Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02151-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02151-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-02151-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 05001-23-33-000-2015-02151-01 (0774-2023)
Demandante: María Elena Cardona Caro
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -
INDER
Tema: Relación laboral encubierta
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia de 28 de
septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda: Se propusieron las siguientes:
• Se declare la nulidad del oficio No. 1070 00001721 del 11 de junio de 2015, por
medio del cual el director general del Instituto de Deportes y Recreación de
Medellín «INDER»2 negó la petición elevada por la demandante el 26 de mayo
de 2015, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de las sumas de dinero que
fueron dejadas de reconocer durante el tiempo en que prestó sus servicios «de
forma personal y subordinada» en favor de la entidad.
• Se declare que la prestación personal del servicio de María Elena Cardona Caro
en favor del INDER en el período comprendido entre el 24 de enero de 2007 al
1Folio 1 expediente físico.
2 En adelante INDER.
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Demandante: María Elena Cardona Caro
12 de diciembre de 2014 correspondió legalmente a una relación de trabajo
subordinado y no a un contrato de prestación de servicios.
• Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó se condene al INDER reconocer en favor de María Elena Cardona Caro
los rubros prestacionales que la entidad le reconoce a sus empleados públicos
por los conceptos de prima de navidad, prima de vacaciones, vacaciones
compensadas en dinero, prima de servicios, prima de antigüedad, bonificación
por recreación, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, cesantías,
«intereses a las cesantías doblados por no pago oportuno», «prima de vida cara
y aguinaldo», los dos últimos como factor salarial.
• Se ordene el reembolso de las sumas de dinero que por concepto de aportes a
la seguridad social hizo María Elena Cardona Caro, los cuales le correspondían
realizar al INDER como verdadero empleador, por todo el tiempo de servicio.
Además, reconozca y pague la sanción por no afiliación a los fondos de
cesantías.
• Que el INDER cumpla con la sentencia en los términos previstos en el artículo
192 de la Ley 1437 de 2011, se le condene al pago indexado de las condenas, a
las costas y agencias en derecho.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
Mediante apoderado judicial, la señora María Elena Cardona Cano indicó en la
demanda que prestó sus servicios de forma personal, subordinada y continua en
favor del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín3 - «INDER», entre el 24
de enero de 2007 y el 12 de diciembre de 2014 con la suscripción de sucesivos
contratos de prestación de servicios.
En desarrollo de sus contratos, cumplió funciones de «instructora de formación
de las escuelas populares del deporte», asignada al programa de iniciación
deportiva adscrita al área de formación deportiva.
Agregó que las actividades desempeñadas fueron «típicas de una relación
laboral, pues las actividades encomendadas y ejecutadas, durante todo el tiempo
en que prestó personalmente sus servicios, corresponden a las que
ordinariamente desarrolla la entidad descentralizada del municipio de Medellín
conforme a su misión y objeto legal, como es la “formación deportiva” que se
cumple precisamente a través de programas insignes de la administración, como
son las “Escuelas Populares del Deporte” (…) donde precisamente ejercía como
instructora en las escuelas populares de deporte (…)».
Añadió que sus funciones eran idénticas a las realizadas por otros instructores,
promotores o formadores deportivos y coordinadores nombrados por la entidad.
3 En adelante INDER
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Demandante: María Elena Cardona Caro
Detalló que, entre las obligaciones específicas que le correspondía desarrollar se
encontraban, entre otras, dictar clases a los niños, niñas y jóvenes del Programa
Escuelas Populares del Deporte, cumplir con las clases los días asignados por el
coordinador de la escuela, asistir a las reuniones programadas por el asesor
coordinador (a) de la escuela, el coordinador de la zona del proyecto; así como
planear, controlar, evaluar y mejorar el proceso en las escuelas, entre otros.
Concluyó que para el desarrollo de los contratos no era autónoma, pues estuvo
subordinada a las instrucciones, órdenes y requerimientos emanados de la
entidad. De manera que para su realización se ciñó a las exigencias de la entidad,
en cuanto a los horarios y sitios de prestación del servicio. Además, debió asistir
a reuniones periódicas sobre información y capacitación a la que era convocada
a través del coordinador o interventor del contrato.
Por lo anterior, presentó petición al INDER el 26 de mayo de 2015, solicitando el
reconocimiento de la relación laboral, y, en consecuencia, el pago de las
prestacionales sociales causadas en su favor. No obstante, la entidad contestó
negativamente tal solicitud en la comunicación No. 1070 00001721 del 11 de junio
de 2015.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
En los fundamentos jurídicos de la demanda, cita las siguientes disposiciones
jurídicas: artículos 1, 2, 10, 138, 152 numeral 2, 157 inciso final, 161, 162, 164
numeral 2, literal d, 166, 188, 192 y concordantes de la Ley 1437 de 2011; Ley 6
de 1945; artículos 17, literal a) de la Ley 4 de 1992; Decreto 1042, artículos 33,
50 y 51; Decreto 1045 de 1978 artículos 5, 8, 10, 11, 13, 17, 20, 24, 25, 28, 29,
30, 32, 33, 40 y 45; artículo 292 del Decreto 1333 de 1986; Decreto 1919 de 2002;
artículo 1 de la Ley 995 de 2005; artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Nacional
y los artículos 15 y 16 del Código Civil.
En torno al concepto de violación, expuso que el acto administrativo está
falsamente motivado, pues allí se pasó por alto que, pese a que se suscribieron
contratos de prestación de servicios, en realidad lo que existió fue una relación
laboral entre las partes.
Alegó que al expedirse el acto enjuiciado se desconocieron los principios
constitucionales de la igualdad (artículo 13 Constitución) y la primacía de la
realidad sobre las formas (artículo 53 Constitución), y el derecho al trabajo
(artículo 25 Constitución).
Añadió que el servicio contratado lo ejecutó de manera personal durante más de
7 años, y si bien se presentaron interrupciones entre la finalización y el inicio de
los contratos, dichas pausas siempre fueron cortas y necesarias para la
legalización del siguiente contrato, al paso que ocurrieron en época de
vacaciones o suspensión de actividades en la entidad.
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Que el servicio fue realizado subordinadamente, ya que la entidad le impuso de
manera expresa las obligaciones a realizar, las cuales fueron similares a las
ejecutadas por el personal de planta, bajo el cumplimiento de horarios, reuniones
de trabajo en sus espacios físicos, y por los cuales recibió una remuneración.
1.4. Contestación de la demanda4
A través de apoderado judicial, el Instituto de Deporte y Recreación de
Medellín – INDER contestó la demanda manifestando su oposición a las
pretensiones, afirmando que las partes suscribieron 14 contratos de prestación
de servicios, los cuales fueron debidamente liquidados y cancelados en su
oportunidad. De forma que, entre no existió un vínculo laboral, pero si uno
contractual regido por el estatuto de contratación pública (Ley 80 de 1993), con
lo que el acto administrativo cuya nulidad se pretende se encuentra acorde a
derecho.
Que el servicio desarrollado por la demandante fue interrumpido y transitorio, de
ahí que era ejecutado en días y meses específicos, por ende, no contó con
vínculo alguno con la entidad.
Sostiene que, la actora ejecutó las actividades contratadas pues la entidad no
contaba con personal de planta para prestar o ejecutar las mismas.
Por último, propuso como excepciones las siguientes: i) prescripción; ii) buena fe
y iii) cobro de lo no debido.
1.5. Sentencia de primera instancia5
El Tribunal dictó sentencia el 28 de septiembre de 2022, declarando la nulidad
del acto administrativo enjuiciado y accediendo parcialmente a las pretensiones
de la demanda (sin condenas en costas). Así, en la parte resolutiva del fallo en
cita, se dispuso lo siguiente:
«1. SE DECLARA LA NULIDAD el acto administrativo contenido en el oficio No.
1070 0001721 del 11 de junio de 2015, tendientes al reconocimiento de derechos
de orden laboral.
2. SE ORDENA al INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE MEDELLÍN
– INDER reconocer a título de restablecimiento del derecho pagar a la Señora
MARÍA ELENA CANO CARDONA identificada con Cédula de Ciudadanía No.
43.321.719, las prestaciones sociales dejadas de percibir por el período
comprendido entre el 24 de enero de 2007 y el 12 de diciembre de 2014, liquidadas
conforme al valor pactado en los contratos suscritos, debidamente indexadas.
3. SE CONDENA al INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE MEDELLÍN
4Folio 77 expediente físico.
5Folio 214 expediente físico.
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– INDER a pagar a la Señora MARÍA ELENA CANO CARDONA identificada con
Cédula de Ciudadanía No. 43.321.719, los porcentajes de cotización
correspondientes a pensión que debió trasladar a los Fondos correspondientes
durante el período acreditado que prestó sus servicios, debidamente indexados.
Asimismo, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema
de seguridad social durante el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2007
y el 12 de diciembre de 2014 y si existiese diferencia en su contra, tendrá la carga
de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador. En cuanto a salud y riesgos profesionales el INDER deberá cancelarle
a la demandante debidamente actualizados los valores que demuestre haber
cotizado y que le correspondían como empleador».
4. NO SE CONDENA EN COSTAS EN ESTA INSTANCIA.
5. SE NIEGAN LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA».
Para arribar a las anteriores conclusiones, luego de referenciar las pruebas, las
normas y la jurisprudencia aplicable al caso, el a quo consideró que la actora
demostró los elementos constitutivos de la relación laboral encubierta.
En cuanto a la prestación personal del servicio indicó que al proceso se aportó
certificado expedido por el INDER y los contratos de prestación de servicios
suscritos entre las partes, de los que extrae que la demandante desarrolló
funciones en el INDER desde el 24 de enero de 2007 al 12 de diciembre de 2014,
para «prestar sus servicios profesionales como formador en el área de formación:
énfasis deportivo en la disciplina de iniciación deportiva en las Escuelas
Populares del Deporte», de manera que la actora ejerció sus laborales de manera
personal en el horario y los lugares dispuesto por la entidad.
En torno a la remuneración explicó que conforme la certificación expedida por
el INDER la demandante recibió una remuneración por la prestación de sus
servicios.
Sobre la subordinación el Tribunal concluyó a partir de las pruebas testimoniales
y las documentales, tales como los correos electrónicos que recibió la actora en
el desarrollo de su servicio, que el programa de «Escuelas Populares del
Deporte» del INDER fue continuo desde el 2007, que la entidad realizaba
programas del deporte, tales como ciclovías, en los que se vinculaba a diferentes
formadores o instructores a través de contratos de prestación de servicios, entre
los que se encontró la actora.
Que el INDER era quien suministraba los implementos deportivos, los espacios
físicos y los uniformes para el desarrollo de las labores que ejecutaban los
instructores; y quien daba las directrices, tareas y horarios. Por lo tanto, dichas
circunstancias impidieron la autonomía técnica y administrativa de la actora en
su servicio. Además, tenía que rendir informes periódicos de las actividades
realizadas, atender reuniones mensuales de carácter obligatorio y ayudar al
cumplimiento de la misión de la entidad.
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1.6. Recurso de apelación
1.6.1 El Instituto de Deportes y Recreación – INDER, presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, a fin de que fuera revocada
y, en su lugar, se negaran las pretensiones. Para lo anterior, expuso los
siguientes argumentos:
• Alegó que la sentencia de primera instancia se limita a enunciar las pruebas
documentales y transcribir los testimonios, para concluir que existía
subordinación. No obstante, no se realizó análisis con base en las reglas de la
experiencia, lógica y sana critica, del cual se desprendiera la existencia de la
relación laboral.
• Consideró que no existen elementos que configuran la subordinación y, por
tanto, la relación laboral encubierta. Más bien, entre las partes existió una relación
de coordinación, que es inherente para la prestación de los servicios realizados.
• Añadió que las entidades públicas, cuando celebran contratos de prestación de
servicios, tienen la obligación de vigilar de manera permanente la correcta
ejecución de los contratos por medio de un supervisor o interventor. Que rendir
informe no conlleva la existencia de subordinación, pues de esta manera la
entidad hace seguimiento del cumplimiento de las actividades contratadas.
• Señaló que en primera instancia se valoraron equivocadamente los medios de
prueba que permitían concluir la autonomía e independencia de la actora en la
ejecución de sus actividades. De modo que, solicita que en segunda instancia
sean valoradas nuevamente tales pruebas.
• Expresó que de las pruebas no se concluye que la demandante tenía que
cumplir un horario de trabajo, pues en los contratos suscritos no se fijó uno para
el desarrollo de las actividades. En cambio, se pactaban previamente las
actividades a desarrollar en circunstancias de tiempo, modo y lugares
específicos. En todo caso, el cumplimiento de un horario no es constitutivo de
subordinación, pues en realidad es un elemento de concertación contractual para
el desarrollo efectivo del contrato.
• Indicó que la entrega de uniformes por la entidad se hacía, pero no a título de
dotación, sino como soporte de su imagen institucional. El carnet era una
herramienta fundamental para la prestación del servicio y «la consolidación de la
presencia institucional en la población (…)».
• No es cierto que los contratistas, y en particular la demandante, asistiera a
capacitaciones que recibe el personal de planta del INDER, en su lugar, van a
reuniones informativas donde los supervisores planean y coordinan el
cumplimiento del objeto contractual.
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• Subsidiariamente, en caso de confirmarse la existencia de la relación laboral,
solicitó que se revoque lo relativo a la inexistencia de la prescripción extintiva,
pues el último contrato expiró el 12 de diciembre de 2014, y el 26 de mayo de
2015 la actora presentó la reclamación administrativa al INDER. Con lo cual, en
su juicio, las prestaciones causadas antes del 26 de mayo de 2012 están
prescritas.
1.6.2 La demandante6 apeló parcialmente la sentencia de primera instancia,
concretamente en cuanto a la negativa al reconocimiento y pago de la «sanción
por no afiliación a un fondo de cesantías». De manera que, solicitó que en
segunda instancia se revoque dicho aspecto y, en su lugar, se acceda a tal
pretensión.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes consideraciones,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante o, cuando ambas partes hubieran
apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. No obstante, en
el presente caso, como cada una de las partes presentó recurso de apelación en
aspectos puntuales de la decisión de primera instancia, la competencia en
segunda instancia se ceñirá a lo dispuesto en los recursos.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Entre la señora María Elena Cardona Caro y el Instituto de Deportes y
Recreación – INDER existió una relación laboral encubierta en el período
comprendido entre el 24 de enero de 2007 y el 12 de diciembre de 2014?, tal y
como se estableció en la sentencia de primera instancia.
6 Folio 233 expediente físico.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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• De encontrarse acreditada la existencia de la relación laboral encubierta, se
debe determinar si sobre la misma acaeció en todo o en parte el fenómeno de la
prescripción trienal, y si la actora tiene derecho al pago de la sanción moratoria,
de conformidad con los argumentos esbozados en su recurso.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,9 constituye, junto con otros principios convencionales,10 un axioma laboral
de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
10 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa
Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de
una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que
se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción
del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
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vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política11.
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en
los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema
de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de
naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
11 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-
000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201612, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización13, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término14.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
12 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
13 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un
lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]» (Negrita fuera
del texto)
14 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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Demandante: María Elena Cardona Caro
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
El material probatorio recaudado en el proceso demuestra lo siguiente:
• Reclamación administrativa No. 3120 de 26 de mayo de 201515 presentada por
María Elena Cardona Caro al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín –
INDER, mediante la cual solicitó la existencia de una relación laboral y el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.
• Oficio No. 1070 0001721 del 11 de junio de 201516 expedido por el director
general del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, mediante
el cual respondió negativamente la petición presentada por la actora.
• Certificado de 3 de febrero de 2015 por la Oficina Asesora Jurídica del Instituto
de Deportes y Recreación – INDER17, en el que se deja constancia que entre la
entidad y María Elena Cardona Caro se suscribieron los siguientes contratos de
prestación de servicios:
Año Contrato Objeto Valor Desde Hasta
2007 875 prestar sus $4.320.000 24/01/2007 10/07/2007
servicios como
instructor de
iniciación de las
escuelas populares
del deporte
2007 1559 prestar sus $4.500.000 13/07/2007 26/12/2007
servicios como
instructor de
iniciación de las
escuelas populares
del deporte
2008 689 prestar sus $4.622.400 22/01/2008 11/07/2008
servicios como
instructor de
iniciación de las
escuelas populares
del deporte
2008 2942 prestar sus $4.718.700 15/07/2008 30/12/2008
servicios como
instructor de
iniciación de las
escuelas populares
del deporte
2009 1161 formador para las $5.184.000 21/01/2009 15/07/2009
escuelas populares
del deporte
15 Folio 25 expediente físico.
16 Folio 28 expediente físico.
17 Folio 29 expediente físico.
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Demandante: María Elena Cardona Caro
2009 3494 prestar sus $4.428.000 31/07/2009 18/12/2009
servicios como
formador de
iniciación deportiva
2010 853 prestar sus $8.208.000 18/01/2010 27/0/201018
servicios
profesionales como
formador en el área
de formación:
iniciación deportiva
en las escuelas
populares del
deporte
2010 2607 iniciación deportiva $8.409.333 28/07/2010 17/12/2010
2011 1033 prestar sus $9.807.790 24/01/2011 30/06/2011
servicios
profesionales como
formador en el área
de formación:
iniciación deportiva
en las escuelas
populares del
deporte
2011 2459 prestar sus $10.370.020 01/07/2011 16/12/2011
servicios
profesionales como
formador del área
de formación
énfasis deportivo
en la disciplina de
iniciación deportiva
en las escuelas
populares del
deporte
2012 811 prestar sus $8.989.600 15/02/2012 30/06/2012
servicios como
formador en el área
de formación:
iniciación deportiva
en las escuelas
populares del
deporte
2012 2968 prestar sus $10.840.400 01/07/2012 14/12/2012
servicios como
formador en el área
de formación:
iniciación deportiva
en las escuelas
populares del
deporte
2013 947 prestar sus $22.200.867 23/01/2013 13/12/2013
servicios como
formador en el área
de formación:
iniciación deportiva
en las escuelas
populares del
deporte
2014 929 prestar los servicios $23.482.100 20/01/2014 12/12/2014
de apoyo a la
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Demandante: María Elena Cardona Caro
gestión como
formador en una de
las siguientes
áreas: iniciación
deportiva,
formación deportiva
y escuela de
adultos en jornada
complementaria de
las escuelas
populares del
deporte de la
subdirección de
fomento deportivo y
recreativo
• Documento emitido por el INDER – equipo estratégico Escuelas Populares del
Deporte, titulado «VACACIONES FIN DE AÑO EDP NOVIEMBRE – DICIEMBRE
2014»19, en el que se profieren «lineamientos generales para las vacaciones de
fin de año». En dicho documento se propusieron como temáticas, las siguientes:
«Temática:
1. Tener en cuenta, que la oferta que se encuentra en las Instituciones Educativas, bien
sea por Jornada Complementaria o por EPD, debe ofrecerse en los espacios INDER, ya
que es el rector el que tiene a cargo los enceres y la seguridad de los establecimientos
educativos, por esto se sugiere a coordinadores y formadores convocar a los niños, niñas
y jóvenes para que asistan a la centralidad de la EPD o a los espacios cercanos donde se
puedan desarrollar las actividades. Teniendo en cuenta esto, se dispone de servicio de
fotocopias para que entreguen información de los cambios que se tendrán en esta
temporada de vacaciones.
2. Se realizará programación de clases normales, dejando un día de la semana para
realizar actividad especial, la cual debe ser reportada al coordinador (@) de área
correspondiente.
3. Evitar realizar actividades en una sola jornada y/o cambiar la jornada o días trabajo de
los formadores, de ser necesario realizar cambios, se debe considerar la comunicación
entre coordinadores si el formador es de dos escuelas; así mismo, informar a los sujetos
de derecho por lo menos con una semana de anticipación con el fin de garantizar la
asistencia de la mayor cantidad de población.
4. Mantener la oferta de servicio de la EPD los días en que habitualmente se tiene.
5. No se autorizará salidas a parques o lugares lejanos, que implique recolección de
dineros o contratación de transporte. SOLO PARA LAS ESCUELAS PRIORIZADAS CON
TRASNPORTE E INGRESO A PARQUE NORTE Y JUAN PABLO II.
6. Se deben planear las actividades en el formato - RGES173 VERSION 001- póliza de
eventos especiales, que debe ser diligenciado para entregar a cada coordinador de área
correspondiente, antes del 28 de NOVIEMBRE de 2014; A continuación, se sugieren
algunas actividades a desarrollar en esta época:
a. Caminadas ecológicas, realizar recorrido previo para evidenciar los espacios de interés,
asistir solo con la población que se encuentre debidamente registrada en el Sistema de
Información, los adultos acompañantes deben portar su documento de identidad y reportar
las salidas en el formato de póliza.
b. Novenas o tardes navideñas, no deben ser un fin en sí mismo, más pueden ser un medio
para convocar y combinarlas con las actividades deportivas y recreativas de la EPD.
19 Folio 30 expediente físico.
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Demandante: María Elena Cardona Caro
c. Informes de gestión de cada EPD según la programación entregada a sus coordinadores
de área, además de los actos complementarios como ascensos reconocimientos y demás
elementos a resaltar según las determinaciones de los grupos.
d. Dia INDER: Realizar actividades con las otras acciones Inder, que permitan integrar las
ofertas y ofrecer otras alternativas de ocupación del tiempo libre.
e. Para los programas de iniciación y formación deportiva planear actividades que permitan
evidenciar los procesos formativos de cada área de formación, por medio de acciones
como carreras de observación, juegos tradicionales, festival de cometas, elaboración de
juguetes, campamentos, entre otras alternativas que los equipos de trabajo tienen para
esta temporada.
f. Intercambios deportivos internos y entre EPD cercanas.
Recomendaciones generales: no utilizar, ni contratar transporte, llevar hidratación, notificar
a los lideres y padres de familia sobre la salida, recomendar a los participantes llevar ropa
de cambio, programar actividades complementarias como compartir, día de campo,
concursos, entre otros, además tener en cuenta la distribución de los formadores durante
el recorrido. atendiendo a que todos estén acompañando a los sujetos de derecho».
• «Planilla de control de asistencia de formador mensual» de María Elena
Cardona Cano en el mes de abril de 2010, quien es identificada como formadora
en el programa de iniciación del INDER en la escuela Manrique Oriental 20. En
dicha tabla, se detalla que sus actividades fueron realizadas dos días a la
semana, en doble jornada, en períodos comprendidos entre las 8 am a 11 am y
de 2 pm a 5 pm, cumpliendo con un total de tiempo ejecutado de 12 horas a la
semana y de 48 horas al mes.
• «Informe mensual formador» en formato del INDER de María Elena Cardona
Cano de 25 de agosto de 201021 y 25 de noviembre de 201122, en los que se
precisan las observaciones realizadas por la demandante como instructora en la
prestación de su servicio.
• Documento que se relaciona como «planeación y seguimiento por clase» en
formato del INDER de María Elena Cardona Cano del 23 de octubre de 201423,
en el que se detalla que aquella cumplía actividades en la escuela «12 de
octubre» en el área de formación de «iniciación». En dicho escrito, se detallan
las actividades a realizar y su descripción.
• Documento referenciado como «planeación previa-mensual del formador» de
junio de 2014, en donde se identifica como formadora a María Elena Cardona de
la escuela «La Cruz» en el área de formación24 y en el que de discriminan las
actividades programadas para dicho período por la demandante.
• Obran en el expediente copias de correos electrónicos enviados por personal
del INDER, y remitidos, entre otras personas, a María Elena Cardona Caro. De
dichas misivas se detallan los siguientes aspectos:
20 Folio 32 reverso expediente físico.
21 Folio 35 expediente físico.
22 Folio 31 expediente físico.
23 Folio 33 expediente físico.
24 Folio 51 expediente físico.
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Demandante: María Elena Cardona Caro
Año Actividad Folio
2010 «19 de mayo de 2010: De Darling Puerta. 37
Asunto: Invitación especial.
Buenas (sic) días
Tener en cuenta para esta actividad:
para claridad de todos se informa que la idea es que vayan todos y en la medida
de lo posible acompañados de sus familiares, en este orden de ideas SI
ASISTEN no tendrían que dar clase pero OJO solo se cancelarían las clases
de la tarde. Ahora bien TIENEN que ir, dado que se llevara control al ingreso a
través de las inscripciones realizadas previamente (…)
Así que los profes que no se inscriban deberán dar sus clase (sic) normal, pero
esa no es la idea...
NOTA, vamos todos juntos a este evento. Cada uno se debe inscribirse (a su
familia también)»
2010 «9 de julio de 2010: De Beatriz Eliana Pereanez Herrera (Líder de énfasis 36
deportivo).
Asunto: Socialización de guías curriculares énfasis.
Muy buenas tardes compañeras y compañeros coordinadores.
A continuación se envía cronograma de socialización de las guías curriculares
de énfasis. Esta actividad se realizará en el AUDITORIO DE LA LIGA DE
GIMNASIA.
En el cuadro adjunto está el horario que le corresponde a cada una de las
disciplinas deportivas.
La asistencia de los formadores es obligatoria.
Si coincide con el día de clase, dejará de atender a los sujetos de derecho en
el horario correspondiente de socialización (…)»
2010 «15 de septiembre de 2010: De Liliana Patricia Mejía Zapata – UMA 38
Planeación INDER Medellín.
Asunto: Capacitaciones.
Buenos días
Desde capacitaciones nos hacen un llamdo (sic) de atención frente al uso
efectivo que estamos dando a los cursos de capacitación que se ofrecen desde
el instituto en convenio con varias entidades; pues se ha presentado en varias
oportunidades que se inscriben, van dos o tres veces o simplemente no van y
se pierde este cupo y por lo tanto la posibilidad de que otras personas que tal
vez tienen más disponibilidad lo puedan hacer.
Así que les agradezco hacer extensivo este mensaje entre sus equipos para
evitar que se siga presentando esta situación y que si nos inscribimos en uno
de estos cursos lo asumamos con seriedad y compromiso.
2011 «25 de enero de 2011: De Darling Puerta. 39
Asunto: Novedades muy importantes.
1. Este es mi actual correo, en este recibiré y enviaré información. por tal motivo
les pido el favor de que todos me envíen toda la información laboral a este
nuevo correo. epd12deoctubre@gmail.com
2. Reunión por área de formación con el fin de socializar las evaluaciones
hechas el año 2010 (el 27 en la otra jornada asisten a la EPD) (…)
3. Catedra abierta: se reprogramo para el lunes 7 de febrero de 10 a 11am en
el auditorio INDER. (este es un tema de interés, y es muy importante para
ayudarnos en el cumplimiento de la meta de este año, por tal motivo todos
estamos invitados y citados a esta catedra)
4. Reunión mensual: en la casa de Cielo (CLL 23B 61-157, barrio nuevo, ruta
284, 283 de trans-Medellín, punto de referencia: iglesia de barrio nuevo) en el
horario de 10 am a 2pm el 14 de febrero (Si hay algún cambio les notificaré)
(…)»
2011 «15 de enero de 2011: De Darling Puerta. 41
Asunto: Reunión por zonas – Informe de gestión 2010.
Deseo que todos se encuentren muy bien.
Le (sic) próximo lunes los coordinadores inician el contrato y tienen la primer
plenaria del año. y allí se dará a conocer la información de los equipos de
trabajo de cada EPD, por esto quiero decirles que el lunes en la tarde o martes
muy en la mañana el coordinador de cada EPD les llamará, informará en que
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Demandante: María Elena Cardona Caro
EPD estará cada uno de ustedes y convocará a una reunión el día martes
(sobre el informe de gestión con la asesora, esta reunión será por zonas) (…)»
2011 «13 de febrero de 2011: De Darling Puerta. 40
Asunto: Reunión mensual.
Buenos días compañeros
Se confirma la reunión de mañana lunes 14 de febrero en la
casa de Jairo
(…)
Punto de refencia (sic): bancolombia del estadio, copiestadio, a una cuadra y
media de la Cll colombia.
Hora
11:00am a 2:00pm
(…)»
2012 «19 de febrero de 2012: De Darling Puerta. 43
Asunto: confirmación reunión.
Hola compañeros
Confirmo la reunión del día de mañana
en el horario de 1 pm (para que terminemos un poco más temprano)
Lugar en la casa de Cielo (…) »
2012 «27 de febrero de 2012: De Darling Puerta Coordinadora punto de 45
atención.
Asunto: Valor a facturar en febrero para coordinadores EDP y profes 2
EPD.
Adjunto envió el archivo con los valores que deben cobrar en Febrero, favor
tenerlos en cuenta al momento de elaborar el acta de interventoría de este mes.
Hay una columna al final del archivo que detalla estos valores.
El archivo solo considera coordinadores de escuela y Profes 2 EPD, pues son
ellos quienes generan honorarios por mensualidad y por lo tanto cobran
proporcional al número de días trabajados.
Los formadores por horas deben realizar el ejercicio de la cantidad de horas
trabajadas entre el 15 y el 29 de febrero por el valor de la misma».
2013 «8 de diciembre de 2013: De Darling Puerta licenciada en educación física, 49
recreación y deporte.
Asunto: informe de gestión: 9 diciembre, ir con ropa formal. nuestra hora de
encuentro es a la 1:00pm. El que pueda llegar más temprano, muchas gracias.
evaluación guía curricular: 10 de diciembre a más tardar a las 11:59pm (los
énfasis de: futbol, futbol de salón, natación, patinaje y porrismo)
Salida Juan pablo II: 10 de diciembre (los inscritos en los formatos deben estar
registrados en la sim)
Estadística de esta semana: enviar el 11 de diciembre informes de noviembre:
el 12 de diciembre reunión mensual de diciembre: viernes 13: 6 horas. (mañana
se dará la propuesta ya que no se realizará en Santa Fe de Antioquia, por
múltiples dificultades)
inventario: junto con la reunión del viernes.»
2013 «19 de abril de 2013: De Darling Puerta 46
Asunto: Reunión equipo de trabajo EPD12 de octubre
Cambio de horario y lugar de la reunión
Queda así:
fecha: lunes 29 de abril de 2013
hora: 12:30m a 3:30pm
lugar casa de Cielo (CLL 23 51A-63 barrio cabañitas, cerca
metro estación madera»
2013 «1 de agosto de 2013: De Darling Puerta licenciada en educación física, 50
recreación y deporte.
Asunto: Reunión zonal.
Buen día
El 26 de agosto, se realizará una reunión zonal dirigida por Federico Sierra,
asesor de Escuelas Populares del Deporte. Para esta reunión los formadores
de 2 EPD asisten en la zona que les corresponda entregar la nómina. Se espera
el compromiso de los formadores de 1 EPD en esta reunión».
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Demandante: María Elena Cardona Caro
• Contratos de prestación de servicios suscritos entre el Instituto de Deportes y
Recreación – INDER con María Elena Cardona Cano:
875/2007 24/01/2007 10/07/2007 El contratista se compromete a $4.320.000
prestar sus servicios como
instructor de iniciación
deportiva, según el programa
diseñado por el INDER, los
días y en los horarios
solicitados por la comunidad y
organizados por el coordinador
(a) de la Escuela, cumpliendo y
desarrollando el programa
pedagógico y metodológico,
con los niños y niñas, inscritos
en el Programa Escuela
Popular del Deporte, en la
Escuela designada por el Inder
(sic).
No. Contrato Inicio Fin Objeto del contrato Valor del
/Ordenes de contrato
prestación de
servicios
1559/2007 13/07/2007 26/12/2007 El contratista se compromete a $4.500.000
prestar sus servicios como
instructor de iniciación
deportiva, según el programa
diseñado por el INDER, los
días y en los horarios
solicitados por la comunidad y
organizados por el coordinador
(a) de la Escuela, cumpliendo y
desarrollando el programa
pedagógico y metodológico,
con los niños y niñas, inscritos
en el Programa Escuela
Popular del Deporte, en la
Escuela designada por el Inder
(sic).
689/2008 25/01/2008 11/07/2008 El contratista se compromete a $4.622.400
PRESTAR SUS SERVICIOS
COMO INSTRUCTOR DEL
PROGRAMA DE INICIACIÓN
DEPORTIVA EN LAS
ESCUELAS POPULARES DEL
DEPORTE.
2942/2008 18/07/2008 30/12/2008 El contratista se compromete a $4.718.700
PRESTAR SUS SERVICIOS
COMO INSTRUCTOR DEL
PROGRAMA DE INICIACIÓN
DEPORTIVA EN LAS
ESCUELAS POPULARES DEL
DEPORTE
1161/2009 21/01/2009 15/07/2009 El contratista se compromete a $5.184.000
prestar sus servicios del área
de iniciación deportiva en las
escuelas populares del deporte
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Demandante: María Elena Cardona Caro
3494/2009 31/07/2009 18/12/2009 Prestar sus servicios como $4.428.000
formador para el área de
iniciación deportiva en las
escuelas populares del deporte
853/2010 18/01/2010 27/07/2010 Prestar sus servicios como $5.472.000
2607/2010 28/07/2010 17/12/2010 formador para el área de $8.409.333
iniciación deportiva en las
escuelas populares del deporte
1033/2011 24/01/2011 30/06/2011 Prestar sus servicios $10.245.080
profesionales como formador
en el área de formación:
Iniciación Deportiva, en las
escuelas populares
2459/2011 01/07/2011 16/12/2011 Prestar sus servicios $10.370.020
profesionales como formador
del área de formación énfasis
deportivo en la disciplina de
iniciación deportiva en las
escuelas populares del deporte
811/2012 15/02/2012 30/06/2012 Prestar sus servicios como $9.584.500
2968/2012 01/07/2012 14/12/2012 formador en el área de $10.840.400
formación: Iniciación deportiva
en las escuelas populares del
deporte
947/2013 23/01/2013 13/12/2013 Prestar sus servicios como $22.200.867
formador en el área de
formación: Iniciación deportiva
en las escuelas populares del
deporte
929/2014 20/01/201425 12/12/2014 Prestar los servicios de apoyo $23.482.100
a la gestión como formador en
una de las siguientes áreas:
iniciación deportiva, formación
deportiva o escuela de adultos
de las escuelas populares del
deporte y/o jornada
complementaria de la
subdirección de fomento
deportivo y recreativo»
• Durante la audiencia de pruebas se recaudaron los testimonios solicitados por
la demandante correspondiente a los señores Jairo Antonio de la Cruz, Yovanny
Monroy Toro, Carlos Rodrigo Vega Osorio y, por la parte demandada, el
testimonio del señor Cesar Augusto Vergara Cantillo.
• Actas de interventoría de supervisión de los contratos de prestación de
servicios, copias de los comprobantes de pago de los contratos y certificaciones
de las sumas descontadas por concepto de retención en la fuente26.
• Respuesta emitida por la profesional especializada de la oficina de Talento
Humano del INDER, la cual informa que, analizado el manual de funciones de la
25 Si bien en el expediente no obra copia del acta de inicio del contrato en cita, como si ocurre con los demás
convenios aportados al proceso, la constancia de su inicio se extrae del certificado generado el 3 de febrero
de 2015 por la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Deportes y Recreación INDER, en la que consta que
la fecha de inicio del contrato es el 20 de enero de 2014.
26 Respuesta por parte del INDER exhorto realizado en el tránsito de la audiencia inicial. Cuaderno anexo 1
del expediente.
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Demandante: María Elena Cardona Caro
entidad, en el período comprendido entre el 24 de enero de 2007 al 12 de
diciembre de 2014 no existió el cargo de «promotor deportivo»27.
Dicho lo anterior y teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial
referenciado, procederá la Sala a resolver la alzada, realizando el estudio de los
elementos necesarios para acreditar la existencia de la relación laboral
encubierta.
Sobre la prestación personal del servicio de la demandante se acreditó, en
tanto que realizó actividades de manera personal en favor del INDER como
formadora y/o instructora en el área de formación de las escuelas populares del
deporte, en el período comprendido entre el 24 de enero de 2007 al 12 de
diciembre de 2014, salvo interrupciones, según dan cuenta los 14 contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes, el certificado generado el 3 de
febrero de 2015 por la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Deportes y
Recreación INDER y las manifestaciones rendidas por los testigos, quienes
expresaron conocer a la demandante con ocasión al cumplimiento de las
actividades contratadas con la entidad demandada.
El elemento de la remuneración también se corroboró su existencia, pues a la
demandante le fueron cancelados unos rubros por concepto de honorarios, los
cuales se detallaron en los contratos de prestación de servicios, así como con el
certificado de 3 de febrero de 2015 de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de
Deportes y Recreación INDER y los comprobantes de pago de los mentados
contratos28.
En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la facultad que le
asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato».
Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es
una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas
que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de
convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta
ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
27 Ibidem.
28 Respuesta por parte del INDER exhorto realizado en el tránsito de la audiencia inicial. Cuaderno anexo
1 del expediente.
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de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»29.
En el caso concreto, se tiene que la entidad demandada recurrió la decisión de
primera instancia, al considerar que el Tribunal incurrió en una indebida
valoración probatoria que conllevó a que se tuvieran por acreditados, sin estarlos,
los elementos necesarios para declarar la existencia de la relación laboral
encubierta, en especial el atinente a la subordinación.
Ante ello, es menester establecer indicios que, analizados en conjunto con las
pruebas del caso concreto, permitan determinar la existencia de subordinación
en la ejecución de las actividades desarrolladas por la demandante cuando
prestó sus servicios en favor del INDER, atendiendo lo expuesto por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021 en la que
precisó como indicios los siguientes:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por
la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante
el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo
que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud
o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales
y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una
subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del
objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y
control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos
más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción
en el círculo rector, organizativo disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que
llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio
claro de subordinación.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de
2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos
esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo».
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de los
siguientes ítems:
i) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio y bajo la sana
crítica, se advierte que la demandante ejecutó las actividades encomendadas en
diferentes lugares.
En efecto, los testigos indicaron que el servicio contratado era realizado en
diferentes escuelas, de acuerdo con la programación realizada por la entidad
contratante. Al respecto, el testigo Jairo Antonio de la Cruz explicó que trabajó
con la actora en la escuela popular del deporte 12 de Octubre así:
«conozco a la demandante porque trabajamos juntos en una escuela popular del
deporte, en la escuela del 12 de octubre (…) Yo la conozco desde el 2007,
finalizando que ella entró a la escuela donde yo laboraba».
Por su parte, Carlos Rodrigo Vega Osorio precisó que conoció a la señora
Cardona Caro en el año 2014, cuando ambos prestaron sus servicios como
contratistas en la escuela popular del deporte de La Cruz, sede Raizal:
«(…) la señora María Elena la conozco desde el año 2014, ella trabajó conmigo
en las escuelas populares INDER Medellín y en la escuela popular de La Cruz,
sede Raizal, ella trabajaba en iniciación, yo trabajaba en formación en el campo
del béisbol».
A su vez, dentro del expediente se encuentran documentos que soportan lo
manifestado por el testigo Jairo Antonio de la Cruz, en lo concerniente a la
prestación del servicio de la demandante en la escuela popular del deporte 12
de Octubre en ese mes del año 2014. Al paso que con la «Planilla de control de
asistencia de formador mensual» se advierte que la actora también restó sus
servicios en otro lugar, concretamente en la escuela Manrique Oriental para el
mes de abril de 201030.
30 Folio 32 reverso expediente físico.
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De todo lo anterior, se extrae que el servicio convenido entre las partes era
ejecutado por la actora en diferentes escuelas populares del deporte de la ciudad
de Medellín, tales como el 12 de Octubre, Manrique Oriental o de La Cruz, de
acuerdo con la programación del servicio que se realizaba.
ii) Horario de trabajo: En el dossier se encuentra copia de la planilla de control
de asistencia mensual de formador, correspondiente a la señora Cardona Cano
del mes de abril de 201031, del cual se extrae que sus actividades como
formadora fueron realizadas dos días a la semana, con una intensidad de dos
veces al día, en horarios comprendidos entre las 8 am a 11 am y de 2 pm a 5
pm, con un total de tiempo ejecutado de 12 horas a la semana y de 48 al mes.
Sobre el cumplimiento de horarios, los testigos presentados por la parte
demandante, Jairo Antonio de la Cruz, Yovanny Monroy Toro y Carlos Rodrigo
Vega Osorio, expresaron lo siguiente. El primero expresó: «El día que (sic) se
trabajaba de martes a viernes. En horarios de la mañana con diferente... Si los niños
estudiaban en la mañana, se trabajaba en la tarde. Y los que estudiaban en la tarde,
esos niños se trabajaban en la mañana».
El segundo, por su parte, afirmó: «(…) teníamos que cumplir unos horarios
estipulados por el Instituto INDER, donde cumplíamos unos horarios de martes a
viernes, de 8 a 11, los lunes también debíamos de estar disponibles donde
participábamos en reuniones, capacitaciones y a la vez también el INDER nos citaba a
algunos eventos diferentes a los que nosotros ejercíamos los fines de semana, en las
horas de la noche, todo esto».
Y el tercero manifestó: «Pregunta: Para el cumplimiento de las funciones a cargo de
la demandante ella estaba sujeta a unos horarios, en tal caso, ¿cuántas horas y durante
qué días de la semana lo hacía? Contestó: Bueno, ella estaba sujeta a un horario según
el manual de convivencia que teníamos nosotros, que eran lunes reunión, de martes a
viernes tenían las clases, que eran de 8 de la mañana a 11 de la mañana, de 2 a 5 de la
tarde seguidamente. Y a veces éramos citados los fines de semana para promoción y
difusión o acompañar eventos del INDER».
De estas manifestaciones se tiene que la demandante ejecutaba turnos los
martes a viernes que comprendían de 8 am a 11 am y de 2 pm a 5 pm, no
obstante, según la prueba documental la actora desarrolló el servicio únicamente
dos días a la semana.
Así las cosas, para la Sala los testigos no fueron unísonos en cuanto a la jornada
en que la demandante desarrollaba sus labores, y si bien señalaron que el día
lunes estaba destinado a reuniones programadas por el INDER lo cierto es que
nada expresaron respecto del objeto de estas, el lugar de celebración, la persona
que las presidía, o si en ellas se impartían directrices a la demandante para la
ejecución de su labor.
31 Folio 32 reverso expediente físico.
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Asimismo, si bien el testigo Carlos Rodrigo Vega Osorio afirmó que el
cumplimiento de las jornadas de servicio comprendido de martes a viernes se
consignaba en el manual de convivencia de la entidad, lo cierto es que dicho
documento no fue aportado al plenario; encontrándose solamente probado que
el servicio prestado personalmente por la demandante era ejecutado dos veces
a la semana con las diferentes planillas de control de asistencia mensual de
formador.
Entonces puede afirmarse que en dos días de la semana la demandante cumplía
un horario para ejecutar su trabajo, circunstancia que per se no configura el
elemento de la subordinación, pues es claro que debía materializar el objeto
contractual en momentos específicos, lo que en la práctica se traduce en la
necesaria coordinación que debe existir entre el contratista y contratante para
lograr la correcta prestación del servicio convenido.
Lo anterior, ha sido validado por esta Subsección en otros casos, en los que ha
indicado que la existencia de horarios no conlleva a la configuración de
subordinación, comoquiera que entre las partes debe existir una «relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada,
lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie
de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados, pero ello no significa necesariamente la configuración de un
elemento de subordinación»32.
Por lo tanto, aun cuando en gracia de discusión se considere que la demandante
prestó sus servicios en momentos distintos a los acreditado en la prueba
documental, lo cierto es que ello en sí mismo no configura la relación laboral
encubierta, pues el cumplimiento de un horario, de acuerdo con lo expuesto no
resulta suficiente.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: Es de
recordar que, de acuerdo con la sentencia de unificación previamente
referenciada de 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los
aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en
que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual».
En esos términos, en línea con lo sustentado por la entidad demandada en su
recurso, la Sala observa que dentro del proceso no existen elementos
probatorios con los cuales se pueda establecer que la demandante en la
ejecución de sus servicios estuvo sujeta al cumplimiento de directrices u órdenes
de un superior, o que debía ejecutar los contratos en las condiciones impuestas
32 Sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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por la entidad, al punto que se derruyera el principio de coordinación que rige los
contratos de prestación de servicios.
En efecto, las pruebas documentales no permiten avizorar la existencia de
órdenes, memorandos, imposición de labores en cuanto al tiempo, modo y lugar
por parte del INDER sobre la señora María Elena Cardona Caro, a partir de los
cuales se logre advertir su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario del ente demandado.
Por el contrario, de las documentales únicamente se observan los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes y el certificado que da
constancia de su celebración, la planilla de control de asistencia de formador,
sus informes mensuales de ejecución de actividades, planeación previa-mensual
donde se exponen las actividades programadas, documento que relaciona los
«lineamientos generales para las vacaciones de fin de año» del año 2014 y
distintos correos electrónicos que fueron remitidos, entre otras personas, a la
demandante.
Dichos elementos, en modo alguno, pueden considerarse como indicios de
acciones subordinantes por parte de la entidad, pues, los mismos resultan ser
actividades que devienen de la coordinación inherente que debe existir en la
ejecución de los objetos contractuales.
La Sala debe reseñar en particular que, el documento en el cual se detalla la
planeación previa-mensual33 de las actividades programadas a la actora, no se
expone nada distinto a lo consignado en los contratos de prestación de servicios,
añadido únicamente en cuanto a los parámetros de cumplimiento de
competencias y actividades. Tal situación, como se dijo, no rompe la relación de
coordinación y guía con la que el contratante cuenta respecto al contratista para
lograr el correcto cumplimiento de las actividades pactadas.
Por su parte, la pieza documental referenciada como «VACACIONES FIN DE
AÑO EDP NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2014», en el que se profieren
«lineamientos generales para las vacaciones de fin de año»34, si bien se aportó
con la demanda, lo cierto es que de su lectura no se advierte que fuera remitido
directamente a la actora; y, en todo caso, en su literalidad solo se observan
lineamientos generales a un número de personas que prestaban sus servicios
en favor del INDER, sin que se precise su calidad o la condición de contratista,
con lo cual no es posible determinar su incidencia directa para con el servicio
realizado por la demandante.
Ahora, frente a los correos electrónicos debe reiterarse que, analizados en su
integralidad bajo el principio de la sana crítica, se considera que con ellos no se
hicieron llamados de atención o direccionamientos concretos y específicos sobre
33 Folio 51 expediente físico.
34 Folio 30 expediente físico.
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las condiciones de tiempo y modo en que debía ejecutar el objeto contractual la
demandante.
De modo que, aunque en uno de los correos se indica la asistencia obligatoria a
reuniones35 o en otro se remitiera un posible llamado de atención por la no
utilización de las capacitaciones brindadas por la entidad36, lo cierto es que no
es posible colegir que tales misivas hubiesen sido remitidas a la demandante en
razón a una falla o falta en la prestación de sus servicios, puesto que, la
generalidad e impersonalidad del contenido de los correos electrónicos impiden
considerar que fueran correctivos u ordenanzas dirigidas a la aquí demandante.
A su vez, los demás correos electrónicos que obran en el expediente, tal y como
lo alegó la entidad en el recurso de apelación, solo permiten evidenciar la
coordinación esporádica del personal del INDER para la realización de reuniones
con distintos grupos de formadores. Para lo cual valga señalar que, dada la
extensión e impersonalidad de los mensajes, no todos iban dirigidos a la
demandante, en tanto se observa que algunos de estos eran remitidos a grupos
de trabajo distintos a los que ella perteneció.
Por ejemplo, en el correo del 8 de diciembre de 2013, se citó para el día 10 de
diciembre de 201337 a la evaluación curricular de los formadores pertenecientes
a los énfasis de «futbol de salón, natación, patinaje y porrismo», especialidades
a las que no pertenecía la actora, pues está probado que cumplió su labor en el
área de «iniciación».
En todo caso, se reitera que, si bien se citaron a ciertas reuniones, mediante los
correos electrónicos del 1538 y 2539 de enero de 2011, 13 de febrero de 2011,
1940 de febrero de 2012, 19 de abril de 201341 y 1 de agosto de 201342, lo cierto
es que no es posible determinar la comparecencia de la demandante y si en las
mismas se emitieron órdenes o direccionamientos a la demandante para la
ejecución del contrato.
Por otro lado, los testimonios recaudados en el proceso tampoco logran
comprobar la falta de autonomía de la señora Cardona Caro en la ejecución de
sus servicios, a pesar de que manifestaron que ella estaba subordinada a los
directrices que para tal efecto dispusiera el INDER, pues nada expresaron sobre
las directrices, órdenes e instrucciones sobre la forma en que la demandante
debía cumplir sus funciones.
En efecto, el señor Jairo Antonio de la Cruz al ser interrogado sobre las
actividades que desarrollaba la demandante, escuetamente afirmó que
35 Folio 36 expediente físico, correo electrónico del 9 de julio de 2010.
36 Folio 38 expediente físico, correo electrónico del 15 de septiembre de 2010
37 Folio 49 expediente físico.
38 Folio 41 expediente físico.
39 Folio 39 expediente físico.
40 Folio 43 expediente físico.
41 Folio 46 expediente físico.
42 Folio 50 expediente físico.
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dependían de las directrices del INDER, agregando que las mismas debían ser
reportadas a su «jefe» o subidas a la plataforma de la entidad, en los siguientes
términos:
«(…) Pregunta: Infórmele al despacho si para la ejecución de sus funciones la
demandante tenía autonomía desde el punto de vista técnico, o sea de la
formación deportiva o administrativa, en el sentido de que pudiera determinar
cómo iba a ejecutar el contrato o si por el contrario estaba sujeta a las
instrucciones o requerimientos específicos de la entidad. Contestó: Tenía que
estar sujeto al contrato que decía el instituto. Pregunta: ¿Quién determinaba qué
tipo de actividades se realizaban en cada una de las escuelas y en el caso
particular de la demandante? ¿Lo hacía ella o lo determinaba el INDER?
Contestó: No, eso lo determina el INDER (…) Pregunta: ¿De quién dependía la
demandante para el cumplimiento de sus funciones? ¿A quién le tenía ella que
reportar si es que tenía que hacerlo? Contestó: Inicialmente, el primero era una
coordinadora del punto, o sea, de la Escuela Popular del Deporte, más ella ya
entregaba eso al jefe de ella y después se puso que se tenía que mandar todas
las tardes después de llegar del trabajar, mandarlo por una plataforma que creó el
Instituto del INDER, lo que había hecho más, la asistencia de los niños, diario
(…)».
Por su parte, el señor Yovanny Monroy Toro cuando se le preguntó sobre las
funciones realizadas y el posible acatamiento de órdenes devenidas del INDER,
manifestó que las programaciones, el horario y las órdenes eran emitidas por los
coordinadores de las escuelas zonales y por el interventor de los contratos,
añadiendo que las actividades desarrolladas no eran desplegadas con
autonomía porque dependía de la entidad. Lo anterior fue relatado en los
siguientes términos:
«(…) pues como lo había manifestado desde ahora, digamos el cumplimiento del
tiempo, del horario, de las órdenes que daba tanto los coordinadores de escuela
como zonales y el interventor en este caso, Federico Sierra (…) Pregunta: ¿Sabe
si la demandante para el desarrollo de sus actividades tenía plena autonomía
desde el punto de vista técnico, deportivo o administrativo? Es decir, ella podía
disponer cómo, cuándo y en qué momentos impartía la formación. Contestó: No,
porque el INDER estipulaba los horarios y siempre estar dispuesto a las órdenes
que ellos nos asignaban».
Así las cosas, si bien los declarantes expusieron que la demandante era
subordinada a los criterios técnicos de la entidad o que las actividades realizadas
debían ser puestas en conocimiento de sus supervisores, lo cierto es que no
detallaron aspectos relevantes sobre las particularidades de su servicio, con las
cuales se puedan extraer las posibles imposiciones presentadas.
Lo que si advierte la Sala de sus narraciones es que el hecho de presentar
informes sobre la ejecución de las actividades o cumplirlas en un horario
específico, no son argumentos razonables para acreditar la existencia de
subordinación, por el contrario, se encuentra dentro de los límites del principio
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de coordinación para la concreción de los objetos de los contratos de prestación
de servicios.
Y si bien los testigos refirieron que el INDER convocaba a reuniones y
capacitaciones a las que debían asistir los formadores, ello denota un
seguimiento a las actividades programadas o de los proyectos de formación
deportiva de la entidad, propios de una coordinación, que no comprometen la
independencia del contratista en la ejecución de su contrato.
En este aspecto el testigo Jairo Antonio de la Cruz expuso en su relato que
existieron unas reuniones brindadas por el INDER a las que tenían que asistir
los lunes, las cuales eran diferentes a los programas curriculares que cumplían
en la entidad señalando: «(…) Pregunta: Infórmele al despacho que actividades se
realizaban en las reuniones o en los días lunes a que usted se refirió anteriormente.
Contestó: Había a veces capacitaciones brindadas por el INDER, llamadas de atención
o una opción que teníamos que hacer, una opción que teníamos que hacer de más en
la semana (sic). Nos dictaban capacitaciones, como lo dije anteriormente, nos ponían
en programas diferentes a lo curricular que teníamos que hacer diario (…) Pregunta:
Mencionó usted en respuesta anterior que la demandante y ustedes, o usted, recibían
capacitaciones. ¿Esas capacitaciones eran dirigidas a qué actividades o a qué
especialidad y quién suministraba o pagaba esos servicios, esas capacitaciones?
Contestó: Esa iba destinada a todos los formadores y eso era pago por el instituto y
ellos mismos nos las dictaban».
El señor Yovanny Monroy Toro indicó al respecto que el INDER les brindaba
capacitaciones de manera gratuita con la finalidad de mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje hacia los alumnos, así: «Pregunta: Sabe si las
actividades que se cumplían en los días lunes a que usted se refirió en respuesta
anterior, esas actividades de capacitación, en qué consistían, ¿quién las ofrecía y quién
las pagaba? Contestó: Estas capacitaciones las daba el INDER, nosotros no nos
cobraban ni nada y era como para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia
los alumnos que impartíamos las clases, en el caso específico de María Elena, en el
caso de iniciación».
Y el señor Carlos Rodrigo Vega Osorio expresó que el INDER suministraba
capacitaciones, realizaba reuniones programadas por el asesor de la entidad, con
la finalidad de informar las pautas y maneras de la prestación del servicio, en los
siguientes términos: «Pregunta: ¿Sabe las capacitaciones a que usted se refirió, quién
las suministraba y quién asumía el costo de las mismas? Contestó: Las suministraba el
INDER Medellín y las pagaba el INDER Medellín también (…) Pregunta: ¿Esas
reuniones a que usted se refiere, quién las programaba, quién las convocaba y qué se
trataba en esas reuniones? Contestó: Las convocaba el asesor, que en ese momento
era Federico Sierra, nos convocaba a las reuniones para informar las pautas y maneras
que íbamos de pronto a manejar durante nuestra formación con los niños. Trabajamos
capacitación de valores, capacitación como sea en hacer los informes, porque a veces
iban modernizando los informes, que ya era más digital, para establecer los horarios de
las entregas de los informes mensuales y también para mirar cómo portábamos el
uniforme, también cómo íbamos de portar el uniforme en los escenarios deportivos».
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De acuerdo con las manifestaciones de los testigos la Sala considera que esas
capacitaciones y/o reuniones no tenían por objeto la imposición de órdenes o
direccionamientos sobre la actora, pues ninguno adujo que se hubiesen dado
directrices sobre la forma, metodo o contenido de las actividades que debía
ejecutar la demandante en las distintas instituciones educativas que le eran
asignadas para ejecutar los contratos.
En línea con lo anterior, aun cuando los testigos Jairo Antonio de la Cruz y
Yovanny Monroy Toro manifestaron conocer de llamados de atención efectuados
a la actora, sus dichos también fueron escuetos en este punto, de manera que
no logran ser suficientes para acreditar tal evento. Sobre el particular, el primero
expuso que, según le comentó la demandante, en alguna oportunidad fue sujeta
de requerimientos por parte del INDER:
«Pregunta: ¿Tiene conocimiento si en alguna oportunidad la demandante fue
sujeto de algún requerimiento por alguna inasistencia o alguna falla en el
cumplimiento de sus deberes? Contestó: Ella me comentó una vez que le
mandaron un requerimiento, fue porque se le quedó, creo que fue una tarea,
porque ellos le exigían a uno diario o semanal y mensual, una previa de lo que uno
iba a hacer el día siguiente, uno tenía que mandárselo o mostrar lo físico. Y ella
me comentó una vez que le mandaron un requerimiento porque se le quedó en el
otro bolso, creo que fue, sin embargo, ella llamó al coordinador de la escuela del
punto de ella y le dijo no hay problema, pero sin embargo le llegó el requerimiento».
A su turno, Yovanny Monroy Toro al ser interrogado sobre llamados de atención
que pudo recibir la demandante, indicó:
«Pregunta: Con relación específicamente a la demandante, ¿tuvo alguna
situación en donde hubiera sido objeto de algún llamado de atención o
requerimiento como usted dice? Contestó: Pues la verdad, hasta donde me daba
cuenta en las reuniones tuvo algunos llamados de atención de parte de Federico
Sierra y todo esto (…)».
De esa manera, se extrae que, aunque Jairo Antonio de la Cruz afirmó saber de
un posible llamado de atención que recibió la actora, lo cierto es que su
conocimiento deviene de lo que directamente le comentó la propia demandante,
por lo tanto, es un testigo de oídas, que no presenció alguna situación en que la
entidad hubiera adoptado alguna medida correctiva contra la demandante.
Yovanny Monroy Toro, por su parte, únicamente se limitó a argumentar que en
las reuniones la demandante recibió llamados de atención, pero no concretó las
razones por las cuales ello ocurrió, es decir, no ofreció elementos adicionales de
su conocimiento particular sobre tales circunstancias que brindaran suficiencia y
claridad y, por consiguiente, credibilidad a su dicho.
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Demandante: María Elena Cardona Caro
Por otro lado, en cuanto a los elementos de trabajo que los testigos Jairo Antonio
de la Cruz43, Yovanny Monroy44 y Carlos Rodrigo Vega Osorio45 manifestaron
fueron entregados a la demandante para el desarrollo de la actividad
encomendada, debe decir la Sala que pese a que la entidad dispusiera la entrega
de uniformes y elementos de trabajo para la identificación de la contratista y el
cumplimiento de las funciones, respectivamente, lo cierto es que con ello no se
demuestra necesariamente la configuración del elemento de subordinación,
como tampoco anula la autonomía de la contratista en la prestación de su
servicio.
Por el contrario, para la Sala46 tales elementos fueron indispensables para la
correcta ejecución de las obligaciones convenidas, en el entendido que la
demandante tenía como actividades a realizar las de formación en el área de
iniciación en representación del INDER, sin que ello implicara el desbordamiento
de los parámetros lógicos y necesarios que debe existir entre el contratista con
el contratante.
En este orden de ideas, no existen en el expediente elementos de juicio
adicionales que denoten el direccionamiento de la entidad enjuiciada sobre la
actora y configuren la existencia del «ius variandi» en el desarrollo de sus
funciones, tales como memorandos, circulares, requerimientos o cualquier otro
documento del cual se pueda determinar que se encontraba bajo la autoridad del
INDER.
Así pues, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
43 El testigo manifestó lo siguiente: «Pregunta: Indíquele al despacho si para el cumplimiento de las
funciones de la demandante, ella requería alguna dotación especial y en tal caso, si ella la suministraba o la
suministraba el INDER. Contestó: Sí, la dotación era, empezamos por carné, camiseta, sudadera,
pantaloneta, hubo un tiempo que nos dieron tenis y había que regresarlas después, porque eran del INDER,
esas las entregaba el INDER, el instituto, y gorra, perdón, y gorra Pregunta: Los implementos deportivos,
si es que en el caso de la demandante se requerían, ¿quién los suministraba y en qué consistían para el
caso de la demandante específicamente? Contestó: Esos los entregaba el INDER, inventariado, como
aros, pelotas, juegos didácticos, rompecabezas, infinidad de juguetes, pero eran del INDER, nos las
entregaba el INDER»
44 El testigo manifestó lo siguiente: «Pregunta: ¿Sabe si para el cumplimiento de sus funciones, la
demandante requería elementos deportivos y en tal caso, ¿en qué consistían y quién los suministraba?
Contestó: Sí, ella requería implementos deportivos que la institución INDER los asignaba para cumplir su
visión, sus objetivos. Pregunta: ¿En qué consistía, qué tipo de elementos concretamente se sabe en el caso
de ellos? Contestó: Elementos como conos, aros, palos, toda clase de balones, para poder ejercer la
función que ella cumplía en el programa de iniciación»
45El testigo manifestó lo siguiente: «Pregunta: Usted sabe si a la demandante para el cumplimiento de sus
funciones se le asignaba dotación de implementos deportivos, uniformes, y en tal caso, ¿en qué consistía y
quién lo suministraba? Contestó: Bueno, el INDER nosotros nos suministraba, por ejemplo, la escuela
donde estábamos nosotros juntos, antes de iniciar la obra, teníamos que ir a la oficina, hacer un inventario
de la implementación que íbamos a utilizar. En el caso de él (sic), le tocaba aros, balones, cuerdas, toda
clase de balones, predeportivos, todas esas cuestiones. Además, teníamos nuestro uniforme, que era la
camiseta, un bolsito largo también, el bombacho, la gorrita, y portar nuestro carnet durante la hora de
trabajo»
46 La Sección Segunda del Consejo de Estado, en casos de similares premisas fácticas al que ahora se
estudia, ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto a los elementos distintivos que portan los
contratistas del INDER y su nula incidencia cuando se pretende la declaratoria de una relación laboral
encubierta sin que existan elementos adicionales a estos que acrediten el elemento de la subordinación. Al
respecto, ver entre otras las siguientes sentencias: Subsección A 05001-23-33-000-2015-02463-01 (3483-
2021) C.P Rafael Francisco Suárez Vargas, 05001-23-33-000-2016-00854-01 (3353-2020) C.P: Jorge Iván
Duque Gutiérrez. Subsección B: 05001-23 33-000-2015-02152-01 (3107-2023) C.P: Juan Enrique bedoya
Escobar.
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que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a la
demandante a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la
configuración de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona y
el ente demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del
caso.
Esta Subsección ha considerado que «si bien no puede decirse que existe una
prueba reina para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia
continuada, esta Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la
relación laboral, deben aportarse aquellas que permitan acreditar
fehacientemente que el contratista no ejercía su actividad, para la cual fue
contratado, en forma autónoma e independiente, sino que debía someterse
ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos impusieran»47.
Razón por la cual, al no probarse los indicios subordinantes sobre las actividades
realizadas por la demandante, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
que accedió parcialmente a las pretensiones, para en su lugar, negarlas. En
consecuencia, no se estudiará el segundo problema jurídico.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.
En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CGP, por
tanto, no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se
sustentaron las razones esgrimidas por la parte actora en defensa jurídica de sus
intereses, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda presentada por María Elena Cardona Caro
contra del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER. En su lugar,
47 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P
Gabriel Valbuena Hernández.
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NEGAR las pretensiones de la demanda; conforme lo expresado en la
motivación.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejo de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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