Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01632-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01632-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01632-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de julio de 2026
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01632-02 (0500-2021)
Demandante: Luis Horacio Vélez García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01632-02 (0500-2021)
Demandante: Luis Horacio Vélez García
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992
Decisión: Estarse a lo resuelto, adiciona numeral segundo frente al
tope, y confirma en lo demás. Sin condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 5 de
noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones DESAJMR 14-
4896 del 1 de octubre de 20142, mediante la cual la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín - Antioquia negó el reconocimiento y pago
del reajuste de la prima especial de servicios a la parte actora, DESAJMR 14-
5101 del 4 de noviembre de 20143 que negó el recurso de reposición, y el acto
ficto derivado del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación.
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso. Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves manifestaba
impedimento para conocer de asuntos relacionados con la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de
1992, por tener un proceso en trámite en el que se debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante
sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada, por lo que a la fecha no
existe pleito pendiente entre las partes o interés actual sobre la controversia. Por otra parte, se advierte que
el ponente en casos anteriores había manifestado impedimento por pleito pendiente; sin embargo, este fue
resuelto por la Sala mediate auto del 9 de abril de 2026, declarándolo infundado.
2 Folios 20-21 del expediente físico.
3 Folios 26-28 del expediente físico.
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3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «3. […] A. Sírvase
reconocer y pagar la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
la cual nunca se le ha reconocido, conforme a lo ordenado.
B. Que se continúe pagando mientras continúen existiendo las condiciones que
dan origen a ella.
C. Sírvase reconocer la reliquidación de las prestaciones sociales y demás
conceptos percibidos por no tener en cuenta la verdadera base salarial para su
cálculo, teniendo en cuenta el 100% de la asignación salarial sin descontar el
30% por prima. En los términos que por Ley corresponda y según se demuestre
en el proceso se adeude.
D. Como consecuencia de las anteriores condenas, sírvase reajustar los aportes
realizados a las entidades de seguridad social, causadas por todo el tiempo
laborado».4
Hechos que fundamentan la demanda
4. El actor prestó sus servicios a la Rama Judicial como juez del circuito y
magistrado del Tribunal Superior desde el 6 de abril de 1981.5
Fundamentos de derecho
5. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 93, 125, 150 y 209 de la Constitución
Política; Leyes 4 de 1992, 270 de 1996; Decretos1042 de 1978, 610 de 1998 y
1239 de 1998.
6. Al desarrollar el concepto de violación, el actor señaló que la negativa de la
entidad demandada al reconocimiento de lo peticionado quebranta principios de
orden constitucional y legal, específicamente los derechos adquiridos y la
garantía de que a los trabajadores no se les desmejoren sus condiciones de
empleo.
Contestación de la demanda
7. La Rama Judicial contestó la demanda6 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por considerar que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial conforme lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996.
8. Sostuvo que con la sentencia del 29 de abril de 2014 se declaró la nulidad de
apartes de los decretos salariales para los servidores públicos de la Rama
Judicial de 1993 a 2007, que establecieron la prima especial, sin que se
4 Se hace transcripción textual de las pretensiones de la demanda.
5 En los hechos de la demanda no se relacionó el agotamiento de la vía administrativa.
6 Folios 144-142 del expediente físico.
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pronunciara sobre disposiciones consignadas en los decretos posteriores, es
decir de 2008 a 2014, razón por la cual lo allí dispuesto por el Gobierno nacional,
permanece incólume y es de obligatorio cumplimiento. Por otro lado, consideró
que, de accederse a las pretensiones de la demanda, se superaría el tope
establecido en el Decreto 610 de 1998.
9. Finalmente, formuló como excepciones las de legalidad de los actos acusados
y prescripción trienal.
Sentencia de primera instancia
10. Mediante sentencia del 5 de noviembre de 2019,7 el Tribunal Administrativo
de Antioquia accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Para arribar a
esa decisión, el a quo señaló que «las pretensiones reliquidatorias» no se
encuentran llamadas a prosperar toda vez que se presentan los fenómenos
jurídicos de cosa juzgada y prescripción.
11. Respecto de la cosa juzgada, el Tribunal de instancia declaró que operó dicho
fenómeno frente al proceso con radicado 05001-23-31-000-2012-00750-01 (0263-
16), en el cual se ordenó el reajuste de la bonificación por compensación
establecida en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de los ingresos totales
que devengan los magistrados de las Altas Cortes, determinando que dentro de
ese 80% debía incluirse el 30% correspondiente a la prima especial de servicios,
prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.
12. Asimismo, la declaró frente al proceso con radicado 05001-23-31-000-2004-
00395-00, en la cual se ordenó el reajuste de las prestaciones sociales por el
periodo comprendido entre 1993 y 2003, tomando como base la asignación
básica mensual incluida la prima especial de servicios del 30%.
13. A su vez, determinó que «las liquidaciones realizadas para el periodo
comprendido entre 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003, deberá
revisarse por las instancias contables y financieras de la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial a fin de establecer si se presentaron pago al actor que
desborden o superen el régimen salarial de jueces para los años 2001 a 2003».
14. Por otro lado, indicó que «el actor presentó su reclamación administrativa
el 25 de septiembre de 2014, por lo cual solo podría concederse los tres años
anteriores, es decir máximo hasta el 25 de setiembre de 2011, fechas estas en
las cuales el demandante ostentaba el cargo de Magistrado de Tribunal, por lo
cual, al reconocerse la bonificación por compensación desde el 1 de enero de
2001, no es posible reconocer aparte la prima especial de servicios. Los periodos
anteriores al 25 de septiembre de 2011 en los cuales el actor se haya
7 Folios 345-356 del expediente físico.
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desempeñado como juez, para este despacho se encuentran afectados del
fenómeno jurídico de prescripción […]».
15. Estableció que los periodos de 2004 a 2010 solo se reliquidarían por la
parte demandada para efectos de calcular los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones.
Recurso de apelación
16. El apoderado de la parte demandada recurrió en apelación8 la sentencia de
primera instancia.
17. En el recurso de apelación se reiteró que el demandante no tiene derecho
al reconocimiento ni a la reliquidación de la prima especial del 30% como factor
salarial ni a las diferencias prestacionales derivadas de esta.
18. Sostuvo que la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014,
que anuló los decretos salariales de 1993 a 2007, tiene efectos solo hacia el futuro,
por lo que no procede aplicarla retroactivamente ni ordenar reliquidaciones de
años anteriores. Además, indicó que los derechos reclamados por ese periodo se
encuentran prescritos, ya que la reclamación administrativa se presentó fuera del
término previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
19. Añadió que las normas vigentes desde 2008 no han sido anuladas,
mantienen su presunción de legalidad y la administración las ha aplicado
correctamente. Advierte también que no es posible reconocer un pago adicional
del 30%, pues ello superaría el límite de la remuneración fijada en el Decreto 1251
de 2009, además de existir un impedimento presupuestal para acceder a las
pretensiones del demandante.
20. Por último, indicó que la prima especial carece de carácter salarial según
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, disposición declarada exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-279 de 1996, lo cual constituye cosa juzgada
constitucional. En consecuencia, solicita revocar la sentencia apelada, negar las
pretensiones de la demanda y declarar probadas las excepciones de inexistencia
del derecho reclamado, cobro de lo no debido y prescripción trienal.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
21. Por auto del 1 de noviembre de 20229, se admitió el recurso de apelación,
y mediante auto del 2 de mayo de 202310 se ordenó correr traslado a las partes y
al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos de conclusión.
8 Folios 361-375 del expediente físico.
9 Índice 00022 de SAMAI.
10 Índice 00028 de SAMAI.
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22. La parte demandante guardó silencio. La parte demandada11 alegó de
conclusión reiterando los planteamientos del recurso de alzada. El Ministerio
Público guardó silencio.
23. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
25. En el presente asunto se advierte que el recurso de apelación se refiere a
varios puntos frente al reconocimiento y/o reajuste de la prima especial de
servicios; sin embargo, la Sala solo analizará los argumentos de la alzada en lo
que respecta a la única condena impuesta por el Tribunal de instancia, esto es el
pago de las diferencias por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones.
26. En esa misma línea, se entrará a determinar si acceder a las pretensiones
implicaría superar los topes fijados por la normativa aplicable, y si la mencionada
prima constituye o no un factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones
sociales (aportes a pensión), si operó la prescripción trienal, y si existe una
imposibilidad presupuestal por parte de la demandada.
27. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; 2. Hechos probados; y 3. Caso concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
28. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
11 Índice 00033 de SAMAI.
12 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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carácter salarial13 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que
trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional
del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y
Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
29. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201414 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de
la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los
salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».
30. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201915, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez)
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incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.
4.. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.
31. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias 11 de
julio de 202316, 5 de septiembre de 202317, 5 de diciembre de 202318, 6 de agosto
de 202419 y 18 de diciembre de 202420.
32. Posteriormente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 202421,
declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos
entre los años 2008 y 2018, pues bajo idéntico criterio se insistió en que el 30%
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».
Hechos probados
33. Acreditado está en el expediente, que el actor ha prestado sus servicios22 a
la Rama Judicial, así:23
juez Laboral del Circuito de Medellín: 11/10/1993 – 08/03/2006.
juez Laboral del Circuito de Medellín: 16/08/2006 – 31/08/2008.
juez Laboral del Circuito de Medellín: 17/02/2009 – 17/02/2009.
juez Laboral del Circuito de Medellín: 19/12/2009 – 11/03/2010.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.
Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.
Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
22 Se relacionan únicamente los tiempos de servicios que desempeñó el actor como juez de la República,
los cuales fueron objeto del restablecimiento del derecho ordenado por el a quo.
23 Folio 221 del expediente físico. Fecha de certificación 8 de noviembre de 2017.
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34. Que percibió desde un principio la remuneración mensual y las prestaciones
sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la Administración
restó la prima especial de servicios del 100% del salario, lo que arroja un 70% de
éste, y sobre ese 70% liquidó tanto el salario como las prestaciones sociales24.
35. Que el 25 de septiembre de 2014,25 el actor le solicitó a la demandada el
reajuste de la prima especial de servicios, pero esta petición fue negada mediante
los actos demandados.
Caso concreto
36. Conforme al marco normativo y jurisprudencial expuesto, el demandante tiene
derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, y de
sus prestaciones sociales liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin
restarle ni sumarle a éste el 30%, de la prima especial de servicios. Distinto es
que el 30% que fue erradamente descontado de su remuneración mensual para
tenerlo a título de prima especial, sí tiene carácter salarial e incidencia
prestacional, ya que constituye un porcentaje de la asignación básica que fue
descontado por una exégesis errada por parte de la entidad demandada, por lo
que contrario a lo afirmado por el recurrente si le asiste el derecho al actor al
mencionado reajuste.
37. No obstante, conforme se delimitó el problema jurídico en el sub lite, la Sala
únicamente se pronunciará frente al restablecimiento efectuado en la sentencia
apelada, el cual se circunscribió a reconocer el pago de las diferencias por
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones durante el
tiempo que desempeñó el cargo de juez de la República, en el periodo 2004 a
2010. Esta decisión se adopta al tenor del inciso 4° del artículo 328 del CGP26 y
al principio de non reformatio in peius, ya que no es posible hacer más gravosa la
situación de la entidad demandada por ser apelante única.
38. Ahora, se encuentra que la parte accionada en el recurso de apelación
argumenta que no es viable efectuar reliquidaciones de prestaciones sociales con
inclusión del 30% de la prima especial. Al respecto, es pertinente anotar que dicho
24 Folios 31-45 del expediente físico.
25 Folios 15-18 del expediente físico.
26 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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emolumento no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para
liquidar las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión como bien lo
advirtió el a quo.
39. En efecto, en la parte resolutiva de la sentencia recurrida se dispuso lo
siguiente:
PRIMERO: Declárase la nulidad parcial de las Resoluciones No resoluciones (sic)
DESAJMR 14-4896 de 1o de octubre de 2014, la Resolución No DESAJMR14-5101
de 4 de noviembre de 2014 proferidas por la Dirección Seccional de la
Administración Judicial de Antioquia y Resolución No 6162 del 4 de noviembre de
2015 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.
SEGUNDO: Por concepto de restablecimiento del derecho, CONDENÉSE a
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar y reajustar los aportes realizados al
Sistema de Seguridad Social en pensiones del demandante, por los siguientes
periodos que se desempeñó como Juez de la República, para lo cual la demandada
deberá realizar el respectivo cálculo de actualización previo al traslado a la entidad
encargada de la liquidación de pensiones:
Del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2005.
Del 1 de enero de 2006 a 8 de marzo de 2006.
Del 16 de agosto de 2006 a 31 de diciembre de 2006.
Del 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2007.
Del 1 de enero de 2008 a 31 de agosto de 2008.
Del 19 de diciembre de 2009 a 31 de diciembre de 2009.
Del 1 de enero de 2010 a 11 de marzo de 2010.
Lo anterior, incluyendo el nuevo factor salarial en los términos solicitados en la
demanda inicial, teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración
básica mensual legal, incluyendo el 30% que le ha restado a ésta, para considerarlo
como prima especial.
TERCERO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, para que ordene a las instancias contables y financieras de la entidad,
revisen las liquidaciones de salarios y prestaciones sociales del actor para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003, a fin de
establecer si se presentaron pagos que desborden o superen el régimen salarial de
jueces para ese periodo.
CUARTO: DECLARAR de oficio la excepción de COSA JUZGADA respecto las
pretensiones de reliquidación de la prima de servicios y estarse a lo resuelto en las
sentencias de la Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado de veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicado: 05001-23-31-000-2012-00750-01 (0263-16), sentencia emitida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de conjueces, de 23 de agosto de
2019, radicado 05001233100020040039500.
QUINTO: DECLARAR de oficio la excepción de PRESCRIPCION de la reliquidación
de la prima de servicios como factor prestacional en los siguientes periodos que el
demandante se desempeñó como Juez de la República:
Del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2005
Del 1 de enero de 2006 a 8 de marzo de 2006
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01632-02 (0500-2021)
Demandante: Luis Horacio Vélez García
Del 16 de agosto de 2006 a 31 de diciembre de 2006.
Del 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2007.
Del 1 de enero de 2008 a 31 de agosto de 2008.
Del 19 de diciembre de 2009 a 31 de diciembre de 2009.
Del 1 de enero de 2010 a 11 de marzo de 2010.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones principales y subsidiarias presentadas por
la parte actora.
SÉPTIMO: A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos señalados por
los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
40. Conforme a lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal de instancia
determinó en la sentencia impugnada, lo siguiente: i) que no hay lugar a
reconocer la prima especial de servicios del 30%, al considerar que a partir del
año 2011 se desempeñó como magistrado de tribunal, cargo que solo es
destinatario de la bonificación por compensación; ii) frente a los periodos del 1 de
enero de 1993 al 31 de diciembre de 2003, si bien señaló que el reajuste de la
prima ya fue objeto de reconocimiento vía judicial, consideró que para dicho lapso
la entidad demandada debía verificar que los pagos efectuados al actor no
desbordaran el régimen salarial establecido para los jueces en dichos años;27 iii)
determinó que los periodos comprendidos entre los años 2004 a 2010, en los
cuales laboró el demandante como juez, operó el fenómeno jurídico de la
prescripción, excepto frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones; y iv) declaró de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de las
pretensiones de reajuste de la «prima de servicios» y ordenó estarse a lo resuelto
en los fallos proferidos en los procesos con radicados 05001-23-31-000-2012-
00750-01(0263-16) y 05001233100020040039500.
41. Ahora bien, en el proceso con radicado 05001-23-31-000-2012-00750-
01 (0263-16)28, mediante sentencia del 10 de julio de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, confirmada por la providencia del 21 de
agosto de 2018, emitida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, se reconoció al actor la diferencia entre lo efectivamente
pagado a título de bonificación por gestión judicial y el 80% de lo que por todo
concepto devengan los magistrados de las Altas Cortes, incluyendo la prima
especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desde el 1 de enero de
2001.
42. Por otro parte, en el expediente con radicado
05001233100020040039500 , el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante
29
sentencia del 23 de agosto de 2019, ordenó el pago de la suma que resulte como
27 Pues según el a quo «se presentó un periodo de dos años entre 2001 y 2003, que al parecer se hizo
reconocimiento de la prima especial y la bonificación por compensación».
28 Ver índice 50, págs. 169-184 y 265-278 de Samai. Mediante auto de mejor proveer del 20 de noviembre
de 2025, fue solicitado se allegara a este proceso dicho expediente-índice 43 de Samai.
29 Ver índice 50, págs. 507-520 de Samai. Mediante auto de mejor proveer del 20 de noviembre de 2025,
fue solicitado se allegara a este proceso dicho expediente-índice 43 de Samai.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01632-02 (0500-2021)
Demandante: Luis Horacio Vélez García
diferencia «de la reliquidación de las prestaciones legales la prima de servicios,
la prima de vacaciones, la prima de navidad, las cesantías y los intereses a las
cesantías, desde el año 1993 hasta el año 2003, con base en la asignación básica
mensual, incluido el 30% de la prima especial mensual de servicios, siempre y
cuando de su reliquidación pueda predicarse que efectivamente el pagó un monto
inferior al que tenía derecho».
43. Así las cosas, advierte la Sala que como bien lo refirió el a quo en el
numeral cuarto, operó la cosa juzgada frente a lo resuelto en los expedientes
antes relacionados, y en especial lo concerniente al reajuste de la prima especial
de servicios respecto de los años 1993 a 2003, por lo que la orden dada en el
numeral tercero del fallo impugnado resulta incongruente, pues al operar dicho
fenómeno no es posible efectuar ningún tipo de disposición adicional para ese
periodo.
44. No obstante, dado que el Tribunal de instancia pretendió que la entidad
revisara las liquidaciones efectuadas para los periodos, «2001 y 2003, que al
parecer se hizo reconocimiento de la prima especial y la bonificación por
compensación», con el fin de que dichos pagos no desbordaran el régimen
salarial de los jueces, la Sala no hará modificación alguna al respecto, ya que
dicha decisión favorece al apelante único.
45. En cuanto a la prescripción esta corporación ha sostenido, de forma
30
pacífica, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha
de entrada en vigor del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, en el presente
caso desde que fue vinculado al cargo de juez, el interesado pudo interrumpir el
fenómeno prescriptivo.
46. Sin embargo, frente a los aportes pensionales la Sala advierte que constituyen
un derecho imprescriptible e irrenunciable31 a favor del trabajador y por virtud
de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 son obligatorios por la
sostenibilidad del sistema32, por lo que le asiste razón al a quo al no haber
30 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024.
Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
31 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
32 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01632-02 (0500-2021)
Demandante: Luis Horacio Vélez García
declarado la prescripción respecto de dicho aspecto. En consecuencia, es
procedente el reajuste de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, por los periodos dispuestos en la sentencia impugnada.
47. Ahora bien, frente al tope establecido en el Decreto 1251 de 2009, que fue
alegado en la alzada, es del caso indicar que, en ningún caso, el reconocimiento
ordenado podrá superar el límite remuneratorio previsto en dicho precepto ni en
los decretos que anualmente expide el Gobierno nacional para el cargo ocupado
por el demandante, por lo que se adicionará el numeral segundo de la sentencia
impugnada para precisar dicho aspecto.
48. Asimismo, aunque la Rama Judicial sostuvo que reconoció los salarios y
prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente, lo cierto es que,
mediante sentencia del 29 de abril de 201433 se declaró la nulidad de los apartes
de los decretos emitidos entre 1993 a 2007, que establecieron la prima especial
creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como una reducción del salario y no
como un pago adicional equivalente al 30% de aquel. Igualmente, mediante fallo
del 9 de abril de 2024, esta Corporación declaró la nulidad de los decretos emitidos
entre el 2008 y 2018 que, «establecieron la prima especial, creada por el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del salario y no como un pago adicional
equivalente al 30% del salario», e indicó que «la nulidad que se declara no implica
que la prima especial sin carácter salarial del 30% de la remuneración mensual
de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo jurídico, sino que,
tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese
porcentaje no puede ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser
inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la Ley 4ª de1992». En
consecuencia, se dispondrá estarse a lo resuelto en las sentencias expedidas por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo radicados
11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07) del 29 de abril de 2014 y
110010325000201900609 00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024.
49. Por otra parte, frente al argumento de que está en imposibilidad presupuestal
para reconocer el reajuste ordenado, es del caso señalar que el derecho que le
asiste al actor no puede estar condicionado al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se
asigne el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de
desconocer el núcleo esencial del debido proceso y el Estado Social de Derecho
50. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) estarse a lo resuelto en las
sentencias expedidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, bajo radicados 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07) del 29 de
abril de 2014 y 110010325000201900609 00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024;
ii) adicionar el numeral segundo frente al tope; y iii) confirmar en lo demás la
sentencia apelada.
33 Proceso 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07).
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01632-02 (0500-2021)
Demandante: Luis Horacio Vélez García
Condena en costas
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que con ocasión del recurso interpuesto se da la modificación contenida en
esta sentencia, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes
haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas en esta instancia.
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias expedidas por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo radicados 11001 03 25
000 2007 00087 00 (1686-07) del 29 de abril de 2014 y 110010325000201900609
00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia, en el sentido de precisar que, en ningún caso, el reconocimiento
ordenado podrá superar el tope fijado en el Decreto 1251 de 2009 y el previsto
anualmente por los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01632-02 (0500-2021)
Demandante: Luis Horacio Vélez García
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 5 de noviembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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