Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00854-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00854-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-00854-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de abril de 2024
Radicación: 05001233300020160085401 (3353-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00854-01 (3353-2020)
Demandante: Maritza Santamaría
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín-INDER.
Temas: Relación laboral encubierta. Contrato de prestación de
servicios-guía de ludoteca. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020)
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, por medio
de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Maritza Santamaría instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, INDER, con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio 10700004040 del 14 de octubre de 2015, por
medio del cual se negó la existencia de una relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales derivadas de esta.
Que, se declare que existió una relación laboral subordinada y se ordene el
reconocimiento de las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación
especial por recreación y prima de navidad causadas durante el tiempo en que
estuvo vigente el vínculo.
Que se reconozcan y cancelen las indemnizaciones por despido sin justa causa,
ante la terminación unilateral del contrato y por el no pago de las cesantías,
además, se reintegren los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales, en
los porcentajes correspondientes al empleador.
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Que, de manera subsidiaria, se reconozca y pague una indemnización que
compense el valor de los derechos y prestaciones que hubieran tenido que
reconocerle de haber sido empleada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios al INDER como guía de ludoteca desde el 28 de enero
de 2008 hasta el 24 de diciembre de 2012, a través de varios contratos de
prestación de servicios.
Que siempre estuvo subordinada a las órdenes de la entidad, cumplió un horario
durante todos los días y se le impuso el reglamento general en los mismos
términos que los demás guías de ludotecas con vínculo laboral.
Que recibió una asignación básica mensual, de la que se hizo la retención en la
fuente.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 12 de mayo de 2016 y notificada a
la entidad demandada, quien se pronunció expresando que los hechos de no
eran ciertos, pues entre las partes no existió ninguna relación laboral y los
contratos de prestación de servicios suscritos se ajustaron a las reglas del ordinal
tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Que no pagó salario, sino simplemente reconoció los honorarios pactados con la
demandante en los distintos contratos y cumplió con la forma de pago acordada.
Que no existió subordinación y la interventoría o supervisión por parte de la
contratante evidenciaban, únicamente, la coordinación en el desarrollo del objeto
contratado necesaria para la ejecución de actividades.
Que, contrario a lo expuesto por la actora, en la planta de personal de la entidad
no existen trabajadores oficiales ni un cargo de guía de ludotecas.
Propuso como excepciones las de caducidad, prescripción, cobro de lo no
debido, buena fe y genérica o innominada.
Se celebró audiencia inicial el veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016) en la cual, se declaró no probada la excepción previa de caducidad, se fijó
el litigio, se agotó la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas y se programó
la audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual
fue apelada dentro del término oportuno por la demandante.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Antioquía, Sala Cuarta de Decisión, mediante
sentencia del veintiocho (28) de julio de dos mil vente (2020), negó las
pretensiones considerando que se probó que la demandante ejecutó en forma
personal las actividades para las que fue contratada y a cambio de esto recibió
un pago, pero no se probó la subordinación o dependencia, elemento
indispensable para la configuración de una relación laboral.
Que las pruebas evidenciaban la supervisión de la gestión de la actividad de la
demandante y, que, en algunas oportunidades, le programaron horarios y
actividades los fines de semana en las ludotecas; sin embargo, tales
circunstancias eran insuficientes para desnaturalizar los contratos de prestación
de servicios, porque simplemente reflejaban la coordinación de actividades,
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Que la entidad estaba obligada a velar por la debida ejecución del contrato y por
el cumplimiento oportuno de su objeto y, por esas razones, desde el inicio acordó
con la demandante unos parámetros para la correcta prestación del servicio,
entre esos, los relativos al tiempo y las funciones a su cargo.
Que el suministro de un local, oficina u otros elementos para que la contratista
desarrollara el servicio contrato, tampoco desvirtuaban la contratación, sino que
podrían corresponder a un valor agregado a la remuneración, porque su actividad
de recreación y educación de menores requería elementos especializados para
las edades de los niños, los cuales eran suministrados por la entidad.
Que los testimonios dieron cuenta de ciertas situaciones de la contratación por
parte de la entidad de guías de ludoteca, de la supervisión y la existencia de
parámetros de tiempo, de acuerdo con las necesidades de las comunidades
beneficiarias del espacio educativo, pero no ofrecían información en cuanto a la
dependencia o subordinación en la vinculación de la demandante.
Condenó en costas y en agencias en derecho a la parte demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación indicando que acreditó que
se estructuraron los tres elementos de la relación de trabajo, porque cumplió su
labor como guía de ludoteca sin autonomía técnica o directiva.
Que las testigos Erika Johanna Mora Mora y Mónica Gómez Espinosa,
compañeras de trabajo, indicaron que cumplía un horario de trabajo impuesto por
el INDER, dependiendo de la ludoteca comunitaria asignada, podría ser de 9:00
a. m. a 5:00 p. m. o de 12:00 p. m. a 7:00 p. m., que llevaba un control de
asistencia para entregarlo periódicamente a su supervisora y, antes de abrir la
ludoteca al público debía hacer aseo en las instalaciones.
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Que tenía jefes inmediatos quienes constantemente le impartían órdenes e
instrucciones de las que no podía apartarse. Que debía rendir informes
periódicos, llevar a cabo y participar en los inventarios y asistir a reuniones
obligatorias, en las que se controlaba su asistencia.
Que los contratos de prestación de servicios y las declaraciones referenciadas
daban cuenta de que tuvo un jefe inmediato al que debía reportarle sus
actividades, cumplía con un horario de trabajo permanente e impuesto por la
contratante, no podía decidir el lugar, la fecha, la hora, la naturaleza de la
actividad desarrollada, el espacio y los elementos de trabajo pues estos eran
suministrados por el INDER. Que, con eso se demuestra la existencia de una
relación de sujeción, obediencia y mando, tanto operativa como ejecutora.
Que existe un uso indebido de los contratos de prestación de servicios porque el
programa de ludotecas en Medellín existe hace más de quince años, con
alrededor de setenta y cinco ludotecas, convirtiéndose así en una función
permanente y funcional de la entidad.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020), se admitió el recurso
y de conformidad con el art. 247 de la ley 1437 de 2011, se dio traslado por el
término de 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión y,
posteriormente se corrió el mismo término para el Ministerio Público.
La parte demandante reiteró que durante el tiempo que prestó sus servicios al
INDER como guía de ludotecas estuvo subordinada a las órdenes e instrucciones
de su jefe inmediata, atendió el horario impuesto y no contó con ningún margen
de autonomía para desarrollar las actividades a su cargo.
Que la entidad empleó indebidamente el contrato de prestación de servicios para
eludir el pago de sus prestaciones sociales, aunque cumplió sus labores por más
de cinco años continuos, en la labor permanente.
La parte demandada afirmó que las pruebas aportadas son insuficientes para
acreditar una relación de trabajo y, especialmente, que la función prestada por la
demandante se presentó en las mismas condiciones que las de los empleados
de la planta de personal.
Que, en el caso concreto, no logró acreditarse que en el INDER existiera el cargo
de guía de ludoteca y tampoco la influencia decisiva de la entidad en el desarrollo
del objeto contractual.
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar, en razón al recurso de apelación, si entre las partes
existió un vínculo laboral derivado de la prestación de servicios profesionales y,
si como consecuencia de ello, la demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable ».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
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En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
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102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
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reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
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suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.» 1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
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Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
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Radicación: 05001233300020160085401 (3353-2020)
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Constitución Política.
Resolución al caso concreto
Según las pruebas, se puede establecer que la demandante prestó sus servicios
al INDER, a través de los siguientes contratos de prestación de servicios:
• Contrato No. C-00886-08, cuyo objeto fue «prestar sus servicios como guía de la
acción LUDOTEKAS PARA MEDELLÍN». El plazo de ejecución fue de 6 meses
contados a partir del 28 de enero de 2008. Se pactó un valor total de $ 6.347.238.
• Contrato No. C-02473-08, con el mismo objeto contractual que el anterior. El
plazo de ejecución desde el 8 de julio al 30 de diciembre de 2008. El valor pactado
fue de $ 5.289.365.
• Contrato No. C-00272-09, cuyo objeto fue «prestar servicios como guía de la
ludoteka que se asigne». El plazo de ejecución fue de seis meses, contados a
partir del 9 de enero de 2009. El valor pactado fue de $ 7.320.000.
• Contrato No. C-02991-09, con el mismo objeto contractual que el anterior. El
plazo de ejecución fue desde el 8 de julio hasta el 30 de diciembre de 2009. El
valor pactado fue de $ 6.995.000.
• Contrato No. C-00422-10, con el mismo objeto contractual que el tercer acuerdo
suscrito. El plazo de ejecución fue de seis meses, contados a partir del 12 de
enero de 2010. El valor pactado fue de $ 7.758.000.
• Contrato No. C-3405-10, con el mismo objeto contractual que el tercer acuerdo
suscrito. El plazo de ejecución fue desde el 12 de julio hasta el 30 de diciembre
de 2010. El valor pactado fue de $ 6.995.000.
• Contrato No. C-00332-11, con el mismo objeto contractual que el tercer acuerdo
suscrito. El plazo de ejecución fue desde el acta de inicio hasta el 30 de junio de
2011. El valor pactado fue de $ 7.619.967.
• Contrato No. C-3348-11, con el mismo objeto contractual que el tercer acuerdo
suscrito. El plazo de ejecución fue desde el acta de inicio hasta el 30 de diciembre
de 2011. El valor pactado fue de $ 8.068.200.
• Contrato No. C-1453-12, con el mismo objeto contractual que el tercer acuerdo
suscrito. El plazo de ejecución fue desde el acta de inicio hasta el 30 de junio de
2012. El valor pactado fue de $ 6.118.900.
• Contrato No. C-2374-12, con el mismo objeto contractual que el tercer acuerdo
suscrito. El plazo de ejecución fue desde el acta de inicio hasta el 30 de diciembre
de 2012. El valor pactado fue de $ 8.253.400.
De dichos contratos se puede inferir que la demandante prestó un servicio para
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Radicación: 05001233300020160085401 (3353-2020)
el INDER de manera personal y que se pactó una remuneración. Sin embargo,
no ocurre lo mismo con el elemento de la subordinación, pues los acuerdos son
insuficientes para verificar dicha circunstancia.
De acuerdo con los objetos contractuales relacionados en los párrafos que
anteceden, se tiene que la actora fue contratada, con el fin de que prestara
servicios como guía de ludoteca, en el programa de «Ludotekas para Medellín».
También se visualiza que dentro de las obligaciones definidas en la mayoría de
los contratos suscritos entre las partes estaban comprendidas la presentación de
informes mensuales, con el detalle de las actividades realizadas en cada período
y la atención de los requerimientos y consultas del contratante o supervisor
relativas a la labor, entre otras, las cuales estuvieron encaminadas a satisfacer la
intencionalidad contractual, sin que se adviertan elementos adicionales o
diferentes a los necesarios para la ejecución efectiva de los acuerdos.
Así, de las pruebas documentales no es posible extraer con un mínimo grado de
certeza que se le exigiera a la demandante que ejecutara el objeto contractual
con unas condiciones de tiempo y modo impuestas por la entidad y, en tal sentido,
no se demostró que el INDER hubiera ejercido una imposición sobre la manera
en la que debía desarrollar sus actividades, más allá de las obligaciones
acordadas en los contratos.
De otra parte, se cuenta con el interrogatorio absuelto por la demandante, en el
que afirmó que trabajó para el INDER como guía de ludoteca del 29 enero de
2008 al 24 de diciembre de 2012 mediante contratos de prestación de servicios
renovados cada seis meses y liquidados periódicamente. Que su tarea estaba
relacionada con la misionalidad de la entidad y que la ejecución de actividades
fue continua.
La demandante y los testigos, si bien manifestaron de manera general que las
guías de ludotecas contratadas por el INDER, estaban sometidas a un horario y
a las directrices de las coordinadoras de las ludotecas, no detallaron la situación
específica de la actora y, en ese sentido, no hicieron alusión al direccionamiento
por parte del INDER sobre la forma, cantidad, método, contenido o las actividades
que debía desarrollar en los espacios lúdicos. De hecho, una testigo afirmó que
no recibía instrucciones metodológicas sobre las labores que debía desarrollar.
Asimismo, sus afirmaciones sobre los extremos laborales iniciales no concuerdan
con lo planteado por la actora en el escrito inicial, porque esta última afirmó que
prestó sus servicios al INDER como guía de ludoteca desde enero de 2008,
mientras que las declarantes expresaron que laboró en la entidad desde 2006.
Los testigos solo coinciden con los supuestos fácticos relativos al cumplimiento
por parte de la actora de un horario y la obligatoriedad de presentar informes
periódicos de sus labores.
En su narración refieren situaciones generales de las contratistas (guías de
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ludoteca) y, en ambos casos, plantearon circunstancias personales en cuanto al
horario, carga o ejecución de la actividad y otros temas. Lo que denota
claramente que las testigos hicieron referencia a sus situaciones personales más
no a la ejecución de las actividades por parte de la actora.
Las declaraciones de los señores Loaiza Sánchez y Morales no ofrecen detalles
sobre las condiciones de la prestación de servicios por la demandante, pues
expusieron que no la conocieron ni tuvieron correlación con su vinculación a la
entidad.
Los testigos reafirman la prestación de los servicios por la demandante como
guía de ludoteca y, que, al ostentar la condición de supervisora de los contratos
suscritos entre las partes, asignó la ludoteca y el horario de actividades de las
contratistas; adicionalmente, que vigiló el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, a través de visitas habituales a los espacios lúdicos y la revisión
de los informes periódicos.
En suma, las declaraciones no son suficientes para establecer que en realidad
se presentó una relación laboral, por cuanto en el desarrollo de las actividades
en un contrato de prestación de servicios debe existir una coordinación entre
contratante y contratista, de manera que este último se somete a unas
condiciones preestablecidas para el desarrollo de la labor contratada, lo cual
puede incluir el cumplimiento de un horario, o recibir instrucciones y rendir
informes sobre sus resultados a un funcionario de la entidad, sin que ninguna de
aquellas signifique necesariamente la configuración del elemento de
subordinación.
Lo anterior, cobra mayor relevancia en el caso, puesto que la labor de la
demandante estaba encaminada al apoyo de actividades lúdicas con menores,
siendo apenas lógico que recibiera indicaciones respecto de los lugares y las
comunidades que debía atender y, se estableciera un horario con el propósito de
articular, de un lado, las necesidades de la población infantil que por razones de
escolaridad u otra semejante podía no estar disponible en ciertas horas y, de otro,
los turnos o jornadas del programa de ludotecas.
Por otro lado, debido a que no se aportó ningún otro soporte (como cuadros de
turno o de control de asistencia o de ingresos), aparte de los contratos de
prestación de servicios y los mencionados testimonios, que corrobore la estricta
exigencia de un horario a la demandante, también puede inferirse
razonablemente que aquella, una vez terminaba sus labores, podía dar por
finalizada la prestación de su servicio en la entidad.
Con relación a la presentación de informes periódicos, la Sala de Decisión estima
que estos tienen como propósito hacer seguimiento constante a la labor
contratada, pudiéndolos considerar como uno de los elementos de la relación de
coordinación desplegada por el contratista con la entidad y como una
manifestación del seguimiento al objeto contractual.
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Tampoco surge evidencia de la configuración de una relación laboral por el hecho
de que la demandante llevara uniformes o prendas con logos o distintivos de la
entidad, porque esto, como se afirmó por algunos testigos es una política
encaminada a un posicionamiento institucional y/o una medida de seguridad para
identificar a la persona como perteneciente al INDER en zonas de orden público
complejo.
Finalmente, la Subsección echa de menos, en el presente caso, elementos de
convicción tendientes a acreditar la dirección y control efectivo de las actividades
a ejecutar, bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la
imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi.
En atención a lo expuesto, la Sala considera que en el proceso no está
demostrada la subordinación alegada en el recurso de apelación que aquí se
estudia, por lo que se confirmará la decisión recurrida, por las razones expuestas
antes.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A en las sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa, deberá
analizar la conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se
presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el
inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida en su
escrito expuso argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el veintiocho (28) de julio de dos mil
veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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