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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-01489-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-01489-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 27 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y, en su lugar, SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonial y solidariamente responsables a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – EJÉRCITO 15 Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024) Demandante: Fredy Ocoro Botero NACIONAL y al MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE por el exilio forzado del señor Fredy Ocoro Botero. TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL y al MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE al pago de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV) a favor del señor FREDY OCORO BOTERO por concepto de perjuicios morales. CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL -EJÉRCITO NACIONAL y al MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE al pago TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 33.388.793) a favor de FREDY OCORO BOTERO por concepto de lucro cesante. QUINTO: ORDÉNASE al Ministro de Defensa del Ejército Nacional y al alcalde del Municipio de Bugalagrande que, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, emitan un comunicado conjunto en el que hagan alusión a la decisión contenida en esta sentencia y ofrezcan disculpas al demandante por la actuación irregular y al margen de la ley de sus agentes. SEXTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda SÉPTIMO: Sin condena en costas OCTAVO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del CCA. NOVENO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP. DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2010-01489-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

7 de febrero de 2025

Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército
Nacional y Municipio de Bugalagrande

Tema: Exilio de sindicalista. Se revoca la decisión que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se condena
solidariamente a las entidades demandadas porque de los medios
de prueba obrantes en el proceso se deduce la anuencia y
participación de sus agentes en el exilio forzado de la víctima.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia dictada el 27 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina que negó las pretensiones de la demanda.

La sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal
administrativo. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina conoció el proceso en primera instancia en razón de la cuantía estimada
en la demanda.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 18 de enero de 2019. En
el término de traslado para alegar de conclusión, la Policía Nacional y el Ministerio
Público solicitaron la confirmación de la sentencia. Las demás partes guardaron
silencio.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda fue presentada el 1° de septiembre de 2010 por el señor Fredy
Ocoro Botero. Se dirigió contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, Ejército Nacional y el Municipio de Bugalagrande para obtener la
indemnización de perjuicios por haber tenido que desplazarse forzosamente
fuera del país desde el segundo semestre de 2000.

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<DECLARACIONES Y CONDENAS

a. Que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional,
Municipio de Bugalagrande (Valle), son responsables administrativa y
patrimonialmente por los perjuicios morales y materiales ocasionados al
demandante en razón al desplazamiento forzado de que es víctima el actor,
iniciado en el segundo semestre del año 2000, y que todavía no cesa.

b. Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a pagar al
demandado y a favor del demandante, por intermedio de su apoderado, los daños
y perjuicios tanto morales como materiales y daño en su proyecto de vida conforme
a las siguientes pretensiones, las cuales se liquidarán mediante trámite incidental,
así:

1.- POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES

a. DAÑO EMERGENTE

Pérdida de los derechos convencionales que disfrutaba como trabajador oficial del
municipio de Bugalagrande (Valle), hubo pérdida de bienes y enseres domésticos,
gastos de viaje y transporte y desplazamientos internos en Colombia y en el
exterior, gastos judiciales, honorarios de abogado y demás gastos sobrevinientes
por el desplazamiento forzado de que es víctima el demandante y su familia: mil
salarios mínimos legales mensuales para un total de QUINIENTOS QUINCE
MILLONES DE PESOS ($515.000.000)

b. LUCRO CESANTE PRESENTE Y FUTURO

El ingreso fruto de su actividad laboral que el demandante dejó de percibir como
trabajador del municipio de Bugalagrande (Valle) desde el segundo semestre de
del 2000 hasta la fecha en que se prolongue su desplazamiento forzado, los cuales
se tasan en mil salarios mínimos legales mensuales para un total de QUINIENTOS
QUINCE MILLONES DE PESOS ($515.000.000).

2.- POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES

El equivalente a MIL (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el
demandante por concepto de “pretium doloris” en razón al desplazamiento forzado
de que es víctima.

3.- POR CONCEPTO DE DAÑO EN EL PROYECTO DE VIDA

El equivalente a MIL (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el
demandante por los angustiosos momentos vividos por el desplazamiento forzado
de que es víctima; por el cambio de domicilio a un país extranjero; por la pérdida
de sus vínculos afectivos con amigos, compañeros de trabajo y familiares; por la
ruptura abrupta con el entorno sociocultural de su pueblo; por la ruptura de su
proyecto político y por la inconmensurable frustración de no poder seguir
contribuyendo con su espíritu y sus fuerzas en la transformación de las injustas y
lamentables condiciones de miseria que padecen los trabajadores y el pueblo
colombiano; por padecer impotente el exterminio físico y político de la organización
sindical a la que pertenecía por la merma en el goce de vivir y, consecuencialmente
el deterioro en su calidad de vida.

4.- POR EL TRATAMIENTO FÍSICO Y PSÍQUICO DEL DEMANDANTE Y SUS
FAMILIARES

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

Como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos
similares, como el caso Escué Zapata contra el estado colombiano (….)

Parágrafo: las anteriores peticiones de conformidad con el artículo 97 del Código
Penal colombiano que establece lo siguiente: “indemnización por daños. en
relación con el daño de derivado de la conducta punible el juez podrá señalar como
indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta 1000 salarios
mínimos legales mensuales. Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores
como la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado”.

5.- Intereses aumentados con la variación promedio mensual del índice de precios
al consumidor.

6.- Que se de aplicación a los artículos 176, 177, y 178 del código contencioso
administrativo sobre ejecución y efectividad de las condenas.

7.- Que se condene al estado colombiano a través del Ministerio de Defensa a
garantizar la no repetición de hechos como los demandados.

8.- Que se condene al estado colombiano a través del Ministerio de Defensa -
Ejército y Policía a reconocer públicamente, a través de un acto administrativo y
publicado por los medios masivos escritos y hablados de comunicación, el crimen
cometido contra FREDY OCORO BOTERO.

9.- Que se condene a la parte demandada al pago de honorarios de abogado y
costas del proceso>>.

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El señor Fredy Ocoro Botero era miembro de la junta directiva del sindicato
de trabajadores del Municipio de Bugalagrande (Sintramunicipios).

3.2.- El presidente del sindicato, Jesús Orlando Crespo Cárdenas, fue asesinado
el 31 de enero de 2000 por las AUC, y el demandante pasó a ocupar su cargo.

3.3.- El 31 de julio de 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
adelante CIDH, otorgó medidas cautelares al demandante orientadas a que el
Estado colombiano le garantizara y respetara la vida.

3.4.- Debido al actuar delictivo de las AUC y a la persecución <<paraestatal>>, el
demandante tuvo que desplazarse forzosamente y en la actualidad reside en
Lyon (Francia), donde se encuentra asilado.

3.5.- En sentencia del 15 de abril de 2008, el Juzgado Único Penal del Circuito
de Descongestión condenó penalmente a dos miembros de las AUC por el
desplazamiento forzado del demandante. En la sentencia se compulsaron copias
a la Fiscalía General de la Nación para que investigara la posible participación
del comandante de la Policía, un servidor del municipio y dos alcaldes
municipales.

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

4.- El demandante imputó el daño a las entidades demandadas: (i) por la
anuencia y participación de las entidades demandadas en el hecho, lo cual quedó
evidenciado con la sentencia penal en la cual se condenó penalmente a
miembros de las AUC y se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación
para que investigara la posible participación de agentes de las entidades
demandadas en los hechos; (ii) por no haberle brindado protección, circunstancia
que motivó a que acudiera a la CIDH y que esta le otorgara medidas cautelares
para la protección de sus derechos.

B. Posición de la parte demandada

5.- La Policía Nacional propuso la excepción del hecho de un tercero porque el
daño devino del actuar delictivo del Bloque Calima de las AUC. Alegó que no era
posible exigir que la Policía ejerciera un control absoluto del orden público.

6.- El Ejército Nacional también propuso la excepción del <<hecho de un
tercero>> porque el daño se causó por la actuación de grupos al margen de la
ley. Señaló que la fuerza pública tiene funciones de medio y no de resultado, que
le es imposible contrarrestar en su totalidad la acción de los grupos subversivos
y que no tiene a su cargo la función de brindar seguridad particular a los
ciudadanos.

7.- El Municipio de Bugalagrande se opuso a las pretensiones de la demanda y
manifestó que no existía fundamento para imputarle responsabilidad por los
hechos de la demanda.

C. Sentencia recurrida

8.- En sentencia dictada el 27 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina negó las pretensiones con base en las
siguientes consideraciones:

8.1.- El exilio forzado del demandante era constitutivo de un acto de lesa de
humanidad. En consecuencia, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, no
estaba sujeto a los términos de caducidad.

8.2.- Encontró acreditado el exilio de la víctima, pues según declaraciones
rendidas en el proceso y el registro migratorio aportado al expediente, el señor
Fredy Ocoro Botero se encuentra asilado en Lyon (Francia) desde 2002.

8.3.- El daño fue consecuencia del hostigamiento ejercido por las AUC; tanto así
que dos de sus miembros fueron condenados penalmente por los hechos.
Adicionalmente, el alcalde municipal y el comandante de la estación de Policía
conocían de las amenazas a sindicalistas y del hostigamiento en contra del
demandante.

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

8.4.- Sin embargo, no se demostró una omisión de las demandadas. Por el
contrario, se acreditó que el <<Gobierno Nacional>> brindó un esquema de
seguridad al demandante y no se probó que las demandadas hubiesen
desentendido los deberes jurídicos de prevención y protección de su vida e
integridad.

D. Recurso de apelación

9.- El demandante solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia con
fundamento en los siguientes reparos:

9.1.- No se valoró el abundante material probatorio directo e indiciario que permite
atribuir responsabilidad a las entidades demandadas por su exilio forzado.

9.2.- La condena penal contra los miembros de las AUC permite deducir la
responsabilidad patrimonial de las demandadas por la anuencia de algunos
agentes estatales en el hecho dañoso.

9.3.- El tribunal concluyó que el <<Gobierno Nacional>> sí le brindó medidas de
protección; sin embargo, no precisó cuál entidad brindó tal protección y por qué
todas las entidades demandadas se beneficiaban con la absolución.

9.4.- La CIDH otorgó medidas cautelares a favor del demandante y dicha
circunstancia pone en duda que las entidades demandadas estuvieran
cumpliendo sus funciones de protección a su favor.

II. CONSIDERACIONES

E. Presupuestos procesales

10.- La sala estudiará de fondo las pretensiones de la demanda. En sentencia de
unificación SU-254 del 24 de abril de 2013, la Corte Constitucional señaló que
<<para efectos de futuros procesos judiciales los términos para la población
desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y
no se han de tener en cuenta transcursos de tiempo anteriores, por tratarse de
sujetos de especial protección constitucional>>. En consecuencia, los dos años
establecidos por la ley para la interposición de demandas de reparación directa
debían contabilizarse a partir de la ejecutoria de la referida decisión, esto es,
desde del 22 de mayo de 2013.

11.- La demanda de este proceso se presentó el 1° de septiembre de 2010 y
mediante ella se solicita indemnización de perjuicios por el exilio forzado del
demandante, circunstancia equiparable a una situación de desplazamiento
forzado, pues, de hecho, dos los miembros de las AUC fueron condenados
penalmente por este delito. Además, la regla excepcional sí es aplicable a este
proceso, pues, aunque se trata de un proceso vigente a la fecha en que fue
proferida la sentencia de la Corte, lo cierto es que en esta se hizo especial énfasis

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

en que <<no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores>>. Por
consiguiente, la demanda se estima oportuna.

12.- La sala valorará las pruebas trasladadas de los procesos penales 2008-
00005 y 2009-00024. Las piezas procesales de dichos expedientes fueron
trasladadas a solicitud del demandante, la Policía Nacional se allanó a la solicitud
probatoria de aquel y las demás partes no se pronunciaron sobre la solicitud
probatoria ni se opusieron a su contenido luego de allegadas1. La valoración
incluirá las declaraciones rendidas sin apremio de juramento, circunstancia que
no puede implicar el rechazo de la prueba, sino, por el contrario, un análisis
riguroso en consonancia con las demás pruebas, destacándose que todas las
partes han tenido la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción. Al
respecto, esta corporación ha señalado:

<<La valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han
permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial
cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y
conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de
tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal>>.2

F. Decisiones a adoptar y plan de exposición

13.- En la demanda se solicita la indemnización de perjuicios por la situación de
exilio del señor Fredy Ocoro Botero, el cual se imputó a la Policía Nacional, al
Ejército Nacional y al Municipio de Bugalagrande por la anuencia y participación
de sus agentes en el hecho (acción) y por no haberle brindado protección
(omisión).

14.- La sala revocará la decisión que negó las pretensiones de la demanda y, en
su lugar, condenará solidariamente a las entidades demandadas al pago de los
perjuicios porque, de los medios de prueba obrantes en el proceso, se deduce la
anuencia y participación de sus agentes en el exilio forzado de la víctima.

15.- Está demostrado que el señor Ocoro Botero era miembro del sindicato del
Municipio de Bugalagrande y que se exilió el 2 de agosto de 2002, luego de que
fuera objeto de amenazas por parte de las AUC, grupo criminal que ya había
atentado contra otros miembros del sindicato. Y dicho daño es imputable a las
entidades demandadas porque en el proceso obran varios indicios concurrentes
acerca de la colaboración de sus agentes en las actividades ilícitas del grupo al
margen de la ley y en los hostigamientos al sindicato Sintramunicipios: (i) varios
declarantes dieron cuenta de la cercanía de agentes de la Policía y del Municipio
de Bugalagrande con los miembros de las AUC; (ii) existen condenas penales a
miembros de las AUC por el desplazamiento forzado del demandante, en las que

1. Por el contrario, no se valorarán las pruebas allegadas por el demandante en primera instancia mediante

memorial del 5 de septiembre de 2013 (Fls. 181-209 C.1.), pues estas pruebas no fueron decretadas en el
auto de pruebas y tampoco se les reconoció valor probatorio luego de allegadas.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del

10 de noviembre de 2017, expediente 48553, postura reiterada en sentencia del 8 de mayo de 2020,
expediente 54148. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico

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Demandante: Fredy Ocoro Botero

se ordena investigar algunos funcionarios de las entidades demandadas; (iii)
como consecuencia de tal orden se adelantó investigación penal contra un
funcionario del Municipio de Bugalagrande, quien también resultó condenado
penalmente; y (iv) por último, uno de los miembros de las AUC aceptó haber
recibido la colaboración de miembros de las <<fuerzas armadas>> y de la
<<administración municipal>> en los actos de hostigamiento contra el sindicato.
Sobre esto último se destaca que se encuentra demostrado, a partir de la
condena penal, que el funcionario municipal brindaba información a los
integrantes de las AUC para el hostigamiento del demandante.

16.- No procede la condena por la omisión de brindarle protección al demandante,
pues no hay prueba que acredite que la víctima hubiera denunciado amenazas o
solicitado protección a alguna de las entidades demandadas. Lo que está
acreditado es que el demandante denunció amenazas el 20 de noviembre de
2000 ante la Fiscalía General de la Nación, y que para dicha fecha la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas de protección3,
las cuales fueron gestionadas por el Ministerio del Interior; también se demostró
que el demandante contaba con esquema de protección cuando salió del país4.

17.- En cuanto a los perjuicios, la sala: (i) reconocerá perjuicios morales en
cuantía de 100 SMLMV a favor del demandante; (ii) reconocerá el lucro cesante
correspondiente a los ingresos dejados de percibir por el demandante por un
lapso de un dieciocho meses luego de su salida del país porque está demostrado
que su exilio fue forzado ante las amenazas de las que era objeto; (iii) como
medida de reparación no pecuniaria solicitada en la demanda, ordenará que las
entidades demandadas emitan un comunicado de forma conjunta en el que
ofrezcan disculpas al demandante por la actuación irregular de sus agentes; y
(iv) negará las demás pretensiones.

18.- En la primera parte se analizará la responsabilidad de la Policía Nacional y
el Municipio de Bugalagrande por la participación de sus agentes en el exilio de
la víctima; en la segunda parte se estudiarán los perjuicios.

G. De las pruebas obrantes en el proceso se deduce la anuencia y
participación de agentes de las demandadas en la situación de exilio
forzado del demandante

19.- Con los medios de prueba obrantes en el expediente, se acreditó que el
señor Fredy Ocoro Botero trabajaba para el Municipio de Bugalagrande y era
miembro de la junta directiva del sindicato de trabajadores del municipio

3 La Comisión IDH otorgó, el 21 de junio del 2000, medidas cautelares para la protección de la vida de

algunos dirigentes sindicales del departamento del Valle del Cauca. El 6 de julio del 2000 extendió tales
medidas algunos miembros del sindicato Sintramunicipios y, entre estos, al demandante (Fls. 21- 26 c.2).
4 Declaraciones del demandante y de Olga Botero Ocoro, madre de la víctima, obrantes a folios 18. C.3. y

Fl. 2257 C.5.

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Demandante: Fredy Ocoro Botero

(Sintramunicipios)5; este sindicato fue objeto de amenazas por las AUC y dos de
sus miembros fueron asesinados. Las amenazas y hostigamientos se
extendieron al señor Ocoro Botero, quien fue declarado objetivo militar,
circunstancia que motivó su desplazamiento inicial dentro del país6 y, finalmente,
el 6 de agosto de 20027 salió del país con destino a París (Francia), en donde se
encuentra asilado.

20.- El exilio forzado del que fue víctima el demandante es un daño que resulta
imputable a las entidades demandadas porque las pruebas obrantes en el
expediente, que se relacionan a continuación, permiten deducir la anuencia y
participación de sus agentes en las actividades ilícitas de las AUC y,
particularmente, en los hostigamientos a los miembros del sindicato
Sintramunicipios y del señor Ocoro Botero.

20.1.- En el año 2000 algunos miembros del sindicato Sintramunicipios fueron
objeto de amenazas y atentados por parte del Bloque Calima de las AUC: el 31
de enero de 2000 fue asesinado Orlando Crespo, quien fungía como fiscal del
sindicato, y el 29 de junio de 2000 fue secuestrado Roberth Cañarte Montealegre,
secretario de Reclamos del sindicato, quien posteriormente fue encontrado sin
vida8.

20.2.- El señor Fredy Ocoro Botero presentó denuncia penal ante la Fiscalía
General de la Nación el 20 de noviembre de 2000, y la amplió el 15 de junio de
20019. Señaló que había sido declarado objetivo militar por parte de las AUC y
que, según rumores de algunos pobladores, en los ataques contra de los
miembros del sindicato estaban involucrados Juan Carlos Rojas, comandante de
la Policía del municipio; Ramiro Rengifo Rodríguez, operario de la
motoniveladora del municipio; y Héctor Fabio Correa, alcalde municipal. Precisó
que le constaba que, con ocasión del secuestro de Roberth Cañarte Montealegre,
el alcalde municipal se comunicó con uno de los comandantes paramilitares por
intermedio del señor Ramiro Rengifo10.

20.3.- El dicho del señor Ocoro Botero sobre la relación de algunos agentes de
la Policía Nacional y del Municipio de Bugalagrande con los paramilitares

5 Al proceso se allegaron varias resoluciones del Ministerio de Trabajo sobre la conformación del sindicato,

según las cuales el demandante ocupó los cargos de fiscal (resoluciones del 10 de febrero y 30 de octubre
del 2000) y presidente (resoluciones del 28 de enero de 1998 y 19 de febrero del 2001) Fls. 54-59 c.2
6 Según declaración rendida en este proceso por Luz Marina Palacios, la víctima estuvo desplazada en

Dosquebradas y Cali. (Fl 36. c.3)
7 Según registro migratorio allegado al proceso (fl. 203 c.3)
8 Informe de investigación de la Fiscalía
9 Fls. 321 – 328 c.4; 1016-1021 c.5
10 <<la desconfianza empieza a partir de uno ver la tan buena amistad que había entre el alcalde y Ramiro

y que lo corroboré cuando el 29 de junio los paramilitares secuestraron al compañero Robert Cañarte
entonces el señor Ramiro le da el número celular del comandante de esos paramilitares que estaban en esa
zona al alcalde para que los llame y efectivamente el señor Héctor Fabio desde su celular se comunicó con
el comandante de los paras, yo estaba allí, y él le pregunta que si ellos tenían a Robert a lo que ellos según
el alcalde contesta “nosotros no tenemos esa vuelta dejen tanta maricadas que nos van a calentar el parche”
a lo que el alcalde procede a pasar el celular al hermano de Robert Cañarte para que hablara con ese
comandante y les dijo lo mismo, que incluso lo ayudaban a buscar, asimismo posterior a eso el señor Gilberto
Morcillo, secretario de Gobierno de ese entonces, se comunicó también con ese comandante, lo mismo que
el sargento Rojas, comandante de la policía de ese entonces>> Fls. 321-324 c.4

8

Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

encuentra respaldo en la declaración de: (i) Luis Fernando Amaya, poblador del
municipio, quien en declaración del 20 de octubre de 2000 señaló que un
empleado del municipio daba información a los paramilitares11; (ii) William Leyes
Lozano, miembro del sindicato, que en declaración del 11 de noviembre de 2000
corroboró la versión de la llamada desde el celular del alcalde municipal a los
paramilitares con ocasión del secuestro de Roberth Cañarte, agregando que el
operario de la motoniveladora del municipio se desplazaba a la parte montañosa
donde operaban los paramilitares y que, al parecer, estaba con ellos12; (iii)
Fabiola González de Vivas, enfermera del municipio, quien en declaración del 23
de mayo de 2007 señaló que escuchó hablar al comandante de la Policía con los
paramilitares y que el operario de la motoniveladora del municipio les arreglaba
las vías13.

20.4.- Por el desplazamiento forzado del señor Fredy Ocoro Botero se
adelantaron procesos penales contra Herberth Veloza García, Elkin Casarrubia
Posada y Eduard Antonio Salgado, miembros de las AUC. En declaraciones
rendidas ante la Fiscalía General de la Nación, el señor Elkin Casarrubia Posada
dio cuenta de la relación de agentes de las entidades demandadas con los
hechos de violencia de la región y en particular en las amenazas contra los
miembros del sindicato Sintramunicipios, así:

(i).- En diligencia de confesión del 20 de abril de 2007 señaló:
<<quiero aclarar, antes de continuar con mi relato, que varias personas del Ejército
nos prestaron colaboración desde el inicio de la llegada de las autodefensas, entre
ellos está el Coronel del batallón Palacé del año 1999, el de operaciones, era el
comandante del batallón; con él conversó alias Gavilán, Luis José, Román, eran
los que más hablaban con él, yo supe de este Coronel porque cuando llegaban
Román o Luis decían que para las operaciones ya todo estaba coordinado porque
ya habían hablado con el coronel, no me acuerdo. Las coordinaciones que ellos
daban del Ejército a los paramilitares era a través del capitán Chacón, es decir,
para cuando ellos iban a entrar o cuando nosotros íbamos a entrar a la zona a ellos
se les informaba donde estábamos nosotros o ellos informaban donde estaban
para que no nos fuéramos a cruzar por el camino, quiero decir que ellos a nosotros
nos vendían o nos regalaban elementos para la guerra como uniformes munición
botas todo lo que era logística (…) doctora muchas veces esos homicidios fueron
ordenados directamente por mí, porque resulta que la gente iba hasta donde yo
estaba y me daban las informaciones, iba gente de civil y otros de las Fuerzas
Armadas y me comentaban que tenían información de personas que tenían que
ver con la guerrilla>>14

11 <<PREGUNTADO: Qué comentarios ha escuchado usted acerca del regreso de los paramilitares al sector

de Galicia. CONTESTÓ: En Bugalagrande hay un señor que se llama Ramiro no sé el apellido trabaja con
el Municipio de Bugalagrande les está informando sobre el movimiento de la tropa y se dice que cuando los
soldados dejen el sector ellos vuelven a ajustar cuentas con los que les informaron a la Fiscalía, cómo es el
caso mío>> Fls. 88-90 c.2
12 Fls. 1880-1884 c.7
13 <<PREGUNTADO: informe de la relación del comandante de la Policía con los paramilitares. CONTESTÓ:

yo digo que sí, porque cómo le parece que yo estaba con él, en ese entonces era como un sargento ROJAS
y yo estaba hablando con él cuando entró una llamada y oí que dijeron “retírese que van a pasar” y yo le
dije que quiénes, y entonces él me va diciendo muy caripelado, los paracos, y eso es así pasaba esa gente
y ellos se encerraban en el comando>><<PREGUNTADO: Oyó conversaciones entre Ramiro Rengifo y los
paramilitares. CONTESTÓ: sí, el día de lo de la carretera que ese paso para allá estaba malo, el dijo que
esa misma noche les arreglaba ese pedazo, eso queda por allá por chico oral y él se fue esa noche a trabajar
según él y ni llamó al alcalde para arreglarla>> Fls. 51-53 c.2
14 Fls. 119 -121 c.2

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Demandante: Fredy Ocoro Botero

(ii).- En diligencia de indagatoria rendida el 11 de septiembre de 2007 señaló:

<<PREGUNTADO: se le atribuyen los delitos de desplazamiento forzado en
concurso con el punible de concierto para delinquir agravado según denuncia
penal instaurada por el señor Fredy Ocoro de fecha 20 de noviembre del 2000,
donde da a conocer que tuvo conocimiento que su nombre se encontraba figurando
en una lista de las AUC como objetivo militar al igual que en dicho listado se
encontraba el nombre de los señores Orlando Crespo y Roberth Cañarte quiénes
efectivamente fueron ejecutados por las AUC, ante esta situación y debido a su
calidad de dirigente del sindicato de Bugalagrande Sintramunicipios, debiendo por
tanto salir del país, por temor a que se convirtiera en una víctima más. En la medida
que usted se desempeñaba como segundo al mando en las AUC BLOQUE
CALIMA qué tiene para decir. CONTESTÓ: yo sí oí de esos señores, la información
que nos dieron era que ellos estaban trabajando con la guerrilla, yo creo que esa
gente la citamos nosotros arriba de Bugalagrande, para hablar, pero ellos nunca
comparecieron. (…) PREGUNTADO: indíquenos si los miembros del sindicato
Sintramunicipios de Bugalagrande eran considerados objetivos militares.
CONTESTÓ: no todos solo de los que se tenía información que tenían vínculos
con la guerrilla. PREGUNTADO: obra en las diligencias que al parecer funcionarios
de la administración municipal de Bugalagrande y de las Fuerzas Armadas eran
colaboradores de su organización para la época de los hechos, qué nos puede
decir al respecto. CONTESTÓ: de la Fuerza Armada nos colaboraban con
información, suministros, la Administración también nos colaboraba.
PREGUNTADO: sabe usted cómo eran las relaciones de la administración
municipal con el sindicato al cual pertenecía el señor Fredy Ocoro. CONTESTÓ al
parecer había discrepancias entre ellos. PREGUNTADO: se dicen estas
diligencias que el señor Ramiro Rengifo empleado de la alcaldía municipal de
Bugalagrande había tenido una discusión con el señor Fredy Ocoro por no haberlo
dejado entrar a formar parte del sindicato, indíquennos que sabe usted de esta
situación en concreto. CONTESTÓ. no tengo conocimiento al respecto.
PREGUNTADO: indíquenos si el comandante de la estación de policía de
Bugalagrande para la época de los hechos, sargento Juan Carlos Rojas, tenía
algún vínculo con su organización o era simpatizante de la misma. CONTESTÓ.
sé que ellos colaboraban pero no sé nombres propios (….)>>15

20.5.- El proceso penal en contra de Herberth Veloza García y Elkin Casarrubia
Posada culminó con sentencia condenatoria del 15 de abril de 2008 proferida por
el Juzgado único Penal del Circuito de Descongestión. Y el proceso adelantado
contra Eduard Antonio Salgado Pérez culminó con sentencia condenatoria del 19
de septiembre de 2008 por el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado
de Bogotá. En ambas decisiones se ordenó oficiar a la Fiscalía General de la
Nación para que investigara la presunta participación en los hechos de agentes
de las entidades demandadas. Al respecto, en la primera decisión se señaló:

<<En el caso que ocupa la atención, se observa que FREDY OCORO BOTERO
era una de esas personas que le gustaba ayudar a sus congéneres, denunciar las
irregularidades, enfrentarse a los opresores a fin de lograr el reconocimiento de
sus derechos y los de su asociación, lo que fue la causa para que un grupo
irregular, al parecer con la aquiescencia de algunos miembros del Estado como se
informa en algunas declaraciones que obran en el expediente bajo la gravedad de
juramento, entrara como sujeto pasivo de desplazamiento. Se vio abocado de
manera repentina a cambiar de domicilio por el temor fundado como consecuencia
de las amenazas de las que venía siendo objeto, al obtener conocimiento que se

15 Fls. 142-144 c.2.

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

encontraba reseñado en una lista del Bloque Calima de las AUC, como siguiente
muerto el referido sindicato, así como de los múltiples atentados que ya habían
sido cometidos en contra de demás personas que pertenecían al sindicato del
municipio, de ahí que se considera que está demostrada la circunstancia de
agravación prevista en el numeral tercero del artículo 181 del Código Penal.

En cuanto a la forma de participación se observa que actuaron como coautores,
toda vez que participaron en la comisión de la conducta con acuerdo criminal, pues
como ellos mismos lo manifestaron el sindicato fue declarado objetivo militar por
ELKIN CASARRUBIA POSADA “EL CURA” y HERBERTH VELOZA GARCÍA “HH”
como comandantes del Bloque Calima de las AUC, es decir el atentado a la
autonomía personal lo consumaron con división de trabajo criminal, cómo se dijo
en precedencia, como comandante y subcomandante que tenían a su cargo otras
personas (…)

OTRAS DETERMINACIONES

En firme la presente sentencia, se compulsarán copias para ser enviadas a los
funcionarios y entidades respectivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 472 de
la ley 600 de 2000; e igualmente ante la Fiscalía de Derechos Humanos para que
se estudie la posibilidad de abrir o constatar si ya existe investigación penal en
contra de los funcionarios del Estado que son señalados en el diligenciamiento
como conocedores de las conductas punibles de los paramilitares, en el presente
caso el comandante de la estación SARGENTO JUAN CARLOS ROJAS, del
servidor de la alcaldía de Bugalagrande señor RAMIRO RENGIFO y de quienes
se desempeñaron como alcaldes, señores HAROLD DURÁN CORREA y HÉCTOR
FABIO CORREA. (…)>>16

20.6.- En el proceso también obra proceso penal adelantado por los delitos de
desplazamiento forzado y concierto para delinquir en contra del señor Ramiro
Rengifo Rodríguez, exempleado del Municipio de Bugalagrande, que culminó con
sentencia condenatoria del 14 de enero de 2010 proferida por el Juzgado Décimo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, y confirmada el 23 de febrero de
2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito de Bogotá 17. En la
decisión de primera instancia se indicó:

<<Claro resulta para esta funcionaria que RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ tenía
vínculos con los comandantes del Bloque Calima de las Autodefensas, siendo su
misión dentro de la organización la de informar los actos de los miembros del
sindicato del municipio, y por eso su afán de formar parte integral como
sindicalizado, esto con el fin de tener una percepción directa de lo acontecido al
interior del gremio y de esta manera conocer de sus actividades, afirmación que
encuentra respaldo en las pruebas testimoniales y documentales arrimadas a
plenario así como versiones rendidas en otras investigaciones que se le adelantan,
y de las cuales se establece el pleno conocimiento que tenía acerca de la ofensiva
dirigida contra los sindicalistas, y como trabajador del municipio, presto su
colaboración para que la organización al margen de la ley adelantara las labores
propias para intimidar a FREDY OCORO, logrando su cometido, pues ante tales
arremetidas no tuvo otra alternativa que abandonar el país, información que igual
afectó la vida de dos dirigentes más del movimiento obrero del municipio, fuera de
los atentados cumplidos con muchos otros personajes de la población. (…)

El proceder de RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ estuvo encaminado a llevar toda
la información acerca de la población, y en especial, los integrantes de la junta

16 Fls. 3-26 c.1
17 Fls. 121- 150; 384-405 c.4.

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

directiva del sindicato de trabajadores del municipio de Bugalagrande, quienes al
no acudir al llamado de la organización armada al margen de la ley, fueron
declarados objetivo militar, adelantando acciones para atentar contra la vida de
FREDY OCORO, teniendo que acudir al Ministerio del Interior y Organismos
Internacionales para obtener protección, teniendo que abandonar el lugar donde
residía para buscar ayuda en un país lejano a Colombia, vulnerando buena parte
de los derechos fundamentales inherentes a la persona. (…)

Del estudio analítico del proceso se logra establecer que además del aquí
investigado existen otras personas que de alguna manera tuvieron participación en
los hechos que aquí se juzgan sino también la consumación de otras conductas
punibles, como es el caso del señor comandante de la estación de Policía de
Bugalagrande, sargento JUAN CARLOS ROJAS, el señor alcalde de la época
señor HÉCTOR FABIO CORREA, personas señaladas por la comunidad como
colaboradores de las Autodefensas Unidas de Colombia, (…) debiendo la
FISCALÍA OCTAVA ESPECIALIZADA UNIDAD OIT DE CALI adelantar la
investigación pertinente, en caso de que no exista actuación alguna al respecto.>>

H. Determinación de los perjuicios y reparación

i).- Perjuicios morales

21.- La sala reconocerá perjuicios morales a favor del señor Ocoro Botero,
derivados del exilio forzado del que fue víctima. El perjuicio moral que padeció el
demandante se encuentra acreditado con las siguientes declaraciones
testimoniales recibidas a solicitud de la parte demandante:

21.1.- Luis Alberto Berón Cañarte, excompañero de trabajo y del sindicato, señaló
que <<a Fredy le han ocasionado un gran perjuicio más grande que es apartarlo
de sus seres queridos, la mamá, los hermanos, del pueblo natal de él y estar
aislado en otro país que para mí concepto no es una buena alternativa. Por todo
lo que ha pasado si Fredy no se va lo habían asesinado>>18.

21.2.- Esperanza García Castro, esposa de un excompañero de trabajo de la
víctima, a la pregunta acerca de los efectos del desplazamiento del señor Fredy
Ocoro Botero contestó <<son unos daños que no se pueden reparar porque uno
salir de su pueblo obligado, es decir, sin voluntad y a la familia son mucho los
daños que le han hecho, como el moral>>19.

22.- El padecimiento moral del demandante se acompasa con la realidad de los
exiliados, quienes en términos de esta subsección experimentan <<duelo, miedo,
desarraigo, nostalgia, inseguridades frente al olvido, tensiones en la
consolidación, continuación o construcción de la identidad, ansiedad por tener
que empezar de nuevo en medio de lo desconocido>>20.

18 Fls. 11-16 c.3
19 Fls. 27-30 c.3.
20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2021, expediente

44198. C.P. Alberto Montaña Plata con salvamento de voto de Martín Bermúdez Muñoz.

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

23.- Para la liquidación del perjuicio se seguirán los parámetros adoptados en
casos similares al presente21 y, en consecuencia, se reconocerán cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a favor del señor Fredy
Ocoro Botero.

ii).- Daño al proyecto de vida

24.- La sala negará la indemnización del daño al proyecto de vida solicitado en
la demanda. El <<daño a la vida de relación>> fue una tipología de perjuicio que
fue abandonada a partir de la sentencia de unificación del 14 de septiembre del
201122. Además, dicho perjuicio y el daño al proyecto de vida fueron
indemnizados previamente a través de los perjuicios morales.

25.- La parte demandante solicitó la indemnización de los perjuicios causados
<<por los angustiosos momentos vividos por el desplazamiento forzado, por el
cambio de domicilio, por la pérdida de sus vínculos afectivos>> y por <<la ruptura
abrupta con el entorno sociocultural de su pueblo y de su proyecto político>>. Lo
solicitado fue indemnizado a título de perjuicios morales, con los que se repara el
padecimiento emocional del demandante derivado de sentimientos como el
desarraigo y la nostalgia experimentados por separarse del resto de su familia y
amigos; al igual que la ansiedad por empezar una nueva vida en un país
extranjero.

iii).- Daño por el tratamiento físico y psíquico del demandante y sus
familiares

26.- Esta categoría de perjuicio se enmarca en el <<daño a la salud>> como
categoría indemnizable autónoma; sin embargo, su indemnización no procede
porque no se demostró una lesión psicofísica del señor Ocoro Botero por el hecho
del exilio forzado ni de sus familiares, los cuales, en cualquier caso, no son
demandantes en el proceso.

iv).- Lucro cesante

27.- El demandante solicitó la indemnización del lucro cesante causado <<desde
el segundo semestre del 2000 hasta la fecha en que se prolongue su
desplazamiento forzado>>, pues por los hechos renunció al cargo que
desempeñaba en el Municipio de Bugalagrande.

28.- La sala accederá al perjuicio solicitado por el señor Ocoro Botero, que se
reconocerá desde el 15 de julio de 2002, fecha en la que efectivamente se

21 Ibidem; Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2022,
expediente 49824, con ponencia de este despacho y aclaración de voto de Alberto Montaña Plata y Fredy
Ibarra Martínez.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente

38222. M.P. Enrique Gil Botero.

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

desvinculó del cargo de <<obrero>> que desempeñaba en el Municipio de
Bugalagrande23 y solo por un término de dieciocho (18) meses.

29.- El perjuicio no puede reconocerse de forma indefinida por la prolongación
del exilio forzado al demandante, pues según lo afirmado en la demanda, el
demandante se encuentra <<asilado>> en Francia, y lo cierto es que dicho status
va acompañado del reconocimiento de varios derechos, entre ellos el del trabajo.
Al respecto, se resalta que en asuntos similares esta sala ha reparado el lucro
cesante hasta el reconocimiento del status de asilado de la víctima directa y hasta
el reconocimiento del status de refugiado24.

30.- En este caso no obra prueba que acredite la fecha en la que se le reconoció
el status de asilado en Francia al señor Fredy Ocoro Botero y, ante tal falta de
certeza, el perjuicio se liquidará por un término de un dieciocho (18) meses. Este
lapso se considera razonable en atención a los antecedentes referenciados,
según los cuales el tiempo de la respuesta del estado de protección duró entre 5
y 6 meses; adicionalmente, la Directiva 2003/9 del Consejo de la Unión Europea
del 27 de enero de 2003, norma comunitaria europea que entró en vigencia cinco
meses después de que el demandante arribara a Francia25, establece que los
estados miembros deberán garantizar las condiciones de acceso al mercado
laboral del solicitante de asilo a más tardar al año siguiente a la solicitud26.

31.- En consecuencia, se liquidará el perjuicio teniendo en cuenta:

31.1.- Salario base de liquidación: Será el salario mínimo mensual vigente actual,
pues al proceso no se allegó prueba acerca del salario devengado por la víctima
en su cargo de obrero ($1.423.500). La anterior suma se incrementará en 25%
por concepto de prestaciones sociales, solicitados a título de pérdida de derechos
convencionales.

31.2.- Periodo de liquidación: un total de 18 meses

32.- El perjuicio se liquidará según la siguiente fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1

23 Según certificación del Municipio de Bugalagrande allegada al proceso (Fl. 173 c.1.)
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 17 de marzo de 2021, expediente

44198 y del 26 de enero de 2022, expediente 49824. Op. Cit.
25 Al respecto se destaca que el artículo 188 del CPC, norma procesal aplicable al proceso, permite que el

juez de oficio aduzca al proceso el contenido de normas de alcance no nacional. Aunque la norma señala
que el texto debe allegarse en copia autentica, lo cierto es que dicha disposición debe interpretarse de forma
armónica con el artículo 95 de la Ley 270 de 1996 según el cual los jueces podrán <<utilizarán los medios
tecnológicos, técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos>> y que <<los documentos emitidos por los
citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento físico>> y
en este caso se advierte que la norma comunitaria europea en referencia está disponible en español en el
siguiente link: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-80169
26 <<Artículo 11. Empleo. (…)

2. En caso de no haberse resuelto en primera instancia una solicitud de asilo transcurrido un año desde su
presentación, y siempre que esta demora no pueda atribuirse al solicitante, los Estados miembros decidirán
las condiciones en las que puede concederse al solicitante el acceso al mercado de trabajo>>.

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

S= $1.779.375 (1 + 0.004867)18 -1
0.004867

S = $33.388.793

33.- En consecuencia, el lucro cesante a favor de Fredy Ocoro Botero asciende
a un total de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 33.388.793).
v).- Daño emergente

34.- Se negará indemnización por este concepto porque no se allegó ni solicitó
alguna prueba para demostrar la pérdida de bienes del demandante o que
incurrió en algún tipo de erogación por el hecho del exilio forzado.

vi).- Medida de reparación pecuniaria

35.- En la demanda se solicita que se ordene a las entidades demandadas
reconocer públicamente los hechos victimizantes contra del señor Ocoro Botero.
La sala estima pertinente la adopción de dicha medida de reparación no
pecuniaria en atención a la grave violación a los derechos humanos en la que
incurrieron sus agentes. En consecuencia, se ordena que, dentro del mes
siguiente a la ejecutoria de la presente decisión, emitan un comunicado conjunto
en el que hagan alusión a la decisión contenida en esta sentencia y ofrezcan
disculpas al demandante por la actuación irregular de sus agentes.
I. Costas

36.- En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes,
la sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55
de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 27 de abril de 2018 por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y, en su
lugar,

SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonial y solidariamente responsables a la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – EJÉRCITO

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Radicado: 76001-23-31-000-2010-01489-01 (63024)
Demandante: Fredy Ocoro Botero

NACIONAL y al MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE por el exilio forzado del señor
Fredy Ocoro Botero.

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL y al MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE al pago de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes
(100 SMLMV) a favor del señor FREDY OCORO BOTERO por concepto de
perjuicios morales.

CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL -EJÉRCITO NACIONAL y al MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE al
pago TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 33.388.793) a favor de FREDY
OCORO BOTERO por concepto de lucro cesante.

QUINTO: ORDÉNASE al Ministro de Defensa del Ejército Nacional y al alcalde
del Municipio de Bugalagrande que, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de
esta providencia, emitan un comunicado conjunto en el que hagan alusión a la
decisión contenida en esta sentencia y ofrezcan disculpas al demandante por la
actuación irregular y al margen de la ley de sus agentes.

SEXTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda

SÉPTIMO: Sin condena en costas

OCTAVO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178
del CCA.

NOVENO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a
las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.

DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento parcial de voto
y aclaración de voto

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