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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2015-00226-02

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2015-00226-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 16 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Sabel Reinerio Arévalo Arévalo. Segundo: No condenar en costas en esta instancia. Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2015-00226-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-2333-000-2015-00226-02 (5668-2022)
Demandante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Demandada: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP)

Tema: reconocimiento pensión de vejez−Decreto 546 de 1971. Subtema 1: régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con lo establecido en el Acto
Legislativo 01 de 2005. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16
de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión,
mediante la cual se negaron las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP mediante el acto presunto producto de la falta de respuesta a la petición del
2 de agosto de 2015, negó el reconocimiento de la pensión de vejez a Sabel Reinerio
Arévalo Arévalo en los términos del régimen especial del Decreto 546 de 1971.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Sabel Reinerio Arévalo Arévalo, en nombre propio, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se expresan.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó2 que se declarara la nulidad del acto presunto configurado por la falta de
respuesta de fondo de la solicitud de reconocimiento pensional conforme a lo previsto
en el Decreto 546 de 1971 del 2 de agosto de 2014.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la UGPP a: i)
declarar que Sabel Reinerio Arévalo Arévalo, es beneficiario del régimen especial de
la Rama Judicial; ii) declarar que el demandante tiene derecho a su pensión a partir

1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 10 de agosto de 2015, conforme al «ACTA
INDIVIDUAL DE REPARTO» visible en el índice 02 del expediente electrónico de Samai del Tribunal Administrativo del Quindío,
carpeta expdig, archivo 12.Demanda.
2
Índice 02 del expediente electrónico de Samai del Tribunal Administrativo Administrativo del Quindío, carpeta expdig archivo
12.Demanda.

Radicación: 63001-2333-000-2015-00226-02(5668-2022)
Demandante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Demandada: UGPP

del 17 de junio de 2014; iii) pagar a partir de la fecha referida, conforme al precedente
jurisprudencial sobre la materia del Consejo de Estado, esto es, con la inclusión de la
totalidad de factores salariales recibidos durante el último año y certificados por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia; iv) pagar intereses
causados por cada una de las mesadas dejadas de pagar; y v) pagar costas
procesales.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) Sabel Reinerio Arévalo Arévalo prestó sus servicios de manera continuada e
ininterrumpida como servidor de la Rama Judicial, desde el 1 de noviembre de 1980
hasta el 10 de agosto de 2001, es decir, por tiempo superior a 20 años.

2) Señaló que durante el tiempo de servicio en la Rama Judicial, cotizó a CAJANAL y
que, durante el último año de servicio, su salario mensual fue de $2.112.418, por lo
que el 75% de dicha cifra es equivalente a $1.584.313.50; adicionalmente, percibió la
suma de $8.317.524, correspondiente a bonificación por servicios prestados, prima de
servicio, prima de navidad y prima vacacional, por lo que la doceava parte es igual a
$693.127.

3) Precisó que la sumatoria de las dos cifras arrojan un resultado de $2.277.440.50,
que sería el monto de la pensión a reconocer en consideración q el año 2001, la cual,
ajustada conforme al IPC, arroja, para el año 2014, un valor de $5.275.177.

4) Indicó que tiene derecho al régimen especial previsto para la Rama Judicial y, por
ello, formuló la correspondiente reclamación, la cual inicialmente fue evadida, con
criterios de que reclamaba pensión de gracia [Sic].

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

1. El demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política,
artículos 13, 25, 53, 58, y 93; el Decreto 546 de 1971, artículo 6; el Decreto 717 de
1978, artículo 12; y el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 127.

2. En el concepto de violación expuso lo siguiente:

a) Sostuvo que la accionada violó preceptos constitucionales y las normas citadas que
regulan la materia por cuanto el ejercicio de los derechos de los ciudadanos tanto por
iniciativa del particular como de manera oficiosa por la administración, deben de
cumplir los cometidos de solidaridad, igualdad, y de contribución de los gastos e
inversiones a través de la tributación que pueda surgir del pago de una pensión, pero
dentro de conceptos de justicia y equidad, situación que no ocurre en el presente caso.

b) Indicó que el precedente jurisprudencial sobre la materia ha sido debidamente
decantado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el que se señala de
manera pedagógica que los factores de reajuste deben de pagarse mes a mes, no solo
indexados, sino con el reconocimiento de los intereses moratorios, desde la
exigibilidad de la obligación laboral hasta su pago total.

c) Manifestó que laboró por espacio superior a los 20 años como servidor de la Rama
Judicial entre los años 1980 y 2001 y efectuó aportes a pensión en forma exclusiva a
CAJANAL.

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Radicación: 63001-2333-000-2015-00226-02(5668-2022)
Demandante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Demandada: UGPP

d) Señaló que se torna inadmisible la posición de la demandada de sustraerse a
resolver el fondo el asunto y eludir sus deberes legales, luego de dar evasivas, pues
no adopta decisión de fondo y opta por remitir la petición ante COLPENSIONES.

e) Precisó que el debate no puede manejarse con la simpleza que lo hizo la entidad
demandada, por cuanto el demandante es beneficiario del régimen especial
establecido por el legislador para los servidores de la Rama Judicial, por lo que existe
un derecho adquirido, tal como lo ha dicho la jurisprudencia. Si bien los servidores de
la Rama Judicial fueron incorporados a la Ley 100 de 1993, ello no quiere decir que se
desnaturalizó o se perdió el régimen especial determinado para tales servidores del
Estado, pues esa ley no tocó el régimen especial de la Rama.

f) Finalmente, argumentó que la Corte Constitucional ha precisado que el régimen
especial se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, siempre que a la entrada en
vigencia del acto legislativo 01 de 2005, el trabajador hubiera tenido acreditadas 750
semanas cotizadas al sistema de seguridad social, situación que acredita el actor con
un número superior a las 1.000 semanas de aportes para pensión, concretamente,
más de veinte años de cotización como servidor de la Rama Judicial y con aportes
exclusivos a CAJANAL antes de la entrada en vigencia del referido acto legislativo, por
lo que solo le faltaba el requisito de llegar a la edad de los 55 años antes del 31 de
diciembre de 2014, como efectivamente sucedió. Así, se dan las condiciones
determinadas en la sentencia del 13 de marzo de 2003, dictada en proceso 17001-23-
31-000-1999-0627-01.

2.2. Contestación de la demanda

3. La UGPP3, se opuso a las pretensiones, y señaló que al demandante no se le ha
vulnerado garantía legal o constitucional; por el contrario, conforme a lo probado en el
trámite administrativo, se verificó y trasladó el pedimento del accionante a
COLPENSIONES, en cumplimiento del artículo 21 del CPACA.

4.Finalmente, propuso las excepciones denominadas i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; ii) legalidad del acto administrativo; iii) indebida integración del
contradictorio por pasiva; iv) inexistencia de obligación; v) cobro de lo no debido; vi)
buena fe; y vii) prescripción.

2.3. Sentencia de primera instancia

5.El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, mediante sentencia
del 16 de junio de 20224 negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

a) Precisó que lo primero que debe determinarse en el presente asunto, es si el
demandante, cumple con los requisitos legales para ser beneficiario del régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual deberá
acreditar que al 1 de abril de 1994 contaba con 15 años de servicios o 40 años de
edad.

b) Señaló que está acreditado que Sabel Reinerio Arévalo Arévalo nació el 17 de junio
1959, lo cual quiere decir que, al 1 de abril de 1994, contaba con 34 años y 9 meses
de edad, aproximadamente. Por lo tanto, según el requisito de edad, el demandante
3
Índice 02 del expediente electrónico de Samai del Tribunal Administrativo Administrativo del Quindío, carpeta expdig, archivo
21.ContestaciónDemanda.
4
Índice 02 del expediente electrónico de Samai del Tribunal Administrativo Administrativo del Quindío, carpeta expdig archivo
087Seentencia1Inst.

.
.
3

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Radicación: 63001-2333-000-2015-00226-02(5668-2022)
Demandante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Demandada: UGPP

no es beneficiario del régimen de transición. Igualmente, está probado en el expediente
que el actor, ingresó a laborar al servicio de la Rama Judicial, el 1 de noviembre de
1980 hasta el 10 de agosto de 2001, por un espacio superior a 20 años. No obstante,
no cumple con los 15 años de servicios, pues es un hecho notorio que entre el 1 de
noviembre de 1980 y el 1 de abril de 1994, hay 13 años y 5 meses de servicio.

c) Indicó que de acuerdo con el criterio imperante en la Jurisprudencia del Consejo de
Estado, el servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
adquiere el derecho a la pensión bajo el régimen anterior (Decreto 546 de 1971),
siempre que: i) Para el 1 de abril de 1994, tenga 40 años de edad si hombre, 35 años
de edad si es mujer o 15 años o más de servicios efectivamente cotizados, los cuales,
como se acaba de exponer, no se cumplen por parte demandante, se impone para la
Sala de Decisión negar las pretensiones de la demanda incoadas por Sabel Reinerio
Arévalo Arévalo. En consecuencia, señala que es viable declarar probadas las
excepciones de inexistencia de obligación y cobro de lo no debido, propuestas por la
demandada.

2.4. Recurso de apelación

6. El demandante, en nombre propio interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia5, y reiteró los argumentos de la demanda, además
insistió en que la Corte Constitucional en estudio de exequibilidad contenido en la
sentencia C-258 de 2013 advirtió que a esa fecha se encontraban vigentes varios
regímenes especiales, entre ellos el de rama judicial. Igualmente precisó que dichos
regímenes especiales perdían vigencia al 31 de diciembre de 2014, siempre que se
cumpliera con la condición establecida por el parágrafo 4º transitorio, inherente a la
cotización de 750 semanas al sistema a la entrada en vigencia de la reforma
constitucional.

7. Indicó que del estudio de constitucionalidad que es vinculante, claramente se
desprende que el régimen especial de la Rama Judicial se extendió hasta el 31 de
diciembre de 2014, para los servidores que hubieran tenido acreditadas 750 semanas
a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, como se resaltó en la
demanda y en el escrito de alegaciones, sin que se hubiera hecho la confrontación
pedida por el artículo 55 de la ley estatutaria de la administración de justicia.

8. Señaló que la decisión recurrida equivoca la aplicación del estudio de exequibilidad
citado, como el mismo criterio doctrinal traído para sustentar la denegación de las
pretensiones solicitadas, tal cual se advirtió en el escrito de alegaciones, y al cual se
remite por economía procesal para que sea considerado como un solo escrito. El
Consejo de Estado unificó criterio frente a la transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, más no del criterio jurídico régimen especial de la Rama Judicial valorado en la
sentencia C-258 de 2013, como de manera obvia se señaló en la demanda y en el
escrito de alegatos de la primera instancia.

9. Por último, sostuvo que «el debate no es el régimen de transición, el planteado tiene
que ver el régimen especial que ampara al actor y lo amparó mientras fuera servidor
de la rama judicial», razón por la que solicitó hacer la valoración de las pretensiones,
en torno al preciso criterio expuesto como sustento del debate puesto a consideración
de la jurisdicción, en atención a que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no fuera
referente para el sustento de las declaraciones rogadas, y en esas condiciones

5
Índice 73 del expediente electrónico de Samai del Tribunal Administrativo del Quindío.
4

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proceder a revocar la decisión recurrida, para en sustitución dictar sentencia que acoja
la demanda promovida.

2.5. Trámite de segunda instancia

10. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto
del 2 de marzo de 20236 y conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20217, no se dio traslado a las partes
para alegar porque no fue necesario el decreto de pruebas.

2.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión previa

13. A través del auto del 20 de septiembre de 2019 8 esta Subsección, resolvió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia del 30 de junio
de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, sala Quinta de decisión
que declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
porque no se configuró la existencia de un acto ficto o presunto susceptible de control
judicial. La Subsección anotó en esa oportunidad, lo siguiente:

«La Sala estima que no le asiste razón al Tribunal Administrativo del Quindío,
teniendo en cuenta que: i) la entidad demandada no dio respuesta de fondo a la
petición de 2 de agosto del 2014, motivo por el cual se configuró el acto ficto о
presunto producto del silencio administrativo negativo por la no contestación de dicha
solicitud y; ii) el señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo efectuó sus aportes de manera
exclusiva a la extinta CAJANAL (Hoy UGPP), tal y como se encuentra probado con la
certificación de 11 de agosto del 2014, expedida por el Grupo de Talento Humano de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia (Quindío). En ese orden
de ideas, la Sala estima que es la UGPP la entidad Ilamada a estudiar el posible
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación pretendida por el demandante,
conforme a lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

Ciertamente y contrario a lo considerado por el a quo, la Sala estima que el acto ficto
o presunto producto del silencio administrativo negativo fue el que definió la situación
jurídica del demandante, motivo por el cual esta presunta decisión es la llamada a ser
cuestionada en sede jurisdiccional. […]9»

14. Por lo anterior, revocó la providencia del 30 de junio de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, mediante la cual se declaró de oficio la excepción de

6
Índice 06 del expediente electrónico de Samai.
7
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011-
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 20 de septiembre de 2019.
9
Transcripción fiel, incluso con errores.
5

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Demandada: UGPP

ineptitud sustantiva de la demanda y, en consecuencia, ordenó al referido Tribunal que
continuara con el trámite del proceso.

3.3. Problema jurídico y metodología de su resolución

15. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿el demandante, sin ser beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al reconocimiento de la
pensión de vejez conforme al Decreto 546 de 1971, por tener acreditadas 750
semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005?

16. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, los
requisitos que el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 exigía para otorgar la pensión de
jubilación a los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público. En segundo
lugar, aludirá al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En tercer
lugar, reiterará la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto del contenido y
alcance del parágrafo transitorio 4° del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
torno al desmonte del régimen transicional. Por último, estudiará el caso en concreto.

3.4. Requisitos de la pensión de jubilación del artículo 6 del Decreto 546 de 1971

17. El Decreto 546 de 1971, «por el cual se establece el régimen de seguridad y
protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del
Ministerio Público y de sus familiares», era uno de los varios regímenes especiales
que existían antes de la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, contenido en la Ley 100 de 1993.

18. Dicho régimen establecía, entre otros beneficios, reglas especiales en materia de
vacaciones judiciales, pensiones, riesgos profesionales, asistencia por maternidad,
cesantía, auxilio funerario, prestaciones médicas, aportes, plan habitacional, y revisión
de sueldos y pensiones para funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio
Público10.

19. En particular, con respecto a la pensión ordinaria de jubilación, los artículos 6 y 7
determinaban lo siguiente:

«Artículo 6. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.

Artículo 7. Si el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se
hubiere prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Publico en lapso menor de
10 años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los
empleados de la rama administrativa del Poder Público».

20. Así pues, el régimen especial en materia pensional contenido en el citado Decreto
546 de 1971 en favor de aquellas personas que hayan prestado sus servicios a la
Rama Judicial o al Ministerio Público, preveía las siguientes condiciones especiales
para acceder al reconocimiento de la pensión: (i) 20 años de servicio de los cuales 10
debían ser exclusivos a la Rama Judicial o al Ministerio Publico, y, (ii) 55 años de edad

10
Su artículo 1 establece que: «los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público tendrán derecho
a las garantías sociales y económicas en la forma y términos que establece el presente Decreto».
6

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para los hombres y 50 respecto de las mujeres. El cumplimiento de estas condiciones,
de acuerdo con el artículo 6 ídem otorgaba el derecho a una «pensión ordinaria vitalicia
de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicio».

3.5. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993

21. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 regula el referido régimen de transición con el
fin de modular el tránsito legislativo y su incidencia frente a la expectativa de obtener
la pensión de vejez, en los siguientes términos:

«Artículo 36. Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez,
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere Superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el Dane.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en
vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas
personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad,
caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro
individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos
para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables
anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho,
en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión
en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales
requisitos.

Parágrafo. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso
primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas
cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros
Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o
privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de
semanas cotizadas o tiempo de servicio».

22. Como puede apreciarse, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 protege las expectativas legítimas que tenían los trabajadores afiliados al
régimen de prima media con prestación definida a la fecha de su entrada en vigencia,
1 de abril de 1994, y que estuvieran próximos a pensionarse. Este grupo está
conformado por «los servidores del Estado (empleados y funcionarios públicos, así
como trabajadores oficiales) de ambos sexos, que a la fecha de entrada en vigencia
7

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Demandada: UGPP

de la Ley 100 de 1993, contaran con 35 años de edad o más si son mujeres, o con 40
si son hombres, o 15 años o más de servicios cotizados»11. Es decir, basta con reunir
cualquiera de los anteriores requisitos para tener el derecho adquirido al régimen de
transición.

3.6. Contenido y alcance del Acto Legislativo 01 de 2005. Reiteración de
jurisprudencia

23. En virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 200512
al artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de transición no es indefinida.

24. En efecto, a través del parágrafo transitorio 4 del artículo 1 de dicho acto legislativo,
el Congreso de la República fijó un límite temporal, en el sentido de señalar que, «el
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada
en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen
hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas
por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás
normas que desarrollen dicho régimen».

25. De esta manera, el Acto Legislativo 01 de 2005 señala que la vigencia de los
regímenes pensionales especiales y de los exceptuados, así como cualquier otro distinto
al régimen especial contenido en la Ley 100 de 1993, expiraría el 31 de julio de
2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tuvieran
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada
en vigencia del referido acto legislativo, a los cuales se les mantendría dicho régimen
hasta el año 2014, esto es, que ya no habría posibilidad de acceder a él, y por ende
las pensiones serían reconocidas conforme con los requisitos del sistema general de
pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.

26. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección de manera uniforme y reiterada 13
ha determinado, que una persona puede acceder a su derecho prestacional bajo el
régimen de transición al cual se encontraba afiliado, si logra demostrar los siguientes
supuestos fácticos: (i) que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, tenía 35 o más años siendo mujer, 40 o más años siendo hombre,
(ii) que independientemente de la edad había laborado o realizado cotizaciones por
más de 15 años, (iii) que al momento de proferirse el Acto Legislativo 01 de 2005,
contaba al menos con las 750 semanas que exige el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
ello con el fin de que el régimen de transición se le prolongara hasta el año 2014 14 y
(iv) que al 31 de diciembre de 2014, fecha de finalización del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, había consolidado su estatus pensional cuando acreditó la edad
y el tiempo de servicio exigido en el respectivo régimen especial.

11 Sentencia C-168 de 1995.
12 Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.
13 Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de las subsecciones A y B de la

Sección Segunda del Consejo de Estado: (i) fallo del 4 de febrero del 2021, exp. 2015-00445-01/2448-2018, (ii)
fallo del 13 de mayo de 2021, exp. 2016-00596-01/6482-2019, (iii) fallo del 11 de noviembre de 2021, exp. 2014-
00140-01/2741-2017, (iv) fallo del 13 de abril de 2023, exp. 2017-01340-01/1024-2021, y (v) fallo del 19 de junio de
2024, exp 50001-23-33-000-2017-00319-01 (6632-2022).
14 Sobre el particular se pueden consultar sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 63001-2333-000-2015-00226-02(5668-2022)
Demandante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Demandada: UGPP

3.7. Estudio del caso concreto

3.7.1. Hechos probados

27. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer
lo siguiente:

a) Sabel Reinerio Arévalo Arévalo nació el 17 de junio de 195915, de conformidad con
la cédula de ciudadanía, por lo que cumplió 50 años de edad el 17 de junio de 2009.

b) Conforme a la certificación, expedida el 11 de agosto de 201416 por la Rama Judicial,
Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia, el demandante laboró en
los siguientes periodos y cargos en la Rama Judicial:

Despacho Cargo Periodos
Juzgado 1° Promiscuo Escribiente 04 1/11/1980 a 31/08/1983
Municipal de la Tebaida Q.
Juzgado 1° Promiscuo Secretario 09 1/09/1953 a 2/03/1988
Municipal de la Tebaida Q.
Juzgado 6° Penal Municipal de Oficial Mayor 08 3/03/1988 a 20/10/1988
Armenia Q.
Juzgado 3° Civil del Circuito de Oficial Mayor 09 21/10/1988 a 29/08/1991
Armenia Q.
Tribunal Superior, Sala Laboral Secretario 30/08/1991 a 10/08/2001
del Quindío.

c) A través de petición del 2 de agosto de 2014 con radicado 201472243948217 el
demandante solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión conforme al Decreto
546 de 1971.

d) La entidad demandada mediante oficio UGPP 20149904822561 del 21 de agosto del
201418 le indicó que los documentos que anexó se encuentran incompletos, por lo
tanto, hasta que no sean allegados no se podía continuar con el trámite de la pensión
gracia (sic).

e) Por medio de escrito de agosto de 2014 con radicado 20147222612382 19, el actor
precisó que no solicitó la pensión gracia, sino la pensión de vejez de conformidad con
el Decreto 546 de 1971 y solicitó respuesta de fondo a su requerimiento inicial.

f) La UGPP resolvió la anterior solicitud a través del oficio UGPP 20149904990451 del 5
de septiembre de 201420, en la cual reiteró que los documentos anexos están
incompletos.

g) A través del auto ADP 169 del 15 de enero de 201521, la UGPP remitió por competencia
a COLPENSIONES la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez del
accionante conforme al Decreto 546 de 1971. Inconforme con la anterior decisión,
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales son declarados

15
Índice 02 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta expdig, archivo
3.DocumentoIdentidad.
16
Índice 02 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta expdig, archivo
3.CertificadoSalarial.
17
Índice 02 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta expdig, archivo
4.DerechoPetición.
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Índice 02 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta expdig, archivo
6.RespuestaDerechoPetición.
19
Índice 02 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta expdig, archivo
7.SolicitudResolverdeFondo.
20
Índice 02 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta expdig, archivo
8.RespuestaASolicitud.
21
Se puede evidenciar en el radicado UGPP 20157221106371 del 20 de marzo de 2015.
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Demandante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Demandada: UGPP

improcedentes por medio del radicado UGPP 20157221106371 del 20 de marzo de
201522.

h) Mediante acto ficto presunto surgido del silencio administrativo frente la falta de
respuesta de fondo a la solicitud del 2 de agosto de 2014 se negó el reconocimiento
de pensión de vejez conforme a lo previsto en el Decreto 546 de 1971.

i) De conformidad con la información contenida en la página electrónica del Ministerio
de Salud y Protección Social (registro integral de información de la protección social,
SISPRO, y registro único de afiliados, RUAF23), en la hora actual el demandante es
beneficiario activo de una pensión de «vejez» del «régimen de prima media con tope
máximo de pensión», a cargo de COLPENSIONES, cuyo reconocimiento y pago fue
ordenado por la Resolución «36505» de «2024-02-05», como se evidencia en el
segmento de la captura de pantalla que a continuación se muestra:

Entidad Pagadora de Entidad que reconoce Tipo de Estado Tipo de Fecha Número
pensión la pensión Pensión Pensionado Resolución Resolución
Pensión PG
ADMINISTRADORA ADMINISTRADORA VEJEZ Activo Régimen de 2024-02- 36505
COLOMBIANA DE COLOMBIANA DE prima media 05
PENSIONES PENSIONES con tope
COLPENSIONES COLPENSIONES máximo de
pensión

3.7.2. Análisis sustancial de la Sala

28. El demandante pretende que se le reconozca la pensión de vejez del régimen
especial de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público previsto en el
Decreto 546 de 1971, para lo cual alega que acreditó los requisitos de dicho régimen
especial de la Rama Judicial, esto es 20 años de servicio y 55 años de edad, por tener
acreditadas 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.

29. La UGPP le negó la solicitud de reconocimiento de pensión de vejez conforme al
Decreto 546 de 1971 mediante el acto presunto producto de la falta de respuesta a la
petición del 2 de agosto de 2014.

30. La Sala comparte el criterio del a quo en relación a que no es objeto de discusión si
Sabel Reinerio Arévalo Arévalo no cumple con los presupuestos del artículo 36 de la
Ley 100 para ser beneficiario del régimen de transición, como se constata al observar
que nació el 17 de junio de 1959, lo que significa que para el día 30 de junio de 1995,
fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones a nivel territorial,
contaba con 36 años de edad y en la relación al tiempo de servicios, se tiene que inició
a laborar el 1 de noviembre de 1980, por lo que al 30 de junio de 1995 tenía un poco
más de 14 años de servicio, por lo que tampoco cumple con ese requisito.

31. Sobre el particular la Sala anota, que como el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de
2005 ordenó la finalización definitiva de la transición pensional del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, a partir del 31 de diciembre de 2014, entonces, las personas interesadas
en acceder a una pensión bajo el régimen de transición, deben demostrar que
consolidaron su estatus pensional, esto es: la edad y el tiempo de servicio exigido en
el respectivo régimen especial, antes la extinción del régimen de transición.

22
Índice 02 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta expdig, archivo
11.RespuestaRecursodeReposición.
23
https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx. La página se consultó el sábado 5 de julio de 2025.
10

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Demandante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Demandada: UGPP

32. Sin embargo, la Sala reitera que dicho beneficio transicional culminó el 31 de
diciembre de 2014, fecha hasta la cual, de acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005,
se permitió la vigencia de los regímenes de transición.

33. Por lo tanto: (i) el actor no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, porque al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de
la norma ídem, tenía menos de 40 años de edad y menos de 15 años de servicios
cotizados, (ii) dicho beneficio transicional culminó el 31 de diciembre de 2014, fecha
hasta la cual, por orden del Acto Legislativo 01 de 2005, se permitió la vigencia de los
regímenes de transición.

34. Por consiguiente, el reconocimiento de la pensión del demandante debía hacerse
conforme a la Ley 100 de 1993, como bien lo estudió el a quo, que de manera acertada
concluyó, que Sabel Reinerio Arévalo Arévalo, no era beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, es preciso señalar que si
bien laboró por más de 20 años en la Rama Judicial no le es aplicable el régimen
especial previsto en el Decreto 546 de 1971.

35. En efecto, así ocurrió, pues la consulta que la Sala realizó en el RUAF mostró que
mediante Resolución 36505 del 5 de febrero de 2024 COLPENSIONES reconoció al
demandante una pensión de vejez del régimen de prima media con tope máximo de
pensión, es decir, de conformidad con la Ley 100 de 1993.

3.8. Conclusión de la decisión

36. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez conforme al
Decreto 546 de 1971, porque no es beneficiario del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

37. Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia de
primera instancia, y, en consecuencia, el acto administrativo presunto demandado,
conserva su presunción de legalidad.

3.9. Costas

38. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 24 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte

24 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Demandada: UGPP

vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandante, y en esta instancia recurrente, haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 16 de junio de 2022
por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Sabel Reinerio Arévalo
Arévalo.

Segundo: No condenar en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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