dicho pasivo
prestacional.
51. A su vez, el Gobierno nacional expidió el Decreto 306 de 2004 -que reglamentó la
Ley 715 de 2001-. En el artículo 7 de dicha norma, se recalcó que la responsabilidad
del pasivo prestacional debía ser asumida de manera concurrente por la Nación y
las entidades territoriales -contempladas por el legislador- y se agregó a las
instituciones hospitalarias, entre las que se incluyeron a las públicas y las privadas
del sector salud.
52. Con fundamento en las normas transcritas, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público34 profirió la Resolución No. 3550 el 14 de diciembre de 2009 35, en la que
definió el porcentaje de participación en que debían concurrir las entidades llamadas
a hacerse cargo del pasivo prestacional de la ESE Hospital La Merced de Ciudad
Bolívar y dispuso la siguiente proporcionalidad: la Nación con un 31.03%, el
departamento de Antioquia con un 33.65%, el municipio de Ciudad Bolívar con un
0.14% y la Institución Hospitalaria con un 35.18%.
53. Posteriormente, se suscribió el convenio de concurrencia No. 01 del 28 de diciembre
de 2010, de cuyo contenido se constata que las entidades contrayentes acordaron36
trata el presente artículo, la condición financiera de los distintos niveles territoriales y la naturaleza jurídica de
las entidades.
4.- El Fondo se financiará con los siguientes recursos:
a. Un 20% de las utilidades de Ecosalud;
b. Un porcentaje de los rendimientos, que fije el Gobierno Nacional, proveniente de las inversiones de los
ingresos obtenidos en la venta de activos de las empresas y entidades estatales;
c. Las partidas del presupuesto general de la Nación que se le asignen (…)”.
34 Con sustento en el inciso tercero del artículo 62 de la Ley 715 de 2001, que dispuso: “Convenios de
Concurrencia. (…).
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá revisar y actualizar en forma periódica el valor de la deuda
prestacional, definiendo la responsabilidad de cada uno de los entes que suscribe el convenio de concurrencia”.
35 Folios 104 a 106 del cuaderno principal.
36 Convenio No. 01 de 2010. “Cláusula primera. Objeto. El presente contrato tiene por objeto establecer el valor,
los términos y mecanismos de pago de la concurrencia a cargo de la Nación, el departamento, el municipio y el
hospital en la financiación del pasivo prestacional por concepto de cesantías y pensiones causado a 31 de
diciembre de 1993, de los trabajadores y extrabajadores de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar,
reconocidos como beneficiarios mediante Resolución No. 3550 de 2009 y en los porcentajes establecidos en la
misma Resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
atender el pasivo prestacional por concepto de cesantías y pensiones de los
trabajadores y extrabajadores de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar de
acuerdo con los porcentajes de concurrencia que habían sido asignados por el
Ministerio de Hacienda en la Resolución No. 3550 de 2009. Asimismo, en la cláusula
tercera37 se asignaron los valores concretos que por los que debía responder cada
entidad.
54. Así las cosas, para la Sala es claro que el fundamento jurídico que motivó a las
entidades estatales para celebrar el convenio interadministrativo No. 01 del 28 de
diciembre de 2010 fue la Ley 715 de 2001, que previó a la Nación y entidades
territoriales como responsables financieras del pago del pasivo prestacional del
sector salud, así como en el Decreto reglamentario 306 de 2004, a través del cual
el Gobierno nacional incorporó a las instituciones hospitalarias también como
obligadas concurrentes a asumir esas dichas deudas.
55. De lo anterior se colige que la Ley 715 de 2001 únicamente contempló la
responsabilidad de asumir el pasivo prestacional del sector salud en cabeza de la
Nación y las entidades territoriales y, por ende, fue la norma que sirvió de
fundamento para la concurrencia del Ministerio de Hacienda, el departamento de
Antioquia y el municipio de Ciudad Bolívar en el negocio. Por otra parte, lo dispuesto
en el Decreto 306 de 2004, al referirse también a las instituciones hospitalarias,
conllevó a la vinculación de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar al acuerdo
de voluntades.
56. Ahora bien, según se anunció, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia del 21 de octubre de 2010, declaró la nulidad de la expresión “Y las
instituciones hospitalarias” contenida en el literal d) del artículo 3º, incisos 3º y 4º del
numeral 1 del artículo 7º y en los artículos 10º y 11º del Decreto 306 de 2004. La
referida decisión se sustentó en que el Gobierno nacional excedió su potestad
reglamentaria, al introducir modificaciones sustanciales a la Ley 715 de 2001 e
incluir a las instituciones hospitalarias como sujetos obligados de su pasivo
prestacional38. Asimismo, en el plenario se encuentra que, el 22 de marzo de 2019,
el secretario de la Sección Segunda del Consejo de Estado expidió copias
auténticas de la citada providencia judicial39 en las que se constata que la decisión
fue notificada mediante edicto No. 232 del 10 de diciembre de 2010, desfijado el 14
del mismo mes y año40. Del mismo modo, al consultar el aplicativo público Samai
se verificó que durante el término de notificación de la sentencia no se presentó
ningún recurso que afectara su ejecutoria, por lo que se concluye que, de
37 Id. “Clausula Tercera. Concurrencia. - Según los porcentajes establecidos en la Resolución N° 3550 del 14
de diciembre de 2009, el monto de la concurrencia de cada una de las partes a precios de septiembre de 2009,
queda establecido así: a) La Nación concurrirá con el 31.03% equivalente a ($1,567,412,875) M/L. (…). b) El
Departamento concurrir con el 33.65% equivalente a ($1,699,756,469) M/L (…). c) El Municipio concurrirá con
el 0.14% equivalente a ($7,071,795) M/L. (…) d) El Hospital concurrirá con el 35.18% equivalente a
($1,777,041,088) M/L. (…)”.
38 Id. “Analizado el contexto que rodea la expresión demandada, se llega a la conclusión de que en este caso
se introducen modificaciones sustanciales a la estructura de la Ley reglamentada, pues el Decreto demandado
modifica los principios y la finalidad que la orienta, al regular el procedimiento general para el reconocimiento y
pago del pasivo prestacional del sector salud causado hasta 31 de diciembre de 1993.
La expresión demandada es más que la precisión de una facultad de ejecución de las normas legales sobre la
carga del pasivo prestacional, pues modifica la voluntad del Legislador al incluir a las instituciones hospitalarias
como sujeto obligado al pago del pasivo prestacional forma concurrente”.
39 Folios 446 a 509 del cuaderno número 3.
40 Folio 510 del cuaderno número 3.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
conformidad con el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil41 -estatuto
procesal aplicable a dicho proceso judicial-, cobró ejecutoria con antelación a la
firma del convenio de concurrencia No. 01 del 28 de diciembre de 2010.
57. Bajo ese contexto, se encuentra que, con la declaratoria de nulidad parcial del
Decreto 306 de 2004 en sentencia del 10 de octubre de 2010, el fundamento
normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba
vigente al momento de la celebración de este último. De modo que al suscribirse el
acuerdo de concurrencia No. 01 del 28 de diciembre de 2010, no existía fundamento
legal para que la ESE Hospital La Merced contribuyera en el pago del pasivo
prestacional, ya que la Ley 715 de 2001 solo contemplaba la responsabilidad de la
Nación y las entidades territoriales.
58. Por otra parte, el recurrente también afirmó que el Tribunal desconoció la vigencia
de la Resolución 3550 de 200942 a través de la cual el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público reconoció la calidad de beneficiario del pasivo prestacional del
sector salud a la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar y distribuyó las
obligaciones financieras a cargo de las entidades demandadas y la institución
hospitalaria.
59. Sobre el particular, en la sentencia de primera instancia se consideró que la
Resolución 3550 de 2009 perdió fuerza ejecutoria como consecuencia de la nulidad
del Decreto 306 de 2004, el cual sirvió de fundamento para la distribución de
porcentajes de concurrencia realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
60. La Sala comparte el criterio esbozado por el Tribunal a quo en relación con el
decaimiento de la Resolución No. 3550 de 2009 por su pérdida de fuerza ejecutoria
a partir de la desaparición de los fundamentos de derecho que le sirvieron de
fundamento.
61. Así, se rememora que la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado el 21 de octubre del 2010, por medio de la cual se declaró la nulidad de
las expresiones “Y las instituciones hospitalarias concurrentes” contenidas en el
Decreto 306 de 2004, quedó ejecutoriada el 14 de diciembre de 2010. De ese modo,
se constata que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 66
del Decreto 01 de 198443 -normativa aplicable -, la Resolución No. 3550 de 2009
perdió su fuerza ejecutoria, al haber desaparecido su fundamento de derecho, lo
que afectó sus atributos de ejecutividad, ejecutoriedad y, por ende, dejó de producir
efectos desde ese momento44.
41 “Artículo 331. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes,
o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida
aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la
resuelva (…)”.
42 Folios 250 a 257 del cuaderno número 2.
43 “Artículo 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan
sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza
ejecutoria en los siguientes casos: (…)
2.Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho (…)”.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 16 de mayo de 2019, exp. 62.351 C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
62. Bajo ese contexto, se destaca que el argumento enfilado por el recurrente no puede
prosperar en esta instancia, dado que no es posible sustentar el negocio jurídico en
un acto administrativo que había perdido sus atributos para producir efectos
jurídicos y que, por ende, no era obligatorio para los contrayentes45 (situación que
ocurre de jure y no requiere de declaración judicial).
63. De lo anterior se concluye que, al momento de suscribir el convenio
interadministrativo No. 01 del 28 de diciembre de 2010, las referidas expresiones
del Decreto 306 de 2004 habían sido expulsadas del ordenamiento jurídico y, a su
vez, la Resolución No. 3550 de 2009 perdió su fuerza ejecutoria en esa específica
materia, por lo que no existía un fundamento normativo válido para que la ESE
Hospital La Merced de Ciudad Bolívar tuviera que concurrir al pago de su pasivo
prestacional.
64. La Sala pone de presente que en el texto negocial se consignaron los antecedentes
normativos que llevaron a los contrayentes a suscribir dicho acuerdo de voluntades,
entre los que se especificó que el Decreto 306 de 2004 definió que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público desarrollaría los procedimientos para que las entidades
responsables de asumir el pasivo prestacional del sector salud acudieran a su pago.
Asimismo, se indicó que el referido decreto ordenó acudir a convenios de
concurrencia para el pago de cesantías y pensiones causados en las instituciones
del sector salud y que la mencionada cartera, a través de la Resolución No. 3550
de 2009, definió los porcentajes de participación para la financiación del referido
pasivo prestacional en favor de los trabajadores de la ESE Hospital La Merced de
Ciudad Bolívar46.
65. Aunado a lo anterior, se observa que en la cláusula tercera del convenio se acogió
integralmente la distribución realizada por el Ministerio en cuanto a los porcentajes
de concurrencia de las entidades que suscribieron el convenio interadministrativo.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, exp. 57.376. C.P.
Adriana Polidura Castillo.
46 Convenio de concurrencia No. 01 de 2010. “El presente contrato de concurrencia para el pago del pasivo
prestacional por concepto de cesantías y pensiones causado a 31 de diciembre de 1993 de la ESE Hospital La
Merced de Ciudad Bolívar del Departamento de Antioquia, que se regirá por las cláusulas aquí establecidas,
previas las siguientes consideraciones: 1) Que el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 creó el Fondo Prestacional
del Sector Salud (…). 2) Que con la expedición de la Ley 715 de 2001, se suprimió el Fondo del Pasivo
Prestacional del Sector Salud y se trasladó la responsabilidad financiera de la Nación al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público (…). 3) Que el Decreto 306 de 2004, define los procedimientos para desarrollar las
competencias asignadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público especialmente lo relacionado con: i) la
revisión de las concurrencias de la Nación y de las entidades territoriales e instituciones de salud; i la revisión
de las concurrencia de la Nación y de las entidades territoriales e instituciones de salud; ii) de los cálculos
actuariales; iii) de las certificaciones de beneficiarios; iv) la actualización financiera y actuarial del pasivo de
cesantías y pensiones causado a 31 de diciembre de 1993; v) con las obligaciones de los entes concurrentes y
(vi) los requisitos, condiciones y trámites que deben cumplirse para el pago; 4) Que el Decreto 306 de 2004,
ordena la celebración de convenios para el pago del pasivo, con lo cual se procede a la celebración del presente
convenio para la cancelación del pasivo por concepto de cesantías y pensiones causado a 31 de diciembre de
1993, correspondiente a los trabajadores de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar. 5) Que la Dirección
General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (…) avaló el monto del pasivo
causado a 31 de diciembre de 1993 por concepto de cesantías y pensiones, mediante oficio de fecha 29 de
diciembre de 2000. 6) Que mediante Resolución No. 3550 del 14 de diciembre de 2009 expedida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se establecieron los niveles de concurrencia para la financiación del
pasivo por concepto de cesantías y pensiones causado a 31 de Diciembre de 1993, a favor de los trabajadores
y extrabajadores de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar. 7) Que la misma Resolución reconoció el
monto total del pasivo por concepto de cesantías y pensiones de la entidad hospitalaria”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
66. De lo hasta aquí expuesto, se observa que la entidad demandante suscribió el
acuerdo de concurrencia motivado en lo previsto en el artículo 7 del Decreto 306 de
2004 y según la distribución realizada por el Ministerio de Hacienda en la Resolución
3550 de 2009, por lo que expresó su consentimiento para ello. No obstante, se
encuentra que esa manifestación se fundó en las normas puestas de presente en el
mismo acuerdo negocial, que para para el momento de formación del convenio ya
no hacían parte del ordenamiento jurídico y habían perdido su fuerza ejecutoria.
67. En este punto, es importante recordar que las partes suscribieron el acuerdo de
voluntades con el objeto de determinar los valores que serían asumidos para cubrir
el pasivo de cesantías y pensiones causado a 31 de diciembre de 1993 de la ESE
Hospital La Merced de Ciudad Bolívar. En dicho ejercicio, se relacionaron los
antecedentes normativos que motivaron la celebración del acuerdo de voluntades,
entre los que se refirió a la Ley 715 de 2001, el Decreto 306 de 2004 y la Resolución
3550 de 2009, documentos que, en su conjunto, definieron la concurrencia de los
contrayentes del negocio para cubrir el pasivo prestacional en el caso concreto.
68. También es importante traer a colación que el Consejo de Estado en la providencia
que declaró la nulidad de la expresión “Y las instituciones hospitalarias”, contenida
en el Decreto 306 de 2004, tuvo en consideración que la incorporación en la norma
reglamentaria de las referidas entidades del sector salud las obligó a concurrir en el
monto total del pasivo prestacional sin tener en cuenta la exclusión de
responsabilidad financiera realizada por la Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 47. Al
respecto, se indicó (se transcribe de forma literal, incluso con los posibles errores):
“[E]s clara la norma al señalar, que a pesar de que la seguridad social, comprendida en ellas
las pensiones, sean compartidas con las instituciones de salud, ésta no radicó en ningún
momento la carga prestacional en dichas entidades, pues la misma Ley determinó que
correspondía al Fondo, el pago de la diferencia que se encuentre a cargo de las
entidades de salud, teniendo éste la responsabilidad (Nación- Entidades Territoriales)
y en ningún momento las instituciones de salud, pues la misma Ley las excluye de
dicha responsabilidad.
Con el Decreto demandado se modificó esta responsabilidad financiera al establecer en su
artículo 7º ‘Para determinar la responsabilidad que asumirán la Nación, las entidades
territoriales y las instituciones hospitalarias para el pago de la concurrencia frente al pasivo
prestacional de las instituciones beneficiarias públicas y/o privadas, de acuerdo con la
naturaleza jurídica que tenían a 31 de diciembre de 1993, se seguirán los siguientes
parámetros’. Modificación que consiste en incluir a estas instituciones hospitalarias,
obligándolas a concurrir en el monto total del pasivo en un porcentaje equivalente a la
proporción en que con recursos propios, participaron en su propia financiación, sin tener en
cuenta la exclusión de responsabilidad financiera realizada por la Leyes 60 de 1993 y
715 de 2.001.
Concluye la Sala que la norma demandada difiere sustancialmente de la Ley
reglamentada, pues el Gobierno Nacional realiza un ejercicio de interpretación de los
47 Se pone de presente que la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, a través de concepto del
21 de marzo de 2012, rad. 11001-03-06-000-2011-00011-00. C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo, se
pronunció frente a la petición elevada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el alcance de la
providencia que declaró la nulidad parcial del Decreto 306 de 2004, así: (i) la expresión “instituciones
hospitalarias” se refiere a las instituciones públicas y privadas de salud, de acuerdo con la naturaleza jurídica
que tenían a 31 de diciembre de 1993; (ii) para efectos de presupuestar el pago del pasivo prestacional de las
instituciones hospitalarias, debe estarse a lo dispuesto en las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001; (iii) las normas
1438 y 1450 no modifican los efectos de la sentencia objeto de la consulta; y (iv) el Gobierno Nacional tiene la
facultad de expedir normas reglamentarias para distribuir el saldo no financiado, para lo cual requiere tener en
cuenta la proporción en que la Nación y las entidades territoriales venían contribuyendo a la financiación de las
entidades del sector salud.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
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Referencia: Controversias contractuales
contenidos legislativos, encuadrando las distintas situaciones jurídicas en los supuestos que
ésta contiene, ampliando y modificando la responsabilidad financiera consagrados en la Ley,
que únicamente radicó en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el
manejo y traslado de los recursos del Fondo, mas no la imposición de
responsabilidades financieras a cargo de las instituciones de salud" (se destaca).
69. Bajo el contexto descrito, la Sala pone de presente que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1741 del Código Civil, todo negocio será nulo cuando se
encuentre viciado por objeto ilícito -reproche esbozado en la demanda bajo el
sustento normativo de prohibición legal-. Asimismo, se constata que el artículo 1519
del referido estatuto dispuso: “Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al
derecho público de la Nación”.
70. La Sala discurre que, aunque bajo el articulado de la Ley 715 de 2001 no habría
una prohibición explícita para que las instituciones hospitalarias suscribieran los
convenios de concurrencia a los que se refirió el artículo 62 de dicha disposición
normativa para el pago de su pasivo prestacional causado hasta el 31 de diciembre
de 1993, también se debe valorar que la Sección Segunda de esta Corporación, al
decidir sobre la nulidad parcial del Decreto 306 de 2004, razonó que el legislador
únicamente contempló a la Nación y a las entidades territoriales como responsables
en asumir dicho déficit, lo cual sirvió de fundamento para concluir que el Gobierno
nacional infringió su potestad reglamentaria al obligar a los hospitales a asumir un
porcentaje del pasivo, contrariando la “exclusión de responsabilidad financiera”
consagrada por el legislador. El señalado pronunciamiento cobró ejecutoria e hizo
tránsito a cosa juzgada, lo que torna obligatorio acatar el razonamiento allí
desarrollado.
71. Descendiendo al caso concreto, se encuentra que la vinculación de la ESE Hospital
La Merced de Ciudad Bolívar en el convenio No. 01 del 28 de diciembre de 2010
desconoció que la Ley 715 de 2001 excluyó a las instituciones hospitalarias de la
responsabilidad financiera relacionada con la carga de asumir el pasivo prestacional
del sector salud.
72. De lo anterior, la Sala constata que el objeto convenido en el acuerdo de
concurrencia contrarió el artículo 1519 del Código Civil, debido a que desconoció la
exclusividad de los responsables financieros para asumir el déficit prestacional
anotado que fue consagrado por el legislador en una norma de derecho público -
Ley 715 de 2001- y que se encontraba vigente y de obligatoria observancia para
todas las entidades concurrentes, en armonía con la interpretación de esta
Corporación en torno a dicha regulación.
73. En conclusión, el a quo acertó al declarar la nulidad absoluta parcial del convenio
interadministrativo No. 01 del 28 de diciembre de 2010 (en cuanto a la participación
de la ESE en el mismo). Sin embargo, esta Subsección precisa que el fundamento
normativo que da lugar a esa declaración, según lo expuesto, se cimienta lo
dispuesto en el artículo 1519 del Código Civil -norma aplicable al negocio jurídico-
por vincular como responsable del déficit prestacional del sector salud a una entidad
que no estaba llamada a concurrir a dicho pago. En ese sentido, se da respuesta
negativa al segundo interrogante planteado y, con ello, no prospera este cargo de
la apelación propuesto por el Ministerio de Hacienda.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
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Referencia: Controversias contractuales
74. A su vez, en aplicación del principio iura novit curia, esta Subsección destaca que
respecto del negocio jurídico es susceptible el análisis de su nulidad bajo la
configuración de la causa ilícita, debido a que la participación de la ESE en el
acuerdo de concurrencia No. 01 del 28 de diciembre de 2010 también se encuentra
viciada, porque el fundamento normativo que sirvió como causa para que esa
entidad celebrara el negocio fue expulsado -de manera previa- del ordenamiento
jurídico, de forma que, de manera oficiosa48, se precisa que los términos previsto en
el artículo 1524 del Código Civil, las obligaciones que aquélla contrajo no contaron
con una causa lícita, por las razones que se proceden a explicar.
75. Al respecto, el Código Civil consagró la causa de las obligaciones, así:
“Artículo 1524. No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario
expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.
Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida
por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.
Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la
promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa
ilícita”.
76. Sobre el particular, se recuerda que en las consideraciones del convenio de
concurrencia No. 01 de 2010 las partes se refirieron expresamente a que el Decreto
306 de 2004 dispuso que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las
entidades territoriales y las instituciones hospitalarias deberían acudir a convenios
de concurrencia para el pago de cesantías y pensiones causados en el sector salud
hasta el 31 de diciembre de 1993. Dicho negocio también se fundó en la distribución
de porcentajes fijado a través de la Resolución 3550 de 2009, en la que se vinculó
a la parte demandante en los aportes requeridos para sanear el pasivo prestacional
de la entidad hospitalaria49.
48 Al respecto, esta Sala de decisión ha considerado: “el marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en el recurso
de apelación en contra de la decisión adoptada en el curso de la primera, por lo cual, en principio, los demás
aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en sede de
apelación. Sin embargo, también se ha precisado que dicha regla general no es absoluta, puesto que ésta debe
entenderse sin perjuicio de las excepciones que se derivan, entre otros eventos, de las normas legales de
carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran aquellos tópicos respecto de los cuales el juez de la
causa ostenta oficiosidad, aun cuando no hubieren sido propuestos como fundamento de la inconformidad con
la decisión censurada. Así lo prevé el artículo 318 del CGP, según el cual: “El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”. Sentencia del 11 de julio de 2025, expediente 71.312.
C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
Adicionalmente, la Sección Tercera ha señalado que: “dicha regla general no es absoluta, puesto que debe
entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo i) de las normas o los principios
previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la
celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los
Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter
imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que,
de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido
propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio
Fajardo Gómez.
49 Textualmente, entre dichas consideraciones se tuvo en cuenta: “3) Que el Decreto 306 de 2004, define los
procedimientos para desarrollar las competencias asignadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
especialmente lo relacionado con: i) la revisión de las concurrencias de la Nación y de las entidades territoriales
e instituciones de salud”, y “8) Que en los términos de las normas vigentes se determinaron los porcentajes de
la concurrencia quedando establecidos de acuerdo con la Resolución N° 3550 de 2009 así: a) La NACION debe
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77. Al examinar la providencia apelada, se encuentra que el a quo desarrolló el análisis
del caso concreto bajo los siguientes argumentos:
“El Contrato de Concurrencia N° 001 del 28 de diciembre de 2010 se fundamentó, entre otras
normas, en el Decreto 306 de 2004. Mediante sentencia del 21 de octubre de 2010, el Consejo
de Estado declaró la nulidad de la expresión "y las instituciones hospitalarias concurrentes"
contenida en varios artículos del Decreto 306 de 2004. Esta sentencia eliminó la base legal
que obligaba a los hospitales a concurrir financieramente en el pago del pasivo prestacional.
El contrato de concurrencia se suscribió el 28 de diciembre de 2010, es decir, después de
que la sentencia del Consejo de Estado que anuló parcialmente el Decreto 306 de 2004
hubiese sido proferida por lo que el fundamento legal para obligar al Hospital ya no existía.
La Ley 80 de 1993, en su artículo 44, numeral 4°, establece que los contratos estatales son
absolutamente nulos cuando "Se declaren nulos los actos administrativos en que se
fundamenten". Dado que las disposiciones del Decreto 306 de 2004 que imponían la
obligación de concurrir a los hospitales fueron anuladas, y el contrato se fundamentó en dicho
decreto para imponer tal obligación al Hospital La Merced, esta causal de nulidad absoluta se
configura
(…)
No es de recibo el argumento expuesto por las demandadas según el cual, la Resolución
3350 del 14 de diciembre de 2009 por medio de la cual se fijaron los porcentajes de
concurrencia incluyendo al hospital se encontraba vigente y no ha sido demandada, pues esta
resolución si bien es anterior a la sentencia de nulidad del Consejo de Estado, el contrato que
materializa dicha concurrencia se firmó después de la sentencia. La resolución es expedida
con fundamento en el decreto 306 de 2004, por lo que, declarada la nulidad parcial de este,
la resolución pierde fuerza ejecutoria igualmente, en cuanto a la asignación de un porcentaje
de concurrencia a cargo del Hospital (art. 91 CPACA) y no puede servir de soporte normativo
al contrato demandado” (subrayado fuera del original)50.
78. Bajo el panorama descrito, se evidencia que la causa que indujo al acto o contrato
no fue la mera liberalidad o voluntad de la ESE Hospital La Merced para acudir al
pago de su déficit prestacional, sino que encontró sustento en la orden establecida
en el Decreto 306 de 2004 y la distribución de porcentajes de la concurrencia
establecida por el Ministerio de Hacienda a través de la Resolución 3550 de 2009,
en la que se vinculó a la parte demandante como responsable del pasivo del sector
salud, sin que existiera una obligación legal para ello, debido a que las entidades
hospitalarias no fueron contempladas para tales efectos por la Ley 715 de 2001.
79. De esta manera, ante la declaratoria de nulidad del Decreto 306 de 2004 y la pérdida
de fuerza ejecutoria de la Resolución 3550 de 2009 (en ambos casos de forma
parcial, en lo tocante a las instituciones hospitalarias), se constata que los motivos
determinantes que conllevaron a la celebración del convenio No. 01 de 2010 por
parte de la entidad, realmente, carecían de sustento jurídico válido. Así, dado que,
la ESE Hospital La Merced expresó que su motivación para concurrir al pago del
pasivo prestacional se fundó en las disposiciones normativas descritas, se
encuentra que la causa para que dicha IPS participara del acuerdo de voluntades
fue contraria al ordenamiento jurídico y, por ende, ilícita.
concurrir con el 31.03%. b) El DEPARTAMENTO con el 33.65%. c) El MUNICIPIO con el 0.14% y d) El
HOSPITAL con el 35.18%” (subrayado añadido).
50 Índice 68 de Samai del Tribunal de primera instancia
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80. Así las cosas, en el sub lite también se originó la nulidad absoluta, por vicio en su
causa, puesto que el motivo determinante para que la demandante concurriera al
acuerdo fue contrario al orden público, pues no cabe duda que el contenido del
Decreto 306 de 2004 y, por contera, del convenio de concurrencia No. 01 de 2010,
en lo relativo a la participación de la institución hospitalaria, desconoció la
asignación de responsabilidad financiera en la Nación – Ministerio de Hacienda y
las entidades territoriales para asumir el pago del pasivo prestacional del sector
salud, al pretender la incorporación de un nuevo sujeto obligado distinto a los
establecidos por el legislador.
En relación con la supuesta aplicación retroactiva del Decreto 700 de 2013
81. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Tribunal de primera instancia
cimentó su análisis jurídico sobre la nulidad del convenio interadministrativo No. 01
de 2010 en lo dispuesto en el Decreto 700 de 2013, que derogó en su integridad el
artículo 7 del Decreto 306 de 2004, por lo que alegó que la sentencia de primera
instancia aplicó de manera retroactiva una norma que no existía al momento de
suscribir el convenio de concurrencia.
82. En cuanto a la aplicación de la disposición normativa que fue objeto de controversia
en el recurso de apelación, el a quo indicó:
“Se resalta que la evolución normativa descrita (Leyes 60 de 1993, 100/93, 715 de 2001,
Sentencia del Consejo de Estado de 2010, Ley 1438 de 2011, y Decreto 700 de 2013)
demuestra una clara línea en la que la responsabilidad principal por el pasivo prestacional
recae en la Nación y las entidades territoriales. La inclusión de los hospitales en el Decreto
306 de 2004 fue corregida por el Consejo de Estado. El Decreto 700 de 2013, aunque
posterior al contrato, reafirma la exclusión de las instituciones hospitalarias de la concurrencia
y establece que la Nación y las entidades territoriales asumirán el porcentaje que antes
correspondía a los hospitales. Teniendo en cuenta lo anterior, la nulidad que se configura es
absoluta, y aunque la E.S.E. Hospital La Merced haya suscrito el contrato, la validez de las
obligaciones de una entidad pública, especialmente aquellas que implican la erogación de
fondos públicos, debe estar siempre amparada por una norma legal preexistente y válida”51.
83. Así las cosas, se encuentra que la declaratoria de nulidad absoluta parcial del
convenio interadministrativo No. 01 de 2010 se fundó en que la norma que sirvió de
sustento para suscribir el negocio jurídico fue declarada nula, y que la resolución de
distribución de porcentajes de participación perdió su fuerza ejecutoria por ese
motivo -incluso antes de la celebración del referido negocio jurídico-, por lo que el a
quo consideró que en el acuerdo de voluntades fue inválido en lo relativo a la
vinculación de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar.
84. Adicionalmente, en cuanto a la referencia sobre el Decreto 700 de 2013, es cierto
que dicha norma no existía al momento de celebración del negocio jurídico. Sin
embargo, al examinar la referencia realizada por el a quo, se constata que dicho
análisis propendió por evidenciar que, con posterioridad a la declaratoria de nulidad
del Decreto 306 de 2004, el Gobierno Nacional expidió una nueva reglamentación
de la Ley 715 de 2001 que se ajustó a la voluntad del legislador en cuanto a la
determinación de las entidades que debían asumir el pasivo prestacional del sector
51 Índice 68 de Samai del Tribunal de primera instancia.
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salud. En ese sentido, se evidencia que la mención en la providencia apelada fue
únicamente a título persuasivo, con la intención de reiterar que, incluso bajo dicha
disposición posterior al negocio jurídico, se reiteró la exclusión de las instituciones
hospitalarias como responsables financieras por dicho concepto.
85. Así, la Sala pone de presente que del análisis integral de la providencia apelada, se
advirtió que la declaratoria de nulidad del convenio No. 01 de 2010 se fundó en la
ilicitud parcial del Decreto 306 de 2004 y la pérdida de fuerza ejecutoria de la
Resolución 3550 de 2009 -igualmente, solo en lo relativo a la participación de las
ESE-, de modo que el tercer problema jurídico propuesto debe resolverse de
manera desfavorable para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, puesto que
la declaratoria de ilegalidad del convenio de concurrencia No. 01 de 2010 no se
fundó en la aplicación retroactiva del Decreto 700 de 2013.
86. Ahora bien, en este cargo de apelación, el Ministerio agregó que no existe sustento
en imputar la existencia de un vicio por “error inducido” a la ESE, toda vez que “el
Hospital conocía el marco legal vigente al momento de la firma y actuó conforme a
él”. Al respecto, se encuentra que esta no fue la razón que llevó al a quo para
invalidar el negocio, de forma que este argumento de la recurrente desacierta al no
relacionarse con la motivación del fallo de primer grado.
Sobre el agotamiento del trámite previsto en el Decreto 586 de 2017 y el
reembolso de lo pagado por la parte demandante
87. Para resolver este tópico, se recuerda que el municipio de Ciudad Bolívar, en su
escrito de apelación, indicó que no debía asumir el reembolso de los aportes
realizados por la parte demandante en virtud del acuerdo de concurrencia, porque,
con fundamento en el artículo 1525 del Código Civil, no era procedente la repetición
de lo pagado, debido a que la institución hospitalaria suscribió el negocio jurídico a
sabiendas de su ilicitud. Aunado a ello, agregó que la demandante se benefició de
dichas contribuciones porque fueron utilizadas para disminuir el déficit de pensiones
y cesantías de su planta de personal.
88. Al respecto, la Sala debe señalar que, contrario a lo indicado por el recurrente, en
la providencia de primera instancia se consideró que no era procedente ordenar las
restituciones mutuas, ni el reembolso de lo pagado en virtud del acuerdo negocial,
lo que corresponde a la misma lógica argumentativa esbozada por el municipio de
Ciudad Bolívar en su recurso de apelación.
89. Así las cosas, se constata que el Tribunal a quo consideró que la suma de dinero
reclamada por el demandante fue pagada como consecuencia de la obligación
contenida en el inciso 5 del artículo 242 de la Ley 100 de 1993 (es decir, en
cumplimiento de un mandato legal expreso) y, por ende, precisó que era necesario
que la demandante agotara el trámite previsto en el Decreto 586 de 2017 para
reclamar la devolución de esas sumas de dinero. Ello también se evidenció en la
parte resolutiva de la providencia judicial, en la que no se plasmó ninguna orden de
restitución en favor de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, sin perjuicio
de poner de presente el derecho que ostenta la entidad para pedir el reembolso
mediante el procedimiento mencionado.
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90. De ese modo, lo que correspondía al municipio recurrente, si así lo pretendía, era
refutar el análisis esbozado en relación con la procedencia del trámite establecido
en el Decreto 586 de 2017. Sin embargo, dicha determinación no fue objeto de
cuestionamiento a través del recurso de apelación, por lo que la Subsección no debe
referirse al razonamiento en este acápite.
91. En ese sentido, es viable concluir que no le asiste razón al recurrente al cuestionar
que en la providencia de primera instancia se hubiese ordenado la restitución de
sumas de dinero en favor de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar en
contravía de lo dispuesto en el artículo 1525 del Código Civil. Por el contrario, el a
quo acertó al estimar que dicha determinación no era procedente e indicar que, si
la Institución Hospitalaria esperaba la devolución de los aportes realizados para el
pago de pensiones y cesantías de sus empleados, debía agotar el trámite
establecido en el Decreto 586 de 2017. Así, se resuelve de manera negativa el
recurso presentado por el municipio demandado.
Conclusiones
92. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección resolverá
desfavorablemente los recursos de apelación presentados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el municipio de Ciudad Bolívar, recapitulando que:
93. El pronunciamiento realizado previamente por esta Corporación en torno al cómputo
de caducidad en el caso concreto no impide a la Subsección pronunciarse
nuevamente sobre el asunto, en virtud del recurso de apelación presentado en
contra de la sentencia de primera instancia, y la oficiosidad que se ostenta sobre la
materia.
94. El derecho de acción para ventilar la pretensión de nulidad absoluta del acuerdo de
concurrencia No. 01 del 28 de diciembre de 2010 por vicios en su formación podía
ejercerse mientras el acuerdo de voluntades continuara vigente -como se demostró-
, siempre que no excediera el término de 5 años contados a partir de su
perfeccionamiento (a la luz de la norma procesal vigente a la fecha de su
nacimiento52), y como el escrito inicial se radicó el 16 de julio de 2015, se concluyó
que fue oportuno.
95. El legislador, a través del artículo 62 de la Ley 715 de 2001, autorizó a la Nación y
las entidades territoriales para celebrar convenios de concurrencia con el fin de
asumir el pago del pasivo prestacional del sector salud por concepto de cesantías y
pensiones causados a 31 de diciembre de 1993. Sin embargo, no determinó el
régimen jurídico aplicable a estas relaciones negociales, por lo que, según la
naturaleza del acuerdo de voluntades, hay lugar a acudir a los criterios definitorios
de los convenios interadministrativos regulados en el artículo 95 de la Ley 489 de
1998, para concluir que el acuerdo No. 01 de 2010 ostentó esa naturaleza jurídica.
96. El acuerdo de concurrencia celebrado para cubrir el pasivo prestacional de la ESE
Hospital La Merced de Ciudad Bolívar correspondió a un convenio
52 Sin perjuicio de la posición expuesta por el magistrado ponente.
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interadministrativo, porque, a pesar de establecerse compromisos de carácter
patrimonial, estos se asumieron con la intención de cooperar en la satisfacción de
una finalidad común -saldar el pasivo de pensiones y cesantías de la institución
hospitalaria- y no existió contraposición de intereses entre las entidades públicas.
97. El régimen jurídico que resulta aplicable para definir el juicio de validez del acuerdo
de concurrencia No. 01 del 28 de diciembre de 2010 corresponde al previsto en las
normas del derecho común -además de las disposiciones especiales de la Ley 715
de 2001 en la materia- debido a que, al tratarse de un convenio interadministrativo,
no le resultan aplicables de manera automática las normas del EGCAP, y las partes
no dispusieron su incorporación en el texto convenido.
98. El convenio de concurrencia No. 01 del 28 de diciembre de 2010 vinculó a la ESE
Hospital La Merced de Ciudad Bolívar como obligada a participar en el pago del
déficit de pensiones y cesantías de esa institución, con fundamento en el Decreto
306 de 2004 que fue declarado parcialmente nulo y, según la distribución porcentual
realizada en la Resolución 3350 de 2009. Lo anterior desconoció la exclusión que
fijó al legislador en el artículo 61 de la Ley 715 de 2001, al fijar la responsabilidad
de pago del pasivo prestacional del sector salud en la Nación -a través del Ministerio
de Hacienda- y las entidades territoriales. De ese modo, se tiene que el acuerdo de
voluntades se encuentra parcialmente viciado por objeto ilícito, en cuanto a la
inclusión de las obligaciones a cargo de la aquí demandante, por estar en contravía
de una norma de orden público, según lo dispuesto en el artículo 1519 del Código
Civil.
99. En la sentencia de primera instancia, la declaratoria de nulidad absoluta del
convenio interadministrativo No. 01 de 2010 se fundamentó en la nulidad parcial del
Decreto 306 de 2004 declarada por esta Corporación, y la pérdida de fuerza
ejecutoria de la Resolución 3550 de 2009. Así, la referencia que se hizo al Decreto
700 de 2013 no fue la que llevó a adoptar esa determinación.
100. La Sala constató que el acuerdo de voluntades, igualmente, adolece de un vicio de
nulidad absoluta debido a la ausencia de causa lícita, nuevamente, en lo relacionado
con la participación de la IPS, toda vez que ello se fundamentó en el Decreto 306
de 2004, posteriormente declarado nulo por desconocer la asignación de
responsabilidad financiera establecida por el legislador para el pago del pasivo
prestacional del sector salud, y en la Resolución 3550 de 2009, que perdió fuerza
ejecutoria por esta última circunstancia. El motivo determinante para que la ESE
Hospital La Merced celebrara el acuerdo fue una normativa que le imponía la
responsabilidad de asumir el pago del pasivo prestacional, obligación que no le
correspondía según la Ley 715 de 2001 y el fallo de esta corporación, sin que se
pueda evidenciar ninguna otra motivación distinta para que manifestara su
consentimiento frente a lo pactado en el convenio No. 01 de 2010.
101. El Tribunal a quo consideró que no era procedente ordenar las restituciones mutuas,
ni el reembolso de lo pagado en virtud del acuerdo negocial. Sin embargo, advirtió
que la parte demandante tiene derecho a agotar el procedimiento establecido en el
Decreto 586 de 2017 para reclamar la devolución de los aportes realizados para el
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
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Referencia: Controversias contractuales
pago de pensiones y cesantías de sus trabajadores. Por ende, el reproche del
municipio de Ciudad Bolívar sobre la imposibilidad de repetir por lo sufragado por la
ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, con fundamento en el artículo 1525 del
C.C., no estuvo dirigido a cuestionar un aspecto de la sentencia apelada y, en todo
caso, no existió argumentación en contravía del procedimiento fijado para la
devolución de los aportes realizados por el pago de pensiones y cesantías, lo que
impone confirmar este tópico de la providencia apelada.
La condena en costas
102. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, “la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil” -CGP-. El numeral 3 del artículo 365 de este último
estatuto prevé: “En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la
de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
Comoquiera que, en el presente asunto, las impugnaciones presentadas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el municipio de Ciudad Bolívar no
prosperaron, deben ser condenadas por este rubro.
103. Las costas procesales se componen, entre otros, de las agencias en derecho
(artículo 361 del CGP). En la medida en que la parte demandante, en segunda
instancia, mantuvo la designación de su apoderado judicial, y debió realizar la
vigilancia de los acontecimientos del proceso, la Sala estima que dicha circunstancia
es suficiente para que se disponga ese concepto en su favor.
104. En cuanto al monto, el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la
demanda53, dispuso que, en los asuntos contencioso-administrativos, las agencias
en derecho, en segunda instancia deben fijarse hasta en un 5% -límite máximo- del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia54.
105. En ese sentido, las agencias para este grado jurisdiccional se fijan a cargo de las
entidades recurrentes -derrotadas en esta instancia-. Dicha suma corresponderá al
1% de las pretensiones de la demanda, esto es, nueve millones seiscientos
cuarenta y cuatro mil doscientos veintinueve pesos ($9’644.229)55. Dicha suma se
establece en favor de la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar y deberá ser
asumida por la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el municipio de
Ciudad Bolívar por partes iguales.
53 La demanda fue presentada el 16 de julio de 2015, con anterioridad a la expedición del Acuerdo PSAA16-
10554 del 5 de agosto de 2016 que en su artículo 7 dispuso: “Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su
publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se
siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los
Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura”.
54 “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…)
“III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (…).
“3.1.3. Segunda instancia. (…)
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
55 Las pretensiones económicas de la demanda ascendieron a $964’423.956, monto que la parte demandante
solicitó que le fuera reembolsado como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acuerdo de concurrencia
No. 01 del 28 de diciembre de 2010.
29
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01458-02 (73357)
Demandante: ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
Demandados: Nación –Ministerio de Hacienda y otros
Referencia: Controversias contractuales
106. Finalmente, la liquidación de las costas será adelantada por el Tribunal a quo, en
los términos del artículo 366 del CGP.
107. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la Nación –Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y al municipio de Ciudad Bolívar, las cuales serán
liquidadas por el Tribunal a quo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del
Código General del Proceso. Como agencias en derecho, se fija la suma de nueve
millones seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos veintinueve pesos
($9’644.229), en favor de la parte demandante y a cargo de las entidades a las que
se les resolvieron desfavorablemente los recursos de apelación, por partes iguales.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
30
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