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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01816-02

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01816-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria. En su lugar, se dispone: Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicación: 05001233300020150181602 (0915-2025) «ESTARSE a lo resuelto en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 y el 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia». Segundo: MODIFCAR el numeral quinto de la sentencia del veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, únicamente en lo siguiente: «QUINTO: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, a reliquidar y pagar a favor de la señora Margarita María Builes Echeverri, las prestaciones sociales y factores salariales que le fueron liquidadas con base en el 70% de su asignación básica mensual, con la inclusión del 30% restante que le fue descontado e imputado a título de prima especial sin carácter salarial, desde el 25 de septiembre de 2011, durante los períodos laborados como juez de la República y magistrada de tribunal, hasta que por razón de los cargos tenga derecho. Reconocer y pagar el 30 % del salario que fue disminuido de la asignación básica mensual y reconocido bajo la denominación de la prima especial de servicios, prevista en la Ley 4ª de 1992, desde el 25 de septiembre de 2011, durante los períodos laborados como juez de la República y magistrada de tribunal, hasta que por razón de los cargos tenga derecho». Tercero: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria. Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-01816-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001233300020150181602 (0915-2025)
Demandante: Margarita María Builes Echeverri
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Prima especial. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Margarita María Builes Echeverri interpuso demanda en contra de
la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad las disposiciones que
reglamentaron la prima especial para jueces y magistrados, en los Decretos 657 de
2008, 722 de 2009, 723 de 2009, 1405 de 2010, 1388 de 2010, 1041 de 2011, 1039
de 2011, 848 de 2012, 874 de 2012, 1034 de 2013, 1024 de 2013, 194 de 2014 y
204 de 2014.

3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones DESAJMR14-4886 del 1 de
octubre de 2014 y DESAJMR14-5079 del 4 de noviembre del mismo año, a través

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con la nivelación salarial de que trata el Decreto 1251 de 2009, objeto del presente proceso. De
igual manera, se precisa que, si bien el 5 de octubre de 2015, el doctor Jorge Iván Duque, en calidad de
magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, suscribió impedimento para conocer del asunto (art. 141-
1) de manera conjunta con los demás magistrados de dicha corporación, el cual fue aceptado por el Consejo
de Estado, el 18 de febrero de 2016, dicha actuación no constituye una gestión en instancia anterior, estuvo
dirigida a dar trámite al proceso, no se enmarca en ninguna causal de impedimento.

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de las cuales la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó
la reliquidación y el pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y
prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de
la Ley 4.ª de 1992, así como del acto ficto producto del silencio administrativo
negativo en el que incurrió la entidad frente al recurso interpuesto.

4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar la prima especial de
servicios en los términos definidos por el Consejo de Estado, y las diferencias
producto de la reliquidación de las prestaciones sociales y demás conceptos
percibidos sobre el 100 % de la remuneración, sin descontar el 30 % a título de
prima, durante todo el tiempo laborado en calidad de juez y magistrada.

5. Que se reajusten los aportes realizados a las entidades de seguridad social,
se actualicen los valores reconocidos, se condene en costas y se dé cumplimiento
a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que presta sus servicios en la Rama Judicial desde el 3 de marzo de 1997,
en calidad de juez de circuito y magistrada de tribunal. Que el 25 de septiembre de
2014, solicitó a la demandada el pago, de forma indexada, de las diferencias
salariales y prestacionales por concepto de prima especial de servicios, petición que
se negó a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Considera violados los artículos: 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 93, 125, 150 y
209 de la Constitución Política; Ley 4.ª de 1992, Ley 270 de 1996, Decretos 1042 y
717 de 1978; 610 y 1239 de 1998.

8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación porque la
entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima
especial correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del
mismo y no como un aumento, lo que generó una disminución en la asignación
básica y en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó entre
otras decisiones, la sentencia del 29 de abril de 20142, proferida por el Consejo de
Estado.

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. El 28 de julio de 2017 fue admitida la demanda. La entidad3 señaló que no
procede el reajuste de las sumas reclamadas por cuanto estas fueron pagadas
conforme a la normatividad vigente. Señaló que la prima especial de servicios no
constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales. Agregó que debe
aplicarse la prescripción trienal, teniendo en cuenta la causación del derecho.

10. Propuso como excepciones las de «ausencia de causa petendi-inexistencia
del derecho reclamado y cobro de lo no debido» y «legalidad de los actos
acusados».

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante sentencia
del veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)4, accedió
parcialmente a las pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una
disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios. Concluyó
que dicho emolumento no tiene carácter salarial y que no se le pagó a la
demandante puesto que fue aplicada a un 30 % de la asignación básica de aquella.

12. Inaplicó por inconstitucionalidad el artículo 8 de los decretos expedidos entre
2010 y 20145. Declaró la nulidad de los actos demandados6 y condenó a la entidad
a pagar la prima especial de servicios, calculada en un 30 % de la asignación básica
mensual, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional, así como a reliquidar las prestaciones sociales «y factores salariales que
le fueron liquidadas con base en el 70% de su asignación básica mensual, con la
inclusión del 30% restante que le fue descontado e imputado a prima especial sin
carácter salarial por los tiempos en que se desempeñó como Juez y Magistrada, y
así se seguirá liquidando mientras ostente las calidades exigidas por la Ley 4ª de
1992 […]. Lo anterior, siempre y cuando de su reliquidación pueda predicarse que
efectivamente se pagó un monto inferior al que tenía derecho»7.

13. Declaró la prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 25 de
septiembre de 20118; y dispuso descontar lo que corresponde, con destino a las
entidades de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la ley 9.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.

3 Folios 86 a 96.
4 Índice 40 de SAMAI del tribunal.
5 Numeral primero de la parte resolutiva.
6 Numerales segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva.
7 Numeral quinto de la parte resolutiva.
8 Numeral séptimo de la parte resolutiva.
9 Numeral octavo de la parte resolutiva.

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RECURSO DE APELACIÓN

14. La parte demandada10 interpuso recurso de apelación en el que pidió
revocar el fallo. Sostuvo que, de proceder el reconocimiento de la prima especial de
servicios, solo se liquidaría el período en el que la actora fungió como juez de la
República, pues en el tiempo en que laboró como magistrada de tribunal no aplica
tal erogación, dado que el salario de la demandante ya se encuentra nivelado, de
conformidad con el Decreto 610 de 1998 y se sobrepasaría el tope legal fijado para
el cargo, equivalente al 80 % de lo que por todo concepto perciben los magistrados
de las altas cortes.

15. Que, en caso de acceder a lo pretendido, hay lugar a cancelar las sumas
causadas con anterioridad al 25 de septiembre de 2011.

16. Que no puede disponer de reconocimientos económicos sin contar con la
respectiva disponibilidad presupuestal que respalde el gasto.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

17. El 25 de junio de 2026 se admitió el recurso y ni las partes ni el agente del
Ministerio Público se pronunciaron.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

18. Deberá resolver la subsección si la demandante tiene derecho a la prima
especial de servicios como componente adicional de la asignación básica y a la
reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de su remuneración;
si se configuró la prescripción sobre las sumas reclamadas, y si con la eventual
reliquidación se supera el tope del 80% que prevé el Decreto 610 de 1998.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

19. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría

10 Índice 42 de SAMAI del tribunal.

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Nacional del Estado Civil.

20. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No
obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
de 201411, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».

21. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201912, 11 de julio de 202313, 5 de septiembre de 202314, 5 de
diciembre de 202315, 6 de agosto de 202416 y 18 de diciembre de 202417. En
particular, se ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.

• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.

• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.

• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a
éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

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y por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.

22. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202418, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial « no
puede ser deducido del salario»19

Resolución del caso concreto

23. Se advierte que se condenó a la entidad a pagar la prima especial de servicios,
sin carácter salarial, calculada en un 30 % de la asignación básica mensual de la
demandante, y las diferencias que surjan del reajuste de las prestaciones sociales
que fueron liquidadas con base en el 70 % de la remuneración, con la inclusión del
30 % que se le descontó y se imputó a título de prima. Lo anterior, al encontrar
acreditado que laboró como juez de la República y magistrada de tribunal «desde
el año 1988(sic)»;20 y que percibió montos inferiores a los que le correspondían.

24. Pues, la entidad restó la prima especial de servicios del 100 % del salario,
aplicando una interpretación errónea de los decretos expedidos por el Gobierno
nacional a través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, de
modo que la liquidación de la remuneración y las prestaciones se realizó sobre el
70 % de la asignación básica. En esos términos, la actora es beneficiaria de las
diferencias que resulten del reajuste por dicho emolumento.

25. Ahora, contrario a lo sostenido por la entidad, el hecho de que la señora
Margarita María Builes haya devengado la bonificación por compensación prevista
en el Decreto 610 de 1998 no implica que pierda el derecho a obtener los valores
derivados de aquel porcentaje21, pues la citada norma prevé que esta bonificación,
sumada a la referida prima y a otros ingresos, deberá ser igual al 80% de lo que por
todo concepto perciben anualmente los magistrados de alta corte. De ahí que, la
demandada, al efectuar la reliquidación, debe corroborar que no se supere dicho
porcentaje, tal como se dispuso en primera instancia al emitir la orden de
restablecimiento del derecho: «sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional»22.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
19 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter

salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
20 Se advierte que de acuerdo con los certificados visibles a folios 31 a 44, la actora laboró como juez de la

República y magistrada de tribunal desde el 3 de marzo de 1997, lo cual coincide con lo señalado por la actora
en la demanda, folio 3 acápite de «HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA PETICIÓN».
21 Del 30% que se disminuyó de su salario.
22 Numeral quinto de la parte resolutiva.

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26. Esta corporación ha sostenido de manera pacífica23 que el derecho a la
prima especial se hizo exigible con la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993
que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de 1992, es decir, a partir del 7 de enero
de 1993. Desde entonces, la interesada podía interrumpir el término extintivo; de
modo que, como la reclamación administrativa fue radicada el 25 de septiembre de
2014, las sumas causadas con anterioridad al 25 de septiembre de 2011 están
afectadas por el fenómeno extintivo, así lo señaló el juez.

27. Aunque dicha figura no opera respecto de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible
que se reconoce en cabeza del servidor público que presta sus servicios laborales
al Estado24, ni en relación con las diferencias por concepto de las cesantías, tal
como se expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201625, lo cierto
es que en garantía de los derechos de defensa y debido proceso, en armonía con
los principios de doble instancia y non reformatio in pejus, la sala se abstendrá de
ordenar el reconocimiento de aquellos a partir de la fecha de vinculación (1997), en
atención a la condición de apelante único que tiene la entidad, y teniendo en cuenta
que tal aspecto no fue objeto de inconformidad por la interesada.

28. No obstante, con el fin de evitar interpretaciones al momento de la ejecución,
se modificará el numeral quinto de la sentencia, en el sentido de precisar que el
reconocimiento se hará desde el 25 de septiembre de 2011, durante los períodos
laborados como juez y magistrada de tribunal, hasta que desempeñe los cargos
beneficiarios. Ello teniendo en cuenta que, en la parte resolutiva, se dispuso que las
diferencias salariales y prestacionales debían cancelarse, en favor de la actora «por
los tiempos en que se desempeñó como Juez y Magistrada», lo cual podría dar lugar
a considerar que es por todo el lapso en que fungió como funcionaria judicial desde
199726. En dicho numeral, también se dejará claro que lo que tendrá que cancelar
la demandada es el 30 % descontado del salario a título de prima especial de
servicios;27lo demás quedará incólume.

29. Debe señalarse que la legalidad de los decretos que incorporaron la prima
especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue definida
por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de abril
de 2024, en las que se declaró la nulidad de tales disposiciones; por lo que, resulta

23 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-

2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. MP: Carmelo Perdomo Cuéter.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-

2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
26 Lo cual se acompasa con lo resuelto en el numeral séptimo mediante el cual se declaró «probada la excepción

de prescripción respecto de las sumas causadas y adeudadas con anterioridad al 25 de septiembre de 2011».
27 Teniendo en cuenta que sobre este aspecto dispuso: «[…] ordenar el pago de la prima especial sin carácter

salarial, calculada en un 30% de la asignación básica mensual de la señora Margarita María Builes Echeverri
[…]».

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improcedente declarar la excepción de ilegalidad para inaplicar los decretos. En
consecuencia, la sala revocará el numeral primero de la decisión, para disponer
estarse a lo resuelto en las sentencias citadas.

30. Finalmente, y a diferencia de lo pretendido por la entidad, el derecho que le
asiste a la accionante no puede condicionarse al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se asigne
el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de desconocer
el núcleo esencial del debido proceso y del Estado Social de Derecho.

De la condena en costas en segunda instancia

31. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

32. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

33. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

34. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia, toda vez que se
introducen modificaciones al fallo que resultan favorables al recurrente, de modo
que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del veintiocho (28) de
noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Transitoria. En su lugar, se dispone:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación: 05001233300020150181602 (0915-2025)

«ESTARSE a lo resuelto en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 y el 9 de abril de
2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) y 11001
03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), respectivamente, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia».

Segundo: MODIFCAR el numeral quinto de la sentencia del veintiocho (28) de
noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Transitoria, únicamente en lo siguiente:

«QUINTO: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, a reliquidar y pagar
a favor de la señora Margarita María Builes Echeverri, las prestaciones sociales
y factores salariales que le fueron liquidadas con base en el 70% de su
asignación básica mensual, con la inclusión del 30% restante que le fue
descontado e imputado a título de prima especial sin carácter salarial, desde el
25 de septiembre de 2011, durante los períodos laborados como juez de la
República y magistrada de tribunal, hasta que por razón de los cargos tenga
derecho.

Reconocer y pagar el 30 % del salario que fue disminuido de la asignación
básica mensual y reconocido bajo la denominación de la prima especial de
servicios, prevista en la Ley 4ª de 1992, desde el 25 de septiembre de 2011,
durante los períodos laborados como juez de la República y magistrada de
tribunal, hasta que por razón de los cargos tenga derecho».

Tercero: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del veintiocho (28) de noviembre
de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Transitoria.

Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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