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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02205-01

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02205-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió las pretensiones de la demanda presentada por la señora Jacinta del Rosario Montoya Castaño contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO. No condenar en costas por lo expuesto. TERCERO. Aceptar la renuncia del apoderado de la entidad demandada Carlos Arturo Orjuela Góngora, portador de la tarjeta profesional 6.491 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con la renuncia allegada a la plataforma SAMAI, visible en el índice 30. CUARTO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen y efectuar las respectivas anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-02205-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

20 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 05001233300020150220501 (3905-2018)
Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1

Tema: Pensión gracia. Docente financiado y cofinanciado . Tipo de
vinculación. Tiempo acreditado. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 20 de abril de 2018 , proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

La señora Jacinta del Rosario Montoya Castaño , por intermedio de
apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley

1 En adelante UGPP.
2 Folios 1 a 19.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001233300020150220501 (3905-2018)
Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

1437 de 2011 3, modificada por la Ley 2080 de 2021, formuló en
síntesis las siguientes:

1.1. Pretensiones

Declarar la nulidad de (i) la Resolución RDP 4575 del 1 de febrero
de 2013 mediante la cual la UGPP negó el reconocimiento y pago de
la pensión gracia de la accionante; (ii) de los Autos ADP 004538 del
2 de abril de 2013; ADP 014706 del 8 de noviembre de 2013; ADP
007301 del 21 de julio de 2014 y ADP 012174 del 23 de diciembre
de 2014.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia ,
efectiva a partir del 26 de noviembre de 2011 , fecha en la que
alcanzó el estatus pensional ; (ii) liquidar la condena y realizar los
ajustes de valor conforme al IPC de acuerdo con lo establecido en
los artículos 192 y 195 del CPACA ; (iii) cumplir la sentencia en los
términos de ley.

1.2. Fundamentos fácticos

a). La señora Jacinta del Rosario Montoya Castaño nació el 10 de
febrero de 1957 .

b). La accionante prestó sus servicios como docente de manera
interrumpida desde el 19 de agosto de 1978 hasta la fecha de
presentación de la demanda.

c) El 7 de noviembre de 2012 la demandante presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad
demandada.

3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.

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Radicación: 05001233300020150220501 (3905-2018)
Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

d) La UGPP mediante la Resolución RDP 4575 del 1 de febrero de
2013, negó la pensión gracia por considerar que los tiempos
certificados por la Secretaría de Educación de Cocorná, Antioquia,
el 16 de octubre de 2009 , no podían tenerse en cuenta «por cuanto
la firma de la persona quien certifica está repisada.»

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Al desarrollar el concepto de violación , la demandante indicó que la
UGPP al no reconocer la pensión gracia incurre en vulneración u
omisión a las normas y jurisprudencia desarrollada sobre la materia
y, por ende, en la transgresión injustificada de un derecho que se
encuentra reglamentado, por lo que, al cumplir con los requisitos de
tiempo y edad establecidos en la Ley 114 de 1913 debe reconocerle
la pensión gracia a partir de la fecha en que alcanzó el estatus
pensional.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda y en su defensa propuso las siguientes excepciones (a)
ausencia de vicios en los actos administrativos demandados; (b)
inexistencia de la obligación ; y (c) prescripción.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en audiencia celebrada el 1 de septiembre de 2016 ,
determinó (i) que no existía ninguna irregularidad que generara
nulidad; (ii) que las excepciones propuestas por la demand ada se
decidirían en la sentencia por tratarse de asuntos que tienen que ver

4 Folios 73 a 76.
5 Folio 86 y Vto. CD a folio 85.

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con el fondo del litigio, y (iii) fijó el problema jurídico en los
siguientes términos:

«Corresponde a la Sala determinar la legalidad de los act os
demandados por m edio de los cuales se resolvió negar la
pensión gr acia a la actora, determinando para tal efecto si le
asiste der echo a la demandant e JACINTA DEL RO SARIO
MONTOYA CASTAÑO a la pensi ón gracia por laborar com o
educadora of icial por más de veint iún años o si por el contrar io,
como lo afirma la demandada, no le asist e derecho al mismo por
cuanto no se acreditó los 20 años al servicios de la docencia
oficial de caráct er departamental, dis trital, municipal o
nacionalizado. »

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Antioquia , en sentencia del 20 de abril
de 2018, resolvió:

«PRIMERO: INHI BI RSE PARA EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE
FONDO respecto de la pretensión de nulidad de los oficios (sic)
Autos (sic) ADP 004538 del 4 de abril de 2013, ADP 014706 del 8 de
noviembre de 2013, ADP 007301 del 21 de julio de 2014 y ADP
012174 del 23 de diciembre de 2014 expedidos por la UGPP.

SEGUNDO: SE DECLARA la nulidad de la Resolución No. RDP
004575 del 1º de febrero de 2013, proferida por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECI AL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFI SCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en virtud de las cuales (sic) se negó la pensión gracia a la
demandante.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del der echo, ORDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECI AL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFI SCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
reconocer y pagar a la señora JACINTA DEL ROSARIO MONTOYA
CASTAÑO ident ificada con cédula de ciudadanía No. 21.658.329 la
pensión gracia, a partir del 5 de octubre de 2010, liquidada con el
75% de lo devengado en el año anter ior a su estatus pensional
incluyend o los factor es de prima de navidad y prima de vacaciones,
según lo expuesto.

6 Folios 90 a 95 Vto.

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Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

CUARTO: Sin condena en costas.

[…].»

En primer término, consideró que los autos demandados no deciden
de fondo petición alguna, sino que se limitan a remitir a la decisión
contenida en la Resolución RDP 004575 del 1 de febrero de 2013 ,
de manera que estos no son objeto de control jurisdiccional , toda
vez que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica.

Ahora bien, en cuanto al argumento expuesto por la U GPP en
relación con la certificación de l 16 de octubre de 2009 emitida por el
municipio de Cocorná, que señaló, figura repisada la firma, adujo
que esta no fue allegada por lo que no es posible emitir juicio
valorativo sobre la misma.

Adicionalmente, adujo que conforme a la certificación de salarios
expedida por la Secretaría de Educción del departamento de
Antioquia, en la cual se relaciona que la accionante laboró en calidad
de docente cofinanciado municipal, entre los períodos comprendidos
entre el 19 de agosto de 1978 al 15 de febrero de 1981; del 14 de
febrero de 1993 hasta el 13 de agosto de 1996; del 1 de octubre de
1996 al 20 de febrero de 2001; del 21 de febrero de 2001 al 26 de
marzo de 2001; del 27 de marzo de 2001 hasta el 28 de febrero de
2002; del 1 de marzo de 2002 al 3 de febrero de 2003; del 4 de
febrero de 2003 hasta el 20 de julio de 2004 y del 21 de julio de 2004
hasta el 31 de enero de 2 014, la demandante laboró en calidad de
docente municipal por m ás de 23 años, por lo que no proceden los
argumentos de la entidad en el sentido de negar la pensión gracia.

De acuerdo con lo anterior, la accionante se encontraba vinculada a
la docencia antes del 31 de diciembre de 1980 según el Decreto
01546 del 1 de agosto de 1978, Gaceta de Antioquia, acta de
posesión y formato único para expedición de historia laboral.

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Señaló que de la historia laboral de la demandante es posible
concluir que las vinculaciones se efectuaron en calidad de docente
municipal y cofinanciada de manera interrumpida desde 1978 hasta
2014, por lo que cumplió los 20 años de servicio e l 5 de octubre de
2010.

En cuanto a los demás requisitos , consideró que no fueron objeto
de reparo por parte de la entidad demandada, por lo que declaró la
nulidad de la Resolución RDP 004575 del 1 de febrero de 2013 y el
correspondiente reconocimiento de la pensión gracia.

Adujo que, teniendo en cuenta que el derecho se ca usó el 5 de
octubre de 2010, y fue solicitado el 7 de noviembre de 2012 y la
demanda fue presentada el 21 de octubre de 2015, no operó el
fenómeno de la prescripción.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La UGPP solicitó revocar la decisió n y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda .

Para el efecto, s o stuvo que de acuerdo con lo estable cido en la s
Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, no es admisible computar o
complementar tiempos de servicio pre stados en calidad de docente
con tiempos de servicio cofinanciados.

Así mismo, indicó que el periodo prestado al municipio de Cocorná
y que dio lugar a la negativa, se evidencia en el cuaderno
administrativo (certificado del 14 de febrero de 2013) signado por
el alcalde municipal, quien no es competente para ese fin y, por lo
tanto, dicho periodo no puede computarse y , en ese orden , no
cumple con los requisitos sustanciale s previstos por la ley.

7 Folios 128 a 130.

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6. ALEGATOS DE SEGUNDA I NSTANCIA

6.1 La parte demandante 8 solicitó confirmar la sentencia recurrida
y presentó los mismos argumentos expuestos en la demanda y en
los alegatos de conclusión presentados ante el tribunal .

6.2 La entidad demanda da 9 reiteró los argumentos del escrito de
apelación.

El Ministerio Público guardó silencio según el informe secretarial
obrante a folio 167 del expediente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 11 del Código

8 Folios 140 a 164.
9 Folios 165 a 166.
10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, as í como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
11

instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar co pias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo

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General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

2.2 Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

¿La señora Jacinta del Rosario Montoya Castaño , en su calidad
de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la
pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley
114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación ?

Para resolver el asunto, se desarrollará el siguiente orden
metodológico: (i) la pensión gracia ; y (ii) el análisis del caso
concreto.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1 La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
misma, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspi ran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración
y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o

que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, sal vo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 a ños de edad. Por
su parte, la Ley 91 de 1989 precisa que el docente se haya vinculado
al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñ anza primaria, la
normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la pr esente Ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de
ellos:

Personal nacional. Son los docent es vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional .

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculad os por
nombramient o de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976
y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territori al . Son los docentes vinculados por
nombramient o de entidad territorial , a partir del 1 de enero de
1976, sin el cumplim iento del requisito establecido en el artí culo 10
de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de dicha ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para l os docentes al establecer lo siguiente:

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«[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado,
tuviesen o llegar en a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la tot alidad de los
requisit os. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de pr evisión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible c on la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, la jurisprudencia de esta
Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho
para todo docen te que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los
docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la
Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de
agosto de 1997 12 señaló:

«[…] dentro del grupo de benefici arios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docent es nacionales sino, exclusivamente,
los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, adem ás de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen
o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siem pre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin
la ley 91 de 1989, en especial la norm a contenida en el lit eral A,
numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
benef iciarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación pr imaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de

12C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

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unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 13 previó las
siguientes pautas jurispruden ciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la
Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y
hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no
obstante, su or igen o fuente nacional, una vez se incor poraban a los
presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rent as exógenas.

ii) Los entes territor iales son los titulares directos o propiet arios de
los r ecursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general
de participaci ones , por asignación direct a del artículo 356 de la Carta
Polít ica de 1991.

iii) La financiación de los gastos que gener aban los fondos
educativos regionales no solo dependí a de los recursos que gir aba
la Nación a las entidades territor iales por concepto del situado fiscal ,
sino que también correspondí a a los ent es locales destinar parte de
su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educat ivos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de
la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos
que generaban los servicios educativos de los docent es nacionales y
nacionalizados, resulta fact ible colegir de manera razonada que lo
propio acontecía con algunas de las erogaciones salar iales or iginadas
por el servicio que prestaban los educadores territor iales, ya que los
recursos dest inados para tal fin provenían tanto de la Nación —
situado fiscal — com o de las ent idades territoriales, y además, en uno
y otro caso, el universo de esos r ecur sos le pertenecía de forma
exclusiva a los ent es locales dado que ingresaban a sus presupuest os
en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docent es territo r iales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales ( i) cuando en
el acto de su vinculación interviene, además del representante legal
de la entidad terr itorial, el delegado permanente del Minist erio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respect ivo fondo educativo regi onal , así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 1 3 ; y (ii) por
el argumento de que los recursos dest inados para su sostenimiento
tienen su or igen o fuente en la Nación.

13 P r o c e s o
identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.

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vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requier e copia de
los actos administrat ivos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suf iciente clar idad que la plaza a ocupar sea
de aquellas que el legisla dor ha previst o como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva cert ificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter terr itorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión
gracia, es la acredit ación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territor ial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territ oriales, el pago de sus acreencias provenía
directam ente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de
las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que
ver con los educadores nacionalizados, las er ogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy
sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto
original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda , incorporó
adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de
1989, para efectos del reconoc imiento de la pensión gracia, que « Los
docent es pueden acceder a la pensión gracia ant es y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acr editen una vinculación territor ial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalment e establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron
que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual
son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de
resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro

14 P r o c e s o
identificado con radicación 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018-
2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.

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que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar que él o la docente laboró 20 años en establ ecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Caso concreto

En atención a las anteriores precisiones, la Sala procederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verificar si
a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente
a los tiempos de servicios acreditado s.

2. 4. 1. Actuación administrativa

La demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la entidad demandada el 7 de noviembre de
2012. La UGPP, mediante la Resolución RDP 004575 del 1 de
febrero de 2013 15 negó la pensión gracia , toda vez que desestimó el
período laborado ante el municipio de Cocorná, Antioquia , por
considerar que la firma de quien suscribió el certificado de 16 de
octubre de 2009 se encuentra repisada.

2.4.2 Hechos probados y análisis del caso concreto

2.4.2.1 La accionante nació el 10 de febrero de 1957 16, por lo que el
mismo día y mes del 2007, cumplió los 50 años de edad.

15 F o l i o
4 del cuaderno de expediente administrativo.
16 A s í
consta en la fotocopia de la cédula de ciudadanía y registro civil de
nacimiento allegados en el expediente administrativo obrante en CD a folio 80.

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2.4.2.2 Respecto de los tiempos de servicio, se encuentra acreditado
lo siguiente:

a) Periodo comprendido entre el 19 de agosto de 1978 y el 15 de
febrero de 1981, nombrada mediante Decreto 01546 del 1 de
agosto de 1978 17.

«DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
GOBERNACIÓN
DECRETO NUMERO 1546 de 19__
(1 AGO 1978)

Por medio del cual se hacen unos nombr amientos en pr imaria.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de
sus facultades legales,
D E C R E T A

ARTÍCULO 1º - Nóm brase a JACI NTA MONTOYA CASTAÑO como
seccional de la escuela rural m ixta El Ciprés del municipio de
Cocor ná, sin categoría en el escalaf ón, sueldo mensual $ 3.370.oo
nueva, para llenar creación mediante Dt o. 374 del presente año, a
partir del 24 de ju lio.
[…]

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Gobernador
El Secretar io de Hacienda
El Secretar io de Educación y Cultur a» (Sic)

Fue allegado al proceso copia de la Gaceta Departamental año
LXVIII, número 10.458 del viernes 13 de octubre de 1978 18 que
recoge el contenido del acto relacionado.

La accionante, ante el alcalde municipal de Cocorná, el 19 de agosto
de 1978, tomó posesión del cargo de «Seccional de la Escuela Rural
Mixta El Ciprés Jurisdicción de este Municipio» 19.

Sobre este acto de nombramiento es posible determinar que ocurrió
antes del 31 de diciembre de 1980, lo que por regla general

17 F o l i o 37 y 38.
18 F o l i o 39 a 41.
19 F o l i o 42

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correspondería a un nombramiento nacionalizado o territorial; fue
nombrada por disposición de la autoridad local (gobernador de
Antioquia), sin que obrara referencia a alguna ley que permita inferir
que su nombramiento se realizaba en nombre de la Nación, y fue
proferido para ocupar una plaza docente creada en una escuela rural
en un municipio del departamento (Cocorná) .

Ahora, en lo que corresponde a determinar cuándo un docente es de
carácter territorial o nacionalizado, resulta relevante destacar que la
Corte Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91
de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación
que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían
sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.
Específicamente, expuso:

«3.2.2. Así m ismo, se observa por la Corte que, antes de la
"nacionalización" de la educación pr imaria y secundar ia oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período
de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían
dos categorías de docentes oficiales, a saber: los naci onales,
vinculados laboral mente de manera directa al Ministerio de
Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralment e a los departament os , en nada se oponía a la
Const itución entonces en vigo r, que existiera para éstos últ imos la
denom inada "pensión gracia", de que tr ata la Ley 114 de 1913,
posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de
1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus
efectos en el t iempo para qu ienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los r equisitos sustanciales para tener derecho a ella
antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del
empleador (nación o departamento), per mitía, conforme a la Carta,
establecer un trato dist into y una excepción al pr incipio general
prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público,
situación ésta que resulta igualmente acompasada con la
Const itución Polít ica de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º,
numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vul nera el pr incipio de la
igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohibe (sic) dispensar trato diferente y discr iminado "por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar , lengua, r eligión, opinión
polít ica o filosóf ica" , nada de lo cual ocurre en este caso. […]»
(Negrilla de la Sala)

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Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado
de la designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha , de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975 ». En similar
sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C -085 de 2002,
indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales».

Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta
Corporación en la citada sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18
del 21 de junio de 2018 , concluyó:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel
que siendo territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objet o del
proceso de nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43
de 1975; y (ii) los que a partir de esa f echa se hayan vinculado a
una plaza de aquellas que fueron nacionaliz adas en virtud, también,
del aludido proceso adelantado por la norma en cuest ión (Ley 43 de
1975).

Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado
por ent idades de ese orden a part ir del 1. de enero de 1976, sin el
cumplimiento del re quisito establecido en el artículo 10 de la Ley
43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar haya sido creada de
forma exclusiva por el ente local y los gastos que est a genere se
cubran con cargo a su propio presupuest o.»

Adviértase que esas reglas jurisp rudenciales deben analizarse en
cada caso particular en conjunto con los todos elementos de juicio
para concluir sin lugar a equívoco el tipo de vinculación del
respectivo docente.

Lo anterior, resulta necesario para destacar que en el asunto bajo
análisis: la docente fue nombrad a por una entidad territorial con
posterioridad a la nacionalización adelantada por la Ley 43 de
1975, sin que se evidencie que la plaza ocupada haya sido sometida

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a ese proceso de nacionalización . Adicionalmente, se observa que
en el acto tampoco intervino un delegado del Ministerio de Educación
Nacional, ni se indicó que los salarios de la demandante fueran
financiados con recursos girados por la Nación .

Así mismo, el nombramiento se realizó para desempeñarse como
docente de primaria , y, de acuerdo con los antecedentes expuestos
en el marco normativo , en virtud de la Ley 39 de 1903 20, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria se encontraba a cargo de
la Nación, de lo que se colige que la naturaleza jurídica del vínculo
era territorial .

Así las cosas, se puede verificar que esta vinculación ocurrió antes
del 31 de diciembre de 1980 y, por tanto, se deben incluir dichos
periodos en los cálculos, a efectos de acreditar los 20 años
requeridos para la pensión gracia.

b) Periodo comprendido entre el 15 de febrero de 1993 y el 13
de agosto de 1996, nombrada mediante Decreto 0011ª del 14 de
febrero de 1993 21.

«D E C R E T O No. 0011A.-
COCORNA ANTIOQUIA, Febr ero 14 de 1.993.-

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE
UNAS DO CENTES.

EL ALCALDE MUNI CIPAL DE COCO RNA ANTIOQUIA, en uso de
las facultades conferidas por el art. 9 de la Ley 29 de 1. 989 y
de conform idad con los decretos 2277/79 у 1706/89 у;

C O N S I D E R A N D O :

A.- Que se encuent ra vacantes los cargos de docente en las
escuelas rurales de: EL MOLINO del núcleo educat ivo N°. 1714;
BALCONES del núcleo educativo 1715; y CEBADEROS del
núcleo educat ivo N°. 1716 del Municipio de Cocorná.

20 « [ S ] o b r e Instrucción Pública».
21 F o l i o 46 y 47.

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B.- Que las educadoras: JACINTA DEL ROSARIO MONTOYA
CASTAÑO, MARTA CECILIA SOTO SALAZAR Y RO SA ODILA
GIRALDO, escalafonadas en gr ado uno (1) del Escalaf ón
Nacional Docente r eunen (sic) los requisitos legales par a el
desempeño de los cargos vacantes y estan (sic) dispuestas a
asumir la.
D E C R E T A :

ARTI CULO PRIMERO: Nómbrase a JACINTA DEL ROSARIO
MONTOYA CASTAÑO, con C.C. N°. 21 658.329 exp. en
Cocor ná, escalafonada en grado uno (1) docente, para
desempeñar el cargo de P.T. C. en pr im aria en la Escuela r ural
de EL MOLINO, del núcleo educativo N°. 1714 de este
Municipio, plaza del plan de la Universalización de la Educación
básica Pr imaria.

[…]

ARTI CULO CUARTO: Las educadoras nombradas, tomar án
posesión en el Despacho de la Alcaldía Municipal, acreditando
los requisit os legales.

PARAGRAFO: La asignación salar ial, será la que corresponda
al grado que acredit en en el Escalaf ón Nacional Docente, de
conformidad con las normas que regulan el régimen (sic) salar ial
de los docentes.

ARTI CULO QUINTO: Para los fines legales pert inentes se
enviará copia del presente Decreto al Delegado (sic)
Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER
de Antioquia, y a la oficina Seccional. de Escalafón, adjunt ando
copias aut énticas del acta de posesión.

ARTI CULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su expedición legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Alcalde Municipal Secretario General Ad-hoc» (sic)

• Según el Acta 012A del 15 de febrero de 1993 22, la accionante tomó
posesión del car go como profesor a en la Escuela Rural del M olino,
núcleo Educat ivo 1714 del municipio de Cocorná ante el alcalde
municipal, y la secretaria ad- hoc.

• De acuerdo con el Formato Único par a Expedición de Cert ificado de
Hist oria Laboral del FOMAG, consecutivo 19, emit ido por la

22 F o l i o 48.

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Secretaría de Educación de Ant ioquia el 14 de septiembre de
2014 23, consta lo siguiente:

SITUACIÓN LABORAL
TIPO DE VINCULACIÓN
Nacional Nacionalizado Departamental Financiado Municipal X Distrital

TOTAL
Tipo y Nro. de FECHA
NOVEDADES FECHA A.A. DESDE HASTA DÍAS (360
A.A. POSESIÓN
X AÑO)
Situación Administrativa NOMBRAMIENTO dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa
DECRETO No.
1 Plantel Educativo C.E.R EL MOLINO 1265
0011A
Municipio COCORNA
Calidad docente P.T.C 14 2 93 14 2 93 15 2 93 13 8 1996

De la lectura de l acto de nombramiento , es posible colegir que la
autoridad que nominó a la demandante como docente fue el alcalde
municipal de Cocorná, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y de conformidad con los Decretos
2277 de 1979 y 1706 de 1989 .

En cuanto al artículo 9 de la Ley 29 de 1989 se tiene:

«Artículo 9º. - El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor
del Distr ito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipal es, las
funciones de nombrar , trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacionales o nacional izados , plazas
oficiales de colegios cooperat ivos, privados, jornadas adicionales,
teniendo en cuent a las normas del Estatuto Docente y la Carrera
Administrat iva vigentes y que expidan en adelante el Congr eso y el
Gobierno Nacional, ajustándose a los car go s vacantes de las plantas
de personal que apr uebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades
presupuestales correspondientes.
[…]

Parágrafo 1º. - Los salarios y prest aciones sociales de este
personal, continuarán a cargo de la Nación y de las enti dades
territoriales que las crearon .

Parágrafo 2º. - La Nación no asume responsabilidad alguna por los
nombramientos que excedan las plantas de personal aprobadas por
el Gobier no Nacional para la respect iva jurisdicción municipal y para
la jurisdicción de la Isla de San Andrés, ni nacionalizará el personal

23 F o l i o 43.

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así designado. Ver artículo 6 Ley 60 de 1993 Ley 91 de 1989 y
artículo 176 Ley 115 de 1994.

Los nombram ientos y demás novedades de personal que se llegasen
a producir por fuer a de las respect ivas plantas de personal o
contraviniendo las normas del Estatut o Docente y de la Carrera
Administrat iva y las disponibilidades presupuestales
correspondientes, serán de exclusiva re sponsabilidad del m unicipio
o entidad territor ial que los hiciere, y suyas las cargas civiles,
administrat ivas y laborales que de tales actuaciones se despr endan.
El funcionar io que produjere el nombr amiento o la novedad de
personal, incurr irá en causal de mala conducta, y responderá
solidariamente con la entidad que dicho funcionar io represente. Ver
artículo 106 Ley 115 de 1994.

[…]»

Sobre el particular, se precisa que el nombramiento en uso de las
facultades otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no
significa per se que la vinculación sea nacional o nacionalizada,
puesto que en virtud de esa disposición normativa se asignaro n a los
alcaldes municipales las funciones de nombrar, trasladar, remover,
controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacional o
nacionalizados.

Ahora, el Decreto 1706 de 1989, reglamentó los artículos 7, 10 y 18
de la Ley 29 de 1989, con la intención de desarrollar un régimen que
se adecuara a la administración de la prestación del servicio
educativo, mientras que, el Decreto 2277 de 1979, estableció el
régimen especial para regular las condiciones de ingreso y demás
situaciones administrativas sobre el ejercicio de la profesión
docente.

En esos términos, se deduce que es te nuevo nombramiento se
efectuó por el representante del ente territorial, por lo que la
naturaleza jurídica del vínculo corresponde ría en principio al
territorial, municipal.

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Adviértase, además, que no existe duda de que, en ese acto de
nombramiento, no hubo intervención directa por parte del Gobierno
nacional, y en ningún momento se indica que se va a ocupar una
plaza nacional, aunque sí se estableció específicamente que se
trata de una plaza del Plan de la Universalización de la
Educación Básica Primaria .

Al respecto, y de acuerdo con la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018 24, se concluyó que lo esencialmente relevante, frente
al reconocimiento de la pensión gracia, es la acredita ción de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta
a los educa dores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas —situado fiscal — cu ando se sufragaban los gastos
a través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del sit uado fiscal,
hoy Sistema General de Participaciones.

Ahora bien, la Sección Segunda en providencia proferida el 26 de
noviembre de 2018 25, esto es, con posterioridad a la se ntencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, en la que el
escenario argumentativo y hermenéutico fue diferente al sostenido
por esta jurisdicció n hasta ese momento , indicó:

«59. El pr ogr am a denom inado “ soluciones ed ucat ivas” hizo par t e
del pla n de univ er salizac ión de la Edu cación Bás ica Pr im ar ia que
adelant ó el M inist er i o de Educación con el pr opósit o de m ej or ar ese
nivel de educació n t ant o a nivel cuant it at ivo com o cualit at ivo
of r eciendo a los alum nos, m aest r as y escuelas un conj unt o
int egr ado de bien es y ser vicios educat iv os.

24 Co ns ej o d e Es t a d o, S a la d e lo C o nt enc i os o A dm i n is tr at iv o , Sec c i ó n Se g u nd a,
S en te nc i a d e U n if ic ac i ón J ur is pru d enc i a l C E - S UJ - SI I- 1 1- 20 1 8, n ú me ro i nt er no
38 0 5- 20 1 4.
25 De n tr o d e l r a d ic a d o 5 00 0 1- 23- 3 3- 0 0 0- 20 0 9- 00 3 16 - 0 2( 24 7 0- 1 5) , C. P. S an dr a

L is s e t Ib ar r a V é l ez .

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60. Según el docum e nt o del Depar t am ent o Naciona l de
Planeac ión de 19 de m ar zo de 1991, denom inado “ Plan de A per t ur a
Educat iva 1991 - 199 4” , el Consej o Nacional de Polí t ica Eco nóm ica
y Socia l, m ediant e e l CO NPE S 2158 d e 1991, apr obó la m edida
conf or m e al r ef er ido plan par a el cu at r ienio 1991 - - 1994 y f ue
inst it ucio nal izado p or m edio del Decr et o 61 de 14 de ener o de
1992 26.

61. En ef ect o, el sist ema de “ Soluciones Ed ucat ivas” , consist í a
en la cont r at ación anual de docent es por los m unicipi os, con
r ecur sos del gob ier no nacion al, con car go a sus pr opios r e cur sos,
de suer t e que se convir t ió en una opc ió n f lexibl e por la f acil idad de
vincul ación de doce nt es y posibilit ó que se llevar a la educa ción a
zonas de dif í cil acce so. »

En el parágrafo del artículo 1.º de la mencionada norma se determinó
la universalización y en el artículo 2.º se definió el Plan de la
siguiente manera:

«[…]
PARÁGRAFO: Ent iéndese como universalización de la educación
básica pr imar ia la at ención de los gr ados 0 a 5 de educación básica,
como estrategia par a ofrecer los 6 grados, ampliar la cobertura,
mejorar la calidad educat iva en las escuelas públicas del país y
apoyar las acciones tendientes a la int egración de los niveles de
educación básica primaria y secundaria en los planteles oficiales con
el propósito de incrementar el nivel de escolar idad de los
colombianos.»

«ARTICULO 2o. DEFINICION. El plan de universalización de la
educación básica primaria consiste en la prestación de un conjunto
integr ado de bienes y servicios educativos ofrecidos a los seis
primeros años de la educación básica; capacitación de docentes;
suministro de textos para los niños, bibliotecas par a las escuelas,
material de instrucción para los maestr os, provisión de mobiliario
escolar para alumnos, maestros y escuelas; renovación y
mejoramiento de la plant a física de las escuelas en términos de
construcción y repar ación de aulas, unidades sanitar ias, servicio de
agua y pozo sépt ico. Además, prevé el desarrollo de acciones y
proyectos de fortalecim iento del sector mediant e una est rategia
global que cuenta con la estruct ura básica del sistema educativo y

26 P or e l c u a l s e i ns t i tuc i on a l iz a e l “ P la n d e U n iv ers a l iz ac i ó n de la E duc ac i ón
B ás ic a Pr i m ar i a” .

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que comprende la renovación curricular y la desc entralización
administrat iva »

En dicha norma se señaló que el plan tenía cobertura nacional y su
ejecución se extendería hasta el año de 1995, atendiendo todos los
municipios, siguiendo los criterios trazados por el Ministerio de
Educación Nacional y sujeto a evaluaciones periódicas para detectar
su estado de avance en cada región.

Por su parte, en el artículo 4.o, se determinó que el plan se
financiaría con recursos del Crédito Internacional 3010 BIRF-CO,
con las contrapartidas nacionales estipuladas en éste, con aportes
de los presupuestos departamentales, municipales cuando se
suscriban los convenios respectivos y con aportes de la
comunidad y era el Ministerio de Educación quien velaba porque la
asignación de los recursos necesarios garantizara el cumplimiento
del plan. Así, los recursos asignados al Plan eran ejecutados por el
Fondo del Ministerio de Educación, los Fondos Educativos
Regionales, FER y los Centros Experimentales Piloto, CEP, de cada
departamento y del Distrito Capital.

La administración general del plan estaba a cargo del director
nacional y de los directores seccionales y municipales, apoyados por
los comités asesores de cada nivel y por la secretaría ejecutiva
nacional, seccional y municipal. Su gestión se operacionaliza a
través de los procesos de dirección, asesoría, planeación,
programación general, organización, coordinación, ejecución
financiera, ejecución física, seguimiento, control y evaluación. (art.
5)

La ejecución financiera de los recursos del plan en el nivel nacional
estuvo a cargo del fondo del Ministerio de Educación Nacional, en el
nivel seccional a cargo de los Fondos Educativos Regionales, FER,
de los Centros Experimentales Piloto, y en el nivel municipal a cargo
de los alcaldes, de las tesorerías municipales y del agente financiero

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Radicación: 05001233300020150220501 (3905-2018)
Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

seleccionado según sea necesario para la ejecución de obras civiles,
según se estipuló en el artículo 6.º.

En cuanto a la Dirección Nacional del plan se estableció que
corresponde al ministro de educación Nacional, quien podría
delegarla en el viceministro de educación y en el nivel seccional el
director del plan es el gobernador y el alcalde Mayor del Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá, en su calidad de presidentes de las
juntas administradoras de los fondos educativos regionales de cada
entidad territorial, quienes podrían delegar en uno de los secretarios
del despacho.

En el nivel municipal, el alcalde es el director del plan cuando se
suscriban los convenios. La definición de políticas, las orientaciones
para la aplicación del plan y la toma de decisiones para la asignación
de recursos, aprobación de la programación física y financiera y el
control y evaluación del programa en general, corresponden al
director nacional del Plan. En los niveles seccional y municipal el
director es el responsable de la ejecución, control y seguimiento del
plan.

Teniendo en cuenta lo anterior, es dable concluir que el Ministerio
de Educación adelantó el plan de universalización de la educación
básica primaria el cual estuvo financiado con recursos mixtos, es
decir, nacionales, departamentales y municipales, e inclusive con
aportes de la comunidad y provenientes del crédito internacional
BIRF 3010-CD y se indicó que para ejecutarlos, la entidad suscribió
convenios interadministrativos con cada uno de los departamentos
para el desarrollo de esta política educativa, teniendo en cuenta los
alcances y propósitos definidos en la misma.

De acuerdo con lo anterior, el tiempo laborado como docente en el
mencionado «Plan de Universalización de la Educación» debe
tomarse en principio como territorial, salvo que, de manera expresa,

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Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

como ha ocurrido en procesos resueltos por esta Subsección, se
establezca en el acto de vinculación, que la financiación de las
plazas se encuentran a cargo del Ministerio de Educación Nacional,
o que los recursos provenían de la Nación, casos en los cuales se
ha resuelto de manera negativa la inclusión de dichos tiempos, por
cuanto, la naturaleza jurídica del vínculo deviene en nacional 27,
situación que no se da en el presente caso según lo analizado, por
lo que es dable concluir que el carácter de esta vinculación se
cataloga como territorial.

Aunado a lo anterior, atendiendo al certificado de historia laboral
expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio –FOMAG–, se advierte que se establece que el tipo de
vinculación es «FINANCIADO MUNICIPAL», y ello se explica
precisamente porque , según la norma relacionada anteriormente, es
decir el Decreto 61 de 1992, se indicó que su financiación se
realizaba con recursos mixtos, y que para ejecutarlos, se
suscribieron convenios interadministrativos precisamente en aras de
desarrollar de forma adecuada la política educativa.

Sumado a lo expuesto, no puede desconocerse que incluso la UGPP,
mediante la Resolución RDP 004575 del 1 de febrero de 2013, la
cual es objeto de estudio en el presente asunto, negó el
reconocimiento de la pensión gracia, únicamente bajo el argumento
de que la firma de quien suscribió el certificado de 16 de octubre de
2009 se encontraba repisada, pero nunca controvirtió ni probó que
el período laborado por la accionante en el municipio de Cocorná,
Antioquia, correspondiera a una naturaleza jurídica nacional.
Circunstancia que igualmente se evidencia en el recurso de

27 E n es e s e nt i d o las s e nt e nc i as pr of er id as p o r e l C o ns ej o de Es t ad o, S ec c ió n
S eg u nd a , S ubs ec c i ón A, s en t enc i a d e l 1 6 d e j u n io de 20 1 6, r ad ic a do 73 0 01 - 2 3-
33- 0 0 0- 2 0 13- 0 05 2 9 - 01 ( 35 3 3- 14) , y d el 2 0 d e oc t u bre d e 2 02 2, ra d i c ad o 7 00 0 1 -
23- 3 3- 00 0- 20 1 5- 00 2 36 - 01 ( 27 0 9 - 20 1 6) , C . P. W i l li a m H ern á nd ez G ó mez

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apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia
en este proceso.

Dicho lo anterior, se tiene que, en el presente caso, la autoridad que
nominó a la demandante como docente , fue el alcalde municipal de
Cocorná con base en las facultades ya anal izadas, y al verificar la
plaza educativa en la que fue nombrada, Escuela Rural El Molino en
el municipio de Cocorná, es evidente que pertenece al orden
territorial, municipal.

Así las cosas, es posible computar este periodo para efectos de
acreditar el requisito de tiempo para el reconocimiento de la pensión
gracia.

c) Desde el 14 de agosto de 1996 hasta el 31 de enero de 2014,
nombrada mediante el Decreto 3062 del 2 de agosto de 1996 28

«DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
GOBERNACIÓN

DECRETO NUMERO 3062 de 19__ (sic)
(-2 AGO. 1996-)

Por el cual se incorpora a la planta de cargos docentes
departamentales con recursos del situado fiscal, los educador es
del municipio de Cocorná financiados por la Nación dentro del
Plan de Universalización.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en
uso de sus facultades legales, y en especial de las conferidas
por el artículo 2o. de la Ley 60 de 1993, y

CONSI DERANDO :

1. Que el par ágrafo del artículo 4o. del Decreto Nacional 196 de
1995 dispone que una vez se venzan los t érminos de los
convenios de plazas financiadas y cofinanciadas (por la
Nación), los derechos salariales y pr estaciones se pagarán con
cargo al sit uado fiscal.

2. Que el Minister io de Educación Nacional mediante Circular
No. 055 de noviembre de 1995, estableció los requisitos para

28 F o l i o 52 y 53.

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incorporar al situado fiscal los educador es municipales
financiados por la Nación.

3. Que los educador es del Municipio ( sic) de Cocorná cumplen
los requisitos de la Circular Minister ial No. 055 de noviembre de
1995 y en consecuencia, deben ser incorporados a la planta de
cargos docentes del Departamento con recursos del situado
fiscal.

DECRETA:

ARTI CULO PRIMERO: Incorporar a la planta de cargos docent es
del Departamento, con recursos del situado fiscal, a los
educadores que se enuncian a cont inuación, los cuales vení an
siendo financiados por la Nación dentro del Plan de
Universalización.

JACI NTA DEL ROSARIO MONTOVA C., identif icada con la
cédula 21.658.329, como profesora de tiempo completo en la
Escuela Rural El Molino, Núcleo 1714, grado primero en el
Escalafón.

[…]

ARTI CULO SEGUNDO: Los educadores incorporados mediante
este Decreto deben tener posesión legal del cargo ante la
Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaría de
Desarrollo del Recur so Humano, certif icado por escr ito que no
tiene ninguna otra vinculación con el Estado y que est án
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magister io.

ARTI CULO TERCERO: La asignación salarial será la que
corresponda al grado que acrediten en el Escalafón Nacional
Docente y de acuer do con la escala salarial establecida por el
Gobierno Nacional.

ARTI CULO CUARTO : Remítase copia del presente Decret o al
Alcalde (sic) Municipal de Cocor ná, al Fondo de Prestaciones
del Magisterio y las Direcciones de Recursos Humanos y
Asuntos Docentes y Financiera de la Secretaría de Educación y
Cultura.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Gobernador de Antioquia
Secretar ia de Educación y Cultura»

• Según el Acta 37 del 11 de septiembre de 1996 29, la accionante
tomó posesió n del cargo como «P.T. C. en la Escuela Rur al El

29 F o l i o 54.

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Molino, Municipio (sic) de Cocor ná, núcleo 1714», y se estableció
que «tiene efect os retroactivos al 14 de agosto de 1996.»

De la lectura del acto administrativo contenido en el Decreto 3062
del 2 de agosto de 1996, se puede extraer que el gobernador del
departamento de Antioquia, en calidad de representante de la
entidad territorial incorporó, sin solución de continuidad a la
demandante (docente del municipio de Cocorná dentro del Plan de
Universalización ), a la planta de cargos departamentales con
recursos del situado fiscal, con base en atribuciones legales propias ,
y las que le fueron conferidas por el artículo 2.º de la Ley 60 de 1993,
que a su tenor dispuso:

«ARTICULO 2o. Competencias de los Municipios. Corresponde a los
Municipios, a través de las dependencias de su organización central
o de las entidades descentralizadas municipales competentes, en su
carácter de entidades ejecutoras principales de las acciones en
materia social, dirigir, prestar o participar en la prestación de los
servicios directamente, conforme a la ley, a las normas técnicas de
carácter nacional, a las ordenanzas y a los respect ivos acuerdos
municipales, así:
1. En el sector educativo, conforme a la Const itución Política y a las
disposiciones legales sobre la materia:
• Administrar los servicios educativos estatales de educación
preescolar, básica primaria y secundar ia y media.
• Financiar las inver siones necesar ias en infraestruct ura y dotación
y asegur ar su mantenimiento, y part icipar con recursos pr opios y con
las participaciones municipales en la financiación de los servicios
educat ivos estatales y en la cofinanciación de programas y proyectos
educat ivos.
• Ejercer la inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de
los ser vicios educativos estatales. »

En las consideraciones del Decreto 3062 del 2 de agosto de 1996,
se expuso que, de acuerdo con el artículo 4.º del Decreto 196 de
1995 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6
de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994,
relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras
disposiciones», dispuso:

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«Artículo 4º.- Docentes departamentales y muni cipales
financiados o cof inanciados por la Nación -Ministerio de
Educación Nacional. Los docentes departamentales y municipales
financiados o cofinanciados por la Nación-Minister io de Educación
Nacional mediante convenios, serán afiliados o Incorporados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magister io, bajo el
régimen de la Ley 91 de 1989 y sus Decretos reglamentar ios 1775 y
2563 de 1990 o de las disposiciones que modifiquen el régimen
indicado, previo el cumplimiento de los requisit os económicos y
formales establecidos para el efecto. Los docentes así vinculados
que previam ente se encuentren af iliados a una caja de previsión o
entidad que haga sus veces, quedarán exim idos de los requisitos
económ icos de af iliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
de Magisterio.

Las prestaciones sociales de los docentes financiados y
cofinanciados serán de cargo de la respectiva entidad territor ial y los
recursos par a su cancelación se regirán por lo que disponga el
correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación . Las
entidades territor iales, las cajas de previsión o las ent idades que
hagan sus veces, girarán directamente los recursos al Fondo
Nacional de prestaciones Sociales del M agisterio.

Parágrafo. - Una vez se venzan los términos de los convenios de
plazas financiadas cofinanciadas, los derechos salar iales y
prestacionales se pagarán con cargo al situado fiscal. »

En ese orden, la incorporación a la planta de personal del
departamento de Antioquia, si bien establece que se pagará con
cargo al situado fiscal, esto es, con recursos de transferencias de la
Nación, ello, por sí solo, no es indicativo que haya adquirido la
calidad de docente nacional, ya que, aunque estos recursos no son
producidos por las entidades territoriales, en esa medida deben ser
considerados exógenos, mas no recursos nacionales y, por tanto, las
plazas así administradas pasarían a ser territoriales o, en su defecto,
nacionalizadas.

Se tiene además que, de acuerdo con el certificado de historia
laboral expedido por la Secretaría de Educación del departamento
de Antioquia, consecutivo 63174-14 expedido el 19 de febrero de

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2014 30 se indicó respecto del tipo de vinculación, que era de carácter
cofinanciado municipal así:

SITUACIÓN LABORAL
TIPO DE VINCULACIÓN
Nacional Nacionalizado Departamental Cofinanciado Municipal X Distrital

Alega la demandada que no es admisible computar o complementar
los tiempos de servicios cofinanciados .

Al respecto, resulta pertinente traer a colación el análisis realizado
sobre el Plan de Universalización de la Educación en el literal
anterior, aunado al hecho de se incorporó a la demandante sin
solución de continuidad, lo que permite colegir que el tipo de
vinculación no mut ó, y por ende, sigue siendo del orden territorial.

Adicionalmente, resulta pertinente mencionar que , como
consecuencia de la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 60
de 1993, se expidió el Decreto 196 de 1995 en el cual se definió a
cada uno de los docentes y la naturaleza jurídica de l vínculo, así:

«Artículo 2º. - Definiciones. Para los efectos de la aplicación del
presente Decreto, los siguientes tér minos t endrán el alcance
indicado en cada uno de ellos:
Docentes nacional es y naci onalizados: Son aquellos que han
venido siendo financiados con recursos de la Nación y que se
financian con recursos del situado fiscal, a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 60 de 1993.
Docentes Departamentales, Di stritale s y Municipales:
a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva
entidad territor ial con cargo a su propio presupuesto y que
pertenecen a su planta de personal;
b) Son Igualm ente los docentes financiados o cof inanciados por la
Nación-M inister io de Educación Nacional, mediante convenios y que
se encuentran vinculados a plazas depart amentales o municipales.
Docentes de Establecimientos Públicos Oficiales: Son aquellos
que pertenecen a la planta de personal del respectivo
establecimiento público educat ivo nacional o territorial, labor an en
los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de

30 F o l i o 49 y Vto.

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primaria y secundar ia y de educación media y son pagados con
recursos est ablecimiento. […]» (Destaca la Sala)

Por su parte, como se relacionó en precedencia, el artículo 4 de la
mencionada Ley 60 de 1993, dispuso sobre los docentes financiados
o cofinanciados por la Nación -Ministerio de Educación Nacional
mediante convenios, que además de ser afiliados o incorporados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sus
prestaciones serán de cargo de la respectiva entidad territorial .

Sobre la naturaleza de la vinculación de los docentes financiados o
cofinanciados, esta subsección en sentencia del 11 de abril de
2018 31, en la que resolvió un asunto similar, luego de analizar las
normas citadas, concluyó lo siguiente:

«De conform idad con lo anter ior y en virtud a que las normas definen
a los docentes cofinanciados como docentes departamentales,
distr itales o municipales dependiendo del ente que los hubiera
vinculado, la Sala considera que como el demandante fue vinculado
como docente cofinanciado por el Municipio (sic) de San Sebastián
de Mariquita desde 1994, se debe entender que dicha vinculación se
dio como municipal y por consiguiente tiene derecho a que dichos
tiempos sean tenidos en cuent a para el reconocimiento de la pensión
mensual vitalicia de jubilación gracia.»

Este mismo criter io fue expuesto por la Subsección Segunda de esta
Corporación en las sentencias del 10 de febrero de 2011 32, del 10 de
marzo de 2016 33 y más recientemente en sentencias del 17 de julio
de 2020 34 y del 13 de abril de 2023 35.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU -559 de 1997, reconoce

31Radicado 190012333000201500392 01 (2235 -2017), C.P Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
32
Su b s e c c i ó n B , E x p e d i e n t e R a d . 0 0 8 8 - 1 0 C . P . D r . V í c t o r H e r n a n d o A l v a r a d o
Ardila.
33Subsección A, Expediente Rad. 2604 -14. C.P. Dr. Gabriel Valbuena
Hernández.
34 S u b s e c c i ó n B, Expediente Rad. 3398 -16 C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
35Subsección A, Expediente Rad. 3114 -2017. C.P. Dr. Gabriel Valbuena
Hernández.

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esta clasificación docente cuando, citando el artículo 2.° del Decreto
196 de 1995, indicó que los docentes departamentales,
municipales y distritales, que también lo son los cofinanciado s
por la Nación, debían ser afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en acatamiento a lo
dispuesto en la Ley 60 de 1993 .

Expuesto lo anterior, es dable concluir que son docentes
departamentales, distritales y municipales:

1. Los vinculados por nombramiento de ent idad territor ial, a part ir
del 1.° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisit o
establecido en el art ículo 10 de la Ley 43 de 1975. (Ley 91 de
1989, artículo 1.°, num. 3.°)
2. Los vinculados por nombramiento de la respect iva entidad
territorial con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen
a su planta de personal. (Decreto 196 de 1995, artículo 2°,
lit eral a.)
3. Los financiados o cofinanciados por la Nación -M inister io de
Educación Nacional, mediante convenios y q ue se encuentran
vinculados a plazas departamentales o municipales. (Decret o
196 de 1995, artículo 2°, lit eral b.)

En este último caso, deberán cumplir varios requisitos: i) que sean
financiados o cofinanciados por la Nación y el ente territorial
mediante la suscripción de convenios, y ii) que se encuentren
vinculados en plazas territoriales, bien sea departamentales o
municipales, es decir, que presten sus servicios en plazas o
instituciones educativas territoriales.

Por todo lo anterior, y al verificar la plaza educativa en la que fue
nombrada la demandante, Escuela Rural El Molino, es evidente que
el carácter de la vinculación continúa siendo territorial.

Ahora bien, de acuerdo con la misma certificación antes relacionada,
se tiene que, a partir de esta incorporación, la accionante fue objeto
de novedades como traslados, encargo y una nueva incorporación,
todo ello sin solución de continuidad, es decir, manteniendo

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incólume el nombramiento como docente efectuado mediante el
Decreto 3062 del 2 de agosto de 1996 y, por tanto, el tipo de
vinculación tampoco varió, tal como se desprende de la siguiente
relación:

TOTAL
Tipo y Nro. de FECHA
NOVEDADES FECHA A.A. DESDE HASTA DÍAS (360
A.A. POSESIÓN
X AÑO)
Situación Administrativa NOMBRAMIENTO dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa
Plantel Educativo E.R.M EL CIPRES 1/08/1978 19/08/1978 19/08/1978 15/02/1981
1 DEC. 1546 896
Municipio COCORNA
Calidad docente P.T.C
Situación Administrativa RENUNCIA dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa
Plantel Educativo
2 SIN A/A
Municipio
Calidad docente
Situación Administrativa INCORPORACIÓN dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa
Plantel Educativo C.E.R EL MOLINO 2/08/1996 1/10/1996 1/10/1996 20/02/2001
3 DEC. 3062 1579
Municipio COCORNA
VIENE COMO COFINANCIADA MUNICIPAL
Calidad docente P.T.C
Situación Administrativa ENCARGO dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa
Plantel Educativo C.E.R EL MOLINO 21/02/2001 21/02/2001 21/02/2001 26/03/2001
4 DEC. MPAL 6 35
Municipio COCORNA
Calidad docente P.T.C
Situación Administrativa ENCARGO dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa
Plantel Educativo C.E.R EL MOLINO 27/03/2001 27/03/2001 27/03/2001 28/02/2002
5 DEC. MPAL 15 331
Municipio COCORNA
Calidad docente RECTORA
Situación Administrativa TRASLADO dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa
E.U JACCQUELINE
Plantel Educativo 1/03/2002 1/03/2002 3/02/2003
6 LEFEBR DEC. MPAL 8 1/03/2002 332
Municipio COCORNA
Calidad docente P.T.C
Situación Administrativa TRASLADO dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa
Plantel Educativo I.E. COCORNA 4/02/2003 4/02/2003 4/02/2003 20/07/2004
7 RES. 703 526
Municipio COCORNA
Calidad docente P.T.C
Situación Administrativa INCORPORACIÓN dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa
Plantel Educativo I.E. COCORNA 15/07/2004 21/07/2004 21/07/2004 31/01/2014
8 DEC. 1028 3430
Municipio COCORNA
Calidad docente P.T.C

Así las cosas, la accionante prestó sus servicios de la siguiente
manera:

FECHA INICIO FECHA FINAL PERÍODO CAUSADO
ACTO ADMINISTRATIVO
DIA MES AÑO DIA MES AÑO (-)DIA DIA MES AÑO
Dec. 1546 del 1 -ago-1978 19 8 1978 15 2 1981 896 27 5 2
Dec. 0011A del 14-feb-1993 15 2 1993 13 8 1996 1258 29 5 3
Dec. 3062 de 2-ago-1996 1 10 1996 5 10 2010 5046 7 0 14
TOTAL DÍAS 7200 1 0 20

En consecuencia, la Sala encuentra que el ejercicio de la profesión
docente de parte de la actora con vinculación territorial por más de
20 años está lo suficientemente demostrada, pues las pruebas

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aportadas indican sin lugar a equívoco que se desempeñó como
educadora de manera interrumpida desde el 19 de agosto de 1978.

2.4.2.3 En relación con el requisito de buena conducta, obra en el
proceso certificado de antecedentes emitido por la Procuraduría
General de la Nación 36 en el que se indicó que la demandante, para
la fecha de su expedición, del 2 de diciembre de 2011, no registraba
sanciones ni inhabilidades.

A este respecto, se presume la buena fe de la interesada en cuanto
al cumplimiento del requisito de honradez, consagración y buena
conducta, pues adicionalmente, dicho tópico no fue objeto de
discusión en sede administrativa o en la primera instancia.

Así las cosas, esta Sala tiene el convencimiento de que la accionante
(i) se vinculó al servicio docente territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980; (ii) alcanzó 50 años de edad el 10 de febrero de
2007; (iii) acreditó 20 años de servicio con vinculación territorial el
5 de octubre de 2010, fecha en la que alcanzó el estatus pensional;
y (iv) no existen pruebas de que haya incurrido en causal de mala
conducta, lo que indica que es beneficiaria de la pensión gracia.

En cuanto a la prescripción, la actora cumplió con los requisitos para
acceder al reconocimiento pensional el 5 de octubre de 2010; radicó
la solicitud de reconocimiento y pago de la prestación el 7 de
noviembre de 2012, interrumpiendo la prescripción por el término de
tres (3) años que se venció el 7 de noviembre de 2015 y la demanda
fue presentada el 22 de octubre de 2015 37, es decir, dentro del
término a que hace referencia el Decreto 1848 de 1969, de manera
que, en el presente caso, se observa que no operó el fenómeno de
la prescripción de las mesadas tal y como lo indicó el a quo.

36 E x p e d i e n t e administrativo digital a folio 80.
37 S e g ú n el Acta Individual de Reparto obrante a folio 59.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001233300020150220501 (3905-2018)
Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

3. Conclusión

Conforme a lo expuesto, se logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos acusados, por lo que a la señora Jacinta del
Rosario Montoya Castaño, le asiste el derecho a la pensión gracia.
En ese sentido, esta Subsección considera que debe confirmarse la
sentencia del 20 de abril de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

4. Condena en costas de segunda instancia

Respecto de las costas procesales, se debe tener en cuenta el
numeral 8.º del artículo 365 del Código General del Proceso, que
señala expresamente que « solo habr á lugar a costas cuando en el
expediente aparezcan que se causaron y en la medida de su
comprobación », presupuesto que fue desarrollado en providencia del
7 de abril de 2016 2 3 .

No obstante, teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta
es fruto de lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en
la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, no se impondrán
costas a cargo de ninguna de las partes con el fin de salvaguardar
los principios de buena fe y confianza legítima.

5. Otras órdenes

El apoderado principal de la entidad demandada Carlos Arturo
Orjuela Góngora, presentó renuncia al poder, según consta en
SAMAI en el índice 30, por lo que habrá de aceptársele al cumplir
con los presupuestos exigidos legalmente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001233300020150220501 (3905-2018)
Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

F A L L A:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Jacinta del
Rosario Montoya Castaño contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social –UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO. No condenar en costas por lo expuesto.

TERCERO. Aceptar la renuncia del apoderado de la entidad
demandada Carlos Arturo Orjuela Góngora, portador de la tarjeta
profesional 6.491 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo
con la renuncia allegada a la plataforma SAMAI, visible en el índice
30.

CUARTO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal
de origen y efectuar las respectivas anotaciones en el programa
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión del veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

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