Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00319-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00319-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2017-00319-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2017-00319-01 (6632-2022)
Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
Tema: reliquidación pensión de vejez−Decreto 546 de 1971. Subtema 1: factores
salariales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25
de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral 1,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La demandante solicitó en diferentes oportunidades la pensión de vejez conforme al
Decreto 546 de 1971 y le fue negada por COLPENSIONES mediante las resoluciones
004010 del 30 de enero de 2006, 000620 del 28 de abril de 2006, 040763 del 02 de
octubre de 2006 y 041521 del 05 de septiembre de 2007. Posteriormente, la
administradora de pensiones a través de la Resolución 0016521 del 24 de abril de
2008, le reconoce la pensión de jubilación a la parte actora con el IBL establecido en
la Ley 100 de 1993 y por medio de la Resolución 005742 del 30 de septiembre de
2009, resolvió negativamente el recurso de apelación contra el anterior acto
administrativo. Luego hace nuevas solicitudes de reliquidación de pensión conforme a
la Ley 33 de 1985, atendidas desfavorablemente por la entidad. Finalmente, obtiene
algunas reliquidaciones mediante fallos de tutela. Inconforme con los actos
administrativos mencionados interpone demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho para que se le reconozca la pensión de jubilación conforme al Decreto 546 de
1971.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1.María del Pilar Buitrago Torres, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se expresan.
1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 22 de junio de 2017, conforme al «acta individual
de reparto» visible en el índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,
archivo 1. ActaReparto.
Radicación: 50001-23-33-000-2017-00319-01 (6632-2022)
Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
Demandado: COLPENSIONES
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó2 que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos
expedidos por ISS hoy COLPENSIONES: i) Resolución 004010 del 30 de enero de 2006,
por medio de la cual se negó la pensión de vejez a la demandante; ii) Resolución
000620 del 28 de abril de 2006, a través de la cual se resolvió negativamente el recurso
de apelación contra el acto administrativo anterior; iii) Resolución 040763 del 02 de
octubre de 2006, mediante la cual se negó nuevamente el reconocimiento pensional
por no cumplir el tiempo de servicios; iv) Resolución 041521 del 05 de septiembre de
2007 por la cual se negó la pensión de vejez a la demandante por no cumplir con los
20 años de servicios; v) Resolución 0016521 del 24 de abril de 2008, a través de la
cual se le reconoció la pensión de jubilación a la parte actora con el IBL establecido en
la Ley 100 de 1993; vi) Resolución 005742 del 30 de septiembre de 2009, mediante la
cual se resolvió negativamente el recurso de apelación contra el anterior acto
administrativo; vii) Resolución 010437 del 27 de abril de 2010, por la cual se modificó
el acto de reconocimiento, aumentando la mesada pensional; viii) Resolución 07483
del 18 de marzo de 2010, a través de la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela
transitorio proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal,
que ordenó reliquidar e ingresar a nómina de manera transitoria la pensión de
jubilación de la demandante; ix) Resolución GNR 338495 del 28 de octubre de 2015,
mediante la cual se niega la reliquidación de la pensión, conforme a la Ley 33 de 1985;
x) Resolución VPB 575 del 06 de enero de 2016, mediante la cual se confirma el
anterior acto administrativo; y xi) Resolución GNR 97878 del 07 de abril de 2016, por
la cual se resuelve dar cumplimiento al fallo de tutela transitorio proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal del 15 de febrero de 2010,
el cual se ordenó reliquidar la pensión en los valores allí consignados.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a COLPENSIONES a:
i) reliquidar y pagar la pensión de jubilación de la demandante conforme al Decreto
546 de 1971, esto es con el 75% de la asignación mensual más elevada que le
corresponda durante el último año de servicios, con la inclusión de la asignación
básica, gastos de representación, bonificación de gestión judicial, prima especial de
servicios, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de
vacaciones, prima de navidad; ii) cancelar las diferencias pensionales que resulten a
su favor, junto con la indexación; iii) pagar intereses a que haya lugar; y iv) pagar
costas.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:
1) Maríadel Pilar Buitrago Torres nació el 11 de septiembre de 1954 y para el
reconocimiento de pensión se tuvo en cuenta que prestó sus servicios por un tiempo
mayor a 26 años, de los cuales un poco más de 20 años fueron en el sector oficial
(Rama Judicial y Procuraduría General de la Nación), retirándose del servicio el 31 de
marzo de 2010.
2) COLPENSIONES le negó en varias oportunidades la pensión de jubilación porque no
tenía la totalidad de semanas cotizadas ni la edad para acceder a su reconocimiento.
Posteriormente, a través de la Resolución 0016521 de 24 de abril de 2008 se reconoció
la pensión de jubilación a favor de la accionante, pero no en la cuantía esperada por
la actora, toda vez que tuvo en cuenta el promedio de lo devengado durante el tiempo
2
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 1.
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Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
Demandado: COLPENSIONES
que le hacía falta para tener derecho a la pensión y con los factores salariales
señalados en el Decreto 1158 de 1994.
3) Inconforme con el reconocimiento, solicitó varias veces la reliquidación de la pensión
de jubilación de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, pero fueron
resueltas desfavorablemente por la entidad demandada.
4) La actora presentó acción de tutela, la cual prosperó mediante sentencia del 15 de
febrero de 2010 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Penal, en la que se ordenó de forma transitoria el reconocimiento pensional con el 75%
de la asignación mensual más elevada que le corresponda durante el último año de
servicios, incluyendo la asignación básica, gastos de representación, bonificación de
gestión judicial, prima especial de servicios, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, aplicando íntegramente el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
5) La Resolución 07483 del 18 de marzo de 2010, dio cumplimiento al fallo
anteriormente citado y ordenó la reliquidación transitoria de la pensión, teniendo en
cuenta la asignación más elevada durante el último año, a partir del 1 de enero de
2009 hasta el 30 de diciembre de 2009, con un IBL de $15.341.582, al cual se le aplicó
un 75%, arrojando una mesada de $11.506.186.50, con la inclusión de los siguientes
factores: asignación básica, gastos de representación, bonificación de gestión judicial,
prima especial de servicios, bonificación por servicios prestados, prima de servicios,
prima de navidad y prima de vacaciones.
6) Nuevamente interpuso acción de tutela por no habérsele dado respuesta a su
solicitud de reliquidación de la pensión, obteniendo fallo favorable en el que se ordenó
resolver sobre la pretensión pensional.
7) Acudió a la jurisdicción de lo contencioso–administrativa para obtener la nulidad de
las resoluciones 04010 de 2006, 0629 de 2006 y 040763 de 2006, solicitando la
reliquidación de la pensión con el 75% de la asignación más elevada devengada en el
último año de servicios, sin embargo, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Descongestión del Meta mediante sentencia del 28 de febrero de 2013 se declaró
inhibido para conocer de fondo al presentarse una carencia actual de objeto respecto
a las pretensiones incoadas, confirmada mediante sentencia del 11 de febrero de 2014
del Tribunal Administrativo del Meta.
8) En el año 2015, COLPENSIONES por medio de la Resolución GNR 338495 del 28 de
octubre de 2015 negó nuevamente la reliquidación de la pensión, por cuanto la norma
que acepta el sistema era la Ley 33 de 1985, «pues una vez verificada las cotizaciones
éstas no tuvieron variación alguna teniendo en cuenta que se tomó el IBL de los últimos
diez (10) años por favorabilidad, arrojando la suma de $9.691330 mesada inferior a la
que la petente se encuentra percibiendo».
9) Contra la anterior decisión presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto
desfavorablemente a través de la Resolución VPB 575 del 6 de enero de 2016, por
considerar que al efectuar la liquidación con base en el Decreto 546 de 1971 la cuantía
resultaba inferior a lo que devenga actualmente la actora.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
5.La entidad demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución
Política, artículos 1, 2, 4, 9, 13, 25, 29, 48, 48, 53, 58, 83, 93, 150.19, 229, y 280; el
Decreto 546 de 1971, artículo 6; el Decreto 717 de 1978, artículo 12; y la Ley 100 de
1993 artículos 36 y 150.
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Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
Demandado: COLPENSIONES
6. En el concepto de violación expuso lo siguiente:
a) Sostuvo que conforme con lo establecido en el inciso segundo del artículo 36 y
artículo 150 de la Ley 100 de 1993, artículo 6 del Decreto 546 de 1971, artículo 53 de
la Constitución política, Acto Legislativo 01 de 2005, artículo 12 del Decreto 717 de
1978, que establecen los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto mensual de
la pensión del régimen especial de la Rama Judicial y la Procuraduría, la demandante
es beneficiaria, pues al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100
de 1994, contaba con 39 años de edad y más 14 años de prestación de servicios a la
Rama Judicial y el Ministerio Público.
b) Indicó que la pensión debe liquidarse conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971
y no como lo hizo la entidad, pues lo que corresponde es liquidar con el «75% de la
asignación mensual más elevada que devengó en el Ministerio Público como
Procuradora Judicial II Agraria de Villavicencio, es decir, entre el último día del mes de
marzo del año 2009 y el 1 de abril de 2010», con la inclusión de todos los factores
salariales devengados.
c) Por último, precisó que la liquidación de su pensión se realizó con el promedio de
los últimos 10 años al servicio del Estado, lo que no le aplicaba dado que a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, la demandante contaba con más de 35 años de
edad y más de 20 años de servicio.
2.2. Contestación de la demanda
7. COLPENSIONES3, se opuso a las pretensiones, y citó la sentencia SU-230 de 2015,
para indicar que el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo
comprende la edad, monto y semanas de cotización, excluyendo el promedio de
liquidación, el cual obedece a los 10 últimos años.
8. Finalmente, propuso las excepciones denominadas «inexistencia del derecho
reclamado o cobro de lo debido», «prescripción», «no hay lugar al cobro de intereses
moratorios», y «no hay lugar a indexación».
2.3. Sentencia de primera instancia
9.El Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión 1, mediante sentencia del 25
de agosto de 20224 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas. Argumentó lo siguiente:
a) Realizó un recuento de los actos administrativos en relación al reconocimiento
pensional y precisó que se tiene claro que la demandante tiene reconocida su pensión
de jubilación desde el 24 de abril de 2008, bajo las normas del Decreto 546 de 1971
en cuanto a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, no obstante, el periodo
y los factores se aplicaron conforme a la Ley 100 de 1993 y Decreto 1158 de 1994.
b) Argumentó que para solucionar definitivamente la situación jurídica de la pensión
de vejez de la demandante conforme al problema jurídico planteado, lo primero que
debe establecerse es si la actora es beneficiara del régimen de transición establecido
en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que le permite acceder
al derecho pensional conforme «al régimen anterior al cual se encuentren afiliados»,
para lo cual debe acreditarse al 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia del
régimen general) 35 años de edad (por ser mujer) o, 15 o más años de servicios, los
3
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 315.
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Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
SENTENCIADEPRIMERA.
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Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
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cuales cumple la actora, como quiera que para esa fecha contaba con 39 años de
edad, dado que nació el 11 de septiembre de 1954.
c) Precisó que en el caso concreto, conforme a la relación probatoria se tiene que la
demandante al haber nacido el 11 de septiembre de 1954 cumplió 50 años el 11 de
septiembre de 2004 y que laboró 22.80 años al servicio del sector público, de los cuales
17.3 años, lo fueron en la Rama Judicial y Procuraduría General de la Nación, como
quiera que el segundo requisito (20 años de servicio) se cumplió el 10 de junio de 2007,
fecha posterior a los 50 años de edad, es esa la fecha en que la demandante adquirió
el derecho pensional por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicios para
acceder al derecho pensional.
d) Aclaró que la demandante al ser beneficiaria del régimen de transición establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por tener más de 35 años al 1 de abril de 1994,
tiene derecho a que su pensión sea liquidada conforme al régimen anterior, que para
su caso particular es el previsto en el Decreto 546 de 1994, que exige 50 años de
edad, 20 años de servicios de los cuales 10 años han debido ser en la Rama Judicial
y Ministerio Público, sin embargo, el IBL no es el que pide la demandante, sino el
contenido en la Ley 100 de 1993, por ende, la liquidación se efectúa con los últimos
diez (10) años y los factores base para calcular la liquidación son los establecidos en
el Decreto 1158 de 1994, como en efecto lo realizó la demandada en el acto de
reconocimiento pensional.
e) Señaló que le asiste razón a la demandada en el reconocimiento pensional
efectuado en la Resolución 16521 de 24 de abril de 2008, al haber atendiendo los
requisitos establecidos en el Decreto 546 de 1971 y el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 los cuales exigen que «para el derecho a la pensión acreditar mínimo 20 años
de servicios al Estado, de los cuales mínimo 10 deben haberse prestado en la Rama
Judicial, y 50 años de edad para la mujer, 55 para el hombre, y un 75% como monto
de pensión», atendiendo al «promedio de lo devengado o cotizado durante el tiempo
que le hacía falta para tener derecho a la pensión a la entrada en vigencia el Sistema
General de Pensiones, actualizado con el I.P.C», y «los factores salariales a tener en
cuenta son los señalados en el Decreto 1158 de 1994».
f) Asimismo, que conforme a la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020
proferida con posterioridad al reconocimiento, a estos factores deben agregarse los
descritos «por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332
de 1996; 37 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto
2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se
trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre
que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas», máxime
cuando posteriormente se dio el retiro del servicio.
g) Argumentó que, según las certificaciones obrantes en el expediente digital, la actora
en este periodo devengó: salario básico mensual, gastos de representación mensual,
prima de nivelación mensual, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por
servicios, prima especial de servicios mensual, prima de vacaciones, bonificación por
compensación mensual y bonificación judicial mensual percibida desde el año 2004.
h) Finalmente, dispuso el reconocimiento de la pensión de la demandante desde el 11
de junio de 2007 supeditando el pago al retiro efectivo que ocurrió el 30 de marzo de
2010, por ende, la entidad demandada deberá reliquidar la prestación desde el 1º de
abril de 2010, conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, esto es, con el 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado la afiliada durante los diez (10) años anteriores al retiro del servicio (1º de
abril de 2000 al 30 de marzo de 2010), teniendo en cuenta para la liquidación los
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factores salariales correspondientes a la asignación básica, gastos de representación,
bonificación por servicios, bonificación por compensación, prima especial de servicios
mensual y bonificación de gestión judicial.
2.4. Recurso de apelación
10. María del Pilar Buitrago Torres, a través de apoderado interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia5, y reiteró los argumentos de la
demanda, además señaló que en este proceso se discuten derechos laborales
fundamentales de la demandante, los cuales son de aplicación inmediata y
permanente, tal como acontece con la bonificación por compensación, de que trata el
Decreto 610 de 1998, la que no se le liquidó como factor salarial para efectos de
determinar su pensión, y la existencia de otros factores salariales adicionales
pensionales para que la justicia deseche lo rogado, como sucede con la prima de
servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, motivo idóneo para recurrir
en apelación la decisión adoptada por la corporación de primera instancia con el fin de
que se ordene considerar los factores no estimados en la actuación demandada para
incrementar el valor de la mesada pensional de la actora.
11. Por último, precisó que al no tenerse en cuenta ciertos factores salariales a la
accionante para determinarle su pensión se le ha dado aplicación a un sistema
regresivo laboral y se le han conculcado situaciones legítimas pretextando
expectativas que, si bien es cierto no se encontraban descritas estas prestaciones
laborales en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 en cuanto ocasionaron la
negación de la reliquidación de la pensión para que la demandante tuviera oportunidad
de devengar la asignación más elevada, no respetó el régimen de transición de la
actora, como instrumento de derechos humanos atinentes al reconocimiento de la
seguridad social y protección a la vejez tal como acontece con los factores laborales
relacionados con la bonificación por compensación, bonificación por gestión judicial, la
prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de Ley 4 de 1992, entre otros.
2.5. Trámite de segunda instancia
12. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto
del 27 de abril de 20236 y conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20217, no se dio traslado a las partes
para alegar porque no fue necesario el decreto de pruebas.
2.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.
5
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 13. RECURSO
APELACIÓN.
6
Índice 4 del expediente electrónico de Samai.
7
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011-
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
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Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
Demandado: COLPENSIONES
3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución
15. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿la reliquidación de la pensión de vejez de María del Pilar
Buitrago Torres conforme al régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971
debe incluir todos los factores salariales solicitados?
16. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación y/o reliquidación de una
pensión reconocida con fundamento en el Decreto 546 de 1971; en segundo lugar,
estudiará el caso en concreto.
3.4. Régimen pensional del Decreto 546 de 1971
17. A pesar de que en este proceso no es objeto de discusión la aplicación de dicha
normativa al demandado, pues así lo han aceptado las partes, es ineludible para la
Sala establecer los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar o
reliquidar la pensión contenida en el Decreto 546 de 19718, que en su artículo 6°,
señala:
«Artículo 6°. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente
a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
De lo anterior deviene que los requisitos para beneficiarse de la pensión mensual
vitalicia de jubilación de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el
Ministerio Público, son haber servido 20 años continuos o discontinuos, de los cuales
10 hayan sido en tal condición y llegar a la edad de 55 años (hombres) o 50 años
(mujeres). Igualmente, determina que la cuantía será del 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicio en actividades de la
Rama Judicial y/o del Ministerio Público.
Ahora bien, respecto al ingreso base de liquidación, en adelante IBL, aplicable a los
destinatarios de este régimen pensional especial, en virtud del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Sección profirió sentencia
de unificación el 11 de junio de 20209, en la que indicó:
«Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre;
b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o
posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo
menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el
ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la
Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente
con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para
adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante
8
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional,
del Ministerio Público y de sus familiares»
9
Expediente 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017)10.
7
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Radicación: 50001-23-33-000-2017-00319-01 (6632-2022)
Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
Demandado: COLPENSIONES
todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC
certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el
artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª.
de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 297 1.° del Decreto 610 de
1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto
3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o
empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público».[Subraya la Sala]
En razón a lo anterior, los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público que
les resulta aplicable el régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993, tienen
salvaguardados elementos del régimen anterior, Decreto 546 de 1971; no obstante, el
ingreso base de liquidación de esas prestaciones es el indicado en la Ley 100 de 1993,
por lo que debe ser igual, a la suma del período preciso con el cual debe ser
consolidado el ingreso base de liquidación, artículos 21 y 36 (inciso 3°), según el caso;
y los factores previstos como integrantes de la base de cotizaciones al sistema, son
los previstos por las siguientes normas:
(i) Artículo 1 del Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario; primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;
remuneración por trabajo dominical o festivo, remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y
bonificación por servicios prestados;
(ii) Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prima especial;
(iii) Artículo 1 del Decreto 610 de 1998: bonificación por compensación;
(iv) Artículo 1 del Decreto 1102 de 2012: bonificación por compensación;
(v) Artículo 1 del Decreto 2460 de 2006: prima de productividad;
(vi) Artículo 1 del Decreto 3900 de 2008: bonificación por actividad judicial y;
(vii) Artículo 1 del Decreto 383 de 2013: bonificación judicial; según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial.
3.5. Estudio del caso concreto
3.5.1. Hechos probados
18. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer
lo siguiente:
a) María del Pilar Buitrago Torres nació el 11 de septiembre de 195410, de conformidad
con la cédula de ciudadanía, por lo que cumplió 50 años de edad el 11 de septiembre
de 2004.
b) Que la demandante laboró los siguientes tiempos de servicios:
• Desde el 01 de mayo de 1974 al 30 de noviembre de 1974 (213 días), en el
Colegio Teresiano, según consta en la Resolución GNR 97878 del 7 de abril de
201611.
• Desde el 7 de julio de 1979 hasta el 27 de enero de 1981, en la Rama Judicial
de acuerdo con el «CERTIFICADO LABORAL Y SALARIAL» del 29 de marzo
de 200512, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
10
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 5.
11
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 99.
12
Documento denominado «GRM-EMI-201368003726-20130125603» ubicado en el link del documento «incorpora Expediente
Digitalizado(.pdf) NroActua 4», registrada en la fecha 02/06/2021. del aplicativo SAMAI.
8
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Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
Demandado: COLPENSIONES
• Desde el 8 de octubre de 1980 hasta el 10 de marzo de 1984 en la Policía
Nacional, como se desprende de la certificación del 5 de marzo de 200513.
• Desde el 6 de julio de 1984 hasta el 14 de noviembre de 1986, en el Ministerio
de Justicia, según se advierte en el «CERTIFICADO DE INFORMACIÓN
LABORAL» del 29 de julio de 201014, proferido por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario.
• Del 31 de mayo de 1994 al 12 de febrero de 1997, en la Rama Judicial como se
observa en la «CONSTANCIA SALARIAL 0295» del 23 de marzo de 200415,
expedida por la Sala Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional
Villavicencio.
• Desde el 11 de marzo de 1997 hasta el 31 de marzo de 2010, en la Procuraduría
General de la Nación, cuyo último cargo fue como procuradora 14 judicial II
agraria de Villavicencio, de conformidad con la certificación del 8 de abril de
201516.
c) El ISS mediante la Resolución 0016521 del 24 de abril de 200817, le reconoció la
pensión de jubilación a la parte actora con el 75% del promedio de lo devengado o
cotizado durante el tiempo que le hacía falta para tener derecho a la pensión a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el IBL establecido en la Ley 100 de 1993,
condicionando el ingreso a nómina al retiro del servicio
d) A través de la Resolución 005742 del 30 de septiembre de 2009 18, el ISS resolvió
negativamente el recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, por
considerar «conforme a las normas establecidas anteriormente se deduce que la
asegurada al primero de abril de 1994 no tenía 15 años de servicio, igualmente se
trasladó a un fondo privado y aunque volvió nuevamente al ISS en febrero de 2004 no
cumple con el requisito establecido en el literal a) del Decreto 3800 de 2003, es decir
no conserva el Régimen de transición», no obstante, por favorabilidad no se
modificaba la decisión.
c) Por medio de la Resolución 07483 de 18 de marzo de 201019, se dio cumplimiento
al fallo de tutela del 15 de febrero de 2010 proferido por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial Sala Penal y ordenó la reliquidación transitoria de la pensión teniendo en
cuenta la asignación más elevada durante el último año, partir del 1 de enero de 2009
hasta el 30 de diciembre de 2009, con un IBL de $15.341582, al cual se aplicó un 75%,
arrojando una mesada de $11.506.186.50, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados.
d) A través de la Resolución 010437 del 27 de abril de 201020, se modificó el monto de
la pensión, toda vez que se había presentado una «INCONSISTENCIA EN BONO
TRAMITE» al no haberse dado el trámite correspondiente para la expedición del bono
pensional, quedando la cuantía de la pensión en $11.391.124.
13
Documento denominado “00033554000000021237307010101A” ubicado en el link del documento “incorpora Expediente
Digitalizado(.pdf) NroActua 4”, registrada en la fecha 02/06/2021, archivo GRP-HPE-EV-CC-212-37307_5, fl. del aplicativo
SAMAI.
14
Documento denominado «GEN-CSA-F1-2015_4832544-20170808101555» ubicado en el link del documento «incorpora
Expediente Digitalizado(.pdf) NroActua 4», registrada en la fecha 02/06/2021. del aplicativo SAMAI.
15
Documento denominado «CC-21237307» ubicado en el link del documento «incorpora Expediente Digitalizado(.pdf) NroActua
4», registrada en la fecha 02/06/2021. del aplicativo SAMAI.
16
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 13.
17
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 43.
18
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 45.
19
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 54.
20
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 51.
9
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Demandado: COLPENSIONES
e) COLPENSIONES mediante la Resolución GNR 338495 del 28 de octubre de 201521,
negó la reliquidación de la pensión de la demandante, consideró que mediante
providencia del 11 de febrero de 2014 el Tribunal Administrativo del Meta confirmó el
fallo inhibitorio de primera instancia del 28 de febrero de 2013, además indicó que «la
situación pensional no se ha resuelto de manera definitiva razón por la cual de acuerdo
con lo dispuesto en el fallo de tutela que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación aplicando el decreto 546 de 1976 no se puede suspender el pago de la
misma» y que «una vez verificadas las cotizaciones estas no presentaron variación
alguna teniendo en cuenta que se tomó el IBL de los 10 últimos años por favorabilidad
arrojando una mesada pensional de $9.691.338 mesada inferior a la que la petente se
encuentra percibiendo […] dado que para la liquidación de la anterior prestación se
tomaron todas las asignaciones básicas reportadas por su empleador siendo traídas
al valor presente no generando una variación significativas en su mesada pensional».
f) Por medio de la Resolución VPB 575 de 6 de enero de 201622, se confirmó la decisión
anterior y argumentó que el estudio de la prestación debía hacerse bajo la normativa
del Decreto 546 de 1971 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. También se observa
que, una vez estudiada la prestación bajo esas normas, la demandante adquirió su
estatus pensional el 14 de febrero de 2008, con una cuantía de $9.691.337, «la cual
resulta evidentemente inferior a la mesada pensional reliquidada que para el año 2015
corresponde a $13.329.523.00».
g) Mediante la Resolución GNR 97878 de 7 de abril de 201623, se reliquidó la pensión
de la accionante en virtud del fallo del 15 de febrero de 2010 proferido por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, por cuanto en esa ocasión se tuvo
como último año de servicios desde el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de diciembre de
2009, no obstante, lo procedente era liquidarlo con el periodo comprendido entre el 1
de abril de 2009 al 30 de marzo de 2010, que corresponde al último año de servicios
efectivamente laborado con los siguientes factores: asignación básica, gastos de
representación, bonificación gestión judicial, prima especial servicios, prima de
vacaciones, prima de navidad y bonificación por servicios.
h) Obra en el expediente, la sentencia del 15 de febrero de 2010 24, por la cual el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá resolvió en segunda instancia la
impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado 41 Penal del
Circuito de Bogotá que negó el amparo de la demandante y ordenó «AMPARAR DE
MANERA TRANSITORIA en favor de MARÍA DEL PILAR BUITRAGO TORRES, los
derechos respecto de los cuales reclamó protección, desconocidos por el Instituto de
Seguro Social».
i) Igualmente, se encuentra en el plenario la sentencia del 11 de febrero de 201425,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual confirmó la sentencia
inhibitoria por no haberse demandado todos los actos administrativos emitidos por la
demandada en cuanto a la reliquidación de la pensión, sin embargo, en esa fecha se
advirtió que «la situación pensional de la demandante no se ha resuelto en forma
definitiva, razón por la cual, de acuerdo con lo dispuesto en el fallo de tutela que ordenó
la reliquidación de la pensión aplicando el Decreto 546 de 1971, no se puede
suspender el pago de la misma».
21
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 59.
22
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 87.
23 Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo
2. INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 99.
24 Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo
2. INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 107.
25 Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo
2. INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 148.
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Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
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3.5.2. Análisis sustancial de la Sala
19. Para resolver el problema jurídico inicial la Sala considera que a pesar de que no
se discute en el presente proceso la aplicación a la demandante del régimen de
transición y en consecuencia, si es beneficiaria del régimen especial de la Rama
Judicial y el Ministerio Público establecido en el Decreto 546 de 1971, sí se ha
planteado en la demanda la nulidad de varios actos administrativos, por lo que es
necesario analizar el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen de
transición y del Decreto 546 de 1971, y posterior a ello, proceder a verificar el IBL que
debió tenerse en cuenta al reliquidar la pensión de vejez atacada judicialmente.
20. Según el material probatorio aportado al proceso por las partes, María del Pilar
Buitrago Torres es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 porque para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de
la mencionada ley a nivel nacional, tenía 39 años de edad, pues nació 11 de
septiembre de 195426.
21. Analizado lo anterior, se tiene en cuenta que la accionante laboró para la Rama
Judicial por más de 17 años27, por lo que el régimen de transición le resulta aplicable
para su reconocimiento pensional, así como el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
Dicha norma establece como requisitos para acceder a la pensión 50 años de edad,
en el caso de las mujeres, y 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores
o posteriores a su vigencia, de los cuales por lo menos 10 años hayan sido a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o en ambas. Exigencias que cumplió María del
Pilar Buitrago Torres porque cumplió los 50 años de edad el 11 de septiembre de 2004
y laboró como empleada y funcionaria de la Rama Judicial y la Procuraduría General
de la Nación por más de 17 años, del 7 de julio de 1979 hasta el 27 de enero de 198128,
del 31 de mayo de 1994 al 12 de febrero de 199729 y del 11 de marzo de 1997 hasta
el 31 de marzo de 201030, acumulando un tiempo total de labores de más de 22 años.
22. Se advierte que la demandante consolidó su estatus de pensionada por el régimen
especial del Decreto 546 de 1971 al cumplir los 20 años de servicio, esto es el 24 de
abril de 2008.
23. También se resalta que, al iniciar su labor desde el 1 de mayo de 1974, para el 25
de julio de 2005, fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005, contaba con
más de 20 años de servicio, es decir que tenía más de 750 semanas cotizadas, por lo
que conservó el régimen de transición.
24. Queda claro entonces para la Sala que, tal como se determinó en los actos
administrativos de reconocimiento y reliquidación pensional, a María del Pilar Buitrago
Torres le es aplicable el régimen especial del Decreto 546 de 1971.
25. Ahora bien, se toma en consideración que esta corporación ha unificado los
parámetros que se deben atender al momento de determinar el IBL de las pensiones
reconocidas a través del régimen de transición de que trata la Ley 100 de 1993, como
lo son las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y del 11 de junio de
2020.
26
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 5.
27
Índice 53 del expediente electrónico de Samai del Tribunal «4_04ANEXOS1PRUEBADOCUMENTAL(.PDF) NroActua 53», fl.
75.
28
Documento denominado «GRM-EMI-201368003726-20130125603» ubicado en el link del documento «incorpora Expediente
Digitalizado(.pdf) NroActua 4», registrada en la fecha 02/06/2021. del aplicativo SAMAI.
29
Documento denominado «CC-21237307» ubicado en el link del documento «incorpora Expediente Digitalizado(.pdf) NroActua
4», registrada en la fecha 02/06/2021. del aplicativo SAMAI.
30
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo 2.
INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO, fl 13.
11
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26. En la primera sentencia estableció la Sala Plena que tendría efectos retrospectivos
a todos aquellos asuntos pendientes de solución en vía administrativa y judicial,
excepto en los casos donde operara la cosa juzgada, los cuales son inmodificables.
La regla de unificación fijada se refirió a que «[e]l Ingreso Base de Liquidación del
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de
transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985». A su vez, fijó dos subreglas jurisprudenciales referentes
a (i) el IBL para los beneficiarios del régimen de transición es el previsto en el inciso
tercero del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y (ii)
solo se incluirán en el IBL aquellos factores sobre los que se hayan efectuado aportes
o cotizaciones al sistema.
27. Esta línea interpretativa se replicó en sentencia de unificación del 11 de junio de
202031 donde se definió que quienes a través del régimen de transición de la Ley 100
de 1993 cumplieran los requisitos del Decreto 546 de 1971 quedaban cobijados con la
edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo del 75%, con exclusión del IBL, pues
en tal sentido se aplicarían los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda, así como los factores fijados en los decretos 1158 de 1994, 610 de 1998,
1102 de 2012, 2460 de 2006, 3900 de 2008 y 383 de 2013 y la Ley 4 de 1992 con la
modificación de la Ley 332 de 1996, según el caso.
28. Analizado lo anterior, debe la Sala sostener, tal como lo ha expresado en
oportunidades anteriores en asuntos que guardan similitud al presente, que los citados
fallos de unificación:
«[…] hacen hincapié en que no puede considerarse que toda pensión reconocida
con la tesis rectificada es contraria al ordenamiento jurídico, en vista que debe
verificarse si hubo mala fe o abuso del derecho.
Es así, que, en la sentencia del 28 de agosto de 2018, al establecer sus efectos se
resaltó que:
“117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia
de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en
el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un
recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que
defina la prosperidad o no de la causal invocada.”
Y en el fallo del 11 de junio de 2020, se dijo lo siguiente:
“No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala
Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que
si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento
en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí expuesta, prevalecerá
el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales
de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.”
Para luego establecer en la parte resolutiva de esa misma providencia la siguiente regla:
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01(4083-17) CE-SUJ-S2-021-20, sentencia de
unificación CE-SUJ-S2-021-20.
12
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Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
Demandado: COLPENSIONES
“SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema que se unifica
jurisprudencia, tienen aplicación retrospectiva, y que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto
de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno
de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de
Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos
en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos
judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables.
Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta
sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario
de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión
con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo
previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del
CPACA.”
Este recorrido jurisprudencial sirve para evidenciar que, aunque la tesis que permitía el
reconocimiento pensional con todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, fue revisada por esta Corporación a partir del fallo del 28 de agosto de
2018, esto no conduce inexorablemente a calificar como contrarios al ordenamiento
jurídico aquellas prestaciones periódicas concedidas con aquella postura, luego que esta
hipótesis solo sería admisible en casos en que exista abuso del derecho o fraude a la
Ley.[…]» 32.
29. Así las cosas, al momento de la expedición de la sentencia de primera instancia del
25 de agosto de 2022, en esta jurisdicción hay una posición jurisprudencial respecto
de los factores salariales que deben integrar el IBL, establecidas por las sentencias de
unificación del 28 de agosto de 2018 y 11 de junio de 2020.
30. Respecto al principio de la confianza legítima la Corte Constitucional33 ha expresado
que «[d]el principio de la buena fe se desprende el de confianza legítima, que pretende
que la Administración se abstenga de modificar «situaciones jurídicas originadas en
actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese sentido
legítimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- informa las
actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de buena fe y de la
inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracteriza al estado constitucional de
derecho34. Sobre el particular, la sentencia T-453 de 2018 precisó:
32. El principio de confianza legítima funciona entonces como un límite a las
actividades de las autoridades, que pretende hacerle frente a eventuales
modificaciones intempestivas en su manera tradicional de proceder, situación que
además puede poner en riesgo el principio de seguridad jurídica. Se trata pues, de un
ideal ético que es jurídicamente exigible. Por lo tanto, esa confianza que los ciudadanos
tienen frente a la estabilidad que se espera de los entes estatales, debe ser respetada
y protegida por el juez constitucional.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024, radicado: 76001-23-33-000-2017-
01426-01 (4599-2023), demandante Colpensiones, demandado: Esteban Manrique Galindo y Coomeva EPS en liquidación.
33
Corte Constitucional, sentencia T- 453 del 22 de noviembre de 2018, expediente T- 6.593.422.
34
Sentencia T-180 A de 2010.
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Radicación: 50001-23-33-000-2017-00319-01 (6632-2022)
Demandante: María del Pilar Buitrago Torres
Demandado: COLPENSIONES
33. En suma, para la Corte la confianza legítima protege las razones objetivas con las
que cuenta un ciudadano que le permiten inferir la consolidación de un derecho que no
ha adquirido. Por ello, no resulta constitucionalmente admisible que la administración
quebrante de manera intempestiva la confianza que había creado con su conducta en
los ciudadanos, más aún, cuando con ello puede afectar derechos fundamentales».
31. El a quo, en la sentencia proferida en primera instancia, declaró la nulidad del acto
administrativo acusado y dejó sin efectos otras resoluciones y, como consecuencia,
ordenó a la demandada reconocer y reliquidar y pagar una pensión de vejez a favor
de María del Pilar Buitrago Torres, teniendo en cuenta el 75% del promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado la afiliada durante los diez (10) años
anteriores al retiro del servicio (1º de abril de 2000 al 30 de marzo de 2010), teniendo
en cuenta para la liquidación los factores salariales correspondientes a la asignación
básica, gastos de representación, bonificación por servicios, bonificación por
compensación, prima especial de servicios mensual y bonificación de gestión judicial.
32. Sin embargo, la demandante, en el recurso de apelación insistió en que su pensión
no fue reconocida con todos los factores salariales que devengó y manifestó su
inconformismo con la sentencia, en la medida en que la bonificación por
compensación, bonificación por gestión judicial, la prima especial de servicios de que
trata el artículo 14 de Ley 4 de 1992 y la existencia de otros factores salariales como
la prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad no se tuvieron en
cuenta.
33. Por lo tanto, la Sala, a continuación, verificará si en el acto administrativo acusado
no se incluyó algún factor salarial establecido en la referida normativa y si en la
sentencia proferida en primera instancia se tuvo en cuenta algún factor adicional que,
según el criterio jurisprudencial vigente, debe ser excluido:
Artículo 14 de la Ley 4 Decreto 1102 de Artículo 1° del Decreto Factores Factores objeto de
de 1992 2012 1158 de 1994, artículo devengados entre reliquidación en la
1° del Decreto 2460 de 11 de marzo de sentencia proferida
2006 y artículo 1 del 1997 y 31 de en primera
Decreto 383 de 2013 marzo de 2010 instancia
Asignación básica Sueldo Asignación básica
mensual
Gastos de Gastos de Gastos de
representación representación representación
Prima técnica, cuando
sea factor de salario
Primas de antigüedad,
ascensional de
capacitación cuando
sean factor de salario
Remuneración por
trabajo dominical o
festivo
Remuneración por
trabajo suplementario o
de horas extras, o
realizado en jornada
nocturna
Bonificación por Bonificación por Bonificación por
servicios prestados servicios prestados servicios prestados
Prima anual para
mejorar la productividad
Bonificación judicial Bonificación judicial Bonificación judicial
Sueldo de
vacaciones
Prima de navidad
Prima de servicios
Prima de
vacaciones
Prima Especial de Prima Especial de Prima especial de
servicios servicios servicios
Bonificación por Bonificación por Bonificación por
compensación compensación compensación
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Demandado: COLPENSIONES
34. Respecto a los factores salariales, el Decreto 1158 de 1994 incluye la asignación
básica, gastos de representación y bonificación por servicios, en el Decreto 1102 de
2012 se encuentra la bonificación por compensación, y en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y Ley 332 de 1996 está incluida la prima especial de servicios mensual y en el
Decreto 4040 de 2004 la bonificación judicial mensual o bonificación de gestión judicial,
los cuales ya fueron reconocidos por el a quo en la sentencia de primera instancia.
35. Finalmente, es preciso aclarar que la prima de vacaciones, prima de servicios y
prima de navidad, no constituyen factor salarial para efectos pensionales conforme a
lo dispuesto en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020.
3.6. Conclusión
36. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
la Resolución 041521 del 05 de septiembre de 2007 no conserva la presunción de
legalidad, pues al momento de su expedición la administradora de pensiones no aplicó
las normas vigentes y la interpretación jurisprudencial. Por lo tanto, la demandante
tiene derecho a que su pensión de vejez sea reliquidada con el 75% del promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado durante los diez (10) años anteriores
al retiro del servicio, esto es 1 de abril de 2000 al 30 de marzo de 2010, teniendo en
cuenta para la liquidación los factores salariales correspondientes a la asignación
básica, gastos de representación, bonificación por servicios, bonificación por
compensación, prima especial de servicios mensual y bonificación de gestión judicial.
En consecuencia, se confirmará el fallo apelado que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
37. Asimismo, respecto de los demás actos administrativos demandados, esta Sala
comparte la posición del a quo en cuanto a no declarar su nulidad y dejar sin efectos
los actos que reliquidaron la pensión de vejez de la actora, toda vez que fueron
producto de la orden judicial contenida en la tutela del 15 de febrero de 2010, proferida
por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá que ordenó la reliquidación
pensional aplicando íntegramente el Decreto 546 de 1971, extendiendo sus efectos
«hasta cuando la jurisdicción contencioso administrativa decida en forma definitiva».
3.7. Costas
38. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 35 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandante haya incurrido en las anteriores conductas.
35
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo
valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas
para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo
365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandado: COLPENSIONES
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida 25 de agosto de 2022
por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
Tercero: No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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