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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01779-02

Fecha
18 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01779-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por la señora María Isabel Arango Henao contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO. – MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, que quedará así: SEGUNDO: Por lo que, para el Restablecimiento del Derecho, se computará el tiempo desde el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010)», por efecto del fenómeno de la prescripción, como se explicó en la parte motiva TERCERO. - ADICIONAR el numeral tercero de la sentencia de Primera Instancia, el cual quedará de la siguiente manera TERCERO: Por concepto de restablecimiento del derecho, CONDENÉSE a RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar a la señora MARIA ISABEL ARANGO HENAO, sus prestaciones sociales, laborales, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales existentes entre lo liquidado hasta ahora por la Administración, para que se tenga en cuenta como base el 100% de su salario básico, adicionando el 30% a título de Prima Especial, prevista en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Dicho reconocimiento tendrá lugar durante el tiempo en que la demandante ejerció el empleo que le permitía percibir la mencionada 21 Número interno: 7556-2023) Demandante: María Isabel Arango Henao Demandada: Nación – Rama Judicial prestación. En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el gobierno nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad verifique los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deberá reliquidar y pagar a favor de la señora María Isabel Arango Henao las […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-01779-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

18 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 05001-23-33-000-2015-01779-02 (7556-2023)1
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Prima de servicios - Ley 4 de 1992
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023), proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, que accedió a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones.

María Isabel Arango Henao, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo CPACA, para solicitar lo siguiente:

Se declare la nulidad de los actos administrativos; Resolución No.
4324de 23 de Marzo de 2012, mediante la cual se niega una
petición de reconocimiento de reliquidación y pago efectivo del
salario en un 30% impagado junto con la liquidación de

1
Expediente digital, puede ser consultado en Samai, Consejo de Estado, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201501779021100103
2
Expediente digitalizado, índice 2 aplicativo Samai

Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

prestaciones sociales correspondientes a dicho porcentaje y del
reconocimiento de las prestaciones sociales que correspondan a
la prima especial 2, establecida por, altas cortes con factor salarial;
de Ia misma manera, de la Resolución No 4560 de 16 de Abril
de 2012, que concede la apelación, y Ia No 3339 de fecha 28 de
Junio de 2012, notificada el día 27 de Julio de 2012, que confirma
la decisi6n inicial. Todo lo anterior, con ocasión que el pago
estimado como sueldo mensual por la labor realizada por mi
mandante, corresponde en un 100% a salario, mientras que dicha
petición negativa, no reconoce que el salario y demás prestaciones
se hace solo sobre la base del 70% del salario legalmente
asignado por decreto, todo ello con base en lo expuesto en la
jurisprudencia que sobre el tema ha emitido Ia Corte Constitucional
y el Consejo de Estado.

A título de restablecimiento del derecho, la demandante pidió que se ordene: i) el
pago de la asignación salarial prevista en la Ley 4ª de 1992, en un 100%; ii) el pago
del saldo restante del salario; iii) la reliquidación de todas las prestaciones sociales
sobre la base del 100% del salario ordenado por el gobierno nacional; vi) la
indexación de las sumas pagadas, de acuerdo con el «artículo 178 del CCA»

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La demandante informó que se encuentra vinculada a la Rama Judicial Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y, en la actualidad, desempeña el cargo de Juez
Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

Que, por la labor desempeñada, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional Antioquia, ha pagado como contraprestación, solamente el 70% del
salario que regularmente certifica el Gobierno Nacional, en los decretos que
reglamenta anualmente, de conformidad con lo previsto en la Ley 4ª de 1992; y el
restante 30% es consignado como una prima especial, sin carácter salarial.

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

La señora Arango Henao afirmó que, esta manera de liquidar el sueldo, desconoce
lo dispuesto en el decreto reglamentario de la Ley 4ª de 1992, es decir, el pago del
100% del salario y prestaciones, y un 30% adicional, como bonificación. La
accionante aseguró que se encuentra acogida al régimen salarial vigente desde
1993.

Que, el artículo 14 de la Ley 4ª de 19943 señaló que el Gobierno Nacional debía
establecer una prima no inferior al 30%, ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial, para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público;
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces
de Instrucción Penal Militar.

El Gobierno Nacional cumplió parcialmente lo ordenado en la disposición que se
invoca, puesto que, realizó una indebida interpretación de la Ley Marco y sus
decretos reglamentarios, toda vez que, solamente pagó el 70% del valor relacionado
para cada año como salario y, el saldo restante, del 30% lo adopta como prima
especial.

La señora María Isabel Arango sostuvo que, el 16 de febrero de 2012, solicitó a la
Dirección Ejecutiva Seccional, Sala Administrativa de Antioquia, lo siguiente: «el
pago del salario básico y el reajuste de Ia prima especial 2; ordenado legalmente
conforme a cada uno de los decretos que sobre el tema de salarios y prestaciones
viene expidiendo el Gobierno Nacional, año por año, en cumplimiento de Ia Ley 4a
de 1992; en especial para los años 2008, 2009, 2010, y la liquidación contenida en
la Resolución No 2018 de 23 de enero de 2012; (…), teniendo presente que durante
esos años, se viene cancelando un salario básico y prima especial 2, diferente a lo
ordenado legalmente, esto es, tan solo el 70% del salario legalmente ordenado,
asignado al saldo restante 30% una prima especial 2 sin carácter salarial, cuando
el mismo sí constituye factor salarial».

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia, por medio de la
Resolución No. 4324 del Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Doce (2012), negó la

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Ley marco de la Administración de Justicia

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

petición de María Isabel Arango Henao, al considerar que la prima especial
reclamada conserva un carácter no salarial.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La demandante explicó que, los actos enjuiciados vulneraron las siguientes normas
de carácter convencional, constitucional y legal:

Los artículos 13, 53, 150 y 189 de la Constitución Política; el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992; el artículo 6º del Decreto 57 de 1993; el artículo 8 del Decreto 723 de
2009; el artículo 8 del Decreto 1039 de 2011.

La parte demandante argumentó que, de la lectura de los actos demandados
fácilmente se puede concluir que se apartan del ordenamiento jurídico, en especial,
del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y, además, aplican decretos que contravienen
el ordenamiento jurídico, con lo que se evidencia la falsa motivación en las
decisiones cuestionadas y una violación a las normas en las que debía fundarse.

2. Contestación de la demanda4.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. La Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Antioquia, manifestó que, los actos administrativos
demandados, no adolecen de vicios de los que pueda derivarse la declaración de
nulidad, toda vez que, fueron proferidos en debida forma, y con la observancia plena
de las normas jurídicas en las que deberían fundarse, que se refieren al régimen
salarial y prestacional del Sector Público.

La entidad demandada precisó que, la prima especial tiene como finalidad estimular
al funcionario judicial con un beneficio económico y se otorga de acuerdo con los
lineamientos legales dispuestos para el efecto, sin embargo, no constituye factor
salarial; de ahí que, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

3. La sentencia de primera instancia5.

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Expediente digital, Índice 2 Samai
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Ídem

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, mediante sentencia
proferida el treinta y uno (31) de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023) accedió a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas6, de la siguiente manera:

PRIMERO: Declárase la Nulidad Parcial de la Resolución No. 4324
del 23 de marzo de 2012 y la Resolución No. 3339 del 28 de junio de
2012, notificada el día 27 de Julio de 2012, que confirman la decisión
inicial proferidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Medellín.

SEGUNDA: Para el Restablecimiento del Derecho, se computará el
tiempo desde la fecha en que se presentó la demanda y tres años
atrás.

TERCERO: Por concepto de restablecimiento del derecho,
CONDENÉSE a RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar a la señora MARIA
ISABEL ARANGO HENAO, sus prestaciones sociales, laborales, el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales existentes entre lo
liquidado hasta ahora por la Administración, con el 70% de su salario
básico y la liquidación que resulte teniendo como base 100% de su
salario básico, incluyendo el 30% de este, que la misma
Administración ha tomado para darle el título de Prima Especial sin
carácter salarial y el reconocimiento y pago de esta, como adición o
agregado a la asignación básica, prevista en el Artículo 14 de la Ley
4ª de 1992.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENÉSE a RAMA
JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA
ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a ajustar y actualizar los valores
reclamados de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC),
con el reconocimiento de intereses, de conformidad con los Artículos
187, 189 y 192 del Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

QUINTO: Se declara de Oficio la Prescripción trienal de todos los
rubros incluidos en las anteriores condenas, se contabilizará la misma
la fecha de la presentación de la demanda, es decir, el 12 de
septiembre de 2015 y hasta tres años atrás, de conformidad con el
Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. (…)

El Tribunal, encontró acreditado que la demandante presta sus servicios para la
Rama Judicial, en el cargo de Juez Tercero Penal del Circuito Especializada, en

6
Folios 147 a 154.

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

Medellín, Departamento de Antioquía; por ello, fue destinataria de las disposiciones
del Gobierno nacional sobre la prima de servicios, sin carácter salarial, incluida en
los Decretos 057 de 1993, Decreto 723 de 2009, Decreto 1388 de 2010, Decreto
1039 de 2011, Decreto 0874 de 2012, Decreto 106 de 1994, Decreto 043 de 1995,
Decreto 036 de 1996, Decreto 076 de 1997, Decreto 064 de 1998, Decreto 044 de
1999, Decreto 2740 de 2000, Decreto 2720 de 2001, Decreto 0673 de 2002, Decreto
682 de 2002; Decreto 683 de 2002; Decreto 3548 de 2003; Decreto 3568 de 2003;
Decreto 3569 de 2003; Decreto 4169 de 2004; Decreto 4171 de 2004 y Decreto
4172 de 2004.

El Gobierno nacional, con la expedición de estos decretos pretendió cumplir a la
orden del artículo 14 de la Lay 4ª de 1992, para que estableciera una prima especial,
sin carácter salarial para los funcionarios judiciales; no obstante, la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos es una competencia que
radica en el Constituyente, en cabeza exclusiva del Gobierno Nacional y la
normativa debe observar lo ordenado por el legislador.

El Congreso no autorizó al Gobierno –ni podía hacerlo- a crear la prima especial de
servicios, porque la definición del régimen salarial y prestacional de los Funcionarios
Judiciales corresponde al segundo, mientras que al primero sólo se le atribuyó la
facultad de expedir las normas con los criterios y objetivos a los que debe ceñirse
el Ejecutivo.

Además, el Gobierno tampoco puede, so pretexto de cumplir un mandato de la Ley
Marco, restar de la asignación básica un porcentaje para privarlo de su carácter
salarial. Por algo se denomina asignación básica, puesto que, es la base para el
cálculo de las prestaciones sociales y de las cotizaciones al sistema de seguridad
social.

El A-quo concluyó que, por contrariar los criterios y objetivos trazados en la Ley 4ª
de 1992, a las disposiciones que despojaban de su carácter salarial el 30% del
sueldo básico, debería habérseles negado su autoridad normativa, sin necesidad
incluso de declaración judicial que así lo decidiera. La Sentencia de nulidad del 29

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

de abril de 2014 sólo consolidó una postura jurídica derivada de los artículos 4 de
la Constitución y del Artículo 2 de la Ley 4ª de 1992.

4. Los recursos de apelación7.

La demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia. En concreto,
sostuvo lo siguiente:

Invocó la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, mediante Sentencia SUJ-016-CE-S2-
2019, de fecha 02 de septiembre de 2019, radicado 2016- 00041-02;
posteriormente trascribió algunos apartes de la sentencia, sin mencionar cual es la
razón del desacuerdo con la providencia de Primera Instancia.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Antioquia sostuvo que, de
acuerdo con el Decreto 272 de 2021, desde el mes de abril de 2021 se pagó por
nómina, la prima especial del 30%, como valor adicional a la asignación básica; pero
resulta inviable pagar las obligaciones anteriores a 2021, toda vez que, no existe
apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
que permita cubrir dichas acreencias laborales.

Maria Isabel Arango Henao presentó recurso de apelación contra la sentencia de
Primera Instancia, solicitó revocar los numeras 5 y 6 de la sentencia, puesto que,
incurrió en un error al establecer la fecha de prescripción.

La demandante sostuvo que, la petición inicial fue presentada el 16 de febrero de
2012, por lo tanto, esta reclamación interrumpió la prescripción por el término de
tres años, por ello, los periodos que se encontrarían prescritos son los anteriores al
16 de febrero de 2009.

Lo anterior, porque la fecha de presentación de la demanda, no es la que interrumpe
el término de prescripción de los derechos laborales, sino el simple reclamo del

S
Samai tribunales

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Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

trabajador, por ello, si la petición se realizó el 16 de febrero de 2012, el derecho
debe reconocerse desde el 16 de febrero de 2009.

5. Trámite de segunda instancia

A través del auto del cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)8, este
despacho admitió el recurso de apelación presentado por las partes y, de
conformidad con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió
del periodo para para alegar.

CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, a menos que ambas partes hayan apelado la sentencia o la
parte que no apeló haya adherido al recurso, en cuyo caso, la segunda instancia
decide sin limitaciones.

2.2 Problemas jurídicos

De acuerdo con los recursos de apelación presentados por las partes, la Sala
deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

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Índice 4 Samai
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»

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Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

¿El argumento presentado por la entidad demandada sobre la imposibilidad
presupuestal para el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en los periodos anteriores a 2021, y las diferencias
salariales y prestacionales ocasionadas por la disminución de la remuneración
mensual; constituye una razón válida para negar la pretensión?

¿En el presente asunto, operó el fenómeno de la prescripción extintiva? En caso
afirmativo: ¿desde cuándo se produjo la prescripción de las diferencias adeudadas?

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso
concreto.

Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.

Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, literal e) de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas,
dictar las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador expidió
la Ley 4 de 1992, la cual, en el artículo 14 creó la prima especial de servicios como
un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de Guerra y jueces de
Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

Posteriormente, el Gobierno nacional mediante el Decreto No. 57 de 199310,
estableció un nuevo régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar en Colombia, por lo que,
en su artículo 2° otorgó a dichos funcionarios la posibilidad de optar, por una sola
vez y dentro de un plazo determinado, por acogerse a las nuevas condiciones
establecidas. En su tenor literal, el artículo 2° refiere lo que a continuación se cita:

«ARTÍCULO 2º. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y
a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de
febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el
presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen
aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas
legales vigentes a la fecha»

Por su parte, el artículo 6 del referido decreto sostuvo que: «se considerará como
prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de
los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
Contencioso Administrativo, de los jueces de la República, de los magistrados y
fiscales del Tribunal Superior Militar, los auditores de guerra y jueces de Instrucción
Penal Militar».

Vale recordar que, el Gobierno nacional ha expedido una serie de decretos
salariales (entre ellos los Decretos N° 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y así
sucesivamente hasta el 594 de 202511), mediante los cuales reafirmó que la prima
especial del 30% otorgada a ciertos funcionarios judiciales no tiene carácter salarial.
Esta prima, establecida conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se reconoció
como un pago adicional al salario básico de magistrados, jueces, fiscales del
Tribunal Superior Militar y otros cargos judiciales y administrativos, sin que formara
parte del salario para efectos como cesantías o liquidaciones ordinarias.

De igual manera, los Decretos 106 de 1994, 43 de 1995 y 36 de 1996 dispusieron

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«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de
la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones».
11
“ARTÍCULO 4. Prima especial. Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, con excepción de los
señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir a partir del 1 de enero de 2025, una prima especial,
sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico.”

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

que para determinados servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura,
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, tales
como el secretario general, magistrado auxiliar, jefe de control interno, directores
(administrativo, de planeación, del Registro Nacional de Abogados, de unidad),
secretario de sala o sección y relator; de la Dirección Nacional de Administración
Judicial, directores nacional, administrativo y seccional; y de los tribunales judiciales,
abogado asesor; el treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual tendría la
naturaleza de prima especial sin carácter salarial.

De acuerdo con este contexto, surgió una primera interpretación que sostenía que
la prima especial creada por el Congreso de la República en virtud de la Ley 4 de
1992 equivalía al 30 % de la asignación básica, suma que debía considerarse
adicional al 100 % de dicha asignación, resultando en un total del 130% [producto
de adicionar la prima al salario básico]; y, una segunda interpretación que, afirmaba
que la asignación mensual básica debía entenderse como el 70% del ingreso,
siendo el 30% restante el valor correspondiente a la prima especial de servicios
recientemente instituida, de modo que ambos componentes conformaban el 100 %
de la remuneración laboral del servidor público; es decir que, se deducía del total el
porcentaje reconocido como prima.

Atendiendo a las diferencias interpretativas sobre el alcance de la mencionada
prima especial, esta Sección, a través de la sentencia proferida el 29 de abril de
201412, declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
al considerar que, «de acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto
es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno nacional contravino los criterios
fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como

“SEGUNDO. Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes Artículos:
12

9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del
Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del
Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del
Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del
Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999;
6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000;
9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de
2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682
de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del
Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004;
8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006;
6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007;
8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.”

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

se pudo observar, el literal a) del artículo 2 de la mencionada Ley estableció que de
ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin
embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».

Con posterioridad, esta vez a través de la Sala de Conjueces, la Sección Segunda
de la Corporación, profirió la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019, en la
cual, analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios contemplada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que, corresponde a un valor
adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la remuneración
derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un
elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En
la sentencia, se fijaron las siguientes reglas de unificación, que sirven de parámetro
de interpretación para definir los casos en los que se discute el reconocimiento de
dicha prima especial.

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de
la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial,
Fiscalía, Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin
que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir,
con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes
no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que
por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías.
Este 80% es un piso y un techo.

Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, se procede a decidir el presente caso.

2.2 Hechos probados. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

1) De acuerdo con la certificación de la Oficina de Talento Humano de la
«Dirección seccional de la Rama Judicial Medellín- Antioquia», se evidencia
que, la señora Arango Henao María Isabel se encuentra vinculada a la Rama
Judicial, Dirección Seccional de Medellín, Departamento de Antioquia, de
acuerdo con los siguientes tiempos:

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

Cargo Desde Hasta
Auxiliar Judicial grado 1 marzo 1 de 2002 diciembre 31 de
2002
Auxiliar Judicial grado 1 enero 1 de 2003 septiembre 16 de
2003
Juez Municipal, Juzgado 40 septiembre 17 de diciembre 31 de
Penal Municipal de Medellín 2003 2003
Juez municipal, Juzgado 40 enero 1 de 2004 enero 13 de 2004
Penal Municipal de Medellín
Auxiliar Judicial Grado 1 enero 14 de 2004 septiembre 30 de
2004
Auxiliar Judicial Grado 1 octubre 1 de 2004 diciembre 31 de
2004
Auxiliar Judicial Grado 1 enero 1 de 2005 abril 30 de 2005
Juez, Juzgado 003 Penal mayo 1 de 2005 julio 31 de 2005
Municipal de Bello
Auxiliar Judicial Grado 1 agosto 1 de 2005 diciembre 31 de
2005
Auxiliar Judicial Grado 1 enero 1 de 2006 junio 19 de 2006
Juez, Juzgado 023 Penal junio 20 de 2006 diciembre 31 de
Municipal de Conocimiento 2006
de Medellín
Juez, Juzgado 023 Penal enero 1 de 2007 diciembre 31 de
Municipal de Conocimiento 2007
de Medellín
Juez, Juzgado 023 Penal enero 1 de 2008 mayo 5 de 2008
Municipal de Conocimiento
de Medellín
Juez, Juzgado 039 Penal Mayo 6 de 2008 Octubre 31 de 2008
Municipal de Pequeñas
Causas de Medellín
Juez, Juzgado 039 Penal Noviembre 1 de diciembre 31 de
Municipal Control de 2008 2010
Garantías de Medellín

2) Constancia de servicios prestados, de la Directora Administrativa de la
División de Tesorería de la Dirección Seccional de Administración Judicial
Antioquia, del 21 de julio de 2014; en la cual se indica que la a señora María
Isabel Arango Henao, se le hicieron los siguientes pagos:

Año/cargo Período Devengados
2011 Enero a diciembre. Sueldo básico, prima

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

Juez En el mes de febrero, además, la especial de servicios (2),
bonificación por servicios prima técnica
prestados; en junio y
diciembre, también, la prima
especial de servicios,
vacaciones y prima de
vacaciones, bonificación por
actividad judicial
2012 Enero a diciembre. Sueldo básico, servicios
juez En el mes de febrero, además, la autorizados por la ley,
bonificación por servicios prima especial de servicios
prestados; en junio y (2),
diciembre, también, la prima
especial de servicios,
vacaciones y prima de
vacaciones, bonificación por
actividad judicial
2013 Enero a diciembre. Sueldo básico, servicios
juez En el mes de febrero, además, la autorizados por la ley,
bonificación por servicios prima especial de servicios
prestados; en junio y (2),
diciembre, también, la prima de
servicios, vacaciones y prima de
vacaciones, bonificación por
actividad judicial
2014 Enero a diciembre. Sueldo básico, bonificación
juez En el mes de febrero, además, la por servicios prestados (2),
bonificación por servicios prima especial de servicios
prestados; en junio y (2), bonificación judicial
diciembre, también, la prima
especial de servicios,
vacaciones y prima de
vacaciones, bonificación por
actividad judicial

3) El 16 de febrero de 2012 la señora Arango Henao solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Antioquia la reliquidación y el pago efectivo de las
diferencias que se causaron por la ausencia de pago de la prima especial de
servicios.
4) A través de la Resolución No. 4324 del 23 de marzo de 2012, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Medellín, departamento de
Antioquia, negó la petición, esta decisión fue confirmada por la Resolución
No. 3339 del 28 de junio de 2012.

15

Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
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2.3. Caso concreto

La señora María Isabel Arango Henao solicitó la nulidad de las resoluciones: No.
4324 de veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012), Resolución No 4560 de
dieciséis (16) de abril de dos mil doce (2012), y Ia No. 3339 del veintiocho(28) de
junio de dos mil doce (2012), a través de las cuales, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Medellín, Departamento de Antioquia, negó el
reconocimiento de la reliquidación y pago efectivo del 30% del salario mensual, por
concepto de prima especial de servicios, de acuerdo con lo previsto en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1993.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, mediante sentencia
proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023) accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que, la demandante tiene el derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial, como un incremento adicional a la
asignación básica y, por ello, accedió a las pretensiones de la demanda, para lo
cual ordenó a la entidad demandada, reconocer y pagar, el reajuste salarial que
corresponda al 30% del salario básico mensual.

La parte demandada, presentó recurso de apelación, en el que, argumentó que
existe una imposibilidad presupuestal, para pagar la prima especial de servicios. La
parte demandante, impugnó la decisión, para que se modifique la fecha en la que
se configuró la prescripción.

Debe precisarse que, conforme se dijo en precedencia, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que, la prima especial debe ser
adicional al 100% del salario básico y/o asignación básica, y no una parte de
este, como se venía liquidando por la entidad accionada; así mismo, ha quedado
sentado que aquella – prima especial de servicios- solo es factor salarial para el
pago de aportes pensionales y, en consecuencia, no sirve de base para la
liquidación de prestaciones sociales; no obstante, tales prestaciones sociales deben
ser liquidadas teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle o
restarle el 30% de la prima especial de servicios. Son beneficiarios de la citada
prima, entre otros, quienes desempeñen cargos de jueces.

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

En el sub examine, de acuerdo con el material probatorio allegado legal y
oportunamente al proceso, se evidencia que la señora María Isabel Arango Henao
ejerció como juez de la República en los siguientes tiempos: del 17 de septiembre
de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003, del 1 de enero de 2004 hasta el 13 de
enero de 2004, del 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2005, del 20 de junio de 2006
hasta el 31 de diciembre de 2010 (hecho probado número 1).

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, al caso de la accionante le resulta
aplicable el entendimiento jurisprudencial establecido por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019; concluyéndose
que, en los periodos en que ha prestado sus servicios como juez; le asiste el
derecho al reconocimiento y pago del equivalente al 30% por la prima especial de
servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, aclarándose que en
ningún caso se podrá superar el valor máximo fijado por el Gobierno Nacional.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Medellín, Departamento
de Antioquia manifestó que es imposible el reconocimiento pedido por la señora
Arango Henao, toda vez que, no existe apropiación presupuestal para el efecto.

Debe señalarse que, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 dispuso la obligación de
reconocer y pagar la prima especial, como un porcentaje adicional del salario
básico. Por consiguiente, la negativa del reconocimiento y pago de esta prima
contraviene el derecho salarial consagrado en la norma mencionada y, además,
perjudica los aportes que, conforme a la misma disposición deben efectuarse al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

En consecuencia, la entidad demandada está obligada a gestionar los recursos
necesarios para dar cumplimiento a la obligación legal establecida, sin que sea
admisible desconocer el derecho laboral y prestacional protegido por la Constitución
Política en sus artículos 48 y 53, bajo el argumento de planificación presupuestal.
Es preciso resaltar que, el aporte para pensión constituye un derecho irrenunciable
e imprescriptible.

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Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

Al respecto, la Corte Constitucional13 ha sostenido de manera reiterada que las
dificultades económicas y presupuestales que enfrentan diversas entidades
públicas no justifican el incumplimiento de las obligaciones laborales, por lo que tal
circunstancia no exime a la entidad demandada de su deber legal.

Vistas así las cosas, es deber ineludible de la entidad demandada gestionar y
disponer de los recursos necesarios para cumplir con la obligación legal que le ha
sido impuesta, sin que pueda ampararse en la planificación presupuestal para
desconocer los derechos laborales y prestacionales que la Constitución Política
protege en sus artículos 48 y 53. De acuerdo con ello, la respuesta al primer
problema jurídico es negativa.

De otra parte, la demandante sostuvo que el A-quo, incurrió en un error cuando
contabilizó el término de prescripción. Sobre el particular, la sala precisa que, el
legislador estableció el fenómeno de la prescripción, de manera que se pagan
solamente las prestaciones causadas hasta tres (3) años antes de la fecha en que
se haya formulado la correspondiente reclamación ante la entidad de previsión,
conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 196814.

En el sub lite la demandante, pretende que se restablezca el carácter salarial de las
30% de la asignación básica durante el periodo 2009, 2010, 2011, 2012 y hasta la
fecha de presentación de la demanda. Sobre el particular, ¿ se encuentra
evidenciado que el dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012), la accionante
solicitó el reconocimiento de la prima especial, y de las diferencias y reajustes a los
que hubiere lugar. La entidad demandada, a través de la Resolución 4324 del 23
de marzo de 2012, negó la reclamación, decisión confirmada por la Resolución
3339 del 28 de junio de 2012 (notificada el 27 de julio de 2012). La demanda se
presentó el 22 de noviembre de 201215 .

13 SU-090 de 2000, magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, T- 259 de 1999, magistrado ponente Alfredo

Beltrán Sierra.
14 “Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres

años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, El simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ente la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.
15 De acuerdo con el sello que obra en la sentencia escaneada, adjunta al expediente digital, visible en Samai,
actuaciones en otros despachos

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

Ahora bien, en relación con el segundo problema jurídico, orientado a determinar,
sí el tribunal A-quo, se apartó de la forma de contabilizar la prescripción señalada
por la jurisprudencia, la Sala considera que, este punto no tiene mayor discusión,
teniendo en cuenta que, en efecto, la Sentencia de Unificación SUJ-016-CE-S2-
2019, para contabilizar la prescripción dispuso la siguiente regla:

«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar
la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la
fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de
allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969»

En este orden, se tiene que, la Primera Instancia, contrario a lo precisado en la regla
que se acaba de transcribir, contabilizó el término de prescripción «desde la fecha
en que se presentó la demanda y tres años atrás». En el sub lite, la reclamación
administrativa se realizó el dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012), lo que
significa que prescribieron los periodos anteriores al dieciséis (16) de febrero de dos
mil nueve (2009).

Para la Sala, sin acudir a mayores disquisiciones, de acuerdo con lo demostrado,
es claro que el argumento de la demandante es acertado, y en tal sentido, se
modificará la sentencia atacada.

Finalmente, debe precisarse que, comoquiera que la prima especial de servicios es
base para la liquidación de aportes pensionales, aun cuando este aspecto no fue
parte de los reproches al fallo, debe esta instancia pronunciarse dada la
característica de irrenunciables e imprescriptibles de aquellos.

Así las cosas, se precisa que, sobre el reajuste salarial y prestacional aquí ordenado
debe la entidad realizar los aportes al sistema de seguridad social en pensión
respectivos.

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Número interno: 7556-2023)
Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

Aunado a lo anterior, debe indicarse que, si bien sobre el derecho al reajuste salarial
y prestacional que aquí se ordena opera la prescripción en los términos que dispuso
el Tribunal, esto es, los causados «3 años atrás a la presentación de la demanda»;
no es menos cierto que, sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones no opera la citada figura jurídica; ante ello, se ordenará a la entidad
que proceda a realizar el pago de dichos aportes pensionales sobre el 100%, esto
es con el incremento del 30% sobre lo que venía recibiendo, que corresponde a la
prima especial de servicios en mención, en el evento de no haberse efectuado aquel
pago de aportes pensionales, durante los periodos en que la demandante ha
ejercido el cargo de Juez y, por tanto, era acreedora de la citada prima.

En virtud de ello, se adicionará la sentencia del tribunal ordenando el pago de los
aportes pensionales en la forma indicada anteriormente

Finalmente, la Sala considera necesario precisar que, el reconocimiento y pago de
la prima especial ordenado en la sentencia de primera instancia es procedente por
el tiempo en que la demandante permanezca en el cargo que le da derecho a
devengarla de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. Lo anterior, sin perjuicio de que
la entidad verifique los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del
Decreto 272 de 2021, por medio del cual se establece la prima especial de que trata
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

En atención a lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará parcialmente la
sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023), proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, precisándose que se
modificará los numerales segundo y quinto, según lo expuesto en la parte motiva.

2.4 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del treinta y uno (31) de
marzo de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Conjueces, que accedió a las pretensiones de la demanda
promovida por la señora María Isabel Arango Henao contra la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.

SEGUNDO. – MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del treinta y uno
(31) de marzo de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala de Conjueces, que quedará así:

SEGUNDO: Por lo que, para el Restablecimiento del Derecho, se
computará el tiempo desde el veinticuatro (24) de mayo de dos
mil diez (2010)», por efecto del fenómeno de la prescripción, como
se explicó en la parte motiva

TERCERO. - ADICIONAR el numeral tercero de la sentencia de Primera Instancia,
el cual quedará de la siguiente manera

TERCERO: Por concepto de restablecimiento del derecho,
CONDENÉSE a RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar a la señora MARIA
ISABEL ARANGO HENAO, sus prestaciones sociales, laborales, el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales existentes entre lo
liquidado hasta ahora por la Administración, para que se tenga en
cuenta como base el 100% de su salario básico, adicionando el 30%
a título de Prima Especial, prevista en el Artículo 14 de la Ley 4ª de
1992. Dicho reconocimiento tendrá lugar durante el tiempo en que la
demandante ejerció el empleo que le permitía percibir la mencionada

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Demandante: María Isabel Arango Henao
Demandada: Nación – Rama Judicial

prestación. En ningún caso las sumas de dinero que se
reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el gobierno
nacional.

Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad verifique los pagos
realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de
2021, por medio del cual se establece la prima especial de que trata
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deberá
reliquidar y pagar a favor de la señora María Isabel Arango Henao las
cotizaciones o aportes hechos al sistema general de seguridad social
en pensiones, teniendo en cuenta el reajuste salarial y prestacional
aquí ordenado, durante todo el tiempo que la citado demandante haya
ejercido cargos que la hagan beneficiaria del reconocimiento de la
prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de
1993, sin aplicar el fenómeno de la prescripción.

CUARTO.- MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia de Primera
Instancia, que quedará así:

QUINTO: Se declara de Oficio la Prescripción trienal de todos los
rubros incluidos en las anteriores condenas, causados con
anterioridad al dieciséis (16) de febrero de dos mil nueve (2009).

QUINTO.- Sin condena en costas en esta instancia.

SEXTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA

23

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