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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-02134-02

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-02134-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1º) Revócase la sentencia del 28 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que declaró la excepción de caducidad, la cual queda así: “Primero: Niéganse las pretensiones de la demanda. Segundo: Sin costas en esta instancia”. 2º) Abstiénese de condenar en costas en segunda instancia. 4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2015-02134-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

27 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 05001-23-33-000-2015-02134-02 (72.825)
Demandante: JORGE HUMBERTO MARÍN HENAO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DESPLAZAMIENTO
FORZADO – ANÁLISIS DE LA CADUCIDAD – AUSENCIA
DE NEXO CAUSAL

Síntesis del caso: el señor Jorge Humberto Marín Henao, empleado del municipio de Medellín
(Antioquia) y presidente de la organización sindical ADEM, fue víctima de amenazas de muerte
desde agosto de 2002 por razón de su actividad sindical, situación que inicialmente lo obligó
a desplazarse a la ciudad Bogotá DC y luego a los Estados Unidos de Norteamérica donde
solicitó asilo político; su esposa e hijos también fueron objeto de amenazas entre los años
2003 y 2005, hecho que también motivó su posterior salida del país; los demandantes alegan
que tanto el Ministerio del Interior como el municipio de Medellín (Antioquia) conocían la
situación de riesgo y no adoptaron medidas de protección eficaces, lo cual generó el
desplazamiento forzado y los perjuicios cuya reparación se reclama.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandante1 contra la
sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Sexta de Decisión2 por medio de la cual se dispuso:

“Primero: Declarar probada la excepción de caducidad formulada por el
Municipio de Medellín y la Nación – Ministerio del Interior dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa formulado
por Jorge Humberto Marín y otros.

Segundo: Sin costas en esta instancia.”3 (negrillas y subrayado del original).

1Índice 115, Samai de la primera instancia.
2 Índice 112, Samai de la primera instancia.
3 Página 20, archivo: 23Sentencia_ok20152134RD1InstSen(.pdf), índice 112, Samai de la primera instancia.

2
Expediente 05001-23-33-000-2015-02134-02 (72.825)
Actor: Jorge Humberto Marín Henao y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 17 de julio de 2015 (fl. 9 cdno. 1), los señores Jorge
Humberto Marín Henao, Hilda María Patiño Arroyave, Ánderson Marín Patiño,
Jóhnatan Marín Patiño, Cecilia Ester Henao de Marín, Germán de Jesús Henao Marín,
Hernán de Jesús Henao Marín, Francisco Javier Henao Marín, Lucía del Socorro
Henao Marín, Berta Inés Henao Marín y Gloria Cecilia Henao Marín presentaron
demanda a través del medio de control judicial de reparación directa consagrado en el
artículo 140 del CPACA en contra de la Nación – Ministerio del Interior y del municipio
de Medellín (Antioquia) (fls. 1 a 9 cdno. 1) con las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Se declare administrativa, individual, conjunta o solidariamente
responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR y al MUNICIPIO
DE MEDELLÍN de los perjuicios materiales, morales y a la vida de relación
sufridos y/o causados a los señores JORGE HUMBERTO MARÍN HENAO,
HILDA MARÍA PATIÑO ARROYAVE en calidad de esposa, ANDERSON Y
JÓHNATAN MARÍN PATIÑO en calidad de hijos, CECILIA ESTER HENAO
DE MARÍN en calidad de madre del señor JORGE HUMBERTO Y, GERMÁN
DE JESÚS, HERNÁN DE JESÚS, FRANCISCO JAVIER, LUCÍA DEL
SOCORRO, BERTA INÉS Y GLORIA CECILIA MARÍN HENAO en calidad
de hermanos del señor JORGE HUMBERTO, quienes actúan en nombre
propio, con ocasión del desplazamiento forzado del que fueron víctimas los
señores JORGE HUMBERTO MARÍN, HILDA MARÍA PATIÑO ARROYAVE
E HIJOS, en razón de la actividad sindical que a nombre de la Asociación
de Empleados del MUNICIPIO DE MEDELLÍN – ADEM – realizó el primero,
como empleado público al servicio del MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, solicito que
se condene a los demandados en forma individual, conjunta o
solidariamente al reconocimiento y pago en favor del señor JORGE
HUMBERTO MARÍN HENAO de los PERJUICIOS MATERIALES causados
y/o sufridos del siguiente modo:

1. A título de lucro cesante pasado la suma equivalente a Quinientos
Cuarenta y Siete Millones Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Dos
Pesos ($547.097.492) por concepto de salarios, auxilios de transporte de
cesantías y prestaciones sociales dejados de percibir en calidad de
empleado público desde el 26 de diciembre de 2005 hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia, de resultar favorable a las pretensiones del actor.

2. A título de lucro cesante futuro las sumas que por concepto de salarios,
auxilios de transporte, cesantías y prestaciones sociales se causen desde la
presentación de la demanda hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

3. A título de lucro cesante pasado y futuro el reconocimiento, pago y
traslado de los aportes a pensión en PORVENIR causado desde el 26 de
diciembre de 2005 hasta la fecha efectiva de la sentencia.
TERCERA. Como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión
PRIMERA se condene a los demandados de forma individual, conjunta o
solidariamente al reconocimiento y pago a título de indemnización de los

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Actor: Jorge Humberto Marín Henao y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN, causados y/o sufridos a los
demandantes (…)4.

CUARTA. Como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión
PRIMERA se condene a los demandados de forma individual, conjunta o
solidariamente al reconocimiento y pago a título de indemnización de los
PERJUICIOS MORALES, causados y/o sufridos a los demandantes (…)5”.
(fls. 4 a 6 cdno. 1 - mayúsculas sostenidas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor Jorge Humberto Marín Henao laboró en la Tesorería de Rentas Municipales
de Medellín (Antioquia) desde el 9 de abril de 1981 hasta el “26 de diciembre de 2005”6,
el último cargo que desempeñó en esa institución fue el de auxiliar de tesorería del
cual se vio obligado a renunciar.

2) El demandante era miembro de la Asociación de Empleados Oficiales del Municipio
de Medellín (ADEM), organización en la que había sido designado como presidente a
partir del 30 de mayo de 20027, luego de lo cual se presentaron los siguientes episodios
relevantes: (i) desde el mes de agosto de ese año empezó a recibir amenazas de
muerte mediante llamadas telefónicas realizadas a la sede de ADEM con ocasión de
su actividad sindical, hecho por el cual presentó denuncia penal ante la Inspección
Diez “D” de la Policía Urbana de Medellín; (ii) el 2 de octubre de 2002, personas
desconocidas lo amenazaron nuevamente vía telefónica y le dieron veinte (20) días
para que abandonara la ciudad; (iii) el 9 de octubre de 2002, un sujeto ingresó a la
sede de ADEM quien manifestó que las amenazas realizadas con anterioridad eran
ciertas y le propinó al señor Jorge Humberto Marín Henao un golpe en la cabeza con
la empuñadura de un revólver, razón por la cual tuvo que recibir atención médica y,
(iv) días después, dos (2) hombres armados que se desplazaban en un motocicleta
intentaron ingresar a la sede de ADEM quienes preguntaron por él, como no lo
encontraron, le dejaron una advertencia con el vigilante del edificio a quien le

4 Por ese concepto, se solicita el pago de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la

víctima directa, las esposa e hijos y, la cantidad setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes
en favor de la madre y cada uno de los hermanos.
5 Igualmente, por este perjuicio se pretende la cantidad de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales

vigentes para la víctima directa, las esposa e hijos y, setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales
vigentes en favor de la madre y cada uno de los hermanos.
6 Como se verá más adelante, esa renuncia en realidad fue presentada el 5 de diciembre de 2005.
7 También refirió que la condición de presidente de esa organización la desempeñó hasta el 28 de mayo de 2003,

fecha desde la cual fue designado como Coordinador del Área de Comunicaciones y Publicidad, razón por la cual
mantuvo la condición de sindicalista.

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Actor: Jorge Humberto Marín Henao y otros
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expresaron que el señor Marín Henao debía irse de la región porque de lo contrario
sería asesinado.

3) Debido a lo anterior, el referido demandante debió desplazarse forzosamente desde
la ciudad de Medellín hacia Bogotá DC donde recibió apoyo de la Central de
Trabajadores de Colombia (CUT) y de la Asociación Sindical de Servidores Públicos
del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas
y vinculadas (ASODEFENSA), última de las cuales le brindó albergue y seguridad,
empero, continuó siendo víctima de persecución e intimidaciones por parte de
supuestos grupos paramilitares.

4) Por causa de dichas amenazas de muerte, mediante oficios del 9 y 15 de octubre
de 2002 el Director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT le solicitó al
Director del Programa de Protección del Ministerio de Interior que le brindara ayuda
humanitaria al señor Jorge Humberto Marín Henao, pero, dicha entidad no le otorgó
protección alguna.

5) El 31 de octubre de 2002, la CUT le solicitó a la Escuela Nacional Sindical (ENS)
que vinculara al señor Jorge Humberto Marín Henao a un programa de formación
técnica sindical en Estados Unidos de Norteamérica que incluía subvenciones para su
traslado y estadía, dicha petición fue aprobada para llevarse a cabo entre noviembre
de 2002 y noviembre de 2003 en la ciudad de Washington DC (EEUU), razón por la
cual “mi representado debió salir intempestiva y apresuradamente del país viéndose
en la obligación de desplazarse forzadamente a los Estados Unidos, debiendo dejar a
su esposa, su hijos y su familia en Medellín.” (fl. 2 cdno. 1).

6) En el mes de febrero de 2003, personas desconocidas se comunicaron con la
señora Hilda María Patiño Arroyave, esposa del señor Jorge Humberto Marín Henao,
con el objeto de averiguar por el paradero de este último, a la vez que la amenazaron
a ella y a su grupo familiar; estos hechos de amenaza se prolongaron durante todo el
año 2003 y hasta marzo de 2024, fecha en la cual la señora Patiño Arroyave presentó
la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

7) En noviembre de 2003, una vez finalizado el curso de formación técnica sindical,
el señor Jorge Humberto Marín Henao se vio imposibilitado para regresar a Colombia
debido a la persistencia de las amenazas contra su vida; en atención a dicha situación,
la Asociación de Empleados del Municipio de Medellín (ADEM) le recomendó no

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retornar al país, lo que lo llevó a iniciar los trámites necesarios para radicarse de
manera definitiva en Estados Unidos de Norteamérica; como consecuencia de ello “el
26 de diciembre de 2005” presentó su renuncia al cargo que desempeñaba en el
Municipio de Medellín, la cual fue aceptada.

8) El 10 de enero de 2006, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos de
Norteamérica concedió al señor Jorge Humberto Marín Henao y a la señora Hilda
María Patiño Arroyave el estatus de asilados políticos; esta condición fue extendida a
sus hijos Ánderson Marín Patiño y Jóhnatan Marín Patiño el 23 de junio del mismo
año, fecha a partir de la cual el grupo familiar se estableció de manera permanente en
territorio estadounidense (fl. 3, cdno. 1).

9) El referido hecho del desplazamiento forzado se atribuye a la Nación – Ministerio
del Interior por razón de no haber brindado a las víctimas la protección a la que estaba
obligado, y al Municipio de Medellín por cuanto tuvo conocimiento de las amenazas y
la persecución sufrida por el señor Jorge Humberto Marín Henao por motivo de su
actividad sindical, sin que ofreciera ayuda o medidas de protección frente a dicha
situación.

3. Contestación de la demandada

3.1 Nación – Ministerio del Interior

La Nación – Ministerio del Interior radicó contestación a la demanda el 26 de mayo de
2016 (fls. 188 a 198 cdno. 2), solicitó que se negaran las súplicas de la demanda con
apoyo en las siguientes excepciones: (i) ”caducidad de la acción”, debido a que los
demandantes afirman que adquirieron el estatus de asilados políticos en Estados
Unidos de Norteamérica desde el 10 de enero de 2006, razón por la cual la demanda
debió presentarse a más tardar 12 de enero de 2008, no obstante, fue radicada nueve
(9) años después, en el año 2015; (ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
por cuanto los fundamentos de hecho que se exponen en la demanda se relacionan
con funciones atribuidas a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV); (iii) “ausencia de material probatorio que comprometa la responsabilidad del
Ministerio del Interior”, porque en la demanda no se precisa cuál es el daño que se
atribuye por la supuesta omisión de protección y no están probados lo perjuicios
reclamados y, (iv) “hecho de un tercero”, habida cuenta que los accionantes aseguran

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que las amenazas recibidas entre los años 2002 y 2003 provinieron directamente de
un grupo armado al margen de la ley.

3.2 Municipio de Medellín (Antioquia)

Contestó la demanda el 7 de junio de 2016 (fls. 215 a 225 cdno. 2) con oposición a
todas y cada una de las súplicas con fundamento en las excepciones que a
continuación se relacionan: (i) “caducidad”, debido a que el término para ejercer el
medio de control judicial de reparación directa debe computarse desde el “27 de
diciembre de 2005”, fecha en la que el ente territorial aceptó la renuncia del accionante;
en consecuencia, la demanda debió radicarse a más tardar el 28 de diciembre de 2007;
(ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque ningún agente de la
administración municipal tuvo participación en los hechos que originaron el
mencionado desplazamiento forzado, además, el municipio carece de competencia
funcional en materia de seguridad, función que corresponde a otros organismos
especializados del Estado; (iii) “ausencia de nexo causal”, porque no se evidencia
relación directa entre la actuación del municipio y el daño alegado por los
demandantes; (iv) “falta de responsabilidad del municipio de Medellín”, por cuanto no
está acreditada la falla del servicio atribuida al municipio de Medellín que permita
estructurar responsabilidad patrimonial y, (v) “hecho determinante de un tercero”, por
razón de que el desplazamiento forzado fue provocado por particulares sin vínculo
alguno con el municipio.

4. Audiencia inicial

1) La primera sesión de la audiencia inicial tuvo lugar el 21 de septiembre de 2016,
instancia procesal en la cual se decretaron algunas pruebas para efectos de esclarecer
la configuración de la excepción de caducidad, en particular, para que la UAE
Migración Colombia suministrara información sobre las fechas de salidas e ingresos
de los demandantes al país (fls. 253 a 255 cdno. 2).

2) La audiencia inicial continuó el 19 de mayo de 2017 (fls. 270 a 274, cdno. 2), fecha
en la que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control judicial de reparación directa por considerar que el
señor Jorge Humberto Marín Henao, junto con su esposa e hijos, se radicaron de
manera definitiva en los Estados Unidos de Norteamérica a partir del 23 de junio de

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2006; por lo tanto, estimó que la demanda debió presentarse a más tardar el 24 de
junio de 2008.

Adicionalmente, la Corporación señaló que, en gracia de discusión, incluso si se
tomara como referencia el primer regreso del demandante al país —ocurrido en agosto
de 2010—, igualmente se configuraría la caducidad dado que la demanda fue radicada
el 17 de julio de 2015 (fl. 273 vlto., cdno. 2), esto es, por fuera del término legal; contra
dicha decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

3) La impugnación fue resuelta el 14 de noviembre de 2018 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B que decidió revocar la decisión apelada y ordenar la
continuación del trámite procesal en atención al principio de acceso a la administración
de justicia; la Sala consideró que la configuración de la excepción de caducidad debía
ser analizada en el momento de dictar sentencia y no en la etapa preliminar con el fin
de garantizar un estudio de fondo sobre los hechos y las pruebas recaudadas8 (fls. 280
a 293 cdno. 2).

5. La sentencia de primera instancia

El 28 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión declaró probada la excepción de “caducidad” formulada por el municipio de
Medellín y la Nación – Ministerio del Interior, con apoyo en la siguiente aumentación:

1) Aunque los demandantes alegan como daño el desplazamiento forzado del que
fueron víctimas como consecuencia de las reiteradas amenazas recibidas por el señor
Jorge Humberto Marín Henao debido a su actividad sindical —lo que lo llevó a salir del
país en noviembre de 2002 con destino a Estados Unidos de Norteamérica—, lo cierto
es que, dicha persona obtuvo asilo en ese país el 10 de enero de 2006; este hecho
implica la existencia de un arraigo, permanencia o asentamiento desde esa fecha, a
partir de la cual debe computarse el término de caducidad; no obstante, la demanda

8 Específicamente, en dicha decisión se expresó lo siguiente: “es claro que a partir del 15 de julio de 2010 el

demandante estuvo en condiciones de acudir a la jurisdicción, lo que, en principio permitiría concluir que la demanda
fue extemporánea; sin embargo, como lo consideró el Ministerio Público, existe la posibilidad de que el crimen
cometido contra el demandante estuviera enmarcado dentro de las conductas de persecución contra dirigentes
sindicales por razón de sus convicciones políticas, en tanto hay prueba sumaria de que las amenazas en su contra
iniciaron precisamente cuando fue designado directivo de la organización sindical, tal como alegó en la demanda
(…). Así las cosas, bajo las particularidades del caso concreto, no es dable aplicar en forma estática las reglas de
la temporalidad del reclamo de responsabilidad estatal, sino que, como se anticipó, en aras de garantizar el acceso
a la administración de justicia, habrá que permitirse el curso del medio de control, para que al momento de resolver
de fondo pueda analizarse, entre otros asuntos, de cara a las evidencias acopiadas y controvertidas, el de la
oportunidad de la acción ejercida y si el caso concreto encaja en las hipótesis que en ejercicio del control de
convencionalidad impondrían un manejo diferenciado dentro de los plazos a accionar” (fls. 285 y 292 vlto, cdno,
2).

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fue presentada el “21 de julio de 2015” 9, es decir, transcurridos más de nueve (9) años
desde el momento en que se configuró el asentamiento definitivo.

2) Igualmente, se constató que entre los años 2006 y 2015 los demandantes realizaron
múltiples visitas a Colombia, lo cual evidencia la existencia de una posibilidad material
para ejercer acciones judiciales durante dichos ingresos al país; asimismo, en los
interrogatorios de parte, varios de los actores manifestaron tener domicilio en la ciudad
de Medellín, circunstancia que fue corroborada mediante los poderes otorgados al
mandatario judicial; en consecuencia, la parte actora sí contó con la oportunidad
procesal para presentar la demanda dentro del término legal establecido, pero no lo
hizo, por lo cual resultara acertada la decisión de declarar la caducidad adoptada en
la audiencia inicial celebrada el 19 de mayo de 2017.

3) Adicionalmente, de conformidad con lo ordenado en la sentencia SU-254 de 2013
de la Corte Constitucional en relación con el fenómeno del desplazamiento forzado, el
término para presentar demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa debe
computarse nuevamente a partir de la ejecutoria de dicho fallo, es decir, desde el 23
de mayo de 2013; con base en esta premisa debe considerarse que la solicitud de
conciliación extrajudicial se radicó el 15 de mayo de 2015 -ocho (8) días antes para
que se configurara el fenómeno de la caducidad-; en ese orden cronológico, la
constancia de no conciliación se expidió el 8 de julio de 2015, pero la demanda se
presentó a reparto en el tribunal el 21 de julio siguiente, es decir, más de ocho (8) días
después y por fuera del plazo señalado por el máximo órgano de control
constitucional10.

6. Recurso de apelación

El 19 de marzo de 2025, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de
apelación a través del cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia
por considerar que no se configura la excepción de caducidad, particularmente por

9 Página 17, archivo: 23Sentencia_ok20152134RD1InstSen(.pdf), índice 112, Samai de la primera instancia.
10 Específicamente manifestó la primera instancia: “En el caso concreto se tiene que el 15 de mayo de 2015 –

faltando ocho días para que se configurara la caducidad, se radicó la solicitud de conciliación prejudicial ante la
Procuraduría Judicial y que se expidió la constancia de no conciliación el 8 de julio de 2015 (Fl 22-25),
reanudándose el término de caducidad, y la demanda se presentó a reparto el 21 de julio siguiente (Fl. 1.) esto
es, más de ocho días después, se tiene que la demanda fue presentada, fuera del plazo señalado en la
sentencia SU-254 de 2013, se itera, sin que se evidencie que en dicho plazo se presentaron circunstancias
especiales que le impidiera a la parte demandante acudir ante la administración de justicia” 10 (negrillas adicionales).

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Reparación directa
Apelación de sentencia

estimar que nunca se configuró una situación de arraigo ni cesó la situación de
desplazamiento forzado, por las siguientes razones11:

1) No existe certeza sobre la fecha exacta en la que se configuró la presunta omisión
atribuida al Ministerio del Interior, toda vez que el señor Jorge Humberto Marín Henao
nunca recibió respuesta a las solicitudes de protección que presentó ante dicha entidad
los días 9 y 15 de octubre de 2002; ante la urgencia de la situación y el temor generado
por las amenazas recibidas el señor Marín Henao se vio obligado a abandonar el país
de manera inmediata con el apoyo de una organización sindical que le brindó
asistencia y protección, hecho que se materializó en noviembre de 2002.

2) En ese sentido, la ausencia de respuesta oficial mantuvo al grupo familiar en
situación de vulnerabilidad, incertidumbre y miedo, dado que no estaban seguros si
podían regresar y establecerse nuevamente en Colombia y, a pesar de que realizaron
visitas esporádicas al país, estas fueron “de entrada por salida”12; además, el hecho
de residir en el exterior no implica de manera automática el cese de la situación de
desplazamiento forzado, especialmente frente a la persistencia del temor y ausencia
de garantías de seguridad para el retorno.

3) Por razón de lo anterior, previamente a presentar la demanda se radicó una petición
ante el Ministerio del Interior con el fin de conocer si esta entidad adelantó las
diligencias tendientes a brindar la protección solicitada; este hecho demuestra que la
parte actora no tenía claridad acerca de la actuación desplegada por la autoridad
estatal ni sobre la posibilidad de accionar judicialmente.

4) Aunque los hermanos del señor Jorge Humberto Marín Henao no fueron objeto de
desplazamiento, ellos reclaman perjuicios morales derivados de la ausencia
prolongada de sus familiares, quienes tampoco tenían certeza acerca de cuándo cesó
la situación de peligro que motivó el desplazamiento.

7. Actuación surtida en segunda instancia

El 25 de junio de 2025 se profirió auto que admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante (índice 4, Samai) y, en el término previsto en el numeral 4 del

11 Archivo: 25_MemorialWeb_Otro-Rad0500123330002015(.pdf), índice 115, Samai de la primera instancia.
12 Página 2, archivo: 25_MemorialWeb_Otro-Rad0500123330002015(.pdf), índice 115, Samai de la primera
instancia.

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Expediente 05001-23-33-000-2015-02134-02 (72.825)
Actor: Jorge Humberto Marín Henao y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021, las
partes y el Ministerio Público guardaron silencio (índice 10, Samai).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
análisis de la caducidad del medio de control judicial de reparación directa, 3) análisis
de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 4) conclusión y, 5)
condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar si se reúnen los elementos requeridos para declarar
extracontractual y patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio del Interior
y al municipio de Medellín (Antioquia) por causa del desplazamiento forzado del cual
fueron víctimas el señor Jorge Humberto Marín Henao y su grupo familiar.

La primera instancia declaró la excepción de caducidad del medio de control judicial
de reparación directa, decisión frente a la cual el apoderado de la parte demandante
manifestó inconformidad en el sentido de considerar que el correspondiente derecho
de acción se ejerció en tiempo oportuno.

En relación con el asunto sometido a consideración de esta instancia, el fallo objeto de
apelación será revocado y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda
por las siguientes razones: (i) no se configura la excepción de caducidad, dado que en
este caso concreto debe aplicarse el cómputo especial fijado en la sentencia SU-254
de 2013 de la Corte Constitucional, por cuanto se trata de hechos de desplazamiento
forzado anteriores a su expedición y ejecutoria, además, un examen adecuado del
término demuestra que la demanda fue presentada de manera oportuna y, (ii) si bien
está debidamente acreditado que el señor Jorge Humberto Marín Henao y su núcleo
familiar fueron víctimas de desplazamiento forzado, no es jurídicamente viable atribuir
dicho daño a las entidades públicas demandadas, debido a la ausencia de prueba de
la existencia de un nexo causal entre la conducta estatal y el perjuicio alegado.

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Expediente 05001-23-33-000-2015-02134-02 (72.825)
Actor: Jorge Humberto Marín Henao y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

2. Análisis de la caducidad del medio de control judicial de reparación directa

1) En este caso sometido a consideración de la Sala, los demandantes afirman que
los perjuicios cuya reparación solicitan se derivan del desplazamiento forzado del que
fueron víctimas como consecuencia de las amenazas de muerte recibidas por el señor
Jorge Humberto Marín Henao por razón de su actividad sindical; dichas amenazas
también se extendieron a su núcleo familiar conformado por su esposa Hilda María
Patiño Arroyave y sus hijos Ánderson y Jóhnatan Marín Patiño.

2) En ese contexto, los actores afirman que debieron desplazarse forzosamente desde
la ciudad de Medellín hacia los Estados Unidos de Norteamérica, desplazamiento que
en el caso del señor Jorge Humberto Marín Henao se produjo el 25 de noviembre de
2002, aseveración que se constata con el contenido de una denuncia realizada por la
señora Hilda María Patiño Arroyave el 28 de junio de 2004 ante el CTI de la Unidad de
Apoyo de Fiscales Especializados de Medellín13 que, a la vez, concuerda con la
información suministrada por la UAE Migración Colombia, según la cual el señor Marín
Henao registró un primera salida del país hacia del ciudad de Newark (EEUU) en dicha
fecha (fl. 259 cdno. 1).

3) Los accionantes también señalan que, aunque el señor Jorge Humberto Marín
Henao salió del país el 25 de noviembre de 2002 su esposa Hilda María Patiño
Arroyave y sus hijos Ánderson y Jhónatan Marín Patiño permanecieron en la ciudad
de Medellín durante varios años más, razón por la cual su salida definitiva se produjo
después de que el señor Marín Henao obtuvo el asilo político en Estados Unidos de
Norteamérica, cuya aprobación le fue notificada el 10 de enero de 2006 por el
Departamento de Inmigración de ese país, condición que fue extendida a su núcleo
familiar en junio del mismo año; dicha circunstancia concuerda con los registros
migratorios aportados por la UAE Migración Colombia que indican la salida del país de
la señora Patiño Arroyave y sus hijos hacia Estados Unidos de Norteamérica el 22 de
junio de 2006 (fls. 261 y 264, cuaderno 2).

4) A partir de lo expuesto, conviene precisar que para la época del hecho del primer
desplazamiento forzado —año 2002— regía el Decreto-ley 01 de 1984 que en

13 Oportunidad en la cual manifestó: “desde ese día mi esposo no volvió ni a la oficina ni a la casa y se lo llevaron

por medio de la Escuela Sindical localizada en el Parque de los Periodistas para Bogotá donde lo recibió
ASODEFENSAS, en donde le dieron alojamiento y protección mientras tramitaron la VISA para salir del país, desde
el atentado, hasta el 25 de noviembre que salió para los EE UU”. (fl. 415 cdno. 3); aparte de lo expresado con la
gravedad del juramento por Jorge Humberto Marín Henao en audiencia de pruebas del 14 de febrero de 2020,
rendida ante el Tribunal Administrativo de Antioquia en la cual afirmó lo siguiente: “yo me fui a Estados Unidos el
25 de noviembre de 2002 en un Programa de Formación Técnica Sindical de Estados Unidos financiado por el
Departamento de Trabajo de este país y por la Escuela Nacional Sindical” (Cd. fl. 548 cdno. 3).

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Actor: Jorge Humberto Marín Henao y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

el artículo 136, numeral 8, disponía que la acción de reparación directa caducaba a
los dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho, la omisión
o la operación administrativa generadora del daño; con todo, en el presente asunto
corresponde aplicar lo previsto en el literal i), numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA), en la medida en que el cómputo debe realizarse en vigencia de
esta última norma, cuyo contenido es sustancialmente coincidente con el régimen
anterior en lo que atañe a la regla general de caducidad para la reparación directa.

Ello por cuanto, como a lo reconoció el a quo en la sentencia apelada, tratándose
de víctimas de desplazamiento forzado resulta obligatorio atender el precedente
constitucional fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-254 de 23 de abril
de 2013 que en el ordinal vigésimo cuarto de la parte resolutiva ordenó
expresamente la aplicación de reglas especiales de cómputo, del siguiente modo:

“VIGÉSIMO CUARTO. - DETERMINAR que para efectos de la
caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, los términos para la población
desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del
presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo
anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad
extrema y debilidad manifiesta”. (negrillas adicionales y mayúsculas
sostenidas del original).

5) De este modo, independientemente de lo dispuesto en las normas procesales
vigentes sobre la caducidad, la Corte Constitucional estableció una regla excepcional
aplicable a los casos de desplazamiento forzado ocurridos hasta ese momento; en
efecto, dicha Corporación determinó que para los procesos judiciales futuros ante la
jurisdicción contencioso administrativa el término de caducidad debía computarse
exclusivamente a partir de la ejecutoria de la mencionada sentencia, sin que pudieran
considerarse los lapsos transcurridos con anterioridad, en atención a la especial
protección constitucional que ampara a las víctimas en situación de vulnerabilidad
extrema14.

6) Ahora bien, aunque el juez de primera instancia sí aplicó como referencia los
parámetros definidos en la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional para
el cómputo del término de caducidad, concluyó que la demanda fue presentada de

14 Al respecto, también debe destacarse que la Corte Constitucional en la sentencia SU-241 de 2024, en el caso

de una fiscal que debió salir del país, expresó que la situación de exilio se equipara a la del desplazamiento
forzado, razón por la cual en esos casos también debe aplicarse la regla especial de caducidad dispuesta en la
sentencia SU-254 de 2014. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7
de febrero de 2025, radicación no. 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63.024), CP Martín Bermúdez Muñoz.

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Expediente 05001-23-33-000-2015-02134-02 (72.825)
Actor: Jorge Humberto Marín Henao y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

manera extemporánea; frente a ello, la parte demandante alegó que dicha excepción
no se configura en este caso concreto por el hecho de que nunca se consolidó una
situación de arraigo ni cesó la condición de desplazamiento forzado, afirmación que se
sustenta en que, en criterio de los accionantes, estos permanecieron en un estado de
incertidumbre permanente derivado del silencio del Ministerio del Interior frente a las
solicitudes de protección formuladas en su momento lo cual impidió que se generaran
condiciones mínimas de seguridad para su retorno.

7) En ese contexto, debe resaltarse que los hechos objeto de análisis en el presente
proceso ocurrieron con anterioridad a la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte
Constitucional, razón por la cual no existe duda de que el término de caducidad
aplicable debe computarse a partir de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia, esto
es, el 22 de mayo de 201315; por lo tanto, el término para demandar empezó a correr
desde el 23 de mayo de 2013.

8) En ese orden de ideas, al margen de los argumentos expuestos en la apelación,
la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en dos errores en
el cómputo del término de caducidad; el primero consistió en tomar como fecha de
ejecutoria de la sentencia SU-254 de la Corte Constitucional el 23 de mayo de 2013,
cuando en realidad esta se produjo el 22 de mayo de ese año; el segundo yerro fue
considerar como fecha de presentación de la demanda el 21 de julio de 2015 que
corresponde al acta individual de reparto elaborada por la Oficina de Apoyo de los
Juzgados Administrativos de Medellín (fl. 1, cuaderno 1), a pesar de que la fecha que
debió tomar como referencia es la de su radicación efectuada el 17 de julio de 2015,
según consta en el sello visible en el folio 9 del cuaderno 1.

9) Aclarado lo anterior, el término para presentar la demanda vencía, en principio, el
23 de mayo de 2015; sin embargo, dicho término fue suspendido entre el 15 de mayo
y el 8 de julio de 2015 con ocasión de la presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 222 Judicial para Asuntos Administrativos (folio 22,
cuaderno 2) cuando aún restaban nueve (9) días -no ocho (8)- para la expiración del
término; en consecuencia, el término se reanudó el 9 de julio de 2015, por lo que la
demanda debía ser presentada a más tardar el 17 de julio de ese mismo año y, como

15 No como lo asegura el fallo de primera instancia, según el cual dicha ejecutoria tuvo ocurrencia el 23 de mayo

de 2013, pues, según el Auto no. 182 del 13 de junio de 2014 de la Corte Constitucional, la sentencia SU-254 de
2013 adquirió firmeza tres (3) días después de su publicación el 19 de mayo de 2013, es decir, el 22 de mayo de
2013. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de febrero de 2025,
radicación no. 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63.024), CP Martín Bermúdez Muñoz.

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Actor: Jorge Humberto Marín Henao y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

aquella fue radicada en esta fecha se concluye que el medio de control judicial de
reparación directa fue ejercido de manera oportuna.

En consecuencia, se impone revocar la decisión adoptada por el a quo que declaró la
caducidad del medio de control judicial de reparación directa y, en su lugar, le
corresponde a esta instancia verificar si se configuran los elementos exigidos para
declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de los entes públicos
demandados.

3. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

3.1 El daño

1) En relación con el hecho de desplazamiento forzado alegado como daño en la
demanda es necesario destacar que con antelación al hecho de que el señor Jorge
Humberto Marín Henao abandonara el país el 25 de noviembre de 2002 con destino
a Estados Unidos de Norteamérica, ocurrieron una serie de hechos que se detallan a
continuación y que se encuentran debidamente acreditados con las pruebas obrantes
en el expediente:

a) El 2 de octubre de 2002, el señor Jorge Humberto Marín Henao presentó denuncia
ante la Inspección Diez “D” de Policía Urbana de Medellín y con destino a la Fiscalía
Local de esa ciudad, en la cual relató que desde hacía tres (3) meses se desempeñaba
como presidente de ADEM y que, desde aproximadamente dos (2) meses atrás venía
recibiendo llamadas telefónicas amenazantes en las que se le advertía que se le
realizaría un “juicio” en el mes de diciembre; estas llamadas se producían con
intervalos de diez (10) a quince (15) días, algunas de ellas recibidas por la secretaria
y otras por la auxiliar contable de esa organización sindical; indicó además que, en la
última llamada recibida por la secretaria general de ADEM, manifestaron que tenía
veinte (20) días para abandonar la ciudad (fls. 123 y 124, cdno. 1).

b) Mediante oficio fechado el 5 de octubre de 2002 la señora Liliana María López,
integrante del Programa de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, le
informó al señor Jorge Humberto Marín Henao que había sido seleccionado para
participar en el Programa de Formación Técnica Sindical financiado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica; esta selección
obedeció al alto nivel de riesgo que enfrentaba su vida, razón por la cual debía

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presentarse en la ciudad de Bogotá DC el 18 de octubre de ese año y partir hacia la
ciudad de Washington (EEUU) el 20 del mismo mes (fl. 129, cuaderno 1).

c) El 9 de octubre de 2002, la secretaria general de la junta directiva de ADEM dirigió
un escrito al Ministerio del Interior en el cual expresó que el señor Jorge Humberto
Marín Henao desde hacía dos (2) meses venía recibiendo llamadas amenazantes en
contra de su vida y que ese día fue objeto de un atentado en la sede de esa
organización sindical, igualmente que le habían dado tres (3) días para irse, “por lo
anterior, solicitamos la protección que en estos casos ustedes puedan brindar”16.

d) A través de un oficio con radicación número 001470, de fecha 15 de octubre de
2002, el Director del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) informó al Director del Programa de Protección del Ministerio del
Interior que el señor Jorge Humberto Marín Henao estaba siendo objeto de amenazas
de muerte en la sede sindical donde laboraba; entre los hechos relatados se destacó
lo siguiente:

“(…) el 9 de octubre un hombre ingresó a la sede de ADEM y le expresó que
las amenazas no eran solo charla y procedió a pegarle en la cabeza con un
revólver, tiempo después de que el compañero abandonara por seguridad
la sede, dos hombres armados que se desplazaban en una moto ingresaron
a la sede sindical y le dijeron al vigilante que le advirtieran al compañero que
se debía perder de la región para evitar ser asesinado.

Por lo anterior tuvo que salir desplazado por urgencia de la región y por ende
le agradecemos proporcionarle una ayuda humanitaria por tres meses para
lo cual anexamos fotocopia de los documentos soportes”. (fl. 127 cdno. 1).

e) El 25 de octubre de 2002, el presidente de la Asociación de Empleados Oficiales
del Municipio de Medellín (en adelante ADEM) remitió un oficio al señor Juan Bernardo
Rosado, Coordinador de Área de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical
de Medellín, a través del cual le informó que el señor Jorge Humberto Marín Henao
había sido víctima de amenazas y de un atentado contra su vida, razón por la cual
solicitaba que se estudiara la posibilidad de vincularlo a un programa de formación
técnica sindical con “el Centro de Solidaridad de la CLOIS” (fl. 81 cdno. 1).

f) En audiencia celebrada el 31 de diciembre de 2019 ante el Juzgado 61
Administrativo del Circuito de Bogotá, en virtud de un despacho comisorio, rindió
declaración la señora María Clara Baquero quien manifestó ser presidenta de la
organización sindical ASODEFENSA desde el 19 de febrero de 1997; en su testimonio

16 Fl. 126 cdno. 1 y página 6, archivo en formato pdf del CD obrante a folio 378 del cuaderno 3.

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indicó que conoció al señor Jorge Humberto Marín Henao en el año 2002, por razón
de su condición de sindicalista y por estar afiliado a la Internacional de Servicios
Públicos (ISP), organización a la que también pertenecía a ASODEFENSA.

Relató que en octubre de 2002 el señor Marín Henao fue objeto de amenazas de
muerte, lo que motivó su desplazamiento desde Medellín hacia Bogotá DC en busca
de protección; ante esta situación, representantes de la ISP contactaron a
ASODEFENSA para solicitar apoyo en la salvaguarda de su integridad; en respuesta,
desde el 10 de octubre hasta aproximadamente el 20 de noviembre de 2002
ASODEFENSA le brindó refugio, lo alojó en un hotel modesto de la ciudad, cubrió sus
gastos básicos de alimentación y aseo, y le proporcionó acompañamiento permanente
para garantizar su seguridad (cd, fl. 548, cuaderno 3).

g) Con esta versión coincide el señor Carlos Ramiro Borja Ávila quien declaró en la
misma fecha y expresó que conoció de la situación del señor Jorge Humberto Marín
Henao porque para el momento de los hechos era asesor legal de ASODEFENSA,
asociación sindical que le brindó alojamiento y alimentación durante cuarenta (40) días
en la ciudad de Bogotá DC, luego de lo cual partió hacia los Estados Unidos de
Norteamérica (cd, fl, 548 cdno. 3).

2) Por otra parte, en relación con la situación del grupo familiar del señor Jorge
Humberto Marín Henao —conformado por su esposa, la señora Hilda María Patiño
Arroyave, y sus hijos Jóhnatan y Ánderson Marín Henao—, si bien se advierte que
permanecieron en la ciudad de Medellín, resulta evidente que, a pesar de la salida del
país del señor Marín Henao, las amenazas en su contra y de su núcleo familiar
continuaron, esta circunstancia se desprende de los siguientes medios de prueba:

a) El 19 de agosto de 2003, la Inspección Nueve “B” de Policía Urbana de Medellín
dejó constancia de que la señora Hilda María Patiño Arroyave manifestó haber recibido
varias llamadas telefónicas en su residencia, en las cuales la amenazaban de muerte
a ella, a su esposo Jorge Humberto Marín Henao y a sus dos hijos (fl. 118, cdno. 1).

b) El 19 de marzo de 2004, la señora Hilda María Patiño Arroyave denunció ante la
Inspección Ocho de Policía Urbana de Medellín que en los meses de febrero de 2003
y marzo de 2004 recibió nuevas amenazas de muerte vía telefónica, en las que
preguntaban por la ubicación del señor Jorge Humberto Marín Henao; expuso,

17
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además, que también amenazaron a sus hijos, razón por la cual tuvo que cambiarlos
de colegio (fls. 120 y 121, cdno. 1).

c) El 28 de junio de 2004, la señora Hilda María Patiño Arroyave amplió la denuncia
ante el CTI – Unidad de Apoyo de Fiscales Especializados en el sentido de manifestar
que, para esa fecha, el señor Jorge Humberto Marín Henao se encontraba en los
Estados Unidos de Norteamérica, “pero no está como asilado político, ni como
refugiado, solo está como si estuviera en una comisión de estudios”17 (fls. 414 a 416,
cdno. 3).

d) El 19 de octubre de 2005, la señora Hilda María Patiño Arroyave presentó
ampliación de denuncia ante la Unidad de Delitos contra la Libertad e Integridad de la
Fiscalía 102 Seccional de Medellín, en la cual manifestó que en junio de ese año
recibió dos llamadas telefónicas amenazantes en las cuales preguntaban por su
esposo: una en la casa de su madre y otra en la de su suegra (fl. 421, cdno. 3).

e) Ese mismo día, 19 de octubre de 2005, la señora Hilda María Patiño Arroyave
solicitó ante la Fiscalía 102 Seccional de Medellín la expedición de copias de las
denuncias con el fin de gestionar una solicitud de asilo político (fl. 419, cdno. 3).

3) Con fundamento en lo expuesto, el desplazamiento forzado del señor Jorge
Humberto Marín Henao se encuentra plenamente acreditado mediante un acervo
probatorio consistente en pruebas documentales y testimoniales que evidencian
amenazas sistemáticas y serias contra su vida desde octubre de 2002; dichas
amenazas, relacionadas directamente con su rol como presidente de la organización
sindical ADEM, incluyeron llamadas intimidatorias, agresiones físicas y advertencias
explícitas de muerte, circunstancias que lo obligaron a abandonar, en primer lugar, la
ciudad de Medellín para refugiarse temporalmente en Bogotá DC y, posteriormente, a
salir del país con destino a los Estados Unidos de Norteamérica el 25 de noviembre
de 2002.

17 En esa oportunidad manifestó la denunciante: “el 19 de octubre de 2002 llegó un hombre a las 10 de la mañana

a la oficina de ADEM preguntando por él o sea por mi esposo Jorge Humberto. El vigilante de ADEM lo dejó pasar,
el hombre entró a la oficina, sacó un arma, le apuntó y le dijo que si no se iba lo mataban, le dio un cachazo en la
cabeza y le rompió, es decir, le hizo una herida en la cabeza en la cual le pusieron puntos. Entonces el hombre
salió con el arma en la mano y diciéndole a mi esposo que tenía que irse de la ciudad. En ADEM llamaron a la
Policía para sacarlo y llevarlo a urgencias a la Clínica de Medellín a la EPS de Coomeva. Cuando mi esposo se lo
llevaron para urgencias llegó otro grupo de hombres a buscarlo según dice el vigilante Luis Ángel Moreno Vida que
eran dos hombres armados y que si no decía dónde estaba lo mataban a él también y le mostraron armas. Desde
ese día mi esposo no volvió ni a la oficina ni a la casa y se lo llevaron por medio de la Escuela Sindical localizada
en el Parque de Los Periodistas para Bogotá donde lo recibió ASODEFENSA, en donde le dieron alojamiento y
protección mientras tramitaron la VISA para salir del país, desde el atentado, hasta el 25 de noviembre que salió
para los EE UU”. (fl. 415 cdno. 3).

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4) Adicionalmente, aunque el desplazamiento de su núcleo familiar se produjo de
manera diferida, este también se encuentra debidamente acreditado; su esposa, la
señora Hilda María Patiño Arroyave, y sus hijos Jóhnatan Marín Patiño y Ánderson
Marín Patiño permanecieron inicialmente en Medellín; sin embargo, entre los años
2003 y 2005 fueron objeto de amenazas persistentes que comprometieron su
seguridad e integridad personales, situación que los obligó a cambiar de residencia y
de institución educativa y, finalmente, a gestionar una solicitud de asilo político ante el
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2005.

5) En consecuencia, el acervo probatorio permite concluir, fundadamente, que el
desplazamiento del grupo familiar fue forzado y no voluntario, motivado por el grave
riesgo a su vida e integridad personal, derivado de las amenazas recibidas como
consecuencia directa de la actividad sindical desarrollada por el señor Jorge Humberto
Marín Henao; por tanto, no cabe duda de que el daño alegado en la demanda se
encuentra debidamente probado.

3.2 La imputación

1) En cuanto a la imputación de responsabilidad, en la demanda se reprocha que el
Ministerio del Interior incurrió en una omisión consistente en el incumplimiento de su
deber de protección; asimismo, se le atribuye responsabilidad al municipio de
Medellín, toda vez que, pese a tener conocimiento de las amenazas y persecuciones
dirigidas contra el señor Jorge Humberto Marín Henao no adoptó medida alguna para
garantizar su seguridad.

2) Al respecto, es pertinente destacar que el señor Jorge Humberto Marín Henao se
desempeñaba como empleado del municipio de Medellín desde el 9 de abril de 198118;
igualmente, mientras ejercía funciones en dicha administración municipal, fue
nombrado el 23 de mayo de 2002 como presidente de la Asociación de Empleados
Oficiales del Municipio de Medellín (ADEM)19, a partir de lo cual empezó a recibir
amenazas desde el mes de agosto de 200220.

18
Según acta de posesión del 9 de abril de 1981 en el empleo de taquillero del Departamento de Caja de la
Tesorería de Rentas del Municipio de Medellín (fl. 84 cdno. 1).
19 Hecho que se sustenta en la certificación expedida el 8 de octubre de 2003 por el Ministerio de la Protección

Social – Dirección Territorial de Antioquia (fl. 119 cdno. 1).
20 Esto por cuanto en la denuncia presentada el 2 de octubre de 2002 ante la Inspección Diez “D” de Policía Urbana

de Medellín, indicó que venía recibiendo amenazas desde hacía dos meses atrás (fl- 123 y 124 cdno. 1).

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3) De las pruebas aportadas al proceso también se acredita que para el mes de
octubre de 2002 el señor Jorge Humberto Marín Henao ya había solicitado apoyo ante
la Escuela Nacional Sindical con el propósito de abandonar el país; este hecho se
evidencia con la comunicación fechada el 5 de octubre de 2002 emitida por el
Programa de Derechos Humanos de dicha institución, en la cual se le informó que
había sido admitido en el Programa de Formación Técnica Sindical financiado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica, inclusión que
obedeció al riesgo que enfrentaba su vida, razón por la cual debía presentarse en
Bogotá DC el 18 de octubre de ese mismo año (fl. 129, cuaderno 1).

4) Posteriormente a ese hecho, específicamente el 9 de octubre de 2002, el señor
Jorge Humberto Marín Henao fue víctima de un ataque contra su integridad personal
en la sede de la Asociación de Empleados Oficiales del Municipio de Medellín (ADEM),
a la cual ingresó un hombre armado que lo golpeó en la cabeza con la empuñadura
de un revólver; como consecuencia de este atentado se remitieron al Ministerio del
Interior dos comunicaciones, a saber:

(i) La primera, fechada el mismo 9 de octubre de 2002, en la cual la Secretaría General
de ADEM expresó que debido a lo ocurrido y a las amenazas recibidas por el señor
Marín Henao se solicitaba “la protección que en estos casos ustedes puedan brindar”
(fl. 126, cdno. 1).

(ii) La segunda, calendada el 15 de octubre de 2002 y radicada con el número 001470,
enviada por el director del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) al director del Programa de Protección del Ministerio del
Interior en la cual se informó que el señor Marín Henao venía siendo objeto de
amenazas de muerte y que, además, había sufrido un atentado en la sede sindical de
ADEM (fl. 127, cuaderno 1).

5) Acerca de lo anterior, se observa que el Ministerio del Interior emitió respuesta
mediante oficio del 12 de diciembre de 2002 suscrito por la Coordinadora del Grupo
de Protección de dicha entidad21; en este documento se informó que el Comité de
Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) recomendó otorgar al señor Jorge
Humberto Marín Henao una ayuda humanitaria por tres (3) meses, conforme a lo
solicitado en el oficio del 15 de octubre de 2002.

21 Página 4, archivo en formato pdf del CD obrante a folio 378 del cdno 3.

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6) En cuanto a los deberes de protección a cargo del Ministerio del Interior es
necesario hacer referencia a lo dispuesto en los artículos 81 y 82 de Ley 418 de 1997,
en el texto vigente para el momento de los hechos22, los cuales preceptuaban lo
siguiente:

“ARTÍCULO 81. En armonía con lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley
199 de 1995, el Ministerio del Interior pondrá en funcionamiento un
programa de protección a personas que se encuentren en situación de
riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas
relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto
armado interno que padece el país, y que pertenezcan a las siguientes
categorías:

Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de
oposición.

Dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas y
comunitarias, gremiales, sindicales, campesinas, y de los grupos étnicos.

Dirigentes y activistas de las organizaciones de derechos humanos.

Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al
derecho internacional humanitario, independientemente de que se hayan
iniciado o no los respectivos procesos penales, disciplinarios y
administrativos.

ARTÍCULO 82. El programa de que trata el artículo anterior
proporcionará a sus beneficiarios servicios y medios de protección,
incluyendo cambio de domicilio y ubicación, pero no podrá dar lugar al
cambio de su identidad”. (negrillas adicionales).

7) De las disposiciones anteriormente citadas se desprende que, para el momento en
que ocurrieron los hechos, el Ministerio del Interior sí tenía asignadas funciones
relacionadas con la protección de dirigentes sindicales cuya vida estuviera en riesgo;
dicho programa contemplaba, entre otras medidas, acciones como el cambio de
domicilio y ubicación orientadas a salvaguardar la integridad de las personas
amenazadas.

8) Lo anterior permite concluir que, si bien la respuesta emitida el 12 de diciembre de
2002 por el Ministerio del Interior podría considerarse tardía y limitada —pues fue
expedida más de dos (2) meses después de las solicitudes de protección y se redujo
al otorgamiento de una ayuda humanitaria de contenido no especificado—, lo cierto
es que, antes de que la víctima acudiera de manera directa ante el ente ministerial, el
señor Jorge Humberto Marín Henao se había dirigido primero ante las organizaciones
sindicales quienes actuaron de manera inmediata ante el riesgo inminente.

22 El texto que se cita es el vigente antes de la modificación introducida por el artículo 28 de la Ley 782 del 23 de

diciembre de 2002.

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Actor: Jorge Humberto Marín Henao y otros
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Tras el atentado sufrido el 9 de octubre de 2002 en la sede de ADEM fue apoyado por
la organización sindical ASODEFENSA quien le brindó refugio temporal en Bogotá DC
desde el 10 de octubre de ese mismo año; actuaciones que se acreditan mediante los
testimonios de María Clara Baquero y Carlos Ramiro Borja Ávila ya referidos en el
acápite anterior.

9) En todo caso, no puede afirmarse que una actuación distinta por parte del ente
ministerial hubiera sido eficiente y suficiente para evitar el desplazamiento del señor
Marín Henao desde la ciudad de Medellín o garantizar su permanencia en su lugar de
residencia, máxime cuando según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 418 de 1997
las medidas de protección debían incluir, justamente, cambios de domicilio y ubicación.

De este modo, se reitera el hecho de que el accionante ya había iniciado gestiones
para salir del país previamente a la remisión de los oficios de solicitud de protección
ante el Ministerio del Interior -9 y 15 de octubre de 2002-, como lo demuestra la
comunicación recibida el 5 de octubre de 2002 por parte de la Escuela Nacional
Sindical, en la que se le informó sobre su admisión en el Programa de Formación
Técnica Sindical financiado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de
Norteamérica; tampoco se acreditó que su voluntad fuera retornar al país, dado que
no le manifestó a las autoridades aquí demandadas ese hecho ni les solicitó la
necesidad de contar con un sistema específico de protección para poder retornar.

10) Ahora bien, aunque es claro que la ayuda directa e inmediata que permitió al señor
Jorge Humberto Marín Henao abandonar la ciudad de Medellín fue proporcionada por
organizaciones sindicales —con el propósito de facilitar su desplazamiento a los
Estados Unidos de Norteamérica para cursar el Programa de Formación Técnica
Sindical, con una duración de un año—, también lo es que el Ministerio del Interior no
fue ajeno a dicho programa; en efecto, existen elementos probatorios que permiten
afirmar que esta entidad intervino en la gestión del referido mecanismo de protección
internacional, así lo pusieron de presente los siguientes testigos:

a) Carlos Ramiro Borja Ávila quien al respectó expresó:

“PREGUNTADO: (…) dígale al despacho a qué entidades se solicitó
protección y qué resultado dio esa solicitud. CONTESTÓ: para él se solicitó
protección a las autoridades de Policía al Ministerio del Interior (…) se
hicieron gestiones a través de la CUT porque el sindicato de él
pertenecía a esa central de trabajadores y se hicieron gestiones ante la
embajada de Estados Unidos, recuerdo que había un programa
especial de los Estados Unidos, del Ministerio del Interior, del

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Apelación de sentencia

Ministerio del Trabajo, etc., para poder proteger a sindicalistas por la
razón que ya he expresado que en Colombia es donde más se ha asesinado
sindicalistas y se asesina todavía y se adelantaron gestiones para buscar
seguridad para él con esas organizaciones sindicales, con el Ministerio
del Interior, el Ministerio del Trabajo, la Policía (…) recuerdo que la
Embajada de los Estados Unidos lo acogió en un programa no
recuerdo bien el nombre de ese secretariado” (cd. fl. 524, cdno. 3 -
negrillas adicionales -).

b) José Fernando Vélez Álvarez, quien rindió declaración en la audiencia de pruebas
celebrada el 12 de julio de 2019 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, manifestó
haber conocido al señor Jorge Humberto Marín Henao por haber sido compañeros de
trabajo en el municipio de Medellín y por su vinculación a la actividad sindical; indicó
que también fue víctima de amenazas y que, al igual que el señor Marín Henao, ingresó
al programa de protección especial, el cual —según sus palabras— era “coordinado
por el Ministerio del Interior y las centrales obreras CUT, CGTD y CTC, en compañía
de la Escuela Nacional Sindical” (cd. fl. 439, cdno. 3).

También relató que debió viajar a la ciudad de Washington DC (EEUU) para participar
en un programa de capacitación en la institución denominada George Meany Center
for Labor Studies, una universidad especializada en la formación de sindicalistas que
además ofrecía alojamiento; manifestó que, luego de permanecer allí durante uno (1)
o dos (2) meses llegó el señor Jorge Humberto Marín Henao para integrarse al mismo
programa, el cual tenía una duración de un (1) año y contemplaba el compromiso de
regresar al país para compartir los conocimientos y experiencias adquiridas; sin
embargo, mientras él sí retornó a Colombia, el señor Marín Henao no lo hizo debido al
temor que le generaba volver, sobre este punto expresó de manera específica:

“PREGUNTADO: Cuando el resuelve quedarse allá en los Estados Unidos,
él que le comenta a usted. CONTESTÓ: Dentro del grupo teníamos
reuniones periódicas (…) se conversaba de la posibilidad de solicitar el asilo
(…) porque este solo era un programa de protección especial (…) unos
tenían la intención de solicitar el asilo y quedarse allá, otros no sabían si
regresar al país o regresar a otra ciudad, Jorge me dijo, a mí me da miedo,
yo no quiero regresar, voy a ver si puedo solicitar el asilo porque yo no soy
capaz de ir, yo pienso esto y es una opinión muy particular, la gente que era
casada y tenía familia sentía un poco más de temor que los que éramos
solteros y no teníamos como personas a cargo y eso es muy respetable,
aunque había un compromiso firmado y de todas maneras uno tenía una
responsabilidad con las entidades que lo apoyaron en el programa de
protección (…). Incluso cuando vinimos, vinimos con una comisión
especial de la alta dirigencia sindical de los Estados Unidos (…) para
entregarnos al Ministerio del Interior en Colombia, decir, vea, aquí
están estas personas que recibieron protección temporal por el
gobierno de los Estados Unidos, pagado por el Gobierno de los
Estados Unidos, esperamos que ustedes les den la protección
adecuada, uno confiaba un poco en eso, yo de todas maneras no quise

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seguir en el movimiento sindical porque no tenía una garantía plena de
ejercer la actividad (…).

PREGUNTADO: Usted nos mencionó un programa sindical, por el cual el
señor Jorge Marín Viajó a Estados Unidos, dígale al despacho en ese
momento, que requisitos o parámetros debía cumplir los que iban a ser
beneficiarios de ese programa. CONTESTÓ: (…) requisito sine qua non, que
fuera dirigente sindical; segundo, obviamente, que existiera una amenaza
comprobada y que existiera la denuncia y era estudiada por un comité que
era conformada por la CUT, la CTC, la CGT y la Escuela Nacional Sindical,
ellos escogían los candidatos al programa de protección, de acuerdo a la
necesidad o urgencia del programa se obviaban ciertos pasos porque no
había tiempo de espera y se ingresaban al programa ciertos compañeros.
PREGUNTADO: Dígale al despacho de las entidades de orden sindical,
también había otras entidades de orden público que participaban en esa
escogencia. CONTESTÓ: No, eran los representantes de los sindicatos y de
la Escuela Nacional Sindical que era una entidad que no es pública y que
tampoco es un sindicato, es una entidad de formación de líderes sindicales
pero que tiene un contacto muy permanente con las tres centrales de
asesoría, incluso reconocida por diferentes medios, aún por la Embajada
Americana (…) otra entidad particular no, eran por ejemplo, dentro del
programa hacía parte el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del
Interior y el Ministerio del Trabajo en Colombia no decidía quién hacía
parte del programa (…)”. (cd. fl. 439, cdno. 3 – resalta la Sala).

11) En ese sentido, no puede afirmarse que el Ministerio del Interior haya sido
completamente ajeno u omisivo frente a las circunstancias que motivaron el
desplazamiento del señor Jorge Humberto Marín Henao hacia los Estados Unidos de
Norteamérica; por el contrario, existen elementos que evidencian que dicha entidad
también ejercía funciones de coordinación con las organizaciones sindicales con el fin
de facilitar que los sindicalistas amenazados pudieran permanecer en ese país por un
período aproximado de un (1) año, al cabo del cual debían retornar a Colombia.

Cuestión distinta es que el señor Marín Henao decidiera no regresar debido al temor
persistente por considerar que no se presentaban las condiciones que garantizaran su
seguridad en caso de retorno; no obstante, no obra en el expediente prueba alguna
que indique que, ante dicho temor, el demandante hubiera solicitado nuevas medidas
de protección ante el Ministerio del Interior.

Es decir, una vez dicha víctima culminó su estadía en el extranjero por cuenta del
programa de capacitación sindical, no le hizo saber a las autoridades colombianas -
especialmente al Ministerio del Interior y el municipio de Medellín- su voluntad, querer
y decisión de retornar a Colombia, no existe prueba de la cual se desprenda una
solicitud encaminada a que se le brindara un esquema especial y específico de
protección, sino que, por el contrario, su voluntad fue permanecer en Estados Unidos
de Norteamérica.

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En efecto, según lo manifestado por él mismo en el interrogatorio de parte, dicha
circunstancia fue comunicada únicamente a la Escuela Nacional Sindical y no
directamente al ente ministerial; sobre este punto, expresó de manera textual:

“Yo me fui a Estados Unidos el 25 de noviembre de 2002 en un Programa de
Formación Técnica Sindical de Estados Unidos financiado por el Departamento
de Trabajo de este país y por la Escuela Nacional Sindical (…) entonces en el
2003 el municipio de Medellín me notifica que cambió mi denominación de
empleo, yo era taquillero de recaudos y me pasaban a administrativo y que me
tenía que presentar personalmente, no podía dar ningún poder, como estaba
en asilo político, yo sabía que no podía salir por ese trámite, pero estaba en
juego el trabajo o quedarme acá, yo le comenté eso al programa que me trajo
acá, entonces ellos me compraron el tiquete y la seguridad corre por cuenta de
usted, entonces yo contraté dos personas, un expolicía, compañero que fue
guardaespaldas para mi seguridad eso fue en el 2003 y ya las otras veces que
vine, me demoré cinco o siete años para volver, porque lamentablemente mi
padre falleció el 19 de febrero de 2005 y lamentablemente no pude asistir (…)
al funeral, pero mis hermanos y mis hermanas me dijeron que estaban
preguntando por mí y por seguridad no pude ir al entierro (…) en los últimos
años he regresado cada año más o menos por ahí una vez al año (…) más o
menos 8 a 10 días permanezco (…) yo llego totalmente de incognito por ahí
media hora y desparezco (…).

Yo apliqué para asilo político, cuando me iba a regresar, porque el
programa era no más un año, yo me tenía que devolver a Colombia, yo no
me podía quedar acá, faltándome diez (10) yo llamé, qué garantías me
daban para volver a Colombia, me dijeron que la única garantía que me
podían dar era un celular (…). PREGUNTADO: A quién le preguntó usted
y quien le contestó que le pueden dar solamente a un celular. CONTESTÓ:
por medio de la Escuela Nacional Sindical, me dijeron que la única manera
que me podían colaborar que no había otra forma, entonces yo les dije
que con un celular no iba a proteger mi vida (…) yo presenté el asilo y a mí
me lo negaron y me tenía que devolver otra vez para Colombia (…) entonces,
cuando yo me iba a devolver para Colombia, una organización aquí que se
llama Unidad Latina en Connecticut, miró el caso mío y la universidad de
(inaudible) (…) tomó el caso mío y gracias a Dios el 27 de octubre de 2005 fue
aprobado el asilo político” (Cd. fl. 350 cdno. 3 - negrillas de la Sala).

12) Del análisis probatorio y jurídico realizado se concluye que no le asiste
responsabilidad al Ministerio del Interior por el desplazamiento forzado sufrido
inicialmente por el señor Jorge Humberto Marín Henao y, posteriormente, el de su
núcleo familiar; por cuanto el daño no fue causado por una actuación u omisión
atribuible a dicha entidad sino por una serie de amenazas realizadas por terceros en
razón de su actividad sindical como presidente de ADEM.

13) Aunque se solicitó protección al Ministerio del Interior mediante comunicaciones
fechadas el 9 y 15 de octubre de 2002 para ese momento el señor Jorge Humberto
Marín Henao ya había acudido a otras instancias, como la Escuela Nacional Sindical
y ASODEFENSA, quienes le brindaron refugio y apoyo inmediato.

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Por otra parte, no se advierte que el ente ministerial hubiera estado en condiciones de
adoptar medidas más eficaces que las implementadas por las organizaciones
sindicales; adicionalmente, es claro que el Ministerio del Interior también fue partícipe
del programa de protección del cual fue beneficiario el señor Marín Henao, en tanto
ejercía funciones de coordinación con las centrales obreras y otras entidades
involucradas, tales como la Escuela Nacional Sindical para facilitar el acceso de
sindicalistas amenazados a mecanismos de protección internacional, específicamente
el Programa de Formación Técnica Sindical en los Estados Unidos de Norteamérica.

14) Tampoco se evidencia que una vez radicado en Estados Unidos de Norteamérica
el señor Marín Henao haya reiterado la solicitud de protección ante el Ministerio del
Interior, frente a lo cual debe decirse que fue una decisión personal del demandante
permanecer en el exterior y gestionar el asilo político que fue concedido en 2005; en
cuanto a su núcleo familiar, aunque permanecieron en Colombia por un tiempo
adicional, no consta que hayan solicitado más medidas de protección ante Ministerio
del Interior y, si bien es claro que durante los años 2004 y 2005 se realizaron por parte
de la señora Hilda María Patiño Arroyave nuevas denuncias sobre amenazas recibidas
en contra de ella y sus hijos, estas fueron dirigidas ante la Fiscalía General de la
Nación, entidad que no fue demandada en este proceso.

15) Por otra parte, en lo que respecta al municipio de Medellín, si bien dicha entidad
tuvo conocimiento de las amenazas dirigidas en contra del señor Jorge Humberto
Marín Henao por razón de su actividad sindical, no se acreditó en el expediente que
se hubiera solicitado protección alguna ante esa administración local.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el municipio no cuenta con funciones
específicas de protección similares a las que ejercen los organismos de seguridad del
Estado, tales como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o la
Policía Nacional; también es claro que, a pesar de que el señor Marín Henao se vio
obligado a abandonar el país, el municipio de Medellín continuó reconociendo y
pagando el salario correspondiente en virtud de su fuero sindical, hasta que el
funcionario decidió voluntariamente presentar su renuncia el 5 de diciembre de 200523.

23 Según oficio con sello de recibido del 5 de diciembre de 2005, el señor Jorge Humberto Marín Henao presentó

renuncia ante el entonces alcalde municipal de Medellín, respecto del cargo de auxiliar de tesorería con efectos a
partir del “16 noviembre de 2005”, empleo que “he venido desempeñando hasta el momento”23 (fl. 82 cdno. 1); esa
renuncia fue aceptada mediante el Decreto del 6 de diciembre de 2005 por parte del alcalde de Medellín (fl. 235
cdno. 2).

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16) En consecuencia, no se configura un nexo causal entre el daño alegado y la
conducta de las entidades demandadas, lo cual impide atribuirles responsabilidad
patrimonial extracontractual por los hechos objeto de la demanda.

4. Conclusión

En suma, aunque se acreditó plenamente el desplazamiento forzado del señor Jorge
Humberto Marín Henao y su núcleo familiar como consecuencia de amenazas
derivadas de su actividad sindical, no se configura responsabilidad patrimonial
extracontractual en cabeza del Ministerio del Interior ni del municipio de Medellín,
toda vez que, no se demostró un nexo causal entre el daño alegado y la conducta de
dichas entidades; en efecto, el Ministerio sí participó en la coordinación del programa
de protección internacional del cual fue beneficiario el demandante, y el municipio,
aunque conocía la situación de riesgo, no tenía competencia funcional para adoptar
medidas de protección, además de haber mantenido el vínculo laboral hasta la
renuncia voluntaria del actor, por lo que las pretensiones de la demanda deben ser
desestimadas.

5. Condena en costas

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 salvo que se ventile un interés público
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas
“a la parte vencida, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación”, de igual modo el numeral 5 de la citada norma prevé que “en caso de que
prospere parcialmente la demanda, le juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial (...)”.

En el presente caso, aunque la parte actora finalmente resultó vencida en segunda
instancia por cuanto no prosperaron las pretensiones de la demanda; la Sala se
abstendrá de condenar en costas, por razón de que la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-241 de 2024 ha señalado que en procesos donde los demandantes son

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víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no es procedente imponer
condena en costas, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional24.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

1º) Revócase la sentencia del 28 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que declaró la excepción de
caducidad, la cual queda así:

“Primero: Niéganse las pretensiones de la demanda.

Segundo: Sin costas en esta instancia”.

2º) Abstiénese de condenar en costas en segunda instancia.

4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Salva voto
(Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

24 En similar sentido, sentencia del 19 de septiembre de 2025, radicación no. 18001-23-33-000-2017-00024-01

(72.697), CP Alberto Montaña Plata.

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