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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02367-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02367-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 1.° de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora Érica Johana Mora Mora, a favor del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-02367-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2015-02367-01 (6014-2023)
Demandante: Érica Johana Mora Mora
Demandado: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque la
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la
sentencia de primera instancia del 1.° de agosto de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del
Oficio 10700001547 del 1.° de junio de 2015, expedido por la entidad accionada,
por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral desde el 16 de enero de 2006 hasta el 24 de diciembre de 2012 y el pago
de las prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como
guía de ludoteca.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) pagar a su favor las
prestaciones sociales causadas1, la indemnización por despido injusto, los
aportes a seguridad social que efectuó y que debía asumir la entidad accionada,
la sanción moratoria por la falta de pago de las prestaciones sociales al término
del vínculo laboral y, en subsidio de la anterior, la indexación de los conceptos
laborales; ii) de forma subsidiaria, pagar una indemnización que compense los
derechos y prestaciones que le hubieran correspondido como empleada pública,
más la sanción moratoria o la indexación respectiva; y iii) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1
Cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, bonificación especial por recreación y prima de navidad.

1
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02367-01 (6014-2023)
Demandante: Érica Johana Mora Mora

3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado vulneró
normas superiores2 e incurrió en falsa motivación, teniendo en cuenta que su
vínculo con la entidad accionada no fue contractual, sino laboral, puesto que
desarrolló sus actividades de manera subordinada, en tanto cumplió horarios,
recibió órdenes y acató reglamentos.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que
entre ella y la demandante solo existió un vínculo contractual, mas no laboral.

5. Destacó que la prestación del servicio fue discontinua y que la actora
desarrollaba sus actividades con autonomía, pues no se le emitían órdenes ni se
le exigía el cumplimiento de horarios.

6. Señaló que en su planta de personal no existe un cargo denominado guía
de ludoteca ni uno equiparable con tales funciones.

7. Explicó que el proyecto de «ludotekas» busca brindar educación, deporte
y recreación a los niños menores de doce (12) años de Medellín.

8. Expuso que los contratos de prestación de servicios pueden celebrarse
para desarrollar actividades de la Administración, cuando estas no puedan
realizarse con el personal de planta, por lo que el mero cumplimiento de una
«función administrativa» no configura una relación laboral.

9. Indicó que la parte contratante debe ejercer la dirección general, el control
y la vigilancia de los contratos estatales, conforme al artículo 14 de la Ley 80 de
1993, de suerte que la interacción con la demandante a través del supervisor no
puede entenderse como una relación de subordinación o dependencia.

10. Afirmó que el acto acusado se expidió observando la normativa aplicable;
y que la accionante no explicó cómo se estructuró la falsa motivación.

11. En ese contexto, propuso las excepciones de prescripción y buena fe.

Sentencia apelada

12. Mediante sentencia del 1.° de agosto de 2023, el Tribunal negó las
pretensiones de la demanda porque la actora solo demostró la prestación
personal del servicio y la remuneración, mas no la continuada subordinación.

13. Conforme a los testimonios practicados, determinó que la demandante
ejecutó los objetos contractuales en las distintas ludotecas que tenía la entidad
accionada; y que observó ciertos horarios establecidos por las coordinadoras,
pero no se aportaron cuadros de turnos o de control de ingreso que corroboraran

2
Artículos 53 de la Constitución Política; 1, 5, 8, 12 y 17 de la Ley 6.ª de 1945; 5, 6, 8, 9 y 14 del Decreto
3135 de 1968; 1, 2, 3, 5, 8, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 32, 33, 40, 42, 52, 58, 59 y 60 del Decreto 1045 de
1978; y las Leyes 4.ª de 1966 y 715 de 2001.

2
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Demandante: Érica Johana Mora Mora

los testimonios y, en todo caso, la jornada de trabajo hace parte de la
coordinación necesaria entre las partes contratantes, en razón de la actividad
convenida.

14. Consideró que no se demostró que la entidad accionada ejerciera la
dirección y control efectivo de las actividades, pues era razonable que la actora
recibiera algunas indicaciones sobre los lugares y las comunidades que debía
atender.

15. Puso de presente que la testigo Mónica Gómez Espinosa fue compañera
de la actora durante un (1) año y medio, por lo que su versión solo permite valorar
la subordinación durante ese período; sin embargo, la declaración de dicha
testigo se basó en lo que le contó la accionante, de modo que se trata de un
testimonio de oídas.

16. Estimó que la presentación de informes y la asistencia a reuniones y
capacitaciones eran circunstancias que estaban previstas en los contratos de
prestación de servicios y se encaminaban a lograr la coordinación y el correcto
desarrollo de la actividad lúdica convenida.

17. Explicó que la supervisión y la emisión de instrucciones hacían parte de la
sincronización de actividades para la ejecución armónica de las obligaciones
pactadas, pues tenían el propósito de articular las tareas lúdicas con las demás
actividades y programas que adelantaba la entidad accionada.

18. Señaló que el mantenimiento de los espacios de la ludoteca y de los
materiales entregados como dotación hacía parte de las obligaciones
contratadas; y que no se probó que el cargo de guía de ludoteca existía en la
planta de personal de la entidad demandada, razón por la cual no se puede
establecer que la actora realizaba las mismas funciones de los empleados
vinculados o que recibía el mismo trato que estos.

19. Por último, decidió no imponer condena en costas en primera instancia.

Recurso de apelación

20. Inconforme con la decisión, la accionante interpuso recurso de apelación
aduciendo que sí se acreditó la continuada subordinación en la prestación del
servicio y, por ende, la existencia de la vinculación laboral, teniendo en cuenta
que estuvo sometida a las directrices, pautas y parámetros que le impartían, de
modo que no gozó de autonomía técnica y directiva.

21. Señaló que las obligaciones pactadas en los contratos corresponden a
labores propias de un trabajador subordinado; y que la demandada de forma
consciente se abstuvo de emitir circulares, comunicados, cuadros de turnos o
cartas que hicieran explícita la subordinación con el fin de evadir las
consecuencias de la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios.

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Demandante: Érica Johana Mora Mora

22. Adujo que los testimonios practicados dieron cuenta de que cumplía un
horario de trabajo impuesto por la entidad accionada, rendía informes de su
gestión, administraba inventarios, hacía limpieza y mantenimiento de las
instalaciones físicas y tenía jefes inmediatos que le impartían órdenes e
instrucciones de las que no podía apartarse, a quienes pedía permisos para
ausentarse; asimismo, que la citaban a reuniones y capacitaciones obligatorias y
le proveían un carné, uniformes y material didáctico para llevar a cabo las
actividades.

23. Destacó que no podía disponer de sus reemplazos ni manejar personal ni
utilizar sus propios recursos o medios de trabajo, como tampoco le era permitido
escoger en qué horario y en cuál ludoteca de la ciudad trabajaba.

24. Afirmó que ejecutó una función permanente que hace parte del rol misional
de la demandada, teniendo en cuenta que en Medellín existen 74 ludotecas y que
el programa existe desde hace más de quince (15) años.

25. Indicó que la inexistencia de un cargo similar en la planta de personal no
puede implicar el desconocimiento de sus derechos laborales.

26. Puso de presente que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 31
de marzo de 20223, declaró la existencia de una relación laboral entre una guía
de ludoteca y la misma entidad accionada.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

27. Por auto del 5 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

28. La parte demandada se pronunció sobre la alzada argumentando que de
los contratos celebrados se desprende la prestación del servicio discontinua y la
coordinación entre la actora y los supervisores para el cumplimiento de los
objetos contractuales.

29. Precisó que la presentación de informes es una forma de seguimiento de
las actividades, mientras que la citación a reuniones propende a la verificación
del cumplimiento de las tareas; y que la accionante conservó su autonomía
profesional.

30. Señaló que los uniformes servían para identificar a los contratistas en las
comunidades y preservar su integridad; y que la disponibilidad para prestar el
servicio los fines de semana obedecía a la necesidad y a la rotación entre las
sedes.

31. Resaltó que a la demandante no se le exigió exclusividad ni se le
adelantaron procesos disciplinarios; y que si bien los objetos contractuales
estuvieron relacionados con las funciones propias del INDER, en la planta de

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Demandante: Érica Johana Mora Mora

personal nunca ha existido el cargo de ludotecaria, lo cual habilitaba la
contratación, pues las tareas no podían cumplirse con los empleados vinculados.

32. Solicitó declarar probadas las excepciones de prescripción y pago o
compensación, en caso de que prosperen las pretensiones.

33. El ministerio público rindió concepto solicitando confirmar la sentencia
apelada porque la actora no demostró que hubiera desarrollado sus actividades
sin autonomía e independencia.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

34. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

35. La Sala debe definir si se demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio o no, a fin de establecer si se debe confirmar, revocar o
modificar la sentencia de primera instancia.

Análisis del problema jurídico

36. La Sala confirmará la decisión apelada porque las pruebas que obran en
el expediente no permiten acreditar la continuada subordinación durante la
ejecución de los objetos contractuales.

37. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
destacar que la demandante se desempeñó como guía de ludoteca en la entidad
accionada, vinculada a través de los siguientes contratos de prestación de
servicios:

Contrato u orden de
Plazo o duración Objeto
prestación de servicios
6 meses contados desde la
505 del 11 de enero de 20064 Apoyo operativo de una «ludoteka»
firma del acta de inicio
C-1271-06 del 12 de julio de Desde la firma del acta de
Apoyo operativo de una «ludoteka»
20065 inicio hasta el 30/12/2006
C-00178-07 del 5 de enero de Desde la firma del acta de
Apoyo operativo en una «ludoteka»
2007, adición y ampliación6 inicio hasta el 30/12/2007
C-00299-08 del 14 de enero de
15/1/2008 al 14/7/2008 Guía de la acción «ludotekas»
20087

4
Orden de prestación de servicios 505 del 11 de enero de 2006 (índice 2 de SAMAI, anexos de la demanda)
5
Orden de prestación de servicios C-1271-06 del 12 de julio de 2006 (índice 2 de SAMAI, anexos de la
demanda).
6
Contrato de prestación de servicios C-00178-07 del 5 de enero de 2007, adición y ampliación (índice 2 de
SAMAI, anexos de la demanda).
7
Contrato de prestación de servicios C-00299-08 del 14 de enero de 2008 y actas de inicio y liquidación
(índice 2 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).

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Demandante: Érica Johana Mora Mora

C-02453-08 del 9 de julio de
15/7/2008 al 30/12/2008 Guía en la acción «ludotekas»
20088
C-00256-09 del 9 de enero de
9/1/2009 al 8/7/2009 Guía de «ludoteka»
20099
C-02951-09 del 8 de julio de
9/7/2009 al 30/12/2009 Guía de «ludoteka»
200910
C-00367-10 del 12 de enero de
12/1/2010 al 11/7/2010 Guía de «ludoteka»
201011
C-3329-10 del 12 de julio de
12/7/2010 al 30/12/2010 Guía de «ludoteka»
201012
C-00281-11 del 17 de enero de
17/1/2011 al 30/6/2011 Guía de «ludoteka»
201113
C-3298-11 del 24 de junio de
1/7/2011 al 30/12/2011 Guía de «ludoteka»
201114
C-1226-12 del 16 de febrero de
16/2/2012 al 30/6/2012 Guía de «ludoteka»
201215
C-2183-12 del 17 de mayo de
5/7/2012 al 24/12/2012 Guía de «ludoteka»
201216

38. En primera instancia se practicaron los testimonios de las señoras Maritza
Santamaría y Mónica Gómez Espinosa, de los cuales se destaca lo siguiente:

i) La señora Maritza Santamaría relató que ingresó al INDER en 2008 y
entonces conoció a la actora, quien venía trabajando en dicha entidad
desde 2006; que la demandante tenía que cumplir los horarios señalados
por la entidad, presentar informes mensuales para obtener el pago,
efectuar los aportes a seguridad social como independiente, asistir a
reuniones obligatorias y capacitaciones programadas por la contratante;
que el INDER les proveía la papelería y los materiales con los cuales
prestaban el servicio (muñecas, rompecabezas, piscinas de pelotas,
loterías, crayolas, vinilos, lápices, borradores, etc.); que la coordinadora
del programa visitaba las ludotecas, supervisaba que todo estuviera
funcionando bien, buscaba soluciones cuando había dificultades y miraba
que ellas (las guías) estuvieran cumpliendo sus actividades y horarios.

Indicó que durante un año podían laborar en un mismo lugar, pero también
era posible que les ordenaran rotar entre ludotecas; que para ausentarse
del sitio de trabajo le comunicaban a la coordinadora de ludoteca y esta la
informaba a la coordinadora de zona; que en el personal vinculado al
INDER no había nadie que cumpliera las mismas funciones que ellas
(guías)17; y que la actora no podía delegar sus funciones a otra persona.

8
Contrato de prestación de servicios C-02453-08 del 9 de julio de 2008 y actas de inicio y liquidación (índice
2 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
9
Contrato de prestación de servicios C-00256 del 9 de enero de 2009 y actas de inicio y liquidación (índice
2 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
10
Contrato de prestación de servicios C-02951-09 del 8 de julio de 2009 y actas de inicio y liquidación (índice
2 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
11
Contrato de prestación de servicios C-00367-10 del 12 de enero de 2010 y actas de inicio y liquidación
(índice 2 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
12
Contrato de prestación de servicios C-3329-10 del 12 de julio de 2010 y actas de inicio y liquidación (índice
2 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
13
Contrato de prestación de servicios C-00281-11 del 17 de enero de 2011 y actas de inicio y liquidación
(índice 2 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
14
Contrato de prestación de servicios C-3298-11 del 24 de junio de 2011 y actas de inicio y liquidación
(índice 2 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
15
Contrato de prestación de servicios C-1226-12 del 16 de febrero de 2012 y actas de inicio y liquidación
(índice 2 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
16
Contrato de prestación de servicios C-2183-12 del 17 de mayo de 2012 y acta de inicio (índice 2 de SAMAI,
anexos de la demanda y su contestación).
17
Puntualmente, indicó lo siguiente: «como decir que iban a la ludoteca a cumplir lo mismo de nosotros, no,
lo de ellos [empleados de planta] era más administrativo».

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Explicó que, durante el tiempo en que compartió con la demandante, esta
estuvo ubicada en una ludoteca de un parque biblioteca y manejaba un
horario de 7:30 a. m., a 3:00 p. m., o de 11:00 a. m., a 7.00 p. m., de martes
a sábado, los domingos era de 11:00 a. m., a 4:00 p. m., y los lunes hacían
mantenimiento (lavar juguetes, barrer, trapear, etc.) de 9:00 a. m., a 5:00
p. m.; que generalmente les programaban reuniones los lunes a las 2:00
p. m., con el fin de darles a conocer cambios de ludotecas, abordar el
cumplimiento de metas e informarles algún cambio de personal; y que ellas
(las guías) hacían inventario a principio y final de año y trimestralmente.

Manifestó que a la demandante le impartía órdenes la coordinadora de
ludoteca, relacionadas con el «cumplimiento del horario, [también] se
delegaban funciones de que cada una se encargaba de un taller, de los
respectivos talleres que se hicieran en la semana…digamos, un martes
había que hacer manualidad [y] la función la tenía delegada Érica
[entonces] la debía hacer, y también del cierre de la ludoteca, o sea, estar
cumpliendo su horario como tal».

Expuso que con la actora se veía una (1) vez a la semana, cuando
apoyaban algún evento, en las reuniones o cuando una se dirigía a la
ludoteca donde estaba la otra a prestar apoyo o llevar informes; que la
demandante asistía a capacitaciones dictadas y programadas por el
INDER, las cuales eran en convenio con el SENA muchas veces y
versaban sobre atención a la primera infancia, recreación y todo lo que
tiene que ver con los niños, el juego y la lúdica; que la accionante recibía
$ 1’421.000 mensuales; y que la contratación de ambas perduró hasta el
24 de diciembre de 2012, cuando hubo un despido masivo para pagar
favores políticos.

Informó que el INDER fijaba el horario de las ludotecas según las
necesidades de cada comunidad, es decir, las situaciones de orden
público, el clima, la jornada de estudio de los niños, etc.; que el horario era
rotativo y equitativo en los parques biblioteca donde estaba la
demandante, teniendo en cuenta que la coordinadora siempre tenía un
horario de 9:00 a. m., a 5:00 p. m., mientras que las cuatro (4) guías que
había en cada ludoteca se repartían las jornadas de la siguiente forma:
una semana trabajaban 2 guías en el horario de la mañana y las otras 2
guías trabajaban en el horario de la tarde, y en la semana siguiente
intercambiaban; que la demandante descansaba un (1) día a la semana,
que podía ser el sábado o el domingo; que todas las guías de ludoteca
estaban vinculadas mediante contrato de prestación de servicios; y que la
demandante no resultó sancionada en el marco de algún proceso
disciplinario.

ii) La señora Mónica Gómez Espinosa señaló que ingresó al INDER en julio
de 2006 y ahí conoció a la actora, quien estaba trabajando allí desde enero
de ese mismo año; que ambas prestaron el servicio de guías de ludoteca;
que les rotaban las ludotecas y los horarios que cumplían; que hacían

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mantenimiento a las ludotecas, presentaban informes mensuales de
actividades, preparaban materiales, apoyaban diferentes programas y
organizaban talleres; que tenían una coordinadora de ludoteca, una
coordinadora comunal y otra coordinadora del programa; que si llegaban
tarde les hacían un llamado de atención y todo el tiempo les manifestaban
que no podían faltar; que casi nunca les daban permiso para asistir a
reuniones del colegio de sus hijos porque les decían que era un trabajo en
el que tenían que cumplir horarios; que debían programar los talleres de
manualidades, de lectura, de video, etc.; que tenían que estar disponibles
para todo tipo de actividades por si el INDER lo requería; y que les dijeron
que su contrato vencía el 24 de diciembre de 2012 y no las volvieron a
llamar.

Mencionó que cuando inició el programa de ludotecas sí había personas
vinculadas que realizaban las mismas funciones de guía, pero no recuerda
el nombre de la persona ni del cargo, pues ella llegó al INDER cuando el
programa ya llevaba varios años; que para pedir permisos tenían que
preguntarle a la coordinadora de la ludoteca, quien le consultaba a la
coordinadora comunal y luego esta le preguntaba a la coordinadora del
programa; que el INDER tenía un almacén en el que les entregaban todos
los materiales cada cierto tiempo.

Narró que la accionante trabajó en el INDER desde 2006 hasta 2012 de
manera continua, aunque el 24 o 25 de diciembre de cada año «la
mandaban para la casa» y en la primera o segunda semana de enero del
año siguiente la llamaban a reanudar tareas; que laboraban en la ludoteca
que les asignaba la coordinadora de turno; que en una ocasión apoyaron
un programa llamado Medellín Despierta por la Vida, en el cual terminaban
turno a las 2:00 p. m., iban a la casa descansar y volvían a tomar tuno a
las 8:00 y 10:00 p. m., hasta las 6:00 a. m., del otro día; que la demandante
no podía delegar sus actividades a otra persona; que los horarios los
establecía el INDER, entidad que tenía unos horarios generales, pero las
coordinadoras comunales y de ludotecas le indicaban a la demandante
qué horario le correspondía; que el lunes hacían planificación de la
semana y mantenimiento o limpieza general y desinfección de todos los
elementos de la ludoteca (baños, pisos, piscinas, pelotas, disfraces,
juguetes, libros, etc.); y que cuando terminaban el turno tenían que dejar
todo limpio y desinfectado.

Refirió que la demandante hacía inventarios cada cierto tiempo y asistía a
reuniones mensuales y capacitaciones, las cuales les programaba el
INDER; que a la actora le daban órdenes e instrucciones; que la
accionante no podía apartarse de las directrices que le daban porque
recibía alguna «represalia»; y que debían reponer el tiempo durante el cual
se ausentaban.

También indicó que usaban uniforme, gorra y riñonera distintivas del
INDER; que ellas (las guías) permanecían «captando población» para
cumplir las metas cuantitativas de los programas, por lo cual iban a los

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colegios, a las bibliotecas, a los barrios, a los parques biblioteca, etc.; y
que el INDER les suministraba toda la papelería que utilizaban.

Precisó que entre 2006 y 2012 solamente estuvieron trabajando juntas
durante un año y medio, continuamente; que no laboraban en el mismo
lugar y a la misma hora, pero sí cumplían la misma tarea como guías de
ludoteca, se encontraban en algunas actividades y tenían comunicación
constante; que la accionante no tenía otro empleo mientras trabajó en el
INDER; que en esta entidad sí existía el cargo de guía de ludoteca porque
en sus contratos decía «guía de ludoteca»; que a ella (la testigo) no le
pusieron de presente el reglamento interno de trabajo del INDER; que la
demandante no fue citada ninguna vez por la Oficina de Talento Humano
del INDER y tampoco se le adelantaron procesos disciplinarios; y que la
coordinadora de la ludoteca les indicaba cómo se hacían las actividades y
ellas las ejecutaban.

39. En esas condiciones, la prueba testimonial y documental (contratos y actas
de liquidación, principalmente) da cuenta de que la actora se desempeñó como
guía de ludoteca en la entidad demandada, labor que implicaba, esencialmente,
llevar a cabo actividades recreativas y lúdicas con niños en sus tiempos libres,
tarea por la cual recibió una retribución a cambio, de tal manera que se acreditó
la prestación personal del servicio y la remuneración.

40. En este punto vale la pena explicar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 3, 4 (numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y 14 de la Ley 80
de 1993, entre los contratistas y las entidades públicas debe existir una relación
de entendimiento y coordinación que apunte a la ejecución idónea y oportuna del
objeto contractual, lo cual implica para los primeros el deber de acatar algunas
directrices que les impartan las contratantes durante el desarrollo del contrato18
y colaborar para que lo convenido se cumpla de la mejor manera; para las
segundas, el deber de ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la
ejecución, lo que les permite exigir al contratista la correcta realización del objeto
pactado y adelantar las revisiones periódicas de los servicios prestados para
verificar que estos se desarrollen en condiciones de calidad.

41. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes están obligadas a vigilar
permanentemente la ejecución correcta del objeto convenido a través de
supervisores o interventores, quienes tienen a su cargo la labor de hacer
«seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional» a cargo del contratista,
misión en razón de la cual están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

42. Dicho eso, quien solicite la declaración de la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios en el marco del principio de primacía de la

18
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse».

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realidad sobre las formas debe demostrar la ejecución de las tareas bajo
continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de las pruebas
recaudadas, la Sala concluye que la accionante no acreditó dicho aspecto por las
siguientes razones:

43. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»19.

44. Ahora bien, en este caso no es posible deducir la inserción de la actora en
el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad demandada, pues en el
expediente no se encuentra prueba alguna de que esta última hubiera llevado a
cabo acciones que demuestren de forma fehaciente la continuada subordinación
como llamados de atención, imposición de reglamentos y de regímenes
disciplinarios o correctivos, emisión de órdenes que determinaran el modo en que
se tenían que adelantar las labores, etc20.

45. En virtud de los contratos de prestación de servicios, la actora se
comprometió, entre otras cosas, a hacer mantenimiento (limpieza) de los
juguetes y espacios físicos de la ludoteca, presentar al supervisor informes
mensuales de actividades desarrolladas y atender las consultas y requerimientos
sobre la marcha del trabajo, aspectos a los que también se refirieron las testigos;
sin embargo, ninguna de estas circunstancias acredita la continuada
subordinación en la prestación del servicio, pues ellas no demuestran que se
hubiera desdibujado la autonomía que tenía la accionante para cumplir sus
tareas.

46. Respecto de la presentación periódica de informes de ejecución de
actividades, estos solo reflejan la forma en que se cumplieron los deberes y
obligaciones entre la contratista y la entidad contratante, en el marco del principio
de coordinación y en cumplimiento de los artículos 3, 4, 5 y 14 de la Ley 80 de
1993 y 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, ya citados.

47. Asimismo, el desarrollo de actividades en los lugares y horarios que
indicara la entidad accionada, como lo relataron las testigos, son circunstancias
que por sí solas no significan que el INDER dirigía la forma o el modo en que la
demandante cumplía sus tareas, de suerte que estos aspectos tampoco
acreditan la continuada subordinación.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-001143-01 (1317-
2016).

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48. Al respecto, esta corporación ha precisado que la prestación del servicio
en la sede de la entidad no implica necesariamente una subordinación
continuada, pues el contexto puede exigir la realización de las tareas en ciertas
condiciones, sin que pueda hablarse de un control o direccionamiento de la
entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal punto de que este vea
comprometida su autonomía21.

49. La demandante argumentó que la sola realización de actividades
permanentes o misionales del INDER acreditaba la continuada subordinación
durante la prestación del servicio; sin embargo, el numeral 3 del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 habilita la celebración de contratos de prestación de servicios
«para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad» respectiva, cuando estas no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados, de tal manera que
la concepción normativa de esta modalidad de contratación da por sentado que
las tareas pactadas puedan estar ligadas al objeto misional de la entidad
contratante.

50. Así pues, la afirmación que hizo la parte actora en el recurso de apelación
no es correcta, dado que la continuada subordinación realmente se presenta
cuando la entidad contratista ejerce un control determinante del modo en que el
contratista desarrolla sus actividades, a tal punto de que este último pierde su
autonomía para definir la forma en que cumple el objeto contractual.

51. Las testigos también mencionaron que la accionante asistía a
capacitaciones y reuniones en las que se trataban temas relacionados con
cambios de ludotecas, cumplimiento de metas y cambios de personal; y que el
INDER le entregaba un carné, uniformes, gorras y riñoneras, pero estas
situaciones tampoco acreditan la continuada subordinación, pues, se insiste, no
se trató de comportamientos realizados por la entidad contratante con el
propósito de determinar el modo en que la contratista desarrollaba sus tareas.

52. Por otro lado, la demandante trajo a colación la sentencia que profirió esta
Subsección el 31 de marzo de 2022 dentro del expediente 05001-23-33-000-
2015-02355-01 (2062-2017), en la que esta corporación declaró la configuración
de un vínculo laboral entre una guía de ludoteca y el INDER; no obstante, en este
tipo de asuntos la decisión está sujeta a los hechos efectivamente probados y a
la forma concreta en que se ejecutan los contratos de prestación de servicios,
que puede variar en unos y otros casos, de suerte que la existencia de
providencias en tal sentido no implica que todas las controversias deban
resolverse de la misma manera, pues la solución dependerá de las
especificidades de cada situación, y de lo que se logre demostrar en cada
expediente.

53. A modo de ejemplo de lo expuesto, se pone de presente que esta misma
Subsección ha decidido negar las pretensiones de la demanda en controversias

21
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de
noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01; y Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019).

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similares relacionadas con guías de ludoteca del INDER de Medellín, como las
proferidas el 16 de marzo de 202322 y el 18 de abril de 202423, sin que ello
implique que existan contradicciones en esta Sala, sino que las condiciones
fácticas y probatorias de cada caso encauzan la decisión en uno u otro sentido.

54. Así pues, el esfuerzo probatorio relevante de cara a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y la consecuente
existencia de una relación laboral tiene que apuntar a exponer hechos que
reflejen una continuada subordinación en la ejecución de las tareas; sin embargo,
como la parte demandante no acreditó la ocurrencia de tales supuestos, se
confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.

La condena en costas de segunda instancia

55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

58. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 16 de marzo de 2023, expediente 05001-23-33-000-2014-02124-01 (4298-2018).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 18 de abril de 2024, expediente 05001-23-33-000-2016-00854-01 (3353-2020).

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Demandante: Érica Johana Mora Mora

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 1.° de agosto de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, a través de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora Érica
Johana Mora Mora, a favor del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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