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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02463-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02463-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Confirmar la sentencia del 28 de enero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que negó las 31«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 42 Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21) Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro pretensiones de la demanda dentro del proceso instaurado por la señora Ana Cristina Echeverri Toro en contra del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín. Segundo.- Condenar en costas de segunda instancia a la señora Ana Cristina Echeverri Toro, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-02463-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

1 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-2021)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER)

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta,

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, quien
actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 28 de enero de
2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA), la señora Ana Cristina Echeverri Toro,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

mediante apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en orden a que se declare la nulidad del Oficio 1070 00001722 del
11 de junio de 2015, expedido por el director general del Instituto de Deportes y
Recreación de Medellín, en adelante INDER, por medio del cual se negó el
reconocimiento de los derechos prestacionales y de seguridad social reclamados,
así como la existencia de una relación laboral entre la demandante y la entidad.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) declarar que entre aquella y la referida entidad existió una relación
laboral entre el 5 de agosto de 2004 y el 19 de diciembre de 2019; ii) condenar al
INDER a pagar todos los emolumentos salariales, prestaciones, indemnizaciones y

seguridad social que se dejaron de sufragar durante todo el vínculo laboral; iii)
reconocer a su favor a título indemnizatorio las sumas que representan las
prestaciones sociales que la entidad reconoce a sus empleados públicos, esto es,
primas de navidad, vacaciones, servicios, y antigüedad, vacaciones compensadas
en dinero, bonificación por recreación, auxilio de alimentación, cesantías, intereses
a las cesantías «doblados» por no pago oportuno, y prima de vida cara y
aguinaldo; iv) reembolsar los valores que por concepto de aportes a la seguridad
social realizó cuando legalmente le correspondía asumirlos al INDER; v) reconocer
una sanción por no afiliación a un fondo de cesantías; vi) indexar los valores que
resulten; vii) dar cumplimento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y
193 del CPACA; y viii) condenar en costas a la demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) El 5 de agosto de 2004, la señora Ana Cristina Echeverri Toro fue vinculada a
través de contratos de prestación de servicios al INDER para desempeñarse en el
área de formación deportiva como instructora o formadora en las Escuelas

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

Populares del Deporte, y posteriormente como coordinadora o desarrolladora de
los planes y programas recreativos, vínculo que se prorrogó hasta el 19 de
diciembre de 2014.

ii) Las funciones y actividades que le concernió realizar durante la vigencia de los
contratos que suscribió fueron las típicas de una relación laboral, pues las prestó
personalmente y, además, corresponden a aquellas que ordinariamente hacen
parte de la misión y el objeto legal de la entidad, como lo es dar formación
deportiva, instrucción y capacitación en áreas del deporte en las diferentes
Escuelas Populares del Deporte.

iii) Estuvo subordinada a las instrucciones, órdenes y requerimientos de la
entidad, pues no gozaba de autonomía o libertad para ejecutar los contratos, ya
que no solo debía prestar personalmente el servicio, sino hacerlo de acuerdo con
las exigencias del INDER, entidad que determinaba los horarios, sitios de prestación
del servicio o unidades locativas, además, debía concurrir a las reuniones
periódicas sobre información y capacitación que se convocaban a través del
interventor del contrato.

iv) El 26 de mayo de 2015, solicitó el reconocimiento de los derechos
deprecados; sin embargo, la entidad demandada mediante el Oficio 1070 0001722
del 11 de junio de 2015, dio respuesta negativa a su petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 16, 25, 29, 53, 93, y 209 de la
Constitución Política; 33, 50, 51 del Decreto 1042 de 1978; 5, 8, 17, 20, 24, 25, 28,
30, 32, 33 y 45 del Decreto 1045 de 1978; y 32 de la Ley 80 de 1993.

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) La legislación colombiana es clara al establecer que cuando una persona
presta servicios a una entidad de derecho público debe estar debidamente
vinculada en calidad de empleado público lo que solamente se logra mediante una
relación legal y reglamentaria; además indica que no puede celebrarse contratos
de prestación de servicios cuando las funciones a desempeñar sean de carácter
permanente, pues en ese caso lo que corresponde es crear el cargo.

ii) La demandante ejercía el oficio de promotora o instructora deportiva y de
coordinadora de las Escuelas Populares del Deporte y estuvo sometida siempre a
la programación de las actividades rutinarias y los eventos deportivos que
requerían de su asistencia, así como se le imponía asistir a capacitaciones de
trabajo como cualquier otro servidor de la entidad que tuviera un vínculo laboral o
nombramiento, luego, en esencia, se desempeñó como un empleado público y le
asiste pleno derecho a obtener las garantías laborales de aquel personal.

iii) Adicionalmente, en este caso resulta evidente la subordinación a la que
estuvo sometida la demandante, esto es, que no tenía autonomía ni
independencia para el cumplimiento de las órdenes que se le impusieron; por
consiguiente, se desvirtúa la existencia de un contrato de prestación de servicios y
se demuestra que la relación realmente fue de carácter laboral.

1.2. Contestación de la demanda

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

El apoderado de la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1 y
expuso las siguientes razones de defensa:

i) La contratista, al no tener que cumplir ningún horario por orden de la
entidad contratante, no puede hablar de «horarios regulares», ya que por la clase
de contratación (contrato de prestación de servicios) no se fijaban horarios en
ninguna de sus cláusulas, sino que se señaló un objeto contractual a ejecutar
teniendo plena autonomía para desarrollarlo en acuerdo con la comunidad
beneficiada del servicio.
ii) No existió subordinación de tipo laboral sino cumplimiento por parte de la
contratista del objeto contractual, en ese orden, en lugar de una relación de
subordinación surge una relación de coordinación basada en las cláusulas
contractuales y en el quehacer diario de la entidad.

iii) Los contratos de prestación de servicios que se efectuaron entre las partes
tuvieron como propósito desarrollar actividades relacionadas con la administración
o funcionamiento de la entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley 80 de 1993.

iv) La demandante siempre supo cuáles eran los objetos a cumplir por lo que
su dicho no refleja la realidad de las formas y hace ver como si a la parte actora no
solo se le hubiese simulado la relación contractual, sino que de alguna manera el
INDER actuó de una forma no debida ocultando aspectos importantes del contrato,

circunstancia que a todas luces no ocurrió.

v) Las entidades públicas deben vigilar la correcta ejecución del contrato de
prestación de servicios lo cual en ningún momento significa que se esté dando una
relación de subordinación como pretende hacerlo ver la señora Echeverri Toro.

1 Folios 248 al 257.

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

Propuso las excepciones de caducidad, prescripción, cobro de lo no debido, y
buena fe de la parte demandada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia escrita proferida el 28 de enero de 2021,2 negó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

i) De acuerdo con los contratos obrantes en el expediente se encuentra
acreditada la prestación personal del servicio, en atención a que la demandante
fue contratada por el INDER como instructora y coordinadora y, adicionalmente, se
le pagaba una remuneración por el trabajo cumplido conforme a los valores
pactados en los respectivos encargos.

ii) Examinada toda la relación contractual de la señora Echeverri Toro con el
INDER desde el año 2004 hasta el 2014, se observa que las partes suscribieron

múltiples contratos de prestación de servicios cuyos objetos obedecían a
necesidades diferentes y puntuales en los cargos de instructora y coordinadora,
respectivamente. Además, se ejecutaron casi de forma continua presentándose
períodos cortos de interrupción inferiores a un mes, labor que fue realizada por un
lapso superior a 10 años, lo que evidencia que la función desplegada no fue de
carácter transitorio o esporádico.

iii) Sin embargo, el factor de la continuidad, apreciado de forma aislada, no
constituye una prueba irrefutable sobre la configuración de la relación laboral
encubierta o subyacente.

iv) Al examinar la única declaración rendida en el proceso se advierte que

2 Folios 1002 al 1012. Con ponencia del magistrado Jairo Jiménez Aristizábal.

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

aquella no es suficiente para demostrar la relación laboral encubierta o
subyacente, por cuanto lo señalado por el testigo en torno al cumplimiento de
horarios, la asistencia a reuniones, la entrega de informes, incluso el hecho de
recibir instrucciones sobre la correcta prestación del servicio, se aprecian como
parámetros naturales y lógicos de la coordinación existente para llevar a un buen
término el contrato de prestación de servicios, luego no se encuentra probado el
elemento de la subordinación o dependencia continuada.

v) Asimismo, dado que no se logró probar que existiera el cargo de formador o
promotor deportivo en los empleos de la planta de personal del INDER no es
posible establecer que la señora Echeverri Toro realizaba las mismas funciones o
recibía igual trato al que la entidad le brindaba a sus empleados.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la señora Ana Cristina Echeverri Toro interpuso recurso de
apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para
en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda. Como sustento de su
petición expuso lo siguiente:3

i) La parte actora no solo demostró de manera suficiente la inexistencia legal
de los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes, sino que
los desvirtuó por no estar ajustados a las exigencias del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.

ii) Los contratos de prestación de servicios constituyen elementos de prueba
que dan respaldo a las pretensiones de la demanda, pues los objetos y las
obligaciones contractuales en ellos previstos acreditan que las actividades
encomendadas corresponden a funciones propias de un docente, sometido, como

3 Folios 1022 al 1029.

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

los demás de carácter público y privado, al pénsum académico y a las condiciones
de la institución, puesto que no tenía discrecionalidad ni autonomía profesional o
técnica para obrar.

iii) Adicionalmente, reposan otras documentales como correos electrónicos en
los que constan algunas situaciones en las que se le hizo asistir a diferentes
reuniones informativas, y se le exigía el rendimiento de informes de gestión, entre
otras actividades, medios de prueba que la parte accionada no objetó.

iv) De igual modo, la prueba testimonial también ratifica los deberes de la
demandante, aquellos que no solo se circunscribían a una actividad específica, a
un objeto determinado, sino a la generalidad de labores propias del objeto misional
del INDER de Medellín.

v) La subordinación como elemento esencial de la relación laboral encubierta
o subyacente emana de los propios contratos suscritos entre las partes en los que
además de la prestación personal del servicio de enseñanza de disciplinas
deportivas y la coordinación de los proyectos implicaba la asistencia obligatoria,
por estar así consignada como obligación contractual, a reuniones, programas
académicos de capacitación, eventos especiales, ejecutar órdenes de la entidad,
circunstancias fácticas que a todas luces constituyen evidencia incuestionable del
referido requisito.

1.5. Pronunciamiento frente a los recursos de apelación

La parte demandada se abstuvo de realizar pronunciamiento respecto del recurso
de apelación impetrado.4

1.6. El ministerio público

4 Folio 1037.

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

El agente del ministerio público no rindió concepto.5

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

La Sala debe establecer si está probado en el expediente que entre la señora Ana
Cristina Echeverri Toro y el INDER, existió una verdadera relación laboral que tenga
como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no
devengó durante el tiempo en que permaneció vinculada contractualmente.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez,
los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la
igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y

5
Ibidem.

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-6 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización 7, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

6 Aprobada el 11 de abril de 1919.
7 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar,
como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno,
para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el
trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o
los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los
derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a
nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a
falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está
definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece
lo siguiente:

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de
2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 8 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».9

8 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
9 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».10

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de
esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la
prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que
si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una
auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución
de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun
cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que

10 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para
perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte
Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del
numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley
exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la
Carta Política.11

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.

2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe
estar consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su
ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el
consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber
fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes,
sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre
funcionarial.

11
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-
05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

15

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye
el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.12

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación,
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,13 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado

08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
13 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs.

54 y 55.

16

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;14 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las
condiciones para su ejecución, el contratista no podía delegar el ejercicio de sus
actividades en terceras personas.15

2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.

2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

14 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de

trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
15 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1

de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

17

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato
debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y
este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».16

En ese orden, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

18

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.17

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con
una misma persona natural, en los que concurran todos los elementos
constitutivos de una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución
de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de
aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de
treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos
contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y
apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en
la cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales
que de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

19

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo
siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de
tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera
del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando
no se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los
3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.18

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270

18 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de

la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.

20

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la
luz de dichos parámetros.

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.3.1. En torno a la relación que invoca la demandante

La señora Ana Cristina Echeverri Toro tuvo las siguientes vinculaciones para
prestar servicios en el INDER:

Órdenes de prestación de servicios
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 888 de 15/08/2004 15/11/2004 3 meses Prestar servicios como instructor de
2004 natación según el programa
(Fl.267) diseñado por el INDER los días y en
2 1273 02/11/2004 14/12/2004 1 mes y los horarios solicitados por la
de 12 días comunidad y organizados por el
2004 coordinador de la escuela
(Fl.270) cumpliendo y desarrollando el
3 1742 17/01/2005 28/01/2005 24 horas programa pedagógico y
de
metodológico establecido por el
2004
INDER con los jóvenes de edades
(Fl.273)
comprendidas entre los 6 y 18 años
de edad, inscritos en el programa
escuela popular del deporte y la
recreación.
4 393 de 07/02/2005 06/08/2005 6 meses
2005
(Fl.276) El contratista se compromete a
5 1100 08/08/2005 31/12/2005 4 meses prestar sus servicios profesionales
de y 23 días para coordinar y desarrollar los
2005
(Fl.279) planes y programas deportivos
6 198 de 16/01/2006 15/07/2006 6 meses recreativos y académicos de la
2006 escuela popular del deporte
(Fl.282) asignada por el INDER.
7 C-1329 17/07/2006 30/12/2006 5 meses
de y 13 días
2006

21

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro
(Fl.285)

8 C-0344 10/01/2007 30/12/2007 11 meses
de y 20 días
2007
(Fl.288)
9 402 de 22/01/2008 21/07/2008
2008
(Fl.734)
10 C-2597 22/07/2008 30/12/2008 2 meses
de y 8 días
2008
(Fl.290)
11 C-0752 19/01/2009 18/07/2009 6 meses
de
2009
(Fl.294)
12 C-2839 21/07/2009 30/12/2009 5 meses
de y 9 días
2009
(Fl.299)
13 C-0781 18/01/2010 17/07/2010 6 meses
de
2010
(Fl.304)
14 C-2214 19/07/2010 17/12/2010 5 meses
de Prestar servicios profesionales como
2010
(Fl.399)
coordinador de punto de atención de
C-0720 las Escuelas Populares del Deporte.
15 24/01/2011 30/06/2011 5 meses
de
2011
(Fl.313)
16 2326 01/07/2011 16/12/2011 5 meses
de y 16 días
2011
(Fl.317)
17 C-0331 14/02/2012 30/06/2012 4 meses
de y 15 días
2012
(Fl.321)
18 C-2441 01/07/2012 21/12/2012 5 meses
de y 20 días
2012
(Fl.326)
Adición
(Fl.329)
19 274 de 23/01/2013 20/12/2013 10 meses
2013 *
(Fl.330)
20 379 de 16/01/2014 19/12/2014 11 meses Prestar los servicios profesionales de
2014 apoyo a la gestión de las actividades
(Fl.338) de coordinación de la Escuela
Popular del Deporte asignada a la
subdirección de fomento deportivo y
recreativo.

22

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

• Este contrato fue suspendido entre el 22 de julio y el 22 de agosto de
2013.19

i) El 13 de abril de 2015, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INDER
certificó que la señora Echeverri Toro suscribió 20 contratos de prestación de
servicios con la entidad, así como el objeto, duración y valor de cada encargo.20

ii) En el expediente obran los extractos mensuales de la cuenta de ahorros de
la demandante del Banco Conavi y Bancolombia, respectivamente.21

iii) También se observa que el tesorero general del INDER aportó al dosier los
comprobantes de pago que se hicieron a favor de la señora Echeverri Toro y los
certificados de retención en la fuente expedidos entre el 5 de agosto de 2005 y el
19 de septiembre de 2014.22

iv) Adicionalmente, reposan copias de correos electrónicos enviados al
personal del INDER, en los que se les exige el cumplimiento y acreditación de las
siguientes actividades:23

Año Actividad Folio
4 de abril: de Eliana María Montoya Hurtado, coordinadora de 55
área deportiva
Buenas tardes, después de escuchar la inquietud de parte de
algunos coordinadores frente a la dinámica o metodología a
utilizar en la realización de la primera reunión de padres de familia,
quiero de manera enfática recordarles el compromiso que
tenemos de iniciar este ciclo de reuniones a la luz de las temáticas
definidas y socializadas con todos ustedes desde el inicio del año
y reforzarles algunos parámetros dados que estoy segura les
tienen que ayudar a orientar esta primera reunión: 1. ojo la fecha

19 Folio 335.
20 Folios 28 y 29.
21 Folios 109 al 211.
22 Folios 542 al 730.
23 Se enlistan los correos electrónicos que se consideran relevantes para resolver el problema

jurídico, teniendo en cuenta su cantidad.

23

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

límite es 30 de abril, no en mayo. 2. Paula les envió un correo
donde les adjuntaba una clase práctica, allí les daba el recetario
de cómo abordar esta reunión de manera práctica y articulada a lo
que hacemos día a día en las escuelas. 3. partiendo de esta
2011 orientación no aplican las reuniones magistrales, pues se trata de
un espacio divertido con sentido y orientación muy práctico.
27 de mayo: de coordinación administrativa EPD INDER Medellín 33
Asunto: informe mayo
Hola colegas y amigos, deseo que todo vaya muy bien recuerden
que este próximo martes 31 de mayo tenemos entrega de los
informes correspondientes al mes de mayo entre las 8:00 am y las
12 mediodía. Como les ha informado la asesora a partir de la
entrega de este informe hay cambios en los coordinadores de área
responsables de sus lecturas, en el adjunto encontrarán a quién le
deben enviar dicho informe, se lo van a enviar al coordinador
asignado y con copia a Marjorie, no olviden las directrices para
estas entregas.
Por favor díganles a los formadores y también para ustedes que
los archivos deberán ser guardados en versión Office 2003 2007 y
no en las más recientes pues puede presentar dificultad al abrirlos.
31 de mayo: Buenos días, el próximo viernes 3 de junio se llevará 76
a cabo el evento noche y deporte en la Unidad Deportiva Atanasio
Girardot. Como todos bien saben este evento tiene muy buena
acogida entre la comunidad y es allí donde mayor población de
toda la ciudad se concentra lo cual demanda gran cantidad de
personal de apoyo, por esa razón nos han solicitado a todos los
programas vincularnos con apoyo en logística y exhibiciones. Para
el acompañamiento en algunos escenarios nos han pedido que
sea un formador que maneje la disciplina, para los otros
escenarios no es necesario la presencia de un formador, sino que
puede ser perfectamente un coordinador de EDP. Entonces es
recurrir a los formadores de 2 escuelas y algunos coordinadores
de EDP. Como les toca trabajar toda la noche de 8 pm a 6 am del
sábado entonces no trabajarán ese viernes en la escuela para que
descansen y puedan atender la noche.
29 de junio: de Patricia Mejía 52
Buenos días, con motivo de conmemorar el Día Internacional de la
Paz el 21 de septiembre se solicita por parte de la subdirección de
fomento enviar en el formato adjunto todas aquellas actividades y
eventos que se tengan planeadas para ese día. Aclaro no tienen
que ser actividades específicas o dirigidas a celebrar este
acontecimiento pueden ser perfectamente Juegos Deportivos
caminatas intercambios entre otros dentro de la dinámica propia
de las escuelas populares.
19 de julio: comunicación interna del subdirector administrativo y 105
financiero
Me permito recordar nuevamente a todo el personal vinculado y a
todos los contratistas que mientras se encuentren prestando sus
servicios deberán portar permanentemente su respectivo carné.

24

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

21 de octubre: de Patricia Mejía 88
Buenos días durante esta semana se me ha enterado que muchos
de ustedes están solicitando a sus formadores desde hace
algunos días las actas de interventoría correspondientes al mes de
octubre sin haberse terminado el periodo. como bien se los
expresé en los correos enviados en días pasados donde les daba
algunas recomendaciones para la entrega de soportes, las fechas
en las cuales ustedes deben recibir a sus formadores es la que
envíe en el cronograma y no una distinta a ella como lo vienen
haciendo pues esto contraría la directriz dada y por tanto ponen a
la institución en riesgo de pagar por actividades o proyectos que
por una u otra razón puede suceder que no se realicen.
24 de mayo: de Beatriz Pereanez Herrera 44
Muy Buenos días, compañeros. atendiendo la solicitud realizada
2012 por los formadores de énfasis deportivo en la socialización general
de los resultados de evaluación de las guías circulares del
segundo semestre de 2011, se realizará la devolución de las
mismas por disciplina deportiva para atender la especificidad de
cada una por esa razón, enviamos cronograma y socialización. A
los formadores que les coincida el día y hora de la reunión con su
clase, el coordinador de la escuela popular del deporte debe
asumir los grupos respectivos. Por favor informar de manera
oportuna a sus formadores.
1° de febrero: de Fede Sierra, profesional universitario de 65
escuelas populares
Buenas tardes a todos y todas, a continuación, le solicito prestar
mucha atención a la siguiente información que se deberá cumplir
muy estrictamente: se requiere que todos los sujetos de derecho
queden registrados en el sistema de información, inscritos en los
grupos y con sus respectivas asistencias. En ese orden de ideas,
se establece como plazo máximo para este proceso el 17 de
febrero. De allí en adelante, el compromiso será semanal, por lo
que al finalizar cada semana deberán estar registradas en el
sistema la totalidad de los usuarios nuevos y las asistencias de
antiguos, como de los nuevos. En ese orden de ideas, no es
necesario que envíen la estadística semanal, ni la macro de
2013 usuarios, ni la oferta de servicios en el formato viejo todo deberá
ser por la web. Andrés Gutiérrez será el encargado desde hoy en
adelante de coordinar todo lo concerniente al sistema de
información del INDER para lo cual se crea un correo electrónico.
7 de octubre: de Beatriz Pereanez Herrera 45
Muy buenas tardes, compañeros, el próximo martes 15 de octubre
de 8 am a 12:00 del mediodía en el INDER de Medellín se recibirá
la documentación de los sujetos de derecho que participarán en la
fase final de porrismo. Cada formador o coordinador debe de
entregar la documentación en carpeta o sobre de Manila
debidamente marcado con el nombre de la EPD modalidad y nivel
anexando fotocopia de la EPS o Sisben y copia del documento de
la identidad de cada 1 de los participantes además los listados de

25

Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

los sujetos de derecho resaltando los que participan por modalidad
y nivel.
15 de noviembre: de Fede Sierra, profesional universitario de
escuelas populares
Buenas tardes, para el lunes 18 de noviembre entre las 9 am y las
11 am se tiene programado una reunión del área de formación
escuela de familia. Es impajaritable la asistencia de todos los
formadores esto con el fin de definir algunos aspectos para el
2014. Por lo anterior y de manera atenta le solicito hacer
seguimiento a los formadores para asistencia a dicha reunión.
18 de noviembre: de Beatriz Pereanez Herrera coordinadora del 47
área técnico-deportiva.
Muy buenas tardes compañeros, estamos enviando los formatos
de las evaluaciones de las guías circulares del área de énfasis
deportivo las cuales deberán ser diligenciadas y enviadas el día
miércoles 11 de diciembre se adjunta el instructivo en el cual se
indica cómo diligenciar la evaluación y cómo guardar el archivo.
Cada coordinador debe enviar la información de cada una de las
escuelas en la fecha indicada.
13 de diciembre: de Fede Sierra, profesional universitario de 59
escuelas populares
Buenas tardes para informarles algunas tareas pendientes para la
próxima semana antes del cierre definitivo de cada EPD.
1. la entrega del informe será para el martes 17 de diciembre
antes de las 12 del día cada coordinador de área deberá recibir
dicho informe; 2. hasta el lunes 16 de diciembre se tiene el plazo
máximo para reserva de escenarios 2014, en el caso que alguno
tenga dificultades comunicarse con Jorge Rondón y John
Saldarriaga; 3. para todos el día viernes 20 de diciembre deberán
entregar las llaves de cada una de las EPD marcadas a su
coordinador de área respectiva; 4. Recuerden, las personas que
no han reclamado las boletas para la fiesta de diciembre en la
discoteca Palma pasar por la oficina de gestión humana.
12 de marzo: de Eliana María Montoya Hurtado, coordinadora de 51
área deportiva
Buenas tardes, Ana. Después de leído el informe, encuentro que
haces buena relación de los procesos administrativos y
pedagógicos de los formadores, tienes claridad frente a la
2014 cobertura de los programas y qué debes reforzar y consolidar.
Desde lo realizado desde lo administrativo y comunitario de la
escuela describes de manera clara lo realizado y qué lograste con
ello, esto me permite tener un panorama del funcionamiento de la
escuela, gracias.

2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

i) El 26 mayo de 2015, la demandante en ejercicio del derecho de petición
solicitó al INDER que fuera expedido un acto administrativo en el cual se
reconociera y pagara las prestaciones y prerrogativas salariales y laborales a las
que considera tiene derecho, entre otras pretensiones.24

ii) El 11 de junio de 2015, mediante el Oficio 1070 0001722, el director general
del INDER despachó de manera desfavorable las pretensiones invocadas por
carecer de fundamento legal.25 En dicho acto administrativo no se dio la
oportunidad de interponer los recursos de ley.

2.3.3. La declaración rendida en el proceso

El 28 de agosto de 2018,26 rindió testimonio el señor Carlos Rodrigo Vega Osorio,
quien en concreto señaló lo siguiente:

(…) Preguntado: señor Carlos Rodrigo Vega Osorio, tiene usted alguna relación con la
señora Ana Cristina Echeverry Toro o con el INDER. Contestó: no doctor, a «María»
Cristina la conozco porque fuimos compañeros en el INDER, Medellín. Preguntado: desde
qué época trabaja usted en el INDER. Contestó: desde el 2012 en adelante. Preguntado:
quisiéramos que usted nos contara todo lo que le conste en relación con la forma como la
señora Ana Cristina Echeverri Toro prestó el servicio para el INDER, sus horarios de trabajo,
las funciones que ella cumplía y todo lo que le conste en relación con este caso. Contestó:
en el INDER Medellín ella era coordinadora, nosotros éramos profesores del INDER
Medellín, el horario de 8 a 11 de la mañana y volvíamos otra vez de 2 a 5 de la tarde todos
los días, los lunes se ejecutaban para hacer reuniones, en caso tal que habían unas
actividades extras por decir algo sábados o domingos nosotros debíamos de cumplir ese
horario con el INDER Medellín, que eran actividades de festivales, actividades nocturnas del
INDER Medellín donde nos tocaba participar de esos eventos, fuera de eso teníamos que
portar nuestro uniforme con nuestro carné, también teníamos que presentar informes
mensuales, también el listado de asistencia de los alumnos que participaban en la clase y
ella a su vez como coordinadora iba a pasar informe de todas las actividades que hacían los
profesores, que era la evaluación mensual de cada uno para que nos pudieran hacer nuestro
pago; así era como el control que ejercía sobre todos los docentes que trabajamos en ese
momento, informes, ella tenía que mirar que los compañeros llegaran a un horario puntual, o
sea, usted no podía llegar tarde porque tenía un llamado de atención y también tenía que
estar controlando pues las actividades que habíamos de ejercer durante nuestro desarrollo
del programa que el INDER nos hacía llegar con un manual de convivencia donde debíamos
infundir los valores, el trabajo con los niños y la parte ya deportiva que se debería realizar

24 Folios 24 al 26.
25 Folio 27.
26 Folios 934 al 940 y cd 941.

27

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro
según el programa que tuviera el INDER, en las escuelas teníamos iniciación o énfasis que
eran los programas que tenía el INDER Medellín en ese instante. Preguntado: en cuanto a
la remuneración, cómo les pagaban, cada cuánto. Contestó: bueno, eso se pagaba
mensual, según, por ejemplo, los que éramos formadores teníamos un salario base en ese
momento un salario de dos millones algo, pero los que eran coordinadores, o sea, como ella
era coordinadora tenía un salario más alto que el de nosotros, o sea, había por ejemplo en el
INDER en ese tiempo los jefes de área y tenían las coordinadoras y nosotros los formadores,
había unos cargos y de acuerdo a ese cargo había una remuneración salarial. Preguntado:
les pagaban dónde, cómo les pagaban. Contestó: se consignaba, todos debíamos tener una
cuenta la gran mayoría la teníamos en Bancolombia donde ellos hacían los pagos
mensualmente, eso sí para poder recibir esos pagos nosotros debíamos presentar unos
informes donde entregábamos un acta para presentar todas las actividades que se hacían
durante el mes. Preguntado: la señora Ana Cristina Echeverri Toro, como coordinadora, qué
funciones desempeñaba. Contestó: la coordinadora era vigilar y promover que los
profesores hiciéramos el trabajo correspondiente según el manual de convivencia y las
actividades programadas por medio del INDER, por decir algo cada programa tenía una
agenda, un programa que debíamos elaborar durante todo el año, ese programa nosotros
presentamos un acta donde cumplíamos, un ejemplo, ellos trabajan con béisbol, debían
mejorar la técnica del lanzamiento eso estaba en el plan de trabajo del INDER y nosotros
debíamos de ejecutarlo sucesivamente hasta llegar al alto de la técnica para mejorar esa
técnica correspondiente, entonces ella qué tenía que mirar, que los profesores llegaran a la
hora puntual a clase de 8 de la mañana, que terminaran a la hora correcta que era 11 de la
mañana, que reingresaran a las 2 de la tarde y salieran a las 5 de la tarde, que portáramos el
uniforme del INDER Medellín, tener el carné y dentro de las clases tener nuestra planeación
de la clase de ese día con el listado de asistencia de los niños, entonces ella velaba que
estuviera eso, que cada niño tuviera su EPS, velar como por todos los detalles
administrativos, también nos informaba todos los lunes de las actividades correspondientes
de cada semana, había un valor que se tenía que trabajar y de las reuniones pertinentes con
el INDER Medellín que nos programaban previamente. Preguntado: en su caso concreto,
usted estaba vinculado por contrato de prestación de servicios. Contestó: por contrato de
prestación de servicios. Preguntado: ese contrato de prestación de servicios por cuánto
tiempo se ejecutaba y que período transcurría entre un contrato y otro. Contestó:
empezamos el 15 de enero y terminamos, por ejemplo, al principio terminó casi el 15 de
diciembre los primeros años, ya después fue recortando el tiempo, pero fueron sucesivos
eran períodos que nosotros salíamos por decir algo el 15 de diciembre, el 15 enero
volvíamos otra vez por el contrato de prestación de servicios, casi más de 7 u 8 años
sucesivamente fueron ese modo de contrato. Preguntado: en el caso de la señora Ana
Cristina Echeverri Toro había alguna persona que desempeñara las mismas funciones de
ella como personal de planta, o sea, como personal vinculado al INDER. Contestó: los de
área, la agente de área que prácticamente eran vinculados y el coordinador general eran
gente de planta que llevaban el control de esas personas, había varios cargos y los de planta
prácticamente eran los que ejercían más control sobre los coordinadores, los jefes de área. Preguntado: o sea, el cargo de coordinador no existía en la planta de cargos.

Contestó:
había un jefe general por decir algo que era el que controlaba todo, cierto, entonces
nombraban no más de prestación a los coordinadores, pero hay una persona que sí está
vinculada con el INDER Medellín. Preguntado: en el evento de que se necesitara realizar
gestiones personales en tiempo de prestar el servicio a quién se le solicitaba el permiso y
cómo se tramitaba. Contestó: bueno, se hacía por medio de una carta donde se describía la
razón por la cual se hacía el permiso al jefe general que en ese momento era de escuelas
populares que es el que está de planta por decir algo se le mandaba la carta con tiempo y en
caso tal a veces se tendría que nombrar una persona que reemplazara ese tiempo el cual
uno no iba estar presente. Preguntado: le tocó a usted presenciar que llegaran a sancionar
a algún contratista por no cumplir las obligaciones del contrato y, en ese caso, cómo se les
sancionaba y en qué consistía la sanción. Contestó: me tocó un compañero que lo

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro
sancionaron un tiempo y no le pagaron ese salario por la sanción, o sea, había suspensión
del contrato por cierto tiempo mientras se organizaba pues la situación. Preguntado: a
ustedes se les pagaban prestaciones sociales. Contestó: no en ningún momento, nosotros
para poder recibir el pago teníamos que pagar la salud. Preguntado: y la cotización para
pensiones corría por cuenta de quién. Contestó: también le tocaba pagar a uno en caso tal
a un compañero le pasó que no pagó la salud a tiempo y le fue suspendido el contrato hasta
que no pagara la salud. Preguntado: a ustedes les pagaban primas, las cesantías se las
consignaban. Contestó: no señor en ningún momento. Preguntado don Carlos usted indicó
en respuesta anterior que cuando pedían permisos había que esperar a que nombraran o
pusieran a alguien a realizar la labor, díganos si esa persona la buscaba o la ponía a hacer
el reemplazo el mismo contratista o era el INDER quien ponía una persona a reemplazar al
que había pedido el permiso. Contestó: el mismo contratista busca a la persona, pero tenía
que estar vinculada con esa prestación de servicios al INDER Medellín no podía ser de
afuera y que tuviera el perfil idóneo para hacer ese reemplazo o sea que no se podía
nombrar a cualquier persona si no que tuviera el perfil idóneo del puesto que estaba
ocupando el compañero. Preguntado: don Carlos usted nos indicó que los contratos iban
hasta el 15 de diciembre más o menos y volvían a empezar en enero, en ese período en que
se suspendía el contrato o no estaban ejerciendo la actividad el INDER continuaba
prestando la actividad o por qué razón existía esa interrupción del contrato. Contestó: bueno
lo hacían básicamente por la temporada de vacaciones eso es lo que hacían ellos porque en
ese lapso los niños están en vacaciones entonces no se ejercía, empezaba como casi que
con la temporada escolar siguiendo con los procesos de temporada escolar, nosotros por
decir algo a mitad de año no se paraba, se continuaba derecho, sin vacaciones derecho
hasta el 15 de diciembre, que por eso se suspendía hasta el 15 de enero. Preguntado:
entonces indíquenos además de esa interrupción del contrato en diciembre y enero que era
por el tema de las vacaciones escolares había más interrupciones en el desarrollo de la
actividad. (modificó la pregunta) Preguntado: indíquenos si la actividad se desarrollaba sin
interrupción, independiente de la firma de los contratos ya sea el suyo, el de Ana Cristina o
los demás contratistas del INDER. Contestó: todos los contratistas empezando por
coordinadores, por formadores, teníamos esa misma responsabilidad, entrar durante ese
tiempo consecutivamente, lógicamente Ana Cristina que era la coordinadora tenía que
desempeñar otras funciones más que era la de vigilancia y control de estar en la escuela
muchas veces antes de nosotros para poder tener los datos de que llegamos a la hora
correcta que era, ella también tenía el mismo tipo de contrato porque cuando ella misma nos
recogía a nosotros la documentación le agregaba el paquete de ella como coordinadora
donde pedían todos los requisitos, por ejemplo, recogía el pago de la salud y pensión, las
actas donde cumplíamos las funciones, ella revisaba que estuviera bien elaborado y lo
entregaba con su documentación correspondiente, la de ella. Preguntado: usted conoció
Ana Cristina desde que ella cumplía las funciones de instructora o usted solo la conoció
cuando ella era coordinadora. Contestó: no, yo la conocí como coordinadora
específicamente a raíz de los festivales, de las reuniones que hacíamos los lunes, como
coordinadora en sus funciones.

Preguntado: usted sabe si los coordinadores o los
contratistas del INDER como los instructores o coordinadores tenían la facultad de modificar
el horario o de cambiar el horario en el que prestaban los servicios a la comunidad o los
coordinadores podían modificar el horario en que estaban haciendo esa coordinación de los
instructores. Contestó: no, eso no se podía realizar solamente lo modificaba el INDER, en
caso tal, por decir algo en un momento que hubo unos casos de violencia en las comunas
donde hubo de pronto unas salidas más temprano debido a la situación de orden público,
pero era estrictamente a través del INDER, ningún coordinador podía ejercer porque me tocó
en Blanquizal en un momento que tuvimos que salir una horita antes a raíz de un conflicto
que se armó, pero solamente se notifica por medio del INDER Medellín. Preguntado: don
Carlos díganos si lo sabe, el objeto legal y misión del INDER como institución. Contestó: el
INDER busca fomentar el deporte y la recreación en el tiempo libre es el objetivo, es fundado
en valores. Preguntado: usted sabe cuál es la dependencia del INDER que se encarga de

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro
las actividades deportivas que usted acabó de mencionar. Contestó: se llama Escuelas
Populares del Deporte, donde tiene un jefe nombrado y casi siempre es la persona de planta
que ejerce ese control. Preguntado: sabe usted para que nos aclare o amplifique un poquito
una respuesta anterior, si existía algún personal de planta que desarrollara esas actividades
o esas funciones en el INDER. Contestó: hace muchos años antes de pasar a Escuelas
Populares tuve conocimiento de compañeros que fueron personal de planta que trabajaron
ahí antes de que el INDER se transformara a Escuelas Populares del Deporte porque eso
empezó como Escuela de Iniciación, es más, hay gente en la actualidad que iniciaron y
quedaron vinculados al INDER Medellín. Preguntado: podría decirnos si las actividades que
desempeñaba la señora Ana Cristina son propias del desarrollo del objeto legal del INDER o
de esas actividades deportivas. Contestó: no, eso es del objeto legal que busca el INDER
que es fomentar el deporte en la juventud. Preguntado: podría decirnos si esas actividades
que el INDER desarrolla y presta a la comunidad a través de las Escuelas Populares del
Deporte son temporales si usted lo sabe, o si se han mantenido en el tiempo como una
actividad propia del INDER. Contestó: bueno para nadie es un secreto que el INDER
Medellín es una entidad que ha masificado el deporte en Antioquia, en Medellín sobre todo,
donde ha multiplicado y se ha mantenido en el tiempo, ha crecido tanto que sus escuelas
han aumentado. Preguntado: usted sabe en qué lugar prestaba el servicio la señora Ana
Cristina. Contestó: yo la conocí de coordinadora básicamente la conocí fue coordinadora en
las reuniones que nosotros teníamos casi que mensual por eso conocí de ella, era
coordinadora estaba presente en las reuniones con los demás coordinadores en
capacitaciones que nos fomentaron también. Preguntado: y por eso hoy usted sabe en qué
lugar ella desarrollaba sus funciones. Contestó: en este momento no me acuerdo bien en
qué escuela estaba porque como nosotros tenemos la reunión básicamente de
coordinadores con los formadores no me acuerdo bien en qué escuela estaba exactamente. Preguntado: y esa escuela donde ella estaba independiente de que usted la conozca o no,
ese lugar lo suministra o lo presta o es administrado por quién o quién le indica ella o a todos
los otros prestadores de servicios del INDER quién les indica o les asigna el lugar donde
deben prestar el servicio. Contestó: no, el INDER Medellín asigna cada escuela popular
donde debemos de tener cada actividad, por ejemplo, en cada barrio hay una sede del
INDER Medellín y ahí donde el INDER tiene pues la implementación, donde manejamos los
inventarios, donde desarrollamos la actividad. Preguntado: quién le suministraba a la
señora Ana Cristina y a los demás contratistas todos los elementos que necesitaban para
prestar el servicio. Contestó: el INDER Medellín todos los años por decir algo el 15 enero se
recibía toda la implementación necesaria para poder ejercer el proyecto durante el año y
para poder recibir los coordinadores establecían el inventario para entregarle a cada
profesor, el inventario pertinente, que al final del año, 15 de diciembre, cada profesor o
formador debe entregar el inventario correspondiente de su deporte. Preguntado: usted
sabe si la señora Ana Cristina usaba, portaba algún uniforme. Contestó: ellos portaban
uniforme representativo y su carné. Preguntado: quién le suministraba ese uniforme o esa
dotación. Contestó: el INDER de Medellín suministraba ese uniforme. Preguntado: le
pregunto respecto a los horarios nuevamente quién determinaba los horarios de labor, quién
los fijaba. Contestó: el INDER de Medellín lo establecía por medio del contrato, en el
contrato estaba muy específico los horarios laborales correspondiente a cada formador y
coordinador.

Preguntado: díganos si lo sabe quién impartía las instrucciones a la señora
Ana Cristina para el desarrollo de sus funciones como coordinadora y a los instructores
quién les impartía las órdenes, quién era como el jefe directo o el que impartía las órdenes. Contestó: el INDER siempre ha manejado una jerarquía que en las Escuelas Populares
tienen su representante y ahí vienen jefes zonales y ahí luego vienen coordinadores y
después vienen formadores de esa manera se ejercía, prácticamente las recomendaciones
pertinentes para ejecutar el contrato, ellos determinaban el objeto que se debía cumplir
durante ese año y los elementos que debíamos hacer durante las clases, entonces qué
hacía por decir algo el coordinador, el coordinador tenía un plan de trabajo que ellos seguían
y verificaban que nosotros lo estuviéramos cumpliendo, a raíz de eso hacían las visitas en el

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro
campo de trabajo para mirar el control que nosotros ejercíamos con los niños, por decir algo
si nosotros presentamos una planeación de un determinado estudio de flexibilidad nosotros
no podíamos estar elaborando una cosa diferente a ese ejercicio de flexibilidad porque ya lo
habíamos previamente hecho en una planeación. Preguntado: don Carlos dígame si
además de las actividades establecidas en el contrato para los coordinadores o los
instructores, los contratistas tenían que cumplir funciones adicionales a esas establecidas en
el contrato y por fuera de los horarios habituales de trabajo. Contestó: bueno, nosotros
teníamos unas actividades que eran Medellín nocturno, 24 horas a Medellín, que muchas
veces no estaban dentro de nuestro contrato, nosotros las cumplíamos en caso tal que en
esa actividad muchas veces nos tocó en la noche varios compañeros rotar, los
coordinadores estaban pendientes de ciertas áreas, por decir algo, un coordinador en un
coliseo de baloncesto, otro en el estadio de béisbol, otro en el de gimnasia llevando control
de actividad, también se programaban las rondas infantiles los sábados, póngale cada dos
meses, donde los coordinadores eran con los formadores que hacíamos la actividad los
sábados o domingos también de acompañamiento a ciertas actividades que programa el
INDER. Preguntado: señor Carlos ahorita usted nos hizo la distinción entre las actividades
que usted ejecutaba y de las que ejecutaba Ana Cristina, yo quiero saber si usted estaba
presente cuando Ana Cristina firmaba los contratos. Contestó: no, nosotros no estábamos
presentes en ningún momento de firmar el contrato, porque todos los contratos se los hacen
llegar a los coordinadores, ellos revisan y personalmente cada uno va a la firma del contrato. Preguntado: tuvo usted acceso a alguno de los contratos que Ana Cristina suscribió con el
Instituto. Contestó: no porque eso ya era muy personal. Preguntado: sabe usted o conocía
los tiempos establecidos por los contratos suscritos entre Ana Cristina y el INDER. Contestó: pues casi siempre todos teníamos las mismas fechas 15 de enero al 15 de
diciembre casi todos estamos en el mismo rango de contratos. Preguntado: o sea, que tiene
una duda sobre eso, no sabe cuáles eran los tiempos de ella. Contestó: no, los rangos que
utilizan el INDER, eran siempre del 15 al 15. Preguntado: entonces señor Carlos si no lo
sabe por qué en respuesta anterior argumentó que todos los contratistas ejecutaban
contratos al mismo tiempo. Contestó: no, por eso le estoy diciendo que todos teníamos del
15 al 15, ninguno entraba antes o después. Preguntado: señor Carlos, por ejemplo, los
abogados yo soy contratista usted sabe los tiempos de ejecución de un contrato de un
abogado. Contestó: no, nosotros no manejamos esa área no tenemos conocimiento de esa
área. Preguntado: usted ahorita habló de que a veces les tocaba hacer unas actividades
llamadas Medellín nocturno, yo quiero saber esa actividad cuántas veces se realizaba al
año. Contestó: se hace una vez al año casi siempre en el segundo semestre, en esa
actividad nos correspondía estar rotando a los compañeros hasta las 6:00 de la mañana. Preguntado: yo quiero saber si usted conoce si en la planta de cargos existe el cargo de
formador o de coordinador de Escuelas Populares del Deporte. Contestó: en planta no,
actualmente no existe. Preguntado: usted sabe si los funcionarios de planta del instituto
tienen vacaciones colectivas. Contestó: vacaciones colectivas no se. Preguntado: pues se
lo pregunto porque como usted decía que en horario de vacaciones en diciembre y enero era
que se hacían los contratos y se hacía como una especie de partición entonces yo quiero
saber si los funcionarios de planta seguían trabajando en esa época o el INDER paraba
definitivamente. Contestó: hacía referencia a los niños, era la temporada vacacional de los
niños no de los funcionarios.

Preguntado: usted ahorita nos habló sobre unos informes,
esos informes para qué servían, están establecidos dentro del contrato. Contestó: bueno,
están establecidos dentro del contrato porque era requisito previo para recibir el pago de
nosotros y servía para dar constancia de que verdaderamente estamos laborando dentro del
horario que tenía programado el INDER. Preguntado: ahorita también habló de un llamado
de atención, usted sabe si a Ana Cristina le realizaron algún llamado de atención. Contestó:
no, no se. Preguntado: usted también ahorita habló sobre los permisos por escrito y dijo que
a los que no lo presentaban entonces a veces les hacían como unos requerimientos, yo
quiero saber cómo eran ese tipo de requerimientos, en qué consistían, si a usted le hicieron
uno y si sabe si a Ana Cristina le hicieron uno. Contestó: pues realmente no sé si le hicieron

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro
alguno, pero compañeros que tuve si les hicieron requerimientos de pronto por no cumplir
con el horario o faltar, ausentarse a una clase sin previo aviso. Preguntado: don Carlos
usted ahorita nos habló sobre unos uniformes yo quiero saber si estos uniformes le
pertenecían al contratista o le pertenecían al instituto. Contestó: al instituto, porque muchas
veces cuando el compañero no seguía debía devolver todos los uniformes, toda la
indumentaria, carné y los uniformes que facilitaba el INDER. Preguntado: yo quiero saber a
modo pues informativo cuál era la importancia de usar los uniformes en el territorio o por lo
menos en algunos territorios por lo menos a lo que usted se refirió ahorita que habían sitios
peligrosos. Contestó: básicamente el primer objetivo del INDER con su uniforme es difundir
su imagen, nosotros sin decirlo así somos unas vallas publicitarias y unas zonas donde ellos
difunden que los trabajadores del INDER, estamos laborando en ese sector, ese es el
objetivo primordial también de identificarse como para mirar que están cumpliendo sus
objetivos que es desarrollar el deporte en el tiempo libre de la juventud y en los barrios. Preguntado: sobre este uniforme me gustaría saber qué implementos le entregaban a Ana
Cristina y a usted que es el que está acá en este caso, o los otros contratistas el instituto. Contestó: bueno el Instituto que hace: a los coordinadores como tal les entrega todo el
material por decir aros, cuerdas, lazos, pelotas de béisbol y balones de fútbol, bates, bolas, y
te cuentan todo al final, a uno como condición para paz y salvo debe entregar la
indumentaria y los coordinadores como tal deben de verificar que uno cumpla en la entrega
del material. Preguntado: bueno usted me ha estado hablando ahora de los implementos,
esos implementos de quién eran. Contestó: del INDER de Medellín. Preguntado: don
Carlos Rodrigo, tengo las siguientes inquietudes, qué potestades disciplinarias tenía doña
Ana Cristina Echeverri Toro respecto de ustedes los contratistas. Contestó: ellos podían
hacer los llamados de atención, ellos tenían un coordinador un jefe más arriba donde ellos,
presentaban, por decir algo se hacía el llamado de atención por medio escrito donde citaba
al profesor a una reunión. Preguntado: perdón ellos quiénes, porque yo le estoy
preguntando por doña Ana Cristina Echeverri. Contestó: a ella como coordinadora le tocaba
hacer era citar al profesor a una reunión el lunes, llamar la atención de incumplimiento
horario, eso es un ejemplo, ella se reunía con otro que era el jefe inmediato de ella dónde
establecen la sanción por ese incumplimiento. Preguntado: déjeme ver si le estoy
entendiendo don Carlos, doña Ana Cristina directamente con usted tenía la posibilidad de
hacerle un llamado de atención, una suspensión, o ella simplemente informaba a un superior
sobre cualquier irregularidad que se hubiera presentado con el contratista. Contestó:
correcto sí informaba al superior. Preguntado: ante la pregunta de la apoderada de la
demandante, usted respondió que antes conoció a unas personas de planta, ella le preguntó
que si esas labores de coordinadores formadores eran desempeñados por personal de
planta y no me quedó claro porque usted respondió fue que antes había conocido, antes de
la transformación, pero no me quedó claro don Carlos sí al mismo tiempo en su labor como
formador había otras personas, no importa cuál fuera la denominación del cargo, que hacían
lo mismo que usted o que los coordinadores, pero vinculados de planta con la entidad al
mismo tiempo. Contestó: no al mismo tiempo no señor allá no existía eso. Preguntado: en
una respuesta anterior don Carlos usted habló de antes de la transformación del INDER, me
podría aclarar a qué se refería con eso.

Contestó: bueno el INDER, como todos sabemos
empezó a crecer, empezó a desarrollar y exigió otras demandas, cuando inició se unió como
centros de iniciación y formación deportiva, así inició el INDER y un grupo de personas fue la
que implantó ese proyecto, ya cuando empezó a crecer el INDER, empezó a crecer la
capacidad laboral prácticamente los contratos cambiaron a la de prestación de servicios,
tengo conocimiento porque algunos compañeros que ejercieron ese proceso de iniciación
están de planta y ya con la transformación ya pues fue imposible por la demanda laboral que
siguiera existiendo ese contrato.

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Contra la sentencia del 28 de enero de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, se formuló el recurso de
apelación objeto de análisis en el que se afirmó, entre otras cosas, que en el
expediente sí está probado el elemento de la subordinación.

En ese orden, para resolver la alzada se debe solucionar el siguiente interrogante.

2.4.1. ¿Está probado en el expediente que entre la señora Ana Cristina
Echeverri Toro y el INDER existió una relación laboral encubierta o
subyacente que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculada
contractualmente?

Es pertinente hacer énfasis en que en estos asuntos en los que se pretende
demostrar una relación laboral encubierta o subyacente, quien demanda debe
acreditar que no prestó un servicio de colaboración o coordinación en el marco de
las actividades contratadas y que, por el contrario, desarrolló funciones
permanentes o inherentes al objeto social de la entidad y que en el adelanto de la
ejecución contractual se configuraron los elementos relativos a i) la prestación
personal del servicio; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador; y, iii) la remuneración como retribución.

De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene
que la demandante estuvo vinculada con la entidad demandada; sin embargo, en
el proceso no se logró demostrar que la relación que los unió reúne los elementos
propios de una de carácter laboral, tal como se precisa a continuación.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

La demandante acredita la prestación personal del servicio, a través de los 20
contratos de prestación de servicios que se celebraron y que se detallaron en
el acápite de hechos probados de esta providencia.

El objeto de cada vinculación, en términos generales, fue prestar servicios
relacionados con la coordinación del punto de atención de las Escuelas Populares
del Deporte del INDER.

2.4.1.2. Remuneración

En este caso, los contratos de prestación de servicios constituyen prueba de que
se pactó una contraprestación mensual por los servicios prestados por la
demandante al INDER, así como los comprobantes de pago, certificados de
retención en la fuente y el extracto del movimiento de la cuenta bancaria de
aquella.

2.4.1.3. Subordinación continuada

i) El lugar de trabajo. Del contenido de los contratos se extrae que la
demandante tuvo que prestar sus servicios personales en alguna de las Escuelas
Populares del Deporte del INDER ubicadas en los diferentes barrios de la ciudad de
Medellín.

Asimismo, como el objeto contractual consistía en coordinar los puntos de
atención de las escuelas y para ello debía identificar la población objeto del
proyecto, asistir y acompañar al equipo de instructores deportivos en la prestación
del servicio y participar de las diferentes reuniones comunales, la actora debía
desplazarse a prestar servicios fuera de las instalaciones de las referidas escuelas
a los diferentes escenarios deportivos.

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

ii) El horario de labores. Para acreditar este indicio al plenario únicamente se
aportó la declaración del señor Carlos Rodrigo Vega Osorio.

Sin embargo, su dicho no logra demostrar la imposición de una jornada de trabajo
a la demandante, tal como pasa a analizarse.

En primer lugar, nótese que el señor Carlos Rodrigo Vega Osorio estuvo vinculado
en calidad de contratista al INDER a partir del año 2012, como formador o instructor
deportivo, de suerte que únicamente conoció la relación contractual que
sostuvieron las partes a partir de esta fecha, no por la totalidad del período
reclamado.

En segundo lugar, en su declaración indicó que en cada contrato estaban
especificados los horarios laborales correspondientes a cada formador y/o
coordinador según fuera el caso; sin embargo, al revisar el contenido de los
encargos que celebró la actora no se evidencia que se hubiera establecido tal
obligación o condición.

En tercer lugar, no indicó expresamente que la señora Echeverri Toro tuviera que
cumplir un horario de actividades, únicamente señaló que los profesores del INDER
debían atender el horario de 8:00 a 11:00 am y de 2:00 a 5:00 pm todos los días,
que los lunes se hacían reuniones, que ocasionalmente se programaban
actividades extras los sábados o domingos; y que aquella, como coordinadora,
tenía que vigilar que los formadores llegaran a un horario puntual.

En cuarto lugar, al dosier no se aportó ningún otro soporte probatorio (como
cuadros de turnos, o de control de ingreso) que corrobore el dicho de que a la

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

actora se le exigía el cumplimiento de un horario o jornada,27 o que de forma clara
precise la hora de inicio y/o terminación de aquella.

Sin embargo, en gracia de discusión, el hecho de que la demandante
presuntamente hubiera desarrollado sus labores a través de una jornada de
trabajo no acredita el elemento de la subordinación, en la medida en que dicha
circunstancia hace parte de la necesaria coordinación que ha de existir entre los
extremos de un vínculo contractual, en cuanto a la manera en que deben
prestarse los servicios.

La anterior situación ha sido convalidada por la jurisprudencia de esta Corporación
que ha señalado que entre contratante y contratista puede existir una «relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada,
lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados, pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento
de subordinación».28

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Las pruebas
que se recaudaron con el propósito de acreditar este indicio fueron los contratos
de prestación de servicio, los pantallazos de los correos electrónicos enviados a
los servidores del INDER, y el testimonio del señor Carlos Rodrigo Vega Osorio.

En primer lugar, al revisar el contenido de los contratos se tiene que el objeto que
debía desarrollar la demandante era prestar servicios como coordinadora de
alguna Escuela Popular del Deporte, por lo que dentro de sus obligaciones

27 De igual manera, en la Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 se indicó que «(...) ciertas

actividades de la Administración (...) necesariamente requieren la incorporación de jornadas
laborales y de turnos para atenderlas (...)».
28 Véase la sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra

Vélez.

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

contractuales debía realizar seguimiento a los planes de clases impartidos por los
formadores, programar las clases y encuentros deportivos, asistir y apoyar dichos
eventos, participar en las reuniones programadas en las diferentes instancias de la
entidad, rendir informes, así como velar por el adecuado uso y manejo de la
implementación deportiva, sin que de ello se pueda concluir que el ejercicio de su
labor no se dio de manera coordinada o que estuvo sometida al cumplimiento de
órdenes.

En segundo lugar, los correos electrónicos aportados, como lo determinó el a quo,
dejan ver que el INDER, a través de los diferentes coordinadores de área,
coordinaba esporádicamente reuniones para la presentación de los programas a
implementar, hacía seguimiento a la forma como se estaban cumpliendo los
proyectos de formación deportiva en las diferentes Escuelas Populares del
Deporte, e informaba sobre la programación de los eventos deportivos y sus
eventuales cambios o modificaciones, directrices que no riñen con el concepto de
coordinación, pues en todo caso la entidad debe velar por la correcta ejecución de
los encargos sin comprometer la autonomía e independencia del contratista.

Adicionalmente, la Sala hace énfasis en que dichas instrucciones impartidas no
desbordaron el objeto convenido en cada contrato, por cuanto se advierte que
aquellas tenían como propósito articular los procesos de formación deportiva que
coordinaba la actora con las demás actividades y programas adelantados por el
INDER, como, por ejemplo, el calendario que fijó la entidad el 3 de junio de 2013,

para llevar a cabo el evento denominado Noche y Deporte en la Unidad Deportiva
Atanasio Girardot.

De suerte que no se pueda afirmar que el principio de coordinación se haya
desbordado, pues las instrucciones impartidas en los mensajes de datos son
propias de la sincronización de las actividades que realiza el contratante respecto
de la necesidad de la entidad que originó su contratación; todo ello para la

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

ejecución armónica de la obligación pactada bajo unas condiciones necesarias a
efectos de tornarlo eficiente, como lo es apoyar los eventos y actividades
deportivas programadas, o coordinar el trabajo del equipo a su cargo, entre otras
actividades.

En tercer lugar, respecto de los elementos de trabajo que fueron entregados a la
señora Echeverri Toro para el desarrollo de la actividad encomendada, encuentra
la Sala que aun cuando la entidad dispuso de unos uniformes para la identificación
de la contratista y la entrega anual de elementos deportivos tales como balones,
bates, pelotas, etcétera, ello no demuestra necesariamente la configuración del
elemento de la subordinación, ni un indicio de la vulneración de la autonomía de la
demandante, pues aquellos elementos resultaban indispensables para la correcta
ejecución de las obligaciones convenidas, entre ellas, la de coordinar y programar
las clases de formación deportiva.

En cuarto lugar, el testimonio del único deponente no indica o hace énfasis en que
la demandante recibiera órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía
prestar sus servicios o ejecutar el contrato (dentro del período en que fueron
compañeros de trabajo 2012 a 2014), pues simplemente se refiere a las labores
que la señora Echeverri Toro ejecutaba como contratista tales como vigilar y
promover que los profesores hicieran el trabajo correspondiente según el manual
de convivencia y las actividades programadas por el INDER, revisar que la técnica
de cada disciplina deportiva se aplicara de la forma correspondiente, observar que
los profesores llegaran a la hora puntual a clase y que terminaran a la hora
correcta y que portaran el uniforme y el carné del INDER Medellín, tener dentro de
las clases la planeación del día con el listado de asistencia de los niños, entre
otros detalles administrativos. También les informaba todos los lunes de las
actividades correspondientes de cada semana y de cualquier cambio o novedad
en el programa.

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Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

Asimismo, indicó que el INDER siempre ha manejado una jerarquía en las Escuelas
Populares compuesta por un representante, unos jefes zonales y unos
coordinadores; empero, teniendo en cuenta el contenido de los pantallazos de los
correos electrónicos a los que se hizo referencia anteriormente, la Sala considera
que dicho orden jerárquico no implica, per se, la imposición de órdenes o
directrices diferentes a las pactadas en cada encargo.

En ese orden, de las pruebas aportadas al dosier no se extrae con un mínimo
grado de certeza que se le exigiera a la demandante que ejecutara el objeto
contractual con unas condiciones de modo impuestas por la entidad y, en tal
sentido, no se demostró su inserción en el círculo rector u organizativo del INDER,
pues más allá de las instrucciones que se le impartieron en el contrato, no se
acreditó con suficiencia que la demandada hubiera ejercido una influencia decisiva
sobre la forma en que llevó a cabo el cumplimiento de sus obligaciones.

De suerte que la Sala no encuentre en el expediente otros medios de prueba con
la suficiente entidad que permitan aseverar que la señora Echeverri Toro recibía
órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía prestar sus servicios o
ejecutar el contrato.

En efecto, hechos como estos han determinado el criterio hermenéutico de esta
Subsección para diferenciar el vínculo laboral del contractual, precisándose que no
toda relación de servicios implica per se la existencia del elemento de la
subordinación, ya que entre contratante y contratista puede existir una relación de
coordinación de actividades.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ya ha tenido la
oportunidad de pronunciarse en controversias similares y ha concluido que entre
contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus
actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias

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para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el
cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no
significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.29

En suma, en este caso no se logró demostrar con grado de certeza la presunta
subordinación a la que estuvo sometida la demandante, tal como se afirmó en la
sentencia de primera instancia.

Por último, hace énfasis la Subsección en que, aunque existió una relación
contractual entre las partes por aproximadamente 9 años, durante el referido
período no se logró acreditar el elemento de la subordinación continuada, indicio
propio de las relaciones laborales, razón por la que la temporalidad, no resulta
suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda.

Dicho de otro modo, pese a que podría considerarse que la relación contractual
excede el término estrictamente indispensable, ya que se desarrolló por varios
años, no se logró acreditar el elemento de la subordinación continuada, propio de
las relaciones laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo y, por ello, el indicio de la no temporalidad, en este
caso, no resulta determinante.

Así, a pesar de que se demostraron sucesivas contrataciones de prestación de
servicios que abarcaron un período de más de 9 años, esta situación no resulta
suficiente para declarar demostrada la existencia de una relación laboral
encubierta, pues como se viene afirmando, la subordinación es el elemento
esencial que caracteriza este tipo de relaciones, y en el presente caso, no logró
acreditarse con los escasos medios de prueba aportados al proceso.

29 Sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente 05001233300020130081301 (3867-14), M. P.

Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

Por consiguiente, el acervo probatorio arrimado al dosier solo consigue demostrar
la prestación personal del servicio de la demandante y la remuneración como
contratista al servicio del INDER, más no es posible establecer con total certeza si
existió subordinación, por consiguiente, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,30 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y
la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en el numeral 4° del
artículo 365 del Código General del Proceso,31 la Sala considera que es dable
condenar en costas a la demandante, toda vez que el recurso de apelación
propuesto no prosperó.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que la parte demandante no logró
demostrar el elemento de la subordinación continuada, propio de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes. En ese orden, se confirmará la decisión de
primera instancia. Con condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Confirmar la sentencia del 28 de enero de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que negó las

31«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-21)
Demandante: Ana Cristina Echeverri Toro

pretensiones de la demanda dentro del proceso instaurado por la señora Ana
Cristina Echeverri Toro en contra del Instituto de Deportes y Recreación de
Medellín.

Segundo.- Condenar en costas de segunda instancia a la señora Ana Cristina
Echeverri Toro, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente en comisión

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Avm

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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