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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01761-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01761-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 22 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Héctor Fernando Arboleda Restrepo. Segundo: No condenar en costas en esta instancia. Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-01761-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01761-01 (3132-2021)
Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)

Tema: vigencia del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con lo
establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 22 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad mediante la cual se negaron sus pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante solicitó a COLPENSIONES la reliquidación de la pensión de vejez
conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971. COLPENSIONES le negó su petición tras
considerar que, si bien es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, también hay que considerar que el parágrafo transitorio 4, del artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005, estableció que el referido régimen se extinguió el 31
de diciembre de 2014, fecha para la cual él ya había consolidado su estatus pensional.
Sin embargo, no cumplía con el requisito de haberse vinculado al Ministerio Público o
a la Rama Judicial con anterioridad al 1 de abril de 1994.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1.Héctor Fernando Arboleda Restrepo, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2.El demandante solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones: (i) GNR
380656 del 28 de octubre de 2014, por medio de la cual la COLPENSIONES negó la

1 De acuerdo con el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 17 de marzo
de 2015 ante los Juzgado Administrativos de Medellín, conforme con el «acta individual de reparto» visible a índice
2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 1. La cual fue
inadmitida mediante auto del 22 de mayo de 2015 y a través de auto del 16 de julio de 2015 se declaró la falta de
competencia y se remitió al Tribunal Administrativo de Antioquia y fue sometida a reparto el 12 de septiembre de
2015, según «acta individual de reparto» visible a índice 2 archivo
8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 101.

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01761-01 (3132-2021)
Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

reliquidación de la pensión de vejez conforme con el Decreto 546 de 19712; (ii) GNR
255083 del 23 de agosto de 2015, mediante la cual se negó el recurso de reposición y
confirmó la decisión inicial; y (iii) VPB 73104 del 3 de diciembre de 2015, a través de
la cual se negó el recurso apelación y confirmó la Resolución 380696 del 28 de octubre
de 2014; y la nulidad parcial de las resoluciones: (i) 022004 del 29 de noviembre de
2010, por la cual el Instituto de Seguros Sociales le reconoció una pensión de vejez,
en cuantía de $7.271.114.00, condicionada al retiro del servicio; (ii) 031591 del 23 de
noviembre de 2011, por medio de la cual se resuelve desfavorablemente un recurso
de reposición; y (iii) 004166 del 17 de febrero de 2012 que modificó parcialmente la
resolución de reconocimiento, aumentando la mesada pensional a $10.417.085.00.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a COLPENSIONES
a: (i) reliquidarle y pagarle a partir del 25 de abril de 2006 hasta el año 2014, una
pensión de jubilación conforme con el Decreto 546 de 1971, que suman más de 123
mesadas que no se han liquidado con todos los factores salariales, reconociéndole la
diferencia pensional de $9.328.664.00, que multiplicado las 123 mesadas dejadas de
recibir suman un total de $1.147.425.672, (ii) continuar pagando una pensión por valor
de $19.745.794.50, debidamente indexados, (iii) que se reliquide la pensión, con todos
los factores salariales que devengó en el mes más alto, (iv) pagarle los intereses
moratorios a que hubiere lugar.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) Héctor Fernando Arboleda Restrepo nació el 25 de abril de 1951, y actualmente
cuenta con 63 años de edad.

2) Laboró interrumpidamente en el municipio de Itagüí desde el 2 de mayo de 1973
hasta el 29 de agosto de 1990.

3) Posteriormente, prestó sus servicios en la Procuraduría General de la Nación desde
el 20 de septiembre de 1994 hasta el 1 de enero de 2014.

4) Sostuvo que para el año 1993 tenía más de 40 años de edad y 695 semanas
cotizadas.

5) Señaló que para el año 2005 fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01
de 2005, tenía más de 750 semanas y por eso permaneció en el régimen de transición.

6) Precisó que prestó más de 10 años de servicios en la Procuraduría General de la
Nación.

7) Indicó que cumplió la edad de jubilación el 25 de abril de 2006 y que desde dicho
momento tiene derecho al reconocimiento de la pensión y el retroactivo pensional.

8) Que mediante la Resolución 02244 del 29 de noviembre de 2010 se le reconoció
pensión de vejez en cuantía de $7.271.114.00.

9) COLPENSIONES le negó la solicitud de reliquidación de pensión de vejez conforme al
Decreto 546 de 1971 mediante la Resolución GNR 380656 del 28 de octubre de 20143,
por considerar que el actor no acreditó una vinculación a la Procuraduría General de
la Nación antes del 1 de abril de 1994 y tampoco cumplió con el requisito de tener 10

2 Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama

Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.
3 Índice 2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 152.

2

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01761-01 (3132-2021)
Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

años de servicios prestados en la Rama Judicial o el Ministerio Público. La anterior
decisión fue confirmada en todas sus partes a través de la Resolución GNR 255083
del 23 de agosto de 20154, por la cual se resolvió el recurso de reposición.

10) Que mediante la Resolución VPB 73104 del 3 de diciembre de 2015 5, se desató el
recurso de apelación presentado y confirmó la decisión inicial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5.Como tales el demandante señaló los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48 y 53 de la
Constitución Política; 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo; decretos 1848 de
1969, 546 de 1971, 717 de 1978, 1359 de 1993 y 1293 de 1994; Ley 33 de 1985; 4 de
1992 y 100 de 1993.

6. En el concepto de violación expuso que para 1993 el actor tenía más de 40 años y
más de 695 semanas cotizadas con tiempos públicos y privados, por lo que es
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; además,
para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, tenía más de 750 semanas
y por ello permaneció en el régimen de transición.

7. Señaló que en la prestación económica no se tuvo en cuenta, para la liquidación, el
último salario devengado por el demandante, ni se aplicó la Ley 33 de 1985 para
liquidar con el promedio del último año de servicio, como tampoco para la inclusión de
todos los factores salariales del último año, entre ellos, la prima especial para efectos
de jubilación.

8. Consideró que, al estar en el régimen de transición, su pensión debe ser reconocida
con los decretos especiales que rigen a los empleados públicos de la Procuraduría,
especialmente el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 en cuanto al cálculo de la pensión
y el Decreto 1045 de 1978 sobre los factores salariales.

9. Afirmó que tampoco se ha dado aplicación al artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sobre
la inclusión de la prima especial para efectos de jubilación de los funcionarios que han
sido procuradores delegados.

10. Estimó que el marco normativo relacionado es claro en establecer cuáles son los
parámetros para liquidar la pensión de jubilación de los funcionarios del Ministerio
Público, esto es, tomando el 75% de la asignación mensual más elevada durante el
último año de servicio, incluyendo los factores del Decreto 717 de 1978.

11. Finalmente alegó que es evidente la violación de principios constitucionales y
legales porque se desconoce el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia
de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010.

2.2. Contestación de la demanda

12. COLPENSIONES contestó la demanda de forma extemporánea.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. El
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, mediante
sentencia del 22 de febrero de 20216 resolvió no acceder a las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas, porque:

4 Índice 2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 144.
5 Índice 2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 137.
6 Índice 2, «9_ED_DEMANDA_02SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua 2».

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Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

a) Señaló que aunque tal aplicación del IBL de la Ley 33 de 1985 contraría la postura
unificada del Consejo de Estado, contenida en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 referenciada con anterioridad, lo cierto es que los argumentos de
nulidad propuestos contra los actos demandados no atacan el periodo o tiempo de
liquidación aplicado sino el salario o los factores salariales tomados en cuenta en ese
periodo.

b) En razón de lo anterior, a la Sala le corresponde analizar la legalidad de los actos
enjuiciados de cara al concepto de violación que se formula con la demanda, el estudio
queda limitado a uno de los componentes del IBL y no a su totalidad. En concreto, la
pretensión subsidiaria lleva a revisar el elemento de los factores salariales tomados en
cuenta para calcular la prestación del actor.

c) Sostuvo que quien demanda aspira un incremento en su mesada con inclusión de
todos los factores salariales del último año; no obstante, de acuerdo con la
particularidad del régimen jurídico de la Ley 33 de 1985 y el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, debe acogerse la posición unificada del Consejo de Estado del 28
de agosto de 2018 sobre este tema.

d) Precisó que la sentencia de unificación referenciada párrafos arriba permite resolver
el problema jurídico a favor de COLPENSIONES por cuanto es claro que, cuando se trata
de pensiones reconocidas a los beneficiarios del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los factores salariales debe adoptarse la
interpretación según la cual sólo pueden incluirse aquellos sobre los que se efectuaron
cotizaciones.

e) Como lo indicó la alta corporación: «La interpretación de la norma que más se ajusta
al artículo 48 constitucional es aquella según la cual, en el régimen general de
pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya
realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la
liquidación de la mesada pensional». Por tanto, en caso de tenerse en cuenta factores
salariales diferentes, se ponen en riesgo las finanzas del Sistema y el derecho
irrenunciable a la pensión.

f) De acuerdo con lo dicho, como al actor le es aplicable la Ley 33 de 1985, no así el
Decreto 546 de 1971, los factores salariales a ser reconocidos dentro de la liquidación
pensional deben ser los previstos en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995,
dependiendo el tipo de vinculación, esto es, si se trata de un empleado de carácter
nacional o territorial, siendo que para el caso de Héctor Fernando Arboleda Restrepo
se debió aplicar la primera disposición, tal y como lo hizo el ISS.

g) Sostuvo que el ISS, hoy COLPENSIONES, actuó en debida forma a través de los actos
administrativos demandados, pues reconoció la prestación con base en las
cotizaciones efectuadas al Sistema de Seguridad Social, tal como se sostiene en las
Resoluciones 022004 del 29 de noviembre de 2010 y 004166 del 17 de febrero de
2012.

h) Precisó que esta última afirmación se ve respaldada, además, con la liquidación de
la pensión realizada por el ISS en la Resolución 022004 y con la liquidación anexa de
la Resolución 004166, ambas visibles a folio 212, documentos que concordados con
el reporte de autoliquidación de aportes mensuales para pensión efectuados desde
mayo de 2011 hasta abril de 2012 respaldan el que COLPENSIONES calculó la mesada
pensional con base en el Ingreso Base de Cotización del demandante, es decir, con
los factores sobre los que se efectuaron aportes, sin que la parte actora especifique ni
acredite aquellos que hayan sido objeto de cotización y, a pesar de ello, no hayan sido
incluidos por la entidad en el cálculo pensional.
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Demandada: COLPENSIONES

i) Finalmente, señaló no hay lugar al reconocimiento de la petición subsidiaria y, por
consiguiente, se concluye que la parte actora no logró demostrar que los actos
administrativos demandados incurran en los vicios de nulidad que fueron reprochados
con la demanda, lo que impone negar las pretensiones formuladas.

2.4. Recurso de apelación

14. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia7, en el que insistió en los argumentos de su demanda, además señaló que
no realizó ningún cálculo o liquidación sobre el IBL para verificar si efectivamente
estaba bien liquidado o no, limitándose a una discusión jurisprudencial y legal, pero no
de fondo sobre el caso que se solicitó.

15. Sostiene que el a quo no aplicó ni desvirtuó la solicitud de la aplicación de la Ley 62
de 1985 que modificó el artículo 3 de la Ley 33 del mismo año, que es subsidiaria, ya
que en ella se evidencia la obligación de pagar los aportes o cotizaciones sobre todo
lo devengado.

16. Consideró que en primera instancia no se usó o desvirtuó la aplicación del artículo
2 de la Ley 33 de 1985, es decir, el Tribunal no tuvo en cuenta que COLPENSIONES está
en la obligación de repetir contra las entidades que no cancelen los aportes (cotización)
o el faltante de los mismos, aunque estén exentos del cobro por ser finalmente parte
del presupuesto nacional.

17. Sostuvo que no se garantiza la confianza legítima, ya que para el momento de la
interposición de la demanda existía jurisprudencia sobre la inclusión de los factores
salariales como parte del IBL para el cálculo de la pensión. La variación de la
jurisprudencia sobre procesos que ya se encontraban vigentes desconoce el principio
anteriormente mencionado al dejar de aplicar el Decreto 546 de 1971, liquidando la
pensión con el último año de servicio, a partir de la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 28 de agosto de 2018. Es por lo anterior que se apela la sentencia de
primera instancia y se solicita que se revoque la decisión y se concedan las
pretensiones, con fundamento en los hechos propuestos en la demanda y aplicando
el principio iura novit curia.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

18. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 20218, no hubo traslado a las partes para alegar porque no fue
necesario el decreto de pruebas.

2.6. El Ministerio Público

19. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

7
Índice 2, archivo 16_ED_DEMANDA_RVREMITOENAPELAC(.MSG) NroActua 2
8
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011-
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
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Demandada: COLPENSIONES

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

21. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿el demandante, beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la pensión de jubilación del Decreto
546 de 1971, teniendo en cuenta que su estatus pensional se consolidó con
anterioridad a la extinción del régimen de transición, por orden del Acto Legislativo 01
de 2005?

22. Así, mismo, verificar si fueron aplicadas correctamente las leyes 33 y 62 de 1985,
en especial en relación a la obligación de pagar los aportes o cotizaciones sobre todo
lo devengado.

23. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, los
requisitos que el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 exigía para otorgar la pensión de
jubilación a los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público. En segundo
lugar, aludirá al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Luego, en
tercer lugar, reiterará la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto del contenido
y alcance del parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
torno al desmonte del régimen transicional. Además, hará mención, respecto de los
factores que deben tenerse en cuenta conforme a la Ley 33 de 1985. Por último,
estudiará el caso en concreto.

3.3. Requisitos de la pensión de jubilación del artículo 6 del Decreto 546 de 1971

24. El Decreto 546 de 1971, «por el cual se establece el régimen de seguridad y
protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del
Ministerio Público y de sus familiares», era uno de los varios regímenes especiales
que existían antes de la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, contenido en la Ley 100 de 1993.

25. Dicho régimen establecía, entre otros beneficios, reglas especiales en materia de
vacaciones judiciales, pensiones, riesgos profesionales, asistencia por maternidad,
cesantía, auxilio funerario, prestaciones médicas, aportes, plan habitacional, y revisión
de sueldos y pensiones para funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público9.

26. En particular, con respecto a la pensión ordinaria de jubilación, los artículos 6 y 7
determinaban lo siguiente:

«Artículo 6. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.

Artículo 7. Si el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se
hubiere prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Publico en lapso menor de
10 años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los
empleados de la rama administrativa del Poder Público».

27. Así pues, el régimen especial en materia pensional contenido en el citado Decreto
546 de 1971 en favor de aquellas personas que hayan prestado sus servicios a la
Rama Judicial o al Ministerio Público, preveía las siguientes condiciones especiales

9
Su artículo 1 establece que: «los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público tendrán derecho
a las garantías sociales y económicas en la forma y términos que establece el presente Decreto».
6

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Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

para acceder al reconocimiento de la pensión: (i) 20 años de servicio de los cuales 10
debían ser exclusivos a la Rama Judicial o al Ministerio Publico, y, (ii) 55 años de edad
para los hombres y 50 respecto de las mujeres. El cumplimiento de estas condiciones,
de acuerdo con el artículo 6 ídem otorgaba el derecho a una «pensión ordinaria vitalicia
de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicio».

3.4. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993

28. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 regula el referido régimen de transición con el
fin de modular el tránsito legislativo y su incidencia frente a la expectativa de obtener
la pensión de vejez, en los siguientes términos:

«Artículo 36. Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez,
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere Superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el Dane.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en
vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas
personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad,
caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro
individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos
para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables
anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho,
en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión
en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales
requisitos.

Parágrafo. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso
primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas
cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros
Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o
privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de
semanas cotizadas o tiempo de servicio».

29. Como puede apreciarse, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 protege las expectativas legítimas que tenían los trabajadores afiliados al
régimen de prima media con prestación definida a la fecha de su entrada en vigencia,
1 de abril de 1994, y que estuvieran próximos a pensionarse. Este grupo está
conformado por «los servidores del Estado (empleados y funcionarios públicos, así
7

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01761-01 (3132-2021)
Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

como trabajadores oficiales) de ambos sexos, que a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, contaran con 35 años de edad o más si son mujeres, o con 40
si son hombres, o 15 años o más de servicios cotizados»10. Es decir, basta con reunir
cualquiera de los anteriores requisitos para tener el derecho adquirido al régimen de
transición.

3.5. Contenido y alcance del Acto Legislativo 01 de 2005. Reiteración de
jurisprudencia

30. En virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 200511
al artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de transición no es indefinida.

31. En efecto, a través del parágrafo transitorio 4 del artículo 1 de dicho acto legislativo,
el Congreso de la República fijó un límite temporal, en el sentido de señalar que, «el
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada
en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen
hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas
por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás
normas que desarrollen dicho régimen».

32. De esta manera, el Acto Legislativo 01 de 2005 señala que la vigencia de los
regímenes pensionales especiales y de los exceptuados, así como cualquier otro distinto
al régimen especial contenido en la Ley 100 de 1993, expiraría el 31 de julio de
2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tuvieran
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada
en vigencia del referido acto legislativo, a los cuales se les mantendría dicho régimen
hasta el año 2014. Por lo anterior, ya no habría posibilidad de acceder a él, y por ende
las pensiones serían reconocidas conforme con los requisitos del sistema general de
pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.

33. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección de manera uniforme y reiterada
ha determinado, que una persona puede acceder a su derecho prestacional bajo el
régimen de transición al cual se encontraba afiliado, si logra demostrar los siguientes
supuestos fácticos: (i) que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, tenía 35 o más años siendo mujer, 40 o más años siendo hombre,
(ii) que independientemente de la edad había laborado o realizado cotizaciones por
más de 15 años, (iii) que al momento de proferirse el Acto Legislativo 01 de 2005,
contaba al menos con las 750 semanas a su entrada en vigencia, ello con el fin de que
el régimen de transición se le prolongara hasta el año 201412 y (iv) que al 31 de
diciembre de 2014, fecha de finalización del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, había consolidado su estatus pensional acreditando la edad y el tiempo de
servicio exigido en el respectivo régimen especial13.

10
Sentencia C-168 de 1995.
11
Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.
12
Sobre el particular se pueden consultar sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017 de la Corte Constitucional.
13
Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de las subsecciones A y B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado: (i) fallo del 4 de febrero del 2021, exp. 2015-00445-01/2448-2018, (ii) fallo del 13 de mayo de 2021, exp.
2016-00596-01/6482-2019, (iii) fallo del 11 de noviembre de 2021, exp. 2014-00140-01/2741-2017, (iv) fallo del 13 de abril de
2023, exp. 2017-01340-01/1024-2021, y (v) fallo del 19 de junio de 2024, exp 50001-23-33-000-2017-00319-01 (6632-2022).
8

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Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

3.6. Estudio del caso concreto

3.6.1. Hechos probados

34. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer lo
siguiente:

a) Héctor Fernando Arboleda Restrepo nació el 26 de abril de 1951, según los datos
consignados en la cédula de ciudadanía, por lo que cumplió 55 años de edad el mismo
día del año 200614.

b) Cotizó al Instituto de Seguros Sociales, ISS, 3657 días, lo que equivale a 522.43
semanas15.

c) Mediante la Resolución 022004 del 29 de agosto de 201016 el ISS reconoció pensión
de vejez a favor de Héctor Fernando Arboleda Restrepo, de acuerdo a la Ley 33 de
1985, en cuantía inicial de $7.271.114 y condicionó el ingreso a nómina hasta el retiro
definitivo del servicio.

d)A través de la Resolución 0311591 del 23 de noviembre de 2011 17 resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición contra la Resolución 022004 del 29 de
agosto de 2010.

e) Por medio de la Resolución 004166 del 17 de febrero de 201218 se resuelve el
recurso de apelación contra la Resolución 022004 del 29 de agosto de 2010 y modificó
la mesada pensional a $10.417.085, supeditado su ingreso en nómina al retiro
definitivo del servicio.

f) COLPENSIONES mediante Resolución 016253 del 6 de junio de 2012 19 ordenó el
ingreso a nómina, una vez el actor acreditó el retiro definitivo del servicio, efectivo a
partir del 1 de junio de 2012, conforme con la Ley 33 de 1985, liquidada con 1.218
semanas de cotización y un ingreso base de liquidación de $13.889.447 con una tasa
de reemplazo del 75%.

g) El 7 de julio de 2014, el accionante solicitó la reliquidación de la pensión conforme
con el Decreto 546 de 1971, la cual fue negada mediante la Resolución GNR 380656
del 28 de octubre de 201420.

h) A través de la Resolución GNR 255083 del 23 de agosto de 2015 21 se desató el
recurso de reposición contra la Resolución GNR 380656 del 28 de octubre de 2014,
confirmada en todas sus partes.

i) Por medio de la Resolución GNR 197710 del 3 de junio de 2014 22 se estudió el
expediente administrativo del actor y se decidió estarse a lo resuelto en las
resoluciones 022004 del 29 de noviembre de 2010, 004166 del 17 de febrero de 2012,
016253 del 6 de junio de 2012.

14 Índice 2 archivo 7_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 50.
15 Índice 2 archivo 7_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 78.

Visible en Resolución 004166 del 17 de febrero de 2012.
16 Índice 2 archivo 7_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 156.
17 Índice 2 archivo 7_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 162.
18 Índice 2 archivo 7_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 164.
19 Visible en Resolución 197710 del 3 de junio de 2014, índice 2 archivo, 01 Expediente Digital fl 83.
20 Índice 2 archivo 7_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 152.
21 Índice 2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 144.
22 Índice 2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 180.

9

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Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

j)Según la Resolución VPB 73104 del 3 de diciembre de 2015 23, expedida por
COLPENSIONES, el accionante sumando todos los tiempos acreditó un total de 11.379
días laborados, correspondientes a 1.625 semanas de la siguiente manera:

ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD
4 MUNICIPIO DE ITAGUI 02/05/1973 01/07/1974 TIEMPO SERVICIO
EMP MPIO DE ITAGUI 02/07/1974 31/08/1975 TIEMPO SERVICIO
4 MUNICIPIO DE ITAGUI 30/01/1976 24/07/1978 TIEMPO SERVICIO
4 MUNICIPIO DE ITAGUI 18/12/1979 20/08/1980 TIEMPO SERVICIO
4 MUNICIPIO DE ITAGUI 20/04/1983 15/12/1983 TIEMPO SERVICIO
4 MUNICIPIO DE ITAGUI 28/02/1984 30/09/1984 TIEMPO SERVICIO
4 MUNICIPIO DE ITAGUI 01/10/1984 28/01/1985 TIEMPO SERVICIO
2 1 PROTEGER 29/01/1985 27/05/1985 TIEMPO SERVICIO
4 MUNICIPIO DE ITAGUI 28/05/1985 02/07/1986 TIEMPO SERVICIO
4 MUNICIPIO DE ITAGUI 04/07/1986 31/03/1987 TIEMPO SERVICIO
4 MUNICIPIO DE ITAGUI 01/04/1987 29/08/1990 TIEMPO SERVICIO
MUNICIPIO DE MEDELLIN 24/10/1990 07/09/1991 TIEMPO SERVICIO
COOPERATIVA DE 10/08/1992 19/01/1993 TIEMPO SERVICIO
COOPERATIVA 16/06/1993 14/12/1993 TIEMPO SERVICIO
MULTIACTIVA UNI
COOPERATIVA 03/02/1994 31/12/1994 TIEMPO SERVICIO
MULTIACTIVA UNI
COMUNA LTDA 01/01/1995 30/06/1995 TIEMPO SERVICIO
COMUNA LTDA 01/02/1996 28/06/1996 TIEMPO SERVICIO
COMUNA LTDA 01/07/1996 29/07/1996 TIEMPO SERVICIO
COMUNA LTDA 01/08/1996 20/12/1996 TIEMPO SERVICIO
COMUNA LTDA 01/01/1997 15/01/1997 TIEMPO SERVICIO
COMUNA LTDA 01/02/1997 27/06/1997 TIEMPO SERVICIO
COMUNA LTDA 01/07/1997 12/12/1997 TIEMPO SERVICIO
MUNICIPIO DE ITAGUI 01/01/1998 31/12/2000 TIEMPO SERVICIO
MUNICIPIO DE ITAGUI 01/01/2001 08/01/2001 TIEMPO SERVICIO
ARBOLEDA RESTREPO 09/01/2001 16/01/2001 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 17/01/2001 31/01/2001 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/03/2001 31/08/2002 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/09/2002 16/09/2002 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
HON SENADO REPUBLCA 17/09/2002 01/10/2002 TIEMPO SERVICIO
HON SENADO REPUBLCA 02/10/2002 31/10/2002 TIEMPO SERVICIO
ARBOLEDA RESTREPO 01/02/2003 30/11/2003 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/01/2004 28/01/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/02/2004 28/02/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/03/2004 28/03/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/04/2004 28/04/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/05/2004 28/05/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/06/2004 28/06/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/07/2004 28/07/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/08/2004 28/08/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/09/2004 28/09/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA

23
Índice 2 archivo 5_ED_DEMANDA_00EXPEDIENTEDIGITALI(.ZIP) NroActua 2.
10

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01761-01 (3132-2021)
Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

ARBOLEDA RESTREPO 01/10/2004 28/10/2004 TIEMPO
HECTOR FERNA SERVICIO24
ARBOLEDA RESTREPO 01/11/2004 28/11/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/12/2004 28/12/2004 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/01/2005 27/01/2005 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/02/2005 27/02/2005 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
ARBOLEDA RESTREPO 01/03/2005 27/03/2005 TIEMPO SERVICIO
HECTOR FERNA
23 PROCURADURIA GRAL 01/04/2005 29/01/2011 TIEMPO SERVICIO
DE LA NAC
23 PROCURADURIA GRAL 01/02/2011 31/05/2012 TIEMPO SERVICIO
DE LA NAC

k) De conformidad con la información contenida en la página electrónica del Ministerio
de Salud y Protección Social (registro integral de información de la protección social,
SISPRO, y registro único de afiliados, RUAF25), actualmente, el demandante es
beneficiario activo de una pensión de «vejez» del «régimen de prima media con tope
máximo de pensión», a cargo de COLPENSIONES, cuyo reconocimiento y pago fue
ordenado por la Resolución «16253» de «2012-01-01», como se evidencia en el
segmento de la captura de pantalla que a continuación se muestra:

Entidad Pagadora de Entidad que reconoce Tipo de Estado Tipo de Fecha Número
pensión la pensión Pensión Pensionado Resolución Resolución
Pensión PG
ADMINISTRADORA ADMINISTRADORA VEJEZ Activo Régimen de 2012-01- 16253
COLOMBIANA DE COLOMBIANA DE prima media 01
PENSIONES PENSIONES con tope
COLPENSIONES COLPENSIONES máximo de
pensión

3.6.2. Análisis sustancial de la Sala

35. El demandante pretende que se le reliquide la pensión de jubilación del régimen
especial de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público previsto en el
Decreto 546 de 1971, para lo cual alega que: (i) es beneficiario de la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y (ii) acreditó los requisitos de
dicho régimen especial de la Rama Judicial, esto es 20 años de servicio y 55 años de
edad, los cuales cumplió el 26 de abril de 2006.

36. COLPENSIONES le negó la solicitud de reliquidación de pensión de vejez conforme
con el Decreto 546 de 1971 mediante la Resolución GNR 380656 del 28 de octubre de
201426, por considerar que el actor no acredita una vinculación a la Procuraduría
General de la Nación antes del 1 de abril de 1994 y tampoco cumple con el requisito
de tener 10 años de servicios prestados en la Rama Judicial o el Ministerio Público,
confirmada en todas sus partes a través de la Resolución GNR 255083 del 23 de
agosto de 201527, por la cual se resolvió el recurso de reposición.

24 Transcripción textual de la Resolución VPB 73104 del 3 de diciembre de 2015.
25 https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx. La página se consultó el miércoles 11 de junio de 2025.
26 Índice 2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 152.
27 Índice 2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 144.

11

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Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

37. La anterior decisión, a su vez fue confirmada mediante la Resolución VPB 73104
del 3 de diciembre de 201528, por medio de la cual COLPENSIONES resolvió el recurso
de apelación presentado por el accionante.

38. La Sala comparte el criterio del a quo en relación a que no es objeto de discusión si
Héctor Fernando Arboleda Restrepo cumple con los presupuestos del artículo 36 de la
Ley 100 para ser beneficiario del régimen de transición, como se constata al observar
que nació el 26 de abril de 1951, lo que significa que para el día 1 de abril de 1994,
fecha de entrada en vigencia el Sistema General de Pensiones, contaba con 42 años
de edad.

39. Sobre el particular la Sala anota, que como el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de
2005 ordenó la finalización de la transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, a partir del 31 de diciembre de 2014, entonces, las personas interesadas en
acceder a una pensión bajo el régimen de transición, deben demostrar que
consolidaron su estatus pensional, esto es: la edad y el tiempo de servicio exigido en
el respectivo régimen especial, antes la extinción del régimen de transición.

40. Sin embargo, la Sala reitera que dicho beneficio transicional culminó el 31 de
diciembre de 2014, fecha hasta la cual, de acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005,
se permitió la vigencia de los regímenes de transición.

41. Esimportante reiterar en este punto, que en el proceso está probado que el
demandante cumplió los 55 años de edad, el 26 de abril de 2006, teniendo en cuenta
que su fecha de nacimiento data del 26 de abril de 1951, tal y como se extrae de la
copia de la cédula de ciudadanía aportada al expediente.

42. Por lo tanto, en principio, para el 31 de diciembre de 2014, fecha de culminación de
la transición pensional, ya había consolidado el estatus pensional, esto es, edad y
tiempo de servicio, exigido en la Ley 33 de 1985.

43. No obstante lo anterior, se tiene que mediante la Resolución GNR 380656 del 28 de
octubre de 201429 (acto acusado), COLPENSIONES negó la solicitud de reliquidación
pensional, en los siguientes términos30:

«[…]

Teniendo en cuenta que el asegurado solicita reliquidación a la luz del decreto ley 546
de 1971 se estudian los requisitos para la aplicabilidad del mismo:

Los requisitos para aplicabilidad del decreto ley 546 de 1971 son los siguientes:

a. Reunir a 01 de abril de 1994, los requisitos exigidos para ser beneficiario del régimen
de transición así como los previstos para su conservación de acuerdo a lo dispuesto
por el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de 2005 en cuanto que “El régimen de
transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho
régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los
trabajadores que estando en dicho régimen, además tengan cotizadas al menos 750
semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente
Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.

b. Llegue a la edad de 55 años si es hombre o a la de 50 años de edad si es mujer.

c. Acredite 20 años de servicios al Estado continuos o discontinuos, prestados con
anterioridad o con posterioridad a la vigencia del Decreto 546 de 1971.

28 Índice 2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 137.
29 Índice 2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 152.
30 Transcripción incluso con errores.

12

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Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

d. Acredite que de los 20 años de servicio público señalados en el literal anterior por lo
menos 10 fueron prestados exclusivamente a la rama judicial, al Ministerio Público o a
ambas entidades, y,

e. Acredite una vinculación a la rama judicial o al Ministerio Público con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Que revisada la historia laboral se puede establecer que el asegurado acredita tiempos
de servicios en la Procuraduría General de la Nación a partir del 20 de septiembre de
1994 razón por la cual no es procedente tener en cuenta para este caso la normatividad
enmarcada por el DECRETO ley 546 de 1971.

Que se pone de manifiesto al asegurado que la efectividad que se tomó para el
reconocimiento de la pensión es a partir de 01 de junio de 2012 toda vez que el acto
administrativo de retiro presentado por la Procuraduría General de la Nación indica que
el retiro se hizo efectivo a partir de 01 de junio de 2012.

[…] [Resaltado de la Sala]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición interpuesto en contra de la
Resolución No. 197710 del 3 de junio de 2014, conforme el recurso presentado por el
Doctor VALENCIA GRAJALES JOSE FERNANDO, ya identificado (a), de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la reliquidación de una Pensión de VEJEZ, solicitada
por el (la) señor(a) ARBOLEDA RESTREPO HECTOR FERNANDO, ya identificado(a),
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

[…]31» [Resaltado de la Sala]

44. Por lo tanto: (i) si bien es cierto que el actor es beneficiario del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque al 1 de abril de 1994, fecha de entrada
en vigencia de la norma ídem, tenía más de 55 años de edad, (ii) dicho beneficio
transicional terminó el 31 de diciembre de 2014, fecha hasta la cual, por orden del Acto
Legislativo 01 de 2005, culminó la vigencia de los regímenes de transición, (iii) para el
31 de diciembre de 2014 el demandante ya había consolidado el estatus pensional
conforme a la Ley 33 de 1985, y (iv) no cumple los requisitos para que se le aplique el
Decreto 546 de 1971, porque con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, esto es 1 de abril de 1994 no acreditó una vinculación a la rama judicial o al
Ministerio Público, pues de conformidad la Certificación No. 2047 del 24 de octubre de
201132, expedida por El Jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría
General de la Nación el demandante inició a laborar en esa entidad el 1 de abril de
2005.

45. Por consiguiente, el reconocimiento de la pensión del demandante debía hacerse
conforme con la Ley 33 de 1985, como bien lo estudió la entidad demandada en los
actos administrativos acusados, en los que de manera acertada concluyó, que Héctor
Fernando Arboleda Restrepo, era beneficiario del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

46. En efecto, así ocurrió, pues la consulta que la Sala realizó en el RUAF mostró que
mediante Resolución 16253 del 1 de enero de 2012 Colpensiones finalmente
reconoció al demandante una pensión de vejez del régimen de prima media con tope

31 Transcripción incluso con errores.
32 Índice 2 archivo 8_ED_DEMANDA_01IMPULSOPROCESALCOL(.pdf) NroActua 2, 01 Expediente Digital fl 170.

13

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Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

máximo de pensión, y en la Resolución 004166 del 17 de febrero de 2012, por la cual
se modifica la mesada pensional, se evidencia que la prestación fue reconocida de
conformidad con el régimen de la Ley 33 de 1985.

47. Ahora bien, en el recurso el demandante manifestó que el a quo no aplicó la Ley 62
de 1985 que modificó el artículo 3 de la Ley 33 del mismo año, que establece la
obligación de pagar los aportes o cotizaciones sobre todo lo devengado y tampoco
tuvo en cuenta que COLPENSIONES está en la obligación de repetir contra las entidades
que no cancelen los aportes.

48. Al respecto, es preciso señalar que tales argumentos no tienen asidero, toda vez
que las personas beneficiarias de la Ley 33 de 1985 y el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, deben acogerse a la sentencia de unificación de la Sala Plena del
28 de agosto de 2018, en la cual, la segunda subregla es que los factores salariales
que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

49. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de
garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a pensionarse
al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma anterior los requisitos
de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de retorno; pues, el IBL en
sus componentes periodo y factores, son definidos a partir de las disposiciones de
aquella normativa y sus reglamentos.

50. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante
y obligatorio en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en
los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

51. Esta sentencia consideró que el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se
han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la
garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio
colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios
constitucionales de universalidad y eficiencia, por el contrario, con esta interpretación
(i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme
a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia
que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el
sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema.

3.7. Conclusión de la decisión

52. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
el demandante no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez conforme al
Decreto 546 de 1971 porque como beneficiario del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, logró consolidar
su estatus pensional durante la vigencia del periodo transicional, pero con la Ley 33
de 1985, ya que no acreditó una vinculación al Ministerio Público con anterioridad al 1
de abril de 1994 y en cuanto a los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado
los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

53. Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia de
primera instancia, y, en consecuencia, los actos administrativos demandados,
conservan su presunción de legalidad.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01761-01 (3132-2021)
Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

3.8. Costas

54. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario33 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandante, y en esta instancia recurrente, haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 22 de febrero de
2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Héctor Fernando
Arboleda Restrepo.

Segundo: No condenar en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa

33 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01761-01 (3132-2021)
Demandante: Héctor Fernando Arboleda Restrepo
Demandada: COLPENSIONES

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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