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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00249-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00249-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Confirmar la sentencia del 8 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, dentro del proceso instaurado por el señor Carlos Alberto Almario Burbano en contra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, que negó las pretensiones de la demanda. Segundo.- No condenar en costas de segunda instancia. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2010-00249-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano
Demandado: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Fondo
Rotatorio del Dane, Fondane

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, quien
actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 8 de febrero
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), el señor Carlos
Alberto Almario Burbano, mediante apoderado, formuló demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo en orden a que se declare la nulidad
del Oficio 20091200057691 del 27 de agosto de 2009, expedido por el jefe de la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
en adelante Dane, por medio del cual se negó el reconocimiento de los derechos
prestacionales y de seguridad social reclamados.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) condenar al Dane a reconocer y pagar las prestaciones sociales y
acreencias laborales que le fueron negadas «teniendo en cuenta el último valor del
sueldo que se encontraba devengando», tales como vacaciones, cesantías,
sanción por el no pago del auxilio de cesantías, primas de servicios, vacaciones,
navidad, y técnica, quinquenio, bonificación por servicios, aportes a salud,
pensión, riesgos laborales, y cualquier otra a la que tenga derecho, desde el 9 de
febrero de 1998 hasta el 25 de septiembre de 2006; ii) indexar las sumas que
resulten; y iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del
CCA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El 9 de febrero de 1998, el señor Carlos Alberto Almario Burbano fue
vinculado por el Fondo Rotatorio del Dane, en adelante Fondane, a través de
contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones públicas en el
procesamiento y producción estadística de información para la encuesta continua
de hogares realizada por el Dane.

ii) Las funciones desempeñadas no eran temporales ni transitorias, teniendo en
cuenta que debía elaborar los diseños de registro de los archivos planos,
programar los procesos de consistencia de la información, ajustar los programas
SAS que generan los factores de expansión de la Encuesta Continua de Hogares,
entre otras.

iii) Además, las labores fueron realizadas de manera personal, bajo permanente

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Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

subordinación cumpliendo horario y recibiendo una retribución mensual por su
servicio, de tal manera que aun cuando celebró contratos de prestación de
servicios, realmente se configuró una relación laboral.

iv) El 25 de septiembre de 2006 finalizó el último contrato de prestación de
servicios celebrado, con el que completó aproximadamente 9 años de labores.

v) El 14 de agosto de 2009, solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales y acreencias laborales a las que tuviera derecho desde el 9 de febrero de
1998 hasta el 25 de septiembre de 2006, derivadas de la relación laboral
encubierta que sostuvieron.

vi) El 27 de agosto de 2009, por medio del Oficio 20091200057691, la oficina
asesora jurídica del Dane, Fondane, dio respuesta negativa a la petición con
fundamento en lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 16, 25, 53 y 122 de la Constitución
Política; 2 del Decreto Ley 2400 de 1968; 1 y 7 del Decreto 3074 de 1968; 32 de la
Ley 80 de 1993; y 121, 22, 23, 27, 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo.
Asimismo, invocó como violados las Leyes 87 de 1993; 734 de 2002; 790 de 2002;
y 909 de 2004 y los Decretos 1950 de 1973; 1045 de 1978; 2118 de 1992 y 1227
de 2005.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) El acto demandado desconoció el postulado rector de los artículos 25 y 53
de la Constitución Política, el primero, que demanda una protección especial al
trabajo humano y la irrenunciabilidad de un mínimo de derechos y, el segundo,

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Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

que afirma que primará la realidad sobre las formalidades pactadas por los sujetos
de una relación de trabajo.

ii) Todo el tiempo que el demandante laboró al servicio de la entidad
demandada lo hizo bajo una continuada subordinación y dependencia, elemento
que convierte todas las modalidades de vinculación adoptadas por el Dane en
relaciones de trabajo.

iii) Las funciones que ejerció fueron de carácter permanente y eran necesarias
para cumplir con el propósito misional del Dane, lo que también evidencia la
subordinación a la que se vio sometido.

1.2. Contestación de la demanda

Dane

El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1
y expuso las siguientes razones de defensa:

i) No hay razones constitucionales, legales, ni jurisprudenciales para acceder
a las pretensiones de la demanda, ya que en los contratos de prestación de
servicios se plasmó de forma clara que los servicios que se iban a brindar a la
entidad no generaban una relación laboral de la que se desprendiera el pago de
prestaciones sociales.

ii) No hubo subordinación o dependencia dado que el señor Almario Burbano
no cumplió horario, no asistía a jornadas ordinarias de trabajo, y su labor fue
realizada de forma autónoma disponiendo de un cierto grado de discrecionalidad
en cuanto a la ejecución del objeto contractual.

1
Folios 623 a 637.

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Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

iii) Las pruebas aportadas con la demanda no llevan a la convicción de que se
hubiera abusado de la figura del contrato de prestación de servicios.

Propuso las excepciones de caducidad, ineptitud de la demanda por error en la
escogencia de la acción, falta de jurisdicción y competencia, ineptitud de la
demanda por indebida acumulación de pretensiones e inexistencia de los
requisitos ad sustantiam para ostentar la calidad de servidor público.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia proferida el 8 de febrero de 20192 negó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

i) El término legal de cuatro meses para demandar el acto acusado empezó a
contabilizarse desde el 27 de agosto de 2009, feneciendo, en principio, el 26 de
diciembre de 2009; sin embargo, dicho término se interrumpió el 18 de diciembre
de 2009 con la radicación de la solicitud de conciliación hasta el 19 febrero de
2010, fecha en la que se declaró fallido el trámite por falta de ánimo conciliatorio,
por lo que el tiempo límite para interponer la demanda expiró el 28 de febrero de
2010. No obstante, la demanda fue radicada el 17 de marzo de 2010.

ii) Así pues, es dable concluir que el demandante no actuó dentro de la
oportunidad que el legislador estableció para demandar los actos administrativos
de carácter particular, por lo que operó el fenómeno jurídico de caducidad.

iii) No obstante, dicha situación no opera para el reconocimiento y pago de los
aportes al sistema de seguridad social en tratándose del derecho pensional, tal
como se indicó en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 del
Consejo de Estado, por lo que procede determinar si en efecto existió o no una
relación laboral entre las partes para establecer si el señor Almario Burbano tiene

2
Folios 913 al 933. Con ponencia de la magistrada Beatriz Helena Escobar Rojas.

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Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

derecho al reconocimiento y pago de los referidos aportes.

iv) Sobre el primer elemento de la relación laboral, la prestación personal del
servicio, se tiene que el demandante prestó sus servicios como ingeniero de
sistemas desempeñando labores de desarrollo de encuestas de hogares en
diferentes etapas y la programación de softwares para la entidad, las cuales
fueron ejercidas de manera personal. No obstante ello, no se encuentra probado
en el plenario que el período contractual hubiera tenido como extremos temporales
el 9 de febrero de 1998 y el 25 de septiembre de 2006, pues en muchos de los
contratos traídos al plenario no se establece la fecha de inicio o la duración.

v) En cuanto a la remuneración, no existe discusión que por las labores
pactadas en los contratos de prestación de servicios celebrados se fijaron unos
honorarios; sin embargo, no se allegaron medios de prueba de que efectivamente
se recibió la contraprestación.

vi) Respecto al tercer elemento, la subordinación, tampoco se encontró indicio
que llevara a su convicción, pues no se demostró que el actor recibiera órdenes,
llamados de atención o la imposición del cumplimiento de horario o alguna
circunstancia que acreditara dependencia por parte del contratista.

vii) Las labores para las cuales fue contratado el señor Almario Burbano
demandaban que debiera realizar las obligaciones contractuales en las
instalaciones del Dane, por cuanto la información que manejaba era confidencial y
porque los programas de análisis estadístico en los cuales trabajaba estaban
anclados en los computadores de la entidad, hecho que por sí solo no
desnaturaliza la vinculación contractual.

viii) Así las cosas, al no probarse la relación laboral encubierta o subyacente no
hay lugar a ordenar reconocimiento alguno o pago de aportes al sistema de
seguridad social en pensiones.

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Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

1.4. El recurso de apelación

El señor Carlos Alberto Almario Burbano, por intermedio de su apoderado,
interpuso recurso de apelación3 en contra de la sentencia previamente
referenciada y solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones
de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:

i) La consideración sobre la caducidad es injusta, ya que la reclamación de las
prestaciones sociales se inició siguiendo la pauta jurisprudencial vigente en el año
2010. Posteriormente, los Tribunales cambiaron las reglas del juego al establecer
nuevos criterios relacionados con el fenómeno de la caducidad, que claramente
favorecen a los empleadores.

ii) En el expediente no se tiene certeza de la fecha en la que se notificó el acto
administrativo acusado, aun cuando el Tribunal en dos ocasiones ofició al Dane
para que aportara la prueba respectiva, por ello se observa irregular el conteo
realizado en la sentencia de primera instancia al declarar probada la excepción de
caducidad.

iii) Respecto a los elementos que acreditan la relación laboral, dentro del plenario
se encuentra un amplio despliegue probatorio que permite dilucidar la prestación
personal del servicio en las instalaciones de la entidad; incluidos los testimonios
que se recibieron en la audiencia de pruebas.

iv) Respecto al argumento de que no hay claridad del término en el que se
ejecutaron los contratos, basta con revisar los contratos mismos y las pólizas de
garantía y cumplimiento para determinar las fechas de inicio y terminación de los
encargos dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1998 y el 25 de
septiembre de 2006.

v) Sobre la remuneración, se tiene que, aunque no medie una prueba

3
Folios 283 al 285.

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Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

documental que certifique la entrega de los honorarios mes a mes, ello se
desprende del contenido de los contratos en los que se fijó una suma
determinada, la cual fue acrecentando entre cada vinculación contractual.

vi) Frente al elemento de la subordinación, este se encuentra debidamente
acreditado con los testimonios rendidos, correos electrónicos, llamados de
atención, viajes que realizó a Pasto y Cali a desempeñar tareas que no formaban
parte de las obligaciones contractuales, informes de actividades que se aportaron
al plenario, así como las cláusulas en las que se le obligaba a mantener la reserva
de la información, entre otros medios de prueba que no fueron debidamente
valorados por el a quo.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

El señor Carlos Alberto Almario Burbano, por intermedio de su apoderado,
descorrió el término para alegar, reiteró los argumentos esbozados en el recurso
de apelación y solicitó que fuera revocada la decisión de primera instancia. 4

1.5.2. La demandada

El Dane no emitió pronunciamiento alguno en esta etapa procesal.5

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto. 6

La Sala decide, previas las siguientes

4
Memorial allegado en medio magnético, índice 14 de la plataforma SAMAI.
5
Folio 962
6
Ibidem.

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Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

La caducidad ha sido considerada como un instrumento a través del cual se limita
el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos de los administrados, en
desarrollo del principio de la seguridad jurídica, bajo criterios de racionalidad y
suficiencia temporal para la reclamación judicial de los derechos.

Esta Sección a través de la sentencia del 25 de agosto de 20167, unificó su
jurisprudencia entre otros aspectos, sobre el tema de las reclamaciones de los
aportes pensionales adeudados al sistema de seguridad social derivados del
contrato realidad. Al respecto, en la citada sentencia de unificación, se concluyó lo
siguiente:

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de
seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles
y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del
medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA)
(negrilla de la Sala)

Bajo este contexto, es importante resaltar que la pretensión tendiente a que se
declare la existencia de un contrato realidad implica la reclamación del pago de los
aportes pensionales, derechos éstos que revisten el carácter de imprescriptibles,
comoquiera que atañen a derechos fundamentales. De ahí que dicha pretensión,
según se sostuvo en la sentencia de unificación, también se encuentre exceptuada
del presupuesto procesal de la caducidad del medio de control. 8

En ese orden de ideas, en los casos en los que se discute la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente, será en la etapa de fallo en la que se
determinará la ocurrencia o no de la caducidad, no frente a las peticiones de los

7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 25 de
agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
8
Véase el auto de esta Subsección del 18 de febrero de 2021, exp. 17001-23-33-000-2017-00439-
01(4635-17), M. P. William Hernández Gómez.

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Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

aportes a la seguridad social en pensiones, como se explicó, sino en lo que
respecta a las demás pretensiones planteadas en el escrito de demanda.

Así las cosas, en el presente caso primero se analizará la situación objeto de
debate, esto es, si entre el señor Carlos Alberto Almario Burbano y el Dane existió
una relación laboral encubierta o subyacente, y, posteriormente, de ser el caso, se
definirá, si operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a las pretensiones
planteadas en la demanda, diferentes al pago de los aportes a la seguridad social
en pensiones.

2.2. El problema jurídico

De conformidad con lo anterior, la Sala debe establecer lo siguiente:

1. Si entre el señor Carlos Alberto Almario Burbano y el Dane existió una
verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculada contractualmente y, de ser así,

2. Determinar si en efecto operó la caducidad respecto de las pretensiones
planteadas en el escrito de demanda sobre el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales, diferentes a los aportes a la seguridad social en pensiones.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,

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el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez,
los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la
igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-9 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización10, en
cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de

9
Aprobada el 11 de abril de 1919.
10
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar,
como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno,
para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el
trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o
los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los
derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios

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para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a
nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a
falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está
definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece
lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la

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Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de
2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015,11 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».12

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de

11
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de
planeación nacional»,
12
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es
necesario un apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la
experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la actividad
encomendada a la entidad.

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Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».13

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

2.3.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de
esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la
prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que
si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una
auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución
de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun
cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que
emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó

13
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la práctica
se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el principio de
prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la
exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del
numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación
laboral subordinada».

15

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la
Carta Política.14

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.

2.3.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe
estar consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su
ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el
consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber
fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes,
sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre
funcionarial.

2.3.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye
el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al

14
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-
05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

16

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.15

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación,
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,16 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado
08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
16
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá,
Leyer,1996, págs. 54 y 55.

17

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.3.2.3. Prestación personal del servicio. Como personal natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;17 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las
condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus
actividades en terceras personas. 18

2.3.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.

2.3.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.3.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato
debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y
este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación

17
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del
contrato de trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
18
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B; de 1 de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.

18

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».19

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –
y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.20

2.3.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

19

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción
de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la
cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que
de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo
siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de
tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera
del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral

20

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando
no se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los
3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.21

2.3.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la
luz de dichos parámetros.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.3.1. En torno a la relación que invoca la demandante

i) El señor Carlos Alberto Almario Burbano tuvo las siguientes vinculaciones
como contratista con el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, Fondane para prestar labores como ingeniero de sistemas en el
Dane:

21
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el
término de la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los
elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no
existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada.

21

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

Contratos de prestación de servicios

# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación

1 0131 09/02/1998 15/06/1998 4 Prestación de servicios técnicos
(Fl.64) meses para realizar la producción de
y6 cuadros de información de la etapa
días 99 de la Encuesta Nacional de
Hogares.
2 0459 98 01/07/1998 15/12/1998 5 Prestación de servicios por parte
(Fl.66) meses del contratista a Fondane, para
y 14 realizar la producción continua de
días información proveniente de las
etapas 100, 101 y 102 de la
Encuesta Nacional de Hogares.
3 0563 18/12/1998 31/12/1998 13 días Prestación de servicios
(Fl.72) profesionales por parte del
contratista a Fondane, para
elaborar los programas necesarios
para atender las consultas
especiales de usuarios externos e
internos del Dane y generar cruces
sobre las nuevas variables de la
etapa 101 tradicional de la
Encuesta Nacional de Hogares y
cumplir con todas las obligaciones
contenidas en los términos de
referencia.
4 0126 01/02/1999 28/02/1999 28 días Prestación de servicios técnicos por
(Fl. 74) parte del contratista a Fondane
para programar en SAS los
procesos de verificación de
consistencias, cálculo de factores
de expansión y producción de
cuadros de salida, en la etapa 101
de la Encuesta Nacional de
Hogares para los siguientes
dominios y estudios: cabecera rural
por regiones, igualmente producir
archivos planos para el Banco de
datos y las copias de seguridad
correspondientes.
5 0578 08/04/1999 31/05/1999 53 días Prestación de servicios técnicos por
(Fl. 75) parte del contratista a Fondane
para realizar los ajustes a los
programas SAS y producir la
expansión de las encuestas de
todos los diciembres desde 1991,
con las últimas proyecciones de
población.
6 0684 28/06/1999 31/08/1999 2 Prestación de servicios técnicos
(Fl.76) meses para expandir y generar cuadros de
y3 salida en las encuestas de marzo,
días existencia desde 1991, con las
nuevas proyecciones de población,

22

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

generar cuadros estadísticos de la
etapa 104 y programar en Fox-pro
utilitarios del sistema de captura de
verificación de la Encuesta Nacional
de Hogares.
7 0233 99 A partir de 31/12/1999 3 Prestación de servicios por parte
(Fl.78) la meses del contratista a Fondane para
aprobación y 15 realizar los ajustes a los programas
de la
días que expanden las encuestas de
garantía
única.
todos los meses de junio y
(La cual fue septiembre desde 1991, utilizando
expedida el las últimas proyecciones de
17/09/1999) población, y producir la información
definitiva de la etapa 105 de la
Encuesta Nacional de Hogares.
8 0033 DE 18/02/2000 Hasta la N.A. Prestación de servicios
2000 entrega del profesionales para programar en
(Fl.92) informe SAS la verificación de calidad de la
final de información y cálculo de factores de
actividades expansión de la etapa 106 de la
Encuesta Nacional de Hogares y
programar en SAS los cuadros de
salida del módulo de salud incluido
en la etapa 107.
9 0148 00 A partir de 31/12/2000 7 Prestación de servicios
(Fl.93) la meses profesionales por parte del
aprobación contratista a Fondane para ajustar
de la los programas SAS que generan los
garantía
única.
cuadros de salida de la etapa 106 y
(La cual fue los programas de control de calidad
expedida de la información del cálculo de
01/06/2000) factores de expansión y la
generación de cuadros de salida
para las etapas 107 a 109 de la
encuesta trimestral correspondiente
a las áreas metropolitanas y la
encuesta de cobertura nacional de
marzo de 2000, etapa 107.
10 0177 01 11/05/2001 31/12/2001 7 Prestación de servicios
(Fl.102) meses profesionales para programar en
y 20 SAS los procesos de verificación de
días consistencias, el cálculo de factores
de expansión y la generación de
cuadros de salida para las etapas
mensuales 104 hasta la 111, para
la Encuesta Continua de Hogares
para cabeceras municipales.
11 0559 de A partir del 13/02/2002 N.A. Prestación de servicios
2001 registro profesionales para programar en
(Fl.111) presupuestal SAS los procesos de verificación de
consistencia, el cálculo de factores
de expansión y la generación de
cuadros de salida en la encuesta
continua de hogares etapa 112 y
201 para las cabeceras
municipales.

23

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

12 0262 02 A partir de 31/01/2003 8
(Fl.115) la Programar los procesos de
meses
aprobación verificación de consistencias, el
y 23
de la cálculo de factores de expansión y
días
garantía la generación de cuadros de salida
única. de la encuesta continua de hogares
(La cual fue etapas 202 hasta las 210 para
expedida cabeceras municipales.
08/05/2002)
13 0017 03 A partir de 20/10/2003 7
(Fl.125) la Programar los procesos de
meses
aprobación verificación de consistencias el
y 15
de la cálculo de factores de expansión y
días*
garantía la generación de cuadros de salida
única. de la encuesta continua de hogares
(La cual fue etapas 301 hasta 304 para
expedida cabeceras municipales.
05/03/2003)
14 0345 03 A partir de 02/04/2004 4 Prestación de servicios
(Fl.131) la meses profesionales por parte del
aprobación contratista al Dane para programar
de la en SAS los procesos de verificación
garantía
única.
de consistencias, el cálculo de
(La cual fue factores de expansión y la
expedida generación de cuadros de salida en
02/12/2003) la Encuesta Continua de Hogares,
para las etapas que le sean
asignadas para cabeceras
municipales, centros poblados, y
área rural dispersa.
15 0203 04 A partir de 29/12/2004 8 Prestación de servicios por parte
(Fl.137) la meses* del contratista al Dane para
aprobación programar en SAS los procesos de
de la
verificación de consistencias, el
garantía
única.
cálculo de factores de expansión y
(La cual fue la generación los cuadros de salida
expedida de la encuesta continua de hogares
29/04/2004) etapas 403 hasta 411 para
cabeceras municipales y colaborar
en el desarrollo de Oracle del
sistema de la muestra de la
encuesta continua de hogares.
16 0024 de A partir del y hasta por N. A. Prestación de servicios para
2005 registro 2 meses programar en SAS los procesos de
(Fl.143) presupuestal verificación de consistencias, el
cálculo de factores de expansión y
la generación de cuadros de salida
de la encuesta continua de hogares
del mes de diciembre etapa 412, el
segundo semestre el anual del año
2004 y el mensual de enero 2005,
para cabeceras municipales centros
poblados y área rural dispersa.
17 0227 05 A partir de 01/12/2005 6 Prestación de servicios
(Fl.144) la meses profesionales por parte del
aprobación contratista al Fondane para
de la programar entradas de los procesos
garantía
única.
de verificación de consistencias, el
cálculo de factores de expansión y

24

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

(La cual fue la generación de cuadros de salida
expedida del módulo de educación incluido
01/06/2005) en la encuesta continua de hogares
del 2005.
18 0721 de A partir del y hasta por N.A. Programar en SAS los procesos de
2005 registro 3 meses verificación de consistencias, el
(Fl.148) presupuestal cálculo de factores de expansión y
la generación de cuadros de salida
de la encuesta continua de hogares
etapas 510 hasta 512 para
cabeceras municipales.
19 0569-2006 24/02/2006 25/09/2006 7 En desarrollo del Convenio de
(Fl.149) ** meses Cooperación 005 de 2006, el
contratista se compromete a prestar
sus servicios a la Asociación
Colombiana para el Avance de la
Ciencia en el Dane en la prestación
de servicios para adelantar las
etapas de análisis, diseño,
desarrollo, soporte y mantenimiento
del programa SAS para la
producción, control y análisis de
resultados de la información de
cabeceras municipales, centros
poblados y área rural dispersa en la
Encuesta de Hogares.

** Dicho contrato tenía duración hasta el 8 de diciembre de 2006; no obstante,
el demandante, por motivos personales, canceló el contrato a partir del 25 de
septiembre de 2006.

ii) En el expediente obran copias simples de las pólizas únicas de seguro de
cumplimiento en favor de entidades estatales, para los siguientes contratos:

núm.. Número de póliza Fecha de vigencia Folios

1 0459 98 7223588 01/07/1998 al 15/04/1999 574

2 0233 99 99213009 17/09/1999 al 16/06/2000 575

3 0148 00 002156085 01/06/2000 al 01/07/2001 576

4 0177 01 18000001230 11/05/2001 al 11/07/2002 577

5 0262 02 CE-116719 08/05/2002 al 08/06/2003 578

6 0017 03 18000002655 05/03/2003 al 20/02/2004 579

7 0345 03 CE-0137530 02/12/2003 al 02/09/2004 580

25

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

8 0203 04 043323493 29/04/2004 al 29/04/2005 581

9 0227 05 053324660 01/06/2005 al 01/04/2006 582

iii) Asimismo, reposan los informes de actividades desarrollados en
cumplimiento de los siguientes contratos, únicamente:

núm.. Tipo de informe Folios

1 0233 99 N.A. 154

2 0148 00 Para el segundo, tercer, cuarto y quinto 157 al 165
pago
3 0177 01 Mes a mes y final de actividades 166 al 210

4 0559 Enero y febrero de 2002 211 al 214

5 0017 03 Final de actividades 221 al 239

6 0345 03 Final de actividades 215 y 216

7 569-2006 17 de junio y el 16 de julio de 2006 y «15» 240 al 243
de julio al 14 de agosto de 2006

iv) El 9 de julio de 1999, el coordinador de Registro y Control de la División de
Recursos Humanos del Dane certificó la celebración de los contratos 0563, 0459
y 0131 de 1998, y 0684, 0578, y 0126 de 1999, con el señor Almario Burbano, las
fechas de inicio y terminación de cada encargo y los objetos contractuales.22

v) El 3 de abril de 2001, el demandante solicitó apoyo al área jurídica del Dane
para que fuera agilizado su proceso de contratación, ya que «estaba trabajando
desde enero y estaba empezando el cuarto mes sin contrato». 23

vi) El 5 de abril de 2001, el director de metodología y producción estadística del
Dane le solicitó colaboración a la directora de la entidad parar aprobar la
contratación del señor Almario Burbano, bajo la siguiente argumentación: 24

El Ingeniero Carlos Alberto Almario B. ha participado activamente en los procesos

22
Folios 244 al 247.
23
Folio 359.
24
Folio 269.

26

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

señalados, desde la parte de diseño, planeación, programación e implementación de los
diferentes subsistemas de la encuesta, la conformación de archivos, verificación y control de
calidad de la información, producción de cuadros de salida y tabulados, y en general, la
sistematización que conlleva cada etapa de la encuesta. Lo anterior sumado al
conocimiento y experiencia que tiene en el manejo de los paquetes SAS y Fox-pro y de la
metodología de la encuesta le da la capacidad para diseñar nuevos productos que mejoren
la calidad y oportunidad de la información y proponer soluciones ante los problemas que se
presentan en los diferentes procesos.

vii) El 27 de septiembre de 2001, la asesora del área de recursos humanos del
Dane certificó la celebración del contrato 177-01 para el período comprendido
entre el 11 de mayo y el 31 de diciembre de 2001.25

viii) En el folio 281, reposa pantallazo de correo electrónico remitido el 20 de
marzo de 2002 por el asesor del Área de Recursos Humanos del Dane, mediante
el cual informó a las direcciones de correo de quienes integraban los grupos
«L_Directivos; L_Distribucion» que el horario de trabajo en la entidad era de lunes
a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, jornada continua.26

ix) El 31 de julio y el 2 de agosto de 2002, fueron remitidos mensajes de datos
por parte de la señora Martha Elena Reina Zuluaga al señor Almario Burbano
consultando sobre su hora de llegada a la entidad. 27

x) El 17 de julio de 2003, el señor Almario Burbano entregó a la coordinadora de
sistemas de temática social del Dane los informes de las comisiones a las
ciudades de Pasto y de Cali, entre el 10 y el 13 de junio de 2003, cuyo objeto fue
monitorear el programa de captura de la Encuesta Continua de Hogares.28

xi) El 20 de septiembre de 2006, el señor Luis Edgar Sánchez Martínez le
remitió correo electrónico al señor Carlos Alberto, cuyo asunto era «compromiso
laboral», en el que le informaban que los cambios en los procesos y en las
estructuras de las estadísticas requerían, en su etapa inicial, esfuerzos
adicionales para poder cumplir los objetivos trazados, por lo que le solicitó que
25
Folio 248.
26
Folio 281.
27
Folio 313 y 317.
28
Folios 250 al 262.

27

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

iniciara su «jornada laboral a la hora que la mayoría de los contratistas lo
hacen».29

2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

i) El 14 de agosto de 2009, el demandante en ejercicio del derecho de petición
solicitó al director del Dane fuera expedido un acto administrativo en el cual se
declarara que entre esa institución y aquel existió una relación laboral entre el 9
de febrero de 1998 y el 25 de septiembre de 2006; y como consecuencia de ello
reconociera y pagara las prestaciones y prerrogativas salariales y laborales a las
que tiene derecho, entre otras pretensiones. 30

ii) El 27 de agosto de 2009, mediante el Oficio 20091200057691, la jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del DANE despachó de manera desfavorable las
pretensiones invocadas por carecer de fundamento legal, bajo los siguientes
argumentos:31

Contrario a lo manifestado por usted en el escrito referenciado, su vinculación se dio en la
modalidad de contratos de prestación de servicios regulados por el inciso 3º del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, que los define como aquellos «que celebran las entidades para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad»,
los cuales «solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».
Seguidamente la norma sostiene que: «estos contratos no generan relación laboral, ni el
pago de prestaciones sociales», por cuanto, «se celebran por el término estrictamente
indispensable».

Como se desprende la cita anterior, su vinculación con la entidad, se dio en el marco de la
norma en cita porque la entidad no tiene funcionarios de planta para realizar dichas
actividades. Esta modalidad de contrato se distingue por contemplar 3 elementos esenciales
como son: i) la actividad personal, ii) el pago de honorarios, y iii) una duración por el término
estrictamente necesario; a diferencia del contrato laboral que contiene diferentes elementos
como son: la actividad personal, la subordinación y el pago de un salario como retribución
del servicio. Como se observa, el único elemento que concurre en las dos modalidades del
contrato es «la actividad personal».

De otra parte, no puede argüirse la conjunción de los elementos del contrato de trabajo de
qué trata el artículo 23 del C.S.T., subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990, en la
relación sostenida con la entidad, por cuanto la actividad estadística dista mucho de la

29
Folio 318.
30
Folios 3 al 27.
31
Folios 28 y 29.

28

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

«construcción y sostenimiento de Obras Públicas», única modalidad en la que el Estado
puede contratar a través del régimen contractual escenario es decir a trabajadores oficiales.

iii) El 28 de agosto de 2009, fue enviada la anterior respuesta a la dirección de
notificaciones del demandante, por correo certificado a través de la empresa
4/72.32

2.3.3. Las declaraciones rendidas en el proceso

i) El 11 de febrero y el 3 de marzo de 2016, respectivamente, rindieron
testimonio los ingenieros de sistemas Eduardo Emilio Ramírez Acosta y Enrique
Londoño Trujillo, medios de prueba que fueron solicitados por el demandante.33

Las declaraciones de los testigos fueron claras al indicar que también fueron
contratistas del Dane en el año 2004 al igual que el señor Almario Burbano, y les
consta que la entidad le asignó un puesto de trabajo y un computador, trabajaba
bajo las órdenes de un supervisor o interventor inmediato que le asignaba las
actividades a realizar día a día (ingeniera Martha Reina, Flaminio Acosta o doctor
Álvaro Suárez), debía entregar informes de cumplimiento, uno de los compromisos
contractuales era cumplir horario de 8:00 am a 5:00 pm, tenía que informar si no
se iba a presentar en las instalaciones del Dane; debido a la norma de
confidencialidad no podía realizar actividades fuera de las dependencias, además,
porque manejaba grandes volúmenes de información y no contaba con la
infraestructura para moverla, ni con el software especial que es de uso privativo.

Los deponentes manifestaron que también iniciaron demandas en contra del Dane
para lograr el reconocimiento de derechos laborales.

El 9 de noviembre de 2016, rindió testimonio la señora Martha Elena Reina
Zuluaga, el cual fue solicitado por la entidad demandada, quien se desempeñó
como funcionaria de planta entre 1994 y 2004, coordinadora de sistemas de

32
Folio 447.
33
Folios 740 al 744 y 761 al 767.

29

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

temática social, y tenía a su cargo todos los sistemas de las estadísticas
referentes a las Encuestas de Hogares. Manifestó que para desarrollar dicha
actividad se debían contratar ingenieros de sistemas, nunca ejerció control o
vigilancia sobre los contratistas que apoyaban su labor, pues su función se
limitaba a orientar el trabajo e indicar que se debía hacer para facilitarles la tarea,
garantizarles un puesto de trabajo, darles acceso a las bases de datos, no les
exigía horario pero debían trabajar dentro de la entidad porque las bases de datos
del Dane eran de carácter reservado y no podían salir de sus instalaciones.

Insistió en que ella tenía que garantizar que el contratista cumpliera con las
obligaciones del contrato para darle el visto bueno al supervisor para que le
pagaran sus honorarios y que en la Oficina de Sistemas el único cargo de planta
que existía era el que ella desempeñaba.34

En la misma fecha declaró el señor Luis Edgar Sánchez Martínez, testimonio
solicitado por el Dane, quien fuera supervisor del señor Almario Burbano. Aseveró
que este no estaba sometido al cumplimiento de horarios ni órdenes, tenía que
hacer las actividades establecidas en el contrato de prestación de servicios
únicamente, y no pedía permiso para ausentarse de las instalaciones de la
entidad.35

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala.

El primer problema jurídico planteado se circunscribe a establecer si existió entre
el señor Carlos Alberto Almario Burbano y el Dane una relación laboral encubierta
o subyacente que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculado contractualmente.

La Sala observa que el demandante prestó sus servicios en el Dane y que fue
vinculado a través de varios contratos de prestación de servicios, desde el 9 de

34
Folios 828 al 830.
35
Folios 831 al 833.

30

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

febrero de 1998 hasta el 25 de septiembre de 2006, con el propósito de, en
términos generales, prestar servicios profesionales para programar en «SAS» los
procesos de verificación de consistencias, el cálculo de factores de expansión y la
generación de cuadros de salida en cada una de las etapas desarrolladas en dicho
período de la Encuesta Continua de Hogares, en las cabeceras municipales,
centros poblados, y áreas rurales dispersas.

No obstante, el vínculo que los unió no reúne los elementos propios del contrato
de trabajo, tal como se precisa a continuación:

2.5.1. Prestación personal del servicio. En efecto, en el plenario se acreditó a
través de los 19 contratos de prestación de servicios celebrados que el
demandante fue contratado por la entidad, para cubrir las funciones pactadas en
los objetos contractuales a los que se hizo referencia en el acápite de hechos
probados de esta providencia, lo que implica que fue quien prestó el servicio.

Sin embargo, no se pudo establecer con claridad los extremos temporales en los
cuales tuvieron lugar algunos de los encargos, a saber.

En primer lugar, el contrato de prestación de servicios 0033 de 2000, tuvo como
fecha de inicio el 18 de enero de 2000, pero la fecha de terminación se pactó
«hasta la entrega del informe final de actividades», documento que no obra en el
plenario ni ningún otro que certifique cuándo se dio por finalizada la relación.

En segundo lugar, en el contrato de prestación de servicios 0559 de 2001, se
indicó que el encargo daría comienzo «a partir del registro presupuestal», y
finalizaría el 13 de febrero de 2002; sin embargo, no obra certificado de
disponibilidad presupuestal en el plenario, ni ningún otro documento que certifique
cuando inició con certeza el encargo.

En tercer lugar, en el contrato de prestación de servicios 0024 de 2005, se
estableció que la duración del contrato estaría dada «a partir de la fecha del

31

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

registro presupuestal y hasta por dos (2) meses», y dado que no se encuentra en
el expediente el certificado de disponibilidad presupuestal o los estudios previos
realizados para disponer la contratación, no se puede determinar cuándo inició o
terminó el vínculo.

En cuarto lugar, el contrato 0721 de 2005, también condicionó la vigencia del
contrato «a partir de la fecha del registro presupuestal y hasta por tres (3)
meses», luego se presenta la misma incertidumbre.

Asimismo, en los contratos 0233 de 1999, 0148 de 2000, 0262 de 2002, 0017 de
2003, 0345 de 2003, 0203 de 2004, y 0227 de 2005, se estableció que aquellos
tendrían vigencia a partir de la aprobación de la garantía única, empero en el
expediente no obran los actos por medio de los cuales el Dane o Fondane realizó
la referida aprobación, pues solamente obran copias de las pólizas que fueron
expedidas. No obstante, en gracia de discusión, la Sala tomó las fechas de
vigencia de las mencionadas pólizas de garantías para determinar el inicio de
cada encargo.

Así las cosas, aunque se observa que el señor Carlos Alberto Almario Burbano
estuvo vinculado como contratista en el Dane, existen dudas sobre las fechas en
las que se desarrollaron algunos contratos.

2.5.2. Subordinación continuada. Como elemento determinante de la relación
laboral, resulta procedente examinar los medios probatorios allegados y los
criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, con el
fin de establecer si existió o no dicho presupuesto.

i) El lugar de trabajo: En el presente asunto el demandante tuvo que prestar sus
servicios personales al interior del Dane, teniendo en cuenta la confidencialidad de
la información que manejaba, tal como manifestaron de manera coincidente los
testigos traídos al plenario.

32

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

ii) Horario de labores y la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar. Se advierte que el demandante debía cumplir horario de labores y se
sujetó a una estructura curricular previamente diseñada, pues de acuerdo con lo
manifestado por los deponentes, era necesario asistir a las instalaciones de la
entidad en los horarios dispuestos para la atención al público para poder hacer
uso de los sistemas de información y bases de datos.

Lo anterior se deduce, además, de los contratos suscritos por el demandante,
según los cuales se acordó que desarrollaría el objeto contractual, esto es, la
prestación de servicios profesionales para programar el SAS los procesos de
verificación de consistencias, el cálculo de factores de expansión y la generación
de cuadros de salida de la encuesta continua de hogares, lo que traduce en
ajustar y programar la información de la referida encuesta para las cabeceras
municipales, centros poblados y áreas rurales dispersas y en cada etapa de esta
se debían desarrollar actividades como actualizar y mantener el marco muestral,
diseñar, producir y editar formularios, carpetas de muestras, codificar, capturar y
procesar los resultados y análisis de la información, entre otros procesos que se
deben desarrollar a través de los softwares propiedad de la entidad.

De tal manera que las actividades por las cuales fue contratado por la entidad le
imponían el cumplimiento de las obligaciones en sus instalaciones, lo que de
contera implicaba asistir en los horarios dispuestos para el funcionamiento
institucional.

Para la Sala, dicha situación no conlleva el convencimiento pleno de que se
tratase de una relación subordinada sino una regida bajo el principio de la
coordinación, propia de este tipo de contratos de prestación de servicios, que
consiste en «la sincronización de las actividades que ejerce el contratista con las
directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del
contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en
la que aquel cumple su contrato con independencia, en armonía con las
condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta

33

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito». 36

Por consiguiente, en el sub lite no puede hablarse de que se tratase de una
relación de sujeción del trabajador hacia su empleador, pues si bien la entidad
facilitó el espacio físico para llevar a cabo las actividades, estableció un horario, y
solicitó el cumplimiento de las metas, lo cierto es que dado el objeto contractual,
las actividades que desarrollaba necesariamente requerían de dicha coordinación.

Las razones que la entidad tenía para exigir la prestación del servicio en sus
instalaciones son excepcionales y se encuentran justificadas, toda vez que es
indudable que la información que utiliza el Dane es reservada y podría mal
emplearse para obtener provechos diferentes, motivos suficientes para que estos
hechos sean interpretados como una actividad de coordinación más que de
subordinación.

Asimismo, aun cuando los correos electrónicos del 20 de marzo, 31 de julio y 2 de
agosto de 2002, constituyen un indicio de subordinación, no llevan a la convicción
de que el señor Almario Burbano hubiera sido insertado en el círculo rector,
organizativo y disciplinario de la entidad ni se demostró que se hubiera ejercido
una influencia decisiva sobre las condiciones en que se cumplió el objeto
contractual, más allá de aquellas que se concertaron, por cuanto dichos correos
solo hacen referencia a la necesidad de que el contratista hiciera presencia en las
instalaciones del Dane, circunstancia que, se reitera, era requerida para concretar
las obligaciones contractuales.

Lo propio ocurre con los demás medios probatorios obrantes en el expediente que
evidencian la prestación personal del servicio, pero no pueden considerarse por sí
solos como demostrativos de la existencia de una relación en condición de
subordinación y dependencia continuada.

36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado
20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

34

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

Adicionalmente, el hecho de que la entidad reconociera unas sumas de dinero por
razón de los gastos en los que incurrió el contratista al desplazarse a otras
ciudades, no implica que se hubiera desnaturalizado el contrato de prestación de
servicios, puesto que esta modalidad o situación fue concertada por las partes
contratantes al incluir una cláusula según la cual se «estar[ía] en disposición de
desplazarse fuera del lugar del domicilio contractual, cuando sea necesario», 37 lo
que no permite derivar una situación permeada por la subordinación.

En síntesis, la Sala no encuentra en el expediente otros medios de convicción,
adicionales a los analizados, que permitan demostrar la configuración de la
subordinación.

2.5.3. Remuneración. Finalmente, en el sub lite, con los contratos de prestación
de servicios, se pudo establecer que se pactó una contraprestación por los
servicios prestados como ingeniero de sistemas.

En efecto, en casos de contornos fácticos y jurídicos similares esta Sala ha hecho
particular énfasis en que la carga probatoria de demostrar los elementos de la
relación laboral recae de forma exclusiva en la parte demandante. Así, en la
providencia del 10 de mayo de 2018, se consideró lo siguiente: 38

[E]sta Subsección ha de concluir que no existe una prueba de la que
fehacientemente se pueda inferir que la demandante no tenía la posibilidad de
actuar con independencia, es decir, que la señora Clara Patricia Dávila Suárez
laboraba de forma subordinada porque debía cumplir la intensidad horaria al igual
que los demás funcionarios de planta, como tampoco obran pruebas de que recibía
órdenes o instrucciones por parte de los funcionarios del SENA.

En conclusión: En consecuencia, se reitera, como en esta clase de asuntos la carga
de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la relación
laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró demostrar de forma
contundente los elementos del contrato realidad, particularmente la subordinación
continuada, considera esta Corporación que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Magdalena el 30 de marzo de 2016 debe ser revocada.

37
Clausula estipulada, entre otros, en el contrato 0345 de 2003, durante el cual se llevó a cabo la
comisión a las ciudades de pasto y cali en junio de 2003.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 47001 23 33 000 2014 00123 01
(3257-16), M.P. William Hernández Gómez.

35

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

En igual sentido, en la aludida sentencia de unificación, esta Sala recordó que
«incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación
o dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia».

Teniendo en cuenta ello, como en esta clase de asuntos, se itera, la carga de la
prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la relación
laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró acreditar de forma
contundente los elementos del contrato realidad, deviene la negativa de las
pretensiones de la demanda, tal como lo consideró el a quo.

De suerte que para la Sala resulta innecesario estudiar el segundo problema
jurídico propuesto, relacionado con la caducidad del medio de control.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que la parte demandante no logró
demostrar los elementos del contrato realidad.

La Sala no condenará en costas a las partes, de conformidad con lo establecido
en el artículo 171 del CCA, comoquiera que no se evidenció una conducta
encaminada a obstruir el presente trámite.

36

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-19)
Demandante: Carlos Alberto Almario Urbano

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Confirmar la sentencia del 8 de febrero de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, dentro
del proceso instaurado por el señor Carlos Alberto Almario Burbano en contra del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, que negó las
pretensiones de la demanda.

Segundo.- No condenar en costas de segunda instancia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

37

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